Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas

Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a la denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.

El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.

La guerra contra los indígenas del norte del Cauca

No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.

Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.

Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.

Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, otro grupo de gente armada se desplazó desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.

Afianzando el control territorial

Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.

La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.

De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.

Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.

Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.

Una situación que refleja la crisis del país

La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas. 

Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos.  Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.

Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos.  Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.

Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.

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El tribunal de paz de Colombia estudiará un informe sobre más de 150 ejecuciones extrajudiciales

Los casos de casi 300 víctimas presentados por organizaciones de derechos humanos ponen bajo la lupa a la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los crímenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiará un nuevo informe sobre el asesinato sistemático de civiles presentados después como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibió el sábado documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la Décima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduación, persiste la impunidad respecto de máximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedirá a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparación de las víctimas", señala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el tribunal de paz deberá decidir ahora si adopta algún tipo de decisión, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, y el jefe del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, Adolfo León Hernández Martínez. Martínez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Décima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limitó a labores administrativas. Hernández Martínez estuvo al frente del Batallón de Artillería Número 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades más investigadas a lo largo de su historia por señalamientos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado Óscar Parra Vera, que participó en a presentación del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe será analizado, será contrastado", continuó el magistrado, quien recuerda que en el último año la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los próximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de carácter escrito".

En su primer año de vida, la Jurisdicción Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigación del secuestro sistemático cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización del partido Unión Patriótica; y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistemático de civiles por parte del Ejército tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. Así se conoce en el país a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscalía ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensión de esos hechos y las tácticas están saliendo a la luz pública con la presentación de militares ante la JEP. La inmensa mayoría de los casos se remontan a los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 víctimas, se enfoca en la presunta actuación de mandos militares de la Décima Brigada Blindada, llama la atención sobre el uso de unidades especiales del Ejército en la comisión de estas ejecuciones; y señala que del total de las víctimas, seis eran personas con algún tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, indígenas de las comunidades Wayú, Kankuamo y Wiwa. La mayoría- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que señala el informe entregado a la JEP es que 131 víctimas habían sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscalía cotejó datos de ADN y los publicó en sus medios, familiares de víctimas supieron de la suerte de sus parientes. También esta razón, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de búsqueda y localización de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ejército colombiano han desatado una tormenta política principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democrático, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moción de censura porque la mayoría del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando así el fondo de la cuestión. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ejército, general Martínez Espinel". "¿Hasta cuando seguirá en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las críticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ejército.

Bogotá 23 JUN 2019 - 20:31 COT

 

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Alienta EU deserción de militares venezolanos; prepara más sanciones

Washington. Estados Unidos mantiene comunicaciones directas con miembros del ejército venezolano a quienes ha instado a desconocer al presidente, Nicolás Maduro. Además, Washin-gton prepara nuevas sanciones para aumentar la presión sobre el gobernante socialista, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca en entrevista exclusiva con la agencia de noticias Reuters publicada este viernes.

Washington "espera más deserciones de militares" venezolanos, agregó la fuente estadunidense en condición de anonimato. Algunos soldados han desconocido a Maduro desde que Guaidó se proclamó "presidente encargado".

"Todavía estamos teniendo conversaciones con miembros del antiguo régimen de Maduro, con miembros militares, pero esas conversaciones son muy, muy limitadas", comentó la fuente de Washington sin dar detalles.

Otra fuente estadunidense cercana a la oposición venezolana expresó sus dudas sobre si el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró sentar bases suficientemente sólidas para promover un motín más amplio en las filas militares venezolanas, en las que Washington sospecha que muchos oficiales se benefician de la corrupción y el narcotráfico.

Trump reafirmó el pasado domingo que el uso del ejército en Venezuela es "una opción".

Washington, a petición de Guaidó, envía medicamentos e insumos básicos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a la ciudad colombiana de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela, para enfrentar la crisis que hay en el país petrolero. El gobierno bolivariano ha acusado que la entrega de esa "asistencia" sería el pretexto para una intervención militar estadunidense.

La subsecretaria de Estado estadunidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, dijo en conferencia: "Estamos arreglando maneras de entrar y depende del lado venezolano. No vamos a entrar por la fuerza a territorio venezolano. Esto es un movimiento civil, de ayuda humanitaria".

"Nosotros haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario", respondió Guaidó en Caracas a la agencia francesa al ser cuestionado dos veces si haría uso de las facultades como titular de la AN y "presidente encargado" para autorizar una intervención militar.

El líder opositor, reconocido por más de 40 países, recalcó que hará "todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños" o pacientes por falta de medicinas.

En un video difundido en redes sociales, Guaidó explicó que la llegada de suministros a Cúcuta marca el comienzo de "la primera fase, la fase de acopio", que se completará cuando se instalen los demás centros de recepción, que ha avanzado que estarán en "algunos puntos adicionales en Colombia y de Brasil".

Indicó que, una vez instalados todos los centros, "vendrá una segunda e importante fase, la fase de la entrada de la ayuda humanitaria, cuyo éxito depende de que su ingreso no sea impedido por cómplices del usurpador".

Ante ello convocó a dos movilizaciones ciudadanas, una el 12 de febrero y otra que está por definirse, para exigir a los militares que no bloqueen la ayuda y se abra un canal humanitario que deje entrar los insumos a Venezuela.
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Domingo, 11 Noviembre 2018 05:58

Trump se ofende e insulta

Trump se ofende e insulta

Su anfitrión francés habló de formar un ejército europeo y el visitante se empacó, lo atacó por Twitter y se abrió de las conmemoraciones. Un momento de extrema vulgaridad en una ceremonia solemne.

 

Antes de que pisara el suelo de Francia el presidente norteamericano Donald Trump lanzó su bomba envenenada desde Twitter contra el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron. Junto a decenas de otros jefes de Estado y de gobierno, Trump viajó a Francia para participar en las conmemoraciones de los 100 años del Armisticio, es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial. El multilateralismo del evento seguramente le provocó una indigestión de rabia que hizo explotar en su cañón preferido, Twitter: “el Presidente Macron acaba de sugerir que Europa construya su propio ejército para protegerse contra Estados Unidos, China y Rusia. Esto es muy insultante, pero tal vez Europa debería primero pagar su contribución a la OTAN a la que Estados Unidos subvenciona ampliamente”.


Poco le importó a la diplomacia de verbo grosero el marco consensual y reconciliador de las ceremonias. Cuando llegó a París y se reunió con Macron, Trump tenía cara de haber dormido con pesadillas. Las imágenes de los dos responsables muestran a un Trump insolente, vulgar, desafiante mientras su homólogo trata de disipar el efecto con modales de alta costura. Trump se molestó con las declaraciones que hizo Macron hace unos días donde el mandatario decía: “los europeos sólo estarán protegidos si se decide la creación de un verdadero ejército europeo. Debemos protegernos ante China, Rusia, e incluso ante Estados Unidos”.


Según Trump, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Europa se protege bajo el paraguas norteamericano sin pagar el precio justo. Luego de este primer episodio antagónico que no fue más que el preludio a muchos otros, la presidencia francesa explicó que el famoso “ejército europeo” evocado por Macron no apuntaba hacia los Estados Unidos y que, por consiguiente, hubo una “confusión” en la forma con que se interpretaron las palabras del Presidente francés. Macron abrió más tarde los paracaídas para desactivar una controversia que se agregó al clima de ímpetu y abismos profundos que separan a Estados Unidos y el Viejo Continente desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Macron sacó los violines para ejecutar la melodía de la conciliación.


En el encuentro que mantuvo con Trump dijo: “debemos compartir mejor la carga en el seno de la OTAN”. Los dos responsables teatralizaron las reiteradas frases de “convergencia”, “amistad” y “alianza” tan comunes cuando las relaciones son ásperas. Nada ocultará sin embargo la ruptura radical que existe entre uno y otro lado del Atlántico. OTAN, medio ambiento, políticas multilaterales, relaciones comerciales, postura ante Irán, comercio mundial y filosofía de la gobernabilidad, no existe ningún tema donde los europeos y los norteamericanos compartan el más mínimo principio. El presidente Macron es un adepto de los evangelios multilaterales y Trump detesta el multilateralismo.


Trump no sólo se expresa como un malcriado sino que, además, manifiesta su desacuerdo boicoteando el acontecimiento central que rodea las conmemoraciones. Uno de los momentos más fuertes de estos dos días es el foro internacional sobre la paz y la gobernabilidad mundial. Este encuentro es, de hecho, una tribuna ideal de la defensa del multilateralismo. La delegación norteamericana se lo tomó muy a pecho y decidió no participar en el foro. En vez de acudir a la cumbre, Trump irá el cementerio norteamericano de Suresnes, en las afueras de París. Este sábado, ni siquiera se animó a desafiar el frío que hacia en el Norte de Francia y a último momento anuló la visita prevista al cementerio de la localidad de Bois Belleau.


La diplomacia francesa había preparado el foro con la intención de hacer del foro una suerte de “Davos” dedicado a la seguridad colectiva y no a la economía, como es el caso del foro de Davos que se lleva a cabo en Suiza. Justin Vaïsse, el presidente del foro por la paz, explicó que se necesitaba la presencia “ de ONG, empresas y fundaciones para tratar temas como el cambio climático, la gobernabilidad de internet, la inteligencia artificial o el desarrollo de los Estados. Este foro es un lugar de defensa y de adaptación del multilateralismo”.


La acción colectiva es la palabra envenenada para Trump. Con su propia agenda de ogro solitario contra el mundo y una actitud de patotero en jefe del patio planetario, Trump sembró su mal humor en un acontecimiento que tiene varios ejes: uno de los principales es volver a reafirmar el carácter irreversible de la reconciliación franco alemana. Por ello, Macron y la canciller alemana Angela Merkel acudieron a Rethondes, un predio despejado cercano a la localidad de Compiègne, al norte de París, donde, el 11 de noviembre de 1918, en el vagón de un tren, se firmó el Armisticio que selló la paz luego de cuatro años de una de las guerras más cruentas del Siglo XX. Países vencedores y países vencidos se hicieron presentes así como las naciones que surgieron con el desmembramiento de los imperios que siguió al conflicto mundial. La primera potencia mundial miró hacia otro lado.


Incluso lo que en un momento se evocó como casi seguro, tampoco se plasmó enla realidad: no habrá en Francia una cumbre entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Según deslizaron fuentes presidenciales francesas, el encuentro Trump-Putin no tuvo lugar debido a “la escasa predisposición norteamericana”. La memoria del Armisticio de 1918 habrá servido al final para poner en escena de forma cinematográfica la discordia entre Washington y las capitales europeas. Al principio de su mandato iniciado en 2017, Emmanuel Macron activó lo que se llamó “la diplomacia del beso”. Gestos efusivos de amabilidad, cuidadosos honores diplomáticos y guiños afectuosos se congelaron con el tiempo. “Nos fuimos haciendo buenos amigos”, dijo Trump ante Macron. Una frase de plástico. La distancia quedó retratada en la frialdad que rodeó el saludo oficial entre los dos presidentes en las escaleras de la presidencia francesa. El próximo foco multilateral donde Trump estará presente es la cumbre del G20 que se celebra a finales de mes en la Argentina. Ya debe estar pensando con que descortesía sepultará lo poco que va quedando del sistema internacional hecho de pactos y consensos que se plasmó luego de la Segunda Guerra Mundial.


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Martes, 07 Agosto 2018 08:36

Lo que no hay que hacer

Lo que no hay que hacer

Desde México y América Central hasta Argentina y Brasil, pasando por Perú, gobiernos de distinto signo defienden la participación de los militares en la seguridad interna. Es la única forma eficaz de disminuir la delincuencia, afirman. La experiencia concreta lo desmiente.


A fines de diciembre pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, promulgó una ley de seguridad interior que autoriza la participación de las fuerzas armadas “para enfrentar amenazas a la seguridad interior, cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”. Fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por las propias Naciones Unidas, la ley mexicana legitima la “guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Felipe Calderón en 2006, que militarizó el combate a los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, no sólo no ha disminuido la inseguridad en México, sino que se ha multiplicado. Las cifras de homicidios ligados a esa “guerra” se dispararon año tras año: en 2009 eran el doble que en 2007, y en la larga década pasada hasta ahora los muertos han superado los 250 mil, según datos oficiales, y los 300 mil de acuerdo a asociaciones de derechos humanos. “El aumento de la presencia de fuerzas militares y policíacas a lo largo y ancho del país no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni los crímenes; al contrario, en ciertas ciudades, como Ciudad Juárez, la presencia castrense y policial ha desatado una ola de violencia sin precedentes y el número de ejecuciones, extorsiones y secuestros aumentó de forma alarmante desde la llegada de las ‘fuerzas del orden’”, advertían ya en 2012 militantes de grupos humanitarios al hacer un balance de la “guerra contra las drogas” (desinformemonos.org, 20-VIII-12).


El concepto de “seguridad interior”, escribía a fines del año pasado en una columna el diputado Vidal Llerenas (eleconomista.mx, 30-XI-17), “se inspira en las leyes patrióticas de Estados Unidos, que otorgan poderes ilimitados a las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Con eso se vuelve permanente el exceso de facultades militares. (…) Ahora, en México, el concepto se quiere reutilizar para otorgar al Ejército atribuciones para, en los hechos, participar en tareas de seguridad pública, para lo cual se eliminan controles, se renuncia a todo tipo de transparencia en la información y se abre la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos crezcan aun más. Se desliza la idea de que, en sus acciones de seguridad interior, como sucede en las leyes patrióticas, se van a permitir ciertas violaciones a las garantías civiles, porque son ‘necesarias’ para garantizar la seguridad de la sociedad ante peligros ‘mayores’ a los que normalmente ponen en riesgo a los individuos”.


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En Rio de Janeiro la militarización de la seguridad interior fue decidida por el presidente Michel Temer en febrero, con el pretexto de terminar con la violencia. En los cinco meses transcurridos desde entonces, señala Fuego Cruzado, una plataforma web creada por Amnistía Internacional para dar cuenta de los tiroteos en Rio, la violencia en la ciudad se acentuó en todos los niveles: los tiroteos aumentaron 37 por ciento respecto al comienzo de la operación militar y crecieron las muertes de delincuentes, de policías, de habitantes víctimas de “balas perdidas”. Unos pocos días antes de ser asesinada –el 14 de marzo, justo un mes después del lanzamiento de la intervención militar– por integrantes de una banda formada, entre otros, por ex policías, la activista Marielle Franco advirtió que el involucramiento de las fuerzas armadas en la seguridad interior sólo podía acrecentar los niveles de violencia en las favelas, el foco central de la intervención, y dejar a sus habitantes cada vez más indefensos ante el fuego cruzado entre militares y narcos. “Hay además –decía Franco– una tradición de relativa convivencia y de reparto de territorios entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes.”


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En varios países centroamericanos la participación de los militares en la seguridad interior se remonta a mucho tiempo atrás, a comienzos de los años dos mil. En República Dominicana, señala la socióloga Lilian Bobea, directora académica de la Plataforma Centroamérica-Caribe para la Seguridad Ciudadana, la tasa de muertes violentas pasó de 13,9 cada 100 mil habitantes en el año 2000 a 26,7 en 2005. Ese año, el presidente Leonel Fernández impulsó una reforma para desmilitarizar a la Policía. Un año después, la tasa de muertes violentas en el país volvió a caer: del 26, 7 cada 100 mil a 17.


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El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, propias de un país en guerra, o incluso peores (81,7 homicidios cada 100 mil habitantes, según datos del año pasado). Desde hace 15 años las fuerzas armadas intervienen en la seguridad interna, con el pretexto de combatir “amenazas emergentes”, como la ligada a las pandillas narco del tipo de la Mara Salvatrucha o Barrio 18. El Plan Mano Dura, de 2003, el Plan Súper Mano Dura, de 2004, y el Plan Antidelincuencial, de 2006, fueron variantes de una misma fórmula que asociaba a los militares con la Policía Nacional en la seguridad interna y se acompañaba de toda una serie de medidas “de excepción” que minaban los controles sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Se suponía que la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (Fmln) al gobierno, en 2009, provocaría un cambio de esa política, pero tras un período de negociación con las pandillas, que se conoció como “la tregua”, se volvió a la mano dura. “El mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad”, dijo esta semana (30-VII-18) al diario argentino Página 12 Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana, que investiga la violencia en El Salvador. “Se prometió a los pandilleros cosas como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña. En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.”


El de El Salvador es casi un caso de escuela sobre la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior, decidida con el argumento de que la Policía Nacional Civil no bastaba para quebrarle la yugular a la delincuencia. “Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero, y lo único que lograron es aumentar la violencia” y “criminalizar a los jóvenes pobres”.


La investigadora cita a otro gran protagonista del combo securitario: los medios de comunicación. “Antes de que la violencia alcanzara estos niveles, los medios ya habían construido al gran monstruo”, dice. “Primero, el culpable del problema del desarrollo del país fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla… y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es entonces cuando quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros”. La prensa, piensa la universitaria, contribuyó a blanquear la deteriorada imagen de las fuerzas armadas tras el fin de la guerra interna y presentarlas “como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, es infiltrado y termina sirviendo al crimen organizado”.
Marroquín señala que en este segundo período de gobierno de un Fmln ya muy debilitado se han tomado medidas que hasta hace poco parecían inimaginables para un partido de izquierda. Hoy “se permite apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo (…). Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la Policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque ‘parecen pandilleros’, porque son pobres”, dice. Y apunta: “Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. ‘Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia’, sería el mensaje”.



Con Dawn Marie Paley, autora de “Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo”1

La experiencia mexicana


Diego Castro


El narcotráfico está en el centro de las polémicas sobre seguridad en la mayoría de los países del mundo. Es utilizado para dar legitimidad al aumento de armas y otros equipamientos policiales y militares, y es fuente de justificación de miles de muertes. México, con la ayuda de Estados Unidos, libra su “guerra contra las drogas” desde 2006; el resultado: desapariciones, asesinatos y mucha impunidad.


A los pocos días [de asumir como presidente] y sin haber dicho una palabra en su campaña electoral al respecto, Felipe Calderón lanzó la denominada “guerra contra el narco” a mediados de diciembre de 2006. La inauguró con una operación en el estado de Michoacán que, según nos cuenta Dawn Marie, marcaría la modalidad de intervención: miles de efectivos del Ejército y la Policía Federal destinados supuestamente a controlar el flujo y la producción de amapola. “El sexenio de Calderón supuso la experimentación de una guerra contra la gente, con niveles de violencia no conocidos hasta entonces, cuando la cifra de homicidios venía bajando. Desde entonces hay documentadas 35 mil personas desaparecidas, y más de 260 mil asesinadas.”


En esos años la atención de Estados Unidos, que antes se encontraba [puesta] en Colombia, pasó a enfocarse en México, con la Iniciativa Mérida –una propuesta similar al Plan Colombia–, que comenzó a funcionar en 2008. Esto supuso el aumento en la transferencia de dinero de Estados Unidos a México con destino a la seguridad. Según Dawn Marie, “a la vez que iba aumentando la ‘ayuda económica’ de Estados Unidos, en México aumentaban los muertos”.


¿Qué relación tuvo la intensificación de la lucha social y la declaración de guerra contra el narco? Para Dawn Marie fue directa. Insiste en que la denominada guerra contra el narco no es otra cosa que la justificación de la existencia de un enemigo interno para multiplicar el ataque contra el pueblo mexicano, contra su entramado comunitario, contra sus formas de vida y resistencia. Las víctimas serían fundamentalmente hombres jóvenes, los motivos inexistentes. Las matanzas no tienen un patrón común, en general los jóvenes asesinados no están vinculados a grupos del crimen organizado, aunque el discurso oficial siempre los intente conectar. El resultado: miedo, terror, confinamiento forzado a espacios privados, ruptura del tejido social. “Esta no es una estrategia que tenga que ver con controlar las drogas. Por ejemplo, el Plan Colombia no fue exitoso en disminuir la cantidad de cocaína que se consume en Estado Unidos, lo cual era su pretexto. Pero fue efectivo en otras cosas, abrir mercados, mayor apertura económica, hacer reformas políticas, todo con el mismo dinero y el discurso de la prosperidad para salir del ‘flagelo’ del narcotráfico. Y también se comprobó con el Plan Colombia que la militarización para la prohibición es funcional al capital, aquélla se relaciona a todos los casos de despojo extremo para liberar territorio para la caña de azúcar, para la palma. También acabar con sindicatos como en los casos de Chiquita y Coca Cola, contratando paramilitares para asesinar a gente organizada. Este despojo liberó territorios para la ampliación de actividades económicas que permitieron mayor acumulación de capital.”

Por Daniel Gatti
3 agosto, 2018

1. 2008. Libertad bajo Palabra.

(Brecha publica, con la autorización de su autor, estos fragmentos de la entrevista con Dawn Marie Paley publicada previamente en zur.org.uy)

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Sábado, 26 Mayo 2018 06:10

Luz verde para balear a manifestantes

Luz verde para balear a manifestantes

El tribunal rechazó dos peticiones presentadas por grupos de derechos humanos, como respuesta a la matanza de 120 personas desde finales de marzo en la Franja de Gaza. Ayer la ya habitual represión de los viernes sumó un muerto y 25 heridos.

 

La Corte Suprema de Israel validó ayer la posición del ejército israelí y dio luz verde al uso de francotiradores y armas de fuego contra los manifestantes palestinos, al rechazar dos peticiones presentadas por grupos de derechos humanos, como respuesta a la matanza de 120 personas desde finales de marzo en la Franja de Gaza.


Al mismo tiempo que el tribunal tomaba esa decisión, el ejército israelí reprimía en Gaza las protestas del noveno viernes de la llamada Gran Marcha del Retorno, con un saldo de 25 heridos, según fuentes médicas palestinas.


Ayer también falleció un palestino de 24 años, identificado como Sami Habib, uno de los heridos de las protestas de las últimas semanas, informó el vocero del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qedra. Estas noticias, sin embargo, no repercutieron en los tribunales de la Corte Suprema de Israel.


Tres magistrados de ese tribunal rechazaron por unanimidad las dos peticiones, una presentada por Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel y el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, y otra presentada por la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI).


El tribunal aceptó los argumentos de los militares al decidir que los disparos a los manifestantes se habían producido “de acuerdo a la ley” porque estos representaban “un peligro real para los soldados y ciudadanos israelíes”, según el fallo reproducido por la agencia palestina de noticias Wafa.


Para Adalah y Al Mezan, el tribunal ignoró por completo la amplia base de datos que le presentaron los peticionarios, que incluye múltiples testimonios de heridos e informes de organizaciones internacionales que participan en la documentación del asesinato y las heridas de manifestantes desarmados en Gaza. “Vale la pena señalar que el tribunal supremo israelí se negó a ver videos que documentan tiroteos israelíes de manifestantes y, en lugar de examinar realmente el caso, aceptó completamente las reclamaciones presentadas por el Estado”, aseguraron las dos organizaciones en un comunicado conjunto.


Los organizaciones también señalaron que “esta decisión, que justifica el fusilamiento de manifestantes, contradice las conclusiones y los resultados preliminares de las organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos de la ONU que documentan y evalúan los acontecimientos en Gaza”.


La decisión del tribunal supremo otorga plena legitimidad a las “acciones ilegales del ejército israelí, que han provocado la muerte de más de 100 personas y heridas a miles de manifestantes, entre ellos mujeres, niños, periodistas y paramédicos”, concluyó un comunicado de las organizaciones.


De los asesinados, el 94 por ciento murió por heridas en la parte superior cuerpo.


Adalah y Al Mezan habían presentado su petición el 23 de abril exigiendo que ordene a los militares israelíes que dejen de utilizar francotiradores y balas de plomo para dispersar las protestas palestinas en la Franja de Gaza. El abogado de Adalah, Suhad Bishara, argumentó en la petición que las prácticas militares israelíes constituyen violaciones tanto del derecho internacional como de la ley israelí.


Desde el 30 de marzo, el ejército israelí ha matado a más de 120 residentes palestinos de Gaza, incluidos 15 niños, e hirió a aproximadamente 3000, cerca de la mitad con balas de plomo.


Un día antes que la Corte Suprema validara la posición del ejército israelí, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, aseguró que el gobierno aprobará la próxima semana la edificación de otras 2500 viviendas en asentamientos judíos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. “Llevaremos 2500 nuevas unidades de vivienda al Consejo Supremo de Planificación en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania), de las cuales 1400 se construirán inmediatamente”, escribió el ministro, que reside en una colonia en territorio ocupado, en su cuenta de Twitter. Lieberman aseguró que el gobierno impulsará “la construcción a través de Judea y Samaria del norte al sur, en pequeños y grandes asentamientos. Seguiremos estableciéndonos y desarrollando allí con hechos”.


La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de la integrante del Comité Ejecutivo, Hanan Ashraui, se opuso al anuncio y aseguró que “la intención declarada de Israel de edificar miles de unidades para colonos en la Cisjordania ocupada revela la verdadera naturaleza del colonialismo israelí, expansionismo e ilegalidad”. “Sin duda, Israel está trabajando deliberadamente para aumentar su población de colonos judíos extremistas y superponer el ‘Gran Israel’ sobre toda la Palestina histórica”, rechazó la OLP en un comunicado.


“Es evidente que las recientes medidas provocadoras e ilegales adoptadas por Estados Unidos, Guatemala y Paraguay animaron a Israel a avanzar y aumentar su empresa ilegal de asentamientos y de este modo, la anexión total de la Cisjordania ocupada”, agregó. Ashraui subrayó que esas “atroces políticas” reafirman la “necesidad imperiosa de que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación criminal inmediata de las flagrantes violaciones del derecho internacional y convenciones”.


También reclamó a la comunidad internacional que tome “medidas serias y concretas para lograr el cese total de toda actividad en asentamientos y hacer a Israel responsable con mediadas punitivas y sanciones antes de que sea demasiado tarde”.


Esta semana, los palestinos pidieron a la CPI en La Haya que inicie una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos, incluida la colonización, desde junio de 2014, cuando Palestina aceptó la jurisdicción del tribunal, aunque no fue hasta abril de 2015 cuando pasó a ser formalmente miembro de esa corte.
La construcción de asentamientos israelíes en territorio ocupado es considerada ilegal por la comunidad internacional y uno de los principales obstáculos para la paz, aunque la Administración estadounidense encabezada por el presidente Donald Trump se ha mostrado más tolerante con esta política.


Los palestinos se han negado a regresar a las negociaciones de paz, estancadas desde 2014, hasta que se cumplan varias condiciones, una de las principales la paralización del crecimiento de las colonias.

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El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes

Un nuevo estudio revela que el Ejército colombiano mató entre 2002 y 2010 a muchas más personas de lo que se creía en los casos de 'falsos positivos' para trucar las estadísticas y justificar la ayuda militar estadounidense

 

Gloria Astrid Martínez vio a su hijo por última vez el 8 de febrero de 2008. Después de desayunar, Daniel, de 21 años, salió de casa, en Soacha, un suburbio abandonado de la capital de Colombia, para empezar un nuevo trabajo en fincas situadas en el campo y propiedad de ricos.


“Me dijo que había encontrado un trabajo que pagaba tanto que yo no tendría que trabajar más”, recuerda Martínez. “Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero él insistió, así que se fue”.


Ocho meses después, el cuerpo de Daniel apareció en una fosa común cerca de la frontera con Venezuela vestido con ropa de camuflaje. Soldados del Ejército colombiano habían atraído a Daniel con la promesa de trabajar en la ciudad de Ocaña, a 660 kilómetros de Bogotá, donde le asesinaron y le calificaron de rebelde con el objetivo de mejorar las estadísticas en la guerra contra los insurgentes izquierdistas.


Las cifras infladas, conocidas como “falsos positivos”, se utilizaron para justificar la ayuda militar estadounidense. Los agentes que llevaron a cabo las ejecuciones fueron premiados con ascensos y vacaciones.


Cuando en 2008 salió a la luz la noticia sobre las matanzas, el escándalo acorraló al Ejército colombiano: decenas de destacados militares fueron destituidos y otros muchos de menor rango fueron enviados a prisión.


Pero un nuevo estudio del que es coautor un antiguo coronel de policía sostiene que la práctica estaba mucho más extendida de lo que se había informado con anterioridad. De acuerdo con los autores Omar Rojas Bolaños y Fabian Leonardo Benavides, aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada por los grupos de derechos humanos.


En el informe 'Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega en campos de batalla ficticios', los autores describen cómo el Ejército de Colombia mató sistemáticamente a civiles para mejorar sus estadísticas de muertos en la guerra contra los rebeldes.


"Podemos llamarlos 'falsos positivos' o 'ejecuciones extrajudiciales', pero realmente estos fueron asesinatos a sangre fría”, denuncia Rojas, que ejerció como policía durante 31 años. “Fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con diversidad funcional por su vulnerabilidad, así como un puñado de militares sospechosos de filtrar secretos.


“Esto no es algo que solo ocurrió en el pasado, a día de hoy seguimos encontrando casos de falsos positivos, aunque no con la misma intensidad de antes. Ahora lo llaman errores militares”, afirma Rojas.


El principal grupo rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016 poniendo formalmente fin a 52 años de la guerra civil que dejó 220.000 muertos y unos siete millones de desplazados, la mayoría civiles. Grupos paramilitares alineados con el Gobierno y otros grupos armados de izquierdas también han contribuido al derramamiento de sangre. Todos los bandos han cometido atrocidades.
El presidente Juan Manuel Santos, que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por liderar el acuerdo, ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2006 y 2009, el periodo con más matanzas por falsos positivos.


Los activistas denuncian que ni Santos ni su predecesor, Álvaro Uribe, han rendido cuentas por el escándalo, aunque Uribe se enfrenta a varias investigaciones independientes por supuestos crímenes de guerra. Un testigo clave en uno de los casos fue asesinado en Medellín el mes pasado.


A menudo el Gobierno de Colombia ha restado importancia al escándalo calificándolo como acciones de unos pocos individuos sin escrúpulos.


“Los falsos positivos no es solo un problema de unas pocas manzanas podridas”, señala José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América. “Estas matanzas aparentemente generalizadas y sistemáticas se cometieron por tropas adscritas prácticamente a todas las brigadas en todas y cada una de las divisiones del Ejército de Colombia”, añade.


El soldado que reclutó a Daniel está actualmente cumpliendo una pena de 39 años de prisión, junto con muchos otros militares de bajo y medio rango. Pero no se ha condenado a ni un solo general.


Para Martínez, que ha recibido amenazas de muerte por su lucha por la justicia, la impunidad es desgarradora. “Dicen que el dolor de la pérdida se alivia con el paso del tiempo, pero eso es mentira. Empeora”, afirma con la voz quebrada. “El Estado debe proteger a su gente, no matarla”, añade.

 

Joe Parkin Daniels - Bogotá (Colombia)
09/05/2018 - 20:08h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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Confirmaron el asesinato de los tres periodistas

La muerte del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio, fue ratificada ayer por el presidente de ese país, Lenín Moreno, en un mensaje televisado.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno confirmó ayer el asesinato del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario local El Comercio, después de 19 días de incertidumbre. Los periodistas habían sido secuestrados el 26 de marzo por disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.


“El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y es así: Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, reveló el mandatario. Los familiares de los asesinados rompieron en llanto al escuchar el mensaje, y gritaron en medio del abrazo de los presentes.


“Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado”, dijo el presidente Moreno en la conferencia de prensa en Quito, en la que no permitió preguntas.


El mandatario hizo el anuncio luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública de Ecuador (Cosepe), conformado por las principales autoridades civiles y militares del país. Asimismo, informó que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza.


En la tarde de ayer el canal RCN de Colombia entregó fotografías que mostraban tres cuerpos fallecidos, pero hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad.


Moreno dijo, citado por el diario local El Comercio, que se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro, suspendidas previamente cuando se buscaba la liberación de los periodistas, y dispuso siete medidas más, entre ellas que se levante la reserva sobre la información del manejo del secuestro.


También afirmó que incluyeron a Walger Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho –y al que calificó de narcoterrorista–, en la lista de los más buscados de Ecuador y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o en Colombia. Guacho, que comanda la columna Oliver Sinisterra de las ex FARC, había dicho en un primer comunicado sobre el secuestro de los periodistas que el gobierno ecuatoriano rechazaba que fuesen liberados a cambio de hacer lo propio con tres miembros de su grupo. Por ello, lanzó una operación militar ofensiva que, sostuvo, terminó con la muerte de los hombres de prensa.
“Nunca (los secuestradores) tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos”, señaló por su parte el presidente ante más de un centenar de medios de comunicación nacionales e internacionales.


Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó a Quito, junto con familiares de los trabajadores de prensa fueron secuestrados el 26 de marzo 2018 en Mataje, Esmeraldas, cuando efectuaban un trabajo periodístico en la frontera con Colombia sobre la inseguridad en esa región. Los tres profesionales estaban llevando la investigación desde enero pasado.


Asimismo, el mandatario anunció una serie de medidas de seguridad, entre ellas la de declarar el área fronteriza con Colombia zona de seguridad, e incrementar los controles militares y policiales a fin de realizar, según dijo, acciones coordinadas en esa área. La coordinación de acciones en la zona fronteriza se realiza de manera conjunta con el alto mando militar y policial de Colombia, cuyos integrantes se encuentran en Quito.


“Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz”, sentenció el mandatario y aclaró: “Esto último bajo ninguna circunstancia significa que se quiera limitar la libertad de expresión”.


En ese sentido, Moreno pidió a los medios de comunicación que no dejasen de criticar: “Sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido”, dijo. “El pueblo perdona errores pero no que se le mienta; no vamos a mentir al pueblo ecuatoriano”, finalizó.


Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el asesinato de los periodistas y ofreció toda la colaboración de su país para capturar a los responsables. Tras participar en una conferencia en la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima, el mandatario aseguró: “Colaboraremos con Ecuador en todo lo que estime necesario para perseguir y capturar a los responsables”. En este sentido, el gobernante colombiano remarcó que ya comenzaron las operaciones en ambos lados de la frontera entre Ecuador y Colombia para hallar a los autores del crimen y descartó que los asesinos sean de las FARC porque afirmó que éstas dejaron de existir hace mucho tiempo.

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Plan de los Estados Unidos en la amazonia. Crear laboratorios biológicos con fines militares

En pasadas entregas, mostramos el peligroso proyecto que tiene el gobierno de Estados Unidos para el control territorial a través de laboratorios biológicos estratégicamente ubicados.En efecto, salvo en Australia, la Casa Blanca tiene centros de investigación en virus y bacterias en todos loscontinentes. Llama la atención el plan para “cercar” a Rusia, pues según denuncias hechas por el Kremlin, Estados Unidos tiene laboratorios en Georgia, Ucrania y Kazajistán (todas repúblicas ex soviéticas que comparten frontera con Rusia) (http://www.hispantv.com/noticias/salud/52961/moscu-denuncia-laboratorios-biologicos-de-eeuu-cerca-de-rusia). De esta forma, en un eventual ataque, el gobierno del actual presidente Trump tendría una ventaja notable frente a sus adversarios, reavivando la vieja lógica de la Guerra Fría. Sin embargo, el presente artículo no pretende ahondar en la amenaza mundial que significan los centros biológicos norteamericanos. Por el contrario, busca fijar su mirada en un proyecto específico que ha pasado desapercibido (quizás con complicidad) para la mayor parte de los medios de comunicación. Este plan tiene que ver con el control de la Amazonía como una de las proyecciones geopolíticas del Pentágono, para lo cual Brasil y Colombia resultan dos centros neurálgicos en la realización de sus intereses.


La historia ha demostrado que Estados Unidos no hace nada sin tener un interés plenamente identificado. En este sentido, lo que se cree es un “acuerdo de cooperación militar” entre Bogotá y Washington para la lucha contra el narcotráfico, tiene un trasfondo muchas veces ignorado (http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/robledo.htm). La presencia de militares norteamericanos repartidos en siete bases (Malambo, Atlántico; Palenquero en el Magdalena Medio; Apiay, Meta; las bases navales en Cartagena; Bahía Málaga en el Pacífico; el centro de entrenamiento en Tolemaida y el Fuerte militar Larandia en Caquetá) es una muestra de la ambición territorial del país del norte en América Latina, con la que espera llevar a cabo su proyecto de control geopolítico.

Basta con observar la distribuciónde las bases militares para darse cuenta que el posicionamiento no tiene nada de inocente. Por el contrario, dada su ubicación estratégica en cualquier momento y bajo el motivo que sea, Estados Unidos podría invadir Colombia (https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/que-persigue-estados-unidos-con-las-bases-militares-en-colombia). Y no es una exageración, pues si se observa el mapa con detenimiento, puede concluirse que la presencia de militares norteamericanos está asegurada en los cuatro rincones del país. En el norte, en las principales ciudades; en el centro-oriente, concretamente en el departamento del Meta, desde donde podría dirigirse un ataque contra la hermana República de Venezuela (http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/05/11/bases-militares-de-eeuu-en-colombia-apuntan-a-venezuela/#.Wg_sz-RhjIU), en el occidente controlando los puertos del Pacífico y en el sur en Caquetá, muy cerca de la Amazonía donde existen planes para hacerse con las fuentes de agua y la creación de enfermedades vía laboratorio.


De hecho, como ha sido varias veces documentado, bajo el pretexto de “la lucha contra el narcotráfico”, Estados Unidos ha probado peligrosas armas biológicas en territorio colombiano. Durante el llamado“Plan Colombia” que no fue otra cosa que un proyecto de control espacial basado en la aspersión aérea con productos diseñados para la devastación de poblaciones y la creación de enfermedades incurables, el Pentágono aseguró la lealtad de las élites corruptas de Bogotá. Además, el país del norte introdujo peligrosas sustancias nocivas para los cultivos como el hongo patógeno Fusarium, componente considerado como un “agente biológico para la guerra”cuyos efectos son irreversibles (https://www.ecoportal.net/temas-especiales/salud/de_nuevo_armas_biologicas_de_usa_en_colombia/).


Pues bien, este peligroso hongo se utilizó en la erradicación de los cultivos de uso ilícito, pero además con él se contaminaron otras tierras dedicadas a la agricultura y fueron afectados hasta los granos almacenados por los campesinos. Luego de muchas presiones de activistas, el microherbicida fue retirado de las aspersiones aéreas, pero ya cuando había causado enormes daños en el medio ambiente colombiano. Ahora, en la era del magnate-presidente cuya visión estrecha del mundo se basa en la conquista y el dominio, se quiere reactivar el uso del glifosato y otros agentes químicos que una vez más demuestran la ambición de Estados Unidos por reducir y aplacar a “su principal aliado en América Latina”.


De acuerdo con el microbiólogo norteamericano Jeremy Bigwood, el hongo Fusarium es un agente bioquímico que mata a los organismos que penetra por medio de las toxinas que produce. Esta variedad conocida como el “agente verde” puede ser letal incluso para el ser humano.En efecto, algunos documentos históricos prueban que campesinos murieron luego de la ingesta de pan y otros alimentos contaminados con el microherbicida.


(http://www.mamacoca.org/feb2002/art_gonzalez_armas_quimicas_y_biologicas.html). Ahora bien, es oportuno preguntarse ¿qué sucede en las bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano?Luego de que la Corte Constitucional prohibiera el uso del glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito por ser considerado un agente peligroso y nocivo (https://www.telesurtv.net/news/Corte-colombiana-prohibe-la-aspersion-aerea-de-glifosato-20170426-0041.html), ¿es necesario contar todavía con la presencia de militares estadounidenses? La respuesta es claramente no, pero el hecho de que el presidente Trump haya mantenido las tropas en Colombia demuestra que está en marcha un plan de agresión.


La recurrente entrada y salida de aviones a las bases militares es un asunto inquietante toda vez que significa una vulneración clara y efectiva a la soberanía nacional, así las élites en Bogotá quieran presentarlo como un “acuerdo de mutuo entendimiento”. La realidad es que, dentro de estos centros de operación, el Pentágono desarrolla armas bioquímicas con las que espera mantener controlada a toda la población de América Latina. Dicho de otro modo, la presencia de militares norteamericanos no sólo está dispuesta para el monitoreo de actividades relacionadas con el narcotráfico sino, por el contrario, con la producción de armas biológicas que se utilizarán al mínimo signo de oposición a los planes del imperialismo. El hermetismo con que se maneja el tema y la imposibilidad de entrada a ciertos puntos de la geografía nacional considerados “sensibles” para el gobierno de Estados Unidos, demuestran que se está fraguando un plan para la conquista pasiva del territorio. De hecho, la Casa Blanca está haciendo la guerra a Colombiay los colombianos ni siquiera se dan por enterados.


Como se mencionó hace algunos acápites, una de las bases militares se encuentra en Caquetá, departamento fronterizo con la Amazonía que, no es sorpresa alguna, es una de las principales fuentes de agua potable del mundo además de una de las reservas de biosfera más ricas del planeta. Entonces, el plan geopolítico de Estados Unidos es claro: hacerse con el control de este punto estratégico so pretexto de la “protección del ambiente y el mantenimiento de la seguridad”. Por esa razón, en los próximos meses, la administración Trump presionará para que se reactive la erradicación vía aérea de los cultivos de uso ilícito mediante la implementación de virus y bacterias que se desarrollan en laboratorios secretos ubicados en la Amazonía colombo-brasilera. De allí partirá como hace más de quince años una guerra biológica silenciosa pero efectiva, la cual le permitirá al gigante del norte continuar con su despliegue militar (http://ccs.org.es/2000/11/20/guerra-biologica-en-la-amazonia-colombiana/).


El fin último de la ambición geopolítica del Pentágono es plantar bandera en “el pulmón del mundo” para manipular a su antojo el futuro de la humanidad.

El sustento de lo dicho con antelación es la operación conjunta AmazonLog 17 liderada por el ejército brasilero e inspirada en una actividad similar realizada por la OTAN en Hungría (2015), en la que Brasil participó como observador. La misión que se llevó a cabo en mayo de 2017 en la triple frontera amazónica (Brasil-Colombia-Perú) contó ni más ni menos que con el apoyo logístico del ejército estadounidense. De acuerdo con la BBC, la operación se da en el marco de nuevos acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Brasilia y Washington que pretenden “reaproximar” y “estrechar” las relaciones militares de los dos países (http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/08/brasil-tropas-de-eeuu-participaran-de-ejercicio-militar-en-amazonia/). Pero más preocupantes aún fueron las declaraciones de la embajada de Estados Unidos que aseguró existen “otros acuerdos en discusión, incluyendo soporte logístico, pruebas y evaluación en ciencia y tecnología e intercambios científicos”.A buen entendedor, pocas palabras.


Por si fuera poco, el ejército brasilero negó en aquel entonces que la operación sirviera como germen para una posible base multinacional como sucedió en el caso húngaro. No obstante, hace algún tiempo (se cree que entre el 6 y 13 de noviembre de 2017), se inauguró una “base logística internacional” cuyo propósito fundamental es la “asistencia humanitaria”. (https://www.clarin.com/mundo/brasil-ee-uu-paises-crearan-base-militar-amazonas_0_S1Z-CZYCW.html). El operativo AmazonLog 17 tendrá como bases las ciudades de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú), que comparten la triple frontera amazónica. Más claro no puede ser el objetivo de Estados Unidos que, con la salida injusta y manipulada de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encontró en su corrupto sucesor Michael Temer un socio sin precedentes. De hecho, Temer ya le entregó al Pentágono la base militar de Alcántara ubicada al norte del país, desde donde el ejército estadounidense tendrá un comando de operaciones sin parangón para el control territorial y la prueba de sus virus y bacterias (http://www.hispantv.com/noticias/brasil/356054/temer-base-espacial-eeuu-militar-alcantara). En este punto es donde comienza a evidenciarse las consecuencias del giro a la derecha que viene sufriendo el continente latinoamericano.


Como ha sido comprobado históricamente las “razones humanitarias” no existen para el gobierno de Estados Unidos. O quizás sí, pero funcionan a la inversa, es decir se justifica las intervenciones, pero en detrimento de la humanidad. El apoyo a crueles dictaduras y la violación sistemática a derechos humanos por parte de militares estadounidenses, son tan sólo algunos ejemplos de “la ayuda humanitaria” que ofrece Estados Unidos. El nuevo proyecto AmazonLog 17 es claramente un despliegue geoestratégico en el que, con la complicidad de gobiernos serviles e ignorantes, el Pentágono pondrá en marcha laboratorios dedicados a la producción de enfermedades tropicales que sirvan para mitigar el crecimiento de la población latinoamericana que amenaza su futuro, otra “causa humanitaria”.


Al mismo tiempo, la Casa Blanca pretende ubicar sus tropas para “proteger los recursos hídricos” mientras explota a su antojo las fuentes de agua, flora y fauna de la Amazonía. Lo más increíble del caso es que todas las actividades son realizadas en presencia de gobiernos que desconocen el vocablo soberanía. En efecto, si se considera la nueva presencia militar de Washington en el norte de Brasil y se suman las tropas de las siete bases militares en Colombia, se podría decir que hemos retornado a la Guerra Fría porque incluso se están desarrollando agentes químicos para eliminar a la población. Esperemos que el siguiente paso del plan geopolítico norteamericano no sea el apoyo a terribles dictaduras.

Enero de 2018

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Domingo, 26 Noviembre 2017 07:40

Río tiene a tres ex gobernadores presos

Garotinho y su esposa Rosinha, arrestados el miércoles por una causa de corrupción.

 

Crisis económica, narcoviolencia y corrupción en el estado vidriera de Brasil

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad.

 

Río de Janeiro, la vidriera global de Brasil, se desangra por la crisis económica, el aumento de la violencia y también por una degradación de su clase política, reflejada en la detención por corrupción de los últimos tres ex gobernadores, apenas un año después de haber albergado los Juegos Olímpicos. Para completar el cuadro de este carnaval decadente, el ex presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Carlos Nuzman, fue detenido acusado de haber pagado votos de países africanos en 2009 para la elección de la ciudad como sede olímpica con dinero desviado de contratos del gobierno estadual.

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad para colaborar con la seguridad pública, que generó conflictos legales porque la justicia común no tiene competencia para juzgar posibles abusos de los militares. La policía, los maestros y otros empleados públicos del estado sufren atrasos en el pago. El gobierno estadual el año pasado se declaró en bancarrota por una serie de factores, como la baja de la recaudación petrolera, en medio de la Operación Lava Jato, que detuvo grandes proyectos de la industria de hidrocarburos y refinerías sospechados de corrupción.

“Muchos gobernantes se relajaron esperando el milagro fiscal del ingreso por regalías del petróleo. Esto se convirtió en una desventaja, empujada por malas gestiones porque la estructura estatal de Río es muy pesada. El petróleo, el turismo y algo de industria mantienen al estado”, dijo el economista Fernando Pinho, de la Universidad Mackenzie.

La Operación Lava Jato se posó sobre el estado de Río de Janeiro de la mano del juez Marcelo Bretas, llamado “el Sérgio Moro carioca” por implementar la prisión preventiva y organizar operativos espectaculares contra políticos y empresarios. El primer caído fue el diputado Eduardo Cunha, mano derecha de Temer en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que motorizó como presidente de la cámara baja el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.

El PMDB, que tiene en Río uno de sus principales bastiones de poder, quedó arrasado, pero aún mantiene las riendas mediante el gobernador Luiz Fernando Pezao, acusado de recibir sobornos. Su jefe, el ex gobernador Sergio Cabral (2006-2014) está detenido condenado a 45 años de prisión por cobrar sobornos millonarios de empresas contratistas que hasta le compraban joyas a su esposa, Adriana Anselmo, en una sentencia polémica dictada por el mediático juez Bretas.

En los últimos diez días fueron detenidos los ex gobernadores Anthony Garotinho (candidato presidencial en 2002) y su esposa Rosinha Matheus por comprar votos en la elección municipal de 2016 en el municipio y polo petrolero de Campos dos Goytacazes, bastión de la dupla del Partido de la República. El día anterior, el martes, tres diputados del PMDB de Temer, caciques de la política tradicional de Río, fueron eje e un papelón institucional: un tribunal de segunda instancia envió a prisión a Jorge Picciani –presidente de la Asamblea Legislativa de Río y padre del ministro de Deportes, Leandro Picciani–, y de sus antecesores Edson Albertassi y Paulo Melo.

Fueron liberados por la Asamblea Legislativa, pero se entregaron nuevamente porque el tribunal consideró que la libertad de estos políticos “atenta contra la paz social de la comunidad”, ya que durante tres décadas instalaron una red de sobornos, dice la acusación, alimentada por la llamada “mafia del transporte”. Picciani se entregó en la sede de la policía federal a bordo de un Porsche. “Río se transformó en una tierra sin ley”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer, al mediar entre la disputa entre poderes, tal cual se da a nivel nacional.

Los contratos fraudulentos con el Estado de Río alcanzaron también a empresas constructoras y proveedores e incluso rozaron al conductor televisivo Luciano Huck, sondeado como candidato presidencial, un aliado del senador Aecio Neves. El socio de Huck en la red de gimnasios más grande de Brasil, Claudio Accioly, fue llevado a declarar por la fuerza para que explique por qué el gobierno de Cabral lo benefició con la baja de impuestos.

Para el columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, “muchos cariocas festejan las detenciones de políticos como el inicio de la salvación, pero estas simbolizan una tragedia. Hace poco más de un año que Río se enorgullecía por ser sede olímpica. Hoy la policía sufre la violencia fuera de control y el cierre de restaurantes populares y bibliotecas”. Declarado en bancarrota a mediados de 2016, dos meses antes de los Juegos, parte de los empleados públicos no cobraron el aguinaldo de ese año. El estado aceptó un pacto fiscal de auxilio del gobierno de Temer que lo obliga a privatizar empresas públicas, como ocurrió con la de saneamiento urbano CEDAE, donde hubo manifestaciones y represión, y el ministro de Economía, Henrique Meirelles, recomendó privatizar la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ).

El aumento de la violencia del delito, los tiroteos entre los grupos narcos de las favelas, el asesinato récord de policías y la intervención de las Fuerzas Armadas en las ciudades se suman a la crisis de identidad del segundo estado más rico del país, que fue capital del Imperio y de la República hasta 1960 y que ahora baila al ritmo de la canción compuesta por Baden Powell, “Samba Triste”. Según una encuesta de Datafolha, 7 de 10 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro dejarían de vivir en la ciudad maravillosa por causa de la violencia. En el último año, incluso, la degradación económica se vio reflejada con la aparición en situación de calle de ex gerentes y universitarios que perdieron todo, arrastrados al ritmo de este samba triste.

 

 

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