Marx para mí (y ojalá también para otros)

La desigualdad no es un fenómeno individual ('mis ingresos son bajos'), sino un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ('mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas')

Ayer mantuve una conversación acerca de mi trabajo, acerca de cómo y por qué, hace más de 30 años, comencé a estudiar la desigualdad, qué fue lo que me motivó a hacerlo, cómo era ocuparse de la desigualdad de ingresos en una sociedad oficialmente sin clases (y no democrática), si el Banco Mundial se preocupa por la desigualdad etc. De esta forma, el entrevistador y yo tratamos algunas cuestiones metodológicas y la ineludible influencia de Marx en mi trabajo. Me gustaría exponerla de un modo más sistemático en este post.

La influencia más importante de Marx en las personas que trabajan en ciencias sociales es, creo, su interpretación económica de la historia. Esta ha entrado a formar parte de la corriente dominante de tal modo que ya no la asociamos mucho con Marx. Y ciertamente no fue el único y ni siquiera el primero en definirla; sin embargo, fue el que la aplicó de un modo más coherente y creativo.


Incluso cuando creemos que dicha interpretación de la historia es hoy en día un lugar común, no es del todo así. Examinemos la actual controversia sobre las razones que llevaron a Trump al poder. Algunos (principalmente los que creen que todo lo que ocurría previamente estaba bien) culpan a una repentina oleada de xenofobia, odio y misoginia. Otros (como es mi caso) consideran que esos estallidos han sido motivados por un largo período de estancamiento económico de los ingresos de las clases medias y un aumento de la inseguridad (de los empleos, del gasto en atención médica, la imposibilidad de pagar la educación de los hijos). Por lo tanto, este último grupo tiende a dar prioridad a los factores económicos y a explicar cómo estos derivaron en racismo y en todo lo demás. Hay una gran diferencia entre los dos enfoques, no solo en el diagnóstico de las causas, sino, sobre todo, en su opinión de lo que debe hacerse.


El segundo punto de vista de Marx que considero absolutamente indispensable del trabajo en materia de desigualdad de ingresos y riqueza es entender que los poderes económicos ejercen su influencia en los procesos históricos a través de "grandes grupos de personas con diferentes posiciones en el proceso de producción", a saber, a través de las clases sociales. Las clases se pueden definir por la diferencia de acceso a los medios de producción, tal y como Marx insistió, pero no solo por eso. Volviendo a mi trabajo en las economías socialistas, desde la izquierda se vertieron críticas muy influyentes hacia los sistemas socialistas que sostenían que las clases sociales de dicho sistema se formaron sobre la base de un acceso diferente al poder estatal. La burocracia, ciertamente, puede considerarse una clase social. Y no solo bajo el socialismo, sino también en formaciones precapitalistas en las que el papel del Estado como "extractor de la plusvalía" era importante, desde el antiguo Egipto a la Rusia medieval. En la actualidad, muchos países africanos pueden analizarse provechosamente desde esa perspectiva en particular. En mi próximo libro Capitalism, alone utilizo el mismo criterio respecto a los países con capitalismo político, especialmente China.

Para hacer hincapié: el análisis de clase es absolutamente crucial para todos aquellos que estudian la desigualdad precisamente porque la desigualdad, antes de convertirse en un fenómeno individual ("mis ingresos son bajos"), es un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ("mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas" o porque los afroamericanos están discriminados o porque los pobres no tienen acceso a una buena educación, etc.). Un par de ejemplos de lo que tengo en mente: el trabajo de Piketty, especialmente en Los altos ingresos en Francia, y el libro de Rodríguez Weber sobre la distribución de la renta en Chile a muy largo plazo Desarrollo y desigualdad en Chile (1850–2009): historia de su economía política. Por otra parte, creo que el trabajo de Tony Atkinson sobre la distribución de la renta y la riqueza británicas y de varios países más no logró integrar suficientemente el análisis político y de clase.


Aquí también es donde el trabajo sobre la desigualdad toma distancia con una de las lacras de la microeconomía y de la macroeconomía moderna: el agente representativo. El papel del agente representativo era eliminar todas las distinciones significativas entre grandes grupos de población con diferentes posiciones sociales, centrándose en la constatación de que todo el mundo es un “agente” que trata de elevar al máximo los ingresos bajo una serie de condicionantes. Esto es, en efecto, trivialmente cierto. Y al ser trivialmente cierto ignora la multitud de características que hacen que estos "agentes" sean verdaderamente diferentes: su riqueza, antecedentes, poder, capacidad para ahorrar, género, raza, propiedad de capital o la necesidad de vender mano de obra, el acceso al Estado, etc. Por consiguiente, diría que cualquier trabajo serio sobre desigualdad debe rechazar el empleo del agente representativo como una forma de abordar la realidad. Soy muy optimista al pensar que esto sucederá porque la figura del agente representativo fue el resultado de dos novedades, ambas actualmente en retroceso: un deseo ideológico, especialmente marcado en los Estados Unidos debido a las presiones similares a las de McCarthy para negar la existencia de clases sociales, y la ausencia de datos heterogéneos. Por ejemplo, era difícil calcular el ingreso medio o ingreso por decil, sin embargo, era fácil obtener el PIB per cápita.


La tercera contribución metodológica fundamental de Marx es la conciencia de que las categorías económicas dependen de las formaciones sociales. Lo que son meros medios de producción (herramientas) en una economía compuesta de pequeños productores de productos básicos se convierte en capital en una economía capitalista. Pero va más allá. El precio del equilibrio (normal) en una economía feudal o en un sistema gremial en el que no se permite que el capital se mueva entre sectores, será diferente de los precios de equilibrio en una economía capitalista con libre movimiento de capital. Para muchos economistas esto sigue sin ser obvio. Emplean las categorías capitalistas actuales para el Imperio Romano, donde el trabajo asalariado era (y cito a Moses Finley) “espasmódico, ocasional y marginal”.


Sin embargo, aunque no lleguen a ser plenamente conscientes, reconocen de facto la importancia del establecimiento institucional de una sociedad que determine los precios no solo de los bienes, sino también de los factores de producción. De nuevo, lo vemos a diario. Supongamos que el mundo produce exactamente el mismo conjunto de mercancías y la demanda es exactamente la misma, pero lo hace dentro de las economías domésticas que no permiten el movimiento de capital y mano de obra, y después lo hace en una economía totalmente globalizada donde no existen las fronteras. Obviamente, los precios del capital y el trabajo (beneficio y salario) serán diferentes en esta última, la distribución entre los dueños del capital y los trabajadores será diferente, los precios cambiarán en función de los cambios de los beneficios y salarios, los ingresos también cambiarán, así como los patrones de consumo y, en última instancia, incluso la estructura de producción se verá alterada. De hecho, esto es lo que hoy en día está haciendo la globalización.


El hecho de que las relaciones patrimoniales determinen los precios y la estructura de producción y consumo es una visión sumamente importante. De este modo, se subraya el carácter histórico de cualquier ordenamiento institucional.


La última contribución de Marx que me gustaría destacar –quizás la más importante y grandiosa– es que la sucesión de formaciones socio-económicas (o más restrictivamente, de los modos de producción) está en sí misma “regulada” por las fuerzas económicas, incluida la lucha por la distribución del excedente económico. El cometido de la economía es nada menos que histórico y global: para explicar el auge y la caída no solo de los países, sino de las diferentes formas de organizar la producción cabe preguntarse por qué los nómadas fueron sustituidos por poblaciones sedentarias, por qué el Imperio Romano de Occidente se dividió en unas pocas heredades grandes y siervos de tipo feudal, mientras que el Imperio Romano de Oriente permaneció poblado por pequeños terratenientes, y cuestiones similares. Quien estudia a Marx nunca olvida la grandiosidad de las preguntas que se plantean. Para un estudiante así, emplear las curvas de la oferta y la demanda para determinar el coste de la pizza en su ciudad será ciertamente admisible, pero jamás será considerado el papel principal o más importante de la economía como ciencia social.

Por BRANKO MILANOVIĆ


9 DE ENERO DE 2019


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Este artículo se publicó en inglés. originalmente en el blog del autor.
Traducción de Paloma Farré.

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Bolsonaro y López Obrador, dos estilos para gobernar las grandes potencias de América Latina

Con pocas semanas de diferencia Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador asumieron la presidencia de sus países, Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas. Sus primeros pasos anticipan, en ambos casos, las principales contradicciones que enfrentarán en los próximos años.

 

Bolsonaro es el monumento a la improvisación: en los diez primeros días de su gobierno —asumió el 1 de enero—, debió retractarse de forma casi permanente. Sus dos principales tropezones fueron anunciar una base militar de los Estados Unidos en Brasil, inmediatamente rechazada por los militares, y críticas a la compra de Embraer —la principal empresa del país y tercera aeronáutica comercial de mundo— por la Boeing, que provocó hondo malestar en los mercados.

Por el contrario, el presidente mexicano está cumpliendo sus anuncios de forma bastante puntual. Decidió un importante aumento del salario mínimo y comenzó su combate al robo de gasolina, o huachicoleo, movilizando al Ejército y la marina par controlar los ductos, lo que provocó desabastecimiento en las ciudades. La medida más polémica es la construcción del Tren Maya, una obra que mereció una contundente oposición del zapatismo así como de pueblos originarios y un sector de la opinión pública.


FUNDAMENTALISMO DE DERECHA


Boslonaro es producto de la tremenda descomposición del sistema político brasileño, que desde 2013 no fue capaz de responder a las demandas de una sociedad cansada de corrupción y desigualdad. En su gobierno confluyen tres fuerzas, según quedó en evidencia en los primeros días de enero: los militares que ocupan siete de los 22 ministerios y los neoliberales alineados detrás de Paulo Guedes, ministro de Hacienda formado en la Universidad de Chicago.


Entre ambas, gana terreno una tercera corriente que ejerce una fuerte influencia ideológica: los discípulos de Olavo de Carvalho, un filósofo anticomunista, astrólogo y activo youtuber que se convirtió en referencia de la familia Bolsonaro. A sus 71 años vive en Virginia, Estados Unidos, ha publicado 19 libros, defiende tesis conspirativas y delirantes como que la tierra no gira alrededor del sol. Pese a ello, tuvo el poder como para indicar dos ministros: el canciller, Ernesto Araújo, y el ministro de Educación, Ricardo Vélez.


El canciller es un poema. La poderosa burocracia de Itamaraty lo rechaza, como sucedió el 2 de enero cuando asumió el cargo y cosechó raleados aplausos. En su discurso Araújo criticó la globalización y mostró un claro alineamiento con EE UU, Israel, Italia, Hungría y Polonia. “Brasil no puede entrar de cabeza en la guerra comercial de EE UU contra China, que se convirtió en nuestro mayor socio comercial, sin ganar nada a cambio”, editorializó el influyente Correio Braziliense (3 de enero de 2019).


El expresidente Fernando Henrique Cardoso aprovechó para lanzar su primer aguijón contra el nuevo Gobierno, advirtiendo que no sería oportuno tomar partido por Washington en la guerra comercial con China. “Es por lo menos anacrónico pensar que la competencia por el poder y la influencia en el sistema internacional se dará entre gladiadores comunistas y capitalistas, cruzados de la fe cristiana contra cosmopolitas sin fe ni patria” (El País Brasil, 6 de enero de 2019).


El ministro de Educación, a su vez, pretende erradicar la influencia de Paulo Freire, al que tacha de marxista, en el sistema educativo. De Carvalho y sus seguidores cuestionan la necesidad de que exista un ministerio de Educación y apoyan la propuesta del presidente de ampliar las escuelas militares que “tienen mejor calidad de enseñanza que las escuelas tradicionales” (El País Brasil, 12 de enero de 2019).


CONFRONTAR CON LOS MOVIMIENTOS

El Tren Maya es una obra faraónica que ningún presidente anterior pudo poner en marcha, en vista de la resistencia de los pueblos originarios. López Obrador es desarrollista y mantiene una férrea alianza con los grandes grupos empresariales que están detrás de esta iniciativa.


El Tren Maya está proyectado para 1.500 kilómetros y 12 estaciones, y según un reciente artículo del antropólogo Claudio Lomnitz en La Jornada, atraerá cuatro millones de turistas extranjeros, una cifra apenas inferior a los que recibe Cancún cada año. Para atender a esos visitantes habrá que destrozar entornos maravillosos como los de Palenque, pero el tren lubricará la explotación de los bienes comunes, como uranio e hicrocarburos,


El gobierno mexicano no consulta a los pueblos afectados, como es su obligación según tratados internacionales, pero ensayó un falso ritual con algunos representantes de esos pueblos y un referendo popular no vinculante, al que acudieron menos de un millón de votantes, de los 60 millones habilitados.


El gobierno de López Obrador, que asumió el 1 de diciembre, tiende a recorrer caminos muy parecidos al de Luiz Inacio Lula da Silva. En primer lugar, se rodeó de grandes empresarios, a quienes está entregando obras que, si se concretan, van a cambiarle la cara al país, en particular el Tren Maya y el Corredor Transístmico que unirá el Pacífico con el Caribe.

En segundo lugar, la realización de grandes obras de infraestructura profundiza el modelo neoliberal de acumulación por desposesión, facilita la corrupción por involucrar actores empresariales y mandos estatales acostumbrados a esas prácticas y, quizá lo más grave, fractura los vínculos con los sectores más activos de la sociedad, como los pueblos originarios. El Tren Maya y la represa de Belo Monte en la Amazonia tienen mucho en común.


No deberíamos olvidar que la debacle del Partido de los Trabajadores en Brasil comenzó con las manifestaciones de junio de 2013, que llevaron a 20 millones de jóvenes a las calles, convocados inicialmente por un pequeño y nuevo movimiento, el MPL (Movimento Passe Livre), que demandaba por el alto precio del transporte y la desigualdad.


En México son los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena los que han dicho “no” a los proyectos desarrollistas sin su consentimiento. Sería muy penoso que luego del fin del ciclo progresista en Sudamérica, el gobierno mexicano transitara el mismo camino. La región parece encajonada entre la ultraderecha y el empeño en repetir recetas fracasadas.

Por RAÚL ZIBECHI

PUBLICADO
2019-01-15 06:00:00

 

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Martes, 15 Enero 2019 06:39

Tiempo de tempestades

Tiempo de tempestades

El presidente de Venezuela afirmó que este año será el de la estabilización económica. “Sopla tempestad que tengo pueblo”, dijo parafraseando

a Shakespeare al presentar su plan.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer que este año será el de la estabilización económica, al mismo tiempo que dijo que con la economía venezolana se ha cometido un crimen de lesa humanidad. El mandatario presentó ayer frente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el Plan de la Patria –la hoja de ruta para su nuevo mandato, hasta el 2025– y dio un balance sobre su gestión en 2018. En su alocución, cargó contra la oposición, contra Estados Unidos, contra la traición de algunos funcionarios y contra los gobernantes de derecha en América Latina.


“Sopla tempestad que tengo pueblo, que tengo Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tengo Asamblea Nacional Constituyente y tengo historia para maniobrarte”, afirmó Maduro, parafraseando a Shakespeare en la entrega de la Memoria y Cuenta de 2018. En su balance, el presidente afirmó que entre 2013 y 2018 hubo una caída del 94 por ciento de los ingresos petroleros de Venezuela, y explicó que a causa de esto, se produjo un reto para la inversión social, dijo, más aun debido al ataque continuado contra la economía venezolana. Sin embargo, aseguró que la inversión social en áreas como salud, educación y tecnología había aumentado y prometió: “Este año va a ser el año de la estabilización de la economía”. Además, el mandatario dijo que las sanciones de Estados Unidos no harán que Venezuela de marcha atrás. “A cualquier otro país, todos esos ataques que sufrimos nosotros los hubiera hecho sucumbir. A nosotros nos hizo más fuertes. La oligarquía colombiana y Washington han cometido un crimen de lesa humanidad con nuestra economía”, afirmó. “Imperialismo: quédate con tus sanciones que los venezolanos y las venezolanas saldremos adelante”, sentenció.


Para ello, Maduro realizó un llamado a los empresarios locales para que lo acompañen. “Hago un llamado a los empresarios de este país, los que se sienten venezolanos o los inversionistas que quieren trabajar aquí. Ustedes saben que pueden confiar en mí, acompáñenme, voy a gobernar 6 años más”, afirmó. A continuación, el presidente defendió el modelo económico venezolano. “Se trató de crear una mentira de que el modelo venezolano es enemigo de la empresa privada. Nuestro modelo es mixto, donde las empresas estratégicas están en manos del Estado”. Además, subrayó: “Yo no soy ni un capitalista ni un neoliberal, pero tampoco soy un obtuso. Aquí nadie venga a creer que vamos a privatizar. Pero si puedo traer asesoría e inversión extranjera lo debemos conseguir”.


Durante la entrega de su Memoria y Cuenta, el líder chavista reiteró que un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) había detenido el domingo al presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, en un procedimiento irregular y por el que los agentes implicados habían sido destituidos. “Destituidos por prestarse a un ‘show’ mediático en contra del interés nacional y así voy a actuar con cualquier funcionario que traicione el juramento público y cualquier funcionario que se preste, sea quien sea, se presente a donde se presente. Mano de hierro a la traición”, expresó. En su discurso dijo, así, que la breve detención de Guaidó fue un “show” que contó “con la cooperación corrupta y traidora” de los agentes destituidos. La Constituyente, integrada solo por oficialistas, emitió también ayer un decreto en el que ratifica y reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado, de Gobierno y comandante en jefe de la FANB, en medio de las voces que no reconocen la legitimidad del segundo mandato del líder chavista.


Al presentar las directrices del Plan de la Patria para el nuevo período, Maduro afirmó que se espera que para el 2025 se produzcan 5 millones de barriles diarios de petróleos y que esto se logrará, dijo, con la incorporación de tecnología y rompiendo con las mafias. Maduro se dijo cansado de la corrupción en la administración pública, como en la estatal Petróleos de Venezuela, y pidió el apoyo de todo un país para limpiar esta empresas. “Me juro mi vida, mi honor y mi moral en esta batalla que asumo como personal”, sentenció.


El mandatario subrayó que los chavistas tienen un sistema detallado que permite dar continuidad a los logros sociales alcanzados y a superarse a sí mismos, y se preguntó si la oposición de derecha sostendría esos logros. “¿Podría la derecha, si ganara, conservar los logros y llevar al país a un futuro de bienestar? Ahí tienen el ejemplo de Argentina, le bajaron las pensiones a los viejitos, se endeudaron como no se hacía en años. En Brasil tienen a Bolsonaro, que es un Hitler de los tiempos modernos. Ahí está, privatizando el petróleo”, afirmó Maduro.

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 ▲ En esta foto de archivo, Jim Yong da un discurso cuando aún era presidente del BM.Foto Afp

Se acelera el colapso de las instituciones de Bretton Woods post Segunda Guerra Mundial. Se desmorona otro pilar del caduco orden mundial con la renuncia intempestiva del coreano-estadunidense Jim Yong Kim quien abandona la presidencia del Banco Mundial (BM) con tres años de antelación (http://bit.ly/2SYbSmg).

Por un tácito acuerdo de "Occidente", un estadunidense preside el BM y un europeo gobierna el FMI: el caso de Christine Lagarde, quien hace maletas para trasladar su sede a Beijing (http://bit.ly/2SQ6O3B). Mas aún: la disfuncional Organización Mundial de Comercio (OMC) se encuentra en plena catatonia con un presidente brasileño de la desdeñada periferia.

El BM perdió su enorme influencia frente al ascenso geoeconómico de China y sus magnos proyectos: "Las tres rutas de la seda" (https://bit.ly/2TA9RNe), el Banco Asiático de Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) (http://bit.ly/2ST6i4M), y "China 2025" de autarquía tecnológica, no se diga su asombroso alunizaje (http://bit.ly/2SR6CB8). El banco mundial se volvió irrelevante ante el AIIB de China cuando el "Banco BRICS" queda en el aire debido a la llegada presidencial a Brasil del "evangelista sionista" Jair Messias Bolsonaro (http://bit.ly/2AzdSdT).

La renuncia de Jim Yong se gesta en medio del shutdown (cierre de agencias gubernamentales de EU) y el desprendimiento de Rusia de su tenencia de 100 mil millones de dólares que ha trocado por euros/yuanes/yenes (http://bit.ly/2SQsTil). Dado el mantra de "nacionalismo económico", suena inverosímil que Trump adopte las políticas "multilaterales" del Banco Mundial antagónicas a su esquema "Primero EU": cambio climático y la igualdad de género, que abominan sus seguidores rednecks en sus bastiones del "Cinturón Bíblico" y el "Cinturón Industrial (Rust belt)".

Según Afp/ South China Morning Post, la renuncia de Jim Yong "puede desatar un pleito internacional para su sustitución", cuando Trump "ha cuestionado su propósito de prestamista para el desarrollo" (http://bit.ly/2SQ5HAX). Como principal accionista y contribuyente del BM, Estados Unidos ostenta el poder de (s)elección, como ha sucedido durante 75 (sic) años. Si pudiera, Trump imponría a su hija Ivanka Trump, consejera gratuita de su padre en la Casa Blanca, y con quien Jim Yong entabló una óptima cooperación, con el lanzamiento de un fondo apuntalado por Arabia Saudita de mil millones de dólares para financiar a mujeres emprendedoras.

Ivanka muy bien pudiera ser una carta internacional para apoyar una hipotética relección de su atribulado padre.

Afp, con fuertes nexos con Christine Lagarde del FMI, da mucho vuelo a la candidatura de Ivanka, seguida por Nikki Haley, la amazona ex embajadora de EU en la ONU donde causó estragos por su carencia diplomática.

Otros candidatos de Trump son David Malpass –anterior economista en jefe del fallido banco Bear Stearns y sinófobo consumado–, hoy subsecretario para Asuntos Internacionales de la Secretaria del Tesoro, y Mark Green, mandamás de USAID (http://bit.ly/2AHnXoQ).

Antes de su abrupta fuga, Jim Yong consiguió un apremiante incremento de capital por 13 mil millones de dólares, lo que permite un mejor desenvolvimiento de los empréstitos del BM que alcanzarían 80 mil millones de dólares para 2019, frente a los 59 mil millones de 2018. La "insólita" participación de Trump con 7 mil 500 millones de dólares al incremento de capital del BM –que requieren la aprobación del Congreso–, marca su deseo de competir con China por el alma de los mercados emergentes.

La participación accionaria de China en el banco ha pasado de 4.68% a 6.01%, mientras que EU ostenta 17.77% con poder de veto a las decisiones de las dos ramas de la entidad prestamista: IBDR y el IFC.

El bM sucumbió al "modelo de negocios", como la privatización encubierta del agua en Ciudad de México (http://bit.ly/2SYcEja), bajo el esquema de inversión conjunta PP (Público-Privada) de "transición" para la final enajenación acuífera. Jim Yong ahora despacha en Global Infrastructure Partners (GIP), con sede en Nueva York, consagrado a inversiones privadas en infraestructura: salta del lado "público" del BM al lado "privado" del GIP para la sinergia de la enajenación catrastral global. Otro engaño más del Banco Mundial.

 

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Domingo, 13 Enero 2019 06:07

Cada vez hay más chalecos amarillos

Cada vez hay más chalecos amarillos

Las protestas de ayer mostraron un claro crecimiento del fenómeno

Hasta la policía admite que hubo casi el doble de gente protestando en todo el país en la novena fecha de los chalecos. En algunos pueblos, el diez por ciento de la población tomó la calle. Un reclamo que también se complejiza.


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Francia continúa sumergida en el laberinto amarillo. La novena jornada de manifestaciones convocada por el movimiento de los chalecos amarillos volvió a sacar a la calle a decenas de miles de personas y a ser, una vez más, el teatro de enfrentamientos suculentos, tanto en París como en otras ciudades del país. “Esta vez, con todo lo que dijeron de nosotros, no pensé que habría tanta gente”, decía a PaginaI12 un manifestante amarillo en los alrededores del convulsionado Arco de Triunfo. La cifra de la novena jornada de insurrección reunió según la policía a 85 mil personas en todo el país, bastante más que la precedente, donde se contaron 50 mil manifestantes. Frente a ellos, el gobierno desplegó 84 mil policías y gendarmes que detuvieron a 160 personas.


El alcance de la respuesta a esta convocatoria pudo medirse en la pequeña localidad de Bourges, en el centro de Francia, donde desfilaron 6000 personas para una población que apenas sobrepasa las 65 mil. Dos de los líderes de la revuelta, Maxime Nicole, alias Fly Rider, y Priscilla Ludosky, habían pedido a la gente que se reuniera allí porque es “un lugar poco conocido por la policía”. Las autoridades prohibieron el ingreso al centro histórico pero unas 500 personas ingresaron igual.


Burdeos, Tolosa, Lile, Estrasburgo, París o Bourges, el espectáculo de este fin de semana repitió los sucesos de las jornadas precedentes:intercambios de proyectiles de todo tipo y balas de goma entre policías y manifestantes, espesas nubes de humo, cañones de agua para dispersar a la gente y batallas campales entre fuerzas del orden y chalecos amarillos, destrucción de comercios y autos y focos de incendios por todas partes, la guerra urbana probó que, al menos el sector más radicalizado de los chalecos amarillos, no perdió su encono contra el sistema. Las consignas son hoy diferentes de las que se escuchaban el 17 de noviembre cuando se llevó a cabo el primer acto de esta rebelión. Ahora se exige más.


Desde la primera protesta contra el aumento del precio del gasoil hasta ahora, los planteos se fueron ampliando. El movimiento amarillo tomó el rumbo de una exigencia a la vez política e institucional. Los chalecos amarillos reclaman que se modifique la Constitución para que se introduzca el derecho a organizar un Referendo de Iniciativa Ciudadana, el RIC. Su meta consiste en impugnar mediante la consulta las leyes “negativas” así como revocar el mandato de un hombre político si este no cumple con las promesas o realiza una mala gestión. Esta medida está integrada en las 42 “directivas del pueblo” expuestas hace dos semanas por el movimiento.


“No quiero ser rico, ni que me aumenten el salario, ni ser propietario, ni que me regalan nada. Sólo quiero poder vivir con lo que gano y no sobrevivir como nos ocurre ahora. En este país, un salario normal no alcanza para mantener a la familia”, decía a este diario Pierre, un manifestante oriundo del norte de Francia que caminaba tranquilo con otro grupo en los alrededores del barrio de la Opera. Su esposa comentaba con mucho nerviosismo que “seguramente mucha gente que está aquí siente lo mismo que yo: el desprecio del Rey Macron y su corte hacia nosotros, hacia el pueblo, nos motiva cada día más”.


Ni el Presidente ni el Ejecutivo han sido capaces de adivinar la fórmula para calmar a esa parte del país que se les vino encima. Todo lo que dicen desde arriba provoca más saña y desengaño. El odio hacia el macronismo parece una fortaleza imposible de derribar. En el centro de Bourges, los manifestantes jugaban con un muñeco inflable de Macron como signo de su escaso respeto a la figura presidencial. La intervención del Primer Ministro Édouard Philippe, endureció la postura de la rama más densa de los chalecos. El jefe del Ejecutivo adelantó que este lunes presentaría una “nueva ley” para endurecer las “sanciones” contra las personas que provocan disturbios. Las disposiciones incluirán penas más severas para los actos de vandalismo y las manifestaciones no autorizadas tal y como las organizan los chalecos amarillos.


Ya tupido en si, el aparato represivo se refuerza sin que ello alcance a disuadir a los líderes de esta insurgencia. Basta con asistir a las confrontaciones para entender que lo último que va a apaciguar los ánimos o a ablandar a los chalecos son nuevas armas disuasivas. Cuando la gente se arrodilla ante la policía que los apunta en medio de una imponente nube de gases lacrimógenos nadie puede creer que leyes o policías suplementario puedan tener algún efecto. “Macron, estas perdiendo la cabeza antes de que te la corten”, decía la frase escrita en su chaleco por un manifestante que participó en los choques con la policía en el Arco de Triunfo. “Como puede ver con toda la gente que salió en el país, la calle es nuestra. Iremos al Palacio presidencial a buscar a Macron”, decía otro manifestante.


Al cabo de esta novena fecha de protestas empieza a notarse una fractura en la sociedad. Hay una Francia de amarillo activa y comprometida y otra impaciente porque este revuelo social termine de una vez. Policía contra manifestantes, pueblo contra elites, trabajadores contra corruptos, ricos contra pobres, teorías complotistas por todas partes, degradaciones urbanas, violencia física, amenazas de muerte contra los chalecos moderados, los actores políticos, diputados, intendentes o consejeros municipales, toda la sonata de la confrontación atraviesa la sociedad sin descanso. Hay algo brutal yobsceno que flota en el aire y no se dispersa. La violencia innata del capitalismo, su pecaminosa exhibición de la desigualdad como filosofia es un combustible infinito.


Jean-Jacques, un modesto productor agrícola del Oeste de Francia, decía, mientras pateaba con rabia la vitrina de una boutique de ropa de lujo: “mire, ve usted, esa cartera de mujer que está ahí cuesta más que dos salarios míos juntos. ¿ Usted cree que se puede seguir viviendo en una sociedad así? Seguramente que no”.


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"El problema del mundo es la diferencia de clases, no la de identidades o géneros"

El cineasta, inspirado “en lo grotesco de la realidad”, firma la película más transversal y gran sorpresa de 2018, ‘Border’, y con ella se sacude todos los prejuicios de esta Europa del siglo XXI. Ganadora de Un Certain Regard en Cannes y aspirante al Oscar por Suecia.

Es la película sorpresa de 2018. Ali Abbasi, cineasta iraní emigrado a Suecia y que vive hoy en Dinamarca, ha hecho la película más transversal de los últimos tiempos. Con Border, que ganó el Premio a la Mejor Película en Un Certain Regard de Cannes y ha sido candidata a Mejor Película Europea, pasa por encima de diferencias de género, se sacude los prejuicios sobre las tendencias sexuales, rebasa las limitaciones del cine de género, deja bien claro que la idea de identidad es una imposición del mundo de hoy y, sobre todo, obliga al espectador a preguntarse qué nos hace humanos.


Interesado en “lo grotesco de la realidad”, Abbasi no disimula su intención: tal vez lo grotesco de esta sociedad y de sus comportamientos somos nosotros mismos y no ‘los otros’, los que son diferentes. Ello desde una historia que es fundamental no desvelar –el secreto de la película esconde un gran significado-.


Sí se puede adelantar que la protagonista es Tina (maravillosa la interpretación de Eva Melander), una agente de aduanas infalible gracias a su prodigioso olfato, al menos hasta que aparece Vore (estupendo también el actor finlandés Eero Milonoff). Tina sabe que Vore oculta algo, pero no logra identificar qué es. Suspense, trama policial, relato íntimo, naturaleza, romance, elementos fantásticos… para pisotear todos los prejuicios de esta Europa siglo XXI. El director y escritor iraní-sueco Ali Abbasi nos habla de este proyecto:

Esta es la película más transversal que he visto en los últimos años. ¿Ha sido su intención?


No. Pero yo vengo de la literatura y un libro de Tolstoi es un libro de Tolstoi y uno de Camus es un libro de Camus. Nadie agradece el género a un escritor. En el cine hay diferentes tradiciones, pero hoy está muy orientado al mercado. Yo creo que es una película muy transgresora porque es la que más transgrede el mercado. Recuerdo Los idiotas, un drama que luego tenía una escena de sexo que querían cortar para que la película pudiera ser para todos los públicos.


¿La escena de sexo de ‘Border’ es esencial en su historia?


Si hubiera cortado esa escena, hubiera quedado una película para toda la familia en Navidad. Pero yo hago lo necesario para tener la mejor película, intento no rellenar con cosas raras.
¿Quiere decir que el sexo se usa mucho como relleno?


Los espectadores están divididos. Muchos no quiere sexo en el cine y la verdad es que yo creo que hay un exceso. En realidad, en Border no es solo una escena de sexo. En ese momento se caen las máscaras, es una gran revelación. La escena es práctica. A mí me interesa el realismo. Los personajes trabajan, comen, andan… y el sexo es natural también.
Es natural, pero nada convencional.


Cuando leí la historia pensé que lo que no se podía aceptar era que tuvieran sexo en un sofá, no me pregunté por qué uno de los dos personajes tiene pene.
Es una película muy pro transgénero, ¿es premeditado?


No había ninguna intención, pero me siento muy feliz de que sirva para eso. Cuando empecé a pensar en esta película yo no tenía ni idea de que todo lo de transgénero existía.


¿Su película habla de imposición de identidades más que de búsqueda de identidad?


Así es. Estoy en contra de esa idea de identidad, de la que han construido. En la película pasa igual que conmigo mismo, que soy como una mesa de bufé, iraní, pero criado en Suecia y vivo en Dinamarca. Creo que Border es sobre todo una de las películas más europeas del año. Me acuerdo de La tormenta de hielo, de Ang Lee. Solo un extranjero podría haber hecho una película tan americana.


Volviendo a la identidad…


Sí, parece que todo conduce a que creamos que hay una identidad real por algún sitio, cuando en realidad se trata siempre de construir una identidad. Es cuestión de seleccionar, ella elige. Para mí, yo no elijo ni iraní ni sueco ni danés.


‘Border’ habla mucho más de diferencias de clase que de género o nacionalidad o raza… ¿es lo que de verdad nos diferencia?


Tuve una profesora de Literatura que hablando de cultura y su relación con la economía nos preguntó cuál era el problema del mundo. Y uno de los principales problemas es la distribución desigual de la riqueza. Nos hacen creer que los diferentes géneros, creencias, religiones… están en la base del problema, cuando en realidad las dinámicas económicas están en las diferencias de clase no en la política de identidades. Hoy es tan fácil mentir.


De alguna manera, hay una pregunta esencial en la película, ¿qué nos hace humanos?


Cuando hicimos la película, nos lo preguntamos. Había que definir qué era ser humano. En los próximos 30 años se preguntarán lo mismo, porque habrá gente o cosas que actúen como personas pero no lo serán legalmente. Somos una especie animal, pero nosotros podemos empatizar con otras especies y vivir en familia.


Muchos críticos hablan de realismo mágico para referirse a su película, pero ¿no hay más H.P.Lovecraft?


El término realismo mágico es también una marca de mercado. En la película hay elementos fantásticos y de realismo. Sí, es verdad y me gusta mucho Lovecraft y la larga tradición americana de Poe. Además, hay algo más, algo que es diferente, entre los escandinavos las banalidades de la vida ocupan un lugar importante.


Y en el cine, ¿cuáles han sido sus referentes?


La inspiración más importante es Luis Buñuel. Mi hijo se llama Luis por él. Estoy muy interesado en lo grotesco de la realidad, me inspiran algunos elementos de la realidad, pero no del realismo mágico.


Por ejemplo, ¿el olfato, como en la protagonista?


Sí. En Sevilla, en los Premios Europeos del Cine, dando un paseo, se me acercó una mujer con una flor, yo pensé que quería que la oliera, no me di cuenta de que lo que quería era sacarme la pasta. Por curiosidad, le seguí el juego, quise saber qué iba a hacer para sacar dinero, y me hipnotizó. Eso mismo es lo que yo quiero hacer desde el cine. Ser capaz de convencer a un extraño que habla otro idioma en unos minutos.

12/01/2019 10:41 Actualizado: 12/01/2019 10:41
BEGOÑA PIÑA
@begonapina

 

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La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, durante la entrevista con EL PAÍS. SEBASTIÁN UTRERAS

“No creemos que las políticas tipo Escuela de Chicago sean la solución” Los precios de las materias primas lastran las previsiones de crecimiento para América Latina
La economía de América Latina se desacelera en un contexto de “incertidumbre y volatilidad” global


Durante la presentación del balance económico de fin de año, a mediados de diciembre en Santiago de Chile, la jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena (Ciudad de México, 1952), habló de un escenario incierto y complejo, no demasiado alentador y hasta pesimista. Lo explica una reducción de alrededor del 7% en el precio de los productos básicos el próximo año y una ralentización del comercio mundial. De acuerdo con las proyecciones, revisadas a la baja por el organismo, Latinoamérica este año crecerá 1,2%, dos puntos menos que el promedio mundial. Para 2019 se espera un crecimiento de 1,7%, con una diferencia marcada entre México y Sudamérica, que crecerían 2,1% y 1,4%, respectivamente. La responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región habla de un "cambio de ciclo".

 

Pregunta. ¿Qué características tiene este nuevo ciclo?

Respuesta. Está marcado por una mayor apreciación del dólar, la subida de las tasas de interés en Estados Unidos y las tensiones comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China. La dinámica interna juega un papel menos importante y la región está muy condicionada por el contexto externo, que presiona a los países por varias razones. Por ejemplo, en el pago de intereses. Cuando la política monetaria bajó las tasas de interés, lógicamente hubo mayor apetito al riesgo y mucho endeudamiento. Hoy día, por lo tanto, la región tiene más deuda –pública y privada– y mucha presión en el pago de intereses, que han subido junto a la apreciación del dólar. Es una situación complicada, como lo es la mayor volatilidad financiera: ahora el financiamiento se va a los países desarrollados y hay más dificultades de la región para acceder al crédito.

 

P. ¿Qué efectos producen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China?

R. Hacen que la región tenga mucha presión. Especialmente Sudamérica, muy dependiente de lo que ocurra en China, primer socio comercial de Brasil, de Argentina, de Chile. Y China hoy está desacelerando de 6,6% en 2018 a 6,3% el año próximo. Las únicas dos economías que crecen y que van en una tendencia al alza este año y el próximo, son Estados Unidos y la India, nada más.

"El financiamiento se va a los países desarrollados y hay más dificultades de la región para acceder al crédito".

P. ¿Qué medidas internas deberían tomar los países ante este escenario?

R. Los países tienen instrumentos para poder confrontar este tipo de situaciones, como la tasa monetaria, la política fiscal y lo que hacen, por ejemplo, con los salarios mínimos. Si el salario mínimo lo desaceleras, puedes afectar el consumo privado, de los hogares.

P. ¿A qué subregión impactará la bajada del precio de los productos básicos?

R. A los de Sudamérica, porque son los exportadores de alimentos, de petróleo, de hidrocarburos y, en general, de minerales y metales. Las variaciones van a ser menores, no van a ser tan grandes, pero igual va a haber una cierta afectación. Esto se combina con el tema China, que va a tener menos demanda a menores precios.

P. ¿Las materias primas han pasado a ser un lastre para el crecimiento de la región?

"VENEZUELA TIENE QUE HACER UN CAMBIO MUY PROFUNDO EN MATERIA ECONÓMICA"
R.M.

Pregunta. ¿Cómo proyecta la situación de Venezuela, que sufriría una contracción de su economía de -10,0%, de acuerdo a la CEPAL?

Respuesta. Hay cosas que son muy riesgosas para el futuro, como la contracción que ha tenido del producto del 43% con respecto al valor del 2013, la producción petrolera que cae, la hiperinflación. Pero, al mismo tiempo, hemos visto con interés las 10 medidas económicas que ha tomado Venezuela, que apuntan a controlar el tipo de cambio, por ejemplo. Esto ha sido ya una medida muy concreta que es positiva.

El precio del petróleo, que fue positivo este año, no va a seguir siendo tan positivo el próximo, aunque por otro lado es necesario observar si tendrá algún resultado el hecho de que economías externas estén tratando de apuntalar a Venezuela, como China y Rusia. Pero, definitivamente, Venezuela tiene que hacer un cambio muy profundo en materia económica.

R. Lo que sucede es que hay que saber cómo procesarlas y darles valor agregado. Un ejemplo: entre Chile, Argentina y Bolivia tienen el 61% de las reservas de litio. Esa no es una mala noticia, sino una excelente noticia. La mala noticia es que no haya políticas públicas que permitan que esas materias primas sean procesadas e industrializadas en su lugar de origen. Chile y Argentina podrían asociarse para explotar el litio conjuntamente y crear una plataforma industrial de baterías recargables con inversiones europeas, chinas y latinoamericanas. Sería, para mí, el gran logro.

P. De los productos básicos, ¿cuál tendrá una mayor caída de su precio?

R. El petróleo va a ser, yo creo, el más afectado de todos.

P. ¿Cómo deberían los latinoamericanos enfrentar este nuevo ciclo económico?

R. La región todavía tiene una dinámica de crecimiento positivo. El consumo privado –el de las familias– va a seguir siendo un factor importante. Hay países que están dándole predominancia a la inversión, como es el caso de México. Hay otros países en la misma línea y, por lo tanto, puede ser otro factor. En donde hay más incertidumbre es en la parte comercial. Por lo tanto, ¿qué se le recomienda a los países y a los hogares? Yo diría que el ahorro: controlar el gasto.

P. ¿Qué pueden hacer las economías de países como Chile, Argentina y Brasil frente a la vulnerabilidad financiera?

R. Un país como Chile tiene mucho que ofrecer, porque tiene una institucionalidad sofisticada, un Estado de derecho creíble en el exterior, cuenta con la confianza de los mercados. El caso de Argentina es menos claro, porque no ha logrado salir de los problemas que ha tenido y su crecimiento no está auspiciado positivamente: crecerá -1,8% en 2019, según nuestras proyecciones. Brasil es una incógnita, aunque si en 2019 despega un poco más y logra crecer al 2%, puede ser importante para la región. Por lo menos tenemos información hacia dónde va el gobierno. Brasil empieza a retomar su crecimiento, pero con muchas dificultades.

"La desigualdad es ineficiente desde el punto de vista económico"

P. ¿Qué impacto tienen los anuncios de políticas neoliberales del nuevo Gobierno de Bolsonaro?

R. Brasil va a crecer por arrastre. El 2% tampoco es un crecimiento tan dinámico y viene impulsado por la inversión de Petrobras. Ahora, ¿qué va a pasar con el consumo? No sabemos si va a seguir apuntalando o no, eso depende de la confianza. Y nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar en Brasil, si va a haber confianza de los mercados o no. Hasta ahora lo que se ve venir es una política neoliberal –privatizaciones quizás– que podrían dinamizar la economía en un corto plazo. Pero no sé si al mediano o largo plazo sea la solución. Ya hemos pasado por ahí en otros países.

P. ¿Las medidas económicas al estilo Chicago, no son las adecuadas para Brasil?

R. Siempre hemos sido muy claros: tiene que haber un equilibrio entre el Estado y el mercado. No puede ser todo orientado por el mercado, porque el mercado, por naturaleza, va a generar desigualdad. Y una sociedad dispar y desigual no puede tener un crecimiento sostenible a mediano plazo. La desigualdad no solamente es inaceptable desde el punto de vista social o de derechos, sino que es ineficiente desde el punto de vista económico. El Estado no debe ser el administrador de todos los bienes productivos, pero no creemos que las políticas extremadamente neoliberales, tipo Chicago, sean la solución. Por lo demás, Brasil no necesita necesariamente políticas tan neoliberales teniendo un mercado interno tan grande. No es el caso de Chile, que tiene 17 millones de habitantes, una economía muy abierta al exterior y, por lo tanto, quizás, su elección de modelo de desarrollo es otro. En Brasil, México y Colombia –países que tienen un mercado interno potente– hay que apostarle a un desarrollo más que a un crecimiento.

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Jueves, 03 Enero 2019 07:29

Bolsonaro. Botón de muestra

Imagen: EFE

En su primer día como presidente, Bolsonaro bajó el salario mínimo fijado por su antecesor, puso las reservas indígenas en manos de la nueva ministra de Agricultura, ligada a los grandes terratenientes, y excluyó a la población LGBT de las políticas de derechos humanos.

El ajuste es verde oliva. El exmilitar y flamante mandatario Jair Bolsonaro determinó la reducción del salario mínimo en simultáneo a la entrada en funciones del ministro de Economía Paulo Guedes, formado en la Universidad de Chicago, dotado de “superpoderes” para llevar adelante la reforma previsional en paralelo con un paquete de privatizaciones, parciales o totales, de empresas como Petrobras y Eletrobras.

A partir de este mes el salario mínimo será de 998 reales en lugar de los 1006 reales (265 dólares) fijados en el presupuesto aprobado semanas atrás en el Congreso. Cuarenta y ocho millones de trabajadores que tienen ese monto como referencia para la actualización de sus sueldos serán afectados por el recorte.

Al adoptar este ajuste a menos de 24 horas de haber jurado el respeto de la Constitución de 1988, conocida como “ciudadana” por consagrar derechos antes inexistentes, Bolsonaro puso de manifiesto una decisión política. Y lo hizo con una urgencia sorprendente a través de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión.

Puso en práctica lo que había insinuado en campaña y confirmado semanas atrás cuando abogó por la precarización laboral. “Continúa siendo muy difícil ser patrón en Brasil” debido al costo que suponen los derechos como el aguinaldo, las vacaciones y la política de actualización del salario mínimo. En esa ocasión prometió llevar adelante una segunda reforma laboral por entender que es insuficiente la legislación en vigor, una norma leonina sancionada en 2017 por el expresidente Michel Temer. “Si no tenemos menos derechos no tendremos más empleos”. Con las organizaciones sindicales agobiadas económicamente debido a la legislación dejada por Temer y la extinción del Ministerio de Trabajo determinada por Bolsonaro, nada indica que haya una respuesta colectiva al hachazo sufrido por asalariados más pobres ayer.

El exministro de Trabajo de Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Marinho, lamentó “que con este gobierno llegó la destrucción de todo derecho social”.

Al contrario de Marinho la Bolsa de Valores de San Pablo reaccionó de buen grado a este anuncio salarial más la promesa de reforma previsional y de privatizaciones de Paulo Guedes (ver aparte). La principal plaza bursátil llegó a rozar los 4 puntos y cerró con un alza del 3,5% en lo que fue el mejor inicio de año desde 2009.

El llamado “superministro” trasladó a Brasil su experiencia en el Chile de Pinochet, donde trabajó durante un tiempo con los mentores de un plan neoliberal ortodoxo aplicado a punta de bayoneta.

Otro compromiso asumido por el funcionario fue el de quitar recursos, eventualmente a la educación o la salud, si no se aprueba la reforma previsional a la chilena que planea presentará en el Congreso.

Ayer fue el día en que asumieron varios de los veintidós ministros del gabinete entrante, y Bolsonaro eligió asistir al acto que puso en funciones al general Fernando Azevedeo como titular de Defensa. En un discurso breve Bolsonaro no hizo mención de la eventual reforma previsional para las Fuerzas Armadas, autorizando la sospecha de que los militares podrán ser excluidos del recorte. Y elogió a los expresidentes José Sarney y Fernando Collor por haber aumentado los recursos destinados a los militares, dando lugar a la conclusión de que el recorte de gastos no será equitativo.

El capitán retirado dijo, dirigiéndose a los generales, que en su gobierno las Fuerzas Armadas recuperarán el lugar perdido a manos de políticos corruptos y que volverán a estar presentes en “todos los lugares de nuestro inmenso país”. Tal vez se refería a la demanda castrense por más injerencia en varias reservas indígenas ubicadas en zonas fronterizas como Raposa Serra do Sol, que está recostada sobre el límite con Venezuela. Durante años militares y hacendados presionaron para que el Estado le permita penetrar en territorio de los pueblos originarios. En el recién surgido gobierno bolsonarista una de los grupos de sustentación es precisamente el agronegocios y su influyente “bancada del buey” en el Congreso. Respondiendo a la exigencia de ese sector Bolsonaro resolvió ayer que la demarcación de tierras que antes de la conquista eran indígenas quede bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, comandado por la ex legisladora Tereza Cristina, investigada por presuntos acuerdos ilegales con el frigorífico JBS, el más importante del renglón ganadero al cual se lo conoce por su avidez en conquistar tierras que no le corresponden.

La medida retiró todas las atribuciones sobre el tema que tenía la Fundación Nacional del Indio, que había sido defendida por varias etnias como la entidad idónea para fijar los límites de las reservas.

El balance del primer día del nuevo ciclo político, cívico-militar, inaugurado con Bolsonaro revela un plan de shock para ejecutar planes económica y socialmente regresivos, encuadrados en la fundación de un nuevo “orden” donde, no habrá más lugar para la “ideología de género” ni de minorías sexuales.

Dentro de la colección de anuncios también figura una resolución del presidente que quita a las demandas de la comunidad LGBT de las prioridades del ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, al frente del cual está la pastora Damares Alves. En lugar de priorizar la agenda sobre las minorías sexuales Alves concentrará sus esfuerzos en la aprobación de un proyecto que pagará un subsidio estatal a las mujeres violadas que no interrumpan sus embarazos.

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Creció la migración de niños solos  de 66 mil a 300 mil en 6 años

Desatendido, el derecho a la educación de niños migrantes, revela la Unesco

La falta de dominio de un idioma, una desventaja que enfrentan


Los niños migrantes no acompañados por un adulto tienen de poco a ningún acceso a la educación, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Destaca que la cifra de esos menores se elevó de 66 mil a 300 mil entre 2010 y 2016 en todo el mundo.

Agrega que en muchos países, ese sector, particularmente vulnerable a la explotación, ve desatendido su derecho a la educación.

El informe de seguimiento de sobre ese tema en el mundo 2019: Migración, desplazamiento y educación. Construyendo puentes, no muros, sostiene que ese derecho y el principio general de no discriminación están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no todos los estados impulsan medidas de atención y cumplimiento de esa garantía.

Sólo en Estados Unidos, alerta la organización multinacional, donde se estima que hay 11 millones de inmigrantes sin papeles, la amenaza de la deportación puede ser un factor que influya cada vez más para elevar el ausentismo escolar de miles de niños indocumentados.

Recordó que con la aplicación de un programa en 2012, que brinda protección a 1.3 millones de jóvenes sin papeles migratorios que llegaron al país cuando eran niños, impidiendo su deportación y proporcionándoles el derecho a obtener permisos de trabajo, se estima que aumentó la tasa de graduación de la enseñanza secundaria en 15 por ciento.

No obstante, la carencia de documentos de identidad aún es un obstáculo para millones de niños y adolescentes migrantes. Agrega que esa situación puede crear barreras para los 10 millones de apátridas del mundo, algunas de las cuales descienden de inmigrantes.

Los niños y adolescentes migrantes también deben afrontar, en muchos casos, el reto de dominar un nuevo idioma, lo cual se puede volver una desventaja educativa, pero también un factor que dificulta la socialización, el establecimiento de relaciones y el sentimiento de pertenencia, además de que eleva el riesgo de discriminación.

A ello se suma que muchos alumnos inmigrantes, señala la Unesco, son frecuentemente concentrados en áreas suburbanas, por lo que asisten a escuelas con niveles académicos y de desempeño más bajos, pero la segregación se agrava cuando los alumnos nativos se mudan a barrios más ricos.

Otro grupo altamente vulnerable es el de los desplazados. Se estima que hay 19.9 millones de refugiados, de los cuales 52 por ciento son menores de edad. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que la tasa de matriculación de refugiados era de 61 por ciento en la primaria y de 23 por ciento en la secundaria. En el mundo, al menos 4 millones de refugiados de 5 a 17 años de edad no asisten a la escuela.

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Miércoles, 02 Enero 2019 07:25

2002-2018, la herencia Uribe-Santos

2002-2018, la herencia Uribe-Santos

Tras ocho años, Juan Manuel Santos deja el gobierno: presidente de apariencias, artero y falsas promesas; y de realizaciones dispares. Antes que él, Álvaro Uribe también mandó por igual cantidad de años. ¿Administraciones antagónicas o complementarias? Las apariencias dicen una cosa, la realidad otra.

 

La Constitución colombiana de 1991 abolió la reelección presidencial. Sin embargo, en 2005 la Corte Constitucional avaló la reforma de la Carta Magna, tramitada por el Congreso en 2004, que autorizó la reelección presidencial inmediata. Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fueron favorecidos, cada uno gobernó durante ocho años. ¿Qué le heredan a la presidencia de Duque?


A partir del 7 de agosto, el régimen uribista preside el país durante un tercer período (2018-2022), esta vez en cuerpo ajeno (Duque). Además del poder ejecutivo, controla el legislativo: concentra el 80 por ciento de los 280 escaños parlamentarios, entre Cámara y Senado. El tándem Uribe-Duque buscará reformar el poder judicial; impulsar en el Congreso la eliminación de la Corte Constitucional, reculando hacia la organización de la Constitución de 1886, de una sola Corte Suprema, dotada de salas especializadas al servicio de la persecución política. Esta dictadura en ciernes da razón a Acemeglu y Robinson, autores del libro “Por qué fracasan los países”, quienes resaltan “la institucionalización del proyecto paramilitar en extensos territorios colombianos y en el Estado mismo” (1).


Uribe-Santos: visiones de desarrollo y gobierno


El imperio español transfirió a las colonias su sentido de superioridad racial y la explotación clasista, la gran hacienda y la economía extractiva, la corrupción y la búsqueda de rentas, subyacente a una noción de autoridad y orden fundamentada en la jerarquía, el Estado patrimonial y la opresión violenta. Durante la Conquista y la Colonia, los españoles echaron las bases de un sistema centralista; la República acentuó y robusteció esta tradición. La triada Uribe, Santos y Duque comparten y asumen en su gestión esta herencia, con la visión y praxis que implica.


Ante este trasfondo histórico, defensa del estatus quo versus modernización, fractura y enfrenta a las clases dominantes. Los defensores de la tradición, arropados en ideologías de extrema derecha, integran una oligarquía lumpen que combina todas las formas de lucha para reproducir su monopolio del poder, desde la manipulación de las conciencias a través de las iglesias y los medios de comunicación, la mentira y el odio, el latifundio como símbolo de poder político y reconocimientos social, el desprecio por la democracia y los derechos humanos, hasta la alianza con la delincuencia organizada, el emprendimiento criminal de actividades fraudulentas y la apropiación corrupta de lo público.


Los modernizantes, por su parte, son arribistas y constitucionalistas. También se identifican con las doctrinas de derecha. A pesar de la condición nacional periférica y atrasada, pretenden crear una historia que, no obstante ser ficticia, satisface su conducta de advenedizos: anhelan la integración del país a la dinámica económica internacional y pertenecer a los “diferentes clubs” de los países ricos. Genuflexos ante el imperio y las transnacionales, atraen capital, tecnología y asistencia político-militar, otorgándole privilegios a los extranjeros para la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los recursos naturales y el control de la economía nacional.


Durante el período histórico de 2002 a 2018, estas dos cosmovisiones de la oligarquía nacional se imbricaron hasta llegar a la simbiosis política, personificada en los gobiernos de Uribe y Santos. Esta síntesis constituye el legado con el cual Duque dirigirá a Colombia en los años 2018-2022.
Es una visión de la sociedad y del poder implícita en sus planes de desarrollo (ver imagen) que sintetizan los objetivos y estrategias de desarrollo que enmarcaron ambos gobiernos durante 16 años.

 

 


Modernización, conflicto rural y violencia


La concentración de la tierra es causa de las condiciones estructurales de la violencia en el campo y de la reproducción crónica del conflicto interno, desde siempre. Unido al genocidio, los españoles sometieron a los indígenas imponiéndoles elevados impuestos pagaderos en dinero que sólo podían obtener trabajando para los conquistadores, prohibiéndoles cultivos cuyos frutos podían comerciar por otros conductos, quitándoles las tierras y obligando a las familias empobrecidas a enviar a sus miembros activos a trabajar en las haciendas, en las minas o como servidores domésticos. El exterminio de la población indígena condujo a que los españoles instauraran un régimen esclavista, con población traída violentamente desde África.


Los siglos pasan, no así la visión y el ejercicio del poder, pues cuando los pueblos originarios o las comunidades campesinas intentan modificar esta historia de infamia, la respuesta institucional y de la clase dominante es constante: el asesinato de los líderes de la comunidad, su apresamiento, la confiscación del patrimonio y el desplazamiento forzoso masivo. Así lo podemos constatar en tiempos recientes.


Veamos. El siglo XX está caracterizado por crecientes luchas campesinas, indígenas y negras en contra del régimen latifundista y el saqueo minero-energético, en realidad contiendas por el acceso a la tierra que han chocado con los intereses de los gobiernos de turno y de los inclementes terratenientes.


Con particularidades. Las propuestas de los gobiernos que impulsan políticas de reforma agraria comparten cuatro características: marginales y no afectan la estructura de tenencia de la tierra, discontinua, fragmentarias y han estado relacionadas con esfuerzos parciales para aclimatar la pacificación rural.


En el polo opuesto, terratenientes, grupos de extrema derecha, paramilitares y transnacionales, impulsan de manera eficaz contrarreformas agrarias que concentran aún más la tierra. La Violencia de las décadas 1940-50 despojó a los campesinos de 380.000 hectáreas, causó 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces sumaba 11 millones de habitantes. Como una constante hija de un modelo de poder y de gobierno, la violencia de 1964 a 2018 deja, hasta el momento, un saldo de ocho millones de víctimas, 254.000 asesinatos y 6,7 millones de hectáreas despojadas, esto es el 15 por ciento de la superficie agropecuaria del país.


Según cifras del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta 2018, 7,3 millones de personas fueron desplazadas, constituyendo al nuestro como el país de más desplazados internos del mundo. Es un hurto de la tierra. En la actualidad, el 77 por ciento de ésta reposa en manos de 13 por ciento de propietarios, pero el 3,6 por ciento de estos concentra el 30 por ciento de la tierra. El 80 por ciento de los pequeños campesinos cuenta con menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), son microfundistas. El 68 por ciento de los predios registrados en catastro clasifican en pequeña propiedad, pero esta sólo cubre el 3,6 por ciento de la superficie productiva.


Realidad que no parece tener solución. Durante los gobiernos de Uribe y Santos, la concentración de la tierra y la desigualdad crecieron en el campo. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88. La mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas y en aquella donde se explotan recursos minero-energéticos. De 39,2 millones de hectáreas que hoy se usan en la actividad ganadera, solo 21 millones son aptas para ella; en contraste, de las 21,5 millones de hectáreas de tierra con capacidad agrícola, solo se usan 4,9 millones; además, 2,5 por ciento de la tierra apta para agricultura está sembrada de biocombustibles como caña y palma. En paralelo, la mayor concentración de la tierra, la violencia exacerbada y la miseria, están ubicadas territorialmente en los lugares donde las fuerzas políticas del establecimiento dominan y controlan, es decir, espacios en los cuales el “sistema democrático” está capturado por grupos de interés y donde el proyecto paramilitar de la extrema derecha está institucionalizado.


Es un ejercicio del poder económico, político, militar y social, con claros y nefastos resultados. Los gráficos 1 y 2 muestran los efectos durante el último siglo de la persistente violencia en el campo: caídas verticales de la participación relativa de la población rural y de la producción agraria en los totales del país, correlacionadas con los ciclos de la violencia, la expansión de actividades minero- energéticas y la desindustrialización gradual.


Durante los dos períodos del gobierno Uribe (2002-2010), la población rural como proporción del total del país descendió de 25,4 por ciento a 22,3; en tanto, el índice promedio de homicidios por cien mil habitantes fue de 43,6. A lo largo del mandato Santos (2010-2018) continuó la tendencia de desalojar el campo para darle cabida al proyecto modernizante impulsado por los empresarios agroexportadores y la expansión minero-energética, en 2018 los habitantes rurales sólo representan el 18,2 por ciento del total de habitantes del país; el índice de homicidios mantuvo un promedio de 27,9 por ciento. Además, un componente de la guerra liderada por los sectores derechistas fue “quitarle el agua al pez”, esto es, eliminar o desplazar a las comunidades que en su criterio apoyaban a la guerrilla.


Durante 2002-2010, se desató la guerra frontal, con el apoyo del gobierno estadounidense, en contra de las comunidades rurales y de la insurgencia campesina de las Farc (Santos fue el ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, desde 2006 hasta 2009).


Durante la presidencia de Santos prosiguió el proyecto de pacificación, pero con un cambio de estrategia: negociación y artimaña. Una vez logrado el objetivo del desarme de la insurgencia, la oligarquía traiciona los acuerdos con los que se ponía fin a tal parte del conflicto armado interno. De acuerdo con sus intereses, desfiguraron a su favor los ítems correspondientes a las reformas agraria, política; también blindaron a políticos, empresarios y militares para no tener que asumir responsabilidades de la guerra, decir la verdad ni ser enjuiciados. La justicia especial se convirtió en una herramienta de venganza y persecución. En paralelo, arrancó el aniquilamiento de los excombatientes inermes y el enjuiciamiento con fines de extradición de sus dirigentes.


Frente a la insurgencia que ha hecho de la soberanía nacional y la defensa de los recursos minero-energéticos el sentido de su lucha, el Eln, la clase en el poder se inclina por “congelar” la negociación y prolongar la guerra fratricida. Si bien el índice de homicidios disminuye, los grupos hegemónicos saben dosificar la violencia, ahora predomina la estrategia de guerra de baja intensidad, regionalizada, focalizada y los asesinatos selectivos cometidos por las variopintas fuerzas armadas, legales e ilegales, que cuentan con “patente de corso” ante el triunfo indiscutible de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias y presidencial de 2018.


En oposición a la reforma agraria tantas veces reclamada por los pobres del campo, la oligarquía impulsa, de una parte, las actividades extractivas minero-energéticas en las zonas antiguamente ocupadas por la insurgencia de las Farc y, de otra, el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales. Con este fin aprobaron en 2016 la ley 1776 de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres).


El gráfico 1 muestra la recuperación económica del campo durante los últimos tres años, producto de la implementación del modelo empresarial agroindustrial, la parcial pacificación rural y la expansión de las actividades minero-energético, ganaderas y agroexportadoras. La herencia Uribe-Santos deja en su punto más alto la conflagración agraria, prolongando la historia de frágil democracia y autonomía local, destrozo del tejido social de las comunidades rurales, eliminación de sus líderes sociales, desplazamiento forzoso de la población, destrucción del ambiente, saqueo de la riqueza natural y concentración de la propiedad territorial mediante el despojo. El clásico estudio de Ronald H. Coase (1910-2013), premio Nobel de Economía 1991, “El problema del costo social” (1960), advertía que existe el peligro real de que la intervención extensiva del Gobierno en el sistema económico puede conducir a la protección de los responsables de los efectos dañinos (2).

 

 

 


Población, economía y empleo


La estructura ocupacional de la población es una función de su composición por edades y clases, de la naturaleza de sus recursos, de su tamaño, de la historia económica, de la estratificación e ingreso real por habitante.


Durante 2002-2018, la población colombiana aumentó en 8,5 millones de personas, actualmente bordea la cifra de cincuenta. Su relación con el mundo del trabajo está asociada a la dinámica económica nacional, que depende de los ciclos del capitalismo global y del nivel de precios de las materias primas en el mercado internacional (Gráfico 3).

 

 


En el primer período de gobierno de Uribe (2003-2006), el ritmo anual de la economía creció en promedio 5,2 por ciento, en el segundo (2007-2010) se desaceleró a 4 por ciento. En el ejercicio presidencial de Santos, el promedio de crecimiento de la economía fue de 4,9 por ciento durante 2011-2014 y de 2,4 por ciento en el cuatrienio 2015-2018. La tendencia es recesiva en los últimos 16 años, producto de la caída en la renta petrolera, la pérdida de productividad del aparato productivo y del impacto negativo en la demanda de los estratos medios y bajos por el aumento en el IVA a la canasta familiar.


Pese a ello, en lo corrido del siglo XXI, el ingreso per cápita anual de los colombianos aumentó 1,6 veces; pasó de 7,1 millones (2001) a 11,5 millones (2018). Durante los dos períodos presidenciales de Uribe aumentó 29,5 por ciento y en el gobierno de Santos 17,5 por ciento (Gráfico 4).

 

 


Por su parte, la fuerza de trabajo ocupada en el sector agropecuario perdió participación relativa durante los dos períodos de gobierno de Uribe y el primero de Santos: de 20,5 por ciento cayó a 15,5 por ciento. Durante el último período de la administración Santos, esta rama de actividad se recupera levemente y contribuye con el 16,2 por ciento de la población ocupada (Gráfico 5). La disminución de la proporción del empleo registrada en la agricultura no se compensa exactamente con la proporción en que se incrementa la ocupación manufacturera o del sector terciario. El resultado es la precarización del mercado laboral.

 

 


Durante los 16 años analizados, la industria manufacturera y los servicios comunales, sociales y personales perdieron participación dentro de la estructura de empleo en Colombia: de 13 a 12,4 por ciento, en el primer caso y de 22,3 a 19,4 por ciento, en el segundo. La generación de puestos de trabajo se registra en las ramas de actividad de la construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; estas actividades económicas tienen en común ser intensivas en fuerza de trabajo, pero generan, en la mayoría de los casos, empleos informales, de bajos salarios e inestables.


La explotación de minas y canteras, el suministro de electricidad, gas y agua, y la intermediación financiera, son ramas económicas intensivas en capital: solamente contribuyen, en conjunto, con el 3 por ciento del empleo en el país, durante el periodo 2002-2018, pero gozan de las tasas más altas de rentabilidad y acumulación en el conjunto de actividades económicas.


Es esta una realidad que afecta la vida diaria de la mayoría de connacionales, mucho más cuando no existe una reciprocidad entre las estructuras ocupacional y productiva de la economía (comparar los gráficos 5 y 6).

 

 


Al revisar esta parte de nuestra historia, sobresale cómo las fuerzas económicas trascienden los períodos políticos y se sobreponen a las “buenas intenciones” de la política pública. Más aún, los gobiernos Uribe-Santos profundizaron el neoliberalismo que impuso el gobierno Gaviria entre 1990-1994, privatizando y desnacionalizando el aparato productivo. Las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registran una pérdida inercial de importancia relativa en el conjunto de la economía criolla durante 2002-2014 de 9,3 a 6,1 por ciento; en 2018 logra recuperarse al 7,6 por ciento (la tendencia es similar al comportamiento de la ocupación rural en estos años, pero con mayor impacto laboral dado que es un sector intensivo en fuerza de trabajo).


De las 12 ramas de actividad, según información y clasificación del Dane, siete perdieron importancia relativa durante los años 2002 a 2018 y cinco la aumentaron. El sector agropecuario perdió 1,7 puntos porcentuales; la explotación de minas y canteras -2,5; la industria manufacturera -2,2; suministro de electricidad gas y agua -1,3; información y comunicaciones -1,0; actividades inmobiliarias -1,3; y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, unidas a actividades de los hogares individuales -0,2 por ciento.


En paralelo, la estructura productiva nacional tiende a la tercerización. El aparato económico se aglutina alrededor de la construcción (aumentó 2,9 puntos porcentuales), Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (creció 1,6), actividades financieras y de seguros (aumentó 1,8), actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (aumentó 2,9) y administración pública y defensa; seguridad social; Educación; Salud y Servicios sociales (creció 1,0). En esta última rama, sobresale el Estado como uno de los principales empleadores: el número de puestos de trabajo públicos es de un millón cien mil, los que representan el 4,9 por ciento de los 22,7 millones de ocupados con que cuenta el país; el costo de la nómina pública equivale a 23 por ciento del total de los pagos salariales en el país.


Política fiscal, poder y desarrollo


El premio Nobel de economía 1982, George Stigler (1911-1991), atribuía gran importancia en el diseño de la política económica a la existencia de grupos de interés que, haciendo uso de las instituciones de poder del Estado, obtienen beneficios a costa de los consumidores o de los contribuyentes. De acuerdo con esta explicación, el objetivo de la regulación no es el bien común, sino la defensa de los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.


Es por ello que para la mayoría de los gobernantes es más fácil gravar a los grupos que los rechazan y eximir a quienes les brindan respaldo; y esto desempeña un papel tan importante en la determinación de la distribución de la carga fiscal, como las consideraciones de equidad, pobreza, incentivos o ahorro.


En su desarrollo, la política fiscal colombiana se caracteriza por un crónico déficit y la alta inflexibilidad en la fuente de recursos y en la estructura de gasto. El sistema es bastante regresivo, la cultura fiscal de los ricos se fundamenta en la evasión o elusión en el pago de sus compromisos de impuestos, de una parte, y en las exenciones y subsidios al capital que les otorga el gobierno. Los ingresos públicos tienden a concentrarse en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las retenciones en los pagos de nómina u honorarios aplicados a la fuerza de trabajo. Los ingresos reales de los trabajadores y los sectores populares, y por ende su capacidad real de consumo, se ven reducidos a la par que aumenta la carga tributaria. Como primer acto de gobierno, el presidente electo, Duque, presentará un nuevo proyecto de reforma tributaria al Congreso, cuyo contenido profundiza la tendencia descrita, en esencia, la reducción del imporrenta empresarial.


Cambio en la estructura de gasto


Colombia registra un cambio profundo en la estructura de gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN) ocasionado por la transformación en las funciones del Estado, la implementación del modelo neoliberal y por la Constitución aprobada en 1991. Al comparar la estructura del gasto por funciones del Estado, entre mediados del siglo XX y comienzos del XXI, se observa, 1) el capital financiero tomó el comando de la economía; en consecuencia la financiarización conlleva una mayor transferencia de recursos del Estado hacia los bancos, nacionales y extranjeros; 2) la privatización y desnacionalización del aparato productivo registra un abandono de la función del Estado relacionada con el apalancamiento del capital y, por ende, un control de la economía por parte del sector privado; 3) al gasto presupuestario actual lo caracteriza, de una parte, una orientación hacia el consumo público o gubernamental y no la inversión pública o gubernamental, de otra, una concentración en gastos improductivos (fuerza pública, conflicto interno, asistencialismo social orientado al consumo y no al fomento de actividades productivas); 4) la dependencia de las dotaciones naturales y el modelo extractivo que caracteriza el crecimiento económico conlleva a que no se tengan en cuenta los impactos negativos sobre el ambiente (Gráfico 7).

 

 


Es una dinámica económica con otros signos negativos. Durante los dos períodos consecutivos de gobierno de Uribe, la servidumbre al capital especulativo financiero absorbió, en promedio, el 31,4 por ciento del presupuesto público; la función reguladora del Estado representó 12,2 por ciento; la militarización de la sociedad y las funciones represivas concentraron el 16,1 por ciento; el gasto orientado a la acumulación de capital y al mantenimiento de las condiciones ambientales se vio fuertemente reducido, sólo recibieron el 6 por ciento del gasto público; las transferencias asistenciales hacia los más pobres y los gastos destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo participaron con el 34,2 por ciento.


A la vez, el gasto público según funciones del Estado, durante el doble mandato de Santos, redujo la servidumbre al capital financiero a 22 por ciento y los costos de regulación Estado-sociedad a 9,7 por ciento, expresión de la profundización del modelo neoliberal. Los gastos en “seguridad” se elevaron, en promedio a 17,6 por ciento. El gasto orientado al apalancamiento de la acumulación de capital y en reproducción de la fuerza de trabajo concentró la mitad del presupuesto público, en particular por el impulso a la construcción de infraestructura, el apoyo al sector de la educación y los subsidios a los pensionados de altos ingresos.


El presupuesto que ejecutará Duque en su primer año de gobierno fue estructurado bajó la administración saliente de Santos. El PGN de 2019 mantiene la participación del pago de deuda pública (amortización e intereses) en 22,2 por ciento; el gasto en fuerza pública también se mantiene en 17,5 por ciento. La función de regulación Estado-sociedad aumenta a 10 por ciento del PGN; de manera similar el gasto orientado a apoyar la acumulación de capital eleva su participación a 7,8 por ciento. Dos funciones pierden importancia relativa: el gasto social o reproducción de la fuerza de trabajo cae a 42,2 por ciento (los recursos para la restitución de tierras, eje de la reforma agraria pactada en los acuerdos de paz, es recortada en 69%) y la sostenibilidad de las condiciones ambientales mantiene el 0,3 por ciento tradicional. Pago de la deuda pública, educación, defensa y pensiones se llevan la mayor parte del gasto público de 2019.


El fisco es siempre explotador y el apetito fiscal de las codiciosas autoridades en todos los niveles de gobierno no tiene como saciarse. Las necesidades financieras del gobierno colombiano aumentan constantemente, en virtud de que el sector público crece con más rapidez que la economía en su conjunto. Esto puede medirse en varias formas: en términos del número de personas empleadas por el gobierno, en términos de los recursos ocupados por él, o en términos de la proporción que representan los impuestos en el ingreso nacional. El Estado nacional mantiene unas condiciones de gasto por encima de las posibilidades de la sociedad y la economía nacional, situación reflejada en un endeudamiento público creciente, un déficit fiscal crónico y una inflación inercial (gráficos 8 y 9).

 

 

 


En particular, la inflación y el endeudamiento público, combinados con la tasa de progresión de las estructuras tributarias, permiten que la participación fiscal en el valor total del producto aumente en términos relativos y absolutos. En paralelo, la formación de capital se ve afectada negativamente y los niveles de vida de los trabajadores y los sectores populares se reducen sustancialmente al perder capacidad adquisitiva sus ingresos.


La deuda pública es una carga para el futuro, afectando también a hijos y nietos. De acuerdo con los estudios del premio Nobel de Economía 1986, James McGill Buchanan (1919-2013), el gobierno no sólo no “paga como puede”, sino que tampoco utiliza productivamente los fondos tomados en préstamo. El crédito obtenido a cambio de títulos que componen la deuda pública se usa en gran parte para financiar el consumo público. El financiamiento de los gastos gubernamentales corrientes mediante endeudamiento equivale a “devorar” el valor del capital nacional. Si definimos el valor capital descontando un flujo esperado de ingresos futuros, entonces cualquier desviación de dichos ingresos reduce este valor. Y lo hace de la misma manera como la haría el consumo de bienes de capital.


En esta senda, la inflación es, primordialmente, un sustituto de los impuestos, la decisión de recurrir a ella es, ante todo, de carácter político. La inflación tiende a destruir el valor de todos los activos y demandas expresadas en unidades monetarias. A mediados del siglo XX se pensaba, de manera equivoca, que si bien el gasto público generaba inflación, éste tenía el efecto benéfico de reducir el desempleo. La experiencia histórica demostró que la recurrencia de esa política produjo la “estanflación”, esto es, alta inflación y alto desempleo simultáneos. Según Milton Friedman (1912-2006), premio Nobel de Economía 1976, la volatilidad creciente de la inflación y el alejamiento de los precios relativos frente a los valores que determinarían por sí solas las fuerzas de mercado se combinaron para volver menos eficiente el sistema económico y promover una intervención arbitraria del Estado, para introducir fricciones en todos los mercados y, muy probablemente, para aumentar la tasa del desempleo registrado (3).


Durante los ocho años de la presidencia de Uribe, el promedio del déficit fiscal fue de -3,8 por ciento y el endeudamiento público de 45,7 por ciento, ambos indicadores respecto al PIB. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se redujo al promedio de 2,9 por ciento (si bien en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento (en 2018 la deuda pública del Spnf representa 52,7% del PIB). Uribe y Santos dejaron al país metido en un oscuro e incierto hueco fiscal y adicionalmente endeudado y sometido a los intereses del capital financiero nacional y extranjero.


Los dos períodos del gobierno Uribe registraron niveles más altos de desempleo e inflación comparativamente con la administración Santos. Durante el período 2002-2010 el promedio de la tasa de desempleo fue 12,9 por ciento y el de la inflación (IPC) de 5,2 por ciento; en contraste, en los años 2011-2018 la tasa promedio de desempleo fue de 9,8 por ciento y la inflación se redujo a 3,9 por ciento, teniendo en cuenta la presión política del capital financiero por mantener políticas monetarias y fiscales que conserven el poder adquisitivo del dinero y de las inversiones, sobre todo las extranjeras. El desempleo estructural gira alrededor del 10 por ciento y la informalidad laboral en 60 por ciento.


Desarrollo social


Una sociedad puede obtener un alto desarrollo económico, en el sentido de aumentar el producto por habitante, sin que la gran mayoría de la población se beneficie, porque la creciente producción enriquece sólo a unos cuantos poderosos. De acuerdo con Angus Deaton, premio Nobel de Economía 2015, el bienestar de una sociedad no puede ser juzgado con base en su promedio sin considerar la desigualdad, y tampoco ser juzgado por una o más de sus partes sin atender al todo en su conjunto. En complemento, la evolución del ingreso debe verse desde tres diferentes perspectivas: crecimiento, pobreza y desigualdad. El crecimiento se refiere al promedio y a sus cambios, la pobreza alude a los de abajo y la desigualdad cuán ampliamente se distribuye los ingresos entre las clases, las familias o las personas (4).


La desigualdad es una característica histórica y estructural de la sociedad colombiana, su manifestación más elocuente es la concentración del ingreso. Durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales (Gráfico 10).

 

 


Estructuralmente, en nuestro país, la clase rica representa el 10 por ciento de la población y se queda con el 45 por ciento del ingreso producido anualmente por el trabajo de la sociedad; peor aún, el uno por ciento de los estratos altos concentra el 20 por ciento del ingreso nacional, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático. A la clase media pertenece el 40 por ciento de la población y tiene una participación simétrica en los ingresos del país. Los sectores populares constituyen el 50 por ciento de los habitantes y reciben sólo un 15 por ciento del total de los ingresos. Ni Uribe ni Santos intentaron modificar esta injusta y desigual estatificación socio-económica.


La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas de una vida digna, por falta de recursos, como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad, empleo precario o un nivel bajo de ingresos. Asimismo, la pobreza es el resultado de la explotación de una clase por otra, puede ser también el resultado de procesos de exclusión, segregación o marginación social; también es provocada por la corrupción y la guerra.


Durante los dos periodos de la presidencia de Uribe, el nivel promedio de personas viviendo en condiciones de pobreza por insuficiencia de ingresos se mantuvo en 45,2 por ciento a nivel nacional, en la zonas urbana el valor del indicador fue de 41,2 por ciento y en la rural de 57,2 por ciento. Bajo las administraciones Santos, la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia: mientras en las ciudades los indigentes son el 7 por ciento, en el campo alcanzan el 33 por ciento; este es el resultado de décadas de abandono, olvido, violencia, explotación y despojo. Como bien lo afirmó el premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, la pobreza no la crea la gente pobre, ésta es producto del sistema que hemos creado.


W. Arthur Lewis (1915-1991), premio Nobel de Economía 1979, documentó históricamente que las clases dirigentes y los gobiernos pueden dar origen al estancamiento económico o a la declinación del desarrollo social por el fracaso en mantener el orden, por robar a los ciudadanos, por fomentar la explotación de una clase por otra, por restringir el comercio exterior o fomentar intercambios desiguales con extranjeros, lesivos a los intereses y soberanía de la nación, por descuidar la satisfacción de las necesidades esenciales de la población, por un excesivo laissez-faire, por falta de libertades, irrespeto y violación de los derechos humanos, por un gasto improductivo excesivo y cargas impositivas regresivas, y por mantener conflictos internos sin resolver o emprender guerras costosas (5). En Colombia, la miopía y mezquindad de la oligarquía le impide aprender de la historia o aplicar el conocimiento humano acumulado. Por ejemplo, políticos, funcionarios civiles, militares y empresarios, se consideran con derecho natural a hacer fortunas mediante el cohecho, el peculado, el nepotismo o mediante contratos que los favorezcan. La acumulación por despojo también es una práctica naturalizada en la cultura de la clase dirigente. La estructura impositiva castiga al trabajo y beneficia al gran capital. Todo esto, en conjunto, es lo que hereda el nuevo gobierno en Colombia.


A la luz de esta realidad, lo que tenemos entre Uribe y Santos es continuidad, legada a Duque, con lo cual encontramos una política de Estado que habla de una unidad de clase profundizada en materia social y económica, aunque tensionada políticamente en la manera cómo deben ser resueltos los conflictos internos, armados y sociales. Al final, el establecimiento ahonda su dominio y control y los sectores alternativos siguen buscando una vía para sobreponerse a tantos años de políticas de todo orden contrarias a sus intereses, necesidades y dignidad. ¿Por cuántos años más?

1. Acemoglu, Daron; Robinson, James, “Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”, Editorial Planeta, Colombia, 2012, p. 447.
2. Coase, Ronald H., “El problema del costo social”, La empresa, el Mercado y la Ley, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 114.
3. Friedman, Milton, “Inflación y desempleo”, Conferencia en homenaje de Alfred Nobel, pronunciada en Estocolmo el 13 de diciembre de 1976.
4. Deaton, Angus, “El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad”, FCE, Chile, 2015, p. 213.
5. Lewis, W. Arthur, “Teoría del Desarrollo Económico”, FCE, México, 1955, pp. 446-448.

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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