Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.


Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.
La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.


Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de patrones culturales.


Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.
“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través los mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.


A esa situación se suma que muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.


“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.


En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.


“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera. Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.


“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.


Sobre reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

20 mayo 2019

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La ex soldado estadunidense Chelsea Manning, ayer al llegar a una corte de Alexandria, en Virginia, donde un juez ordenó su regreso a la cárcel debido a su negativa a declarar, "por cuestión de principios", ante el gran jurado en el caso contra Julian Assange por la filtración de documentos clasificados a Wikileaks.Foto Afp

Ingresa la policía a la embajada de Venezuela en Washington y expulsa a activistas partidarios de Maduro

Nueva York. El gobierno de Donald Trump desata guerras fuera y dentro de Estados Unidos al nutrir las tinieblas de acciones bélicas para promover cambio el de regímenes en Irán y Venezuela (y con ello en Cuba), así como intensificar el conflicto comercial con China, mientras dentro del país promovió guerras contra inmigrantes, mujeres, el Congreso y la prensa.

Aquí se intensifican los temores de que el gobierno de Trump provoque una guerra contra Irán, tras la orden del miércoles de desalojar al personal "no esencial" de su embajada en Irak, argumentando supuestas amenazas y acciones iraníes poco precisas y citando imágenes de inteligencia de presuntos misiles colocados en pequeñas embarcaciones en el golfo Pérsico.

Durante las últimas dos semanas Estados Unidos ha incrementado la tensión, alertando sobre potenciales ataques de Irán, enviando equipo militar y naves a la región, filtrando que el Pentágono está contemplando enviar una fuerza hasta de 120 mil soldados a esa zona y amenazando con una respuesta feroz ante cualquier "provocación" de Teherán.

Por ahora Washington no está convenciendo a sus aliados. Esta semana un general británico que es subcomandante de la coalición que combate a ISIS en Irak y Siria enfureció a los estadunidenses al comentar que no existe evidencia de una "creciente amenaza" de Irán. Diplomáticos europeos rehusan, por ahora, sumarse al coro bélico dirigido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton.

De hecho, ayer se divulgó que ni el propio Trump está convencido de lo que impulsan sus subordinados; el New York Times reportó que el comandante en jefe comentó a su secretario de Defensa, Patrick Shanahan, que no desea un conflicto armado con Irán como resultado de su llamada estrategia de "presión máxima".

Mientras, el gobierno de Trump continuó sus esfuerzos para cambiar el régimen venezolano. El miércoles pasado el Departamento de Seguridad Interna determinó que las "condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulación viajando hacia o desde ese país" y con ello el Departamento de Transporte emitió una orden para suspender de inmediato todos los vuelos directos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela.

En Washington, la batalla por la embajada de Venezuela culminó ayer con el ingreso de la policía a esa sede para expulsar a activistas antiguerra que habían residido ahí durante más de un mes con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que los simpatizantes del líder opositor Juan Guaidó tomaran control del edificio. Los antichavistas que han sitiado el inmueble sede corearon "USA, USA", al aplaudir la acción.

Por otro lado, Trump continuó intensificando su guerra comercial contra China, a pesar del repudio y las críticas de inversionistas y granjeros estadunidenses, y el pasado miércoles emitió una orden ejecutiva para prohibir que empresas de telecomunicaciones estadunidenses instalen equipo fabricado en el extranjero (China, sin decirlo) que podrían representar "un riesgo para la seguridad nacional".

En tanto, Trump presentó su nuevo plan para una reforma migratoria –elaborado en parte por el yerno del presidente Jared Kushner– disfrazada para que el presidente pueda proclamase "pro inmigrante", pero que busca sustituir la preferencia para la reunificación de familias, que ha imperado durante décadas, con una para migrantes "capacitados" y "brillantes", y busca limitar aún más el proceso de asilo e incluye más medidas de seguridad (y por supuesto el muro), o sea, de persecución y castigo de los más vulnerables.

El plan –que no aborda qué hacer con los indocumentados en el país, incluidos los dreamers– se interpreta más como un documento diseñado para efectos electorales, ya que tiene casi nula posibilidad de ser aprobado por el Congreso.

Por otro lado, desde la llegada de Trump, la derecha ha librado una renovada ofensiva contra los derechos de la mujer con varios estados promoviendo leyes contra el aborto. El objetivo real de los impulsores de esta ofensiva legislativa a escala estatal –con decenas de iniciativas– es provocar una disputa judicial que llegue a la Suprema Corte, donde esperan, con la mayoría conservadora instalada por Trump, lograr el sueño ultraconservador de revertir un fallo de hace cuatro décadas conocido como Roe v Wade que reconoce el derecho al aborto.

La extraordinaria guerra de Trump contra sus opositores en el Poder Llegislativo continuó escalando a niveles posiblemente sin precedente. El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, informó el miércoles al Comité Judicial de la cámara baja que no sólo no cumplirán con las solicitudes de documentos y testimonio, sino que cuestionó la autoridad del Congreso para investigar a Trump, sobre todo en torno a una posible obstrucción de la justicia.

Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, declaró que “la Casa Blanca está recurriendo al argumento desmesurado de que el presidente no puede ser obligado a rendir cuentas… al pueblo estadunidense. Eso es rídiculo”. Otros legisladores indicaron ayer que el presidente, con estas afirmaciones, está cometiendo aún más actos de obstrucción de justicia.

Por último, en un caso relacionado con la guerra contra los medios en este país, ayer un juez ordenó el retorno de Chelsea Manning a prisión después de que, una vez más, ésta declaró que no cooperará con ningún gran jurado y que no claudicará sus principios. En marzo, la ex analista de inteligencia militar, quien fue la fuente de documentos clasificados que revelaron crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas de Estados Unidos a Wikileaks en 2010, y quien cumplió siete años de prisión por eso, fue encarcelada dos meses por negarse a testificar sobre sus interacciones con Julian Assange, ahora perseguido por la "justicia" estadunidense.

"¿Habra algún tipo de guerra que Trump no esté por impulsar?", preguntó el cómico y conductor de The Late Show, Stephen Colbert.

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Responde China a EU con aumento de aranceles

Tasas hasta de 25% a bienes valorados en 60 mil millones de dólares anuales

China anunció ayer que aumentará los aranceles aduaneros a la importación de productos estadunidenses por un monto de 60 mil millones de dólares anuales en represalia por las medidas comerciales adoptadas por el presidente estadunidense, Donald Trump, la semana pasada.La medida elevó el temor a que las dos mayores economías del mundo entren en una disputa sin freno, la cual podría golpear el crecimiento global y se reflejó en caídas de las bolsas a escala global.

A partir del primero de junio China impondrá aranceles de 10, 20 e incluso 25 por ciento a 5 mil 140 productos estadunidenses ya gravados, como vegetales congelados y gas natural licuado, informó la Oficina de la Comisión tarifaria del país asiático.

"El ajuste a los aranceles es respuesta al unilateralismo y proteccionismo estadunidense", subrayó el Ministerio de Finanzas chino. "Pekín espera que Washington vuelva al camino correcto del comercio bilateral y las consultas económicas", agregó.

De acuerdo con la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, China elaborará y dará a conocer una lista de productos estadunidenses importados elegibles para ser excluidos de los gravámenes extras tras evaluar las solicitudes presentadas por las partes interesadas sobre una base de prueba.

Trump confirmó a periodistas que en junio próximo se reunirá con el mandatario chino, Xi Jinping, en el contexto de la cumbre del G20, y que espera que el encuentro sea fructífero para la resolución del conflicto.

Previamente, en Twitter, Trump culpó a Xi del fracaso en las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial, y le advirtió que si aplica represalias empeorará la relación.

"Le digo abiertamente al presidente Xi y a mis muchos amigos en China que sufrirán mucho si no llegan a un acuerdo, porque las compañías se verán obligadas a abandonar esa nación por otros países. Es demasiado caro comprar en China. ¡Tenían un gran acuerdo casi cerrado y dieron marcha atrás!", apuntó.

La más reciente ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China terminó el pasado viernes en Washington sin que hubiera acuerdo.

En días anteriores, Estados Unidos acusó a China de no comprometerse con acuerdos previamente alcanzados.

El viernes entró en vigor un aumento de 10 a 25 por ciento de los aranceles a las compras de productos del país asiático por un monto de 200 mil millones de dólares anuales. Trump también llamó a gravar los 300 mil millones de importaciones chinas restantes.

Este lunes los mercados mundiales reaccionaron negativamente ante el incremento de la tensión comercial entre Washington y Pekín, las dos mayores economías del planeta.

En Nueva York, el índice Dow Jones bajó 2.38 por ciento, a 25 mil 324.99 unidades, mientras el Standard & Poor’s 500 cayó 2.41, a 2 mil 811.87. El Nasdaq, en tanto, descendió 3.41 por ciento, a 7 mil 647.02 puntos.

La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.55 por ciento, a 43 mil 142.46 puntos.

Los mercados europeos cerraron con pérdidas generalizadas. Destacaron la bolsa de Lisboa, con un retroceso de 1.81 por ciento, y la de Fráncfort, con 1.58.

En China, el índice Shezhen cayó 1.43 por ciento y el Shanghái Composite cedió 1.21.

En el continente americano, las bolsas también bajaron notablemente. En Buenos Aires el mercado perdió 3.27 por ciento y el de Sao Paulo tuvo una variación de menos 2.69.

"Un acuerdo entre Estados Unidos y China es muy valorado por el mercado", expresó el analista Sam Stovall, de la empresa CFRA Research. "¿Quién sabe qué puede pasar antes de que ese acuerdo sea alcanzado?", añadió.

Para el analista comercial William Reinsch, "en este momento pareciera que estamos en un choque de trenes en cámara lenta, en el que ambas partes se apegan a sus posturas".

 

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EEUU reconoce su responsabilidad en la crisis de Venezuela

El descaro y el robo llevado al rango de política de Estado

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró GrayZone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado.

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal pero rápidamente retirado, hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf).

“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.


Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.

“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.

El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.

“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.

“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.

El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes desde 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.

Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de USD 213 millones en respuesta humanitaria” y “USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar $ 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.

Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.

El capítulo más extenso del boletín son sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.

Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.


Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.

Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.

“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.

“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.


En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja claro qué tanto.

Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.


Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de 1.000 miembros del Ejército” que huyeron a Colombia.

También se ufana de que ahora “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, “aproximadamente 3.2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736.000 barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo de 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro. Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.

“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.


Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.

Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.


Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.


No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.

Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto.

Por Pablo Siris Seade
Caja de Respuestas

 

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China se prepara para una guerra de desgaste con EE UU en su disputa comercial

Pekín exige que un acuerdo final garantice la “igualdad y la dignidad” de los dos países

 La ronda número once de conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos terminó en Washington sin más acuerdo aparente entre las delegaciones que el desayuno: donuts, que llevaban los guardaespaldas en grandes bolsas. EE UU ya ha puesto en marcha su anunciado aumento de aranceles sobre productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, y no hay fecha para retomar las negociaciones. Aunque, al abandonar Washington, el jefe de la delegación china, el vice primer ministro Liu He, se declaraba “cautelosamente optimista”, también dejaba claro que las posturas están separadas por enormes diferencias de fondo.


Los canales siguen abiertos, han insistido las dos partes. “Las negociaciones no se han roto” y se retomarán en Pekín en algún momento del futuro, subrayaba Liu, el hombre de confianza del presidente chino Xi Jinping para los asuntos económicos, en una rueda de prensa con medios chinos. Pero también admitía que existen “desacuerdos sobre cuestiones de principio”. Tres cuestiones en las que, subrayó, China “no cederá bajo ningún concepto”.


Para poder llegar a un acuerdo —ha explicado—, su Gobierno considera obligatorio que Estados Unidos levante sus aranceles adicionales; que el aumento del volumen de compras de productos estadounidenses que Washington exige a China sea realista y se ciña a la demanda interna china; y —sobre todo— que el documento final del acuerdo sea “equilibrado” para garantizar la “igualdad y la dignidad” de los dos países.
En esa tercera condición, la “dignidad”, está la clave. El actual punto muerto se desató, como ha publicado la agencia Reuters, cuando Pekín eliminó del borrador de acuerdo las referencias a que cambiaría sus leyes para aceptar las demandas de EE. UU. sobre protección de la propiedad intelectual, acceso a los mercados de servicios financieros y transferencia forzosa de tecnología, entre otros. Para Washington, esos términos eran la garantía para hacer cumplir lo que -creía- se había acordado. Para Pekín representaban una injerencia intolerable en su soberanía. Y un cambio en su modelo económico que Xi Jinping no tiene ninguna intención de aceptar. Venga lo que venga.


“China está dispuesta a pagar un cheque, pero no a transformar su modelo económico estatal en una economía de mercado”, escribía esta semana Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia Pacífico del banco de inversiones Natixis. “El abrupto cambio de dirección [de el presidente estadounidense, Donald Trump] en la estrategia de negociación revela desesperación, más que fuerza” al imponer los nuevos aranceles, que pasan del 10 al 25%, y amenazar con gravar de la misma manera al resto de productos importados chinos.


Y China ha llegado a la conclusión de que tiene margen de maniobra para aguantar lo que cree que puede ser una guerra de desgaste prolongada. La desconfianza de Pekín es grande, y domina la percepción de que, al final, el objetivo de EE. UU. es impedir que este país se convierta en una gran potencia. No ha ayudado que esta semana las autoridades estadounidenses denegaran una licencia de operación a la principal compañía telefónica china —China Mobile— e intensificaran su retórica contra el gigante tecnológico Huawei.


A lo largo de los meses de negociación, Pekín ha ido dando pasos para proteger su economía ante la ausencia de un acuerdo. “Los responsables políticos chinos se han centrado en estimular de modo efectivo la economía. Además, con una perspectiva a largo plazo en mente, China se ha esforzado en extender lazos amistosos con la mayor cantidad posible de países”, apunta García-Herrero. Para lo primero, recuerda la economista, se encuentran en marcha estímulos para el sector privado vía crédito. Para lo segundo, China ha sumado ya oficialmente a 130 países a su iniciativa Nuevas Rutas de la Seda.


Los últimos datos económicos avalan, a ojos de Pekín, esta estrategia. El crecimiento del PIB en el primer trimestre del año ha sido del 6,4%, por encima de lo esperado. Las exportaciones también han aumentado un 4,3% interanual en los primeros cuatro meses del año, como han resaltado los medios oficiales chinos a lo largo de esta semana. El economista jefe del banco central chino, Ma Jun, ha calculado el impacto de la guerra comercial en una pérdida de tres décimas de punto de crecimiento del PIB, “algo que está dentro de lo controlable”.


“La economía tocó suelo a finales del año pasado, ahora empieza a recuperarse”, ha subrayado Liu. “A pesar de las presiones económicas que puedan venir, creo que la economía china mantendrá su impulso y un desarrollo sano y estable”.


La cita del G20


A corto plazo, y con independencia de que las delegaciones vuelvan a reunirse antes o no, la próxima gran cita se perfila en Osaka (Japón) a finales de junio, la cumbre anual del G20. Allí se verán las caras Trump y Xi Jinping, los únicos -como ha quedado claro esta semana- que tienen la última palabra para cerrar un acuerdo.


Un acuerdo que no llegará, como venía a decir Liu, a cualquier precio. “Cuanto más necesite Xi movilizar su sistema político y su población para (…) luchar una guerra de desgaste, más difícil le será cambiar la marcha y aceptar un gesto de Estados Unidos; si es que llega”, apunta en una nota la consultora Eurasia Group.


Aunque ambos les interesa entenderse. Una guerra comercial entre las dos principales economías del mundo sería perjudicial para todos. Trump necesita réditos electorales, y un pacto con China que pueda presentar como ventajoso sería una buena carta. Xi conmemorará en octubre el 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China, y no quiere problemas que distraigan de los preparativos. Para Pekín —recuerda García-Herrero— continuar la política de crecimiento mediante estímulos puede suponer en el futuro un aumento de la deuda.


Pero incluso si los dos jefes fuman a corto plazo la pipa de la paz —y hoy por hoy, está por ver—, no está tan claro que consigan la cuadratura del círculo: resolver sus diferencias de principio, la “dignidad” de la que hablaba Liu He. Y un acuerdo que no las solvente puede acabar siendo como los dónuts del desayuno de sus delegaciones: dulce por fuera; por dentro, vacío.

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 11 MAY 2019 - 10:33 COT

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Ante nuevas sanciones de EU, Cuba anuncia racionamiento de alimentos

Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra dos empresas de navegación y dos buques petroleros por enviar crudo desde Venezuela a Cuba.

Se trata de los corporativos Monsoon y Serenity, dedicados al tráfico marítimo, y los buques Leon Dias, un petroquímico, y Ocean Elegance, un petrolero, ambos con bandera panameña, detalla un comunicado de la dependencia.

El 28 de abril pasado entraron en vigor sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana, que entrañan la prohibición de realizar transacciones de crudo con las empresas estatales de ese país sudamericano.

“Monsoon tiene sede en Majuro, Islas Marshall, y es la propietaria registrada del buque Ocean Elegance, un tanquero que transportó crudo de Venezuela a Cuba desde finales de 2018 hasta marzo de 2019”, argumenta.

“Serenity –agrega el texto– tiene sede en Monrovia, Liberia, y es propietaria del barco Leon Dias. Este buque, un tanquero químico y petrolero transportó crudo de Venezuela a Cuba en el mismo periodo.”

El Departamento del Tesoro explicó que las sanciones "son una respuesta al arresto ilegal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela y pretende dirigirse a los actores que participan en el represivo sector de la defensa y la inteligencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro".

Por su parte, los cubanos enfrentarán "regulaciones" en la compra de pollo, huevos, salchichas y productos de limpieza e higiene, informó el sitio web Cubadebate. El gobierno anunció este viernes un nuevo racionamiento de alimentos a medida que la isla, dirigida por un régimen comunista, se enfrenta al aumento de las sanciones estadunidenses y la crisis económica de Venezuela, su aliado cercano.

 

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Equidad fiscal no ha llegado al sector rural*

Las grandes extensiones de tierra improductiva, que no generan ingresos para los municipios, y la falta de un sistema de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos, son algunos factores que aumentan la desigualdad entre los departamentos del país, y que fueron identificados a partir del análisis de la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales.

El fenómeno social de la desigualdad es complejo porque está influido por múltiples factores. Al respecto es pertinente considerar las palabras del economista francés Thomas Piketty, quien señala que “cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época” (El capital en el siglo XXI, 2015).

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y uno de los dos con mayor concentración de la riqueza en América Latina, la región más desigual. Esto se hace evidente no solo al analizar el índice de Gini (indicador de la desigualdad), sino también al revisar las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales y la dificultad para acceder a trabajos de buena calidad.

 

"El sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos".

 

Así mismo la desigualdad es más notoria ante una marcada in-movilidad social intergeneracional ascendente –incluso comparada con la de países de similar nivel de ingreso– que se retroalimenta con la exagerada concentración de Ingresos y riqueza prevaleciente de manera estructural en el país, realidad que se muestra en el libro (In-) movilidad social y democracia, de Luis Jorge Garay, publicado en 2018 por Ediciones Desde Abajo.

Los registros administrativos fiscales resultan ser los más confiables y útiles para analizar la dinámica de la concentración de la riqueza y del ingreso; la estructura de las exenciones y deducciones fiscales; y del gasto tributario, entre otros. Por tal razón, en el estudio adelantado por los autores del presente texto se utiliza la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas (PJ) como para las personas naturales (PN).

 

Concentración extrema

 

El patrimonio tanto de las PJ como de las PN se encuentra muy concentrado. En efecto, las declaraciones de renta presentadas en 2018 por las PJ muestran que el decil más rico de empresas concentró el 95,4 % de la riqueza total de las PJ en el país, consecuente con un índice de concentración Gini del 0,974 (el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad). Es importante señalar que un grupo de 20.000 empresas presenta un patrimonio bruto igual a cero; el 19 % de ellas pertenece al sector “actividades de otras asociaciones no clasificadas previamente (NCP)”.

A su vez, el decil más rico de las PN (unas 300.000) declararon en 2018 un patrimonio líquido equivalente al 97 % del PIB, acumulando a su haber el 56 % del patrimonio total de las PN.

Dada la alta concentración de las PJ y las PN más ricas, al desglosar el decil 10 se encuentra que:

(i) El subdecil 10 de las PJ superricas aglutina hasta el 88 % del patrimonio de las PJ más ricas, manteniéndose la concentración patrimonial (índice Gini de 0,8291) y destacándose el hecho de que cerca de 500 empresas serían las PJ super superricas del país, al concentrar el 57 % del patrimonio bruto de las PJ.

(ii) En el caso de las PN más ricas del país, los subdeciles 9 y 10 de los super superricos concentran el 60 % del patrimonio bruto y el 61 % de total de las rentas líquidas cedulares de las PN más ricas (del decil 10), con un índice Gini para las super superricas (del subdecil 10) del 0,56 en el caso del patrimonio.

Ello muestra el muy elevado grado de concentración aún al nivel del 1 % de las PN y las PJ superricas del país, lo que no contradice la tendencia observada en diversos países durante los últimos años, aunque el caso colombiano sí sobresale por la agudización del fenómeno de sobreconcentración y desigualdad.

Esta situación se agrava aún más en la medida en que el sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos.




Fuente: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2017/efectos-de-la-politica-fiscal-en-la-equidad_9789264266391-6-es#page1

 

Es evidente que los privilegios tributarios, además de erosionar la base gravable del impuesto sobre la renta, hacen que la tarifa efectiva promedio (impuestos pagados/ingreso bruto) de las PJ y de las PN resulte ser muy baja, beneficiando en gran medida tanto a las PN como a las PJ con mayores ingresos, en especial a las superricas. Es así como la tarifa efectiva promedio del impuesto a la renta para las PJ en 2017 fue casi la décima parte de la tarifa nominal promedio, como resultado de los tratos diferenciales “pro rico”, al punto que la tarifa efectiva –teniendo presente los cargos tanto a la nómina como al patrimonio– alcanzaría el 5,6 % en el decil 1, y el 5,4 y 5,0 % en los deciles 9 y 10.

Lo anterior permite corroborar con certeza la existencia de un espacio suficiente para implantar una mayor tributación progresiva efectiva sobre las PJ más ricas (pertenecientes a los deciles 8, 9 y 10) y especialmente sobre las superricas, sin que ello por sí solo pudiera poner en riesgo su capacidad de inversión, acumulación y expansión, ni su potencialidad competitiva internacional.

A su turno, las PN más ricas del país (del decil 10) tuvieron una tarifa efectiva promedio del 11,3 % para el caso de las rentas laborales y pensiones; del 2,6 % para las rentas de capital y no laborales; y del 1,1 % para dividendos y participaciones, por lo que las más beneficiadas por el estatuto tributario vigente en 2017 fueron las que recibieron mayores rentas por concepto de capital y dividendos, con el agravante de que las PN super superricas se usufructuaron todavía de menores tarifas efectivas.


Para el profesor Jorge Enrique Espitia, del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la UN, “el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”.

Así pues, la multiplicidad de tratamientos tributarios preferenciales a favor especialmente de las PJ y de las PN más ricas –sobre todo las superricas y super superricas–, privilegiando a las rentas de capital y los dividendos y participaciones con respecto a las rentas laborales, y diferenciando entre sectores de actividad, entre otros, conducen a:

- un bajo esfuerzo fiscal efectivo para la economía en su conjunto,
- drásticas inequidades tanto horizontales como verticales y sectoriales,
- elevados grados de ineficiencia administrativa, y
- exagerados niveles de evasión y elusión tributarios.

En este sentido, el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

De ahí la urgencia de establecer una drástica disminución de deducciones, exenciones y otros tratos preferenciales, especialmente a las PN y a las PJ declarantes con mayores ingresos, con miras a avanzar en el desmonte de factores determinantes de la inequidad y regresividad del estatuto tributario colombiano, y así poder contribuir a la reducción de los inaceptables niveles de desigualdad y exclusión social en el país. Además, una política de esta naturaleza permitiría aumentar el recaudo tributario con respecto al PIB, reducir la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y aumentar su respectiva tarifa efectiva.
Según el investigador Luis Jorge Garay, muchas veces la alta concentración lleva a que la tierra se vea como un elemento de concentración de poder económico y político y no como un insumo para la producción.


Geografía de la desigualdad

 

El Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014 encontró que el territorio nacional está constituido especialmente por bosques (un 56 % de las 111.453.000 hectáreas censadas en 2014 en todo el país), un 43 % de ellos localizados en territorios no étnicos (27 millones de hectáreas), y cerca de un 40 % en actividades agropecuarias, pero con más de la mitad de esta extensión dedicada a pastos y con el agravante de que solo el 20 % se dedica a un verdadero uso agrícola.

Este patrón de especialización contradice abiertamente la vocación de uso del suelo. En efecto, mientras que las áreas apropiadas para la ganadería alcanzarían menos de 8 millones de hectáreas, el Censo 2014 reporta un área ciertamente utilizada de 24 millones de hectáreas, es decir tres veces más de la adecuada. Entre tanto, el área apropiada para la agricultura ascendería a 15 millones de hectáreas, casi el doble del área efectivamente reportada por el Censo de apenas 8,5 millones.

Una parte importante de esta inadecuada especialización espacial se relaciona con una tenencia de la tierra altamente concentrada en pocos agentes sociales a nivel territorial. Es así como el 1 % de las unidades productoras (UP) concentra el 42 % del territorio nacional, y, aún más, el 0,25 % acumula hasta un 74 % de dicha área, en contraste con el 70 % que cuenta con menos de 5 hectáreas y que su extensión acumulada cubre apenas un 1,98 % del área total del territorio nacional. Así, la distribución de la tenencia de tierra es tan concentrada que el índice Gini nacional supera el 0,829 (en términos de las cantidades de UP por tamaño). Ello lleva a posicionar a Colombia entre los tres primeros países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra.

De igual manera, en el ámbito territorial se constatan altos niveles de desigualdad en términos no solo de la concentración de la tenencia de la tierra sino también del PIB por habitante y de la pobreza, entre otros.

Al aplicar unos sencillos modelos de regresión sobre los factores determinantes del ingreso per cápita –la pobreza multidimensional y el esfuerzo fiscal municipal– se corrobora que la elevada concentración de la tierra, al igual que una alta proporción de UP del régimen de propiedad y un mayor tamaño relativo de las UP agropecuarias, son algunos de los factores que impactan negativamente el ingreso promedio, aumentan la pobreza rural y reducen el esfuerzo fiscal municipal.

El estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

Este comportamiento está relacionado con un acendrado rentismo prevaleciente –que va más allá de la mera búsqueda de rentas (rent seeking)–, según el cual la tierra es concebida básicamente como un factor para acumular poder en sentido amplio (político; social; militar y especulativo; y subsidiariamente productivo), no como un verdadero factor de producción, y menos como una riqueza natural socioecológica.

Ante esta situación el país afronta la necesidad de progresar en la construcción de un verdadero “contrato societal” sobre la estrategia de desarrollo social y económico en la que un pacto societal fiscal y un pacto societal alrededor de la tierra, su redistribución y su aprovechamiento sean dos de sus elementos constitutivos centrales, sustentado en amplios consensos fruto de un proceso deliberativo incluyente, como una condición para avanzar hacia una democracia justa, moderna e incluyente.

 

* Este artículo presenta algunos de los principales resultados de la investigación que recogerá el libro Dinámica de las desigualdades en Colombia: socioeconómica, tributaria y territorial, que se encuentra en proceso de publicación.

 

Luis Jorge Garay Salamanca ingeniero industrial y economista, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).
Jorge Enrique Espitia profesor e investigador, Centro de Pensamiento en Política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

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Kevin Kühnert, el líder de los jóvenes socialdemócratas alemanes que quiere colectivizar BMW

Apenas tiene 29 años, pero son suficientes para guiar el actual debate sobre cuestiones económicas y sociales de la izquierda en Alemania. Se llama Kevin Kühnert. Con sus sonadas propuestas suele agitar al establishment político alemán. Sus ideas, como esa que formulaba hace unos días y según la cual sería bueno "colectivizar" una empresa tan importante como el fabricante de coches BMW, levantan ampollas, especialmente en la que es su familia política: el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).


Kühnert, el líder de Jusos –la organización juvenil del SPD–, se empeña últimamente en traer ingentes dosis para el gran partido de centro-izquierda germano de eso que el semanario liberal británico The Economist llama "Socialismo milenial". Sus ideas no pasan desapercibidas porque tienen mucho que ver con un número creciente de cuestiones que preocupan a grades sectores de las sociedades occidentales.


De hecho, Kühnert se ha hecho un nombre en política hablando de problemas como la precariedad y la temporalidad en el mercado de trabajo, de la necesidad de un mayor salario mínimo, de imponer mayores impuestos a las rentas más altas o, más recientemente, la colectivización. Estos son temas con los que han crecido en influencia y relevancia figuras de la política internacional como la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez o el actual líder del laborismo británico Jeremy Corbyn.


Control democrático de los beneficios


En su última y más comentada intervención, Kühnert se mostraba a favor de una colectivización de empresas como BMW en una larga entrevista sobre el tema del socialismo concedida a la revista Die Zeit. BMW es una de las compañías que ejercen de referente internacional para la reputada industria alemana del automóvil. "El reparto de los beneficios debe estar controlados democráticamente", decía Kühnert a Die Zeit en su primer número de mayo a cuenta de la colectivización de BMW.


Por hacer esas declaraciones a Kühnert le llovieron críticas por todas partes. Las hubo de otros socialdemócratas y, por supuesto, de responsables de partidos rivales: liberales, conservadores y ultraderechistas. Asociaciones empresariales también salieron a la palestra para criticar al líder de Jusos. "¡Populistas del mundo uníos!", llegó exclamar el diario conservador Die Welt, ilustrando en fila a Kühnert junto a Jean-Luc Mélechon, líder de Francia Insumisa, y a Pablo Iglesias, líder de Podemos, entre otros.


En declaraciones a la revista Der Spiegel, Kühnert se reafirmaba días después de la lluvia de críticas tras la publicación de la entrevista y decía haber hablado "en serio" cuando mencionaba la idea de colectivizar empresas como BMW. La colectivización no figura precisamente entre las prioridades del SPD, partido que actualmente forma una coalición gubernamental con la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido conservador bávaro hermanado a la formación de la canciller.


De ahí que hubiera personalidades del SPD, como el diputado del Bundestag Johannes Kahrs, que descalificaron abiertamente al líder de Jusos. "Menudo disparate. ¿Qué ha fumado éste?", afirmaba Kahrs en su cuenta de Twitter. En tono menos ofensivo pero no por ello más conciliador reaccionaba la presidenta del SPD, Andrea Nahles. "Veo equivocadas las respuestas que da Kevin Kühnert", dijo la lideresa de los socialdemócratas germanos. Sin embargo, en el SPD, también los hay comprensivos con Kühnert y con los motivos por los que el líder de Jusos habla ahora de colectivizar BMW o, como el año pasado, de subir el salario mínimo a 12 euros la hora cuando ese mismo salario mínimo estaba entonces en algo más de 8,5 euros la hora. La coalición de Gobierno lo incrementó a 8,84 euros el año pasado.


"La excitación causada por las afirmaciones de Kühnert muestran que ha planteando el buen interrogante: (…) la cuestión del reparto de la riqueza", ha dicho en este sentido el responsable de Interior de la ciudad-estado de Berlín, el también socialdemócrata Andreas Geisel. Con él coincide Alexander Kritikos, del Instituto Alemán para la Investigación Económica (DIW, por sus siglas alemanas).


Un SPD sumido en una crisis existencial


"Uno tiene que diferenciar entre esas afirmaciones de Kühnert y el por qué él dice lo que dice. A saber, uno tiene que pensar en qué se puede hacer para que la economía de mercado funcione mejor", dice Kritikos a eldiario.es. "Hay problemas como el reparto de la riqueza. En los últimos años, aunque hubo crecimiento económico, la mitad menos favorecida no sacó provecho de ese crecimiento", abunda este investigador. Éste es el contexto en el que se expresa Kühnert, quien no habla de socialismo queriendo repetir experiencias como la de la extinta República Democrática de Alemania (RDA).


El SPD, como muchos otros partidos socialdemócratas en Europa, se ha convertido de un tiempo a esta parte en un partido en crisis. Los socialdemócratas, liderados por Martin Schulz, firmaron el peor resultado de su historia en las pasadas elecciones generales de 2017 (20,5%). Ese desastre electoral forzó en último término que a Schulz le sustituyera Nahles. Pero con ella al frente, el SPD, que en su día fue el gran referente de la izquierda alemana, sigue sumido en una profunda crisis existencial.


Los sondeos no hacen pensar que la depresión políltica socialdemócrata esté resuelta. Al partido los sondeos de intención de voto le atribuyen ahora un 15%. El SPD está por detrás en las encuestas de la CDU/CSU (29%) y de Los Verdes (20%), y no muy por encima de la ultraderecha. La formación ultra Alternativa por Alemania (AfD) se identifica hoy por hoy con un 13% del electorado.


Las ideas de Kühnert, aunque no sirvan para reanimar del todo a su partido, permiten al SPD no perder de vista lo que parece ser para la izquierda el signo de los tiempos. "No sé si la idea de la colectivización va ayudar al SPD a forjarse un perfil, pero el SPD tiene todavía que plantearse qué políticas quiere representar, y posicionarse", concluye Kritikos.

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Sanciones punitivas contra el pueblo de Venezuela

Los medios televisivos del mundo transmiten el mensaje de que el gobierno de Nicolás Maduro ha provocado una crisis humanitaria. La narrativa es que la mala gestión de la economía que acompaña cualquier proyecto socialista conduce al caos. En muy pocas ocasiones se habla de la historia del régimen que comenzó con Hugo Chávez y de la larga lista de intentos para sabotearlo y derribarlo, comenzando con el frustrado golpe militar de 2002, apoyado por el gobierno estadunidense, como revelan muchos estudios bien documentados.

Venezuela tiene hoy las reservas probadas de petróleo más importantes del planeta: más de 300 mil millones de barriles. Es un crudo pesado, caro de extraer y refinar, pero Estados Unidos no le quita la vista de encima a este recurso. Las exportaciones de crudo generan 98 por ciento de las divisas extranjeras utilizadas por esa economía.

Durante años a nadie pareció preocuparle cuál era el destino de la renta petrolera en Venezuela. El monto del gasto social como proporción del PIB promedió 8 por ciento entre 1990-1998. Cuando accedió Chávez al poder, en 1998, el gasto social se incrementó hasta alcanzar 14.7 por ciento del PIB en 2005. Para entonces todas las alarmas en Washington se habían activado. Desde el principio Chávez fue visto como un enemigo peligroso, en especial porque tuvo apoyo popular masivo.

En 2017 el gobierno de Washington impuso una primera serie de sanciones económicas contra Venezuela. El componente más importante consistía en la prohibición de realizar operaciones financieras en el mercado estadunidense. Como resultado, Venezuela no podía emitir bonos en ese mercado y no podía restructurar su deuda externa. La deuda de la empresa estatal petrolera PDVSA estaba siendo renegociada, pero la restructuración se interrumpió. La empresa venezolana Citgo, con más de 5 mil gasolineras en Estados Unidos, fue impedida de remitir sus ganancias a Venezuela. Se cerraron cuentas de instituciones venezolanas en bancos y entidades financieras estadunidenses, y se terminaron las líneas de crédito. La falta de crédito frenó las operaciones de mantenimiento, compra de refacciones e inversiones que se necesitan para mantener la producción. Estas medidas y sus efectos pasaron casi desapercibidas por el gran público, lo que permite transmitir ahora la impresión de que fue la mala gestión económica del gobierno lo que provocó la crisis. En especial, la caída del flujo de divisas impactó la capacidad de comprar medicinas y alimentos, lo que trajo aparejado un fuerte aumento de la inflación.

El castigo más brutal vino en enero de 2019, cuando Washington cerró a Caracas su mercado más importante de petróleo. Estados Unidos compró un promedio de 586 mil barriles de crudo diariamente en 2018, pero para el 15 de marzo de este año esa cifra se redujo a cero. Y Washington presionó a otros países y empresas para que cancelaran sus operaciones con Venezuela o se hicieran acreedores a sanciones adicionales.

En Venezuela la producción de crudo se colapsó, porque no se puede comercializar el producto y porque ese país carece de instalaciones para almacenar este gigantesco inventario. Pero tanto CNN y MSNBC, como el New York Times y el Washington Post, insisten en que la caída de la producción de crudo revela la incompetencia de Maduro y su gobierno.

Debido a las sanciones de enero de 2019 los activos de PDVSA en Estados Unidos fueron incautados. Con el reconocimiento del señor Juan Guaidó como presidente interino, Washington intensificó la presión y tomó el control de los recursos de Citgo en Estados Unidos. Otras ramificaciones incluyen el embargo de recursos venezolanos por el gobierno de Reino Unido y la suspensión de la cuenta de derechos especiales de giro de Caracas por el Fondo Monetario Internacional.

La falta de divisas impide comprar medicinas y muchos artículos de primera necesidad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), administrada por tres universidades venezolanas, revela que entre 2017 y 2018 hubo un incremento de 31 por ciento en la tasas de mortalidad general. Este es el resultado directo de la guerra económica contra Venezuela.

Una pregunta clave: ¿son legales las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela? La respuesta es negativa. La Carta de la Organización de Estados Americanos prohíbe en sus artículos 19 y 20 la interferencia en los asuntos internos de otro país y la imposición de medidas coercitivas. Las sanciones son también ilegales desde otro punto de vista: la Ley de Emergencias Nacionales de Estados Unidos establece que para imponer sanciones debe haber una emergencia nacional en ese país. Pero nada de lo que ha sucedido en Venezuela entraña una emergencia para Estados Unidos.

Toda guerra está basada en el engaño, dice Sun Tzu en su Arte de la guerra. El objetivo de las sanciones en contra del gobierno de Caracas no es iniciar una negociación. Lo que busca esta guerra es castigar a la población para doblegar al gobierno.

Twitter: @anadaloficial

 

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Martes, 07 Mayo 2019 06:01

Cuba: Desafío formidable

Cuba: Desafío formidable

Las declaraciones recientes de las autoridades cubanas no dejan dudas sobre la creciente preocupación por el empeoramiento de la situación económica del país. El denominador común atribuye este proceso a factores esencialmente externos, y principalmente a las sanciones de Estados Unidos. La historia en el terreno es un poco más compleja.

Desde 2007, hace casi 12 años, el gobierno cubano emprendió una nueva etapa de transformaciones en el modelo económico cubano. En 2008 se iniciaron cambios prometedores en la agricultura. En septiembre de 2010, se flexibilizó el ejercicio del trabajo privado. En 2011, se adoptó un documento central para orientar los cambios, los Lineamientos.


No menos importantes fueron un conjunto de medidas que ampliaron los derechos individuales de los ciudadanos cubanos, como la posibilidad de comprar líneas móviles, la venta de computadoras y otros equipos de reproducción de audio y sonido, la libre compra-venta de viviendas y autos, la eliminación del permiso de salida, y la posibilidad de hospedarse en instalaciones turísticas previamente reservadas para los visitantes internacionales. Este repaso es pertinente, porque puede dar cuenta del mayoritario apoyo que tuvo este proceso, aun cuando no estuvo exento de problemas y no todos pudieron sacar igual provecho del mismo.


Entre 2009 y 2017, el sector no estatal pasó de 800 mil a 1,4 millones de trabajadores, solo un 11,5 por ciento inferior al total de empleados en las empresas estatales, a pesar de todas las restricciones que operan en contra de este sector. La historia del cuentapropismo es aún más extraordinaria. El número de cuentapropistas creció en cuatro veces (desde 147 mil a 595 mil). Los ingresos al presupuesto de este sector eran el 4 por ciento del total en 2010, en 2019 se prevé llegarán hasta el 13 por ciento, como mínimo.


Esto permitió, por ejemplo, que el empleo en el sector público disminuyera en más de una cuarta parte entre 2010 y 2018, lo que equivale a poco más de 1 100 mil puestos de trabajo. En medio de un crecimiento económico muy modesto, esto debe haber sido un factor clave en el aumento del salario medio en el período, que fue del 78 por ciento. Sin embargo, una tendencia preocupante es la informalidad. En ese mismo lapso, la proporción de personas en edad laboral con un empleo formal pasó de 73 a 64 por ciento, una trayectoria insostenible para el presupuesto y la viabilidad de las políticas sociales, además de exacerbar la desigualdad.


Los principales agregados macroeconómicos tampoco mostraron una evolución favorable. El PIB real (a precios de 1997) creció un 2,2 por ciento anual. Aunque experimentaron un incremento hasta 2013, tanto las exportaciones como las importaciones se ubican hacia 2018 en los niveles de 2010. No obstante, la situación ahora es más precaria.


Primeramente, la restructuración de la deuda externa supone nuevos compromisos de pago que no existían en aquel momento. En segundo lugar, los visitantes internacionales pasaron de 2,5 a 4,7 millones en 2018, lo que implica una demanda adicional notable. El volumen de inversiones aumentó desde 4200 a 9300 millones de pesos en 2018, con un significativo componente de equipos e insumos importados. Si bien el acceso a créditos externos ha mejorado en alguna medida, las remesas han crecido y la inversión extranjera se ha dinamizado tímidamente, estas fuentes han sido insuficientes para evitar un descalce en moneda extranjera para las obligaciones de la nación. La creciente demanda de artículos importados que no se ofertan en los mercados del país junto a la pérdida de convertibilidad del CUC vienen creando un circuito paralelo de circulación de dólares.


Algunos acontecimientos externos han agravado esta situación. El primer factor es el pronunciado declive económico venezolano. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la economía venezolana se ha contraído más de un 50 por ciento desde 2014. La producción de petróleo pasó de 2,7 millones de barriles diarios en ese año a un promedio de solo 966 mil en el primer trimestre de 2019, una contracción del 65 por ciento, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).


En esas condiciones, es esperable una caída en similar proporción de los envíos a Cuba, que se estimaron en algún momento entre 90 y 100 mil barriles al día. Desde agosto de 2017 dejó de existir la empresa mixta que operaba la refinería de petróleo de Cienfuegos, cuya comercialización de refinos representó una fuente significativa de ingresos externos. La elección de Jair Bolsonaro en Brasil, conllevó a la decisión cubana de terminar su participación en el programa Mais Médicos, que representaba una entrada de entre 250 y 300 millones de dólares.


A partir de septiembre de 2017, una serie de acontecimientos ha golpeado a la industria turística, el único gran sector exportador que había mostrado una trayectoria favorable en el período analizado, particularmente después de 2014. El huracán Irma, las alertas de viaje emitidas por el departamento de Estado y las nuevas regulaciones para los viajes de estadounidenses a Cuba, publicadas en noviembre de ese año, desencadenaron la tormenta perfecta que ha congelado los incrementos de visitantes, mientras los ingresos se redujeron en 2018. La activación del Título III de la Ley Helms-Burton y las recientes restricciones adicionales para viajes y remesas, aumentarán los costos de financiación, y menguarán un poco más los ya insuficientes ingresos en divisas.


Los resultados son conocidos. Una abultada lista de impagos a proveedores e inversores extranjeros que socava la posibilidad de mantener los suministros adecuados y la estrategia de atracción de capital foráneo. Estos se estiman por varias fuentes en cifras cercanas a 1500 millones de dólares. Las escaseces de productos de diverso tipo no son nuevas en el contexto cubano, pero se han agravado apreciablemente en el último cuatrimestre. No se debe esperar una mejoría a corto plazo.


A pesar de todo esto, Cuba podía haber llegado en mejor situación a este contexto. La apertura al sector privado y cooperativo fue incompleta y contradictoria, e incluso se intentó una reversión parcial. Peor aún, se hizo en el marco de una reforma lenta que no transformó los aspectos más retardatarios del modelo cubano, como el modelo de planificación.
Los cambios en la empresa estatal fueron esquemáticos, reproduciendo fórmulas del pasado, y creando nuevas estructuras que continúan drenando los escasos recursos del sector público. Los llamados a incrementar las exportaciones han sido precisamente eso, llamados. La inversión extranjera quizá ha sido la apuesta más consistente, pero enmarañada en el burocratismo y el desconocimiento de los estándares más elementales del mundo de los negocios contemporáneo. Las políticas sociales no se transformaron lo suficiente para atender los nuevos desafíos de una sociedad más desigual.


Para todo lo anterior, siempre han aparecido mil excusas: que si estamos en los inicios, sin prisa pero sin pausa, todavía es pronto para hacer una evaluación completa, vamos a usar experimentos, ahora no están creadas las condiciones, tenemos que retroceder porque los resultados no son los esperados, nos equivocamos y hay que rectificar… y un largo etcétera. Resulta doloroso decirlo, pero en vastos sectores del sector público cubano existe una ignorancia desconcertante de los principios básicos que rigen el funcionamiento de una economía.
El gobierno cubano tiene ante sí un desafío formidable. La maraña que atenaza cualquier esfuerzo de cambio es resultado de los intereses creados a lo largo de tantos años. De tratar de sustituir las relaciones monetario-mercantiles por órdenes administrativas, siempre voluntaristas, de espaldas a la realidad. De una mentalidad arcaica que asume que Cuba tiene que ser compensada por atreverse a plantar cara a Estados Unidos, que busca acuerdos ventajosos una y otra vez para esquivar los problemas del modelo en casa, cuyas soluciones se posponen indefinidamente. Que propone una interpretación del mundo desconectada peligrosamente de la realidad, con muy poca sofisticación para sobreponerse a la compleja geopolítica de esta Isla caribeña. Todavía se aspira a regresar a la burbuja social y económica en que vivía Cuba en la década del ochenta.


Las crecientes dificultades económicas afectarán desproporcionadamente a los más vulnerables. Sea esta una oportunidad única para que las autoridades encuentren el impulso definitivo que permita deshacer los nudos que atan el desarrollo de este país. Pero ahora será mucho más difícil. La Cuba que se asoma a este abismo es muy diferente a la de los años noventa. Los ciudadanos no llegan en las mismas condiciones. Su gobierno no tiene la legitimidad del liderazgo anterior. El sector público enfrenta dificultades crecientes para retener a sus mejores talentos, ahora que son más necesarios que nunca.


¿Qué se puede hacer?


Continuará…


Por Ricardo Torres
Economista. Es investigador del Centro de Estudios sobre la Economía Cubana, La Habana.

02/05/2019

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