Domingo, 17 Septiembre 2017 07:44

Perspectivas del posconflicto

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza recibe en Quito a los negociadores del gobierno, Juan Camilo Restrepo (izq) y del Eln, Pablo Beltrán (der), el 4 de setiembre

 

El Ejército de Liberación Nacional colombiano acordó un cese al fuego con el gobierno, pero existen dudas sobre la consistencia de ese acuerdo. En su segundo gran capítulo de diálogos de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos se encontró con una contraparte mucho más sólida ideológicamente y más firme en sus exigencias que las FARC. Estas últimas se reconvirtieron en partido, pero sin caras o discursos nuevos.

 

El pasado 4 de setiembre la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que no representa el definitivo fin del conflicto ni se entregarán las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos– que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberá ser consensuado entre las partes. También intervendrán los veedores de las Naciones Unidas, que procederán a supervisar el proceso en el lugar, y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia Católica respecto de estas negociaciones.

Más allá del cese transitorio de hostilidades mutuas, el Acuerdo de Quito implica que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país (incluidos sus oleoductos), no siembre más minas antipersonales y deje de reclutar a menores por debajo de la edad establecida por las normas del derecho internacional humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como “alertas tempranas” –un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales– y desarrollar un programa de carácter humanitario para la población carcelaria de militantes del Eln –aproximadamente medio millar de reclusos–, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como reubicando a los presos para acercarlos a sus familias y protegerlos dentro de los penales. Además, la recientemente aprobada ley que se refiere a la amnistía e indulto para presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se amplía para los miembros del Eln, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un lapso de tres semanas destinado a que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que –a diferencia de las extintas Farc, en las que el secretariado de la guerrilla daba una orden y ésta se cumplía sin discusión– el Eln, pese a su estructura militar, funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensúan los acuerdos de manera más horizontal.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, que entrará en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se haga una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con el fin de prorrogar por más tiempo la tregua.


ORÍGENES DE UNA GUERRILLA.


El Eln nació en 1964, casi a la par que las Farc, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la teología de la liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del Eln.

Las acciones armadas del Eln comenzaron al inicio de 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticulada en octubre de 1973 –durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero–, a consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el Eln tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de entonces en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las Farc.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de 2 mil combatientes actuales del Eln están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese al fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.


COMIENZA EL DIÁLOGO.


El Eln ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente, fue durante la presidencia de César Gaviria, en la década de 1990, que se iniciaron los primeros contactos (en Caracas, en 1991). Y en 1992 se organizaron los Diálogos de paz de Tlaxcala, en México. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana –mediante el Acuerdo Puerta del Cielo, de 1998, firmado en Maguncia, Alemania, y la reunión de Ginebra realizada en 2000–, e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión a finales de 2005 y tres sesiones más en 2006, finalizando el proceso en agosto de 2007, tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el Nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación se inició en marzo de 2016, tres años después de que comenzaran las conversaciones con las Farc que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el Eln ha tenido un componente político mucho más marcado que las Farc, pese a que los segundos tuvieran cuatro veces más capacidad operativa militar que los primeros. Esto implicó que aunque el inicio de las conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, éstas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.


EN LA AGENDA.


Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las Farc, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder con respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogo contempla seis puntos en discusión: la participación de la sociedad, la democracia para la paz, asuntos relativos a las víctimas, las transformaciones para la paz, aspectos de seguridad para lograr la paz y entrega de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.
Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, que contemplaban que se instalasen fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas dentro del Eln, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (Coce) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, primer comandante del Eln, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe una nube de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “Es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto de los riesgos asumidos por el Eln, el comandante Pablo Beltrán también advirtió: “El paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por las Farc, y quedarse quieto, para la guerrilla, representa un riesgo aun mayor”. Cabe señalar, en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las Farc se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo (así como los asesinatos de líderes sociales; véase Brecha, 14-VII-17).

La solidez ideológica del Eln ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las Farc, la guerrilla no aceptase ninguna medida unilateral, algo que pidió inicialmente el gobierno, requiriéndole un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercial y ganadero–, quedando este asunto agendado para la siguiente etapa.

Más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia “elena”, es la primera vez desde que se fundó el Eln que se firma un documento con el gobierno. En eso tuvieron mucho que ver las presiones del papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.


RECONVERSIÓN DE LAS FARC.


La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo sus siglas Farc pasaron a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, teniendo en cuenta el proceso del Ejército Popular de Liberación (Epl), que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19, que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas Farc puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. En este sentido, cabe recordar que en aproximadamente el 10 por ciento de los 1.123 municipios de Colombia la política local ha estado controlada durante décadas por los “farianos”.

Pese a que el gran reto de las refundadas Farc debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Tras seis décadas de conflicto civil armado, el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y más propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o laenorme lacra que supone la corrupción institucional.

Si hubiera que ubicar un perdedor en el congreso fundacional del nuevo partido, éste sería Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las Farc guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas Farc disponen de diez diputados asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención– figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, hay una ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.

El desmarque de la izquierda política colombiana respecto de las nuevas Farc se evidenció por su no asistencia al congreso fundacional. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdos de paz. Tan sólo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.


TRABAS.


En paralelo, y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en el Poder Legislativo. Allí los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frentes farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares.

Respecto de las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz– dentro de las Farc, el gobierno colombiano registra un número aproximado de 400 combatientes que se han conformado en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho departamentos del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en el sudoriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes.


CAMPAÑA ELECTORAL.


A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y a nueve de la presidencial todo parece indicar que el país electoralmente se polarizará de nuevo en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que, según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en dos candidatos fuertes. Éstos serían Germán Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador, de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz impulsados por Santos, pactando con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo. También se basan en el cuestionamiento al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en una irrisoria alerta social para que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, y termina reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios, que sienten como una amenaza la justicia transicional derivada de los acuerdos de paz.

Por su parte, la estrategia del uribismo, más allá de quién termine siendo su candidato (hay en la actualidad cuatro precandidaturas distintas dentro del Centro Democrático), es asentar la idea de que Santos entregó el país a las Farc, generando alarma en un empresariado rural al que se le dice que sus tierras terminarán siendo entregadas a los ex combatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados “valores morales” más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van del centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los progresistas de Gustavo Petro, el entorno del nuevo partido de las Farc y, por último, la coalición formada por la Alianza Verde, de Claudia López, Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, y el Polo Democrático, del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver cómo solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo de 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda versus derecha a situarse en el eje derivado del posconflicto.

 

 

Publicado enColombia
“Entre la lealtad a la Constitución y la lealtad a un Comandante en Jefe que no la respete, lo primero es la lealtad a la Constitución”

11 de junio de 2017.-El Mayor General Cliver Alcalá Cordones, oficial en situación de retiro, forma parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Fue Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Guayana, que ocupa los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y representa el 52% del territorio nacional y el 6% de la población del país. Ingresó a los 17 años a la Academia Militar de Venezuela en septiembre de 1979. Allí conoció al Teniente Hugo Chávez Frías, y al Teniente Francisco Javier Arias Cárdenas, ambos formaban parte de la planta de oficiales, además de otros oficiales que insurgieron en 1992. Afirma que fue parte del sueño de un país distinto, donde se buscara configurar, con esos sueños e ideales, un país democrático, un país abierto a la participación, un país con una Constitución emanada desde el pueblo. Dice además que esos caminos se abrieron poco a poco y hoy lamentablemente nos encontramos en la configuración de un país que nunca imaginamos. Un país donde se cercena el derecho a la participación, un país donde se secuestran los poderes públicos. Un país donde la arbitrariedad se está haciendo cotidiana. Un país donde el abuso de poder se impone a las grandes mayorías en las importantes decisiones que se deben tomar.


Cuál es su opinión sobre el anuncio de Constituyente


Quiero señalar que la iniciativa a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en las condiciones en las que la plantea el Gobierno Nacional, me genera alertas en primer lugar, desde el punto de vista geopolítico, ya que en las bases comiciales se habla de modificar la Nación. Esto no aparece ni siquiera en las tres eventualidades donde se puede convocar a una Asamblea Constituyente. Dejando de lado la arbitrariedad del presidente al usurpar la soberanía popular, en su convocatoria, esta convocatoria, por la naturaleza con que está realizando es inadecuada.


Se ha iniciado un proceso constituyente amañado con unas bases comiciales que dañan la estructura de la Nación y la República, y nosotros, que somos soldados, vemos en peligro esa República, creada incluso en su primera Constitución, reafirmada en su segunda Constitución y ratificada en una Constitución, que se nos vienen diciendo desde el año '99, que representa la mayor expresión de soberanía popular en el mundo. Hoy el mismo gobierno y algunos funcionarios que fungieron como Constituyentes, atacan ese legado del Comandante Hugo Chávez.


Cómo militares enfocamos el tema geopolítico. Defendemos la Nación compuesta por sus tres elementos esenciales que son: su gente, su autoridad y su territorio. La “transformación de la Nación” que aparece en el artículo 2 de las Bases Comiciales, va más allá de lo que se puede permitir como venezolano. Y los caminos que ha tomado este gobierno, por ejemplo el Arco Minero del Orinoco, la entrega de su territorio, la entrega de su gente y la entrega de la autoridad a empresas transnacionales, comprobadamente dedicadas al saqueo en otras partes del mundo y, que hoy son invitadas por parte del gobierno, evidencian el objetivo de blindar esos negocios con esas empresas, y muestra el objetivo que se pretende dar a esa Asamblea Nacional Constituyente.


Incluso violando atribuciones propias del Poder Legislativo, que son usurpadas por el Poder Ejecutivo. Y por supuesto la instalación de un poder hegemónico sin la participación popular, sin poder popular, sin acompañamiento popular, lo que nos llevaría a un autoritarismo exacerbado. Más que traer la Paz señalada por Maduro, traería una cruenta guerra entre venezolanos por recuperar su Constitución del año '99.


¿Junto con la modificación de la Nación que aparece el artículo 2 de las bases comiciales, que otros alertas le provoca la iniciativa de convocatoria del Presidente?


No quiero dejar de señalar, porque me resulta extremadamente grave, que la de modificar la Nación no es una atribución que le compete al presidente. En el artículo 236 de la Constitución que señala sus atribuciones, no está la convocatoria a un proceso constituyente y menos está la transformación de la Nación. Él puede buscar cualquier tipo de cambio desde el punto de vista del Estado, pero a ningún venezolano se le puede permitir esa aventura de trastocar años de historia y años de República. Y en este caso es notoria la claridad que tiene el presidente Maduro al atropellar la Constitución del '99, con la aspiración de transformación de la Nación, y de valores que son aceptados en el mundo. Esta iniciativa del presidente representa una involución grave de esos valores.


Además no se sabe, porque no lo ha dicho, qué referencia toma el presidente Maduro en cuanto a la modificación de la Nación para llevar adelante semejante barbaridad. Sin duda esa Constitución que pretenden imponer ya se encuentra elaborada y no precisamente por los venezolanos que irían a esa Asamblea Nacional Constituyente.


Además vemos con estupor como un Consejo Nacional Electoral (CNE) que durante el 2016 hablaba de la imposibilidad de ejecutar procesos electorales, hoy sale en forma acelerada a dar rienda suelta a los mandatos del Ejecutivo, para en forma rápida, imponer una votación amañada una votación sin proporcionalidad, una votación sin el voto universal y secreto, lo que nos trae a nosotros los venezolanos una incertidumbre total. Y a nosotros ciudadanos de uniforme nos interroga sobre qué construcción de país se pretende hacer, alejada de los valores de Bolívar, alejada de los valores de nuestros antecesores y alejados de los valores tradicionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.


Nos puede explicar, de acuerdo a su experiencia, que está sucediendo en la FANB. Ha circulado la noticia reproducida en Aporrea.org, que en una reunión del Alto Mando no había acuerdo con la iniciativa de convocatoria a Constituyente. Nos puede decir que opinión le merece esta información.


Yo creo que el igual del desacuerdo y malestar que siente un soldado desde su trinchera del retiro como mi persona, el desacuerdo a esa acción vil de tratar de cambiar la Constitución, se da también en nuestros soldados. En todos los niveles. Desde la base, pasando por los cuadros medios o superiores y por supuesto, no escapan de ese malestar los generales.


Esta iniciativa disfrazada de convocatoria, no resuelve, los problemas del país. Los problemas del país los generó un ataque a los recursos del Estado, a un saqueo pronunciado por parte las cúpulas políticas, que supieron de forma astuta, involucrar a un parte de la fuerza armada en los sectores económicos.


Hace más de dos años le alerté al Ministro Padrino, que involucrar a la fuerza Armada en el tema alimentación, no era más que vincular a la Fuerza Armada en el saqueo que se había venido dando en los últimos años en el país. Donde cuantiosas sumas de dinero se extraviaron, se perdieron y no se encuentran. O se encuentran en cuentas abultadas de funcionarios públicos y sus testaferros y cómplices privados en el exterior.


Hoy vemos ejemplos como el de Samar López, al que le confiscaron más de 3.000 millones de dólares. Un ciudadano que hasta hace apenas 10 años era un funcionario público de medianas responsabilidades. Este señor ha ganado desde entonces a razón de 300 millones de dólares anuales. No es normal que ninguna empresa en el mundo tenga la capacidad de generar esas ganancias de manera tan súbita, bueno aquí en Venezuela eso es posible producto de la corrupción.


Esa corrupción fue inoculándose dentro de las Fuerzas Armadas, lo que ha hecho que la opinión pública se desate contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que si algo ha logrado el presidente Maduro es que una institución que gozaba de cierto prestigio, de cierto renombre positivo, hoy es vista por su población como represores, como abusadores de derechos humanos. Así se está viendo en los últimos 60 días, como responsable de la muerte de muchos venezolanos, asesinatos que se han venido dando en las protestas pacíficas o violentas que se han generado durante estos 60 días. Donde la conducción de las cúpulas ha generado este saldo negativo para el país, para la fuerza armada en especial y para las familias de estos venezolanos asesinados y que enlutan la tierra de Bolívar.


Usted cree que la iniciativa de convocatoria a una ANC hecha por el presidente Maduro se ha convertido en una presión para la Fuerza Armada.


Claro. Pero primero quiero señalar el mal manejo, por parte del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, que ha permitido la convocatoria a actos políticos, ha permitido la posibilidad de hacer reuniones, de hacer convocatorias a las Fuerzas Armadas, cosa que no se veía con el gobierno de Chávez, porque quien convocada desde el ámbito civil para cualquier actividad era Hugo Chávez. Hoy la convocatoria, la hace cualquier gobernador, cualquier diputado, cualquier alcalde, cualquier persona que alegue la representación del presidente Maduro, hoy cualquiera de estas instancias dan instrucciones e intentan cambiar los protocolos tradicionales de nuestras Fuerzas Armadas. Y ese intento de violentar los protocolos militares está trayendo a lo interno de la Fuerza Armada grandes contradicciones, grandes problemas que ya se empiezan a sumar.


Que el Alto Mando se haya tomado la iniciativa, por su envergadura, de tratar el tema de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y, que según las versiones esta convocatoria sea rechazada mayoritariamente, índica que algo no anda correctamente.


Porque en los últimos 3 o 4 años estaba vedado por parte del Alto Mando cuestionar cualquier violación a la Constitución, pero ya se empiezan a sentir, a ver, a escuchar las contradicciones que se dan al interior de las Fuerzas Armadas, a sus diferentes niveles y a medida que baja de los niveles, las contradicciones y molestias son mucho mayores.


Entonces creo que la Fuerza Armada no escapa del rechazo general hacia la Asamblea Nacional Constituyente, del rechazo a tener otra Constitución que no goce del respeto que goza la Constitución de 1999. Tanto es así que hoy vemos que hasta aquellos que la adversaron e incluso votaron contra ella en el año ´99, reclaman su cumplimiento y buscan el restablecimiento de ella. A pesar que desde hace más de 16 meses a través de Estados de Excepción ilegítimos, se está incumpliendo constantemente.


Hablaba de la represión y de cómo esto impacta al interior de la Fuerza Armada, en este sentido presentó una denuncia en fiscalía hace unos días, nos puedes explicar esa denuncia.


Así es. Se presentó una denuncia producto de una grabación recibida en mi domicilio de manera anónima, en la que se puede apreciar que 6 generales de la fuerza armada, estudiaban una nueva fase del Plan Zamora. Plan al que se le ha puesto el nombre de un General cuya memoria está sembrada, desde hace muchos años en la Fuerza Armada. Se coloca el nombre de General Zamora el general del Pueblo, a un plan que es contra el pueblo. Un plan que ha traído más de 60 bajas de ciudadanos tanto civiles como militares, eso deja mucho que desear. Utilizar un nombre tan representativo de la Fuerza Armada y tan respetado, y donde lo que se ha logrado es que ese nombre hoy esté manchado de sangre.


Ese protocolo, que origina mi denuncia y donde se establece el uso de armas letales, que es contrario a la tradición de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, quedó demostrado en esa grabación que yo introduje en el Ministerio Público, donde los generales discutían la utilización de francotiradores.


Ya ha habido cambio de generales a partir de la denuncia, incluso, precisamente uno de los generales que sostenía que era inconstitucional el empleo de armas letales para las manifestaciones, fue cambiado de esa Zona Operativa de Defensa Integral en Lara. Lo que indica que quién disienta, producto de que se viola la Constitución, es desplazado, cambiado y colocada otra persona que si acepte violar la Constitución.


Esa denuncia ya está en manos de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público en espera de la designación de Fiscal con Competencia Nacional para su investigación. Esa es una de mis metas. Y creo que eso debe generar resultados. Por el momento, un primer resultado es que se ha dejado de observar, por las redes sociales, la presencia de francotiradores, que hasta ese día se veían en videos que circulaban. Eso por lo menos indica la vergüenza que da el uso de armas letales. Espero que mi denuncia haya servido al menos, para que no se estén utilizando los francotiradores.


No obstante tenemos otros elementos que van contra la participación popular y la posibilidad de disentir con el gobierno, como son el empleo de grupos sediciosos, mal llamados colectivos, que también participan en forma coordinada con algunos militares, en estas operaciones.


Pero quiero resaltar algo que hasta ahora no he dicho. El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hablaba de que la Fuerza Armada era leal a su Comandante en Jefe. Yo creo que eso es correcto en la medida en que el Comandante en Jefe respete su Constitución. Pero entre el cumplimiento, el respeto y lealtad a la Constitución y el respeto a alguien que sea su Comandante en Jefe pero que no respete la Constitución, lo principal es el cumplimento fiel de la Constitución, así lo establece el artículo 328 constitucional.
Por supuesto que se le debe subordinación y respeto al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pero el Comandante en Jefe tiene la altísima responsabilidad de deberle respeto, obediencia y subordinación a la Carta Magna. Cuando se viola la Carta Magna el Comandante en Jefe pierde su legitimidad frente a los soldados que comanda. Mi mensaje para Padrino es que el respeto esencial y primordial es para con la Constitución. El que cumpla la Constitución tiene la representación y tiene el respeto del resto de los venezolanos.


Ya tiene fecha la elección de Constituyente, el CNE señalo el 30 de julio para la realización de esa elección, tú crees que hay oportunidad de detener esta ANC.


Yo creo que el presidente Maduro, cuando recupere su sano juicio, debe detener este proceso constituyente que él sabe que es amañado, que es anticonstitucional y que no ha logrado tener el apoyo de la ciudadanía. Esto es lo que debe pasar independientemente de que la acelerada acción de Tibisay Lucena le dé una fecha a este proceso.
Creo sin temor a equivocarme que ese proceso no va a avanzar. Tengo fe porque va en sentido contrario a la realidad del país. Tengo fe en que va a seguir creciendo el rechazo que se ha venido dando y el repudio de buena parte de la población venezolana va a aumentar.


Y va a aumentar todavía más cuando se concreten las bases comiciales que ni siquiera tienen un registro. Es decir tú inscribiste gente pero no sabes ni siquiera con qué registro se hará una parte de esa elección, es un desorden. Y el desorden cuando se presenta de esa forma tiene un final triste e infeliz. Así como el final triste e infeliz que tuvo la decisión de retirar el billete de 100 bolívares, una decisión que incendió el país y que acabó con una parte de la actividad y con muchas víctimas en Ciudad Bolívar. Bueno hoy se está acabando con casi todo el país y se mantiene la posición inflexible e inconstitucional del presidente Maduro de mantener esa absurda iniciativa de convocatoria.


Creo que los tiempos que vienen van a ser de muchas dificultades para los venezolanos, incluyendo al gobierno nacional. Va a ser del deslave de muchos de los que lo acompañan en este momento. El principal deslave se dio en diciembre del 2015 con parte de la población chavista que dejó de votar por sus diputados o que votó en contra de sus diputados tradicionales. Se vienen desprendiendo liderazgos por esa acción inconstitucional del presidente.


Y además, se notan ambigüedades, el presidente el día lunes 5 introdujo un refuerzo a las bases comiciales para pedirle, sugerirle a los constituyentes que en el futuro hagan un referéndum. Pero ellos, supuestamente tendrían poder plenipotenciario y podrían hacer lo que quieran. Esto último sugiere otra burla más del presidente y del CNE. Y de los secuaces que llevaron esa corrección de las bases comiciales, en este caso Jorge Rodríguez, donde se ve que no respetan al pueblo, no respeta la Constitución. Y ese irrespeto en momentos críticos, en momentos culminantes, en momentos de la mayor escalada del conflicto, ese irrespeto incluso a las Fuerzas Armadas, se va a evidenciar. Sin duda alguna los caminos que lleva adelante el gobierno nacional, son caminos sobre espacios muy críticos, muy movedizos, muy frágiles, que difícilmente lleguen al 30 de julio en forma consolidada.


¿Si el Mayor General Cliver Alcalá estuviera activo cuál sería su actitud en este momento?


Yo creo que desde hace mucho tiempo hubiésemos hablado con el Presidente, con el Jefe de las Fuerzas Armadas, con el Alto Mando, exigiéndole respeto a la Constitución, exigiéndole respeto a la Fuerza Armada, exigiéndole trato adecuado de un Jefe hacia la Fuerza Armada.


Cuando cumplí mis 30 años de servicio en Julio del 2013, yo creo que no había condiciones para que el General Cliver Alcalá, como algunos otros generales que eran visualizados como que defendían el proceso revolucionario, se mantuviera uno o dos años más en la extensión de su carrera. Yo en las vísperas de mayo del 2013 ya sabía que era imposible que ellos continuaran conmigo, ni que yo continuara con ellos.


Primero por temas éticos y por lealtad conmigo mismo. Permitir el abuso, la arbitrariedad, el autoritarismo, permitir las decisiones sin discusión, a pesar que informaban que el Alto Mando Civil y Militar de la Revolución se había reunido y tomado tal decisión, pero siempre eran decisiones de uno o de dos. Decisiones que por supuesto al no ser colegiadas, al no ser colectivas, se caen por su propio peso.


Creo que si en este momento estuviese activo, estuviese en constante discusión, dentro de los estándares de un Alto Mando de consulta, informándole al Comandante en Jefe, informándole a las instituciones de sus malos procederes y violaciones a la Constitución.


Lamentablemente no es así, estoy en situación de retiro. Pero esa condición en situación de retiro, me permite en función del artículo 333 constitucional que me asiste como ciudadano para poder expresar mi opinión, y el artículo 350 en caso de generarse las condiciones de su aplicación, también me obliga como ciudadano a cualquier participación en forma constitucional en la restitución de nuestra Constitución.


Dentro de las Fuerzas Armadas, no diría que hay muchos Cliver Alcalá Cordones, pero si hay muchos soldados dignos, la mayoría. Muchos soldados llenos de sueños de ideales, que quieren una Patria Digna. Y ellos en estos momentos ni siquiera pueden atender a sus familias en forma honesta. En forma humilde, no lo pueden hacer porque la precariedad de los ingresos de nuestros soldados raya en el peor poder adquisitivo que tiene cualquier soldado en el mundo.


Es cierto que eso no es todo lo que adorna a un soldado. Un soldado se adorna de ideales, se adorna de ritos que cumple. Pero es necesario que para mantenerlo con la moral en alto, con el compromiso profesional, tenga el recurso y el sustento adecuado para su familia.


Este es el peor momento de la historia contemporánea de la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada que está siendo vista por su pueblo mucho peor que cuando los hechos del Caracazo, que no es poca cosa. Yo, que los viví como teniente con tres años de antigüedad, y que cruce toda Caracas de Este a Oeste de Sur a Norte en esos días, donde la pérdida de vidas humanas fue numerosa, creía que estos episodios no se volverían a repetir y que habían sido borrados de la memoria histórica de las Fuerzas Armadas, que nunca más volveríamos llegar a eso. Hoy estamos transitando caminos difíciles. Pero se va a imponer, sin lugar a dudas la Fuerza Armada de Bolívar, la Fuerza Armada del pueblo venezolano, en el respeto a su futuro, en el respeto a su Constitución, y en el respeto de ese sueño que nos trazó Bolívar y que en mucho el Comandante Chávez nos reforzó.


Hoy los que traicionan a Chávez, los que traicionan a Bolívar y los que traicionan al pueblo venezolano quieren hacer una Constitución a su medida para perpetuarse en el poder y continuar el saqueo del país. Cómo venezolanos, no podemos permitirlo.

Por: Carlos Carcione para Puntodecorte.com y Aporrea.org | Domingo, 11/06/2017 03:18 PM |

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Guerra y caos social en la Ciudad Maravillosa

El pasado mes de febrero, el estado de Río de Janeiro, con 16 millones de habitantes, registró 18 muertos por día, 502 en todo el mes. Es el mayor índice de homicidios en ocho años, con un crecimiento del 25% respecto a 2016. El año pasado se produjeron 4.212 enfrentamiento armados entre la policía militar y los narcotraficantes.


Pero los elevadísimos niveles de violencia sólo saltan a los medios cuando suceden hechos graves, como la muerte el 30 de marzo de una niña de 13 años que estaba tomando clases de educación física, o cuando se difunden imágenes —grabadas por vecinos o transeúntes— de policías matando personas indefensas.


Las imágenes de dos policías rematando a sospechosos heridos caídos en el suelo recibieron el apoyo de más de 100.000 firmas en la plataforma change.org, lo que revela el estado de ánimo de la población carioca. Casi el 80% de las muertes a manos de la policía se producen bajo la figura 'auto de resistencia' (supuestas muertes en enfrentamiento armado), con la que tanto la justicia como la policía validan la muerte de civiles, sin necesidad de testigos ni juicios.


Pero los policías también mueren. Se calcula que cada dos días es abatido un uniformado de la Policía Militar, que tiene pésima reputación entre los habitantes de las 'favelas', en general negros pobres, ya que suelen ingresar disparando, matando más inocentes que delincuentes. Lo cierto es que en los tres primeros meses de 2017 cayeron 50 policías y, según el testimonio de la reportera de la edición brasileña de El País, "cuatro de ellos fueron torturados y carbonizados por traficantes de drogas".


La ciudad cuenta con 47.000 policías que perciben salarios bajos y que no cobran puntualmente por la crisis económica, ya que el estado de Río de Janeiro declaró meses atrás la cesación de pagos, una situación que se resume en "pago atrasado de salarios, hospitales parcialmente paralizados, dependencias estatales sin recursos, cárceles desbordadas y al borde de la rebelión".


El fantasma del caos social ronda la ciudad. El Gobierno del estado negocia una ayuda urgente de 20.000 millones de reales —casi 6.300 millones de dólares—, que podrían llegar a 50.000 en 2019 —15.700 millones de dólares—. En febrero pasado la situación fue más que caótica. Los familiares bloquearon la salida de 30 batallones de la Policía Militar para exigir que se les paguen los salarios e impedir que sus esposos prestaran servicio. El Gobierno federal envió 9.000 soldados para garantizar el orden, algo menos de los movilizados durante los Juegos Olímpicos de agosto pasado.


Una comisión de la Policía Militar elaboró un estudio sobre las causas de las numerosas muertes de efectivos, concluyendo que se deben a tres razones: escaso entrenamiento, armas obsoletas y vehículos sin blindaje, además, por supuesto, de los bajos salarios, lo que fomenta la corrupción en el cuerpo. Muchos policías militares tienen relaciones con los narcos, que poseen armamento más sofisticado y recursos muy superiores.
En cinco años, los enfrentamientos armados crecieron un 300% en la ciudad, la muerte de policías escaló un 275% y las víctimas civiles un 66%. Sin embargo, por cada policía caído son muertos 23 'marginales', como denominan a los civiles sospechosos de pertenecer al narco o estar involucrados con la delincuencia.


La situación es grave no sólo por los altos niveles de violencia, sino por la sensación de desborde. "Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre Asesinatos de Jóvenes publicado en 2016, cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Cada año, mueren 23.100 jóvenes negros de 15 a 29 años. La tasa de homicidios de jóvenes negros es cuatro veces mayor que la de los blancos", escribe el periodista Marcelo Aguiar.


Por el lado de los policías, las cosas son simétricas. "Cuando un soldado ingresa en la policía ya es un muerto vivo, porque acaba siendo victima y rehén de los preconceptos de una política pública equivocada. Hay toda una construcción para hacerles creer que son héroes, que deben morir por el deber", dice Jaqueline Muniz, profesora en seguridad pública de la Universidad Federal Fluminense.


"Ellos necesitan creer que van a morir en nuestro nombre, para poder aceptar la cultura de guerra contra el crimen, una especie de cortina de humo para encubrir las relaciones entre el Estado y las facciones criminales de Río", concluye Muniz. Muchos policías viven atemorizados e intentan esconder su profesión a sus vecinos: algunos secan el uniforme detrás de la nevera o en el horno y esconden la placa de identidad en la rueda de repuesto del maletero, como ilustra la periodista María Martín.


La ONG Justicia Global envió el pasado 31 de marzo un informe a las Naciones Unidas en el que asegura que la política de seguridad pública de Río tiene una lógica de "exterminio y represión", focalizada en la población negra, joven y 'favelada' de la ciudad.


El documento destaca que se está avanzando en "una política de militarización y de encarcelamiento en masa como supuestas soluciones a los problemas de seguridad pública". La ONG denuncia a su vez la persistencia de un racismo estructural que se comprueba con simples números: mientras los homicidios de negros crecieron un 10% entre 2003 y 2014, los de blancos cayeron el 27% en el mismo periodo. El sistema de justicia es cómplice de esta situación que criminaliza a la población negra.


Ese es el caso de Rafael Braga, recolector de residuos, el único manifestante que permanece preso después de las revueltas de junio de 2013. De los 20 millones de personas que salieron a las calles ese mes, protestando por el aumento de las tarifas del transporte y la represión policial, el único que permanece en prisión es Rafael, joven, negro y pobre, una combinación letal en una sociedad cada vez más racista y violenta, que coloca todos los males en las 'favelas', a las que considera —con absoluto desprecio e ignorancia— como espacios 'liberados' del narco.

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Donald Trump en la reunión de gobernadores hoy. AP

 

Llegan tiempos marciales. El presidente de Estados Unidos ha decidido poner en marcha el mayor rearme en una década y ha ordenado elaborar un presupuesto con un incremento de 54.000 millones de dólares (9,3%) en los gastos de defensa. La histórica subida será compensada con un plan de recortes general, especialmente duro con la partida de ayuda exterior. El tijeretazo, aunque evita tocar los dos capítulos de gasto políticamente más sensibles, pensiones y asistencia sanitaria, muestra que Donald Trump está dispuesto a iniciar una nueva escalada militar para hacer cumplir sus sueños de grandeza. “Tenemos que empezar a ganar guerras otra vez”, clamó.

Trump nunca lo ha ocultado. Es un halcón y quiere fortalecer la primacía militar. Para ello ha dado un salto en defensa que no se veía desde 2008, al final de la era Bush, con el conflicto de Irak y Afganistán aún sangrando a borbotones. “Antes decíamos que Estados Unidos jamás perdía una guerra, ahora no ganamos ninguna. Es inaceptable”, dijo.

A tal fin, los acuerdos del pasado le importan poco. Incluso los más espinosos. No sólo quiere lanzarse al avispero islámico, sino que ha despreciado públicamente el tratado de limitación de armas nucleares con Rusia y el jueves pasado ya anunció su deseo de ampliar el arsenal atómico: “Soy el primero que querría ver al mundo sin armas, pero no podemos quedarnos por detrás de ningún país, aunque sea amigo. Nosotros tenemos que estar a la cabeza de la manada”.

Para Trump, esta escalada militar no es sólo una forma de patriotismo. El multimillonario republicano siempre la ha vinculado a la prosperidad económica. “Reforzar el sector militar es barato. Estamos comprando paz y afianzando nuestra seguridad nacional. Además es un buen negocio. ¿Quién construirá los aviones y barcos? Trabajadores americanos”, ha escrito en su obra programática América lisiada.

Patria, cañones y empleos. El triángulo sobre el que descansa la apuesta de Trump ha sido una de sus principales promesas electorales. Y ahora quiere materializarla cuanto antes. Para ello ha ordenado a las agencias federales que empiecen a trabajar en un modelo de presupuesto que satisfaga sus deseos. La propuesta no estará lista hasta mediados de marzo. Luego tendrá que entrar en el Capitolio. Un espacio de mayoría republicana, pero donde todo es sometido a la presión de los más variopintos intereses. Será entonces cuando Trump, que hasta ahora ha gobernado bajo el impulso de las órdenes ejecutivas, tenga que hacer frente a su primera gran batalla legislativa.

En esa arena se verá su capacidad de liderazgo del bando republicano y también el alcance de sus sueños. En principio, lo que ofrece el presidente es atractivo para los conservadores. Al aumento del presupuesto militar le quiere añadir una bajada general de impuestos, el desmantelamiento de la reforma sanitaria (Obamacare) y una desregulación financiera intensa.

La partitura gusta a la mayoría, pero su instrumentación puede ser explosiva. Es el caso del Obamacare. Vilipendiado por Trump y los suyos, la promesa de eliminar la reforma sanitaria nada más llegar a la Casa Blanca ha quedado congelada. La constatación de que suprimirla afectaría a 22 millones de personas y dispararía el déficit fiscal en 353.000 millones de dólares en 10 años ha puesto freno a la demolición y dado paso a la búsqueda de alternativas racionales.

La construcción del presupuesto seguirá un proceso similar: será lenta y desactivante. Pero en el corto plazo, en el juego de lo inmediato que tanto practica, Trump ha emitido una señal clara con la propuesta de rearme. Es alguien que cumple sus promesas y que mantiene su capacidad disruptiva. Ese es el impacto que han buscado los autores del plan: el director de la Oficina Presupuestaria, Mick Mulvaney; el director de Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y el estratega jefe de la Casa Blanca, el tenebroso Stephen Bannon.

Que cale este mensaje es importante para alguien que ha entrado en barrena en sus relaciones con la prensa y que tiene a las encuestas en contra. Alarmados por su baja valoración, Trump y sus consejeros quieren superar los filtros mediáticos y alcanzar directamente al electorado. La conversión de los primeros vaivenes presupuestarios en una declaración política de alta potencia busca esa meta. Y también ofrece un adelanto del discurso del Estado de la Unión mañana en la noche. En la intervención, la primera donde el presidente se enfrenta a la Cámaras, deberá mostrar a senadores y congresistas qué futuro quiere para Estados Unidos. De momento, ha optado por las armas y el ruido.

 

     
     
  

 

EL PRESUPUESTO MILITAR SERÁ INFERIOR AL DE LOS PRIMEROS AÑOS DE OBAMA
JOAN FAUS (WASHINGTON)


La propuesta de Donald Trump de gastar 638.000 millones de dólares en defensa en el año fiscal 2018 supone el mayor aumento en una década, pero es una cifra inferior a algunos de los presupuestos aprobados por el Congreso al inicio de la presidencia de Barack Obama. Para encontrar una cifra reciente superior hay que retroceder a 2012: 681.000 millones de dólares. El presupuesto más alto fue el de 2010 con 721.000 millones, según datos oficiales.

Pero el contexto es muy distinto. En los primeros años del demócrata Obama, EE UU estaba involucrado de lleno en las guerras de Afganistán e Irak, con decenas de miles de tropas desplegadas. Ahora, la primera potencia cuenta con un contingente muy inferior en Afganistán y su presencia en países como Irak o Siria se limita a centenares de asesores militares.

El refuerzo militar del republicano Trump responde más a una estrategia de disuasión, como la empleada por Ronald Reagan en el crepúsculo de la Guerra Fría en los años 80, que a la de un país que combate activamente en guerras, como los gobiernos de George W. Bush y Obama.

El aumento en 54.000 millones del gasto militar supone un crecimiento del 9,2% respecto al presupuesto del año fiscal 2017. Es el mayor incremento desde 2008 (11,3%), en el último año de presidencia de Bush. Pero queda lejos del crecimiento del 25,9% en 2003, cuando EE UU lanzó la invasión de Irak y estaba en el segundo año de guerra en Afganistán.

  
     
     

 

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Guerra entre narcos, una excusa para militarizar

La idea de que el ejército tome cartas en el enfrentamiento al narcotráfico encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por Temer. Existe un fuerte descontento en los sindicatos que representan a las policías locales.

 


Guerra en el paraíso: la masacre de 56 presos ligados a una organización mafiosa en una cárcel del estado de Amazonas, fronterizo con Colombia, le abrió un nuevo frente de tormenta al presidente Michel Temer y reavivó la recurrente tentación, que no es solo brasileña, de militarizar la seguridad interna.


Temer evitó formular declaraciones sobre la matanza ocurrida el domingo en el Complejo Penitenciario Anício Jobim de Manaos, capital amazónica, con la aparente intención de eludir el costo de un hecho que repercutió en la prensa y organismos internacionales de derechos humanos.


Su situación política es tan incierta que suspendió el viaje al Forum Económico de Davos donde lo representará Henrique Meirelles, el ministro de Hacienda autor del plan de austeridad (austericidio) que amenaza llevar a la quiebra a varios estados provinciales donde se dejaron de pagar salarios y suspendieron servicios esenciales.


Esta limitación de gastos afectó también a las policías provinciales, con más de 1 millón de hombres en armas, y los servicios penitenciarios.
Hay un explícito descontento en los sindicatos que representan a las fuerzas de seguridad de varias provincias como Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul a donde fueron enviadas tropas federales.


Precisamente para recortar gastos el estado de Amazonas privatizó el presidio Anício Jobim donde miembros de la organización La Familia del Norte mató, y en algunos casos degolló el domingo, a integrantes del Primer Comando de la Capital.


En un comunicado divulgado ayer en Ginebra Naciones Unidas responsabilizó al gobierno de Temer por la masacre y exigió que prohíba “la tortura y del trato degradante e inhumano de los presos”. “Pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar” otro crimen similar en los centros de detención brasileño donde se alojan, en su mayoría hacinados, más 650 mil reclusos.


Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Orden de Abogados de Brasil se sumaron a las críticas.


El gobierno envió ayer a Manaos al ministro de Justicia Alexandre de Moraes, al tiempo que realizó una serie de consultas al Gabinete de Seguridad Institucional dirigido por el general Sergio Wesphalen Etchegoyen, según dejaron trascender informantes próximos al Palacio del Planalto.


Los servicios de inteligencia bajo el mando del general Etchegoyen habrían obtenidos informaciones sobre un plan para vengar a los muertos del PCC fallecidos en el estado de Amazonas donde ayer continuaba la “cacería” de más de 100 presos fugados el domingo.


Está en curso una guerra entre la Familia del Norte y el PCC, una facción surgida en San Pablo luego de la masacre de 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en 1992.


El Primer Comando de la Capital cuenta con una organización piramidal dirigida por Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, que presume de haber leído El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo y conocer la biografía y tácticas guerrilleras de Ernesto Che Guevara.


“Marcola” es idolatrado por los soldados del PCC, el grupo que domina la mayoría de las cárceles de San Pablo y decenas en todo el país, junto al establecimiento de “células dormidas” en las favelas paulistas.


En mayo de 2006 una orden impartida por Marcola desde la cárcel desató el levantamiento simultáneo de más de 70 presidios y ataques relámpagos que mataron a unos 40 policías y agentes penitenciarios.


Un día después de las primeras acciones se desató una guerra entre fuerzas del orden y “milicias “ del PCC que hizo colapsar a San Pablo con un saldo de cerca de 600 muertos.


En la contienda entre el PCC y la Familia del Norte se disputa la hegemonía en el sistema carcelario de la Amazonia, por su proximidad a la “Ruta del Río Solimoes”, principal vía de ingreso de la cocaína de Colombia y Perú.


El polvo que llega a Manaos luego se embarca hacia Europa o los cada vez más rentables mercados de San Pablo y Río de Janeiro.


Por lo pronto ese dinero sucio es la fuente de ingresos de la Familia del Norte, con la que se pagan armamentos y se compran los favores de policías, guardiacárceles y políticos. Así es como esa organización asumió el mando de los centros reclusorios amazónicos y logró proyección nacional, al punto de animarse a presentarle batalla al PCC.


De acuerdo con informaciones de la Policía Federal a las que tuvo acceso el diario Estado de San Pablo, la Familia cuenta con unos 200 mil afiliados, entre quienes están los presos y sus allegados fuera de las cárceles, quienes realizarían aportes a cambio de los cuales reciben seguridad.


Con esa estructura en alza la Familia se asoció a otro grupo de peso,el Comando Vermelho, con base en Río de Janeiro, que mantiene una disputa con el PCC.


El innegable poder de fuego, organización y logística de estas fuerzas irregulares trajo otra vez al ruedo el debate sobre la necesidad de involucrar a los militares en el combate al crimen organizado.


Algunos formadores de opinión respaldaron esa idea, entre ellos Merval Pereira, el comentarista en jefe del grupo Globo.


Ayer Pereira dijo en una radio de esa corporación que no se puede “seguir posponiendo” la decisión de que el Ejército y otros fuerzas federales tomen cartas en el enfrentamiento al narcotráfico, y eligió como modelo a Colombia.


Militarizar la seguridad interna encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por la administración Temer.


Hace dos meses en una de las pocas reuniones diplomáticas realizadas en Brasilia con representantes sudamericanos fue expresada esa concepción.
El encuentro fue cerrado con una conferencia a en la que participaron el canciller José Serra, el general Etchegoyen y el ministro de Defensa Raúl Jungman.


“Los crímenes son cada vez más transnacionales y tienen que ser enfrentados” conjuntamente por los países sudamericanos, y ojalá que cada vez más puedan actuar “las Fuerzas Armadas de modo preventivo y represivo (..) en las fronteras”, dijeron las autoridades brasileñas.

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Obama solicita para 2017 un presupuesto de 11,600 millones de dólares para guerras

Barack Obama, presidente en funciones de EE.UU., instó el jueves al Congreso a aprobar un presupuesto adicional de 11 mil 600 millones de dólares para el fondo de guerra del ejercicio económico de 2017.


De la cantidad solicitada, la mitad (5 mil 800 millones) se emplearían en el fondo de guerra del Pentágono y los otros 5 mil 800 serían para el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).


“Aunque estas enmiendas se centran en financiar nuestros esfuerzos de seguridad nacional en el extranjero, nuestros esfuerzos aquí en casa son igualmente importantes para combatir el terrorismo y proteger al pueblo estadounidense”, subrayó el presidente de EE.UU., Barack Obama.


A juicio del jefe norteamericano de Estado, este financiamiento adicional ayudaría a pagar los costos de los ataques al grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) y de la guerra que se libra en Afganistán, la cual acabó, entre 2001 y 2014, con la vida de unos 100 mil afganos y paquistaníes, según las cifras de la Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, en inglés).


“Aunque estas enmiendas se centran en financiar nuestros esfuerzos de seguridad nacional en el extranjero, nuestros esfuerzos aquí en casa son igualmente importantes para combatir el terrorismo y proteger al pueblo estadounidense”, subraya Obama en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.


Cabe recordar que el pasado mes de marzo, el secretario adjunto para la Defensa de EE.UU., Robert Scher, indicó que el Pentágono centraría su presupuesto de 2017 en blindar las capacidades de disuadir o vencer a sus mayores adversarios: Rusia y China.


La propuesta de Obama fue saludada por el secretario estadounidense de Defensa, Ashton Carter, que llamó al Congreso a aprobarla. “Este plan refleja la naturaleza evolutiva de nuestra campaña militar contra el grupo Daesh y nuestros esfuerzos en Afganistán”, indicó, según The Hill.


No obstante, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes de EE.UU., William Mac Thornberry, del Partido Republicano, consideró el mismo jueves la solicitud de Obama como insuficiente.


“Si bien revisaremos cuidadosamente la solicitud, la cantidad aún no se ajusta al aumento del ritmo de las operaciones contra el Estado Islámico y no hace nada para comenzar a abordar la crisis de preparación”, subrayó Thornberry.


(Con información de Hispantv)

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Así es como planea China utilizar el espacio para afrontar a EE.UU.

El avance sin precedentes en las tecnologías cósmicas de China deberá satisfacer las necesidades militares del país asiático.

 

Para muchos expertos que siguen con atención el desarrollo de la situación en la región de Asia Pacífico el sistema antiacceso y de negación de área de China (A2/AD, por sus siglas en inglés) es el desafío más serio que afronta EE.UU. En su intento de aumentar su presencia militar en la zona, según 'The National Interest'.


El sistema incluye el misil DF-16 (con un alcance de 1.000 kilómetros), el bombardero nuclear H-6K, el misil tierra-aire HQ-12 y el misil chino DF-21D, apodado el 'asesino de portaviones'. La función del A2/AD es restringir el acceso al enemigo a una determinada ubicación estratégica.


Al mismo tiempo, la aplicación de este sistema es inmensamente complicada. Si China logra ponerlo en práctica será gracias al rápido avance de su capacidad espacial y su infraestructura de satélites.


Para impedir el acceso de los enemigos a sus objetivos estratégicos, China debe ser capaz de aplicar el concepto de organización de ataques 'kill-chain', consistente en identificar un objetivo, evaluar la fuerza a aplicar para destruirlo y garantizar el éxito del ataque. En otras palabras, se necesita poder detectar objetivos, lanzar municiones y evaluar los daños potenciales del oponente a largas distancias. Todo eso muestra a su vez una gran dependencia del sistema computerizado C4ISR y de la capacidad de seguimiento que funcionan a base de tecnologías espaciales.


China ha experimentado una expansión sustancial de su programa de satélites. En 2000 poseía solo 10, en comparación con los 181 que dispone actualmente. En comparación, Estados Unidos y Rusia tienen 576 y 140 satélites, respectivamente.


China también ha diseñado satélites con una serie de capacidades especiales, como el radar de apertura sintética (SAR) y la inteligencia electrónica (ELINT).


La estrategia A2/AD requiere también una capacidad espacial de guía de misiles. Con este fin, China ha pasado años desarrollando su propia versión del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), llamado 'Beidou'. En la actualidad, Beidou tiene 19 satélites operacionales y se implementa a nivel regional con planes de expansión en todo el mundo para el año 2020.

 

Publicado: 20 ago 2016 01:30 GMT | Última actualización: 20 ago 2016 01:34 GMT

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Orden, progreso y protesta en los Juegos de Río
Los contrastes se agravaron en las últimas semanas a medida que tanquetas militares y helicópteros artillados redoblaron su presencia en los barrios periféricos. El retorno de los militares a los morros marca una nueva fase en la lucha contra los narcos y los pobres.

 

Desde Río de Janeiro

 

Orden, progreso y abucheos. Todo el mundo da por seguro, incluso el propio Michel Temer, que hoy habrá una silbatina de reprobación contra su gobierno durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. “Estoy preparadísimo” para recibir la repulsa del público reconoció el gobernante en ejercicio desde mayo pasado luego del putch parlamentario que expulsó del Palacio del Planalto a Dilma Rousseff, la presidenta electa sometida a un impeachment que se tramita en el Senado.

 

Unos 3 mil millones de telespectadores asistirán al show de esta noche en el Maracaná, en el que será montado un sistema de sonido para “disimular” los eventuales silbidos contra Temer, con el propósito de evitar el bochorno internacional, reveló el diario Folha.

 

A través de una mordaza desinformativa avalada por las empresas periodísticas, el nuevo sistema político insiste en mostrarse como “democrático” ante la opinión pública brasileña, pero será difícil que ese dispositivo logre engañar por completo a toda la prensa mundial.

 

Ni a la comunidad diplomática, donde ya están advertidos de las anomalías democráticas de las que adolece el Brasil post Dilma.

 

Como lo indica el hecho de que menos de 50 presidentes y jefes de gobierno estarán este viernes en el palco oficial, menos de la mitad de los que participaron en la fiesta inicial de los Juegos de Londres de 2012. La mayoría de los presidentes latinoamericanos no viajará a Río, al igual que los líderes del grupo Brics, advertidos del nuevo rumbo que adoptó la política externa tras el desalojo de Dilma y el PT del gobierno.

 

Otro síntoma de la fractura institucional serán las ausencia seguras de Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los faltazos probables de sus colegas, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney y Fernando Collor de Mello. Y más allá de lo que suceda dentro del Maracaná, fuera del estadio seguramente habrá actos de protesta.

 

Desde su última trinchera, el Palacio de Alvorada, Dilma instó a la militancia democrática a que salga a la calle para denunciar el impeachment horas antes de la fiesta que marcará el inicio de los Juegos en Río, hacia donde ayer viajaron miembros de varias organizaciones sociales.

 

“Vamos a tener un gran acto aquí, denunciando a todo el mundo el golpe” prometió ayer Marcelinho Rodrigues, de la Central Unica de los Trabajadores, frente al hotel cinco estrellas Copacabana Palace.

 

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, dirigido por Guilherme Boulos, y los Campesinos Sin Tierra, coordinado por Joao Pedro Stédile, anunciaron protestas en la Ciudad Maravillosa y militarizada, ocupada por decenas de miles de efectivos del ejército y la policía prestos a cumplir la nueva Ley Antiterrorista, por la cual un manifestante provisto de un cóctel Molotov puede ser preso bajo el cargo de poner en riesgo la seguridad nacional.

 

Antes de viajar Río para pronunciar las palabras de apertura de los Juegos, Temer habló ante generales y almirantes a los que expresó su confianza, durante un discurso en el que enalteció la importancia de la “disciplina y la jerarquía”, como requisitos del nuevo orden autoritario en gestación. Y pronunció el lema “orden y progreso”, el eslogan que se repite en todos los anuncios oficiales sobre las Olimpíadas, evocando el lenguaje y los valores de la dictadura.

 

Estos juegos serán un momento fundacional de la nueva era política que se cristalizará con la probable destitución de Dilma.

 

En los años 70 el gobierno militar asociado a la cadena Globo desarrolló un sofisticada máquina de propaganda que sacó provecho de las gestas deportivas. “Brasil ámelo o déjelo” era una de las consignas propaladas para exaltar el patriotismo verde oliva a caballo de la Copa del Mundo conquistada por la selección de Pelé en México.

 

Ayer los jugadores de la selección china de básquet quedaron atrapados en un tiroteo en la zona norte de Río, donde continúa la guerra urbana entre los narcos, y la de éstos contra la policía, ahora apoyada por el ejército.

 

El retorno de las fuerzas armadas a los morros para garantizar la seguridad olímpica tal vez sea el preludio de una nueva fase de militarización de la guerra de baja intensidad contra los narcos, pero al mismo tiempo contra los cerca de 1,6 millones de pobres que habitan esas barriadas.

 

Los contrastes de Río de Janeiro se agravaron en las últimas semanas a medida que tanquetas militares y helicópteros artillados redoblaron su presencia en los barrios periféricos.

 

Un chico de seis años fue fotografiado esta semana mientras dormía en el patio de una vivienda humilde de la favela Complexo do Alemao, el único lugar relativamente seguro de la casa, ubicada en una zona donde hay enfrentamientos armados casi diariamente.

 

La madre del chico y otros vecinos se quejaron de los ataques indiscriminados de las fuerzas de seguridad, mientras Amnistía Internacional denunció el aumento del 40 por ciento de asesinatos policiales, en lo que caracterizó como una política deliberada para imponer el terror antes de los Juegos.

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El golpe de Estado en Turquía fracasa tras la resistencia de la población en las calles

El Gobierno llama a sus seguidores a que continúen en las vías públicas para evitar nuevas intentonas.

 

Un golpe de Estado fallido sumió en la noche de este viernes en una situación caótica a Turquía, un aliado estratégico para Europa y miembro de la OTAN. Sectores de las fuerzas armadas turcas se sublevaron para tratar de hacerse con el poder en el país y decretaron la ley marcial. Casi siete horas después el presidente Recep Tayyip Erdogan apareció ante los medios de comunicación para dar por sofocado el golpe y advirtió de que "los involucrados pagarán un alto precio". Sin embargo, la inestabilidad permanece en las principales ciudades del país, la capital, Ankara, y Estambul. Y el Ejecutivo ha llamado a sus seguidores a que continúen en la calle para evitar nuevas intentonas golpistas.


A través de la televisión se pudo ver cómo los golpistas comenzaban a ser detenidos y los militares eran expulsados del canal de televisión estatal desde el que estaban controlando la información. El Gobierno cifra en 1.563 los militares arrestados.


Las horas que siguieron al golpe han sido sangrientas: hay al menos 90 muertos y más de 1.000 heridos, según la agencia de noticias estatal. Durante su intervención, Erdogan dijo que habían tratado de derribar su avión con los F-16 del ejército y que bombardearon su hotel justo cuando ya había salido.


Sin embargo, el mandatario insistió en que "esto terminará bien" e hizo una llamada a los golpistas: "Sois nuestros hijos". "Es inaceptable que dirijáis vuestras armas contra padres, madres e hijos. Si apuntáis las armas al pueblo que os las dio, pagaréis las consecuencias", señaló.


El presidente turco exigió que "todos aquellos que estén conduciendo tanques en la calle que regresen a sus cuarteles". "Ya han comenzado las detenciones y llegaremos hasta lo más alto", señaló en tono sereno y vestido con corbata, acompañado de varios funcionarios y frente a una imagen de Atatürk, el padre de la Turquía moderna.


Paralelamente, la llamada de Erdogan a la población a defender el poder "democrático" derivó en enfrentamientos a tiros en Ankara y Estambul. La agencia progubernamental Anadolu informó de que 17 policías de las fuerzas especiales fueron asesinados en una academia de policía en la capital. En esa misma ciudad varios tanques dispararon en las inmediaciones del Parlamento turco y un avión de combate utilizado por los golpistas fue derribado.

 

También se escucharon bombas lanzadas desde los aviones de combate que sobrevolaron Ankara.


En el centro de Estambul seguía el descontrol mientras los tanques recorrían las calles y los simpatizantes del presidente se echaban a las calles y tomaban las principales plazas agitando banderas nacionales.


Los movimientos comenzaron en torno a las diez de la noche cuando camiones de transportes de tropas se estacionaron a la entrada de los puentes que cruzan el estrecho del Bósforo en Estambul y los cerraron al tráfico. Poco después, en Ankara, los blindados y los tanques tomaron posiciones en las calles y varios cazas pasaron en vuelo rasante sobre la capital. Un pelotón de soldados golpistas se dirigió al Estado Mayor de Turquía y con el apoyo del fuego aéreo de un helicóptero de guerra Sikorski penetró en el edificio y tomó como rehén al jefe del Estado Mayor, el general Hulusi Akar.

 

Todo se desarrollaba con gran rapidez y en medio de una gran confusión. Pero, en general, de acuerdo a lo planificado con los golpistas. Como en anteriores asonadas, rodearon varios edificios importantes en la estructura del Estado e instalaciones como el Aeropuerto de Estambul y se hicieron con el control de la radiotelevisión pública TRT donde, tras cortar la emisión, hicieron a una presentadora leer un comunicado en el que afirmaban haber tomado el poder ante las "amenazas" a las que se enfrenta Turquía y que el Gobierno es "incapaz" de atajar, así como a la deriva "autocrática" del presidente Erdogan, al que acusaron de "traidor". Asimismo anunciaron un toque de queda en todo el país, que pasaría de forma temporal a ser dirigido por el llamado Consejo de Paz en Casa.


Tampoco contaban los militares sublevados con que el presidente Erdogan, considerado un islamista moderado, además de un fuerte rechazo, concita igualmente un enorme apoyo popular en Turquía. Solo hay que ver cómo fue recibido de madrugada en el aeropuerto. El levantamiento militar le pilló fuera de Ankara, pero "desde un lugar seguro" —según una fuente de su entorno, que no quiso revelar la localización— lanzó un llamamiento mediante una intervención telefónica en la cadena CNN-Türk: "Salid a la calle, tomad las plazas, id al aeropuerto (de Estambul). ¿Qué van a hacer? ¿Van a disparar al pueblo? Esto es un ataque contra la democracia". Como en otras ocasiones en que el mandatario turco ha apostado al todo o nada, esta vez también triunfó.

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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, responde a las preguntas de la ciudadania, en Bogotá, acerca del proceso de paz con las FARC  que se adelanta en la Habana ,Cuba.

 

La Habana.


El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron este miércoles un acuerdo histórico para el cese del fuego bilateral y definitivo, en lo que constituye el primer paso para poner fin a 52 años de conflicto armado en el país sudamericano y uno de los más largos del mundo.


En un comunicado conjunto, la delegación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del más antiguo grupo guerrillero de América Latina, informaron a la opinión pública: hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese del fuego y de las hostilidades, en el contexto de las negociaciones de paz que se vienen desarrollando en Cuba desde noviembre de 2012.


Las partes no especificaron la entrada en vigor del cese del fuego, pero indicaron que será este jueves cuando se dará a conocer y se firmará el acuerdo en La Habana en un acto encabezado por el presidente Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, mejor conocido con los nombres de guerra de Timoleón Jiménez o Timochenko.


El acuerdo contempla las condiciones para la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y matanzas que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Se refiere a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y contra quienes amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.


A la ceremonia asistirán el presidente cubano, Raúl Castro, y por Noruega, el ministro de Relaciones Exteriores, Borge Brende, países garantes del proceso pacificador. En representación de los países acompañantes participarán la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.


También estará presente, como invitado especial, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, quien irá acompañado del presidente del Consejo de Seguridad y el presidente de la Asamblea General. Además, asistirán el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su enviado para las conversaciones, Bernie Aronson.


Otros invitados son el mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y el gobernante de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.


De inmediato hubo felicitaciones por este acuerdo de la mayoría de los países latinoamericanos, incluido México, además de España y Estados Unidos, así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros, con la esperanza de un pronto acuerdo final de paz.


Las FARC, surgidas de una sublevación campesina y que iniciaron la lucha armada en 1964, declararon un cese del fuego unilateral hace 11 meses, lo cual redujo notablemente la intensidad del conflicto armado. El gobierno se había negado hasta ahora a cesar la ofensiva terrestre contra el grupo guerrillero, aunque suspendió los bombardeos aéreos.


El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, manifestó su optimismo por el pacto con las FARC en torno al cese del fuego bilateral, la dejación de armas de la insurgencia, condiciones de seguridad y combate contra grupos criminales. Mañana será un gran día, trabajaremos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.


Esta semana, Santos manifestó su confianza en que el proceso de paz termine exitosamente en un mes. Señaló que el próximo 20 de julio, cuando inicia un nuevo periodo legislativo, sería una fecha propicia para que el andamiaje jurídico en torno a los acuerdos previos comience a andar.


Hasta el momento han alcanzado acuerdos sobre desarrollo agrario, participación política de la guerrilla y lucha conjunta contra el narcotráfico. Otros de los acuerdos son la atención a las víctimas del conflicto y la aplicación de un sistema de justicia transicional.


Queda por acordar el mecanismo de implementación, verificación y refrendación de lo pactado. Más allá del procedimiento, plebiscito o consulta popular, serán los colombianos quienes respaldarán o rechazarán en las urnas los compromisos de La Habana, según las partes. En este caso, se estima que la firma del acuerdo definitivo de paz ocurrirá aproximadamente en dos meses.


Esto es porque la paz con las FARC no significará el fin automático del conflicto colombiano, porque todavía queda por pactar una solución con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país surgida también en 1964.


La ONU será la encargada de financiar y coordinar la supervisión del cese del fuego bilateral y la dejación de armas, con la colaboración de observadores latinoamericanos y caribeños. Al parecer, las armas de los rebeldes serán destruidas, en una fórmula que podría aproximarse al caso de la desmovilización del Ejército Republicano Irlandés (ERI), de Irlanda del Norte.


El conflicto armado interno colombiano, que ha enfrentado durante medio siglo a guerrilleros, paramilitares y efectivos militares y policiales, ha dejado un saldo de unos 300 mil muertos y más de 6 millones de desplazados. En el conflicto, además, ha intervenido Estados Unidos en apoyo a los gobiernos en turno con financiamiento, armas, asesoría y logística.

 


 

El país que se jodió demasiado

 

Martín Granovsky, Página12

 

Escribe Gabriel García Márquez en “Vivir para contarla” que ese 9 de abril de 1948 aún no le habían servido la sopa en la pensión cuando se le acercó su amigo Wilfrido Mathieu y le dijo: “Se jodió este país”. Para explicarle: “Acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro”. García Márquez corrió hasta el café y alcanzó a ver como se llevaban en ambulancia a Jorge Eliecer Gaitán, el líder liberal de Colombia, un político de centroizquierda que pregonaba la reforma agraria. A Gaitán le dispararon tres tiros en la cabeza. Cuenta García Márquez: “Un grupo de hombres empapaban sus pañuelos en el charco de sangre caliente para guardarlos como reliquias históricas”. Los partidarios de Gaitán, al reaccionar, fueron masacrados. Se salvó un dirigente estudiantil cubano de 20 años, Fidel Castro. Unos tres mil colombianos murieron en el Bogotazo, el alzamiento popular contra el asesinato. Unos 300 mil más morirían después en el período que la historia conoce, simplemente, como La Violencia, y que incluiría un conflicto armado entre el aparato estatal y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en acción desde 1964. No fue el único conflicto. También cruzaron la historia del siglo XX el narco y la guerra contra el narco y los paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia, financiados por industriales y hacendados.


Hoy, en La Habana, las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunciarán una hoja de ruta para que ese capítulo iniciado en el ‘64 termine muy pronto.


Hasta ahora el cese del fuego era unilateral. Lo habían prometido las FARC y lo violaron solo 10 veces en los últimos 11 meses. Mataron a un civil y a tres militares. Según el Cerac, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos con sede en Bogotá, se trató del menor índice de violencia en 51 años de guerra. Un récord.


El hecho histórico que se producirá en la capital cubana es que el cese del fuego será, por fin, bilateral y, suponen las partes, definitivo. Colombia ya no vivirá solo un proceso de desescalamiento como hasta ahora, que según el CERAC sirvió para experimentar 1065 días sin tomas de poblaciones, 209 días sin retenes ilegales y 96 días sin ataques contra la infraestructura petrolera. Solo por haber iniciado las negociaciones hace tres años, las dos partes evitaron una cantidad de muertes que, de acuerdo con la tendencia histórica, no hubiera bajado de 1.500 personas. Los colombianos pasarán del desescalamiento a la paz. Las tres letras de la palabra son, sin embargo, de una simpleza solo aparente. Colombia tiene por delante desafíos de desarme, de justicia y de compensación a millones de campesinos desplazados. Pero al menos ganó un horizonte que no tenía. Y con Colombia avanzó toda Sudamérica.


Cuba ya firmó un acuerdo comercial con Colombia


Al menos en la teoría, puede suponerse que un entorno de paz es un contexto favorable al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los dirigentes opositores. Tanto Cuba como Venezuela fueron claves en reforzar la convicción de las FARC de que se acercaran a las tratativas que les propuso Santos.


Brasil es todavía una gran incógnita, aunque dentro de la incertidumbre una Colombia más estable al menos no echará más leña al fuego que ya encendió el golpe de los esclavócratas.


Para la Argentina el arreglo de La Habana es una buena noticia que seguramente será interpretada con énfasis distintos. Mauricio Macri se siente cómodo con Santos, un exponente pragmático del establishment colombiano. Tuvo información de primera mano porque la semana pasada se entrevistó con Santos en Bogotá e incluso bromeó con él sobre una final entre Colombia y la Argentina. Marcelo Stubrin, el histórico dirigente radical que es el actual embajador en Colombia, interpretó ante la consulta de Página/12 que el proceso de paz será una forma de que la Argentina “supere el aislamiento” que en su opinión mostró la relación entre Buenos Aires y Bogotá. “Siempre las políticas de principio, como la preservación de la paz, convergen con los intereses nacionales”, dijo. “Honramos principios elevados y a la vez la paz nos pone en mejores condiciones para participar creativa y solidariamente en las grandes expectativas que se abren para Colombia”, agregó.


En realidad la Argentina vivió un momento alto de influencia en la realidad colombiana en 2010, cuando el entonces secretario de la Unión Suramericana de Naciones Néstor Kirchner fue el mediador entre la Colombia de Santos y la Venezuela de Chávez, que evitaron una guerra y terminaron firmando el Acuerdo de Santa Marta para reponer embajadores y estimular el comercio. Sin ese acuerdo, con Kirchner asistido por Rafael Follonier y Juan Manuel Abal Medina y en coordinación con Lula, el diálogo de paz como mínimo se hubiera demorado. Habría sido una injusticia con un pueblo que, como diría el amigo de García Márquez, se jodió demasiado.

 
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