Martes, 23 Julio 2019 06:09

Lideresas contra el despojo

Lideresas contra el despojo

– No sé leer ni escribir, pero me vengo al río y saco el oro para mi jornal, el pescado para alimentar a mis hijos y nietos, cultivo maíz y café… Y así junté para construirme mi casita y sacar adelante a mi familia yo sola. Porque a mi marido lo mataron los ‘paracos’.

A su marido, y a la mayoría de los tíos y primos de Eva Luceli Higuita Oliveros.  “He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá, mi empresa. ¿De qué vamos a vivir cuando no podamos seguir viniendo?”, nos dice junto al puente La Garrucha, desde el que los paramilitares solían arrojar a sus víctimas al torrente, en la región colombiana de  Antioquia.

Eva Luceli, 52 años, aprendió desde pequeña a multiplicar los panes y los peces cribando la arena del majestuoso río Cauca hasta descubrir entre sus granos las deslumbrantes pepitas de oro. Sus manos obran el milagro de transformar semillas en alimento, y la fuerza física y mental de su pequeño cuerpo lleva décadas consiguiendo cubrir las necesidades de sus hijos y nietos. Pero todos estos conocimientos y resultados que no tienen ningún valor para las cuentas de resultados que compiten en la bolsa -y que no consiguieron exterminar las balas de la guerra colombiana-, van a ser arrasados por Hidroituango, una de las más de cien represas que se están construyendo en Colombia, un país donde ya se produce más energía de la que se consume, pero sin las que no se podrían abastecer las más de 9.000 concesiones de explotaciones mineras concedidas hasta 2015, así como cumplir con el plan estratégico de un país que pretende convertirse en un polo de generación eléctrica para el continente latinoamericano, así tenga para ello que expoliar y agotar los bienes comunes que han garantizado la subsistencia de miles de personas. «He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá», Eva Luceli #Defensoras

De hecho, Eva Luceli, como la mayoría de la población de esta región que vive de la agricultura, la pesca y el barequeo -minería artesanal de oro-, ya tienen vetado el acceso a los 128 kilómetros cuadrados del cañón del río Cauca que han sido privatizados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la tercera represa más grande de América Latina. 

– Yo sí creo que nos van a matar. Cuando fuimos a protestar contra la represa a Toledo la gente gritaba “Ya llegan los guerrilleros”. Y cuando voy al río a sacar oro –peces ya no, porque desde que construyeron el muro de contención apenas hay– tenemos que tener cuidado porque te encuentras a desconocidos armados. Tengo miedo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Esa gente que ha traído EPM nos mira mal.  

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, campesino implicado en la lucha contra Hidroituango y el tercer integrante finado de Ríos Vivos, un movimiento social colombiano en el que se integran buena parte de las distintas luchas contra las hidroeléctricas.  

Como en las dos anteriores ejecuciones, las circunstancias siguen sin aclararse y están envueltas en la impunidad, como también sucede con los asesinatos de al menos 600 asesinadas, las desapariciones a manos del paramilitarismo —y su alianza con el Ejército colombiano— de cientos de personas entre la década de los 90 y el año 2010 en los 12 municipios afectados por Hidroituango. El terror generado por las masacres fue tal que 110.000 de sus 170.000 habitantes huyeron, perdiendo sus tierras y sus hogares.

La historia de la represa Hidroituango está estrechamente imbricada con la de las últimas dos décadas del conflicto colombiano. Dos días antes de que el entonces presidente de la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acabase su mandato antes de lanzarse a la campaña presidencial, la Asamblea regional aprobó la constitución de la empresa pública de Hidroituango. Era el 29 de diciembre de 1997, año en el que el paramilitarismo cometería algunas de las masacres más sangrientas en la zona afectada por la represa, como fue la de la vereda del Aro, por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo por no evitarla cuando tenía conocimiento de las torturas, los descuartizamientos, desollamientos, violaciones y todo tipo de barbaries que cometieron durante una semana contra su población –así como el asesinato de quince campesinos–, sino también por “su participación y colaboración directa” a través del Ejército.

El Tribunal Superior de Medellín pidió en 2018 que Uribe Vélez fuese investigado por su posible relación con esta masacre, ya que según varios testimonios de paramilitares, estuvo presente en las reuniones para prepararla y un helicóptero de su gobernación sobrevoló la población mientras era masacrada.  Su hermano Santiago está siendo juzgado por ser supuestamente el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que con sus matanzas contribuyeron al éxodo masivo de la población de esta región.

“Este proyecto político-militar en el que participaban los paramilitares, la Policía y el Ejército creó así el escenario ideal para la llegada de Hidroituango, porque así la empresa se encontró con un territorio vaciado y una población diezmada y adolorida, que estaba buscando a sus muertos y que difícilmente opondría oposición a la represa por todo el terror que habían generado las masacres. Es así como entiendo el origen de tanto desplazamiento, tantas masacres y tanto dolor contra nosotros”, explica Cristina Isabel Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos que tuvo que abandonar su vida en Ituango de adolescente, ante el temor de su familia de que los paramilitares la agrediesen sexualmente como hacían normalmente con las jóvenes. 2010, el año en el que empezó a construirse la represa, fue el momento en el que más personas fueron asesinadas extrajudicialmente en esta región.

Mientras fuera de Colombia se habla de la paz tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los habitantes de los doce municipios afectados por la represa siguen sometidos al control de los grupos paramilitares –en municipios como Valdivia fuimos testigos de cómo siguen dictando toques de queda–, pero también por la militarización que suele rodear a estos macroproyectos para garantizar el desalojo de las comunidades que viven o trabajan en la parte privatizada, y también para proteger las obras ante la oposición que suelen suscitar. En el caso de Hidroituango, se ha llegado a construir una base militar junto a su muro de contención.

En una región donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, gran parte de la misma ya han experimentado lo que supone vivir como desplazada en las ciudades, o fuera de sus comunidades: más miseria, hambre y mendicidad. Y no está dispuesta a volver a vivirlo. Así les cueste la vida, como les advierten las amenazas que ha recibido Ríos Vivos como colectivo y de sus integrantes a título individual. Y como Cristina Isabel Zulueta, o Eva Luceli Higuita Oliveros, muchas de las que se han alzado en lideresas de esta resistencia han sido las campesinas.El 60% de los ríos del planeta están divididos por unas 60.000 represas, de 15 metros de altura, y unas 300 grandes hidroeléctricas con muros de más de 150 metros.

La falsa energía verde que no es renovable

Las grandes hidroeléctricas se han planteado desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional como generadoras de “energía verde” y, por tanto, una de las estrategias para combatir el cambio climático. Sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que su impacto medioambiental supera al supuesto ahorro de emisiones para el calentamiento global que se les atribuye. En 2014, un equipo de la Universidad de Oxford analizó la inversión económica requerida para la construcción de 245 grandes represas concluyendo que superaba a los beneficios. Y explicaban que otros métodos de producción energética como la eólica, la solar o pequeñas hidroeléctricas instaladas dentro de canales de regadío son más competitivas, generando además un menor impacto socioecológico. 

El mantenimiento de las grandes represas requiere además de inversiones que superan incluso al de su levantamiento, por lo que la mayoría de ellas terminan generando menos voltaje del anunciado y no se suelen desmantelar cuando dejan de ser rentables porque el coste de reubicar y reciclar millones de tonelada de cemento y ladrillo –dos de las industrias más contaminantes y beneficiadas del auge de las hidroeléctricas–, así como de recuperar los cauces hídricos, superarían de nuevo la inversión inicial para su puesta en marcha. Países que tienen que aumentar su endeudamiento público –y por tanto, su dependencia de organismos como el FMI– no sólo por el alto coste de las obras, sino también porque los sobrecostes suelen superar el 100% de lo presupuestado inicialmente: la brasileña de Belo Monte ha costado ya más de 9.500 millones de euros, cuando salió a subasta en unos 5.000. 

Pero es que además del impacto medioambiental que conlleva inundar el territorio, modificar el trazado natural de los caudales, diezmar la población de las 9.000 especies acuáticas que habitan los ecosistemas fluviales y gestionar los sedimentos que se concentran en el reservorio por el muro de contención, hay que tener en cuenta que las ingentes cantidades de metano que emite la putrefacción de la flora inundada y los sedimentos acumulados, supera con creces el supuesto ahorro de emisiones que supondría la quema de combustibles fósiles o de la quema de biomasa. Según un estudio de la Escuela del Medioambiente de la Universidad de Washington, en Vancouver, el metano emitido por la descomposición de la vegetación inundada y de los sedimentos acumulados es un 25% superior a lo estimado hasta el momento de la publicación del informe, en 2016. Aunque el metano sólo permanece en la atmósfera una década, según declaró en la revista BioScience Bridget Deemer, su autora principal, “durante los últimos veinte años, el metano ha contribuido casi tres veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono”. Estas emisiones son especialmente superiores en climas tropicales, que es en el que se enclava la mitad de Latinoamérica y de África.

Ninguna de estas revelaciones han frenado el enloquecido ritmo de construcción de represas, como tampoco lo ha hecho la constatación del empobrecimiento que generan entre los habitantes de las comunidades que son expulsadas de su territorio para su construcción, así como en las ribereñas marítimas en las que desembocan los ríos; ni que promuevan la corrupción por por los ingentes intereses económicos que implican; ni que muchas de las personas que se niegan a abandonar su hogar, su modo de vida, así como su fuente de subsistencia, suelan sufrir en determinados países hostigamiento, persecución e, incluso, el asesinato. Sólo en 2017, más de 210 defensores medioambientales fueron asesinados en el contexto de la lucha contra megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas. 

No sólo Berta Cáceres

Edizângela Barros es una de las 40.000 personas -8.000 familias- que han sido obligadas a abandonar su territorio por larepresa Belo Monte, que ha mutilado el río Xingu, en la Amazonía brasileña. Tras ocho años luchando contra su construcción desde el Movimiento de Afectados por las Represas, su función ahora, que ya está en funcionamiento, es exigir que la empresa —de accionariado público en su mayoría— cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades. En la suya el número de asesinatos anuales pasó de 48 a 86 entre 2011 y 2014.

Sólo se ha reconocido el derecho a una vivienda a un 4% de las personas desplazadas, mientras que a un 75% se le ha concedido una indemnización que no alcanza para adquirir una nueva, según la ONG Instituto Socio-Ambiental. El subregistro de impactos es común a estos megaproyectos, ya que —dado que afectan a zonas rurales y a comunidades indígenas— es habitual que la población carezca de contratos de propiedad en los territorios comunitarios.

“El desplazamiento ha roto los vínculos comunitarios. Los pocos que sí han conseguido que les reconocieran su derecho a una vivienda en los campamentos que ha creado la empresa, no tienen de qué vivir porque éramos pescadores, campesinos… Y, encima, el coste de la vida en las ciudades es mucho más caro. Paradójicamente, muchas familias afectadas no pueden pagar la luz. La empresa se comprometió a trasladarnos a barrios con escuelas, centros de salud, pero no han cumplido nada. Eso ha provocado, entre otras muchas cosas, un aumento de la violencia en las familias”, explica Edizângela Barros por vía telefónica desde su nueva residencia.

El Ministerio Público Brasileño ha denunciado al Estado y al consorcio Norte Energía —creado ad hoc por el Gobierno de Lula da Silva para acometer este megaproyecto— por etnocidio, es decir, el exterminio cultural de pueblos indígenas. Una acusación que podría trasladarse a otros países, como Honduras, el más mortífero para los y las defensoras medioambientales: 130 han sido asesinadas y varios centenares encarceladas desde 2009, cuando el Gobierno golpista de Porfirio Lobo empezó a otorgar las más de 110 concesiones hidroeléctricas y 500 mineras a empresas nacionales y transnacionales que vemos hoy. El asesinato más conocido es el de Berta Cáceres, a partir del cual el mundo empezó a entender que ser ecologista va mucho más allá de consumir de determinada estantería del supermercado, que decir “no” a los gobiernos y empresas transnacionales que imponen una ideología basada en el despojo de los bienes comunes puede costar la vida en determinados contextos marcados por la impunidad.

La campesina hondureña Albertina López, de la comunidad lenca Jilamito, se enfrenta, junto con otros cuatro activistas, a cuatro años de prisión. Están acusados de ocupar, durante una protesta, la propiedad privatizada donde se construye la represa Hidrocep, cuyas obras ya han convertido en barro el agua del río del que beben 170 familias.

“Trabajadores del empresario nos dicen que van a contratar a sicarios para que nos maten. También han comprado a vecinos, al Consistorio, a policías… pero nunca van a conseguir comprar nuestra dignidad porque este campamento se ha convertido en una hermandad”, explica Albertina. Desde 2017, decenas de hombres y de mujeres se turnan para impedir el avance de las obras; están poniendo sus vidas porque “el agua es vida”, reivindican.

El panorama no varía mucho en Ecuador, donde las protestas pacíficas contra los megaproyectos también son respondidas con violencia y denuncias por terrorismo o rebelión. Es el caso de Manuela Pacheco, a la que han denunciado por éstos y otros cargos en una quincena de ocasiones por oponerse a la represa que han construido en su aislada comunidad, San Pablo de Amalí, entre cuyo accionariado está la compañía vasca Ingehydro SL. Ahora que ya está funcionando, ni siquiera permiten a la población coger suficiente agua para regar sus cultivos, cuenta por teléfono.

Manuela se convirtió, junto con su esposo Manuel Trujillo, en un símbolo de la lucha contra las extractivistas, después de que ambos salieran con sus brazos —alzados y enlazados— del tribunal que en 2016 reconoció su inocencia por los cargos de terrorismo organizado, lo que ponía en evidencia la hipocresía del Gobierno bolivariano de Rafael Correa, que criminalizó la protesta social.

“Me ofrecían plata, carros, una casa… a cambio de que parásemos. En una reunión con gente del Gobierno, me dijeron que me podían sacar del país y que no hacía falta ni que volviese a mi casa, porque lo que allí tenía no valía nada —recuerda—. Esa es la visión que tienen de nuestras vidas, que no valen nada”.

Desde los Ejecutivos —sin apenas distinción por signo político— se presenta a estas personas como enemigas de sus países por ser contrarias a un supuesto desarrollo que no es sino una nueva forma de colonialismo basado en la acumulación por desposesión, robo o despojo. El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.

Por ello, parte del trabajo de las organizaciones que trabajan contra estas dinámicas ha sido resignificar sus vidas, como explica Cristina Isabel Zuleta: “El principal ejercicio que hizo Ríos Vivos fue recuperar el orgullo de ser lo que somos porque la violencia te lo quita, te hace sentir muy poca cosa. No quieres ser mujer porque implica un riesgo, no quieres ser campesina porque implica un riesgo… La violencia te quita tus raíces, tu identidad, y lo primero que hay que recuperar es la certeza de que valemos algo, de que no merecemos lo que nos están haciendo y de que tenemos que buscar justicia. Y eso te da la posibilidad de renacer con los otros y las otras, y de sentirnos mejor con nosotras mismas”.

Las nuevas guerras son medioambientales

“El extractivismo es una forma de guerra hacia las comunidades y sus maneras de estar en el mundo, y contra los medioambientes”, explica Daniela del Bene, coordinadora del Atlas de Justicia Medioambiental, que recopila datos de más de 2.400 conflictos ecosociales en todo el mundo.

Aún no hay leyes para esta guerra. No existe normativa internacional que regule la responsabilidad de las transnacionales, una impunidad contra la que organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) lleva años proponiendo una hoja de ruta, como explica Erika González, investigadora de OMAL: “En el ámbito internacional debería aprobarse un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a cumplir el Derecho internacional de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente… Y un tribunal internacional que pueda juzgar a los directivos y a sus empresas, pero no sólo a las matrices, sino que siga toda la cadena de valor de las transnacionales: proveedores, filiales y contratas”.

Mientras, las que sí son perseguidas, ninguneadas, encarceladas y hasta asesinadas son las personas a las que le quitan todo lo que tienen para producir una energía destinada a engrosar las arcas de los que más acumulan. Y están dando sus vidas por defender la vida, la de todos y todas.

Por Patricia Simón

22 julio 2019 0

Publicado originalmente en Pikara

Publicado enSociedad
Lunes, 22 Julio 2019 09:48

¡Libre comercio o ecología!

Eduardo Esparza, detalle de la serie “Desentierros 3” (Cortesía del autor)

Al obtener el 10 por ciento de los escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, los ecologistas han despertado un antiguo debate sobre el posicionamiento político de su movimiento. ¿Estilo más bien de izquierda, como sugiere la mayoría de las alianzas concluidas hasta ahora, o más bien liberal, como lo indican tanto la adhesión a Emmanuel Macron de varios ex dirigentes ecologistas (Daniel Cohn-Bendit, Pascal Canfin, Pascal Durand) como algunas coaliciones que en Alemania ya incluyen a la derecha y a los Verdes?


A priori, el liberalismo y la protección del medio ambiente deberían constituir una pareja explosiva. En efecto, en 2003 un teórico liberal tan esencial como Milton Friedman afirmaba: “El medio ambiente es un problema ampliamente sobrevalorado. [...] Contaminamos por el sólo hecho de respirar. No vamos a cerrar las fábricas con el pretexto de eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¡Sería como ahorcarse ahora mismo!” (1). Y diez años antes que él Gary Becker, otro destructor de lo que aún no se llamaba “ecología punitiva”, él también “Premio Nobel de Economía”, había sostenido que “el derecho laboral y la protección del medio ambiente se han tornado excesivos en la mayoría de los países desarrollados”. Pero él ya anunciaba: “El libre comercio reprimirá algunos de estos excesos obligando a todos a seguir siendo competitivos frente a las importaciones procedentes de los países en desarrollo” (2).


¿Ola verde en Europa?

 

Por lo tanto, es comprensible que las angustias relativas al futuro del planeta hayan rehabilitado el término durante largo tiempo vilipendiado de “proteccionismo”. En Francia, durante un debate de la campaña electoral europea, los principales candidatos socialistas y ecologistas han pedido, incluso casi en los mismos términos que Marine Le Pen, “un proteccionismo en las fronteras de la Unión Europea” (3). Medimos las eventuales consecuencias de tal cambio de rumbo dado que el libre comercio constituye el principio histórico fundador de la Unión, al mismo tiempo que es el motor económico de su Estado más poderoso, Alemania. De ahora en más, todo el mundo sabe que el elogio, que pasó a ser consensual, de los productores locales, los circuitos comerciales cortos, el reprocesamiento de los residuos in situ, es incompatible con un método de producción e intercambio que multiplica las “cadenas de valor”, es decir organiza la noria de los buques portacontenedores en los que los componentes de un mismo producto “atravesarán tres o cuatro veces el Pacífico antes de llegar a las estanterías de un comercio” (4). En las próximas semanas no va a faltar la oportunidad de confirmar en la práctica su negativa a un libre comercio ecológicamente destructivo. En efecto, los parlamentarios de la Unión Europea tendrán que ratificar –o rechazar– un acuerdo de liberalización comercial con cuatro Estados latinoamericanos, entre ellos Brasil y Argentina (UE-Mercosur), otro con Canadá (Ceta) [Acuerdo Económico y Comercial Global], un tercero con Túnez (Aleca) [Acuerdo de Libre Comercio Completo y Profundo]. Veremos entonces si realmente una “ola verde” se extendió por el Viejo Continente.

1. Entrevista con Henri Lepage, Politique internationale, N° 100, París, verano de 2003.
2. Gary Becker, “Nafta: The pollution issue is just a smokescreen”, Business Week, 9-8-1993, en Le Grand Bond en arrière, Agone, Marsella, 2012.
3. France 2, 22-5-19.
4. Ben Casselman, “Manufacturers adapt to trade war, but the cost could be steep”, The New York Times, 31-5-19.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Teresa Garufi

Fabio Mejía, "La dobre línea del saqueo", fotografía (Cortesía del autor)

Hace 200 años, el 7 de agosto de 1819, el país proclamó la independencia y dio origen a lo que hoy conocemos como República de Colombia. Este artículo describe la historia del desarrollo nacional, diagnostica la situación económica actual y sugiere las bases productivas e institucionales de una necesaria revolución social.

 

Memoria y razones de la nación que somos. El “orden”, la estratificación y el poder impuestos por los blancos peninsulares, mediante la violenta, corrupta y expoliadora Colonia, perduraron tres siglos. La insurrección de Los Comuneros (1781) fue el antecedente popular de las guerras de independencia y la primera negación, absoluta y violenta, hecha con armas y por medio de una compacta red de comunes de labriegos y aldeanos, de la soberanía de la corona española. La temprana derrota que vivieron estos insurrectos dejó una amarga lección para las futuras sublevaciones populares: la ingenua creencia que podía lograrse una conquista revolucionaria por medio de la negociación política con el poder real y el error de confiar en la mediación “neutra” de los jerarcas de la Iglesia (1).


En este contexto y dinámica, la Independencia de Colombia fue el final de un proceso histórico que permitió la emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. El triunfo de los patriotas condujo a una organización institucional que amplió las bases de sustentación del sistema hispano-colonial. El pueblo desempeñó un papel de símbolos abstractos, mitos y creencias republicanas. Se promulgaron constituciones liberales cómodas que sirvieron de careta al caudillismo, a las oligarquías y a toda clase de negocios, demagogias e intereses de las clases dominantes.La independencia no fue una revolución burguesa, en sentido exacto, sino un rompimiento –dentro del sistema feudal que había estructurado España– entre el feudalismo colonial y el feudalismo autonomista de los criollos. El capitalismo sólo llegaría a Colombia, de manera orgánica y moderna, hasta mediados del siglo XX.


Esas fuerzas contrarrevolucionarias –la antigua aristocracia esclavista, terrateniente y minera, la jerarquía católica, los militares cargados de tierras y privilegios, los gobiernos y transnacionales imperiales, las clientelas intelectuales y burocráticas, los comerciantes y banqueros– no solo obturaron las vías de acceso popular al Estado republicano, sino que restablecieron los mecanismos del sistema colonial de hacienda pública (2) y, además, anclaron a sus intereses las relaciones sociales, las expresiones culturales, políticas y los contenidos educativos de la “nueva ciudadanía”. Desde entonces, tres grandes vertientes de opinión y lucha política determinan y dan contenido a la dialéctica de los conflictos sociales: el liberalismo, el conservatismo y, más tarde, el socialismo.


La situación económica de la Nueva Granada en los primeros años republicanos fue de crisis y decadencia. La minería ya había declinado en las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX. La agricultura del Nuevo Reino había mantenido un desarrollo lento debido a las trabas externas, la débil vinculación con mercados internacionales, y a las limitaciones internas como la falta de capitales, el régimen de impuestos y el uso de métodos y técnicas tradicionales. No obstante, la agricultura se consideró como la actividad redentora para el futuro de la nación.


El país se acostumbró a vivir por encima de sus capacidades, con crónicos déficit fiscales, antagonismos políticos por la apropiación presupuestal, una deuda pública estructural y una dependencia adictiva de los recursos naturales y energéticos. Fue evidente la precariedad del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, la Primera República manifestó tendencias al regionalismo y al caudillismo, fruto de la diversidad geográfica y socioeconómica, atizando los conflictos entre centralistas y federalistas, civilistas y militaristas, pacifistas y guerreristas, librecambistas y proteccionistas, liberales y conservadores, laicos y clero, colonialistas y revolucionarios, moderados y radicales, oligarquías y trabajadores, ricos y pobres, terratenientes y minifundistas, patriotas y realistas. Estos antagonismos se transformaron, agudizaron y complejizaron hasta arraigarse como destino nacional durante las siguientes dos centurias.


El Estado, los privilegios y ventajas otorgados por el Estado y el capital estaban reservados a las clases dominantes, a la cúspide de la pirámide social. Los de abajo, los pobres, explotados y oprimidos serían, en cambio, abandonados a su propia suerte para que sobrevivieran de la forma que pudieran, pacífica o violentamente, por medios legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. El carácter de Estado autoritario, corporativista y patrimonial se expresa, desde entonces, en cuatro tendencias políticas: las familias ricas y los partidos políticos hegemónicos se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos, el reforzamiento creciente de los aparatos de represión, la ilegalización de las luchas sociales y la cooptación de grupos de interés mediante la entrega de dadivas a cambio de lealtades políticas.


Colombia hoy


En la historia del  país, desde su constitución como nación, la violencia es expresión del poder real. La finalidad de la violencia étnica, de castas y de clases no ha sido el dominio y la explotación sino, más bien, el exterminio, y por ello se introdujeron tácticas bélicas inéditas en el Nuevo Reino de Granada (perpetuadas a pesar del paso del tiempo), como la política de tierra arrasada, el terror, el sometimiento colectivo por inanición, el desplazamiento forzado, el despojo, la manipulación, el chantaje  y la pobreza inducida (ver recuadro Memoria de exterminio). La concentración de la riqueza, la exclusión popular, los genocidios y la rotura del tejido social son su resultado.


No es casual que la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, la exclusión, el desempleo y el trabajo precario e informal, en todas sus dimensiones, continúen como desafíos centrales para la sociedad colombiana. El desarrollo incluyente y sostenible, la democracia radical y plural, el trabajo digno y la garantía universal de los derechos humanos, son la condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera. También es una verdad evidente que sin paz es imposible generar bienestar colectivo y desarrollo (Gráfico 1).

 

 


Es una deuda del establecimiento con el conjunto social, la cual está distante de cumplirse, datos recientes así lo reafirman. La reducción de pobreza monetaria se estancó en 2016, mientras que en 2017 la pobreza en términos de ingresos se había situado en 26,9 por ciento, en 2018 ascendió a 27,0. Al desglosar la cifra nacional, se encuentra que en las cabeceras urbanas el índice de pobreza fue de 24,4 por ciento, mientras que en las zonas rurales asciende al 36,1 por ciento. Históricamente el grado de incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en los centros urbanos. Los datos del último censo agropecuario (2016) muestran que el 0,1 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Pese a toda esta evidencia, el gobierno Duque (2018-2022), enemigo de los acuerdos de paz, ha bloqueado, entre otros, el capítulo de desarrollo rural.


La precariedad del mercado laboral agrava la pobreza y la desigualdad. En particular, el desempleo es un problema que se vuelve estructural a partir de la década de 1960, cuando el impacto de “La Violencia” (1946-1966) arrojó a más de dos millones de campesinos, despojados de sus tierras, a habitar y malvivir en los cinturones de miseria de las grandes urbes.Durante la década de 1950 la tasa media de desempleo fue de 3,1 por ciento; de 1960 a 2019 el promedio anual se eleva por encima del 11 por ciento.


El país se mantiene en el grupo de siete naciones con las peores distribuciones de ingreso del planeta. El Dane reveló un aumento en la concentración del ingreso entre 2017-2018: pasó de 0,51 a 0,52. Durante los últimos sesenta años registra una media de 0,535, con tendencia a agudizarse a partir de la década de 1990, cuando tomo fuerza el modelo neoliberal, la violencia paramilitar y la financiarización de la economía.


A pesar del paso del tiempo y de las reiteradas promesas de cada candidato presidencial, el modelo económico colombiano prosigue y se fundamenta sobre la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza, en el bajo nivel de vida de la población trabajadora, en la preservación de un enorme contingente de mano de obra barata e ignorante y en la explotación semigratuita y depredatoria de los recursos naturales y energéticos (elementos que constituyen la ventaja comparativa de los países capitalistas periféricos y dependientes). El petróleo y la minería han inhibido el desarrollo de los demás sectores de la economía y contribuido al desplazamiento forzado.  


Al mismo tiempo, al Estado colombiano lo caracteriza su estructura de poder excluyente y la represión social; en medida insignificante actúa como empresa, como órgano de gestión, garantista de justicia y derechos humanos, proveedor de servicios de calidad o promotor del desarrollo humano sostenible. De una parte, es un Estado tramposo, burocrático y corrupto que provoca un clima de inseguridad jurídica y operativa, el cual afecta negativamente a la inversión y a la productividad; de otra, la estructura impositiva de carácter regresivo y arbitrario  se expresa, por ejemplo, en el tributo del 19 por ciento sobre los productos y servicios que integran la canasta familiar, lo que ahonda la desigualdad y genera pobreza entre las clases trabajadoras y caída de la productividad laboral. Además, la inestabilidad macroeconómica impacta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social.
Sociedad sin armonía entre la estructura económica y la distribución de la fuerza laboral por ramas de la producción. En 2019, la explotación de minas y canteras genera el 6,5 por ciento del valor agregado y ocupa apenas el 0,9 por ciento de los trabajadores; la intermediación financiera aporta el 5,2 por ciento del producto nacional y genera el 1,5 por ciento de los puestos de trabajo. En la situación extrema, el sector agropecuario contribuye con el 7,9 por ciento de la producción y concentra el 15,2 por ciento de la población ocupada, reflejando un bajo nivel de productividad. La industria manufacturera, en decadencia desde los años 1980, genera 12,2 por ciento del valor agregado y registra una cifra similar en la participación del empleo nacional. En las demás ramas de la producción sobresale el trabajo informal, improductivo y precario (Gráfico 2).

 

 


La relación de la economía colombiana con el resto del mundo es asimétrica. Se exportan materias primas y se importan alimentos y toda clase de bienes manufacturados. La balanza comercial es históricamente deficitaria: durante el período 1980-2019, el valor de las importaciones es superior en 6,4 por ciento, en promedio, respecto a las exportaciones. En las últimas cuatro décadas, la línea polinómica de la balanza comercial tiene forma de U: es descendiente entre los años 1980-1992 y registra un déficit creciente a partir de 2014, alcanzando el 21 por ciento en 2019 (Gráfico 3).

 

 


Durante el período 2001-2018, el crecimiento de la población en Colombia fue de 20,7 por ciento; el valor de la producción aumentó durante estos años en 95,9 por ciento; en consecuencia, el crecimiento del ingreso per cápita fue de 62,4, equivalente al 3,5 por ciento promedio anual. Para el período 2019-2030, se espera que la población aumente 7,4 por ciento, la producción 53,9 y el PIB por persona 43,3, esto es, 3,2 por ciento promedio anual (Gráfico 4).

 

 


Economía de la Segunda República


La crisis del modelo neoliberal de crecimiento económico en Colombia se origina, de una parte, en el hecho de que cada vez encuentra menos elementos de sustentación en el sistema mundo capitalista contemporáneo, en pleno, sostenido y acelerado ingreso a la cuarta revolución industrial, luchas competitivas a muerte e involución a los nacionalismos proteccionistas; de otra, en las propias condiciones de vida de su población trabajadora que padece cada día mayores costos sociales, políticos y ambientales. No sólo se trata de un modelo de crecimiento económico sin desarrollo, sino contra la posibilidad de un desarrollo humano, sostenible y democrático. Este modelo histórico combina las formas de funcionamiento de unas estructuras internas de dominación social (sin las cuales no podría explicarse la extrema concentración de la riqueza, el ingreso  y del poder político) y las relaciones de dependencia nacional que definen los determinantes del modelo de capitalismo periférico y atraso científico-tecnológico.


La transformación del modelo económico de desarrollo, en el contexto de una Segunda República, requiere de una mirada histórica, crítica y sistémica. Los lineamientos generales de una alternativa viable y sostenible deben abarcar los temas de Estado, democracia, políticas públicas, modelo de desarrollo, dignidad humana y cuestión social (3).


Estado y política. La viabilidad de la democracia radical y plural como proyecto político hegemónico en Colombia se apoya en su capacidad de competir con proyectos posdemocráticos, antidemocráticos y premodernos. Estos últimos manipulan con eficacia emociones, afectos, miedos, dogmas y tradiciones.  En la compleja polarización de la sociedad colombiana, la solución histórica al enfrentamiento entre sectores sociales antagónicos en el campo de batalla político, necesita que la ciudadanía democrática, trabajadora, pacifista y defensora de la dignidad humana derrote política, social y culturalmente a los violentos partidos y grupos de la extrema derecha, a la corrupta lumpen oligarquía, a las iglesias y movimientos religiosos caracterizados por la intolerancia y el maniqueísmo, al violento proyecto  paramilitar y a los feroces terratenientes.


Los pilares tradicionales de la democracia moderna, radical y plural, más allá del ritus electoral, son el pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y la participación social, la justicia, la tolerancia y el bien común. El filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis estaba en lo cierto cuando afirmaba que, en la democracia, la comunidad política –el demos– construye sus propias instituciones y decide acerca de todo sabiendo que lo hace consciente, racional y apasionadamente. El Estado social y democrático de derecho,  proclamado en la Carta Política de 1991, es una tarea pendiente y necesaria; las clases dirigentes han procrastinado esta obligación histórica.


El Estado debe resolver los históricos y denominados déficits gemelos: el fuerte deterioro de la cuenta corriente (4) y el déficit fiscal creciente. Estos son insostenibles en el largo plazo y conducen a un endeudamiento público impagable y a cargas fiscales insoportables. Es necesario aumentar la participación de las exportaciones en el PIB colombiano; ello requiere, de una parte, incrementar la participación del sector manufacturero y los servicios de alta tecnología en el PIB y, de otra, aprovechar el potencial que tiene Colombia para desarrollar su sector agropecuario. El déficit fiscal se resuelve, por el lado del gasto, reduciendo el tamaño de la burocracia y del inflado aparato represivo, acabando con la corrupción y eliminando los subsidios a los grupos de poder; por el lado de los ingresos  se debe revisar la estructura tributaria para que el impuesto de renta sea directo y progresivo (se debe eliminar totalmente la carga tributaria sobre el consumo de las clases trabajadoras y castigar el gasto suntuario, para favorecer la reducción de la desigualdad).


El actual modelo de desarrollo privilegia la especulación económica y los beneficios del capital, postergando la satisfacción de las necesidades sociales. El Estado debe volver a centralizar y controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es necesario regular al capital financiero, orientar el crédito hacia las actividades productivas reales y la economía social, promover la generación de puestos de trabajo dignos y, a la vez, erradicar las prácticas financieras parasitarias, esto es, especulativas y rentistas.


La organización política administrativa de Colombia, por su historia y cultura,  requiere de un equilibrio entre el centralismo y el federalismo, dando mayor poder a la autodeterminación, planeación y desarrollo de las regiones. A la par y como complemento, el país debe romper con la dependencia del imperio estadounidense abriéndose a las relaciones multilaterales de cooperación y comercio global, con fundamento en los principios de autonomía, solidaridad y soberanía nacional, y promover la unidad latinoamericana y caribeña.  
La sociedad colombiana ha oscilado históricamente entre los modelos estado-céntrico y mercado-céntrico, la nación de la Segunda República debe ser plural, democrática y socio-céntrica.


Desarrollo rural y reforma agraria. El 22 por ciento de la población colombiana es rural. El país necesita transformar la economía de la tierra aboliendo su esencia feudal y señorial, estimulando la formación y expansión de una clase media rural de empresarios agrícolas y de cooperativas de producción, transformación y comercialización. La reforma agraria integral es inaplazable; debe resolverse de raíz la insuficiente disponibilidad de tierra, capital y tecnología para los productores agrícolas más eficientes y pobres. La agroindustria de exportación y bajo formas asociativas debe liderar este cambio. Debe promoverse la autonomía y seguridad alimentaria nacional. El objetivo final debe resolver estructuralmente los problemas de pobreza, exclusión y baja productividad, garantizando la plena ciudadanía y la dignidad de los pobladores rurales.  
El desarrollo rural y la reforma agraria integral, para ser sostenibles, requieren de manera prioritaria el ordenamiento ambiental del espacio vital, urbano y campestre. Esta es la base lógica sobre la cual organizar posteriormente el territorio, la división político-administrativa e implementar los planes de desarrollo humano, sostenibles y democráticos.  


Ciencia, educación, productividad, industrialización y exportaciones. La baja productividad es una de las principales razones por la cual el crecimiento de la economía nacional es reducido e insuficiente. Para que el ingreso per cápita de Colombia pueda converger hacia el nivel de países de mayor desarrollo es necesario trabajar en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral. La productividad del trabajo permanece estancada y la relación entre capital y trabajo viene aumentando por el incremento del costo relativo del trabajo frente al capital. Los correctivos a esta tendencia implican mejoras significativas en la calidad, cobertura y pertinencia del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y acceso a la formación técnica y tecnológica superior. La ciencia, la tecnología y la innovación deben constituir el núcleo de un triángulo donde convergen educación, economía y Estado.


El Estado debe promover la diversificación y profundización de la economía de alta eficiencia y eficacia, productividad y complejidad tecnológica. Debe incentivar el aumento de las exportaciones y el incremento de la participación de la industria manufacturera y la agricultura en el PIB. El incremento de las exportaciones de alto valor agregado e intensivas en trabajo es condición necesaria para el crecimiento económico y el bienestar (5).


La cultura y la educación  deben promover en la niñez y juventud el amor a la ciencia, que conduce a la posesión racional de sí mismo, a la libertad y a la democracia. No hay libertad y consciencia sin conocimiento, ni hay verdadero conocimiento posible sino para el ser humano libre y digno.
La cuestión social. El país debe abandonar su visión e institucionalidad social de carácter medieval sustentada en la discriminación, positiva o negativa, de la pobreza, el asistencialismo y la utilización de instrumentos tecno-miserabilistas de asignación de subsidios. La dignidad humana, y su expresión jurídica universal en los derechos humanos, es garantista y por tanto debe orientar de manera democrática y responsable la política pública social. Es necesario confluir hacia una sociedad de clase media, conformada por familias estables, solidarias y seguras viviendo bajo condiciones básicas de dignidad, participación democrática y responsabilidad colectiva.


La participación de los ingresos laborales en el valor agregado nacional debe estar acorde con las necesidades básicas, la dignidad y la productividad del trabajo. La distribución del ingreso en Colombia puede mejorar con una combinación de mayores impuestos a las personas más ricas y un mayor gasto público social dirigido a garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas y hogares.


Cultura, ciudadanía y modernidad. El perfil general de una sociedad moderna presupone alfabetización, movilidad social, igualdad, libertad y responsabilidad, todo unido a una cultura creativa, compartida, cohesionada, solidaria y revelarse en ella esa identidad, interiormente, como unidad de significado, sentido y proyecto societal. Debe ser una ciudadanía orientada y animada por valores democráticos, solidarios, justos y del bien común. Valores impartidos mediante sistemas educativos universales. En semejante ambiente moderno, la cultura de todo ser humano, el idioma en el que se le imparte enseñanza y mediante el cual puede ser efectivamente empleado en un trabajo productivo y participar democráticamente, son su más precioso haber, su verdadera cédula de acceso a la plena ciudadanía, a la autonomía, a la dignidad humana y  a la participación social democrática (6).



1. García Nossa, Antonio, (1981), ¿A dónde va Colombia? De la república señorial a la crisis del capitalismo dependiente, Tiempo Americano Editores Ltda., Bogotá, pp. 19-25.
2. El sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases pobres. El sistema de egresos registra una tendencia creciente de gastos de funcionamiento, mantenimiento de una inflada fuerza represiva, pago crónico de deuda pública, tendencia errática de la inversión y exangües programas sociales de corte asistencialista, todo contaminado por la tradicional corrupción. El desbalance entre ingresos y gastos del Estado es crónico, el déficit fiscal oscila entre el 3 y el 6% del PIB. El principio del déficit fiscal está enraizado en un hecho que conserva su inmunidad a lo largo de la historia colombiana: la falta de adecuación entre el sistema colonial de ingresos y el sistema republicano de gastos. La Constitución de 1991 elevó el gasto público total a niveles no sostenibles generando serios problemas fiscales que no han podido ser corregidos en su raíz o causas.
3. La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la revolución industrial, entre ellos la pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora.
4. Recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo.
5. Brasil, con una participación de las exportaciones en el PIB de 12,6 por ciento, y Colombia, con el 14,6 por ciento, están lejos de destacarse como países exportadores y su crecimiento es inferior al de Chile y Costa Rica.
6. Gellner, Ernest, (2003), Cultura, identidad y política, Gedisa Editorial, Barcelona, p. 27.

*     Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Memoria de exterminio



En 1492, fecha del “descubrimiento” de América, los historiadores estiman que habitaban el territorio colombiano unos tres millones de indígenas, de los que solo quedaban 770.000 hacia 1586. La guerra de exterminio, el trabajo forzado y las nuevas enfermedades  que trajeron los conquistadores explican este genocidio, calificado como uno de los más criminales, barbaros y deshumanizantes en la historia de la humanidad.  


La Independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió su emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. La guerra de quince años devoró cerca de la décima parte de la población neogranadina -200.000 personas, en una población total de 1,4 millones de personas en 1809.
La Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada como uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de nuestra nación. El conflicto dejó 100.000 víctimas, según las estimaciones más optimistas (en 1900 la población total llegó a 4 millones). El enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, las constantes convulsiones sociales que buscaban terminar con la hegemonía conservadora y la crisis económica, fueron los detonantes de este conflicto.


“La Violencia” (1946-1966) causó 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes.


El conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además del robo de 6,5 millones de hectáreas (tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, negros e indios).


De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia clasifica, en 2019, como el país con más desplazados del mundo, superando a Siria, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. En Colombia 7.816.500 de personas se encuentran huyendo de la violencia. Durante 2018, según Acnur, 118.200 colombianos abandonaron sus hogares producto de la guerra continuada.


De otra parte, la tasa de homicidios en Colombia sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales. Para el primer semestre de 2019 alcanzó la cifra de 24,4 por cada 100.000 habitantes, equivalente a un promedio de 1.005 homicidios al mes. A pesar de los Acuerdos de Paz, la reducción de homicidios está estancada, pues la tasa de este año es igual a la del 2017; en 2018 la tasa subió a 24,9, y en el 2016 estaba en 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.


La política unilateralista del Gobierno de mera intervención militar o policial no genera un efecto positivo sobre la seguridad, esa política deteriora la confianza en las autoridades. El riesgo de incrementar la violencia es mayor ante la reedición de la política uribista de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por parte de la administración Duque y su ministro de Defensa. Alternativamente, lo que se requiere es una estrategia integral de Estado-sociedad civil- Institucionalidad internacional, con enfoque democrático e incluyente, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, creación de condiciones materiales para generar procesos de desarrollo autónomos y sostenibles, respeto por la dignidad de la persona, justicia, verdad, paz y promoción de la participación comunitaria con carácter decisorio.

Razones que justifican que la OMS haya pedido eliminar los azúcares en los alimentos para bebés
  • - Dos estudios realizados por la OMS advierten de los "niveles inapropiadamente altos de azúcar" de la alimentación destinada a los bebés
  • - Ni la miel, ni el zumo de fruta, ni otros edulcorantes como sacarina, aspartamo o stevia deberían utilizarse en alimentos para menores de tres años, según este organismo
  • - Acostumbrar a los pequeños a sabores muy dulces puede alterar su percepción y hacer que lleven dietas con exceso de azúcar en el futuro



"Las personas pueden asumir que los alimentos para bebés son saludables y están cuidadosamente regulados, pero la realidad es que muchos contienen demasiado azúcar como para ser considerados adecuados para los bebés". El pasado lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un comunicado en el que alertaba de la elevada cantidad de azúcar en los alimentos para bebés y critica que estos productos sean anunciados como aptos para los pequeños.


La organización sanitaria recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y, a partir de ahí, se recomienda comenzar con la alimentación complementaria y añadir progresivamente otros alimentos a la dieta. Actualmente, la industria alimentaria ofrece una amplia gama de productos para complementar la lactancia y continuar la alimentación hasta los 3 años de edad y es en esos productos en los que se han centrado los estudios de la organización sanitaria.


¿Qué dice la OMS?


Dos nuevos estudios realizados en Europa muestran que "una alta proporción de alimentos infantiles se comercializan incorrectamente como adecuados", a pesar de que muchos de ellos "contienen niveles inapropiadamente altos de azúcar". En general, se ha encontrado un contenido excesivo de azúcar en todo tipo de productos, como cereales, purés de frutas y verduras, yogures, galletas, bebidas en polvo (por ejemplo, cacao en polvo), batidos azucarados, etc.


¿Por qué no se le debe dar azúcar a un bebé?


Las preferencias alimentarias y las pautas dietéticas se establecen en la lactancia y en la primera infancia y, según la OMS, los productos excesivamente endulzados "podrían afectar el desarrollo de las preferencias gustativas de los niños al aumentar su gusto por los alimentos más dulces". Una mayor preferencia por lo dulce implica, a su vez, un mayor consumo de azúcar, un comportamiento que está asociado con el sobrepeso, la obesidad e importantes problemas de salud.


No es la única institución en advertir sobre los efectos del azúcar en los más pequeños. Según la Asociación Americana del Corazón, existen "pruebas sólidas que vinculan los azúcares añadidos con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en los niños", por lo que se deben evitar estos azúcares en los menores de dos años.


¿Por qué llevan tanto azúcar estos productos?


Según la Sociedad Europea de Nutrición Pediátrica, "los bebés tienen una preferencia innata por el sabor dulce", por lo que las empresas explotan esta preferencia añadiendo edulcorantes para hacer sus productos más atractivos. En un informe publicado el pasado año, esta sociedad científica también advirtió sobre el excesivo contenido en azúcares de los alimentos infantiles, algo que considera "preocupante", precisamente porque al explotar la preferencia de los bebés se refuerza su atracción por lo dulce, exponiéndoles a problemas de salud en el futuro.


¿Todos los tipos de azúcar son iguales?


No. El azúcar presente de forma natural en las frutas enteras o en la leche materna, los preparados para lactantes, la leche de vaca o de cabra o los productos lácteos no azucarados no se considera azúcar libre y, por tanto, no es motivo de preocupación. Lo que resulta "preocupante" para la OMS es el elevado nivel de azúcares añadidos presente en los productos procesados.


Esos azúcares añadidos pueden presentarse como jarabes, miel y zumo o concentrado de fruta, o en forma de edulcorantes no azucarados como sacarina, acesulfamo, sucralosa, aspartamo y stevia. Según la OMS, ninguno de estos productos debería utilizarse en alimentos para lactantes y menores de 3 años.


¿Los productos endulzados con zumo de frutas son recomendables?


No. Aunque muchas empresas promocionan sus productos endulzados con zumo de frutas con el mensaje "sin azúcares añadidos", la OMS sí los considera como tales. La organización sanitaria llama especialmente la atención sobre este tipo de reclamos publicitarios y considera "engañoso" anunciar de esta forma un producto endulzado con zumo de frutas. "El zumo de fruta no debe añadirse a los alimentos para lactantes y niños pequeños", sentencia.


¿Qué dice la OMS sobre los anuncios de comida para bebés?


Según las recomendaciones acordadas hace más de 40 años por la organización sanitaria, los alimentos para bebés no deben llevar declaraciones de propiedades nutricionales o saludables y tampoco deben llevar reclamos para atraer a los niños. Sin embargo, "a pesar de las normas acordadas a nivel mundial sobre la promoción de alimentos para lactantes y niños muchas empresas que fabrican y venden alimentos infantiles no cumplen con estas normas", advierte la OMS.


Según los estudios realizados, prácticamente todos los productos analizados contenían algún tipo de declaración promocional sobre la composición del mismo y prácticamente la mitad llevaban imágenes de dibujos animados en el envase y estaban "claramente diseñados para atraer a los niños".


¿Permite la legislación europea anunciar estos productos como aptos para bebés?


Sí, la UE lo permite a pesar de que va en contra de las recomendaciones de los especialistas. Estas recomendaciones no llegan solo de la OMS, la Sociedad Europea de Nutrición Pediátrica advirtió el pasado año que "las Autoridades Nacionales deben adoptar políticas dirigidas a reducir la ingesta de azúcares libres en lactantes, niños y adolescentes" y un estudio reciente asegura que "los padres no pueden elegir los productos alimenticios más saludables para sus hijos simplemente centrándose en las declaraciones de propiedades de los alimentos", por lo que "el gobierno debería regular el etiquetado de los datos nutricionales y las declaraciones de propiedades nutricionales de los productos destinados a los lactantes menores de 12 meses".


¿Cómo y dónde se han realizado los estudios?


La OMS analizó cerca de 8.000 alimentos comercializados para lactantes y niños pequeños disponibles en más de 500 establecimientos de 4 ciudades europeas, recopilando datos sobre el contenido nutricional, así como de los mensajes promocionales del envase. Las ciudades en las que se realizó el estudio fueron Viena (Austria), Sofía (Bulgaria), Budapest (Hungría) y Haifa (Israel) y la recogida de datos se realizó entre noviembre de 2017 y enero de 2018. En las cuatro ciudades se encontró que entre el 28% y el 60% de los productos infantiles se comercializan como aptos para bebés, a pesar de su alto contenido en azúcar.


¿Sucede lo mismo en España?


Sí, aunque el estudio se ha realizado en solo cuatro ciudades europeas el hecho de obtener resultados similares en países diferentes "sugiere que es probable que los problemas identificados se extiendan por toda la región", según asegura la OMS.

Además, resultados anteriores, como los obtenidos en el Proyecto sobre obesidad infantil de la UE, muestran que la oferta de productos para menores de tres años con azúcares añadidos es también elevada en toda Europa, incluido el mercado español.
España es, además, uno de los países europeos con una mayor tasa de obesidad infantil, según un reciente estudio publicado el pasado mes de mayo, por lo que la aplicación de las recomendaciones de la OMS cobra especial relevancia.



La industria azucarera y la falta de prevención impulsan la crisis de salud oral que afecta a media humanidad

 

  • - Las enfermedades bucodentales representan una carga para la salud pública mundial que ha sido ignorada por la comunidad sanitaria, según un especial de la revista médica The Lancet
  • - La carga de las enfermedades orales está aumentando a medida que más personas se exponen a los factores de riesgo como el azúcar, el tabaco y el alcohol
  • - Los científicos destacan particularmente "la influencia, el poder y los efectos de la industria azucarera mundial como una amenaza para la salud pública"


Teguayco Pinto

 

"A pesar de poderse prevenir en gran medida, las enfermedades bucodentales son afecciones muy prevalentes que afectan a más de 3.500 millones de personas en todo el mundo". Una serie de estudios publicados este viernes en la revista médicaThe Lancet han analizado por qué las enfermedades orales han persistido en todo el mundo en las últimas tres décadas, a pesar de los avances científicos en este campo.

Sus conclusiones indican que la no universalidad de la atención odontológica, no abordar las causas subyacentes de estas enfermedades, así como el elevado consumo de azúcar –cuya industria ejerce una gran influencia–  son los tres factores fundamentales que explican las cifras actuales.

"Presentamos una crítica de la odontología, destacando sus principales limitaciones y la urgente necesidad de una reforma del sistema", aseguran los investigadores. Los estudios, que han sido elaborados por 13 científicos de 10 países, plantean una reforma total del modelo de atención dental que integre los servicios de odontología en la atención primaria, ponga mayor énfasis en la prevención, aborde las desigualdades y enfrente las causas subyacentes de las enfermedades a través de una regulación más estricta de la industria azucarera.

"La odontología está en un estado de crisis", asegura el investigador del University College de Londres y coordinador de esta serie estudios, Richard Watt. "La atención odontológica actual y las respuestas de salud pública han sido en gran medida inadecuadas, injustas y costosas, dejando a miles de millones de personas sin acceso incluso a la atención básica de la salud bucodental".

La desigualdad marca la atención bucodental

El acceso a la atención odontológica sigue presentando la barrera de costo más alta en comparación con cualquier otro servicio de atención médica y, según los resultados obtenidos por los investigadores, las enfermedades bucodentales afectan "desproporcionadamente a los grupos más pobres y marginados de la sociedad".

En los países de ingresos medios, la carga de las enfermedades bucodentales es considerable, pero los sistemas de atención suelen estar subdesarrollados y son inasequibles para la mayoría. En los países de bajos ingresos, la situación es aún peor, ya que incluso la atención odontológica básica no está disponible y la mayoría de las enfermedades no reciben tratamiento. La cobertura también es muy desigual, con una media que oscila entre el 35% en los países de ingresos bajos, el 60% en los de ingresos medios-bajos, el 75% en los de ingresos medios-altos y el 82% en los de ingresos altos.


A pesar de ello, el estudio también muestra desigualdades importantes dentro de los países de más ingresos. En España, según la última Encuesta de Salud Oral, prácticamente un tercio de los niños sufre caries en los dientes de leche y más de un 43% sufre esta afección entre los 12 y los 15 años. Sin embargo, en esta franja de edad, la prevalencia de caries entre los menores que viven en familias con altos ingresos es justo la mitad que la de aquellos que pertenecen a familias de rentas bajas.
Respecto a la forma de abordar la enfermedad, los investigadores destacan que, en los países de altos ingresos, la comunidad médica ha dedicado poco tiempo a la prevención y ha ignorado el hecho de que las afecciones de salud bucodental "comparten muchos de los mismos factores de riesgo subyacentes que las enfermedades no transmisibles, como el consumo de azúcar, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol".


Además, estrategias como el uso de intervenciones preventivas como los fluoruros tópicos para controlar la caries dental, "puede llevar a muchos a perder de vista el hecho de que el consumo de azúcar sigue siendo la causa principal del desarrollo de muchas enfermedades", asegura Watt.


El papel de la industria azucarera


El consumo de azúcar, la causa más frecuente de la caries dental, y especialmente el de bebidas azucaradas es mayor en los países de altos ingresos, pero los datos muestran como está aumentando rápidamente en muchos países de ingresos bajos y medios, por lo que los autores del estudio destacan la necesidad de reducir el consumo de azúcar  y "combatir las estrategias utilizadas por la industria azucarera mundial para promover el consumo y los beneficios del azúcar".


Los científicos destacan particularmente "la influencia, el poder y los efectos de la industria azucarera mundial como una amenaza para la salud pública" y ponen como ejemplo a las multinacionales de bebidas Coca-Cola y PepsiCo, que, para el año 2020, tienen la intención de gastar cerca de 12.000 millones de dólares cada una en la comercialización de sus productos en África e India respectivamente, una cifra muy superior al presupuesto anual total de la OMS que, en 2017, fue de 4.400 millones de dólares.


Este poder no solo se traduce en campañas de marketing, sino también en influencia en el ámbito político y científico. Los investigadores destacan el papel de la industria azucarera en la investigación dental, la política de salud bucodental y las organizaciones profesionales "a través de estrategias corporativas bien desarrolladas", por lo que también piden "desarrollar políticas y procedimientos más claros y transparentes en materia de conflictos de intereses para limitar y aclarar la influencia de la industria azucarera en la investigación y la política".


No es la primera vez que la comunidad científica llama la atención sobre las prácticas de varios gigantes del sector y la advertencia de este nuevo estudio se suma se suma a una lista de investigaciones que han mostrado cómo la industria ha tratado de manipular a la opinión pública y a los legisladores a través de estudios pagados.


En este sentido, en 2016, un estudio mostró que Pepsi y Coca Cola pagaron a investigadores para ocultar sus vínculos con la epidemia de obesidad, algo que ya había hecho la industria azucarera para culpar a la grasa de los infartos. "Necesitamos una legislación más estricta para restringir la comercialización y la influencia de las industrias del azúcar, el tabaco y el alcohol, si queremos abordar las causas fundamentales de las afecciones bucodentales", afirman los investigadores.


España incluirá la salud oral en la sanidad pública


Por último, los investigadores advierten de que "en lugar de estar aislada y separada del sistema general de atención de la salud, la odontología debe estar más integrada con los servicios de atención primaria". En esta misma línea se ha expresado el editor de la revista, Jocalyn Clark, quien ha asegurado que "existe una clara necesidad de ampliar la accesibilidad y la integración de los servicios dentales en los sistemas sanitarios y de que la salud bucodental ocupe un lugar más destacado dentro de los compromisos de cobertura sanitaria universal".


España parece que va a seguir las recomendaciones propuestas ya que los programas electorales de los cuatro principales partidos del arco parlamentario coinciden en incorporar la salud bucodental a la cartera de servicios de la sanidad pública. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, la Ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, aseguró que si consiguen formar gobierno, incorporará el tratamiento odontológico a la sanidad pública, "porque es tan importante como el resto de la salud orgánica y mental".


La incorporación de la salud dental a la cartera pública ha dependido, hasta ahora, de la gestión de cada comunidad autónoma. Así, el Plan de Asistencia Dental Infantil de Euskadi arrancó en 1990 y el de Navarra en 1991. Mientras, la ley para la salud bucodental de la Comunidad de Madrid fue aprobada en diciembre de 2018. El sistema en Extremadura es de 2005 por nombrar algunos y circunscritos a la juventud. La escasa cobertura pública para adultos ha contribuido a la aparición de una línea de bajo coste privado con episodios como el de las clínicas iDental.


Sin embargo, las medidas políticas para limitar el poder de influencia de la industria y reducir el consumo excesivo de azúcar brillan por su ausencia o no se han podido implementar, como el reciente rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al impuesto a las bebidas azucaradas, una medida recomendada por la OMS y cuya eficacia ha sido demostrada en varios países.


Enfermedades bucodentales


Las enfermedades bucales más frecuentes son la caries dental, la enfermedad de las encías y los cánceres bucales. La caries dental no tratada es la afección de salud más común en todo el mundo y los cánceres del labio y de la cavidad oral se encuentran entre los 15 más frecuentes. Las enfermedades orales pueden causar dolor, sepsis, reducción de la calidad de vida, pérdida de días escolares, trastornos familiares y disminución de la productividad laboral, y los costos del tratamiento dental pueden ser considerables tanto para el individuo como para el sistema de atención de la salud en general.

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Argentina y Brasil: fractura social, sin gobernabilidad a la vista

Mauricio Macri comenzó con buen pie, en 2015. Jair Bolsonaro empezó su gestión tropezando, en 2019. Luego de dos años tranquilos y hasta exitosos, Macri perdió la estabilidad y se despeñó.

 

Bolsonaro sigue cuesta abajo, con una popularidad del 33% a seis meses de empezar su mandato, los peores índices que se recuerdan en tres décadas. En ambos casos, hay oscilaciones, y las habrá cada vez más en los próximos años.

El aspecto común en los dos principales países de la región, es la fluctuación, la imprevisibilidad, los bruscos cambios de humor en sociedades que —más allá de puntuales entusiasmos— muestran hartazgo con la clase política, con sus promesas siempre incumplidas y una soberbia rayana en el desprecio por los demás.

Lo cierto es que estamos ante sociedades profundamente divididas. Este es el otro aspecto que comparten Argentina y Brasil, situación que se va volviendo habitual en la región. "La grieta" es como denominan los argentinos a esta profunda división política que no parece remitir y que reproduce hondas diferencias que se arrastran desde el primer tercio del sigo pasado, cuando se conjugaron el gobierno militar de José Uriburu y la irrupción del peronismo, para congelar una escisión social que es también cultural y de modos de vida.

En Brasil, una reciente encuesta de Datafolha muestra que el 58% desconfían de los partidos políticos y la institución en la que más confían son las fuerzas armadas, por la cual sienten simpatía el 42% de los entrevistados en tanto el 19% siente rechazo por los uniformados.

Incluso en Uruguay, probablemente la sociedad más democrática por el modo como resuelve sus contradicciones, se constata la aparición de fuerzas que parecían haberse evaporado del escenario político. Me refiero al partido de carácter militar Cabildo Abierto, encabezado por un general que se enfrentó al presidente Tabaré Vázquez, y al Partido de la Gente que reclama mano dura contra la delincuencia.  

Me parece necesario destacar que el profundo fraccionamiento de nuestras sociedades es de carácter estructural, no coyuntural, y que ha sido reforzado en los últimos años por diversos factores. Estructural porque los dos principales segmentos enfrentados, tienen historias precisas que se arrastran desde el siglo XIX y se han profundizado en las dos últimas décadas.

El primer aspecto es que estamos ante sociedades herederas del colonialismo, donde la casta que detentaba el poder devino en oligarquía de la tierra, generando una cultura política caudillista y el clientelar. Aunque aquella clase fue derrotada en casi todos los países (menos en Colombia y Centroamérica) por diversas insurgencias obreras, campesinas y gobiernos militares que realizaron reformas agrarias, la cultura oligárquica se reveló mucho más resistente y perdura hasta nuestros días, encarnada tanto entre partidos conservadores como progresistas.

La segunda cuestión es que el modelo extractivo vigente, anclado en los monocultivos, la extracción de hidrocarburos, la minería a cielo abierto, las grandes obras de infraestructura y la especulación inmobiliaria urbana, actualiza las relaciones coloniales con una ocupación vertical del territorio y marginando a la mitad de las poblaciones.

Esta economía especulativa, no productiva, que va de la mano de la hegemonía del capital financiero, divide las sociedades en mitades: quienes tienen empleo fijo y los precarios; los que pueden pagar salud y educación de calidad y los que solo acceden a servicios de pésima calidad; los que tienen viviendas dignas y los que están sumergidos en viviendas precarias; y así en todos los aspectos.

La mitad de la población que vive en la precariedad es objeto de políticas sociales, perciben menos de cien dólares mensuales de beneficios, y es vigilada de cerca por policías y guardias armados en sociedades cada vez más militarizadas. Un seguimiento de los casos de "gatillo fácil" en Argentina (la muerte de personas desarmadas por la policía) y de muertes violentas en Brasil, muestra una constante progresión desde comienzos de la década de 1990, justo cuando se implementaron las políticas neoliberales de las cuales el extractivismo es su última fase.

Es evidente que para gobernar una sociedad donde la mitad de la población no tiene derechos y naufraga en la pobreza, hay que emplear la fuerza. Estamos ante un aspecto estructural del modelo, que atraviesa a los gobiernos progresistas y a los conservadores, aunque éstos han profundizado los aspectos más regresivos como el despojo de las mayorías.

El tercer aspecto a tener en cuenta es que la fractura social y cultural vigente también es profundizada por las iglesias evangélicas y pentecostales que han arraigado, con diversos grados de profundidad, en toda la región. Estas iglesias no se limitan a trabajar dentro de sus locales sino que desbordan su influencia en toda la sociedad, con medios de comunicación masivos y con fuerte impacto en el sistema político, sobre todo en Brasil y Colombia, con bancadas parlamentarias propias y con partidos que les son afines.

En general, estas iglesias profundizan las grietas preexistentes al enfrentarse con los movimientos feministas, con las sexualidades no hegemónicas y muy en particular con gais y lesbianas, con los pueblos negros e indígenas. Por momentos, en convergencia con sectores de la iglesia católica, parecen desear un retorno al pasado a través del rechazo al aborto y a los derechos colectivos de los pueblos.

El cuarto aspecto es que sociedades tan divididas y enfrentadas no pueden promover un crecimiento que incluya a la mayoría de la población y están destinadas a naufragar en conflictos que tienden a desmembrarlas. Mientras algunos analistas creen que una sociedad se cohesiona gracias al desarrollo económico, postulo que la realidad es la inversa: el crecimiento llega a sociedades que alcanzan un mínimo de cohesión, de objetivos comunes e imaginarios compartidos.

Las sociedades agrietadas que tenemos en este período en América Latina, muestran que esa división amenaza las libertades democráticas, la estabilidad económica y política y la existencia misma de algo que pueda denominarse como sociedad. O sea, de personas que se sientan parte de un mismo colectivo humano, con valores compartidos y acuerdos mínimos para la convivencia. Esta grieta no la puede resolver ningún político, ningún gobierno, si las personas que integran la sociedad no están dispuestas a aceptar convivir con las diferencias y los diferentes.

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Fabio Mejía, "La dobre línea del saqueo", fotografía (Cortesía del autor)

Hace 200 años, el 7 de agosto de 1819, el país proclamó la independencia y dio origen a lo que hoy conocemos como República de Colombia. Este artículo describe la historia del desarrollo nacional, diagnostica la situación económica actual y sugiere las bases productivas e institucionales de una necesaria revolución social.

 

Memoria y razones de la nación que somos. El “orden”, la estratificación y el poder impuestos por los blancos peninsulares, mediante la violenta, corrupta y expoliadora Colonia, perduraron tres siglos. La insurrección de Los Comuneros (1781) fue el antecedente popular de las guerras de independencia y la primera negación, absoluta y violenta, hecha con armas y por medio de una compacta red de comunes de labriegos y aldeanos, de la soberanía de la corona española. La temprana derrota que vivieron estos insurrectos dejó una amarga lección para las futuras sublevaciones populares: la ingenua creencia que podía lograrse una conquista revolucionaria por medio de la negociación política con el poder real y el error de confiar en la mediación “neutra” de los jerarcas de la Iglesia (1).


En este contexto y dinámica, la Independencia de Colombia fue el final de un proceso histórico que permitió la emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. El triunfo de los patriotas condujo a una organización institucional que amplió las bases de sustentación del sistema hispano-colonial. El pueblo desempeñó un papel de símbolos abstractos, mitos y creencias republicanas. Se promulgaron constituciones liberales cómodas que sirvieron de careta al caudillismo, a las oligarquías y a toda clase de negocios, demagogias e intereses de las clases dominantes.La independencia no fue una revolución burguesa, en sentido exacto, sino un rompimiento –dentro del sistema feudal que había estructurado España– entre el feudalismo colonial y el feudalismo autonomista de los criollos. El capitalismo sólo llegaría a Colombia, de manera orgánica y moderna, hasta mediados del siglo XX.


Esas fuerzas contrarrevolucionarias –la antigua aristocracia esclavista, terrateniente y minera, la jerarquía católica, los militares cargados de tierras y privilegios, los gobiernos y transnacionales imperiales, las clientelas intelectuales y burocráticas, los comerciantes y banqueros– no solo obturaron las vías de acceso popular al Estado republicano, sino que restablecieron los mecanismos del sistema colonial de hacienda pública (2) y, además, anclaron a sus intereses las relaciones sociales, las expresiones culturales, políticas y los contenidos educativos de la “nueva ciudadanía”. Desde entonces, tres grandes vertientes de opinión y lucha política determinan y dan contenido a la dialéctica de los conflictos sociales: el liberalismo, el conservatismo y, más tarde, el socialismo.


La situación económica de la Nueva Granada en los primeros años republicanos fue de crisis y decadencia. La minería ya había declinado en las últimas décadas del siglo XVIII y en los primeros años del XIX. La agricultura del Nuevo Reino había mantenido un desarrollo lento debido a las trabas externas, la débil vinculación con mercados internacionales, y a las limitaciones internas como la falta de capitales, el régimen de impuestos y el uso de métodos y técnicas tradicionales. No obstante, la agricultura se consideró como la actividad redentora para el futuro de la nación.


El país se acostumbró a vivir por encima de sus capacidades, con crónicos déficit fiscales, antagonismos políticos por la apropiación presupuestal, una deuda pública estructural y una dependencia adictiva de los recursos naturales y energéticos. Fue evidente la precariedad del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Además, la Primera República manifestó tendencias al regionalismo y al caudillismo, fruto de la diversidad geográfica y socioeconómica, atizando los conflictos entre centralistas y federalistas, civilistas y militaristas, pacifistas y guerreristas, librecambistas y proteccionistas, liberales y conservadores, laicos y clero, colonialistas y revolucionarios, moderados y radicales, oligarquías y trabajadores, ricos y pobres, terratenientes y minifundistas, patriotas y realistas. Estos antagonismos se transformaron, agudizaron y complejizaron hasta arraigarse como destino nacional durante las siguientes dos centurias.


El Estado, los privilegios y ventajas otorgados por el Estado y el capital estaban reservados a las clases dominantes, a la cúspide de la pirámide social. Los de abajo, los pobres, explotados y oprimidos serían, en cambio, abandonados a su propia suerte para que sobrevivieran de la forma que pudieran, pacífica o violentamente, por medios legales o ilegales, legítimos o ilegítimos. El carácter de Estado autoritario, corporativista y patrimonial se expresa, desde entonces, en cuatro tendencias políticas: las familias ricas y los partidos políticos hegemónicos se sirven de los bienes y recursos del Estado como si fueran suyos, el reforzamiento creciente de los aparatos de represión, la ilegalización de las luchas sociales y la cooptación de grupos de interés mediante la entrega de dadivas a cambio de lealtades políticas.


Colombia hoy


En la historia del  país, desde su constitución como nación, la violencia es expresión del poder real. La finalidad de la violencia étnica, de castas y de clases no ha sido el dominio y la explotación sino, más bien, el exterminio, y por ello se introdujeron tácticas bélicas inéditas en el Nuevo Reino de Granada (perpetuadas a pesar del paso del tiempo), como la política de tierra arrasada, el terror, el sometimiento colectivo por inanición, el desplazamiento forzado, el despojo, la manipulación, el chantaje  y la pobreza inducida (ver recuadro Memoria de exterminio). La concentración de la riqueza, la exclusión popular, los genocidios y la rotura del tejido social son su resultado.


No es casual que la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, la exclusión, el desempleo y el trabajo precario e informal, en todas sus dimensiones, continúen como desafíos centrales para la sociedad colombiana. El desarrollo incluyente y sostenible, la democracia radical y plural, el trabajo digno y la garantía universal de los derechos humanos, son la condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera. También es una verdad evidente que sin paz es imposible generar bienestar colectivo y desarrollo (Gráfico 1).

 

 


Es una deuda del establecimiento con el conjunto social, la cual está distante de cumplirse, datos recientes así lo reafirman. La reducción de pobreza monetaria se estancó en 2016, mientras que en 2017 la pobreza en términos de ingresos se había situado en 26,9 por ciento, en 2018 ascendió a 27,0. Al desglosar la cifra nacional, se encuentra que en las cabeceras urbanas el índice de pobreza fue de 24,4 por ciento, mientras que en las zonas rurales asciende al 36,1 por ciento. Históricamente el grado de incidencia de la pobreza es más aguda en las zonas rurales que en los centros urbanos. Los datos del último censo agropecuario (2016) muestran que el 0,1 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60 por ciento de la tierra, mientras que el 81 por ciento de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas y ocupa menos del 5 por ciento de la tierra. Pese a toda esta evidencia, el gobierno Duque (2018-2022), enemigo de los acuerdos de paz, ha bloqueado, entre otros, el capítulo de desarrollo rural.


La precariedad del mercado laboral agrava la pobreza y la desigualdad. En particular, el desempleo es un problema que se vuelve estructural a partir de la década de 1960, cuando el impacto de “La Violencia” (1946-1966) arrojó a más de dos millones de campesinos, despojados de sus tierras, a habitar y malvivir en los cinturones de miseria de las grandes urbes.Durante la década de 1950 la tasa media de desempleo fue de 3,1 por ciento; de 1960 a 2019 el promedio anual se eleva por encima del 11 por ciento.


El país se mantiene en el grupo de siete naciones con las peores distribuciones de ingreso del planeta. El Dane reveló un aumento en la concentración del ingreso entre 2017-2018: pasó de 0,51 a 0,52. Durante los últimos sesenta años registra una media de 0,535, con tendencia a agudizarse a partir de la década de 1990, cuando tomo fuerza el modelo neoliberal, la violencia paramilitar y la financiarización de la economía.


A pesar del paso del tiempo y de las reiteradas promesas de cada candidato presidencial, el modelo económico colombiano prosigue y se fundamenta sobre la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza, en el bajo nivel de vida de la población trabajadora, en la preservación de un enorme contingente de mano de obra barata e ignorante y en la explotación semigratuita y depredatoria de los recursos naturales y energéticos (elementos que constituyen la ventaja comparativa de los países capitalistas periféricos y dependientes). El petróleo y la minería han inhibido el desarrollo de los demás sectores de la economía y contribuido al desplazamiento forzado.  


Al mismo tiempo, al Estado colombiano lo caracteriza su estructura de poder excluyente y la represión social; en medida insignificante actúa como empresa, como órgano de gestión, garantista de justicia y derechos humanos, proveedor de servicios de calidad o promotor del desarrollo humano sostenible. De una parte, es un Estado tramposo, burocrático y corrupto que provoca un clima de inseguridad jurídica y operativa, el cual afecta negativamente a la inversión y a la productividad; de otra, la estructura impositiva de carácter regresivo y arbitrario  se expresa, por ejemplo, en el tributo del 19 por ciento sobre los productos y servicios que integran la canasta familiar, lo que ahonda la desigualdad y genera pobreza entre las clases trabajadoras y caída de la productividad laboral. Además, la inestabilidad macroeconómica impacta negativamente el crecimiento económico y el bienestar social.
Sociedad sin armonía entre la estructura económica y la distribución de la fuerza laboral por ramas de la producción. En 2019, la explotación de minas y canteras genera el 6,5 por ciento del valor agregado y ocupa apenas el 0,9 por ciento de los trabajadores; la intermediación financiera aporta el 5,2 por ciento del producto nacional y genera el 1,5 por ciento de los puestos de trabajo. En la situación extrema, el sector agropecuario contribuye con el 7,9 por ciento de la producción y concentra el 15,2 por ciento de la población ocupada, reflejando un bajo nivel de productividad. La industria manufacturera, en decadencia desde los años 1980, genera 12,2 por ciento del valor agregado y registra una cifra similar en la participación del empleo nacional. En las demás ramas de la producción sobresale el trabajo informal, improductivo y precario (Gráfico 2).

 

 


La relación de la economía colombiana con el resto del mundo es asimétrica. Se exportan materias primas y se importan alimentos y toda clase de bienes manufacturados. La balanza comercial es históricamente deficitaria: durante el período 1980-2019, el valor de las importaciones es superior en 6,4 por ciento, en promedio, respecto a las exportaciones. En las últimas cuatro décadas, la línea polinómica de la balanza comercial tiene forma de U: es descendiente entre los años 1980-1992 y registra un déficit creciente a partir de 2014, alcanzando el 21 por ciento en 2019 (Gráfico 3).

 

 


Durante el período 2001-2018, el crecimiento de la población en Colombia fue de 20,7 por ciento; el valor de la producción aumentó durante estos años en 95,9 por ciento; en consecuencia, el crecimiento del ingreso per cápita fue de 62,4, equivalente al 3,5 por ciento promedio anual. Para el período 2019-2030, se espera que la población aumente 7,4 por ciento, la producción 53,9 y el PIB por persona 43,3, esto es, 3,2 por ciento promedio anual (Gráfico 4).

 

 


Economía de la Segunda República


La crisis del modelo neoliberal de crecimiento económico en Colombia se origina, de una parte, en el hecho de que cada vez encuentra menos elementos de sustentación en el sistema mundo capitalista contemporáneo, en pleno, sostenido y acelerado ingreso a la cuarta revolución industrial, luchas competitivas a muerte e involución a los nacionalismos proteccionistas; de otra, en las propias condiciones de vida de su población trabajadora que padece cada día mayores costos sociales, políticos y ambientales. No sólo se trata de un modelo de crecimiento económico sin desarrollo, sino contra la posibilidad de un desarrollo humano, sostenible y democrático. Este modelo histórico combina las formas de funcionamiento de unas estructuras internas de dominación social (sin las cuales no podría explicarse la extrema concentración de la riqueza, el ingreso  y del poder político) y las relaciones de dependencia nacional que definen los determinantes del modelo de capitalismo periférico y atraso científico-tecnológico.


La transformación del modelo económico de desarrollo, en el contexto de una Segunda República, requiere de una mirada histórica, crítica y sistémica. Los lineamientos generales de una alternativa viable y sostenible deben abarcar los temas de Estado, democracia, políticas públicas, modelo de desarrollo, dignidad humana y cuestión social (3).


Estado y política. La viabilidad de la democracia radical y plural como proyecto político hegemónico en Colombia se apoya en su capacidad de competir con proyectos posdemocráticos, antidemocráticos y premodernos. Estos últimos manipulan con eficacia emociones, afectos, miedos, dogmas y tradiciones.  En la compleja polarización de la sociedad colombiana, la solución histórica al enfrentamiento entre sectores sociales antagónicos en el campo de batalla político, necesita que la ciudadanía democrática, trabajadora, pacifista y defensora de la dignidad humana derrote política, social y culturalmente a los violentos partidos y grupos de la extrema derecha, a la corrupta lumpen oligarquía, a las iglesias y movimientos religiosos caracterizados por la intolerancia y el maniqueísmo, al violento proyecto  paramilitar y a los feroces terratenientes.


Los pilares tradicionales de la democracia moderna, radical y plural, más allá del ritus electoral, son el pensamiento crítico, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y la participación social, la justicia, la tolerancia y el bien común. El filósofo y psicoanalista greco-francés Cornelius Castoriadis estaba en lo cierto cuando afirmaba que, en la democracia, la comunidad política –el demos– construye sus propias instituciones y decide acerca de todo sabiendo que lo hace consciente, racional y apasionadamente. El Estado social y democrático de derecho,  proclamado en la Carta Política de 1991, es una tarea pendiente y necesaria; las clases dirigentes han procrastinado esta obligación histórica.


El Estado debe resolver los históricos y denominados déficits gemelos: el fuerte deterioro de la cuenta corriente (4) y el déficit fiscal creciente. Estos son insostenibles en el largo plazo y conducen a un endeudamiento público impagable y a cargas fiscales insoportables. Es necesario aumentar la participación de las exportaciones en el PIB colombiano; ello requiere, de una parte, incrementar la participación del sector manufacturero y los servicios de alta tecnología en el PIB y, de otra, aprovechar el potencial que tiene Colombia para desarrollar su sector agropecuario. El déficit fiscal se resuelve, por el lado del gasto, reduciendo el tamaño de la burocracia y del inflado aparato represivo, acabando con la corrupción y eliminando los subsidios a los grupos de poder; por el lado de los ingresos  se debe revisar la estructura tributaria para que el impuesto de renta sea directo y progresivo (se debe eliminar totalmente la carga tributaria sobre el consumo de las clases trabajadoras y castigar el gasto suntuario, para favorecer la reducción de la desigualdad).


El actual modelo de desarrollo privilegia la especulación económica y los beneficios del capital, postergando la satisfacción de las necesidades sociales. El Estado debe volver a centralizar y controlar la política monetaria, cambiaria y crediticia. Es necesario regular al capital financiero, orientar el crédito hacia las actividades productivas reales y la economía social, promover la generación de puestos de trabajo dignos y, a la vez, erradicar las prácticas financieras parasitarias, esto es, especulativas y rentistas.


La organización política administrativa de Colombia, por su historia y cultura,  requiere de un equilibrio entre el centralismo y el federalismo, dando mayor poder a la autodeterminación, planeación y desarrollo de las regiones. A la par y como complemento, el país debe romper con la dependencia del imperio estadounidense abriéndose a las relaciones multilaterales de cooperación y comercio global, con fundamento en los principios de autonomía, solidaridad y soberanía nacional, y promover la unidad latinoamericana y caribeña.  
La sociedad colombiana ha oscilado históricamente entre los modelos estado-céntrico y mercado-céntrico, la nación de la Segunda República debe ser plural, democrática y socio-céntrica.


Desarrollo rural y reforma agraria. El 22 por ciento de la población colombiana es rural. El país necesita transformar la economía de la tierra aboliendo su esencia feudal y señorial, estimulando la formación y expansión de una clase media rural de empresarios agrícolas y de cooperativas de producción, transformación y comercialización. La reforma agraria integral es inaplazable; debe resolverse de raíz la insuficiente disponibilidad de tierra, capital y tecnología para los productores agrícolas más eficientes y pobres. La agroindustria de exportación y bajo formas asociativas debe liderar este cambio. Debe promoverse la autonomía y seguridad alimentaria nacional. El objetivo final debe resolver estructuralmente los problemas de pobreza, exclusión y baja productividad, garantizando la plena ciudadanía y la dignidad de los pobladores rurales.  
El desarrollo rural y la reforma agraria integral, para ser sostenibles, requieren de manera prioritaria el ordenamiento ambiental del espacio vital, urbano y campestre. Esta es la base lógica sobre la cual organizar posteriormente el territorio, la división político-administrativa e implementar los planes de desarrollo humano, sostenibles y democráticos.  


Ciencia, educación, productividad, industrialización y exportaciones. La baja productividad es una de las principales razones por la cual el crecimiento de la economía nacional es reducido e insuficiente. Para que el ingreso per cápita de Colombia pueda converger hacia el nivel de países de mayor desarrollo es necesario trabajar en el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) y la productividad laboral. La productividad del trabajo permanece estancada y la relación entre capital y trabajo viene aumentando por el incremento del costo relativo del trabajo frente al capital. Los correctivos a esta tendencia implican mejoras significativas en la calidad, cobertura y pertinencia del sistema educativo, fortalecimiento de la educación pública y acceso a la formación técnica y tecnológica superior. La ciencia, la tecnología y la innovación deben constituir el núcleo de un triángulo donde convergen educación, economía y Estado.


El Estado debe promover la diversificación y profundización de la economía de alta eficiencia y eficacia, productividad y complejidad tecnológica. Debe incentivar el aumento de las exportaciones y el incremento de la participación de la industria manufacturera y la agricultura en el PIB. El incremento de las exportaciones de alto valor agregado e intensivas en trabajo es condición necesaria para el crecimiento económico y el bienestar (5).


La cultura y la educación  deben promover en la niñez y juventud el amor a la ciencia, que conduce a la posesión racional de sí mismo, a la libertad y a la democracia. No hay libertad y consciencia sin conocimiento, ni hay verdadero conocimiento posible sino para el ser humano libre y digno.
La cuestión social. El país debe abandonar su visión e institucionalidad social de carácter medieval sustentada en la discriminación, positiva o negativa, de la pobreza, el asistencialismo y la utilización de instrumentos tecno-miserabilistas de asignación de subsidios. La dignidad humana, y su expresión jurídica universal en los derechos humanos, es garantista y por tanto debe orientar de manera democrática y responsable la política pública social. Es necesario confluir hacia una sociedad de clase media, conformada por familias estables, solidarias y seguras viviendo bajo condiciones básicas de dignidad, participación democrática y responsabilidad colectiva.


La participación de los ingresos laborales en el valor agregado nacional debe estar acorde con las necesidades básicas, la dignidad y la productividad del trabajo. La distribución del ingreso en Colombia puede mejorar con una combinación de mayores impuestos a las personas más ricas y un mayor gasto público social dirigido a garantizar el disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas y hogares.


Cultura, ciudadanía y modernidad. El perfil general de una sociedad moderna presupone alfabetización, movilidad social, igualdad, libertad y responsabilidad, todo unido a una cultura creativa, compartida, cohesionada, solidaria y revelarse en ella esa identidad, interiormente, como unidad de significado, sentido y proyecto societal. Debe ser una ciudadanía orientada y animada por valores democráticos, solidarios, justos y del bien común. Valores impartidos mediante sistemas educativos universales. En semejante ambiente moderno, la cultura de todo ser humano, el idioma en el que se le imparte enseñanza y mediante el cual puede ser efectivamente empleado en un trabajo productivo y participar democráticamente, son su más precioso haber, su verdadera cédula de acceso a la plena ciudadanía, a la autonomía, a la dignidad humana y  a la participación social democrática (6).



1. García Nossa, Antonio, (1981), ¿A dónde va Colombia? De la república señorial a la crisis del capitalismo dependiente, Tiempo Americano Editores Ltda., Bogotá, pp. 19-25.
2. El sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases ricas y la gravitación del sistema tributario sobre las clases pobres. El sistema de egresos registra una tendencia creciente de gastos de funcionamiento, mantenimiento de una inflada fuerza represiva, pago crónico de deuda pública, tendencia errática de la inversión y exangües programas sociales de corte asistencialista, todo contaminado por la tradicional corrupción. El desbalance entre ingresos y gastos del Estado es crónico, el déficit fiscal oscila entre el 3 y el 6% del PIB. El principio del déficit fiscal está enraizado en un hecho que conserva su inmunidad a lo largo de la historia colombiana: la falta de adecuación entre el sistema colonial de ingresos y el sistema republicano de gastos. La Constitución de 1991 elevó el gasto público total a niveles no sostenibles generando serios problemas fiscales que no han podido ser corregidos en su raíz o causas.
3. La cuestión social es una expresión acuñada en Europa en el siglo XIX que intentó recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y religiosos frente a múltiples problemas generados después de la revolución industrial, entre ellos la pobreza y mala calidad de vida de la clase trabajadora.
4. Recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los residentes de un país y el resto del mundo.
5. Brasil, con una participación de las exportaciones en el PIB de 12,6 por ciento, y Colombia, con el 14,6 por ciento, están lejos de destacarse como países exportadores y su crecimiento es inferior al de Chile y Costa Rica.
6. Gellner, Ernest, (2003), Cultura, identidad y política, Gedisa Editorial, Barcelona, p. 27.

*     Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Memoria de exterminio



En 1492, fecha del “descubrimiento” de América, los historiadores estiman que habitaban el territorio colombiano unos tres millones de indígenas, de los que solo quedaban 770.000 hacia 1586. La guerra de exterminio, el trabajo forzado y las nuevas enfermedades  que trajeron los conquistadores explican este genocidio, calificado como uno de los más criminales, barbaros y deshumanizantes en la historia de la humanidad.  


La Independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió su emancipación del Imperio español, dando fin al período colonial. La guerra de quince años devoró cerca de la décima parte de la población neogranadina -200.000 personas, en una población total de 1,4 millones de personas en 1809.
La Guerra de los Mil Días (1899-1902) es considerada como uno de los episodios más traumáticos de la historia moderna de nuestra nación. El conflicto dejó 100.000 víctimas, según las estimaciones más optimistas (en 1900 la población total llegó a 4 millones). El enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, las constantes convulsiones sociales que buscaban terminar con la hegemonía conservadora y la crisis económica, fueron los detonantes de este conflicto.


“La Violencia” (1946-1966) causó 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes.


El conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además del robo de 6,5 millones de hectáreas (tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, negros e indios).


De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia clasifica, en 2019, como el país con más desplazados del mundo, superando a Siria, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. En Colombia 7.816.500 de personas se encuentran huyendo de la violencia. Durante 2018, según Acnur, 118.200 colombianos abandonaron sus hogares producto de la guerra continuada.


De otra parte, la tasa de homicidios en Colombia sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales. Para el primer semestre de 2019 alcanzó la cifra de 24,4 por cada 100.000 habitantes, equivalente a un promedio de 1.005 homicidios al mes. A pesar de los Acuerdos de Paz, la reducción de homicidios está estancada, pues la tasa de este año es igual a la del 2017; en 2018 la tasa subió a 24,9, y en el 2016 estaba en 25,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.


La política unilateralista del Gobierno de mera intervención militar o policial no genera un efecto positivo sobre la seguridad, esa política deteriora la confianza en las autoridades. El riesgo de incrementar la violencia es mayor ante la reedición de la política uribista de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por parte de la administración Duque y su ministro de Defensa. Alternativamente, lo que se requiere es una estrategia integral de Estado-sociedad civil- Institucionalidad internacional, con enfoque democrático e incluyente, fundamentada en el respeto de los derechos humanos, creación de condiciones materiales para generar procesos de desarrollo autónomos y sostenibles, respeto por la dignidad de la persona, justicia, verdad, paz y promoción de la participación comunitaria con carácter decisorio.

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Miércoles, 17 Julio 2019 08:44

¡Libre comercio o ecología!

Eduardo Esparza, detalle de la serie “Desentierros 3” (Cortesía del autor)

Al obtener el 10 por ciento de los escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, los ecologistas han despertado un antiguo debate sobre el posicionamiento político de su movimiento. ¿Estilo más bien de izquierda, como sugiere la mayoría de las alianzas concluidas hasta ahora, o más bien liberal, como lo indican tanto la adhesión a Emmanuel Macron de varios ex dirigentes ecologistas (Daniel Cohn-Bendit, Pascal Canfin, Pascal Durand) como algunas coaliciones que en Alemania ya incluyen a la derecha y a los Verdes?
A priori, el liberalismo y la protección del medio ambiente deberían constituir una pareja explosiva. En efecto, en 2003 un teórico liberal tan esencial como Milton Friedman afirmaba: “El medio ambiente es un problema ampliamente sobrevalorado. [...] Contaminamos por el sólo hecho de respirar. No vamos a cerrar las fábricas con el pretexto de eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¡Sería como ahorcarse ahora mismo!” (1). Y diez años antes que él Gary Becker, otro destructor de lo que aún no se llamaba “ecología punitiva”, él también “Premio Nobel de Economía”, había sostenido que “el derecho laboral y la protección del medio ambiente se han tornado excesivos en la mayoría de los países desarrollados”. Pero él ya anunciaba: “El libre comercio reprimirá algunos de estos excesos obligando a todos a seguir siendo competitivos frente a las importaciones procedentes de los países en desarrollo” (2).


¿Ola verde en Europa?

 

Por lo tanto, es comprensible que las angustias relativas al futuro del planeta hayan rehabilitado el término durante largo tiempo vilipendiado de “proteccionismo”. En Francia, durante un debate de la campaña electoral europea, los principales candidatos socialistas y ecologistas han pedido, incluso casi en los mismos términos que Marine Le Pen, “un proteccionismo en las fronteras de la Unión Europea” (3). Medimos las eventuales consecuencias de tal cambio de rumbo dado que el libre comercio constituye el principio histórico fundador de la Unión, al mismo tiempo que es el motor económico de su Estado más poderoso, Alemania. De ahora en más, todo el mundo sabe que el elogio, que pasó a ser consensual, de los productores locales, los circuitos comerciales cortos, el reprocesamiento de los residuos in situ, es incompatible con un método de producción e intercambio que multiplica las “cadenas de valor”, es decir organiza la noria de los buques portacontenedores en los que los componentes de un mismo producto “atravesarán tres o cuatro veces el Pacífico antes de llegar a las estanterías de un comercio” (4). En las próximas semanas no va a faltar la oportunidad de confirmar en la práctica su negativa a un libre comercio ecológicamente destructivo. En efecto, los parlamentarios de la Unión Europea tendrán que ratificar –o rechazar– un acuerdo de liberalización comercial con cuatro Estados latinoamericanos, entre ellos Brasil y Argentina (UE-Mercosur), otro con Canadá (Ceta) [Acuerdo Económico y Comercial Global], un tercero con Túnez (Aleca) [Acuerdo de Libre Comercio Completo y Profundo]. Veremos entonces si realmente una “ola verde” se extendió por el Viejo Continente.

1. Entrevista con Henri Lepage, Politique internationale, N° 100, París, verano de 2003.
2. Gary Becker, “Nafta: The pollution issue is just a smokescreen”, Business Week, 9-8-1993, en Le Grand Bond en arrière, Agone, Marsella, 2012.
3. France 2, 22-5-19.
4. Ben Casselman, “Manufacturers adapt to trade war, but the cost could be steep”, The New York Times, 31-5-19.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Teresa Garufi

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China y la guerra comercial: una perspectiva amplia

La guerra comercial que ha desatado Donald Trump en contra de China no es un episodio pasajero que terminará en breve para ser rápidamente olvidado.

 

Esta es la segunda vez en la historia que Estados Unidos utiliza su poderío económico para frenar el auge de una potencia rival en Asia. Desde la restauración Meiji, que puso fin al shogunato de los Tokugawa en 1868, Japón desarrolló una exitosa política económica y tecnológica dirigida a alcanzar un desarrollo industrial comparable al de Inglaterra o Alemania. En los años 1930 presionó a sus vecinos en Asia para construir la "Gran esfera de coprosperidad", que le permitiría garantizar mercados para sus exportaciones y una fuente estable de recursos naturales. Estados Unidos, Inglaterra y Francia no vieron con buenos ojos el surgimiento del nuevo rival asiático. Sus esfuerzos por bloquear el ascenso de la nueva potencia rival fueron un factor importante, aunque no el único, en el surgimiento del militarismo japonés. También sirvieron para detonar la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

 

Hoy todo ha cambiado, pero en Asia surgió un nuevo rival. China se convirtió en pocas décadas en una potencia que Estados Unidos considera ya una amenaza. Después de años de guerra y ocupaciones extranjeras, el triunfo del Partido Comunista chino, en 1949, condujo a la creación de la República Popular China. En 1978, Deng Xiaoping introdujo una primera serie de reformas en la conducción de la economía. Entre 1979 y 2013, la economía china mantuvo una tasa promedio de crecimiento anual cercana a 10 por ciento. Al mismo tiempo, Pekín mantuvo la conducción estatal de la estrategia económica y una política industrial y tecnológica que llevó a profundas transformaciones estructurales. China, hoy, aspira a que su moneda sea reconocida como medio de pago y reserva de valor a escala internacional. Su iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda es un proyecto de infraestructura y transporte que busca dar una proyección global al poderío económico chino.

 

Hoy, China se encuentra enfrascada en una guerra comercial con Estados Unidos. En el último año Washington y Pekín han impuesto aranceles hasta de 25 por ciento sobre flujos comerciales por más de 900 mil millones de dólares. Pero esta guerra comercial es, en realidad, otro teatro de batalla en una guerra de largo aliento.

 

La guerra la inició Washington, pero no busca corregir un simple problema de desequilibrio comercial en algunos productos, como la soya, el aluminio o el complejo automotriz. Ni siquiera se trata de una guerra sobre el saldo de la balanza comercial, como ha dicho Trump. Se trata de una guerra cuyo fin es forzar a China a adoptar una política distinta sobre controles de capital, política industrial y propiedad intelectual. En el G20, en junio pasado, Xi Jinping y Trump acordaron un armisticio para volver a comenzar negociaciones comerciales. Pero este proceso va a durar mucho tiempo, porque la confrontación es casi a nivel existencial.

 

La tasa de crecimiento del PIB para el segundo trimestre del año (6.2 por ciento) es la más débil desde que comenzó a medirse esta variable, en 1992. Según Trump, este resultado muestra que la guerra comercial está afectando más a la economía china. La realidad es que China viene experimentando menores tasas de expansión desde hace ya varios años. Para empezar, la economía china no salió sin heridas de la crisis global de 2008: la caída de la demanda internacional en sus principales mercados contribuyó a un descalabro muy importante (la tasa de crecimiento del PIB alcanzó 6.6 por ciento en 2009). La autoridades económicas en Pekín respondieron rápidamente con un estímulo fiscal y una política monetaria laxa, lo que condujo a una recuperación en 2010-2011, pero desde entonces se ha mantenido una clara tendencia a menores tasas de crecimiento.

 

No es evidente el sendero que seguirá la economía china en los meses que vienen. Algunos analistas consideran que lo peor ya pasó y que en mercados internos importantes, por ejemplo la venta de automóviles, los números muestran estabilidad. Sin embargo, la mayoría de los indicadores clave (ventas al menudeo, demanda de energía, industria de la construcción) muestran que la economía china seguirá manteniendo una trayectoria de menor expansión económica. Además, como resultado de su política monetaria, hoy la economía entera se encuentra todavía tratando de reducir los efectos del sobrendeudamiento y esa es, quizás, la causa más importante de la caída en el ritmo de crecimiento.

 

Regresamos al punto de partida. Estados Unidos puede hacer mucho daño a la economía china, pero sin una guerra militar no podrá impedir su ascensión. En su intento por frenar el nuevo poderío chino, Estados Unidos pagará un costo muy elevado al convertirse en una sociedad cada vez más represiva. Los reflejos imperiales de Washington afianzarán en lo interno las tendencias dictatoriales y conducirán a la desaparición de lo que queda de la república.

 

Twitter: @anadaloficial

 

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Kyriakos Mitsotakis, ex banquero graduado en Harvard.

El “voto bronca” contra Syriza que el 39,9 % de la población griega depositó en las urnas el domingo 7 de julio devolvió al poder al partido conservador que, junto a la otra gran fuerza tradicional, Pasok, llevó al país a la severa crisis económica que ya se extiende por más de diez años. Las promesas incumplidas del centro-izquierda Alexis Tsipras en cuanto a las políticas de austeridad que estaba encomendado a eliminar o, al menos, suavizar se tradujeron en una diferencia de más de 8 puntos con el líder de Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, en los recientes comicios generales. Este giro de 180 grados en el parlamento heleno- los conservadores tienen ahora la mayoría absoluta con 158 escaños de 300- no solo significa la reorientación del país hacia un rumbo netamente neoliberal sino también la recuperación del mando por parte de una de las dinastías griegas más influyentes. El nuevo primer ministro es hijo del ex mandatario Kostas Mitsotakis, hermano de la ex ministra y alcaldesa de Atenas, y tío del recién electo intendente de la capital, Kostas Bakoyannis. Oriunda de la isla de Creta, esta familia se reparte el poder con otros dos clanes: los Karamanlis, de donde proviene el fundador de ND, y los Papandreu, familia de cuyo origen son tres ex primeros ministros del partido socialista Pasok. Después de que en 2015 una formación independiente como Syriza irrumpiera por primera vez en esta dinámica “hereditaria” del gobierno, el peso de la tradición y quizás el miedo a nuevos “experimentos” volvieron a ubicar al Ejecutivo heleno dentro de su marco archiconocido.

El discurso de un dirigente como Mitsotakis- formado en Harvard, con larga carrera política y experiencia en la banca- al apostar por la estabilidad económica, la atracción de inversiones extranjeras y una drástica reducción de impuestos logró convencer al casi el 40 % de los votantes, que esta vez no creyeron en las promesas de Tsipras ni en sus últimas medidas a contrarreloj para revertir los efectos devastadores de la austeridad pactada con Europa. Si bien durante el mandato de Syriza la economía registró el primer repunte en diez años de profunda y continuada recesión- el PIB creció un promedio anual del 2% y el desempleo pasó del 27,5% en 2013 al 18,5 % según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat)- Grecia sigue estando a la cola de Europa en condiciones laborales y salarios. En un país con una deuda del 180% del PIB y tres rescates de la “Troika”- Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI- por la suma total de 290 mil millones de euros a sus espaldas, los pocos beneficios que a nivel macroeconómico pueden vislumbrarse no llegan todavía a la vida cotidiana de la gente. “Se ha creado un mercado negro de trabajadores en el cual la gente cobra 300 o 400 euros por mes por un empleo a jornada completa sin ningún tipo de contrato. Estamos hablando de esclavitud”, exclama el economista Leonidas Vatikiotis, uno de los fundadores de la Comisión por la Auditoría de la Deuda Griega y asesor del reconocido documental Debtocracy (Deudocracia).

“Grecia está bajo control hasta el 2060, no saben cómo admiramos lo que hicieron en Argentina al echar al FMI y cancelar la deuda”, afirma, por su parte, Dionisios Eleutheratos, politólogo, periodista y co-autor de un libro dedicado al análisis de la era “post memorándum”. Los objetivos económicos pactados con Europa por el gobierno de Syriza- un superávit primario del 3,5% hasta 2022 y del 2% hasta 2060- son considerados por derecha e izquierda como algo asumible solo a costa de nuevos recortes en el, ya de por sí exiguo, gasto público. Kyriakos Mitsotakis insistió durante la campaña en que, gracias a su programa económico, reconquistaría la confianza de los mercados y podría renegociar esas duras condiciones con los acreedores. “El lunes hubo reunión del Eurogrupo y su primera reacción ante el cambio de gobierno en Grecia fue recordarle que las cifras de superávit son y seguirán siendo las pautadas. Veo muy difícil que Alemania o Francia aflojen. Habrá que esperar, de todos modos, qué pasa también en el marco internacional porque Europa está ahora en guerra económica con Trump y eso puede derivar en nuevas líneas de acción”, reflexiona Eleutheratos.

Según el politólogo, la senda propuesta por ND se parecerá mucho a la del presidente argentino Mauricio Macri. “Mitsotakis habla de un nuevo programa de privatizaciones, incluso más de las que ya hubo a lo largo de todos estos años debido a los acuerdos con el FMI y otros acreedores internacionales. Anuncia además la reducción de impuestos para las empresas, pero ¿de dónde saldrá ese dinero que ya no va a entrar en el Estado? Muchos tememos que de la salud y la educación pública, como se hizo durante toda esta década de austeridad”, advierte Eleutheratos.

El neoliberalismo no es el único pilar del nuevo Ejecutivo heleno, también lo son el nacionalismo y la religión. En su toma de posesión el lunes 8 de julio, Kyriakos Mitsotakis juró sobre la biblia- y no sobre la Constitución como lo hizo en 2015 Alexis Tsipras- en una ceremonia presidida por las máximas autoridades de la Iglesia ortodoxa griega y a la que los 51 ministros- de los cuales solo 5 son mujeres- asistieron rodeados de sus familias. “Grecia es uno de los pocos países de Europa donde la religión y el Estado no están separados. La Iglesia participa en la política exterior, en la educación, en todo… Y ahora con el nuevo gabinete puede estar tranquila”, asegura el politólogo Eleutheratos, remarcando que tampoco Syriza se atrevió a limitar el dominio eclesiástico.

El fervor patriótico está presente en cada palabra de Mitsotakis, sobre todo, desde que en junio del 2018 Tsipras y el primer ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev, firmaran el acuerdo que puso fin a una disputa entre los dos estados durante más de 30 años por el nombre de Macedonia. A la cabeza de multitudinarias manifestaciones en Atenas y Salónica- capital de la región griega Macedonia que protagoniza el conflicto por el topónimo- Mitsotakis aseguró que, al llegar al poder, procuraría vetar el acceso de Macedonia del Norte a la Unión Europea “si los intereses nacionales [de Grecia] no se garantizan”. En la misma línea se pronunció el flamante mandatario con respecto a las tensiones con Turquía por sus recientes incursiones en las aguas territoriales de Chipre a causa de posibles yacimientos de hidrocarburos. “Bruselas deberá sancionar a Turquía por su violación de la soberanía chipriota y el pueblo griego, a su vez, tendrá que demostrar unidad nacional y determinación para hacer frente a la amenaza”, proclamó Mitsotakis en su último acto de campaña.

La derecha radical ocupa también un lugar destacado dentro del nuevo gabinete que asumió el martes 9 de julio. El jefe de Gobierno nombró como ministro de Desarrollo a Adonis Georgiadis y ministro de Agricultura a Makis Voridis, dos representantes del partido nacionalista de extrema derecha LAOS que en 2012 se quedó fuera del parlamento y luego fue parcialmente absorbido por la formación de Mitsotakis. Uno de ellos, Georgiadis, está acusado de comentarios antisemitas y propuso en 2013, como ministro de Sanidad del anterior gobierno de ND, someter obligatoriamente a la prueba del sida a prostitutas, indigentes y personas sin papeles. “La extrema derecha siempre estuvo dentro de ND. En 1977 había en Grecia un partido nostálgico de la dictadura- recuerda Dionisios Eleutheratos- que tenía un porcentaje muy parecido al de los neonazis de Aurora Dorada y después desapareció ¿por qué? Porque sus integrantes se fueron a Nueva Democracia”.

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Ni un fumador en 2030: el nuevo objetivo del gobierno británico

El Gobierno británico tendría previsto presentar en los próximos días un plan para erradicar el tabaco del país en 11 años. El objetivo es que en 2030 todos los fumadores hayan abandonado este hábito o se hayan pasado al cigarrillo electrónico.

 

 

Basta con salir a la calle para comprobar que el tabaco es un hábito cada vez menos popular entre la sociedad británica y las estadísticas lo confirman: el número de fumadores no ha dejado de bajar en los últimos años hasta convertir a Reino Unido en el segundo país de Europa con menos fumadores, solo por detrás de Suecia.

Las últimas cifras oficiales señalan que el 16,6% de la población británica mayor de 16 años es fumadora y la mayoría de ellos confiesa que le gustaría dejarlo. Están de suerte porque el gobierno británico quiere ponérselo fácil y lograr así que en 2030 Reino Unido sea un país libre de tabaco.

El diario Daily Mail, ha adelantado que el Ministro de Sanidad, Matt Hancock, tiene previsto presentar en los próximos días un ambicioso plan, al que ya ha tenido acceso esta publicación, con el que pretenden que de aquí a once años todos los fumadores hayan abandonado este hábito o se hayan pasado al cigarrillo electrónico, cuyo consumo sí va en aumento; actualmente el 6,3% de los británicos vapea.

 

¿Cómo pretenden conseguirlo?

 

Hasta ahora el objetivo del gobierno era reducir el número de fumadores al 12% de la población en 2022 pero, como indicarían estos documentos, el Gobierno británico está decidido a terminar con el trabajo que ya han empezado.

La primera de las nuevas medidas del Ejecutivo británico pasaría por seguir concienciando a la población del riesgo de este hábito, que está vinculado con 114.500 muertes cada año. De ahí que -según este diario- una de esas acciones sería exigir a las tabacaleras que incluyan en las cajetillas pequeños folletos con consejos para dejar de fumar.

Aunque hay un hecho que no se puede obviar: no todos los fumadores consumen esas cajetillas porque no todos en este país compran tabaco de manera legal. Que en Reino Unido esté grabado con el equivalente a un 20% de IVA hace que el precio se dispare -la misma cajetilla que en España ronda los 5 euros aquí puede superar los 14 euros, por ejemplo- y la consecuencia inmediata de esto es un importante mercado negro al que el gobierno también intentará poner freno con su nuevo plan.

Además, para asegurarse de que todos los fumadores reciban la ayuda necesaria para abandonar este hábito sin que ello repercuta en el servicio nacional de salud (NHS), otra de las medidas que el gobierno baraja es obligar a las tabacaleras a que sean ellas las que asuman el coste de esos tratamientos.

De momento, los fabricantes de tabaco no se han pronunciado pero sí grupos de presión como Forest  (Organización de la Libertad para el Derecho a Disfrutar Fumando Tabaco), cuyo director apela a la "democracia" para criticar que "se obligue a adultos a dejar un habito legal que muchos de ellos disfrutan”.  Simon Clark, que así es como se llama, reclama que al menos se espere a que haya un nuevo Primer Ministro antes de plantearse cualquier medida. Sabe muy bien por qué lo dice: el favorito para hacerse con el cargo es Boris Johnson y, según algunas informaciones recientemente, su campaña para llegar al 10 de Downing Street podría estar vinculada al lobby del tabaco.

Mapa del tabaco en Reino Unido

Pero las estadísticas revelan también que el trabajo que las autoridades británicas deberán poner en práctica para lograr su objetivo no debería ser el mismo ni en todos los territorios ni para toda la población.

Analizando el mapa del tabaco en Reino Unido se comprueba, por ejemplo, que no se fuma lo mismo en las grandes ciudades que en el medio rural - más en Irlanda del Norte, Escocia y Gales que en Inglaterra; que quienes ganan mas de 45.000 euros fuman menos (10,7%) que los que están entre 11.000 y 16.000 euros (22,3%); por sexos, los hombres fuman más (17%) que las mujeres (16,2%); por edades, los jóvenes de 16 a 24 años (23%) más que los mayores de 60 años (10,2%); y que mientras 1 de cada 4 personas que desempeña trabajos que requieren un esfuerzo físico son fumadores, solo 1 de cada 10 de los que ejercen profesiones de perfil intelectual siguen llevándose un cigarrillo a la boca.

Más de medio siglo luchando contra el tabaco

La que está dispuesto a librar ahora podría ser la última batalla del gobierno británico en la guerra que hace más de 50 años le declaró al tabaco. Entre sus históricas medidas están: la prohibición en 1964 de su publicidad en radio y televisión; la prohibición en 2002 de cualquier anuncio impreso; en 2005, las empresas de tabaco dejaron de poder patrocinar equipos deportivos; en 2007 entró en vigor la prohibición de fumar en espacios públicos; en 2011 desaparecieron las máquinas expendedoras y desde 2016 los paquetes de cigarrillos están sujetos a lo que se conoce como empaquetado neutro por el que las cajetillas tienen que ser todas iguales independientemente del fabricante: mismo color (Pantone 448 C), mismas imágenes referidas a los riesgos y consecuencias de su consumo, mismos mensajes y el nombre de la marca en pequeño y con una tipografía completamente aséptica.

 

15/07/2019 07:35 Actualizado: 15/07/2019 07:37

Por cristina casero

Publicado enSociedad
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