Lunes, 26 Julio 2021 06:23

Una apuesta por la libertad

Una apuesta por la libertad

Los sistemas de protección social, como casi todo, pueden estar mejor o peor diseñados. Un ejemplo de una medida de protección social mal diseñada es, indudablemente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un derecho vacío desde su nacimiento que aprobó el examen gracias al marketing político. Un fracaso que no es plato de buen gusto para ninguna persona que defienda mínimamente la necesidad de erradicar la pobreza y de ofrecer una vida digna a todas las personas.

Frente a una política mal diseñada como el IMV, en Euskadi contamos con un programa de rentas mínimas más o menos competentemente diseñado -aunque con su progresiva degradación-. En sus más de 30 años de trayectoria, y según los datos del propio Gobierno vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha conseguido evitar que en Euskadi durante la última década hayan aumentado un 64,9% los casos de personas en situación de pobreza grave o un 20,2% el número de personas en situación de pobreza relativa. En el mismo período de tiempo, el número de personas con privación material ha incrementado un 105%, un 83,7% las familias que no pueden cubrir los gastos básicos y un 122,5% los impagados o atrasos en los pagos de alquileres o hipotecas. Tampoco podemos olvidar que solo una de cada dos personas que acceden al sistema de RGI consiguen superar la pobreza y que un tercio de las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social ni siquiera acceden al sistema. Competentemente diseñado, repito.

Esto no es algo que ocurra solamente en los 'países del sur'. En Europa, entre el 20% y el 60% de las personas en situación de pobreza, por distintos motivos -laberinto burocrático, estigmatización o rechazo de lo que puedan considerar caridad-, no acceden a la última red del estado de bienestar. Pero, por lo que sea, ésta no es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Al fin y al cabo, 'solo' el 20,25% de los hogares de Euskadi se encuentran en riesgo de pobreza y, tú y yo, con suerte, nos salvamos -de momento-. El propio sistema se ha encargado de dibujar esa línea imaginaria entre la primera y la tercera persona. “Yo”, “nosotros” y “ellos”.

Entonces, ¿debemos tener alguna aspiración como sociedad? Si es así, ¿nos conformamos con tener un 30% de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social fuera del sistema de protección? ¿Y con tener una tasa de pobreza entre el 15% y el 18%? Sería un error por nuestra parte resignarnos y es por ello que debemos apostar por una clara mejora en las condiciones materiales de la mayoría social que, además, actúe como un seguro vital ante las inseguridades y las inestabilidades económicas. Sin este seguro, sin esta garantía, la libertad está claramente amenazada.

Diariamente encontramos numerosos artículos sobre la transición económica o la modernización de nuestro sistema productivo. Sin embargo, uno de los retos que no copa tantos titulares pero que también tenemos que abordar en este siglo XXI es la modernización de nuestro sistema de protección social. Es inútil tratar de afrontar las realidades actuales con políticas del siglo pasado que ya han mostrado sus limitaciones. La alternativa que más interés ha suscitado durante los últimos años, en parte por su eficacia tanto económica como técnica, ha sido la renta básica. Una asignación monetaria pública incondicional, individual y universal. Pero no nos engañemos: aunque la reciban todas las personas, no todas las personas salen beneficiadas en términos monetarios porque su financiación se realiza mediante una reforma fiscal donde el 20% más rico tendría que aportar más a las arcas públicas.

Países como Finlandia, Escocia, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Kenia, Namibia, India o, incluso, la ciudad de Barcelona, ya están explorando mediante proyectos piloto sistemas que garanticen el derecho universal a la protección frente a políticas inspiradas en el asistencialismo. Sí, asistencialismo. Porque si algo diferencia a los sistemas actuales y a la renta básica es la diferente concepción expresada en términos de libertad. El IMV o la RGI ayudan a las personas una vez estas han caído. Ofrecen una prestación a cambio de una contraprestación -habitualmente mediante un proceso de intervención laboral-, lo que conduce irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. La renta básica, por su parte, supone garantizar la existencia material de la ciudadanía de partida, otorgando un aumento de libertad efectiva para la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica. Además, los resultados obtenidos en los proyectos piloto nos permiten observar que la renta básica ha conseguido aumentar el bienestar y la seguridad económica de las personas, mejorar su salud mental, comportar una mayor confianza en sí mismas, en las demás personas y en las propias instituciones y mejorar también la oferta laboral.

En un momento de desigualdad creciente, de pobreza creciente, de desempleo creciente, de degradación de las condiciones materiales de la mayoría de la población, en definitiva, de amenaza a la libertad, cabría ser valientes y no seguir parcheando una herida que está desangrando a una grandísima parte de nuestra sociedad. ¿Aspiramos a garantizar unos mínimos vitales a todas las personas? Para ello es necesario pasar del miedo y de la contención a la libertad y la prevención.

24/07/2021

Por Julen Bollain

es economista, investigador en Renta Básica y miembro de la Red Renta Básica.

Publicado enSociedad
El capitalismo camina hacia el tecnofeudalismo

Alarma en las potencias occidentales y hasta en el FMI por el poder cada vez más impresionante de las grandes corporaciones

Mientras la derecha política y mediática local repite eslóganes y prejuicios contra el Estado, el debate mundial apunta a fortalecerlo, ya no sólo por el papel central ocupado en la pandemia, sino para enfrentar el avance despiadado de los gigantes del mundo digital. Señales para la economía argentina acerca de la necesidad de intervenir sobre empresas que abusan de la posición dominante de mercado.

Tres ideas se están debatiendo en los máximos niveles políticos de las potencias, que necesariamente deberían tener influencia en países periféricos como Argentina:

  1. Las multinacionales contabilizan ganancias extraordinarias y, para financiar a un Estado que ha destinado muchos recursos para atender la pandemia, deben pagar un impuesto adicional.
  2. La posición dominante de grandes empresas monopólicas u oligopólicas deriva en aumentos de precios excesivos y en ausencia de competencia.
  3. El cada vez mayor poder de mercado y financiero de las grandes empresas está limitando la efectividad de tradicionales instrumentos de política monetaria, como la suba de la tasa de interés por parte de las bancas centrales para atender tensiones inflacionarias.

No se trata de diagnósticos y propuestas de una plataforma de gobiernos de izquierda, sino que es la reacción de un sistema estatal que, desde su origen, estuvo aliado y, a la vez, condicionado por las corporaciones, pero ahora las firmas dominantes directamente se están independizando de ese circuito político y de control económico tradicional.

Esta emancipación se expresa en la utilización de guaridas fiscales para pagar poco o nada de impuestos en los países de origen; los aumentos de precios por encima del promedio luego de eliminar por absorción a la competencia; y la abundancia de recursos financieros líquidos que hace que no les importe la estrategia monetaria de las bancas centrales.

Son más grandes que el Estado

La pandemia dejó al descubierto la actual fase histórica del capitalismo concentrado cuando, por primera vez, una extraordinaria crisis económica-financiera global no afectó en forma negativa el negocio bursátil.

Por el contrario, el índice promedio de las principales bolsas mundiales está en niveles record, mientras las economías se derrumbaron y están tratando de recuperar lo perdido, la desocupación se ha disparado y el drama sanitario y social ha sido fulminante.

Este comportamiento divergente entre la economía real y la evolución de las cotizaciones de grandes firmas es uno –no el único- factor que refleja la nueva etapa del capitalismo. En ésta se está desvinculando la histórica asociación entre los Estados y las corporaciones dominantes del sistema de organización tradicional de las fuerzas de producción.

Las tres menciones arriba indicadas sobre las multinacionales sólo son la reacción del mundo político de las potencias, en especial las de Occidente, para tratar de no ver disminuida la capacidad de intervención e influencia de los Estados o, en los hechos, la pretensión de no perder importancia en las relaciones de poder.

Cuál será el legado de la pandemia

No deja de sorprender el análisis rústico de economistas locales, con sus habituales amplificadores, dedicados a debilitar y desacreditar el rol del Estado en la economía.

Hasta la revista conservadora The Economist se hace eco de la nueva etapa y del papel central que está ocupando el Estado, espacio que aspira a preservar pese a la expansión de las corporaciones globales, en especial las vinculadas al negocio digital.

En el texto "Después de la enfermedad. El largo adiós a la covid-19" se asegura que, con la vacuna, están surgiendo destellos de vida poscovid, pero se advierte que existen dos cuestiones claras. Una, que la última fase de la pandemia será prolongada y dolorosa, y dos, que la covid-19 dejará atrás el mundo conocido.

Ese mundo nuevo que presenta The Economist seguiría el patrón establecido por pandemias pasadas, identificando tres cambios, definidos por el sociólogo y médico greco-estadounidense Nicholas Christakis de la Universidad de Yale:

  1. La amenaza colectiva impulsa un crecimiento del poder estatal.
  2. El vuelco de la vida cotidiana conduce a la búsqueda de sentido.
  3. La cercanía de la muerte que trae precaución mientras la enfermedad se agita estimula la audacia cuando ha pasado.

La gente se atrinchera con el Estado

El artículo describe que cuando la población de los países ricos se refugiaba en sus casas durante los cierres, el Estado se atrincheró con ellos.

Detalla que durante la pandemia, los gobiernos han sido el principal canal de información, los que establecieron las reglas, fueron la fuente principal de dinero en efectivo y, finalmente, se han convertido en los proveedores exclusivos de vacunas.

Calcula que los Estados de los países ricos pagaron 90 centavos por cada dólar de producción perdida.

Menciona que existe un vigoroso debate académico sobre si los encierros "valieron la pena, pero el legado de la pandemia del gran Estado ya está a la vista".

Apunta en forma crítica –vale recordar que The Economist es una fuente destacada del conservadurismo- que "sólo hay que mirar los planes de gastos de la administración Biden". Para concluir que "cualquiera que sea el problema (desigualdad, crecimiento económico lento, seguridad de las cadenas de suministro), un Estado más grande y más activista parece ser la solución preferida".

Hasta el FMI se sorprende del poder de las corporaciones

Algo está cambiando en el marco analítico, por lo menos en la voluntad de reflexionar sobre la dinámica de la economía en la fase de la globalización pospandemia.

Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional "Taming Market Power Could (also) Help Monetary Policy", de los investigadores Romain Duval, Davide Furceri y Marina M. Tavares, explica que, ante la amenaza de la inflación, las bancas centrales de los países desarrollados están estudiando aplicar la receta conocida: subir la tasa de interés.

Esta medida es lo que la ortodoxia local está reclamando que haga el Banco Central, para imitar al resto de las autoridades monetarias de la región que ya subieron las tasas.

Como se sabe, el alza de las tasas incrementa la renta de inversores y encarece el crédito, una forma de restringir así la demanda y, por lo tanto, controlar los precios. Es la receta monetarista clásica.

La idea de la suba de la tasa de interés, además, busca influir sobre las expectativas futuras de consumidores y empresas y, de ese modo, lograr eficacia en la política monetaria contractiva.

Sin embargo, esos economistas del Fondo se sorprendieron con un factor que, aseguran, el análisis convencional pasa por alto: el poder de mercado de las grandes empresas.

La investigación que presentaron revela que empresas cada vez más grandes y poderosas están haciendo de la política monetaria una herramienta menos efectiva para administrar la economía.

Lo dicen para países ricos, pero se puede extender a economías en desarrollo con mercados muy concentrados, en los cuales operan empresas con posición dominante y abundantes recursos financieros (en Argentina, por ejemplo, corporaciones de telecomunicaciones con ramificaciones en medios de comunicación).

Apple y Google tienen tanto dinero en efectivo que son Amo y Señor

El estudio del FMI describe que las empresas con mayor poder de mercado responden menos a las acciones de la política monetaria debido a que contabilizan ganancias abultadas.

Esas utilidades, que se incrementaron pese a la tragedia de la pandemia o, para ser precisos, las aumentaron gracias a la pandemia, hacen que esas empresas sean menos sensibles a los cambios en las condiciones de acceso al financiamiento por decisiones de las bancas centrales.

Esos economistas fondomonetaristas ponen por ejemplo que, en marzo de 2021, Apple tenía más de 200.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones en acciones y bonos, mientras que Alphabet (Google) tenía más de 150.000 millones de dólares.

O sea, esas empresas tienen un colchón de efectivo tan grande que pueden decidir inversiones y otros proyectos sin preocuparse por la facilidad con la que podrían acceder a otras fuentes de financiación. Es decir, dejan de depender de cuál es la tasa de interés de referencia que fija la banca central.

En cambio, las empresas que enfrentan mayores restricciones crediticias, como pymes o firmas con un margen de rentabilidad reducido, quedan condicionadas por la política monetaria.

Por lo tanto, la investigación concluye que "el poder de mercado excesivo también puede obstaculizar la capacidad de las bancas centrales para estimular la actividad económica durante las recesiones y enfriarla durante las expansiones". Lo dice el FMI, no un economista de izquierda.

El FMI pide más control a las corporaciones

Luego de ofrecer esta sorprendente definición teniendo en cuenta de donde proviene, esos economistas se destapan con la siguiente recomendación: 

"En un lugar destacado de la agenda se encuentran las mejoras en los marcos de políticas y leyes de competencia. Estos incluyen, dependiendo de las jurisdicciones, un control más estricto de las fusiones, particularmente cuando se trata de empresas dominantes, una aplicación más estricta de sanciones por los abusos, una mayor dependencia de las investigaciones de mercado y medidas más específicas para hacer frente a la economía digital en rápida evolución".

Joe Biden versus las corporaciones

Esta investigación del FMI no es casual. El gobierno demócrata de Joe Biden decidió intervenir en este escenario de expansión económica y de poder de las corporaciones.

El 9 de julio pasado, Biden firmó una orden ejecutiva (decreto) con 72 medidas que busca limitar el poder de las grandes compañías para que bajen los precios de los productos y aumente la competencia.

Los sectores alcanzados van desde tecnología y transporte hasta salud y bancos, pasando por la agricultura y el negocio farmacéutico.

Biden quiere reforzar la aplicación de las leyes antimonopolio para combatir "prácticas anticompetitivas". Apunta, por ejemplo, a las fusiones o adquisiciones, algo común entre gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple y Amazon.

El objetivo expuesto por Biden es potenciar una mayor competitividad en la economía estadounidense, así como lograr "precios más bajos y aumentos de salarios".

"No más tolerancia a las acciones abusivas de los monopolios. No más fusiones perversas que conducen a despidos masivos, precios más altos y menos opciones para los trabajadores y consumidores", afirmó Biden.

El abrazo de la derecha con EE.UU. debería ser completo: Pfizer + antimonopolio

La derecha local hace lobby para el laboratorio Pfizer, no sólo por privilegiar la elección de esa vacuna, sino por una evidente opción para promover la subordinación del país a los Estados Unidos.

Si esta es la manifiesta preferencia geopolítica de la alianza política y mediática conservadora, también debería tomar nota de que el actual gobierno de Estados Unidos impulsa una política antimonopolio, que si se aplicara en Argentina afectaría la principal base mediática de propaganda y difusión de la derecha.

Si la decisión entonces es subordinarse a Estados Unidos, el abrazo de sometimiento debería incluir a Pfizer y también a su actual política contra las empresas con posición dominante de mercados.

El economista griego y ex ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis publicó "El tecnofeudalismo se está apoderando", en Project Syndicate, texto que permite profundizar el análisis acerca de lo que está pasando en la economía con la expansión de las corporaciones.

Es un interesante aporte para eludir análisis rústicos que circulan y para escapar de las vulgaridades de la secta de economistas ortodoxos. Varoufakis afirma que "así como el capitalismo desplazó al feudalismo de forma gradual, subrepticia, hasta que un día la mayor parte de las relaciones humanas se basaron en el mercado y el feudalismo fue barrido, el capitalismo actual está siendo derrocado por un nuevo modo económico: el tecnofeudalismo".

¿Qué es el tecnofeudalismo?

Varoufakis explica que las transformaciones radicales tuvieron repercusiones trascendentales (la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesión y el Largo Estancamiento posterior a 2009) no alteraron la característica principal del capitalismo: un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extraídas a través de algún mercado.

Ahora, en cambio, la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook y Amazon, que ya no operan sólo como empresas oligopólicas, sino más bien como feudos.

Ofrece una definición provocadora del actual estadio del capitalismo: "Las plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracción de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente el capital social de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se está vinculado a Google Maps".

Aclara que no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido puesto que las relaciones capitalistas permanecen intactas, sino que las relaciones tecno-feudalistas han comenzado a superarlas.

El desafío para economías periféricas como la argentina, en este mundo en transformación y de pospandemia, es no caer en las trampas de recetas tradicionales de la ortodoxia, y encontrar espacios para el desarrollo nacional entre las fisuras de esta nueva y compleja etapa de la globalización.

 

Por Alfredo Zaiat

24/07/2021

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Publicado enInternacional
Sábado, 24 Julio 2021 06:38

Las protestas lunares

Jóvenes con banderas de Cuba y Estados Unidos en una protesta en Miami, el 13 de julio AFP, EVA MARIE UZCATEGUI

Cuba y la oposición tras el 11 de julio

Tras las históricas manifestaciones de hace dos semanas, la disputa entre oficialistas y opositores se ha trasladado al ámbito diplomático y las redes sociales. La desinformación parece ser una constante en esa batalla.

 

A finales de la semana pasada el Diario Las Américas anunció con gran despliegue el suicidio de la madre de Diubis Laurencio (36 años), el manifestante muerto en La Habana la noche del lunes 12 durante el frustrado asalto a una estación de Policía. Ese enfrentamiento en el barrio marginal de La Güinera, de la periferia capitalina, que ocasionó, además, una decena de heridos entre civiles y agentes del orden público, se mantiene como la única manifestación ocurrida en Cuba luego de la masiva jornada de disturbios del domingo 11.

A pesar de la activa búsqueda de la prensa extranjera y no estatal, y de organizaciones como Human Rights Watch y Cubalex, no se han podido confirmar nuevas protestas ni otras víctimas mortales. Videos como los que documentaban supuestas muertes de niños o ancianos luego fueron desmentidos, tras comprobarse que pertenecían a crímenes en distintos países de Sudamérica. A falta de otros «mártires», el relato de la oposición se concentró en cuestionar las declaraciones del Ministerio del Interior cubano relativas a los antecedentes penales de Diubis Laurencio, difundiendo la especie de que estos cargos habían sido fabricados y que el manifestante había perdido la vida como consecuencia de un disparo por la espalda.

La noticia del suicidio difundida por el diario miamense marcó la agenda mediática en el sur de Florida durante un par de días. Y en el interior de Cuba tocó la sensibilidad de muchos que vieron en la muerte de la señora un símbolo de la «brutalidad del régimen». Pero el domingo se reveló como falsa, cuando desde La Güinera se supo que la madre de Laurencio, aunque «muy afectada por la pérdida de su único hijo», seguía viva. En respuesta, la periodista que había firmado el reporte original publicó un rocambolesco mea culpa a través de su perfil en Facebook, aprovechando la oportunidad para redirigir la atención hacia las protestas de cubanoestadounidenses, que tenían lugar en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, en reclamo de una intervención militar contra Cuba.

«VERIFICACIÓN CIUDADANA»

Unas 10 mil cuentas están suscriptas al grupo Desaparecidos SOS Cuba, el principal de los que en Facebook dice brindar informaciones acerca de los detenidos en los disturbios del 11 de julio. La distinción entre cuentas y personas resulta imprescindible. Quienes adversan al gobierno llevan años denunciando la existencia de miles de perfiles falsos en las redes sociales, que, gestionados por la Seguridad del Estado, se emplean para atacar a sus activistas e iniciativas. Ciberclarias, el término con que inicialmente se les designó, se ha extendido para denostar a los partidarios digitales del oficialismo, sean reales o no.

La oposición, a su vez, gestiona un impresionante «sistema automatizado de viralización de contenidos, sin ser penalizada por Twitter», observó el experto español Julián Macías en una entrevista reciente con AFP. La etiqueta #SOSCuba es el éxito más reciente de ese sistema de generación de contenidos.

«Entre el 5 de julio, cuando se empezó a usar, y el 8, se pusieron unos 5 mil tuits con esa mención. Luego, el día 9, fueron 100 mil; 500 mil el 10; 1,5 millones el 11, y 2 millones el 12 […]. Las cuentas que se usaron esta vez son las mismas que habían participado en las campañas contra AMLO [Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano]», resaltó el investigador.

La presión que puede llegar a ejercer ese ejército de bots fue experimentada en carne propia por la exactriz porno Mia Khalifa, luego de que el 8 de julio tuiteara la foto de un paciente recibiendo oxígeno en un hospital cubano. La imagen iba acompañada por una leyenda que culpaba al «embargo» estadounidense de entorpecer los esfuerzos de la isla para hacer frente a la pandemia. Bastaron pocas horas y miles de ataques a su perfil para que la libanesa se desdijera, borrando la publicación original de su historia y sumándose a las ofensas que se lanzaban contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

Las listas de Desaparecidos SOS Cuba, y el resto de grupos y plataformas similares, se han nutrido desde el 11 de julio con denuncias ciudadanas para las que no se requiere aportar evidencias. Basta escribir a sus perfiles o correos electrónicos para que el nuevo caso de desaparición sea registrado y hecho público. De ahí en más, las redes de bots garantizan la amplificación del mensaje, hasta posicionarlo como tendencia en Cuba y los países con mayor presencia de emigrados cubanos.

La sobreabundancia de información ha evitado que ese sistema de «verificación ciudadana» entre en crisis cada vez que nuevos «desaparecidos» denuncian su inclusión en las listas, muchos de ellos sin siquiera haber participado en las marchas o haberse contado entre los detenidos por la Policía. Esta semana el caso más notable fue el del presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, Ramón Samada, al que se presuponía desaparecido luego de una manifestación ante el edificio de la televisión nacional.

Una vez descubierta la mentira, varios de los opositores que sí habían acudido a la protesta de marras intentaron una justificación que apuntaba a errores en sus publicaciones de Facebook de ese día. Significativamente, a más de una semana de los hechos no habían considerado la conveniencia de enmendar sus errores. Instituciones como Cubalex, una organización de asesoría jurídica para los cubanos en la isla, que funciona desde Florida con fondos del gobierno estadounidense, insisten, sin embargo, en la «confiabilidad del trabajo que se está haciendo». Laritza Diversent, la abogada afrodescendiente que la preside, ha considerado «fundamental documentar los abusos del régimen». Pero como Human Rights Watch, el Movimiento San Isidro y otros grupos implicados en el tema han evitado referirse de manera explícita a los casos en que la denuncia ha resultado infundada o sencillamente falsa.

CONJUNCIÓN DE INTERESES

Entre 2000 y 2018 el consumo de electricidad de los hogares cubanos se duplicó. La tendencia se aceleró en los últimos dos años, a tenor con la pandemia (las familias permanecen mucho más tiempo en casa), la expansión del trabajo por cuenta propia (muchos de los negocios se desarrollan en las viviendas) y la masificación de bienes de consumo, como los equipos de climatización y las motocicletas eléctricas.

Cuba no experimentó un aumento de población en el período. Su estadística demográfica, en realidad, disminuyó en varias provincias, por lo que el salto en la demanda de energía solo puede explicarse bajo una fórmula que contemple la mejora de las condiciones de vida de un porcentaje significativo de los residentes en la isla. Ha sido, de hecho, lo que ha ocurrido. Cuando Fidel Castro dejó el poder en julio de 2006, solo una pequeña minoría de sus conciudadanos podía viajar al exterior y un grupo incluso menor tenía autorización para alojarse en los hoteles reservados al turismo extranjero. Artículos como los reproductores de video, ordenadores o teléfonos móviles se consideraban un lujo inalcanzable para las mayorías.

Durante las administraciones de Raúl Castro y Díaz-Canel, un segmento numeroso de la población se acostumbró a estándares de vida similares a los de la clase media de cualquier país latinoamericano. Días antes de los disturbios, muchas de esas personas denunciaban en redes sociales la discriminación de que eran objeto al no poder asistir a discotecas y otros centros recreativos en el balneario de Varadero (el principal de la isla, 140 quilómetros al este de La Habana). Con el pretexto de evitar posibles contagios, esos espacios solo admitían a turistas extranjeros, una decisión que cuestionaban aquellos con el deseo y la posibilidad económica de visitarlos, a pesar de sus elevados precios en dólares.

Cuando a mediados de junio el Ministerio de Turismo anunció la cancelación de las reservas para hoteles hechas de cara a los meses de verano, miles de personas también se lamentaron en Facebook y Twitter por la decisión. Para entonces, y a pesar de que los pagos debían hacerse en divisas, los alojamientos de Varadero y otros polos turísticos estaban reservados por cubanos casi al 50 por ciento de su capacidad, incluso los de más alto estándar.

La inconformidad de la «gente bien» (que paulatinamente ha adoptado el reclamo de reformas políticas) se conjugó con la de los sectores desfavorecidos para desencadenar las protestas del 11 de julio. La fuerte campaña mediática alentó esa singular alianza de intereses y la amplificó hasta convertirla en una suerte de relato revolucionario en el que el gobierno y quienes lo defienden adoptaban el papel de villanos sin matices.

La dificultad de la oposición para volver a organizar marchas, y la de las autoridades para recuperar el estatus de normalidad previo a los disturbios, mantiene el conflicto en un virtual punto muerto. La «lucha» se ha trasladado, entonces, a los campos de la diplomacia y la virtualidad, con el gobierno estadounidense comprometido en una activa campaña de presiones contra gobiernos extranjeros para que se distancien de La Habana, y constantes bulos de nuevas protestas con que los cubanos se encuentran cada mañana al encender sus teléfonos móviles.

Precisamente ayer se hacía viral en la isla la novedad de que, escribiérase lo que se escribiera, el buscador de Google derivaba en automático hacia contenidos relativos a las «protestas contra el régimen». Unos cuantos no perdieron la oportunidad para descubrirse como manifestantes en la Luna o Saturno.


Primeras condenas

Esta semana se dictaron las primeras sentencias contra los detenidos en las protestas: 12 personas recibieron entre diez meses y un año de prisión. El caso más mediático es el de Anyelo Troya, director de la sección filmada en Cuba del video de Patria y vida, la canción contra el gobierno que los opositores dentro y fuera de la isla consideran su himno. La familia asegura que lo detuvieron el día 11, mientras filmaba las protestas, y que su condena fue producto de un juicio sumario y sin abogado. En paralelo, el cantautor Silvio Rodríguez y otros artistas partidarios de la revolución han comenzado a promover la idea de una amnistía para los manifestantes «que no fueron violentos».

 

Por Amaury Valdiviadesde Camagüey 
23 julio, 2021

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  La Habana vieja, al anochecer. Joakim Eskildsen

A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por el conflicto entre el empuje de las demandas de apertura y el inmovilismo autoritario de un modelo de partido único

Emilio Santiago Muiño 21/07/2021

Joakim Eskildsen

El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en unas protestas masivas e inéditas en la era revolucionaria, que tuvieron su foco inicial en los municipios de San Antonio de los Baños (Artemisa) y Palma Soriano (Santiago de Cuba) y a las pocas horas se extendieron por La Habana y por el resto del país. El gobierno cubano ha respondido a este estallido social con represión policial y un apagón digital que ha limitado el acceso a internet en la isla. Fuentes gubernamentales reconocen hasta ahora la muerte de una persona,  Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. No hay cifras oficiales de detenidos, y se baraja un arco que comprende entre varios cientos y varios miles de represaliados.

Aunque aún es pronto para aventurar un desenlace, es evidente que las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la historia de la Revolución. El único precedente es el Maleconazo del 5 de agosto de 1994, en el momento más crítico del Período especial.  La crisis migratoria de los balseros fue su consecuencia más visible. Pero toda la batería de reformas que en los últimos treinta años han ido desmontando, con tiras y aflojas y muchas contradicciones, la ortodoxia socioeconómica socialista que la Revolución implementó durante sus primeras tres décadas, son inexplicables sin la señal de ingobernabilidad que enviaron los disturbios de aquel verano del 94.  Hoy Cuba se encuentra en una encrucijada análoga pero con una presión popular mucho mayor. Y menos margen de maniobra para circunscribir las transformaciones necesarias al ámbito de la economía dejando al margen la esfera política.

Entre 2012 y 2014 viví en Cuba nueve meses haciendo el trabajo de campo etnográfico de mi doctorado en Antropología, que versó sobre el proceso de sostenibilidad ecológica forzosa que impuso en la isla el Período especial. En este marco estudié durante seis años su realidad social con cierta profundidad. Durante esta etapa de mi vida hice grandes amigos. Hoy muchos viven en Cuba y otros han emigrado. Aunque mis investigaciones académicas han ido después por otros caminos, gracias a este contacto personal me he mantenido mínimamente al día sobre la realidad cubana y sus transformaciones recientes. Sin duda se me escaparán muchas cuestiones. Pero estas palabras son un intento, con sus limitaciones, de ayudar a clarificar ante la mirada extranjera que hoy está puesta en la isla una situación que no se deja abordar desde aproximaciones dicotómicas y simplistas. Esas que Cuba, como miniatura que concentra todas las tensiones y las pasiones políticas irresueltas del siglo XX, acostumbra a generar en el debate público. No pretendo ser equidistante o imparcial. Soy un ecosocialista que considera que las instituciones democráticas plurales son una conquista irrenunciable para las clases populares, y esto marcará mi análisis. A lo que sí aspiro es a intentar atender a la complejidad social como un prerrequisito sin el cual no se puede ni comprender el curso de los acontecimientos ni intervenir políticamente en ellos.

Tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima y compleja

Estas protestas no pueden coger por sorpresa a nadie que conozca mínimamente la realidad cubana y no esté cegado por sus anteojeras ideológicas. “Si se repiten los años noventa, aquí habrá un estallido social”. Durante mi investigación escuché en boca de muchos científicos sociales cubanos este juicio. Los textos más lúcidos de la crítica social cubana apuntan en esta línea. De lo que se deriva una primera idea básica: tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima, compleja y no se explica solo en términos de golpe blando, como si fuera un producto made in Miami. Tampoco como un efecto exclusivo del bloqueo, del que el gobierno cubano fuera un completo rehén y careciera de responsabilidad o iniciativa. Por supuesto el bloqueo existe, es real, y se trata de una política colonial de tintes genocidas, que siempre debe ser denunciada como condición primera al hablar de Cuba. No se puede relativizar. Su recrudecimiento concreto durante la administración Trump, que Biden no ha dado señales de revertir, ha contribuido a alimentar la difícil coyuntura del 2021. Pero del mismo modo el bloqueo no se puede convertir en una coartada para evitar analizar críticamente el desempeño del gobierno cubano. Por cierto, en la batalla ideológica entre los términos bloqueo y embargo, empleo bloqueo porque así es recogido por las declaraciones oficiales de condena aprobadas recurrentemente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La segunda idea que quiero subrayar es que en el debate sobre Cuba no pueden dar ninguna lección de democracia aquellos que no solo no condenan sino que jalean y celebran al mismo tiempo las masacres represivas que están teniendo lugar ahora mismo en Colombia, o el golpismo en Bolivia o Chile, por circunscribirnos a América Latina. Su interés por la falta de democracia en Cuba no es auténtico sino puramente instrumental: una herramienta propagandística en su guerra global contra el socialismo. Lo que añade un punto de dificultad extra en el posicionamiento de la izquierda internacional sobre Cuba. Con la extrema derecha mundial lanzándose sobre Cuba como hienas con sus hordas de bots y fakenews (la más viral ha sido la foto de las manifestaciones en Egipto como si fuera el Malecón, pero las mentiras propagandísticas que han circulado por las redes estos días se cuentan por decenas) puede parecer sensato cerrar filas con el gobierno cubano. Pero lo que menos necesita el pueblo cubano (y seguramente la revolución, aunque ese es otro debate, y la diferencia es importante) es otro atrincheramiento maniqueo entre revolucionarios-gusanos. Cuba hizo una revolución en 1959 para ser soberana y dejar de ser un país monoexportador de azúcar. Ciertas formas de apoyo incondicional operan rebajándola hoy a ser un país monoexportador de símbolos para consumo de una izquierda atrapada en las nostalgias y los traumas del siglo XX.

La derecha cubana y mundial está tratando de liderar el descontento popular en Cuba. Pero no tiene capacidad para provocarlo. Lo hará si se le regala. Y regalárselo pasa, en primer lugar, por no atender a las motivaciones de la frustración y el malestar de la sociedad cubana. Tanto las inmediatas como las larvadas, acumuladas en una olla a presión desde hace décadas. Unas motivaciones que tienen una dimensión económica muy evidente, pero que ya no se dejan desconectar de una creciente insatisfacción política que reclama derechos y libertades que hoy en Cuba no se cumplen. Por tanto, para entender la explosión social de estos días es preciso abordar el binomio economía-política en sus niveles coyunturales y estructurales.

Coyunturalmente, el pueblo cubano en 2021 está sufriendo un episodio muy dramático de escasez material y una situación pandémica descontrolada, especialmente en algunas provincias (Matanzas). Confluyen aquí, al menos, tres elementos:

- El menor, pero importante, y que se suma a un cúmulo de presiones históricas que genera serios perjuicios a la economía cubana, un endurecimiento del bloqueo por parte de la administración Trump, que ha incidido especialmente en las nuevas limitaciones al envío de remesas. Debe destacarse aquí que la recepción de remesas de cubanos en el extranjero es un pilar estratégico de la economía cubana postsoviética, y estas tienen un papel fundamental tanto en a) el aprovisionamiento de divisas por parte del Estado, en las que descansa el comercio exterior; b) el consumo cotidiano y el mantenimiento del nivel de vida de la parte de la población que las recibe y c) la financiación de los negocios vinculados al trabajo por cuenta propia y los emprendimientos privados.  

- El segundo es la propia pandemia, tanto en su vertiente de drama sanitario como de shock económico. Si bien Cuba ha tenido un éxito sobresaliente en el desarrollo de su propia vacuna, su sistema médico está casi colapsado ante la falta de insumos esenciales que normalmente eran importados. En este punto cabe destacar el modo en que la covid ha afectado al encarecimiento de muchas otras importaciones, como las alimentarias, y especialmente el frenazo que ha supuesto al turismo internacional, que es una de las vías cardinales de enganche competitivo de Cuba con el mercado mundial.

- La llamada “Tarea Ordenamiento”, esto es el fin del sistema de doble moneda. Este es un asunto técnicamente muy complejo que no se deja abordar bien en formatos de opinión o divulgativos como este texto. Intento decir algo al respecto. Desde los años noventa, en Cuba rige una dualidad monetaria: la moneda nacional (el peso cubano o CUP), que solo intermedia en la economía interna y con el que se pagan la mayoría de los salarios, y una divisa funcional en el mercado internacional, que inicialmente fue el dólar y luego el peso convertible o CUC, con un tipo de cambio equiparable al dólar en 1-1. Esta divisa circula por la isla por vía remesas, consumos turísticos y también en forma de complementos salariales en algunas empresas estratégicas. El Estado la recauda, entre otros dispositivos, a través de tiendas de recuperación de divisas donde ofrece productos de importación gravados con un fuerte impuesto.

Esta política fue imprescindible en la crisis de los años noventa como un colchón para combatir la devaluación salvaje del peso cubano y el proceso hiperinflacionario que se desató en aquel momento. La dualidad monetaria fue como un airbag que amortiguó el choque con el mercado mundial. Y permitió al Estado absorber la circulación de divisas que ya se producía de facto, y ejercer una suerte de racionamiento de las mismas, que fue imprescindible para estabilizar el tipo de cambio. De este modo Cuba pudo volver a importar y exportar en un marco de relaciones de intercambio previsibles, y así empezar a reordenar todo su entramado de comercio internacional, que había estallado con la caída del campo socialista.

Pero la dualidad monetaria tuvo muchas consecuencias negativas, reconocidas por el propio gobierno cubano. La desigualdad social (luego abordaré este tema) es una de ellas. Pero casi tan dañino ha sido la generación de una estructura de incentivos laborales perversa: la mano de obra altamente cualificada que ha generado la revolución (y que es uno de sus logros históricos más notables) ha ido desplazándose desde los puestos de trabajo público de perfil técnico, actualmente muy mal pagados en moneda nacional, a los empleos vinculados con la recepción de pesos convertibles, como pudieran ser los turísticos. Quien haya visitado La Habana tendrá su propia anécdota que ilustra este proceso tan problemático para la economía cubana, habiendo conocido a ingenieros o arquitectas trabajando como chóferes de bicitaxis o haciendo de guías turísticos.

Pero además la dualidad monetaria ha sido una política altamente impopular, por ser autoritaria, intrincada y por representar de un modo muy gráfico la normalización de una desigualdad que rompía de hecho las bases del “contrato social” establecido en 1959. Aunque las brechas sociales que se están abriendo en Cuba no se explican solo por la doble moneda, para la mayoría de los cubanos este ha sido el símbolo que las concentra y las resume. Por todo ello el gobierno llevaba muchos años (desde el 2013) preparando la transición hacia la unificación monetaria. En esta hoja de ruta, el 1 de enero de 2021 debía ser el principio del fin del sistema CUC-CUP. Economistas cubanos me decían durante mi investigación que desarmar este sistema de doble moneda sería como desactivar una bomba. Siguiendo con esta metáfora, la coincidencia de esta reforma con la crisis del covid ha sido como haber cortado el cable equivocado. Sin duda, precipitar esta reforma en el contexto pandémico se entenderá con el tiempo como uno de los errores económicos más graves de la trayectoria de un gobierno revolucionario que no ha cometido pocos.

El resultado de esta triple conjunción (bloqueo recrudecido, pandemia global, fin de la dualidad monetaria) ha sido una crisis en la balanza de pagos de la economía cubana, que ha dado lugar a un proceso inflacionario durísimo que afecta la vida cotidiana de grandes masas de población. Este ha golpeado además en un contexto de progresivos pero sustanciales recortes sociales (eliminación de subsidios y gratuidades) dentro una línea de reformas promercado que necesariamente, a pesar de la retórica del gobierno (“nadie quedará desamparado”), ha generado más perdedores que ganadores, aunque esto supuestamente debía irse compensando con el tiempo.

Analizar la dimensión económica en las causas inmediatas del estallido social es necesario para entender su masividad, completamente inédita. Pero no agotan el fenómeno. A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por un conflicto generacional entre el empuje de las demandas de apertura política de los sectores más jóvenes (muy plurales, muchas de ellas de izquierdas, con algunas victorias importantes como es el caso de las reivindicaciones del colectivo LGTBI-) y el inmovilismo autoritario de un modelo leninista de partido único. La Cuba que yo conocí personalmente (2012-2014) era ya una Cuba partida en dos entre la esclerosis ideológica de la oficialidad y el dinamismo e inteligencia colectiva desplegada por colectivos disidentes que, si bien eran pequeños en número, estaban ejerciendo de facto el liderazgo cultural de las fuerzas vivas de la sociedad cubana. Contra toda simplificación maniquea, muchas de estas iniciativas críticas compartían y comparten el ideario socialista, como pudieran ser los colectivos agrupados alrededor del Observatorio Crítico, el Taller Libertario Alfredo López o muchos intelectuales que escriben en webs como Havana Times o La Joven Cuba. Este divorcio entre el país oficial y el real ha ido a más a través de una proliferación polifónica de voces críticas que han empezado a articularse entre sí a través de las posibilidades que ha ofrecido la conectividad a internet que ha ido creciendo en la isla. Y lo ha hecho sin que el sistema político haya sabido-querido incorporar y atender a esta creciente complejidad política nacida de su base poblacional más joven.

En fechas recientes, todo lo acontecido alrededor del Movimiento San Isidro, organizado para reclamar la libertad de artistas y raperos disidentes, o la ocupación el pasado 27 de noviembre del Ministerio de Cultura por 300 manifestantes que exigían el fin de la censura, han sido la eclosión visible de más de una década oposición al régimen incubada a fuego lento. Una oposición cuya primera característica es su extrema diversidad, englobando desde posiciones derechistas y liberales que reciben fondos de USAID y persiguen un cambio de régimen, hasta anticapitalistas, anarquistas, socialdemócratas o feministas, cuyos reclamos tienden a apuntar hacia alguna forma de reinvención del proyecto revolucionario en términos de socialismo democrático. Este es el magma ideológico complejo que hoy se  disputa el liderazgo político del estallido de descontento social. Y sin su progresiva agitación durante años en forma de luchas pro-democracia, enunciadas desde coordenadas, compromisos ideológicos y formas de entender lo democrático muy distintas, no se podría entender el perfil explícitamente político que ha adquirido la revuelta popular.

Pero ambas dimensiones (la económica y la política) no se circunscriben a la coyuntura inmediata provocada por la covid o el fin de la dualidad monetaria. Ambas hunden sus raíces en procesos históricos de onda larga, de mayor calado estructural, que exigen una aproximación mínima para poder hacerse una idea de conjunto sobre lo que está pasando en Cuba y cuáles pueden ser sus posibles desenlaces. En la segunda parte de este texto intentaré abordar este nivel de análisis de mayor profundidad temporal.

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Las mayores fortunas subieron de 284 mil millones a 483 mil millones de dólares.. Imagen: AFP

Los mega ricos aumentaron su patrimonio en 200 mil millones de dólares

La tragedia de la covid aumentó la desigualdad en América latina. Ahora hay más empresarios con grandes fortunas y éstas crecieron un 70 por ciento.

 

La fortuna de los multimillonarios latinoamericanos creció un 70 por ciento durante 2020. En marzo del año pasado, cuando recién se empezaban a tomar medidas contra la covid en la región, integraban la lista 76 personas con un patrimonio de 284.000 millones de dólares. A un año y cuatro meses, ya hay 106 con fortunas acumuladas de 483.200 millones de dólares. 

Más de la mitad de los multimillonarios (66) tienen nacionalidad brasileña, aunque también hay 14 mexicanos, 9 chilenos, 6 peruanos, 5 argentinos, 5 colombianos y 1 venezolano. Solo 12 son mujeres.

La riqueza latinoamericana está concentrada en cuatro sectores: financiero, telecomunicaciones, medios digitales de pago y salud: “Estos son sectores intensivos en capital, que generan pocos puestos de trabajo”, explica Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas (PNUD) para América latina, que realizó un análisis de los datos que publica la Revista Forbes. 

Incluso entre los multimillonarios existen grandes disparidades. Mientras que el 40 por ciento tiene un patrimonio neto individual de entre 1 y 2 mil millones de dólares, los tres más ricos superan los 20 mil millones de dólares cada uno. El 80 por ciento del patrimonio lo acumulan los millonarios de México y Brasil.

La lista está encabezada por el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, que acumula una fortuna de 71.500 millones de dólares. Slim ocupa el número 15 del ranking mundial y es desde hace años quien concentra la mayor riqueza del continente. Le sigue el también mexicano Germán Larrea (Grupo México) que acumula un patrimonio de 26.100 millones de dólares. En tercer lugar se ubica la chilena Iris Fontbona que dirige la minera Antofagasta Plc y cuenta con una riqueza de 20.200 millones de dólares.

Los argentinos que integran el ranking son el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, con una fortuna de 6.200 millones de dólares. Con 3.400 millones de dólares, le sigue el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, fundador de Pan American Energy. En tercer lugar se encuentra la familia Perez Companc, con 2.600 millones de dólares. Después aparece el dueño mayoritario de Laboratorios Roemmers, Alberto Roemmers, y por último Eduardo Eurnekian, con 1.400 millones de dólares.

El análisis lo realizaron técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes aseguran que la concentración de recursos en las manos de unos pocos es un problema que impacta en muchos frentes: “Cuando la concentración de recursos se traduce a una concentración del poder político, como muchas veces es el caso, puede provocar un círculo vicioso que perpetúa estos resultados y que distorsiona tanto las políticas como la asignación de recursos”, recuerdan.

Mientras las cuentas bancarias de los ricos suben, los pobres se empobrecen aún más: la Cepal afirmó que en 2020 la tasa de pobreza alcanzó al 33,7 por ciento de la población, y la de pobreza extrema al 12,5 por ciento, niveles que no se observaron en los últimos 12 y 20 años, respectivamente. En un contexto de encarecimiento de los productos básicos, este empeoramiento provocó, además, que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria se haya triplicado desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.

Gravar a los mas ricos

"Gravar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas", recomienda el PNUD. Las recomendaciones de política tributaria para evitar la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en la segunda región con más desigualdad del mundo suma cada vez más adherentes: el FMI, la Cepal, el Banco Mundial y la Ocde.

Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de San Pablo encontró que, en Brasil, una política de protección social de transferencias monetarias mensuales de 23 dólares al 30 por ciento más pobre de la sociedad, financiado con impuestos al 1 por ciento más rico, podría generar un impacto positivo del 2,4 por ciento sobre el PIB a través de efectos multiplicadores del consumo. Otro ejemplo más cercano en el país fue el resultado del aporte de las grandes fortunas.

"A medida que la pandemia continúa en la región, esta ejerce una presión cada vez mayor sobre nuestros sistemas fiscales y expone las grietas existentes en nuestras redes de seguridad social. Ahora debemos reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y sostenible que aquel en el que nos encontrábamos antes" , explican desde el PNUD que aseguran que “necesitamos sistemas de salud y seguridad social universales, evitar que las empresas digitales se lleven todas las rentas y poner impuestos no solo a los flujos sino también a la riqueza acumulada. Pero la pregunta es cómo, porque donde se está intentando se ve que no es tan sencillo”.

20 de julio de 2021

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Lunes, 19 Julio 2021 06:05

Mercado y cambio climático

Mercado y cambio climático

La pretensión humana, asociada con la idea comúnmente mantenida del significado y contenido del progreso, se basa en la convicción de que dominamos al planeta. Esto implica una relación crecientemente conflictiva con la naturaleza, a la que solemos ver como algo ajeno a nosotros, externo, que nos pertenece, y está a nuestro servicio, para ser usada con el mayor provecho posible. Hay cada vez más muestras de lo errónea que es esta concepción.

Recientemente, el Political Economy Club, fundado en Londres hace 200 años por el pensador escocés James Mill y entre cuyos miembros originales estuvieron Thomas Malthus, reconocido por su teoría de la población, y David Ricardo, figura clave de la llamada economía clásica, junto con el diario Financial Times, convocaron a una celebración de aniversario ofreciendo un premio.

Se trató de la presentación de un ensayo sobre dos temas de relevancia del pensamiento de Malthus y Ricardo. Uno de ellos en torno al debate sobre el cambio climático, asunto cada vez más relevante, como puede apreciarse en una diversidad de fenómenos que se manifiestan de manera más visible y con severas repercusiones sociales.

El ensayo ganador lo escribió Joe Spearing con el título: Tenemos que ver más allá del mercado para vencer al cambio climático. Lo tomo como una referencia para hacer algunas consideraciones al respecto.

Malthus y Ricardo compartían una visión acerca de la relación entre la naturaleza y la economía. El primero con la desesperanza basada en su visión lúgubre sobre la naturaleza humana y la convicción de que los humanos somos irremediablemente autodestructivos. El segundo mantenía la expectativa de que pueden crearse diversos esquemas para aliviar la condición humana, especialmente por medio del mecanismo de los precios.

La naturaleza era para los dos una condición dada, separada de la sociedad y valiosa sólo de modo instrumental. Como señalaría después Marx, se alienaba a la naturaleza, cuando lo que ocurre es que los seres humanos participamos de un intercambio continuo con ella, mismo que se reproduce en el proceso productivo. De tal modo, la naturaleza no puede ser vista como una mera traba para la acumulación.

La separación que se crea entre lo humano y lo natural y la competencia que se crea en un entorno generalizado de producción de mercancías y la fijación de sus precios relativos, acarrea la degradación del medio ambiente en favor de consideraciones productivas de corto plazo que, progresivamente, debilitan los contrapesos que podrían establecerse. El horizonte de conservación de los recursos naturales y de protección general del medio ambiente, como ocurre con el calentamiento global, tiene que ampliarse y eso requiere de cambios significativos en la manera en se concibe a la sociedad y el ámbito de lo público.

Dice Spearing: "La interacción de la humanidad con la naturaleza está crecientemente mediada por el motivo de las ganancias, la naturaleza queda reducida a una inconveniente limitación para un aumento constante la producción y el consumo. En la práctica esto lleva a la desforestación, los cambios en el hábitat y la degradación de los ecosistemas".

El cambio climático es parte de esta relación problemática del modo de producción y consumo vigentes. Tiene que ver con una serie de condiciones expresadas en los precios, como ostensiblemente ocurre con la utilización de la tierra y la energía, ambas con repercusiones diversas sobre el deterioro de la atmósfera.

La naturaleza no es un mero obstáculo, un factor poco conveniente para la producción y generación de ganancias. Esa condición previene el surgimiento de alternativas que la protejan.

Los precios no son en este sentido una señal completa, lo que choca con las formas prevalecientes de acumulación y de reproducción en la sociedad. Los costos de producción no incorporan los costos sociales y esta divergencia es cada vez más notoria y riesgosa. En Estados Unidos se debate la aplicación de una tarifa al carbón que se impondría a los países que no aplican las limitaciones a la emisión de gases invernadero, una medida parcial y con diversas repercusiones.

Al respecto, Spearing sintetiza el siguiente argumento: el cambio climático no expresa una falla del mercado, sino varias. Entre ellas aparecen, por ejemplo, los bienes públicos de alternativas de transporte y de la necesaria infraestructura para sostener otras formas de consumo; las fallas que afectan el surgimiento de nuevas tecnologías y su utilización; la estructura de los mercados financieros que genera fricciones en la asignación de las inversiones a proyectos menos contaminantes. A eso se suman las muy variadas condiciones de las políticas públicas requeridas para confrontar las fallas del mercado.

Las regulaciones impuestas por los gobiernos adoptan nuevas formas y alcances distintos, pero esto sigue siendo, para los capitales, un verdadero anatema en el sistema. Las políticas públicas aparecen como formas de intervención en un entorno en el que los ajustes relativos a la relación con la naturaleza son una exigencia primordial.

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Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global

Las epidemias no son fenómenos naturales. Hay que verlas, más bien, como fenómenos sociohistóricos de aparición relativamente reciente. Las primeras epidemias humanas surgieron en el contexto de la revolución neolítica. La expansión de la agricultura y la ganadería transformaron profundamente nuestra relación con el medio. La destrucción y transformación de los hábitats para ampliar las tierras de cultivo y la domesticación de animales para usarlos como alimento o como bestias de carga es lo que permitió que las vacas nos trasmitieran el sarampión y la tuberculosis, los cerdos la tosferina o los patos la gripe. Las primeras sociedades urbanas, el desarrollo del comercio, la esclavitud y las guerras entre imperios crearon las condiciones para que las primeras enfermedades infecciosas se convirtieran en epidemias. Las transformaciones en las formas de relacionarnos con la naturaleza asociadas a los cambios en nuestros modos de vida crearon las condiciones para la propagación de las infecciones, incluyendo la posibilidad de la zoonosis, esto es, el contagio de enfermedades de animales a humanos.

Asociamos al medioevo con la peste bubónica. La peste negra, la gran epidemia que afectó a Eurasia a mediados del siglo XIV, ha sido la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad, provocando la muerte de entre el 30 y el 60% de la población europea. Introducida por marinos, penetró en Europa desde Asia a través de las rutas comerciales que recababan en puertos como el de Mesina. Las condiciones sociales y demográficas en las ciudades y pueblos medievales hicieron el resto. A falta de una explicación convincente de las causas del flagelo, la ignorancia de la época sirvió para propagar otra de las pandemias recurrentes en la historia humana: la necesidad de buscar un chivo expiatorio a los males propios; en esa ocasión, fueron los judíos a quienes se acusó de envenenar los pozos que abastecían de agua a las poblaciones, reanudándose así los pogromos ya iniciados con la Primera Cruzada en el siglo XI.

La expansión colonial de los imperios europeos provocó oleadas pandémicas de nuevas enfermedades que asolaron el orbe. La viruela, con la inestimable ayuda de las encomiendas, acabó con parte de la población indígena del Nuevo Mundo. En el Congo, un lentivirus portado por los macacos se propagó a la misma rapidez con la que los colonos belgas se apresuraron a saquear los recursos naturales del aquel vasto territorio considerado la finca particular de Leopoldo II. El lentivirus del macaco continuaría su propio desarrollo histórico hasta convertirse en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) asociado al SIDA. En Bengala, el imperio británico se propuso transformar en arrozales el inmenso humedal de Sundarbans, el manglar más importante del mundo situado en el delta donde confluyen los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna. La proliferación de enfermedades infecciosas se interpuso en los planes de la administración colonial. La historia en este punto sería tan prolija como las atrocidades cometidas en la era colonial.

Con la revolución industrial, el cólera, la sífilis y la tuberculosis provocarán las grandes pandemias de esa época. Son enfermedades estrechamente relaciona- das con las condiciones de vida de la población, por lo que la proliferación de barriadas donde se hacinaba a la clase trabajadora en condiciones miserables e insalubres creó el caldo de cultivo para su desarrollo.

Covid-19: la pandemia de la era del capitalismo global

Cada pandemia es hija de su época. La del Covid-19, la primera gran pandemia global stricto sensu, ha sido posible gracias a la combinación de dos hechos estrechamente relacionados: 1) la presión que ejercemos los seres humanos sobre el conjunto de los ecosistemas y 2) la globalización. Aunque habitualmente se ha contemplado esta pandemia en términos exclusivamente sanitarios, tiene como trasfondo la crisis ecosocial provocada por el capitalismo global.

La presión humana sobre los ecosistemas está erosionando la biodiversidad y los equilibrios protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos. La comunidad científica no se cansa de subrayar los riesgos que supone la pérdida de biodiversidad en la propagación de las enfermedades infecciosas. Los virus se constituyen verdaderos espacios de amortiguación frente a la virulencia de los patógenos. Ahora que se vuelve a hablar del virus del Nilo, los expertos señalan que las áreas con mayor diversidad de aves muestran tasas más bajas de infección porque los mosquitos –que sirven de vector de infección– disponen en ese caso de menores probabilidades para encontrar el huésped adecuado. Una saludable cobertura vegetal que albergue una amplia variedad de especies animales protege a los seres humanos de la transmisión de enfermedades a través de los mosquitos porque estos se diluyen en el entorno. Se ha establecido que existe una relación entre el advenimiento de epidemias y la deforestación. Los estudios realizados en torno al ébola muestran que este virus, cuyo origen ha sido localizado en varias especies de murciélago, aparece en las zonas de África Central y Occidental más afectadas por la deforestación. La tala de los bosques provoca que las especies de murciélagos que habitaban en ellos tengan que posarse ahora en los árboles de los hábitats ocupados por humanos, aumentando la probabilidad de interacción y transmisión.

Sin embargo, las zonas de amortiguación ecológica están siendo erosionadas a una velocidad sin precedentes. La intensísima intervención humana sobre la Tierra está simplificando la naturaleza. La apropiación humana de la biomasa terrestre y la destrucción de la integralidad de los ecosistemas que ello conlleva no encuentran parangón en la historia. Una muestra de ello es que, del total de la biomasa de vertebrados terrestres, la mayoría es ganado (59%) o seres humanos (36%), y solo alrededor del 5% está compuesta por animales silvestres (otros mamíferos, aves, reptiles y anfibios).1 La destrucción y simplificación de la naturaleza nos hace más vulnerables ante organismos patógenos que en sus ecosistemas naturales mantenían un equilibrio que ahora se rompe al entrar en contacto con el nuestro. El segundo factor que interviene en las pandemias contemporáneas es la globalización, que además de impulsar la destrucción de la naturaleza al incrementar la explotación de los recursos naturales y extender el modelo de ganadería industrial de alta intensidad, facilita la propagación de los brotes infecciosos gracias al desarrollo vertiginoso de unos sistemas de transporte que mueven ingentes cantidades de personas y mercancías por todo el planeta. La globalización ha hecho del mundo una aldea global donde todos sus rincones son accesibles en poco tiempo. Así pues, en el trasfondo de esta pandemia se encuentran las consecuencias de los comportamientos del sapiens contemporáneo. La alteración de los hábitats y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas que provoca el capitalismo mundial derrumban las barreras que podrían amortiguar la expansión de los patógenos, al mismo tiempo que los estilos de vida globalizados tienden puentes cada vez más efectivos para su propagación.

Del optimismo tecnológico a las pandemias recurrentes

El higienismo y el descubrimiento de vacunas y antibióticos consiguieron atenuar en gran medida el alcance y los efectos de las epidemias a lo largo del siglo XX. Los éxitos cosechados con estas tecnologías terapéuticas han sido tan relevantes que su generalización propició que las enfermedades infecciosas dejaran de ser una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Hace apenas un cuarto de siglo la muerte por enfermedades infecciosas representaba aún el 33% de los fallecimientos; hoy apenas alcanza el 19% del total.2 La rapidez y eficacia con que se han desarrollado y producido las vacunas contra el Covid ha sorprendido y provocado la admiración de casi todo el mundo.

Sin embargo, aunque en la actualidad las principales causas de muerte sean las enfermedades cardiovasculares y los cánceres (enfermedades asociadas en alto grado a los hábitos y a los estilos de vida urbanos), el optimismo tecnológico no debería hacernos olvidar que es imposible pretender acabar con todos los virus que provocan las infecciones, fundamentalmente porque forman parte de la trama de la vida, con sus interacciones y equilibrios naturales. Su desaparición completa equivaldría a la desaparición de la propia vida, entendida como la trama en la que se desarrolla la existencia concreta de cualquier individuo. De ahí que las enfermedades nunca sean aconteceres aislados al margen del sistema social y ecológico del que forman parte, como tampoco la salud está al margen de sus determinantes económicos y socioambientales.

Los avances terapéuticos pueden sumergirnos en un ilusionismo tecnológico que nos impida atender a las causas (los modos de vida) al concentrar la atención sobre los efectos (las enfermedades). La enorme superficie de naturaleza desriesgo de enfermedades infecciosas. Las zoonosis y las enfermedades por coronavirus se sucederán con más frecuencia si no preservamos los ecosistemas naturales. Un estudio de la Universidad de Brown ha estimado que entre la década de los ochenta del siglo pasado y la primera del nuevo siglo el número de brotes epidémicos de enfermedades infecciosas se ha multiplicado por tres.3 La pandemia del Covid-19 parece estar confirmando algo que venía observando con preocupación la comunidad científica desde hace tiempo: desde la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con la gran aceleración de la actividad económica y sus correspondientes impactos sobre la naturaleza, han aparecido muchos microbios patógenos en regiones en las que nunca habían sido advertidos. Es el caso del VIH, del ébola en el oeste de África o del zika en el continente americano, sin olvidar el SARS que apareció en 2002 en el sudeste asiático y las más recientes gripes porcinas (H1N1) y aviar (H5N1). Muchos de esos virus (en torno al 60%) son de origen animal, algunos provenientes de animales domésticos o de ganado, pero en su mayoría –más de las dos terceras partes– procedentes de animales salvajes.4 Por muy elevada que sea la inversión en farmacología, no cabe esperar una remisión de las pandemias en el futuro más inmediato mientras no cambiemos de forma sustancial el modo de vida predominante asociado al capitalismo global.

Más allá de la crisis sanitaria

Urge hacer una lectura de esta pandemia más allá de la crisis sanitaria que ha provocado que nos permita extraer las oportunas enseñanzas. La pandemia ha revelado aspectos cruciales de cómo vivimos y nos comportamos. Una de las primeras cosas que mostró fue la clamorosa desigualdad existente en todos los ámbitos sociales. Se repitió con mucha frecuencia, y es cierto, que por ser global representaba una amenaza para todas las personas, pero se omitió frecuente- mente, no siendo menos verdad, que no todas eran igual de vulnerables a esa amenaza. El confinamiento fue muy revelador en este sentido. Uno de los ejemplos más claros de la inequidad en esos meses distópicos fue la división del trabajo: la existencia de una gran brecha entre quienes conservaban su empleo y podían trabajar desde su casa sin exposición ni riesgo y aquellos que perdían su empleo o se veían obligados por la naturaleza de sus funciones a salir a la calle y exponerse al virus. Otra manifestación reveladora de la desigualdad ha sido el "apartheid vacunal" al que se ha sometido a las poblaciones y pueblos más pobres del mundo. Esta segregación ha mostrado que, aunque vivimos en un mundo global, no por ello dejar de ser un mundo fragmentado por los juegos de intereses económicos y geopolíticos del poder. El criterio de reparto aplicado en los planes de vacunación en las sociedades ricas (primeros los mayores y los sanitarios, luego el resto de la población según su edad) no se ha utilizado en las relaciones internacionales, donde todo se ha dejado en manos de las grandes farmacéuticas, las reglas del mercado y la "filantropía" de unos estados que lo que realmente buscan es alcanzar mayor influencia global.

Si nuestra salud se sostiene sobre ecosistemas bien conservados, nuestra sociedad se sostiene sobre las personas menos reconocidas y remuneradas: personal sociosanitario, temporeros, equipos de limpieza, repartidores, reponedores, transportistas, empleadas del hogar o cajeras de supermercados. Justamente la gente a la que el sistema condena a la precariedad y a los sueldos más bajos.  Mientras descubrimos la importancia de todas estas ocupaciones que fueron declaradas en su día esenciales, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia de que los directivos de los bancos obtienen remuneraciones y bonos equivalentes a la suma del sueldo medio de miles trabajadores que esos mismos bancos han anunciado que quieren despedir, pudiéndose así comprobar que el salario no se fija por la utilidad del trabajo que se desempeña sino por el prestigio social que concede el ejercicio del poder.

Todo ello invita a que nos replanteemos cómo y a qué otorgamos valor. Y otorgar valor a una cosa no es sinónimo de ponerle un precio, a menos que nos deslicemos hacia la estupidez de la que habla Machado en boca de su Juan de Mairena. Tal vez sea esta la causa última de la pandemia: la incapacidad que tiene la civilización capitalista de valorar adecuadamente lo que socialmente resulta más necesario.

Por Santiago Álvarez Cantalapiedra

Director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

19/07/2021

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Miles de personas se manifiestan en La Habana en apoyo a La Revolución. — Alexandre Meneghini / REUTERS

El presidente cubano ha acusado a Estados Unidos de ser el principal instigador de las protestas del pasado 11 de julio.

 

El Gobierno cubano organizó este sábado una concentración masiva para sacar músculo como respuesta a las protestas en su contra protagonizadas de forma espontánea por miles de personas hace casi una semana en varias ciudades del país y en el peor momento de la pandemia.

Con banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, fotografías del fallecido presidente Fidel Castro y de su hermano y sucesor Raúl, quien asistió al acto masivo del sábado, los concentrados –muchos agrupados según su pertenencia a distintos organismos y empresas estatales– corearon consignas a favor de "la Revolución", que identifica al sistema político vigente desde 1959.

Los participantes, convocados desde la madrugada, llegaron en autobuses estatales a la zona del Vedado capitalino conocida como La Piragua, frente al emblemático Malecón y muy cerca de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Para llevar a cabo la concentración, las autoridades desviaron las principales calles del barrio habanero del Vedado y paralizaron el transporte público y privado.

En otras provincias, como la oriental Santiago de Cuba, también se realizaron actos similares de reafirmación revolucionaria.

En La Habana, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, culpó a Estados Unidos de ser el principal instigador de las masivas protestas que demandaron libertades civiles, una cuestión negada por Washington.

Díaz-Canel manifestó en su discurso que el Gobierno estadounidense usa las redes sociales y una "campaña de intoxicación mediática" para promover el "odio" entre cubanos, disturbios y un clima de inestabilidad, argumento que lleva repitiendo desde que comenzaron las protestas el domingo 11.

Días previos a las manifestaciones, un grupo de jóvenes independientes organizó una campaña virtual para recolectar donaciones y enviarlas a las regiones más golpeadas por la crisis sanitaria, como la provincia de Matanzas (occidente). Luego se sumaron a las manifestaciones en las calles.

Lo hicieron, aseguró el presidente ante los congregados -más de 100.000 según el Gobierno-, aprovechándose de "las difíciles condiciones provocadas por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo".

¿De quién son las calles?

El mismo domingo 11 de julio, cuando miles de personas salieron a las calles gritando "libertad" y consignas contra el gobierno, Díaz-Canel instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el "combate". "La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", expresó el mandatario en una comparecencia televisiva especial ese día.

Este sábado dijo que sus palabras en la intervención "improvisada" ese día tuvieron una interpretación "malintencionada" para dar a entender que "se había convocado a una guerra civil".

"La historia se pretende contar al revés", sostuvo al defender la idea de la guerra mediática sobre los sucesos del 11 de julio.

Sin cifras oficiales de detenidos

"Lo que el mundo ve sobre Cuba es una mentira: un pueblo levantado contra el Gobierno y el Gobierno oprimiendo", afirmó Díaz-Canel hoy frente al Malecón.

Precisamente allí, antes de comenzar el acto, detuvieron y sacaron a un hombre a la fuerza por gritar "libertad" y "patria y vida", uno de los principales lemas de las protestas antigubernamentales, un incidente que recogieron las cámaras.

El Gobierno cubano ha negado que en las protestas hubiera represión policial, lo que contrasta con vídeos difundidos en las redes en los que se observa represión violenta por parte de policías y de agentes vestidos de civil, con declaraciones de testigos y con hechos observados por Efe y otros medios que cubrieron los sucesos.

El ejecutivo de Díaz-Canel solo ha confirmado hasta el momento la muerte de un hombre durante un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en un barrio periférico de La Habana, que dejó también varios lesionados entre civiles y agentes.

Sigue sin ofrecer cifras sobre el número de detenidos, que organizaciones de derechos humanos y activistas cifran en cientos, e incluso miles.

En la principal protesta en el emblemático Paseo del Prado de La Habana los manifestantes desfilaron en una marcha pacífica hasta que la policía y los contramanifestantes se enfrentaron a ellos, produciéndose heridos y detenidos

La Habana

17/07/2021 21:04

EFE

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Sábado, 17 Julio 2021 06:41

Inédita situación

Inédita situación

En una situación inédita desde que se proclamó independiente en 1991, la república ex soviética de Moldavia –que ostenta el tristemente célebre récord de ser el país más pobre de Europa– tendrá presidenta, gobierno y mayoría en el parlamento unicameral sin contrapesos de ningún tipo.

Las recientes legislativas así lo determinaron. El partido liberal Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu tendrá 63 de los 101 diputados del Congreso y podrá nombrar primer ministro y gabinete sin tener que negociar con otras fuerzas políticas ni, como pasaba casi siempre, verse obligado a repartir las cuotas de poder entre europeístas y pro rusos, al margen de quién ocupase la presidencia o la jefatura del gobierno nombrado por el parlamento, lo cual bloqueaba cualquier iniciativa de ley de unos y otros, mientras los clanes mafiosos –simbiosis de empresarios y funcionarios corruptos– saqueaban el país.

La coalición de socialistas y comunistas, que promueve mayor acercamiento con Rusia, será minoría con 32 escaños, y apenas seis ocupará el partido conservador Shor. Los llamados unionistas, que buscan la reunificación con Rumania, carecerán de representación parlamentaria al no sacar ni 2 por ciento del voto.

Las regiones separatistas de Transdniester y Gagauzia, que forman parte de Moldavia pero no reconocen el gobierno de Chisinau, votaron más por la coalición de socialistas y comunistas, sin poder influir en esta ocasión en equilibrar los resultados.

Sandu, quien se jugó su permanencia en el cargo al forzar el adelanto electoral para poner fin a la paralizante convivencia de proyectos de país antagónicos, obtuvo una victoria abrumadora para sacar adelante su propuesta de integración con la Unión Europea. Su meta es lograr el respaldo de 70 por ciento de la población y la más reciente encuesta sobre un hipotético referendo arrojó 57 por ciento en favor de solicitar el ingreso a la UE frente a 28 por ciento que prefiere la integración económica con Rusia.

Por lo pronto, la mayoría oficialista permitirá a Sandu gobernar cuatro años sin sobresaltos y, al mismo tiempo, es insuficiente para modificar la Constitución, eventualidad que sólo podrá llevar a la realidad sumando al menos los votos de cinco diputados de oposición, los que le faltan para alcanzar los dos tercios requeridos.

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Una imagen de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nova Santa Rita, del MST, fundada el 30 de junio de 1995.Acervo Coopan

El mayor movimiento social del mundo pretende recaudar 3,5 millones de dólares ofreciendo bonos con una rentabilidad del 5,5% anual, superior a las cuentas de ahorros, en un momento en que se recrudecen los conflictos rurales

 

El mayor movimiento social del mundo quiere plantar su bandera en la meca del capitalismo: el mercado de capitales. El estandarte rojo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), con la bandera brasileña sobre un fondo blanco, ondeará ahora en las carteras de inversiones. El MST tiene previsto recaudar 3,5 millones de dólares con la emisión de un Certificado de Recibibles de la Agroindustria (CRA), un tipo de título de renta fija utilizado para financiar al productor o a la cooperativa agrícola y que está respaldado por la economía real, es decir, la propia producción. En la práctica, quien esté interesado en financiar las actividades del movimiento puede comprar títulos y tendrá, como retorno, una remuneración prefijada que ronda el 5,5% anual, pagada con el beneficio de la venta de los productos agrícolas. El interés es superior al de las cuentas de ahorro, por ejemplo, que de enero a diciembre de 2020 fue del 2,11%.

En todo el mundo, las iniciativas a favor de un capitalismo consciente están ganando fuerza como aliados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Democratizar y diversificar las inversiones es una de las formas de combatir la concentración de dinero en manos de unos pocos, justifican quienes creen en la iniciativa. La oferta pública del MST aceptará inversiones a partir de 100 reales (20 dólares). Se trata de bonos a cinco años, exentos de tributar al IRPF y que incluso pueden negociarse en el mercado secundario de la Bolsa de Valores de São Paulo, en función de su liquidez.

No es la primera vez que el movimiento explora esta alternativa de financiación, considerada más atractiva que los tradicionales (y burocráticos) préstamos bancarios, pero hasta hace poco era un privilegio de los grandes productores. El año pasado, el MST recaudó 294 millones de dólares en una oferta privada para finalizar una fábrica de procesamiento de productos agrícolas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nova Santa Rita (Coopan), en el estado de Río Grande del Sur. La cooperativa se fundó legalmente en junio de 1995 y hoy cuenta con 29 familias y 80 socios (40 veteranos y 40 jóvenes), que trabajan principalmente en la producción de arroz ecológico y carne de cerdo, pero también de leche, pan y otros productos para el consumo doméstico.

Ahora el objetivo es más ambicioso: financiar la producción, casi mayoritariamente ecológica, de arroz, maíz, leche, soja, zumo de uva y azúcar moreno de siete cooperativas: Coana, con 231 familias implicadas en la producción; Coapar, con 455 familias; Coopaceres, con 39; Cooperoeste, con 1.700; Cootap, con 609; Copacon, con 350; y Copavi, con 138. El MST no pudo ofrecer una entrevista a EL PAÍS porque se encuentra en período de silencio, durante el cual están prohibidas las manifestaciones en los medios de comunicación que puedan influir en posibles inversores.

La emisión de CRA la llevará a cabo la sociedad gestora de fondos de titulización Gaia Impacto, encargada de transformar los pagarés de productos rurales, emitidos por las cooperativas, en valores mobiliarios. La estrategia, sin embargo, forma parte de un movimiento más amplio de recaudación de fondos llamado Finapop: Programa de Financiación Popular de la Agricultura Familiar para la Producción de Alimentos Sanos. Concebido en colaboración con el economista y exbanquero Eduardo Moreira, declaradamente de izquierdas, el programa Finapop se inspira en iniciativas internacionales alineadas con una economía ética y sostenible. Los interesados podrán reservar sus acciones a partir del 26 de julio en la web de la empresa de corretaje Terra o registrándose en la web de Finapop. “La página ya ha recibido casi 4.000 mensajes de personas que quieren que se les avise cuando se lancen nuevas operaciones”, dice Moreira.

“Finapop es una idea, un deseo, que se basa en el principio de saber qué financian nuestros ahorros. Puede ser que estemos financiando a Taurus cuando somos pacifistas, la cárnica JBS cuando somos veganos o la minera Vale cuando somos ecologistas. ¿Por qué no financiar el mundo en el que creemos?”, argumenta Moreira. El economista también cree que la emisión tendrá una función educativa: mostrar a la gente que las cooperativas agrícolas del MST cumplen con todos los requisitos legales para satisfacer la demanda del mercado financiero. “En este mundo capitalista, donde el mercado es una entidad casi sagrada, la gente verá que no tiene motivos para odiar al MST”, dice.

Moreira es un crítico del modelo de capitalismo que cobró impulso a partir de los años 80 con la desregulación de los mercados y que hoy vive un momento de revisión. “La experiencia de los años 80 mostró una secuencia de crisis sin precedentes. No soy un entusiasta del sistema capitalista actual, pero será difícil deshacerse de él. Por eso hay que limitar la codicia, que roba la productividad y concentra el poder político en manos de unos pocos”, dice el economista, que no está solo en esta cruzada. Cabe recordar la famosa frase que Nicolas Sarkozy, entonces presidente de Francia, dijo en plena crisis financiera internacional de 2008 sobre el fin de la autorregulación: “Hay que refundar el capitalismo (...) porque estamos a dos dedos de la catástrofe”.

En función de la acogida que tenga el MST entre los inversores, existe todo un universo potencial de agricultores familiares que podrían estar interesados en estrechar lazos con el mercado de capitales. El MST cuenta con 160 cooperativas y más de 1.000 asociaciones que agrupan a 450.000 familias en 24 Estados. Desde los años 90, muchas de estas cooperativas han exportado productos como arroz, zumos, frijoles, café y derivados de la caña de azúcar a países de América Latina, Europa y Asia. También en esa época, las cooperativas comenzaron a desarrollar productos agroindustriales a gran escala, que hoy se venden en mercadillos y mercados municipales, especialmente en el sur del país y en São Paulo. Las cooperativas también abastecen a más de 200 municipios a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar, así como a cuarteles, prisiones y hospitales. Y han desarrollado su propia red de distribución, las tiendas Armazém do Campo, que atienden a una media de 21.000 personas al mes, como forma de sortear la resistencia de las grandes marcas de supermercados.

Violencia en el campo

La incursión del MST en el mercado financiero se produce en un momento de extrema hostilidad en Brasil hacia los movimientos sociales del campo. Jair Bolsonaro fue elegido en 2019 repitiendo el discurso de que trataría al movimiento que defiende la reforma agraria como una “organización terrorista”. Y eso es lo que ha ocurrido en la práctica. Los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra muestran que en el año 2020 los asesinatos a sueldo, expulsiones, desahucios, amenazas de expulsión, amenazas de desahucio, invasiones, destrucciones de campos, casas y propiedades en el campo batieron el récord de la serie histórica iniciada en 1985. Hubo 2.054 sucesos de violencia, un aumento del 8% en comparación con 2019, de los cuales 1.576 fueron conflictos por la tierra, lo que representa una media diaria de 4,31 conflictos y un aumento del 25% en comparación con 2019. Estos conflictos afectaron a 171.625 familias en plena pandemia de coronavirus. Solo entre los pueblos indígenas hubo 656 sucesos (41,6% del total), con 96.931 familias (56,5%) implicadas.

“A la virulencia mortal de la peste se sumó la violencia del capital, avalada por la omisión y la connivencia del Estado”, informa la Comisión Pastoral de la Tierra en su informe anual. Del total de conflictos, el 62,5% se produjeron en la Amazonia Legal, que comprende todos los estados de la región norte, más parte de Maranhão y todo el Estado de Mato Grosso. La región vive un desmantelamiento de las políticas públicas en un momento en que los datos de deforestación acumulan récords. El mes pasado fue el junio con mayor número de incendios de los últimos 14 años en la Amazonia: 2.308, según el Instituto Nacional de Estudios Espaciales. La Comisión Pastoral de la Tierra también registró el asesinato de 18 personas en conflictos rurales el año pasado, entre ellos siete indígenas. Otras 35 personas sufrieron intentos de asesinato (12 indígenas) y 159 fueron amenazadas de muerte (25 indígenas).

“El informe sobre los conflictos de 2020 de la Comisión Pastoral de la Tierra revela que el Brasil de hoy está más cerca de 1500 que de 1988 [año de la Constitución]. En varias regiones del país, los indígenas, los trabajadores rurales sin tierra, los quilombolas [descendientes de esclavos rebeldes], los ribereños [de la Amazonia], los geraizeiros [pueblo tradicional del norte del estado de Minas Gerais], los pescadores artesanales, los vazanteiros [ribereños del cerrado] y los campesinos de fundo e fecho de pasto [que cultivan y pastorean en tierras comunes] son víctimas de procesos de criminalización por sus luchas, especialmente por la tierra y el agua”, afirma Deborah Duprat, abogada y subfiscal general de la República jubilada, en una declaración para el informe. La Comisión Pastoral de la Tierra registró 84 casos de criminalización de los movimientos en 2020, que tuvieron como objetivo a los sin tierra (40), los ocupantes ilegales (24) y los quilombolas (9).

Por Regiane Oliveira

São Paulo - 16 jul 2021 - 0:36 CEST

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