EE.UU. juega con fuego con el petróleo venezolano

Maduro repudió las sanciones calificándolas como “un robo”, unilaterales e ilegales y dijo que las autoridades de Pdvsa recurrirán a los tribunales estadounidenses. Se trata de un bloqueo de 7000 millones de dólares.

 

El gobierno de los Estados Unidos decidió hacerse cargo del proceso destituyente o golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro. Por caso, ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció la aplicación de “sanciones” a la petrolera estatal Pdvsa que se expresan en congelar activos y cuentas de la empresa aunque aclaró que “las refinerías en Estados Unidos podrán seguir operando”. Por si quedaran dudas, Mnuchin aseguró que el gobierno de Donald Trump está utilizando estas herramientas como forma de “apoyar a Juan Guaidó”. El presidente Maduro respondió a estas medidas a través de una cadena nacional donde no dudó en repudiar las sanciones a las que calificó como “un robo”, unilaterales e ilegales. En ese sentido, le advirtió al Trump que será el responsable de cualquier hecho de violencia que se produzca en el país: “La sangre que corra en Venezuela estará en sus manos” pero también sumó a Guaidó porque, según dijo el mandatario, es el promotor de estas maniobras “que le causan daño al pueblo”. Dicho sea de paso, las sanciones llegan al mismo tiempo que Guaidó anunció el retorno de las protestas callejeras.


En su discurso, donde se mostró acompañado por parte de la representación diplomática que regresó de los Estados Unidos tras la ruptura de relaciones, el presidente Maduro indicó que las autoridades de Pdvsa recurrirán a los tribunales estadounidenses e internacionales para reclamar por este avasallamiento contra la petrolera y la empresa Citgo, como se denomina en ese país. Es más, calificó a todo lo que está haciendo el gobierno norteamericano con la petrolera “es un robo y tenemos que defender la propiedad” del Estado venezolano.


La maniobra del gobierno de Trump tiene una fuerte traducción en los económico porque lo que Mnuchin denominó como “sanciones” significan el bloqueo de 7000 millones de dólares en bienes de Venezuela en territorio norteamericano y la friolera de 11.000 millones de dólares en exportaciones petroleras para este año. Una cifra que crece si se tiene en cuenta que el canciller Jorge Arreaza dijo durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el bloqueo financiero contra Venezuela asciende a 23 mil millones de dólares. Una cantidad de dinero que golpea con dureza a la economía y que la oposición aprovecha como una de las razones que tienen para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores.


Durante la conferencia de prensa que dio Mnuchin en la Casa Blanca, la primera de lo que va del año, dijo que “el camino para levantar las sanciones contra Pdvsa es a través de una transferencia expedita de control al presidente interino o a un futuro gobierno electo democráticamente que esté comprometido con la ejecución de medidas concretas y significativas para combatir la corrupción”. Una definición que no necesita de agua para que quede más clara y muestra que la administración Trump ha decidido conducir el proceso que tendría que derivar en un derrocamiento de Maduro.


De todas formas, el presidente venezolano insistió en que su gobierno está dispuesto a dialogar con la oposición “en el lugar y donde sea” pero aclaró que se debe hacer bajo “un respeto mutuo”. En ese sentido llamó a las otras fuerzas de la oposición que se expresen públicamente sobre lo que está ocurriendo pero advirtió que “si se quedan callados son cómplices. Es la hora de decir ‘dialogo ya, democracia, constitución y no al golpe”. En ese contexto, Maduro agradeció el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea México el país donde se lleven las negociaciones y dijo que para que eso avance debe expresarse la oposición. Incluso Maduro también reconoció como importante el esfuerzo que están haciendo los países del grupo de Caricom (Comunidad del Caribe), que ayer se reunieron con el titular de Naciones Unidas, António Guterres, en busca de una salida negociada al conflicto que desató la oposición venezolana con la dirección del gobierno estadounidense.


El anuncio del secretario del Tesoro norteamericano no fue la única movida del gobierno de Trump. En la tarde de ayer, la cadena colombiana Caracol anunció la llegada a ese país del general Mark Stammer, comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos. El militar, según informó la cadena colombiana, llega con el encargo formal de “afianzar la cooperación con los países aliados y de desarrollar estrategias en la región para enfrentar amenazas y revisar los temas fronterizos”. Ahora bien, Stammer trabajará también “revisará” temas fronterizos y eso no representa un dato menor ya que Colombia mantiene una relación con Venezuela cada vez más tensa, desde la asunción del presidente uribista Iván Duque, y una frontera caliente por donde suelen escabullirse grupos paramilitares.


Esquizofrenia


Antes de que se dieran a conocer los anuncios del gobierno norteamericano, el canciller venezolano, Arreaza, había calificado la diplomacia del gobierno de Trump como “esquizofrénica” porque por un lado el sábado pasado emitió una nota diplomática donde solicita el inicio de negociaciones para el establecimiento de oficinas de intereses como tuvieron durante décadas los Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, por otro lado, hasta ese momento el que anunciaba medidas cada vez más duras contra Venezuela era el senador republicano Marco Rubio pero a través de las redes sociales. Arreaza calificó a Rubio como “un verdadero jefe golpista” que lleva adelante “el plan subversivo” contra Venezuela y que “bombardea” las negociaciones que se están llevando adelante a pesar de la ruptura de relaciones entre ambos países.


Durante una conferencia de prensa que dio al mediodía, Arreaza evitó explayarse sobre la actitud de los gobiernos que integran el Grupo de Lima porque, dijo, lo prioritario es concentrarse en dialogar con los verdaderos “jefes” de esta asonada que “se encuentran en Washington” . Arreaza, como canciller, cuidó las formas pero anoche Maduro no tuvo esos pruritos cuando calificó a la administración Trump como “un grupo de extremistas que tomaron la Casa Blanca y que no tienen límites ni escrúpulos. Son el Ku Klux Klan”, aseguró.
Por otra parte, las sanciones anunciadas llegaron pocas horas antes de que Guaidó anunciara la realización de protestas callejeras prevista para este miércoles y otra para el sábado.

La de mañana tiene un formato similar a un cacerolazo en los lugares de trabajo y en las casas donde el autoproclamado pidió que hagan el mayor ruido posible entre el mediodía y las 14. Sin embargo, la organización que soporta a Guaidó envió mensajes a través de Whatsapp donde recomiendan el uso de calzado deportivo y ropa liviana más la provisión de agua con bicarbonato. A la sazón, la mezcla que se usa para diluir los efectos de los gases lacrimógenos dando cuenta de que puede haber expresiones violentas. Algo similar se prevé para la marcha del próximo sábado que incluirá a varias ciudades venezolanas y de otros países. Aunque Gaudió habla de movilizaciones pacíficas para el sábado hay más certezas de que pueda haber problemas porque se cumple el plazo que la Unión Europea le impuso al gobierno de Maduro para que convoque a nuevas elecciones. Un ultimátum que Maduro rechazó nuevamente durante su cadena nacional y aseguró que Venezuela es “más independiente de lo que pensamos porque no dependemos de los europeos ni de los gringos. No dependemos de nadie y lo que viene en los próximos años es más independencia y por eso no quieren que sigamos forjando nuestro camino, nuestro destino y nuestro futuro”.


La virulencia de las medidas norteamericanas elevan la tensión con Venezuela tanto a nivel internacional como hacia el interior del país por lo que hace pensar que la calma de estos últimos días no fueron otra cosa que la quietud que anticipa la tormenta.


 Polémica en Estados Unidos

“Cinco mil tropas a Colombia”

El asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, desató ayer una polémica en Venezuela y su país cuando ingresó a una conferencia de prensa en la Casa Blanca para hablar sobre la crisis en Caracas con una libreta que tenía escrito “5000 tropas a Colombia”. Fotos tomadas en el inicio de la conferencia de prensa y publicadas en los principales medios de comunicación de Estados Unidos mostraron que el anotador amarillo de Bolton tenía escrito en la primera página: “Afganistán - Damos la bienvenida al diálogo. 5000 tropas a Colombia”. Lo primero parece hacer referencia al principio de acuerdo que alcanzaron este fin de semana los enviados estadounidenses y una delegación del movimiento insurgente talibán para retirar las tropas norteamericanas de Afganistán y comenzar una hoja de ruta que pacifique al país de Asia Central. Lo segundo fue interpretado por medios estadounidenses y venezolanos como una referencia a una posible movilización de tropas a Colombia, uno de los principales aliados militares de la Casa Blanca en el mundo y un vecino y rival del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La polémica se alimentó, además, de la advertencia que lanzó Bolton durante la conferencia de prensa, en la que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro y la empresa petrolera estatal Pdvsa. “El presidente ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa”, afirmó Bolton, cuando la prensa le preguntó si estaban analizando la posibilidad de una respuesta militar contra Venezuela.

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Venezuela venderá en petros toda su producción petrolera en 2019

Venezuela venderá su producción de crudo en 2019 en Petro, informó este jueves el presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, quien especificó que la venta en el criptoactivo se realizará de manera progresiva, y que para ello han desarrollado un cronograma.

Nosotros progresivamente vamos a vender toda nuestra producción petrolera en Petro. En el año 2019 tenemos un programa, un cronograma para que toda la producción petrolera de Venezuela se venda en Petro y seguir liberándonos de una moneda que utiliza la élite de Washington para chantajear, agredir a los pueblos del mundo, para hacer daño económico, manifestó desde Moscú.


El mandatario, quien ofreció un balance de su gira de trabajo por Rusia, destacó que esto permitirá liberarse de una moneda en referencia al dólar que es utilizada para perseguir financieramente a Venezuela, Cuba, Irán y Rusia.


Aseveró que la comercialización de petróleo y sus derivados necesita una canasta de monedas diferente para que el mundo sea multipolar en el campo monetario, energético y económico.


La misma Unión Europea acaba de decidir hacer todos sus intercambios compra y venta de energéticos a través del euro, y pone al dólar a un lado, expresó en declaraciones a VTV.
Venezuela y Rusia suscribieron importantes acuerdos en materias de petróleo, minería, alimentación y mantenimiento de armas.


Se firmaron contratos para garantizar inversiones por más de cinco mil millones de dólares para elevar la producción petrolera con nuestros socios rusos de las empresas mixtas, informó Maduro, quien agregó que también se firmaron acuerdos por más de mil millones de dólares para la producción de minería, principalmente el oro.


Informó que la Federación Rusa suministrará 600 mil toneladas de trigo a Venezuela el próximo año para garantizar el pan de los venezolanos.


Maduro, quien calificó como exitosa su gira por Rusia, dio a conocer que ambos países firmaron contratos para la atención, asistencia, reparación y mantenimiento del sistema de armas de Venezuela.


Por otra parte, informó que el sistema de geolocalización satelital desarrollado por la Federación de Rusia, Glonass, será instalado en Venezuela, lo que “va a permitir fortalecer toda la capacidad de telecomunicaciones en nuestro país”.


Maduro, quien llegó el martes a Rusia para fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos países, resaltó que “toda esta alianza integral, energética, minera, alimentaria, comercial, de telecomunicaciones y del sistema de armas se ha consolidado. Pudiéramos decir que esta visita, finalizando el 2018, nos coloca en situación ventajosa para las batallas por la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad del país para el sexenio 2019-2025”.


Agregó que su visita a Rusia le permite consolidar la relación de amistad con el presidente Vladimir Putin y con su gobierno, con el empresariado y con el pueblo ruso.
Informó Maduro que la Comisión Mixta Venezuela y Rusia debatirán el uso del Petro como moneda de intercambio comercial y económico durante la próxima reunión de esa comisión, que se realizará en marzo de 2019.


“Le hemos explicado ampliamente la posibilidades del Petro, ya entra el tema del Petro en discusión para la comisión mixta de marzo. El uso del Petro como moneda de intercambio comercial y monetario con Rusia, ya entra en el mapa económico”.


En su intervención Maduro resaltó una vez más que Venezuela cree en un mundo pluripolar y multicéntrico.


Nosotros creemos en un nuevo mundo y una geopolítica mundial donde no existan países hegemónicos que imponga a los demás sus condiciones, que pretenda pensar y actuar por nosotros, expresó al tiempo que condenó una vez más las sanciones que aplica Estados Unidos contra países soberanos como Venezuela.

6 diciembre 2018
(Con información de AVN)

 

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Miércoles, 28 Noviembre 2018 05:54

Bolsonaro quiere sancionar a Venezuela

Bolsonaro quiere sancionar a Venezuela


Enviado por su padre, el diputado del Partido Social Liberal se reunió en Washington con el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, y descartó una posible intervención del gobierno de Bolsonaro en la vecina Venezuela.


El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo Jair Bolsonaro, aseguró ayer a funcionarios de segunda y tercera línea de Estados Unidos que busca implementar un acuerdo bilateral para congelar bienes y fondos de Cuba y Venezuela. Lo hizo durante una gira que realiza por Washington como enviado de su padre ante el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según reportó el diario O Globo.


El hijo de Bolsonaro dijo que busca un tratado internacional contra Cuba y Venezuela para congelar bienes de esos países y que está trabajando en ello el futuro canciller del gobierno que se inicia el 1º de enero, Eduardo Araújo, quien considera a Trump como una “salvación para Occidente frente al marxismo cultural del globalismo”. El diario O Globo apuntó que tradicionalmente Brasil aplica sanciones decididas en organismos multilaterales como la ONU o la Organización de Estados Américanos (OEA).


El diputado del Partido Social Liberal se reunió en Washington en el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA y descartó una posible intervención del gobierno de Bolsonaro en la vecina Venezuela ante el American Enterprise Institute. “Escuché muchas críticas a nuestra cancillería y proponemos un nuevo Itamaraty para reducir la burocracia y tener nuevamente un comercio pujante con Estados Unidos”, dijo el diputado Bolsonaro.


En la agenda que fue divulgada, el diputado participó de una reunión con Kim Breier, secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, quien respaldó al gobierno electo en sus críticas a la participación de profesionales cubanos en el programa brasileño de salud Más Médicos. El jueves está prevista una reunión en Río de Janeiro entre el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el presidente electo Bolsonaro. Bolton hará un escala en Río en su viaje a Buenos Aires para la cumbre del G-20.


Jair Bolsonaro, el ultraderechista presidente electo de Brasil, ha expresado su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la campaña electoral, y ha prometido alineamiento con Washington frente a los gobiernos de Cuba y Venezuela. “Estudiamos alianzas con Estados Unidos para investigar delitos financieros de las dictaduras venezolana y cubana, usando los instrumentos de la Convención de Palermo”, dijo Bolsonaro, quien subrayó que el ex juez Sérgio Moro, futuro ministro de Justicia, “es un especialista en lavado de dinero y lucha contra el crimen organizado”.


El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, arribó hoy a Brasilia para participar en reuniones con sus asesores y concluir la formación del gabinete que entrará en funciones el próximo primero de enero.


Bolsonaro analizaba ayer en el Centro Cultural del Banco do Brasil, si el próximo gabinete contará con 17 o 19 ministros, contra los 29 que forman el actual equipo del presidente Michel Temer, según reportó el portal del diario O Globo. El próximo presidente arribó a Brasilia procedente de Río de Janeiro junto a sus hijos Flavio, recientemente electo senador por el Partido Social Liberal, y el joven Renán. Está previsto que Bolsonaro anticipe su retorno a Río de Janeiro donde hoy tiene un compromiso el Instituto Militar de Ingeniería, señaló el diario Valor Económico. El próximo gobernante permanecerá en su residencia particular de Río de Janeiro, donde el jueves recibirá a Bolton.


 Almagro instó a derrocar a Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ayer que para resolver toda la crisis de Venezuela es absolutamente imprescindible derrocar a su gobierno, al que calificó de dictadura. “Para resolver toda la crisis venezolana, definitivamente el derrocamiento de la dictadura es absolutamente imprescindible”, dijo Almagro, entrevistado por la emisora colombiana W Radio. El ex canciller uruguayo sostuvo que el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro es esencial para poner fin a la crisis humanitaria y acabar con “los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, en otro tramo de la entrevista, Almagro rechazó cualquier variable que no esté apoyada en el derecho internacional, según reprodujo la propia emisora en su sitio web.


“Ojalá podamos encontrar un camino por la democracia para la democracia de Venezuela, caminos de paz para la paz de Venezuela”, agregó el jefe de la OEA. En cambio, uno de los principales dirigentes de la oposición venezolana, Henrique Capriles, rechazó cualquier escenario de fuerza y se pronunció a favor de una negociación para facilitar la salida del chavismo del gobierno. “No es verdad que una transición política tenga que ser obligatoriamente por un escenario de fuerza; ningún venezolano quiere eso”, dijo el ex candidato presidencial ayer en conferencia de prensa. “Tenemos que permitir que exista una puerta para que quienes son responsables de esto salgan, para una negociación con otras condiciones, con otros actores, con una comunidad internacional que eso es lo que clama”, agregó Capriles, según consignó el diario digital Efecto Cocuyo.

28 de noviembre de 2018

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Cuba acusa a EEUU de intentar asfixiarla económicamente con las nuevas sanciones

El pasado martes el Departamento de Estado estadounidense añadió veintiséis compañías de Cuba a una lista negra de entidades con las que prohíbe hacer negocios a sus ciudadanos y compañías.


Cuba denunció la "decisión agresiva" de EEUU de añadir veintiséis compañías de la isla a la lista de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido negociar, y acusó a Washington de intentar "asfixiar económicamente" al país caribeño.


Para La Habana, es "una lista arbitraria" cuya "verdadera naturaleza es continuar endureciendo el 'bloqueo', asfixiar económicamente a Cuba y tratar de demonizarla con acusaciones deshonestas", aseguró el director para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.


El pasado martes el Departamento de Estado estadounidense añadió veintiséis compañías de Cuba, entre ellas dieciséis hoteles, a una lista negra de entidades relacionadas con las Fuerzas Armadas cubanas con las que prohíbe hacer negocios a sus ciudadanos y compañías.


Este anuncio supone la restricción más notable al proceso de apertura bilateral, desde las medidas que ordenó el presidente estadounidense Donald Trump en su discurso de junio de 2017.


Washington justificó este recrudecimiento en las sanciones hacia la isla por el presunto papel cubano en la crisis de Venezuela.


En declaraciones publicadas en la web oficial del Ministerio de Exteriores de la isla, Fernández de Cossío recordó que el mundo rechazó casi unánimemente el embargo estadounidense "como demostración del aislamiento y el descrédito de su política de agresión contra Cuba".


La lista se creó a raíz de la orden que Trump emitió en junio de 2017 para prohibir las transacciones con empresas controladas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba, una restricción de la que se eximía a los cruceros y las aerolíneas estadounidenses.


Hasta ahora, el listado afectaba a 180 entidades, entre ellas el conglomerado empresarial del Ejército, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que se calcula que controla alrededor de dos tercios del comercio minorista de la isla; y su grupo Gaviota, que maneja alrededor de la mitad de la capacidad turística del país.


Entre los hoteles sancionados hay dos administrados por la compañía española Iberostar, —el Grand Packard Hotel, recién inaugurado en La Habana, y el Bella Vista en Varadero—, y un establecimiento que no ha abierto aún sus puertas, el SO/ Havana Paseo del Prado, en la capital.


Los estadounidenses que visiten la isla tampoco podrán hacer compras en siete centros comerciales sujetos a las sanciones en lugares como Cayo de Santa María o Cayo Coco.
El Departamento de Estado advirtió de que seguirá "actualizando periódicamente" la lista.


Las sanciones y restricciones impuestas a los viajes de estadounidenses a Cuba han provocado una caída en las llegadas de turistas extranjeros a Cuba, que espera recibir este año 4,7 millones de viajeros.


El turismo es la segunda fuente de ingresos de Cuba por detrás de la exportación de servicios profesionales, lo que supone una contribución del 10% al PIB y genera medio millón de empleos.

LA HABANA
17/11/2018 18:05 Actualizado: 17/11/2018 18:05

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Nicmer Evans: El desfalco a la Nación sería de 500 mil millones de dólares

Nicmer Evans, integrante del chavismo disidente, anunció que durante la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez hasta la elección de Nicolás Maduro como presidente, en el año 2013, Venezuela contó con una fuga de capitales del 259 mil millones de dólares.

Desde la fecha hasta hoy, indicó que al menos 500 mil millones de dólares ha sido el desfalco por parte del Gobierno venezolano.

Hasta el año 2012, “la gente se veía verdaderamente beneficiada” con la distribución de medicamentos por parte del Gobierno Nacional, así como contaba con el poder de adquisición de diferentes productos, aún existiendo “corrupción” interna en el Ejecutivo, situación “que no es justificable”, expresó Evans.

La escasez en los anaqueles venezolanos, empieza a notarse para el 2013 con el declive de la producción petrolera de PDVSA y los conflictos en las inversiones de importación. Aunado a la “nueva casta” de políticos que empezaron a profundizar aún más el desfalco de nación, acotó.

El politólogo puntualizó que en Venezuela “hubo fuga de capitales controladas por el Gobierno”, porque políticamente “se ponían en riesgo, sino lo sacaban” de la dirigencia. La trama de corrupción es lo que ha llevado al país a la actual situación que vive.

Evans invitó a la Comisión de Contraloría, investigar también a todos los subtesoreros durante el mandando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que son los que firmaban las ordenes de pago.

“El nivel tan abrupto de comportamiento y deformación llega al punto” de que tenemos a un extesorero fuera del país, que es el señor Alejandro Andrade, dueño de grandes propiedades en Estados Unidos.

“Él nunca podrá comprobar cuánto trabajó para tener esas propiedades”, expresó Evans e instó al gobierno norteamericano a que “le meta el ojo a personalidades como estas que son pública y notoriamente hijos del desfalco de la nación”.

Por: Aporrea-Agencias | Viernes, 16/11/2018 04:31 PM |

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El vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, habla sobre el Programa de Recuperación y Crecimiento Económico. Foto: Twitter/ @PresidencialVen.

En el inicio de la nueva etapa del Programa de Recuperación y Crecimiento Económico de Venezuela se privilegiará el uso del euro, el yuan y otras monedas convertibles, excepto el dólar, informó este martes el vicepresidente del Área Económica de esa nación, Tareck El Aissami.

El funcionario explicó que las más recientes sanciones del gobierno de EE.UU. contra el país “bloquean la posibilidad de seguir transando en el mercado cambiario venezolano con el dólar”.


Es una “prohibición ilegal, arbitraria, contraria al derecho internacional”, agregó.


Medidas económicas anunciadas:


• Solicitud de iniciar un nuevo esquema para la corresponsalía bancaria del sistema público, de las que ya se han realizado adelantos en el tema de operaciones comerciales con países de Asia y Europa.

• Se incorporará el sistema bancario nacional al sistema de mercado cambiario Dicom.
• Se emitió una resolución para elevar el encaje legal del 31 por ciento al 40 por ciento, “para evitar que el bolívar soberano termine en el mercado especulativo”.
• Dos mil millones de euros irán al mercado cambiario nacional. Para los sectores productivos el Estado ofertará divisas entre noviembre y diciembre.
• Solicitarán a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la aprobación de una ley para penalizar a aquellas personas u organizaciones que hagan contrabando de los billetes venezolanos hacia Colombia.

16 octubre 2018 |
(Con información de teleSUR)

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Argentina y Brasil: los desgobiernos del capital financiero

La fenomenal escalada del dólar de Argentina y el incendio del Museo Nacional en Río de Janeiro, pocas horas después de que un tribunal decidiera que Lula no puede ser candidato a la presidencia, muestran que los dos mayores países de Sudamérica marchan a la deriva.

Los hechos que configuraron esta coyuntura se acumularon en pocas horas. El 30 de agosto el dólar rozaba los 40 pesos en Argentina. Dos días antes había trepado a 32 pesos, lo que implica una devaluación del 25% en 48 horas. La moneda argentina comenzó el año con una cotización estable, de 18 pesos por dólar, para superar los 40 pesos a comienzos de setiembre. Lo más sorprendente es la rapidez de la devaluación (más del 100%) que se disparó a partir del mes de abril.

En Brasil, el 1 de setiembre el Tribunal Supremo Electoral anuló la candidatura de Lula y al día siguiente, en la noche del domingo 2 de septiembre, un incendió destruyócompletamente el Museo Nacional en Río de janeiro. Una "catástrofe cultural", como la denomina el editorial de El País (edición Brasil), fruto de "la incompetencia y la incapacidad del Estado brasileño para proteger su patrimonio científico y cultural".

Las dos sociedades asisten atónitas a sucesos que las superan. Días después del incendio de la quinta mayor colección etnográfica y antropológica del mundo, los medios informaron que el presupuesto para lavar los coches de los diputados es más alto que el dedicado al museo incendiado. El desprestigio de los políticos es mayúsculo, agravado por el hecho de que el candidato más popular, que concita casi el 40% de los apoyos, no pueda competir porque fue procesado por lavado de dinero en un cuestionado juicio.

El prestigioso antropólogo Eduardo Viveiros de Castro destacó las relaciones entre el desastre cultural y el desastre político: "Se trata de la destrucción del 'ground zero', el lugar central que era símbolo de la génesis del país como nación independiente". En efecto, ardieron la colección de etnología indígena, incluyendo la de varios pueblos desaparecidos, la enorme biblioteca de antropología, 20 millones de piezas y documentos, y Luzia, el fósil humano más antiguo de las Américas.

A partir de esta constatación, Viveiros traza un paralelismo entre la destrucción de la Amazonia para exportar soja y la destrucción de la memoria cultural del país, para concluir que Brasil naufraga sin proyecto histórico, sin objetivos como nación. Con la prohibición de Lula, la gobernabilidad queda cuestionada. Si el responsable inmediato del incendio es el Gobierno de Michel Temer, que recortó la mitad del presupuesto de cultura, la crisis general del país involucra a toda la sociedad, pero en particular a las elites económicas.

La elite industrial de Brasil recibió a todos los candidatos para que expusieran su programa, convidados por la Confederación Nacional de la Industria en junio pasado. El más aplaudido fue el ultraderechista Jair Bolsonaro, que confesó no saber nada de economía, pero dijo que colocaría militares en los ministerios, que derribaría la estatua del Che Guevara en la casa de Gobierno y se quejó de que ya no se puedan hacer chistes racistas sobre los negros (52% de la población) por no ser políticamente correcto.

El fracaso de Mauricio Macri en la que prometió sería su área mejor gestionada, la economía, se hizo evidente esta semana cuando ni el apoyo explícito de Donald Trump, ni del FMI, frenaron la escalada del dólar. Una subida que se profundizó a pesar de que el Banco Central sigue quemando reservas, con picos de hasta 1.300 y 350 millones de dólares en un día para contener el alza. El riesgo país sigue subiendo y se acerca a los 800 puntos, más del doble de Brasil y cuatro veces el de Uruguay.


El nuevo ajuste, que se superpone a la impresionante alza de los precios de los servicios básicos, fue apoyada por el sector financiero que aún lo considera insuficiente. Pero la crisis financiera se traslada al conjunto de la economía (con caídas de casi dos dígitos en la producción y alza descontrolada de precios) y de inmediato, a la esfera política.

"El programa anunciado, en general, es positivo", declaró un CEO de Credit Suisse a La Nación. "Pero las preocupaciones sobre el alcance de la recesión, la política y sus riesgos de implementación mantendrán los ánimos de los inversores bajos en los próximos meses", añadió. En lo que va de 2018, la fuga de capitales trepó a 20.000 millones de dólares y está a punto de superar el récord que estableció el Gobierno de Cristina Fernández durante la crisis con el agro en 2008. La tasa de interés al 60% disloca cualquier proyecto económico.

Argentina y Brasil comparten algunos problemas básicos que agravan la crisis que sufre buena parte de la población.


La primera es la incertidumbre. En Brasil hay elecciones presidenciales en octubre y en Argentina en un año. Nadie tiene la menor idea de quién puede vencer. Impedido Lula, es improbable que triunfe Bolsonaro. Algunos sectores de las elites prefieren a Geraldo Alckmin, del partido de la socialdemocracia, muy quemado por su gestión privatizadora en los 90 y con escaso arraigo popular. En Argentina suena improbable el retorno del kirchnerismo luego de la difusión de los "cuadernos de las coimas", que delatan una escandalosa corrupción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández.

Lo cierto es que las elites políticas y económicas están divididas y nadie presenta objetivos creíbles que incluyan a toda la población.

La segunda cuestión en común es que los gobiernos de Macri y Temer se han alineado con EEUU. Wall Street se inclina por Bolsonaro porque piensa privatizar Petrobras que fue la cuarta petrolera del mundo. Con Temer se produjo la fusión de Embraer con Boeing, facilitando el aterrizaje de los intereses del capital estadounidense. El acuerdo de Argentina con el FMI, que prometió liberar 50.000 millones de dólares en los próximos años para estabilizar las finanzas, la convierte en el país más endeudado con el ente financiero y, por lo tanto, con mayor dependencia política.

Por último, la inestabilidad será, en los próximos meses y tal vez años, la seña de identidad de una región vapuleada por la incapacidad de sus dirigentes de poner en pie proyectos de largo aliento. Hasta que no se resuelva la crisis política, no habrá crecimiento económico equitativo ni paz social.

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Viernes, 07 Septiembre 2018 07:46

Crisis en Argentina

Crisis en Argentina

Las políticas económicas de la nueva administración de gobierno, entre las que destacan el endeudamiento externo público, la desregulación financiera, la apertura de las importaciones, la elevada tasa de interés, el incentivo a la especulación y valorización financiera y la permisividad frente a la fuga de capitales han determinado una necesidad de financiamiento de divisas, por encima de lo que aportan las exportaciones, por una magnitud del orden de los 40.000 millones de dólares anuales. Esta dependencia del financiamiento externo es la que ha colocado al país en un escenario al borde de la cesación de pagos, en la jerga económica, de default. Es este, y no otro, el núcleo del problema que está por detrás de las dos últimas corridas cambiarias que el país afrontó en los últimos cinco meses.

Es el temor de los acreedores frente a la posibilidad de que Argentina tenga que cumplir efectivamente los pagos de la enorme deuda pública que acumula el que dispara los comportamientos de salida de capitales que presionan al alza el tipo de cambio, en un contexto de elevada especulación sobre el valor del dólar. Ese fue el escenario de la primera corrida cambiaria de finales de abril y mediados de mayo, que en apenas 15 días hizo devaluar la moneda en un 50 por ciento. Es en el marco de esta primera corrida cuando el gobierno presenta un inesperado acuerdo con el Fmi. El acuerdo con el Fmi buscaba eliminar las incertidumbres de los acreedores respecto a la capacidad de pago de la deuda argentina, ya que se comprometía a otorgar un financiamiento del orden de los 50.000 millones de dólares por un período de tres años. Obviamente este acuerdo suponía también las vueltas de las condicionalidades del Fmi, ahora denominadas “metas”, que involucran al conjunto de la política económica, ya que van desde metas fiscales hasta monetarias, de reservas y de inflación. Metas que, en la práctica, se transforman en una política de ajuste de la economía, principalmente a través del ajuste del gasto primario, que, del 3,5 por ciento de déficit previsto para 2018, el acuerdo lo fija en 2,7 por ciento para el mismo año, una reducción del 1,3 por ciento en 2019 y un equilibrio para 2020. Metas que ocultan que su cumplimiento implica una reducción del 20 por ciento del gasto primario actual, que combinaría un ajuste del 80 por ciento de la obra pública, del 75 por ciento de las transferencias a las provincias, del 40 por ciento de los planes sociales (excepto las asignaciones familiares que se reducirían sólo un 5 por ciento) y de un 13 por ciento de los salarios de los estatales.


Las metas acordadas con el Fmi no son otra cosa que la reedición de una vieja receta fracasada en Argentina, que es la del déficit cero sobre la base de la reducción del gasto primario. Fracaso en un sentido, pero éxito en el otro. El fracaso estriba en que nunca se alcanza con esta lógica el ansiado déficit fiscal, puesto que la reducción del gasto primario supone una caída de la demanda interna. Entonces, la caída del gasto primario se traduce en caída de los ingresos, y el déficit primario se mantiene. A esta lógica hay que agregarle que los intereses de los pagos de deuda hacen incrementar el gasto total y le agrega una presión adicional a la reducción del gasto primario. De esta manera, se configura un proceso de ajuste perpetuo, que transforma el déficit en la excusa para reducir el gasto, sin que nunca se elimine el déficit. Fracaso, puesto que nunca se alcanza el déficit fiscal, pero éxito, porque el objetivo final buscado es la recesión del nivel de actividad, a la que se llega por efecto de la caída de la demanda interna, la que a su vez impacta en la reducción de las importaciones y permite achicar las necesidades de financiamiento. De este modo, la recesión es un objetivo buscado y no un accidente de esta política económica. El impacto en la caída del Pbi, del empleo, de los ingresos y el aumento de los fenómenos de la pobreza y la desigualdad son un efecto necesario, y no un defecto contingente, de esta estrategia de política económica.


LA FIESTA DE LOS EXPORTADORES.

Sin embargo, esta estrategia tiene un defecto a los ojos voraces del capital financiero: tarda mucho en concretarse. Es una espiral que se retroalimenta en sucesivas rondas de recortes del gasto y su impacto en el deterioro del nivel de actividad. La recesión llega, pero lentamente. Es en este marco de avidez por el ajuste en que emerge la segunda corrida cambiaria de principios de agosto, con la excusa de que la meta de inflación acordada con el Fmi (del 32 por ciento) no se iba a cumplir, puesto que el efecto obvio de la primera corrida cambiaria era, como todos esperaban, un aceleramiento de la tasa inflacionaria. Así, con los datos de que la inflación (del 35 por ciento anual), fruto de la primera corrida, superaba la meta con el Fmi (del 32 por ciento), se desató la segunda corrida cambiaria que en apenas una semana hizo devaluar un 30 por ciento adicional a la moneda doméstica. No alcanzó con que se anunciara un nuevo acuerdo con el Fmi en el que se comprometía a adelantar la totalidad del financiamiento previsto para 2018 y 2019, sino que hizo falta que la devaluación alcanzara el cien por ciento del valor que la moneda tenía a principios de abril para que, en momentos que esto se escribe, se presencie una cierta calma cambiaria. Una calma que supone haber perpetrado una brutal transferencia de ingresos en favor de las empresas exportadoras, principalmente a las 15 líderes exportadoras (casi todas cerealeras), que en cinco meses tuvieron un crecimiento de 550.000 millones de pesos en su facturación (el mismo monto que el gobierno se comprometió con el Fmi a reducir del gasto público). Se ve con claridad que la fiesta de los exportadores la paga la sociedad en su conjunto.
La calma cambiaria se verifica en el marco de las nuevas metas fiscales que el gobierno comprometió con el Fmi, que supone profundizar el ajuste en curso. Si para 2018 el acuerdo anterior suponía un déficit del 2,7 por ciento, ahora en el anunciado nuevo acuerdo la meta es del 2,6 por ciento; y para el 2019, en que se había previsto un déficit del 1,3, ahora se prevé llegar directamente al equilibrio en dicho año, con el agravante de una cuenta de intereses que crece exorbitantemente, y que alcanza nada menos que 600.000 millones de pesos. La novedad del acuerdo respecto al anterior es que en el primer acuerdo la meta se conseguía con un ajuste del gasto primario, y en la nueva meta se la consigue con un ajuste sobre los ingresos, los que vuelven a aportar recursos fiscales por vía de la restitución de las retenciones a la exportaciones. Se trata de una retención light, puesto que es de apenas dos puntos porcentuales para las empresas exportadoras de aceites de soja. Este dato nuevo pone en tela de juicio el fracaso de la estrategia anterior. Esta vez están dadas las condiciones del doble éxito de la política económica: por un lado, pueden conseguir el ansiado superávit primario, ya que este no se centra sólo en reducción de gasto primario, que sigue estando, sino que se compensa con el aporte de los recursos fiscales de las retenciones. El segundo éxito es que la brutal devaluación supone derrumbar la actividad económica rápidamente, en un verdadero shock recesivo, que logra en un corto plazo lo que la estrategia anterior requería un tiempo de maduración.


Los propios datos del gobierno indican que la tasa de inflación se disparó arriba del 40 por ciento y que la economía se va a contraer más del 2 por ciento. El pequeño problema es que este éxito de la estrategia económica supone colocar al borde del estallido social a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aprendices de la crisis de 2001, el gobierno y el Fmi prevén aportar recursos focalizados para atender la situación de los sectores más vulnerables (pero de todos modos los aumentos previstos no alcanzan a reparar toda la pérdida sufrida). Aunque se evite el estallido social, en el medio queda enterrada la noción de desarrollo económico. Argentina va a quedar confinada a ser una plataforma exportadora de materias primas, destruyendo las capas medias, expandiendo su pobreza y la desigualdad en aras de mantener el altar de los pagos de deuda.


Es en este marco que quien escribe ha presentado una denuncia penal contra el presidente por el acuerdo con el Fmi, que no ha respetado los resguardos constitucionales, y se ha solicitado una suspensión de dicho acuerdo. Porque consideramos que lleva a Argentina al borde del colapso social. Se requiere una nueva concertación política con un conjunto amplio de actores que fije otro rumbo económico.


* Economista. Presidente de Unidad Popular (Argentina). Ex diputado.

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Sábado, 25 Agosto 2018 07:22

Erdogan frente al desplome de la lira

Erdogan frente al desplome de la lira

Después del fallido golpe en su contra, el presidente turco puso en marcha un boom de crédito, insistiendo en mantener las tasas de interés bajas, y bloqueó cualquier medida del Banco Central de Turquía para frenar la inflación desbocada. Las sanciones de Estados Unidos contra su país fueron el gatillo que disparó el derrumbe económico.

La lira turca está en una crisis total. Ha perdido 40 por ciento de su valor frente al dólar en los últimos seis meses y cayó casi 20 por ciento en la última semana. Ha llegado la hora del juicio final para la economía del país y la errática política económica de su autocrático líder (recientemente reelegido), Recep Tayyip Erdogan.


Lo que ha desencadenado la crisis ha sido el bloqueo de activos en Estados Unidos ordenado por Trump contra Abdulhamit Gul, ministro de Justicia, y Suleyman Soylu, ministro del Interior, por su presunta participación en la detención de Andrew Brunson, un pastor protestante estadounidense. El señor Brunson, que ha dirigido una pequeña iglesia en Turquía durante dos décadas antes de ser arrestado en octubre de 2016, está acusado de participar en una conspiración para derrocar a Erdogan. El pastor ha calificado los cargos como “calumnias”. Su detención es sólo uno de varios desacuerdos entre Turquía y Estados Unidos, que van desde sus posturas divergentes sobre Siria hasta la compra de armas en Estados Unidos.


El viernes 10, Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, anunció que su país duplicaría el arancel a las importaciones de acero turco hasta situarlo en 50 por ciento, porque el 25 por ciento anterior no había sido suficiente para reducir las exportaciones turcas a Estados Unidos. “Duplicar el arancel sobre el acero procedente de Turquía reducirá aun más estas importaciones que el Departamento (de Comercio) considera que amenazan la seguridad nacional”, dijo Ross.

INFLACIÓN Y PURGAS.

Ese fue el gatillo, pero no la pistola que ahora apunta a la cabeza de la economía turca. La pistola ha sido el rápido deterioro de la situación económica. Después del fallido golpe militar contra él, en 2016, Erdogan puso en marcha un boom de crédito para impulsar la economía, mientras detenía a miles de personas y despedía de sus trabajos en las universidades públicas y el gobierno a otras tantas. Insistió en mantener las tasas de interés bajas y bloqueó cualquier medida del Banco Central de Turquía para frenar la inflación desbocada, calificando los tipos de interés como “la madre y el padre de todos los males”.


La economía capitalista de Turquía no lo soportó, y fue justo en el momento en que se fortalecía el dólar estadounidense tras la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. El problema para Turquía, un país sin recursos energéticos y que cuenta sólo con su mano de obra barata y calificada, es que la gran mayoría de los fondos para su desarrollo industrial, la construcción y el sector inmobiliario viene del exterior: los inversores son estadounidenses y europeos. Así los ciudadanos y las empresas de Turquía se endeudan de forma importante en dólares y euros.


El aparentemente rápido crecimiento económico de los últimos dos años se ha producido sobre pies de barro (crédito y préstamos del exterior), mientras las importaciones inundaban la economía local, las exportaciones y la rentabilidad del capital se redujeron sustancialmente en Turquía. El aumento de las tasas de interés y del precio del dólar a nivel mundial acabó con la fiesta y ha enfrentado a Erdogan a las realidades del capitalismo global.


RIESGO DE “CONTAGIO”.


Los bancos y las empresas turcas están en graves problemas. Los pasivos en moneda extranjera de las empresas no financieras de Turquía ahora superan a sus activos en más de 200.000 millones de dólares.
Los bancos y las empresas del país tienen que hacer frente a deudas por miles de millones de dólares. Sólo los bancos deben pagar 51.000 millones de dólares el próximo año, mientras que las empresas no financieras tendrán que abonar 18.500 millones. Estos pagos vencen en un momento en que el endeudamiento de las empresas alcanza el 62 por ciento del Pbi, y la mitad de esas deudas es en moneda extranjera (dólares y euros, en su mayoría).


A los inversores extranjeros les preocupa la posibilidad de que Turquía no sea capaz de financiar esos pagos; y es que en relación con su deuda externa a corto plazo, las reservas de divisas de Turquía han caído a nuevos mínimos.


Así que el capital ha huido del país y la lira se ha desplomado.


La preocupación esencial para el capital global es que si las instituciones financieras y las empresas de Turquía dejan de pagar su servicio de deuda, los bancos europeos podrían sufrir pérdidas significativas en sus propios balances –lo que los mercados llaman “contagio”: la extensión de las pérdidas y las bancarrotas a nivel internacional–. Algunos de los bancos turcos son propiedad de extranjeros, y los mayores prestamistas de Turquía son el Bbva, de España; UniCredit, de Italia, y el francés Bnp Paribas.


Los bancos turcos tendrían un montón de reservas y los préstamos a Turquía son sólo una pequeña parte del total de los préstamos realizados por estos bancos extranjeros. Pero incluso las pérdidas “marginales” pueden a veces suponer un punto de inflexión cuando las ganancias son escasas. Y la morosidad de los bancos ya ha ido en aumento.


OPCIONES DE SALIDA.


¿Cómo puede zafar Erdogan de este desplome de la lira turca? La solución capitalista es aumentar los tipos de interés de forma astronómica para bloquear nuevos préstamos. El gobierno debería recortar drásticamente el gasto público e incrementar los impuestos (es decir, la austeridad fiscal), y utilizar el “ahorro” para rescatar a los bancos y cumplir con los pagos de la deuda externa. Turquía también debería recurrir al Fmi para un préstamo, al estilo griego. Según las reglas del Fmi, podría pedir hasta 28.000 millones de dólares para financiar futuros pagos de la deuda, pero quedaría sujeto a los dictados de las medidas de austeridad del fondo. Esta solución capitalista llevaría a la economía turca a una fuerte crisis que golpearía a los ciudadanos turcos y dañaría seriamente el apoyo popular a Erdogan.


El gobierno podría introducir controles de capital y bloquear cualquier salida de dinero del país. Pero eso haría que los prestamistas extranjeros dejaran de prestar, lo que llevaría a la economía a una depresión aun mayor. Erdogan también podría tratar de obtener financiación de Rusia, China o Arabia Saudita (como acaba de hacer Pakistán). Desafortunadamente para él, no tiene muy buenas relaciones con estos países, así que por el momento se resiste a estas opciones, y pide a sus seguidores que “confíen en Dios” y en él.


El problema mayor es la creciente crisis de la deuda de las economías emergentes. Esto escribí en mayo, después de las elecciones generales en Turquía: “El aumento de las tasas de interés mundiales y la creciente guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, van a golpear a las llamadas economías capitalistas emergentes, como Turquía. El costo de los préstamos en moneda extranjera va a aumentar mucho y es probable que se frene la inversión extranjera (…). Turquía está en primera fila para sufrir una crisis de la deuda, junto con Argentina (donde ya ha estallado), Ucrania y Sudáfrica”.
Así que la cosa se pondrá peor.

Por Michael Roberts
24 agosto, 2018
* Economista marxista británico. Trabajó 30 años en la city londinense como analista económico.
(Tomado del portal Sinpermiso.info. Brecha reproduce fragmentos. Titulación de Brecha. Originalmente publicado en el blog del autor: The Next Recession.)

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El imperio y la militarización del sistema financiero

Hace tres meses Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo con Irán en materia nuclear, que fue firmado en 2015 e incluyó a ese país, a los miembros del Consejo de seguridad de Naciones Unidas y Alemania. Los demás signatarios y la Agencia Internacional de Energía Atómica consideran que Teherán está cumpliendo los términos del acuerdo; pero el ocupante de la Casa Blanca ha preferido denunciar el pacto e imponer sanciones económicas y financieras sobre la república islámica.

El castigo tendrá serias consecuencias sobre la economía iraní. Las actividades afectadas en lo inmediato rodean el sector automotriz, la compra de aviones comerciales y hasta la adquisición de metales preciosos. Por eso es que el rial, la divisa iraní, se ha devaluado 40 por ciento en los últimos tres meses. Y en noviembre entrará en acción una segunda ola de sanciones que afectarán al sector petrolero y al sistema financiero de la república islámica, incluyendo el banco central.


La Unión Europea (UE) ha lamentado la decisión estadunidense. Pero Trump ha respondido amenazadoramente que “aquellos que no reduzcan sus vínculos económicos con Irán tendrán que atenerse a las consecuencias”. ¿Podrán los europeos proteger sus empresas frente a las amenazas de Estados Unidos? La Comisión Europea ha reiterado su compromiso de mantener los canales financieros con Irán, así como sus importaciones de petróleo y gas. Pero algunos proyectos económicos que hoy se encuentran amenazados incluyen una inversión de la empresa francesa Total de 5 mil millones de dólares (mmdd) para desarrollar el campo de gas natural más grande del mundo, otra inversión de una empresa noruega para construir plantas solares y el compromiso de Airbus para vender cien aviones a Iran Air.


Para proteger estos y otros proyectos la UE ha activado el llamado Estatuto de bloqueo, un mecanismo adoptado en 1996 para contrarrestar los efectos de sanciones económicas impuestas por otros países. El estatuto permite a empresas europeas desconocer resoluciones judiciales impuestas extraterritorialmente. Pero las nuevas sanciones financieras van mucho más lejos que cualquier medida relacionada con un bloqueo o boicot comercial.


El 6 de agosto venció el plazo fijado por Washington para que las empresas europeas no energéticas cerraran todas las transacciones en dólares con entidades iraníes y para las empresas en el sector energético el plazo vence el 4 de noviembre. A partir de esas fechas una empresa europea podría, por ejemplo, establecer una empresa fantasma para evadir el boicot comercial. Pero ningún banco europeo aceptaría poner en riesgo su acceso al espacio financiero en el que sigue dominando el dólar estadunidense.


En 2010 el Congreso estadunidense aprobó la Ley 111-95, que recurre al arma más importante en el arsenal económico: el bloqueo de las transacciones financieras. Esa norma establece un castigo letal, no sólo a los bancos iraníes, sino a cualquiera que tenga tratos financieros con esas entidades. Básicamente la ley estipula que cualquier banco extranjero con relaciones de corresponsalía con bancos en Irán sería excluido del espacio financiero estadunidense. En 2011 el castigo se extendió para cubrir transacciones con el banco central de Irán.


Esas son las sanciones que hoy enfrentan los bancos europeos. Si deciden mantener relaciones con entidades iraníes perderán sus cuentas de corresponsalía con el sistema bancario y financiero de Estados Unidos. Eso tendría como efecto en cascada la pérdida de una cantidad importante de su cartera de clientes y todas sus operaciones en las que intervienen dólares se verían seriamente perturbadas.


Estas sanciones secundarias colocan a las economías europeas directamente en la línea de fuego. Con razón el ministro de finanzas francés ha declarado con irritación que Europa no puede convertirse en un vasallo de Estados Unidos. Pero una encuesta reciente reveló que la mayoría de las empresas y bancos europeos creen que el Estatuto de bloqueo es un tigre de papel.


A Irán le queda el apoyo de Rusia y China. Será un recurso importante y quizás Teherán fortalezca su alianza con esas potencias, algo que Washington seguramente ya estará anticipando. Pero aun para las empresas de esos países la amenaza de quedar fuera del espacio financiero estadunidense será un elemento a tomar en cuenta y tendrán que tomar sus providencias.


Sabemos que el gasto militar de Estados Unidos supera el de los siguientes 10 países en esa escala. Pero si las sanciones impuestas contra Irán son susceptibles de tener más impacto que antes, eso no se debe al gigantesco arsenal militar estadunidense sino a la capacidad de Washington de utilizar su hegemonía monetaria en la economía mundial. Y si bien es cierto que algún día la supremacía del dólar llegará a su fin, mientras se mantenga esa posición dominante el mundo no podrá evadir los efectos de la militarización del espacio financiero.

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