El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes

Un nuevo estudio revela que el Ejército colombiano mató entre 2002 y 2010 a muchas más personas de lo que se creía en los casos de 'falsos positivos' para trucar las estadísticas y justificar la ayuda militar estadounidense

 

Gloria Astrid Martínez vio a su hijo por última vez el 8 de febrero de 2008. Después de desayunar, Daniel, de 21 años, salió de casa, en Soacha, un suburbio abandonado de la capital de Colombia, para empezar un nuevo trabajo en fincas situadas en el campo y propiedad de ricos.


“Me dijo que había encontrado un trabajo que pagaba tanto que yo no tendría que trabajar más”, recuerda Martínez. “Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero él insistió, así que se fue”.


Ocho meses después, el cuerpo de Daniel apareció en una fosa común cerca de la frontera con Venezuela vestido con ropa de camuflaje. Soldados del Ejército colombiano habían atraído a Daniel con la promesa de trabajar en la ciudad de Ocaña, a 660 kilómetros de Bogotá, donde le asesinaron y le calificaron de rebelde con el objetivo de mejorar las estadísticas en la guerra contra los insurgentes izquierdistas.


Las cifras infladas, conocidas como “falsos positivos”, se utilizaron para justificar la ayuda militar estadounidense. Los agentes que llevaron a cabo las ejecuciones fueron premiados con ascensos y vacaciones.


Cuando en 2008 salió a la luz la noticia sobre las matanzas, el escándalo acorraló al Ejército colombiano: decenas de destacados militares fueron destituidos y otros muchos de menor rango fueron enviados a prisión.


Pero un nuevo estudio del que es coautor un antiguo coronel de policía sostiene que la práctica estaba mucho más extendida de lo que se había informado con anterioridad. De acuerdo con los autores Omar Rojas Bolaños y Fabian Leonardo Benavides, aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada por los grupos de derechos humanos.


En el informe 'Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega en campos de batalla ficticios', los autores describen cómo el Ejército de Colombia mató sistemáticamente a civiles para mejorar sus estadísticas de muertos en la guerra contra los rebeldes.


"Podemos llamarlos 'falsos positivos' o 'ejecuciones extrajudiciales', pero realmente estos fueron asesinatos a sangre fría”, denuncia Rojas, que ejerció como policía durante 31 años. “Fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con diversidad funcional por su vulnerabilidad, así como un puñado de militares sospechosos de filtrar secretos.


“Esto no es algo que solo ocurrió en el pasado, a día de hoy seguimos encontrando casos de falsos positivos, aunque no con la misma intensidad de antes. Ahora lo llaman errores militares”, afirma Rojas.


El principal grupo rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016 poniendo formalmente fin a 52 años de la guerra civil que dejó 220.000 muertos y unos siete millones de desplazados, la mayoría civiles. Grupos paramilitares alineados con el Gobierno y otros grupos armados de izquierdas también han contribuido al derramamiento de sangre. Todos los bandos han cometido atrocidades.
El presidente Juan Manuel Santos, que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por liderar el acuerdo, ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2006 y 2009, el periodo con más matanzas por falsos positivos.


Los activistas denuncian que ni Santos ni su predecesor, Álvaro Uribe, han rendido cuentas por el escándalo, aunque Uribe se enfrenta a varias investigaciones independientes por supuestos crímenes de guerra. Un testigo clave en uno de los casos fue asesinado en Medellín el mes pasado.


A menudo el Gobierno de Colombia ha restado importancia al escándalo calificándolo como acciones de unos pocos individuos sin escrúpulos.


“Los falsos positivos no es solo un problema de unas pocas manzanas podridas”, señala José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América. “Estas matanzas aparentemente generalizadas y sistemáticas se cometieron por tropas adscritas prácticamente a todas las brigadas en todas y cada una de las divisiones del Ejército de Colombia”, añade.


El soldado que reclutó a Daniel está actualmente cumpliendo una pena de 39 años de prisión, junto con muchos otros militares de bajo y medio rango. Pero no se ha condenado a ni un solo general.


Para Martínez, que ha recibido amenazas de muerte por su lucha por la justicia, la impunidad es desgarradora. “Dicen que el dolor de la pérdida se alivia con el paso del tiempo, pero eso es mentira. Empeora”, afirma con la voz quebrada. “El Estado debe proteger a su gente, no matarla”, añade.

 

Joe Parkin Daniels - Bogotá (Colombia)
09/05/2018 - 20:08h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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Confirmaron el asesinato de los tres periodistas

La muerte del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del diario ecuatoriano El Comercio, fue ratificada ayer por el presidente de ese país, Lenín Moreno, en un mensaje televisado.

 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno confirmó ayer el asesinato del cronista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del chofer Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario local El Comercio, después de 19 días de incertidumbre. Los periodistas habían sido secuestrados el 26 de marzo por disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, en Ecuador.


“El mensaje es a todas las ecuatorianas y ecuatorianos y es así: Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, reveló el mandatario. Los familiares de los asesinados rompieron en llanto al escuchar el mensaje, y gritaron en medio del abrazo de los presentes.


“Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado”, dijo el presidente Moreno en la conferencia de prensa en Quito, en la que no permitió preguntas.


El mandatario hizo el anuncio luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública de Ecuador (Cosepe), conformado por las principales autoridades civiles y militares del país. Asimismo, informó que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Iglesia Católica para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza.


En la tarde de ayer el canal RCN de Colombia entregó fotografías que mostraban tres cuerpos fallecidos, pero hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad.


Moreno dijo, citado por el diario local El Comercio, que se han retomado las operaciones de seguridad en la zona del secuestro, suspendidas previamente cuando se buscaba la liberación de los periodistas, y dispuso siete medidas más, entre ellas que se levante la reserva sobre la información del manejo del secuestro.


También afirmó que incluyeron a Walger Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho –y al que calificó de narcoterrorista–, en la lista de los más buscados de Ecuador y ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura en Ecuador o en Colombia. Guacho, que comanda la columna Oliver Sinisterra de las ex FARC, había dicho en un primer comunicado sobre el secuestro de los periodistas que el gobierno ecuatoriano rechazaba que fuesen liberados a cambio de hacer lo propio con tres miembros de su grupo. Por ello, lanzó una operación militar ofensiva que, sostuvo, terminó con la muerte de los hombres de prensa.
“Nunca (los secuestradores) tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos”, señaló por su parte el presidente ante más de un centenar de medios de comunicación nacionales e internacionales.


Moreno canceló su visita a Perú y su participación en la Cumbre de las Américas y retornó a Quito, junto con familiares de los trabajadores de prensa fueron secuestrados el 26 de marzo 2018 en Mataje, Esmeraldas, cuando efectuaban un trabajo periodístico en la frontera con Colombia sobre la inseguridad en esa región. Los tres profesionales estaban llevando la investigación desde enero pasado.


Asimismo, el mandatario anunció una serie de medidas de seguridad, entre ellas la de declarar el área fronteriza con Colombia zona de seguridad, e incrementar los controles militares y policiales a fin de realizar, según dijo, acciones coordinadas en esa área. La coordinación de acciones en la zona fronteriza se realiza de manera conjunta con el alto mando militar y policial de Colombia, cuyos integrantes se encuentran en Quito.


“Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz”, sentenció el mandatario y aclaró: “Esto último bajo ninguna circunstancia significa que se quiera limitar la libertad de expresión”.


En ese sentido, Moreno pidió a los medios de comunicación que no dejasen de criticar: “Sabemos reconocer nuestros errores y todo esto nos permitirá reconocer si los ha habido”, dijo. “El pueblo perdona errores pero no que se le mienta; no vamos a mentir al pueblo ecuatoriano”, finalizó.


Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó el asesinato de los periodistas y ofreció toda la colaboración de su país para capturar a los responsables. Tras participar en una conferencia en la VIII Cumbre de las Américas, que se celebra en Lima, el mandatario aseguró: “Colaboraremos con Ecuador en todo lo que estime necesario para perseguir y capturar a los responsables”. En este sentido, el gobernante colombiano remarcó que ya comenzaron las operaciones en ambos lados de la frontera entre Ecuador y Colombia para hallar a los autores del crimen y descartó que los asesinos sean de las FARC porque afirmó que éstas dejaron de existir hace mucho tiempo.

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Plan de los Estados Unidos en la amazonia. Crear laboratorios biológicos con fines militares

En pasadas entregas, mostramos el peligroso proyecto que tiene el gobierno de Estados Unidos para el control territorial a través de laboratorios biológicos estratégicamente ubicados.En efecto, salvo en Australia, la Casa Blanca tiene centros de investigación en virus y bacterias en todos loscontinentes. Llama la atención el plan para “cercar” a Rusia, pues según denuncias hechas por el Kremlin, Estados Unidos tiene laboratorios en Georgia, Ucrania y Kazajistán (todas repúblicas ex soviéticas que comparten frontera con Rusia) (http://www.hispantv.com/noticias/salud/52961/moscu-denuncia-laboratorios-biologicos-de-eeuu-cerca-de-rusia). De esta forma, en un eventual ataque, el gobierno del actual presidente Trump tendría una ventaja notable frente a sus adversarios, reavivando la vieja lógica de la Guerra Fría. Sin embargo, el presente artículo no pretende ahondar en la amenaza mundial que significan los centros biológicos norteamericanos. Por el contrario, busca fijar su mirada en un proyecto específico que ha pasado desapercibido (quizás con complicidad) para la mayor parte de los medios de comunicación. Este plan tiene que ver con el control de la Amazonía como una de las proyecciones geopolíticas del Pentágono, para lo cual Brasil y Colombia resultan dos centros neurálgicos en la realización de sus intereses.


La historia ha demostrado que Estados Unidos no hace nada sin tener un interés plenamente identificado. En este sentido, lo que se cree es un “acuerdo de cooperación militar” entre Bogotá y Washington para la lucha contra el narcotráfico, tiene un trasfondo muchas veces ignorado (http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO44/robledo.htm). La presencia de militares norteamericanos repartidos en siete bases (Malambo, Atlántico; Palenquero en el Magdalena Medio; Apiay, Meta; las bases navales en Cartagena; Bahía Málaga en el Pacífico; el centro de entrenamiento en Tolemaida y el Fuerte militar Larandia en Caquetá) es una muestra de la ambición territorial del país del norte en América Latina, con la que espera llevar a cabo su proyecto de control geopolítico.

Basta con observar la distribuciónde las bases militares para darse cuenta que el posicionamiento no tiene nada de inocente. Por el contrario, dada su ubicación estratégica en cualquier momento y bajo el motivo que sea, Estados Unidos podría invadir Colombia (https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/que-persigue-estados-unidos-con-las-bases-militares-en-colombia). Y no es una exageración, pues si se observa el mapa con detenimiento, puede concluirse que la presencia de militares norteamericanos está asegurada en los cuatro rincones del país. En el norte, en las principales ciudades; en el centro-oriente, concretamente en el departamento del Meta, desde donde podría dirigirse un ataque contra la hermana República de Venezuela (http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/05/11/bases-militares-de-eeuu-en-colombia-apuntan-a-venezuela/#.Wg_sz-RhjIU), en el occidente controlando los puertos del Pacífico y en el sur en Caquetá, muy cerca de la Amazonía donde existen planes para hacerse con las fuentes de agua y la creación de enfermedades vía laboratorio.


De hecho, como ha sido varias veces documentado, bajo el pretexto de “la lucha contra el narcotráfico”, Estados Unidos ha probado peligrosas armas biológicas en territorio colombiano. Durante el llamado“Plan Colombia” que no fue otra cosa que un proyecto de control espacial basado en la aspersión aérea con productos diseñados para la devastación de poblaciones y la creación de enfermedades incurables, el Pentágono aseguró la lealtad de las élites corruptas de Bogotá. Además, el país del norte introdujo peligrosas sustancias nocivas para los cultivos como el hongo patógeno Fusarium, componente considerado como un “agente biológico para la guerra”cuyos efectos son irreversibles (https://www.ecoportal.net/temas-especiales/salud/de_nuevo_armas_biologicas_de_usa_en_colombia/).


Pues bien, este peligroso hongo se utilizó en la erradicación de los cultivos de uso ilícito, pero además con él se contaminaron otras tierras dedicadas a la agricultura y fueron afectados hasta los granos almacenados por los campesinos. Luego de muchas presiones de activistas, el microherbicida fue retirado de las aspersiones aéreas, pero ya cuando había causado enormes daños en el medio ambiente colombiano. Ahora, en la era del magnate-presidente cuya visión estrecha del mundo se basa en la conquista y el dominio, se quiere reactivar el uso del glifosato y otros agentes químicos que una vez más demuestran la ambición de Estados Unidos por reducir y aplacar a “su principal aliado en América Latina”.


De acuerdo con el microbiólogo norteamericano Jeremy Bigwood, el hongo Fusarium es un agente bioquímico que mata a los organismos que penetra por medio de las toxinas que produce. Esta variedad conocida como el “agente verde” puede ser letal incluso para el ser humano.En efecto, algunos documentos históricos prueban que campesinos murieron luego de la ingesta de pan y otros alimentos contaminados con el microherbicida.


(http://www.mamacoca.org/feb2002/art_gonzalez_armas_quimicas_y_biologicas.html). Ahora bien, es oportuno preguntarse ¿qué sucede en las bases militares de Estados Unidos en territorio colombiano?Luego de que la Corte Constitucional prohibiera el uso del glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito por ser considerado un agente peligroso y nocivo (https://www.telesurtv.net/news/Corte-colombiana-prohibe-la-aspersion-aerea-de-glifosato-20170426-0041.html), ¿es necesario contar todavía con la presencia de militares estadounidenses? La respuesta es claramente no, pero el hecho de que el presidente Trump haya mantenido las tropas en Colombia demuestra que está en marcha un plan de agresión.


La recurrente entrada y salida de aviones a las bases militares es un asunto inquietante toda vez que significa una vulneración clara y efectiva a la soberanía nacional, así las élites en Bogotá quieran presentarlo como un “acuerdo de mutuo entendimiento”. La realidad es que, dentro de estos centros de operación, el Pentágono desarrolla armas bioquímicas con las que espera mantener controlada a toda la población de América Latina. Dicho de otro modo, la presencia de militares norteamericanos no sólo está dispuesta para el monitoreo de actividades relacionadas con el narcotráfico sino, por el contrario, con la producción de armas biológicas que se utilizarán al mínimo signo de oposición a los planes del imperialismo. El hermetismo con que se maneja el tema y la imposibilidad de entrada a ciertos puntos de la geografía nacional considerados “sensibles” para el gobierno de Estados Unidos, demuestran que se está fraguando un plan para la conquista pasiva del territorio. De hecho, la Casa Blanca está haciendo la guerra a Colombiay los colombianos ni siquiera se dan por enterados.


Como se mencionó hace algunos acápites, una de las bases militares se encuentra en Caquetá, departamento fronterizo con la Amazonía que, no es sorpresa alguna, es una de las principales fuentes de agua potable del mundo además de una de las reservas de biosfera más ricas del planeta. Entonces, el plan geopolítico de Estados Unidos es claro: hacerse con el control de este punto estratégico so pretexto de la “protección del ambiente y el mantenimiento de la seguridad”. Por esa razón, en los próximos meses, la administración Trump presionará para que se reactive la erradicación vía aérea de los cultivos de uso ilícito mediante la implementación de virus y bacterias que se desarrollan en laboratorios secretos ubicados en la Amazonía colombo-brasilera. De allí partirá como hace más de quince años una guerra biológica silenciosa pero efectiva, la cual le permitirá al gigante del norte continuar con su despliegue militar (http://ccs.org.es/2000/11/20/guerra-biologica-en-la-amazonia-colombiana/).


El fin último de la ambición geopolítica del Pentágono es plantar bandera en “el pulmón del mundo” para manipular a su antojo el futuro de la humanidad.

El sustento de lo dicho con antelación es la operación conjunta AmazonLog 17 liderada por el ejército brasilero e inspirada en una actividad similar realizada por la OTAN en Hungría (2015), en la que Brasil participó como observador. La misión que se llevó a cabo en mayo de 2017 en la triple frontera amazónica (Brasil-Colombia-Perú) contó ni más ni menos que con el apoyo logístico del ejército estadounidense. De acuerdo con la BBC, la operación se da en el marco de nuevos acuerdos entre las Fuerzas Armadas de Brasilia y Washington que pretenden “reaproximar” y “estrechar” las relaciones militares de los dos países (http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/08/brasil-tropas-de-eeuu-participaran-de-ejercicio-militar-en-amazonia/). Pero más preocupantes aún fueron las declaraciones de la embajada de Estados Unidos que aseguró existen “otros acuerdos en discusión, incluyendo soporte logístico, pruebas y evaluación en ciencia y tecnología e intercambios científicos”.A buen entendedor, pocas palabras.


Por si fuera poco, el ejército brasilero negó en aquel entonces que la operación sirviera como germen para una posible base multinacional como sucedió en el caso húngaro. No obstante, hace algún tiempo (se cree que entre el 6 y 13 de noviembre de 2017), se inauguró una “base logística internacional” cuyo propósito fundamental es la “asistencia humanitaria”. (https://www.clarin.com/mundo/brasil-ee-uu-paises-crearan-base-militar-amazonas_0_S1Z-CZYCW.html). El operativo AmazonLog 17 tendrá como bases las ciudades de Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú), que comparten la triple frontera amazónica. Más claro no puede ser el objetivo de Estados Unidos que, con la salida injusta y manipulada de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encontró en su corrupto sucesor Michael Temer un socio sin precedentes. De hecho, Temer ya le entregó al Pentágono la base militar de Alcántara ubicada al norte del país, desde donde el ejército estadounidense tendrá un comando de operaciones sin parangón para el control territorial y la prueba de sus virus y bacterias (http://www.hispantv.com/noticias/brasil/356054/temer-base-espacial-eeuu-militar-alcantara). En este punto es donde comienza a evidenciarse las consecuencias del giro a la derecha que viene sufriendo el continente latinoamericano.


Como ha sido comprobado históricamente las “razones humanitarias” no existen para el gobierno de Estados Unidos. O quizás sí, pero funcionan a la inversa, es decir se justifica las intervenciones, pero en detrimento de la humanidad. El apoyo a crueles dictaduras y la violación sistemática a derechos humanos por parte de militares estadounidenses, son tan sólo algunos ejemplos de “la ayuda humanitaria” que ofrece Estados Unidos. El nuevo proyecto AmazonLog 17 es claramente un despliegue geoestratégico en el que, con la complicidad de gobiernos serviles e ignorantes, el Pentágono pondrá en marcha laboratorios dedicados a la producción de enfermedades tropicales que sirvan para mitigar el crecimiento de la población latinoamericana que amenaza su futuro, otra “causa humanitaria”.


Al mismo tiempo, la Casa Blanca pretende ubicar sus tropas para “proteger los recursos hídricos” mientras explota a su antojo las fuentes de agua, flora y fauna de la Amazonía. Lo más increíble del caso es que todas las actividades son realizadas en presencia de gobiernos que desconocen el vocablo soberanía. En efecto, si se considera la nueva presencia militar de Washington en el norte de Brasil y se suman las tropas de las siete bases militares en Colombia, se podría decir que hemos retornado a la Guerra Fría porque incluso se están desarrollando agentes químicos para eliminar a la población. Esperemos que el siguiente paso del plan geopolítico norteamericano no sea el apoyo a terribles dictaduras.

Enero de 2018

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Domingo, 26 Noviembre 2017 07:40

Río tiene a tres ex gobernadores presos

Garotinho y su esposa Rosinha, arrestados el miércoles por una causa de corrupción.

 

Crisis económica, narcoviolencia y corrupción en el estado vidriera de Brasil

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad.

 

Río de Janeiro, la vidriera global de Brasil, se desangra por la crisis económica, el aumento de la violencia y también por una degradación de su clase política, reflejada en la detención por corrupción de los últimos tres ex gobernadores, apenas un año después de haber albergado los Juegos Olímpicos. Para completar el cuadro de este carnaval decadente, el ex presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Carlos Nuzman, fue detenido acusado de haber pagado votos de países africanos en 2009 para la elección de la ciudad como sede olímpica con dinero desviado de contratos del gobierno estadual.

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad para colaborar con la seguridad pública, que generó conflictos legales porque la justicia común no tiene competencia para juzgar posibles abusos de los militares. La policía, los maestros y otros empleados públicos del estado sufren atrasos en el pago. El gobierno estadual el año pasado se declaró en bancarrota por una serie de factores, como la baja de la recaudación petrolera, en medio de la Operación Lava Jato, que detuvo grandes proyectos de la industria de hidrocarburos y refinerías sospechados de corrupción.

“Muchos gobernantes se relajaron esperando el milagro fiscal del ingreso por regalías del petróleo. Esto se convirtió en una desventaja, empujada por malas gestiones porque la estructura estatal de Río es muy pesada. El petróleo, el turismo y algo de industria mantienen al estado”, dijo el economista Fernando Pinho, de la Universidad Mackenzie.

La Operación Lava Jato se posó sobre el estado de Río de Janeiro de la mano del juez Marcelo Bretas, llamado “el Sérgio Moro carioca” por implementar la prisión preventiva y organizar operativos espectaculares contra políticos y empresarios. El primer caído fue el diputado Eduardo Cunha, mano derecha de Temer en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que motorizó como presidente de la cámara baja el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.

El PMDB, que tiene en Río uno de sus principales bastiones de poder, quedó arrasado, pero aún mantiene las riendas mediante el gobernador Luiz Fernando Pezao, acusado de recibir sobornos. Su jefe, el ex gobernador Sergio Cabral (2006-2014) está detenido condenado a 45 años de prisión por cobrar sobornos millonarios de empresas contratistas que hasta le compraban joyas a su esposa, Adriana Anselmo, en una sentencia polémica dictada por el mediático juez Bretas.

En los últimos diez días fueron detenidos los ex gobernadores Anthony Garotinho (candidato presidencial en 2002) y su esposa Rosinha Matheus por comprar votos en la elección municipal de 2016 en el municipio y polo petrolero de Campos dos Goytacazes, bastión de la dupla del Partido de la República. El día anterior, el martes, tres diputados del PMDB de Temer, caciques de la política tradicional de Río, fueron eje e un papelón institucional: un tribunal de segunda instancia envió a prisión a Jorge Picciani –presidente de la Asamblea Legislativa de Río y padre del ministro de Deportes, Leandro Picciani–, y de sus antecesores Edson Albertassi y Paulo Melo.

Fueron liberados por la Asamblea Legislativa, pero se entregaron nuevamente porque el tribunal consideró que la libertad de estos políticos “atenta contra la paz social de la comunidad”, ya que durante tres décadas instalaron una red de sobornos, dice la acusación, alimentada por la llamada “mafia del transporte”. Picciani se entregó en la sede de la policía federal a bordo de un Porsche. “Río se transformó en una tierra sin ley”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer, al mediar entre la disputa entre poderes, tal cual se da a nivel nacional.

Los contratos fraudulentos con el Estado de Río alcanzaron también a empresas constructoras y proveedores e incluso rozaron al conductor televisivo Luciano Huck, sondeado como candidato presidencial, un aliado del senador Aecio Neves. El socio de Huck en la red de gimnasios más grande de Brasil, Claudio Accioly, fue llevado a declarar por la fuerza para que explique por qué el gobierno de Cabral lo benefició con la baja de impuestos.

Para el columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, “muchos cariocas festejan las detenciones de políticos como el inicio de la salvación, pero estas simbolizan una tragedia. Hace poco más de un año que Río se enorgullecía por ser sede olímpica. Hoy la policía sufre la violencia fuera de control y el cierre de restaurantes populares y bibliotecas”. Declarado en bancarrota a mediados de 2016, dos meses antes de los Juegos, parte de los empleados públicos no cobraron el aguinaldo de ese año. El estado aceptó un pacto fiscal de auxilio del gobierno de Temer que lo obliga a privatizar empresas públicas, como ocurrió con la de saneamiento urbano CEDAE, donde hubo manifestaciones y represión, y el ministro de Economía, Henrique Meirelles, recomendó privatizar la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ).

El aumento de la violencia del delito, los tiroteos entre los grupos narcos de las favelas, el asesinato récord de policías y la intervención de las Fuerzas Armadas en las ciudades se suman a la crisis de identidad del segundo estado más rico del país, que fue capital del Imperio y de la República hasta 1960 y que ahora baila al ritmo de la canción compuesta por Baden Powell, “Samba Triste”. Según una encuesta de Datafolha, 7 de 10 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro dejarían de vivir en la ciudad maravillosa por causa de la violencia. En el último año, incluso, la degradación económica se vio reflejada con la aparición en situación de calle de ex gerentes y universitarios que perdieron todo, arrastrados al ritmo de este samba triste.

 

 

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Jueves, 05 Octubre 2017 07:14

Militares al acecho en Brasil

© AFP 2017/ Yasuyoshi Chiba

 

La crisis política brasileña es un abismo sin fondo. Con el 3% de apoyo popular el gobierno de Michel Temer es un barco a la deriva, sin rumbo ni timonel. No cae porque se somete a las multinacionales y al agronegocio, y porque cualquiera que venga sería igual o peor. En ese clima político, los altos mandos militares empezaron a levantar la voz.

 

En pocas semanas tres generales hicieron declaraciones públicas a favor de la intervención de los militares para solucionar la crisis. La primera correspondió al general Hamilton Mourao, quien dijo en público que si las instituciones no son capaces de resolver la crisis política, "nosotros tendremos que imponer eso".

El segundo fue el general en retiro Augusto Heleno, quien había sido comandante de las fuerzas brasileñas en Haití entre 2004 y 2005. El general respaldó a Mourao, advirtió que no debía ser sancionado por el Ministerio de Defensa y amenazó con "adelantar acciones" en caso de que eso sucediera.

La tercera declaración fue del comandante militar del Sur, la guarnición más poderosa, general Edson Leal Pujol, quien llamó a la población a salir a las calles contra la corrupción para exigir una intervención militar.

Diversos analistas brasileños afirman que los militares están moviendo sus fichas ante la posible destitución de Temer por corrupción. Algunos van más lejos y aseguran que se trata de bloquear un posible triunfo de Luis Inacio Lula da Silva en las elecciones de 2018. En efecto, según las encuestas Lula es el preferido del electorado en todos los escenarios imaginables, aunque también cosecha mayor rechazo.

Un analista prudente como el ex canciller Celso Amorim, declaró recientemente que "en el actual escenario el factor militar tiene peso". El hecho irrefutable es que los militares están opinando sobre la coyuntura política, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.

La segunda cuestión es que los militares están divididos. El comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, rechazó sancionar al general Mourao. Los militares que han hecho declaraciones a favor de un golpe contra la democracia no pertenecen al mismo sector de Villas Boas.

El 26 de setiembre el comandante del Ejército citó una reunión con oficiales generales activos y en reserva, en la que participaron tres ex comandantes y el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional durante los dos gobiernos de Lula (2003-2010). Uno de los aspectos centrales fue "asegurar la cohesión, la jerarquía y la disciplina", lo que indica que los tres aspectos están comprometidos en el seno de las fuerzas armadas.

El tercer elemento a tener en cuenta es el apoyo que los militares golpistas tienen de una parte considerable de la sociedad civil. El ex militar Jair Bolsonaro, con posiciones de ultraderecha, marcha segundo en las encuestas detrás de Lula, con el 20% de las intenciones de voto. Bolsonaro tiene fluidas relaciones con el sector militar que encarna Mourao, quien a su vez es el referente de los civiles que apoyan una intervención militar.

En octubre de 2015 Mourao fue sancionado por la entonces presidenta Dilma Rousseff, por declaraciones similares a las realizadas semanas atrás. Era el responsable del Comando Militar del Sur y se lo castigó con el traslado a una tarea burocrática de economía y finanzas. A partir de ese momento fue el ícono de los manifestantes contra Dilma. Un enorme muñeco inflable de 12 metros de altura, simbolizaba a Mourao con una banda presidencial en el pecho. En marzo deberá pasar a la reserva y no son pocos los que proponen que sea candidato a la presidencia.

La cuarta cuestión radica en la importancia de las Fuerzas Armadas en la historia reciente de Brasil. Tuvieron una enorme influencia durante la extensa dictadura (1964-1985) y la perdieron completamente en la Constitución de 1988 que los relegó al control de las fronteras. Nunca perdieron el apetito de poder que hoy se manifiesta en la permanente intervención en asuntos relaciones con la seguridad pública.

Durante el mes de setiembre casi mil soldados intervinieron en la favela Rocinha, la más conocido y emblemática de Rio de Janeiro. La excusa como siempre fueron los enfrentamientos violentos entre grupos de narcotraficantes, pero la realidad indica que los militares están ensayando formas de control social, como trasladando a las favelas su experiencia en los barrios pobres de Haití, adquirida en su participación en la Misión de Pacificación de las Naciones Unidas (MINUSTAH).

La organización humanitaria Justica Global, libró un comunicado en el que afirma: "Operaciones como ésta son fruto de una política genocida de guerra contra las drogas, que viola los derechos de los habitantes de las favelas y victimiza sobre todos a los jóvenes negros. La lógica real de la perpetuación de esta política, en tanto, tiene raíces mucho más profundas, que incluyen el lucrativo mercado ilegal de armas y drogas y la corrupción de los agentes del Estado".

Los militares brasileños nunca renunciaron a dirigir el país, de manera directa o indirecta. Fueron muy críticos con el gobierno de Fernando de Henrique Cardoso (1996-2002), porque firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y privatizó empresas estatales estratégicas como la aeronáutica Embraer, al punto que muchos uniformados lo consideran como un "gobierno traidor".

Bajo Lula los militares se vieron favorecidos (y las voces críticas neutralizadas) con la definición de la Estrategia Nacional de Defensa que comenzó la modernización del armamento y la construcción de los submarinos nucleares, hoy completamente paralizados.

Luego de la participación de Temer en la asamblea de Naciones Unidas, las voces contra el presidente crecieron de forma exponencial, ya que adhirió al "protocolo adicional" al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que impide todo desarrollo nuclear del país. Durante un tiempo, los militares más nacionalistas habían apoyado a Temer porque consiguió frenar a la izquierda y al ambientalismo, ya que sostienen que la defensa de la integridad de la Amazonia está en riesgo con el monitoreo internacional de su conservación ambiental.

La batalla más inmediata serán las privatizaciones de grandes empresas estatales, como Eletrobras, que para muchos militares no es más que la desnacionalización del patrimonio brasileño. Si alguien piensa que habrá estabilidad en Brasil, deberá esperar por lo menos hasta 2019, una vez que se resuelva la sucesión de Temer en la cual las Fuerzas Armadas jugarán un papel decisivo.

 

 

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Domingo, 17 Septiembre 2017 07:44

Perspectivas del posconflicto

La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza recibe en Quito a los negociadores del gobierno, Juan Camilo Restrepo (izq) y del Eln, Pablo Beltrán (der), el 4 de setiembre

 

El Ejército de Liberación Nacional colombiano acordó un cese al fuego con el gobierno, pero existen dudas sobre la consistencia de ese acuerdo. En su segundo gran capítulo de diálogos de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos se encontró con una contraparte mucho más sólida ideológicamente y más firme en sus exigencias que las FARC. Estas últimas se reconvirtieron en partido, pero sin caras o discursos nuevos.

 

El pasado 4 de setiembre la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que no representa el definitivo fin del conflicto ni se entregarán las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos– que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberá ser consensuado entre las partes. También intervendrán los veedores de las Naciones Unidas, que procederán a supervisar el proceso en el lugar, y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia Católica respecto de estas negociaciones.

Más allá del cese transitorio de hostilidades mutuas, el Acuerdo de Quito implica que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país (incluidos sus oleoductos), no siembre más minas antipersonales y deje de reclutar a menores por debajo de la edad establecida por las normas del derecho internacional humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como “alertas tempranas” –un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales– y desarrollar un programa de carácter humanitario para la población carcelaria de militantes del Eln –aproximadamente medio millar de reclusos–, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como reubicando a los presos para acercarlos a sus familias y protegerlos dentro de los penales. Además, la recientemente aprobada ley que se refiere a la amnistía e indulto para presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se amplía para los miembros del Eln, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un lapso de tres semanas destinado a que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que –a diferencia de las extintas Farc, en las que el secretariado de la guerrilla daba una orden y ésta se cumplía sin discusión– el Eln, pese a su estructura militar, funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensúan los acuerdos de manera más horizontal.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, que entrará en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se haga una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con el fin de prorrogar por más tiempo la tregua.


ORÍGENES DE UNA GUERRILLA.


El Eln nació en 1964, casi a la par que las Farc, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la teología de la liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del Eln.

Las acciones armadas del Eln comenzaron al inicio de 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticulada en octubre de 1973 –durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero–, a consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el Eln tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de entonces en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las Farc.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de 2 mil combatientes actuales del Eln están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese al fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.


COMIENZA EL DIÁLOGO.


El Eln ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente, fue durante la presidencia de César Gaviria, en la década de 1990, que se iniciaron los primeros contactos (en Caracas, en 1991). Y en 1992 se organizaron los Diálogos de paz de Tlaxcala, en México. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana –mediante el Acuerdo Puerta del Cielo, de 1998, firmado en Maguncia, Alemania, y la reunión de Ginebra realizada en 2000–, e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión a finales de 2005 y tres sesiones más en 2006, finalizando el proceso en agosto de 2007, tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el Nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación se inició en marzo de 2016, tres años después de que comenzaran las conversaciones con las Farc que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el Eln ha tenido un componente político mucho más marcado que las Farc, pese a que los segundos tuvieran cuatro veces más capacidad operativa militar que los primeros. Esto implicó que aunque el inicio de las conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, éstas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.


EN LA AGENDA.


Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las Farc, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder con respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogo contempla seis puntos en discusión: la participación de la sociedad, la democracia para la paz, asuntos relativos a las víctimas, las transformaciones para la paz, aspectos de seguridad para lograr la paz y entrega de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.
Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, que contemplaban que se instalasen fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas dentro del Eln, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (Coce) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, primer comandante del Eln, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe una nube de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “Es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto de los riesgos asumidos por el Eln, el comandante Pablo Beltrán también advirtió: “El paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por las Farc, y quedarse quieto, para la guerrilla, representa un riesgo aun mayor”. Cabe señalar, en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las Farc se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo (así como los asesinatos de líderes sociales; véase Brecha, 14-VII-17).

La solidez ideológica del Eln ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las Farc, la guerrilla no aceptase ninguna medida unilateral, algo que pidió inicialmente el gobierno, requiriéndole un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercial y ganadero–, quedando este asunto agendado para la siguiente etapa.

Más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia “elena”, es la primera vez desde que se fundó el Eln que se firma un documento con el gobierno. En eso tuvieron mucho que ver las presiones del papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.


RECONVERSIÓN DE LAS FARC.


La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo sus siglas Farc pasaron a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, teniendo en cuenta el proceso del Ejército Popular de Liberación (Epl), que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19, que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas Farc puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. En este sentido, cabe recordar que en aproximadamente el 10 por ciento de los 1.123 municipios de Colombia la política local ha estado controlada durante décadas por los “farianos”.

Pese a que el gran reto de las refundadas Farc debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Tras seis décadas de conflicto civil armado, el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y más propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o laenorme lacra que supone la corrupción institucional.

Si hubiera que ubicar un perdedor en el congreso fundacional del nuevo partido, éste sería Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las Farc guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas Farc disponen de diez diputados asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención– figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, hay una ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.

El desmarque de la izquierda política colombiana respecto de las nuevas Farc se evidenció por su no asistencia al congreso fundacional. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdos de paz. Tan sólo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.


TRABAS.


En paralelo, y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en el Poder Legislativo. Allí los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frentes farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares.

Respecto de las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz– dentro de las Farc, el gobierno colombiano registra un número aproximado de 400 combatientes que se han conformado en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho departamentos del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en el sudoriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes.


CAMPAÑA ELECTORAL.


A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y a nueve de la presidencial todo parece indicar que el país electoralmente se polarizará de nuevo en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que, según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en dos candidatos fuertes. Éstos serían Germán Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador, de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz impulsados por Santos, pactando con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo. También se basan en el cuestionamiento al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en una irrisoria alerta social para que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, y termina reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios, que sienten como una amenaza la justicia transicional derivada de los acuerdos de paz.

Por su parte, la estrategia del uribismo, más allá de quién termine siendo su candidato (hay en la actualidad cuatro precandidaturas distintas dentro del Centro Democrático), es asentar la idea de que Santos entregó el país a las Farc, generando alarma en un empresariado rural al que se le dice que sus tierras terminarán siendo entregadas a los ex combatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados “valores morales” más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van del centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los progresistas de Gustavo Petro, el entorno del nuevo partido de las Farc y, por último, la coalición formada por la Alianza Verde, de Claudia López, Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, y el Polo Democrático, del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver cómo solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo de 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda versus derecha a situarse en el eje derivado del posconflicto.

 

 

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“Entre la lealtad a la Constitución y la lealtad a un Comandante en Jefe que no la respete, lo primero es la lealtad a la Constitución”

11 de junio de 2017.-El Mayor General Cliver Alcalá Cordones, oficial en situación de retiro, forma parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Fue Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Guayana, que ocupa los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y representa el 52% del territorio nacional y el 6% de la población del país. Ingresó a los 17 años a la Academia Militar de Venezuela en septiembre de 1979. Allí conoció al Teniente Hugo Chávez Frías, y al Teniente Francisco Javier Arias Cárdenas, ambos formaban parte de la planta de oficiales, además de otros oficiales que insurgieron en 1992. Afirma que fue parte del sueño de un país distinto, donde se buscara configurar, con esos sueños e ideales, un país democrático, un país abierto a la participación, un país con una Constitución emanada desde el pueblo. Dice además que esos caminos se abrieron poco a poco y hoy lamentablemente nos encontramos en la configuración de un país que nunca imaginamos. Un país donde se cercena el derecho a la participación, un país donde se secuestran los poderes públicos. Un país donde la arbitrariedad se está haciendo cotidiana. Un país donde el abuso de poder se impone a las grandes mayorías en las importantes decisiones que se deben tomar.


Cuál es su opinión sobre el anuncio de Constituyente


Quiero señalar que la iniciativa a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en las condiciones en las que la plantea el Gobierno Nacional, me genera alertas en primer lugar, desde el punto de vista geopolítico, ya que en las bases comiciales se habla de modificar la Nación. Esto no aparece ni siquiera en las tres eventualidades donde se puede convocar a una Asamblea Constituyente. Dejando de lado la arbitrariedad del presidente al usurpar la soberanía popular, en su convocatoria, esta convocatoria, por la naturaleza con que está realizando es inadecuada.


Se ha iniciado un proceso constituyente amañado con unas bases comiciales que dañan la estructura de la Nación y la República, y nosotros, que somos soldados, vemos en peligro esa República, creada incluso en su primera Constitución, reafirmada en su segunda Constitución y ratificada en una Constitución, que se nos vienen diciendo desde el año '99, que representa la mayor expresión de soberanía popular en el mundo. Hoy el mismo gobierno y algunos funcionarios que fungieron como Constituyentes, atacan ese legado del Comandante Hugo Chávez.


Cómo militares enfocamos el tema geopolítico. Defendemos la Nación compuesta por sus tres elementos esenciales que son: su gente, su autoridad y su territorio. La “transformación de la Nación” que aparece en el artículo 2 de las Bases Comiciales, va más allá de lo que se puede permitir como venezolano. Y los caminos que ha tomado este gobierno, por ejemplo el Arco Minero del Orinoco, la entrega de su territorio, la entrega de su gente y la entrega de la autoridad a empresas transnacionales, comprobadamente dedicadas al saqueo en otras partes del mundo y, que hoy son invitadas por parte del gobierno, evidencian el objetivo de blindar esos negocios con esas empresas, y muestra el objetivo que se pretende dar a esa Asamblea Nacional Constituyente.


Incluso violando atribuciones propias del Poder Legislativo, que son usurpadas por el Poder Ejecutivo. Y por supuesto la instalación de un poder hegemónico sin la participación popular, sin poder popular, sin acompañamiento popular, lo que nos llevaría a un autoritarismo exacerbado. Más que traer la Paz señalada por Maduro, traería una cruenta guerra entre venezolanos por recuperar su Constitución del año '99.


¿Junto con la modificación de la Nación que aparece el artículo 2 de las bases comiciales, que otros alertas le provoca la iniciativa de convocatoria del Presidente?


No quiero dejar de señalar, porque me resulta extremadamente grave, que la de modificar la Nación no es una atribución que le compete al presidente. En el artículo 236 de la Constitución que señala sus atribuciones, no está la convocatoria a un proceso constituyente y menos está la transformación de la Nación. Él puede buscar cualquier tipo de cambio desde el punto de vista del Estado, pero a ningún venezolano se le puede permitir esa aventura de trastocar años de historia y años de República. Y en este caso es notoria la claridad que tiene el presidente Maduro al atropellar la Constitución del '99, con la aspiración de transformación de la Nación, y de valores que son aceptados en el mundo. Esta iniciativa del presidente representa una involución grave de esos valores.


Además no se sabe, porque no lo ha dicho, qué referencia toma el presidente Maduro en cuanto a la modificación de la Nación para llevar adelante semejante barbaridad. Sin duda esa Constitución que pretenden imponer ya se encuentra elaborada y no precisamente por los venezolanos que irían a esa Asamblea Nacional Constituyente.


Además vemos con estupor como un Consejo Nacional Electoral (CNE) que durante el 2016 hablaba de la imposibilidad de ejecutar procesos electorales, hoy sale en forma acelerada a dar rienda suelta a los mandatos del Ejecutivo, para en forma rápida, imponer una votación amañada una votación sin proporcionalidad, una votación sin el voto universal y secreto, lo que nos trae a nosotros los venezolanos una incertidumbre total. Y a nosotros ciudadanos de uniforme nos interroga sobre qué construcción de país se pretende hacer, alejada de los valores de Bolívar, alejada de los valores de nuestros antecesores y alejados de los valores tradicionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.


Nos puede explicar, de acuerdo a su experiencia, que está sucediendo en la FANB. Ha circulado la noticia reproducida en Aporrea.org, que en una reunión del Alto Mando no había acuerdo con la iniciativa de convocatoria a Constituyente. Nos puede decir que opinión le merece esta información.


Yo creo que el igual del desacuerdo y malestar que siente un soldado desde su trinchera del retiro como mi persona, el desacuerdo a esa acción vil de tratar de cambiar la Constitución, se da también en nuestros soldados. En todos los niveles. Desde la base, pasando por los cuadros medios o superiores y por supuesto, no escapan de ese malestar los generales.


Esta iniciativa disfrazada de convocatoria, no resuelve, los problemas del país. Los problemas del país los generó un ataque a los recursos del Estado, a un saqueo pronunciado por parte las cúpulas políticas, que supieron de forma astuta, involucrar a un parte de la fuerza armada en los sectores económicos.


Hace más de dos años le alerté al Ministro Padrino, que involucrar a la fuerza Armada en el tema alimentación, no era más que vincular a la Fuerza Armada en el saqueo que se había venido dando en los últimos años en el país. Donde cuantiosas sumas de dinero se extraviaron, se perdieron y no se encuentran. O se encuentran en cuentas abultadas de funcionarios públicos y sus testaferros y cómplices privados en el exterior.


Hoy vemos ejemplos como el de Samar López, al que le confiscaron más de 3.000 millones de dólares. Un ciudadano que hasta hace apenas 10 años era un funcionario público de medianas responsabilidades. Este señor ha ganado desde entonces a razón de 300 millones de dólares anuales. No es normal que ninguna empresa en el mundo tenga la capacidad de generar esas ganancias de manera tan súbita, bueno aquí en Venezuela eso es posible producto de la corrupción.


Esa corrupción fue inoculándose dentro de las Fuerzas Armadas, lo que ha hecho que la opinión pública se desate contra las Fuerzas Armadas. Yo creo que si algo ha logrado el presidente Maduro es que una institución que gozaba de cierto prestigio, de cierto renombre positivo, hoy es vista por su población como represores, como abusadores de derechos humanos. Así se está viendo en los últimos 60 días, como responsable de la muerte de muchos venezolanos, asesinatos que se han venido dando en las protestas pacíficas o violentas que se han generado durante estos 60 días. Donde la conducción de las cúpulas ha generado este saldo negativo para el país, para la fuerza armada en especial y para las familias de estos venezolanos asesinados y que enlutan la tierra de Bolívar.


Usted cree que la iniciativa de convocatoria a una ANC hecha por el presidente Maduro se ha convertido en una presión para la Fuerza Armada.


Claro. Pero primero quiero señalar el mal manejo, por parte del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, que ha permitido la convocatoria a actos políticos, ha permitido la posibilidad de hacer reuniones, de hacer convocatorias a las Fuerzas Armadas, cosa que no se veía con el gobierno de Chávez, porque quien convocada desde el ámbito civil para cualquier actividad era Hugo Chávez. Hoy la convocatoria, la hace cualquier gobernador, cualquier diputado, cualquier alcalde, cualquier persona que alegue la representación del presidente Maduro, hoy cualquiera de estas instancias dan instrucciones e intentan cambiar los protocolos tradicionales de nuestras Fuerzas Armadas. Y ese intento de violentar los protocolos militares está trayendo a lo interno de la Fuerza Armada grandes contradicciones, grandes problemas que ya se empiezan a sumar.


Que el Alto Mando se haya tomado la iniciativa, por su envergadura, de tratar el tema de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y, que según las versiones esta convocatoria sea rechazada mayoritariamente, índica que algo no anda correctamente.


Porque en los últimos 3 o 4 años estaba vedado por parte del Alto Mando cuestionar cualquier violación a la Constitución, pero ya se empiezan a sentir, a ver, a escuchar las contradicciones que se dan al interior de las Fuerzas Armadas, a sus diferentes niveles y a medida que baja de los niveles, las contradicciones y molestias son mucho mayores.


Entonces creo que la Fuerza Armada no escapa del rechazo general hacia la Asamblea Nacional Constituyente, del rechazo a tener otra Constitución que no goce del respeto que goza la Constitución de 1999. Tanto es así que hoy vemos que hasta aquellos que la adversaron e incluso votaron contra ella en el año ´99, reclaman su cumplimiento y buscan el restablecimiento de ella. A pesar que desde hace más de 16 meses a través de Estados de Excepción ilegítimos, se está incumpliendo constantemente.


Hablaba de la represión y de cómo esto impacta al interior de la Fuerza Armada, en este sentido presentó una denuncia en fiscalía hace unos días, nos puedes explicar esa denuncia.


Así es. Se presentó una denuncia producto de una grabación recibida en mi domicilio de manera anónima, en la que se puede apreciar que 6 generales de la fuerza armada, estudiaban una nueva fase del Plan Zamora. Plan al que se le ha puesto el nombre de un General cuya memoria está sembrada, desde hace muchos años en la Fuerza Armada. Se coloca el nombre de General Zamora el general del Pueblo, a un plan que es contra el pueblo. Un plan que ha traído más de 60 bajas de ciudadanos tanto civiles como militares, eso deja mucho que desear. Utilizar un nombre tan representativo de la Fuerza Armada y tan respetado, y donde lo que se ha logrado es que ese nombre hoy esté manchado de sangre.


Ese protocolo, que origina mi denuncia y donde se establece el uso de armas letales, que es contrario a la tradición de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público, quedó demostrado en esa grabación que yo introduje en el Ministerio Público, donde los generales discutían la utilización de francotiradores.


Ya ha habido cambio de generales a partir de la denuncia, incluso, precisamente uno de los generales que sostenía que era inconstitucional el empleo de armas letales para las manifestaciones, fue cambiado de esa Zona Operativa de Defensa Integral en Lara. Lo que indica que quién disienta, producto de que se viola la Constitución, es desplazado, cambiado y colocada otra persona que si acepte violar la Constitución.


Esa denuncia ya está en manos de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público en espera de la designación de Fiscal con Competencia Nacional para su investigación. Esa es una de mis metas. Y creo que eso debe generar resultados. Por el momento, un primer resultado es que se ha dejado de observar, por las redes sociales, la presencia de francotiradores, que hasta ese día se veían en videos que circulaban. Eso por lo menos indica la vergüenza que da el uso de armas letales. Espero que mi denuncia haya servido al menos, para que no se estén utilizando los francotiradores.


No obstante tenemos otros elementos que van contra la participación popular y la posibilidad de disentir con el gobierno, como son el empleo de grupos sediciosos, mal llamados colectivos, que también participan en forma coordinada con algunos militares, en estas operaciones.


Pero quiero resaltar algo que hasta ahora no he dicho. El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hablaba de que la Fuerza Armada era leal a su Comandante en Jefe. Yo creo que eso es correcto en la medida en que el Comandante en Jefe respete su Constitución. Pero entre el cumplimiento, el respeto y lealtad a la Constitución y el respeto a alguien que sea su Comandante en Jefe pero que no respete la Constitución, lo principal es el cumplimento fiel de la Constitución, así lo establece el artículo 328 constitucional.
Por supuesto que se le debe subordinación y respeto al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pero el Comandante en Jefe tiene la altísima responsabilidad de deberle respeto, obediencia y subordinación a la Carta Magna. Cuando se viola la Carta Magna el Comandante en Jefe pierde su legitimidad frente a los soldados que comanda. Mi mensaje para Padrino es que el respeto esencial y primordial es para con la Constitución. El que cumpla la Constitución tiene la representación y tiene el respeto del resto de los venezolanos.


Ya tiene fecha la elección de Constituyente, el CNE señalo el 30 de julio para la realización de esa elección, tú crees que hay oportunidad de detener esta ANC.


Yo creo que el presidente Maduro, cuando recupere su sano juicio, debe detener este proceso constituyente que él sabe que es amañado, que es anticonstitucional y que no ha logrado tener el apoyo de la ciudadanía. Esto es lo que debe pasar independientemente de que la acelerada acción de Tibisay Lucena le dé una fecha a este proceso.
Creo sin temor a equivocarme que ese proceso no va a avanzar. Tengo fe porque va en sentido contrario a la realidad del país. Tengo fe en que va a seguir creciendo el rechazo que se ha venido dando y el repudio de buena parte de la población venezolana va a aumentar.


Y va a aumentar todavía más cuando se concreten las bases comiciales que ni siquiera tienen un registro. Es decir tú inscribiste gente pero no sabes ni siquiera con qué registro se hará una parte de esa elección, es un desorden. Y el desorden cuando se presenta de esa forma tiene un final triste e infeliz. Así como el final triste e infeliz que tuvo la decisión de retirar el billete de 100 bolívares, una decisión que incendió el país y que acabó con una parte de la actividad y con muchas víctimas en Ciudad Bolívar. Bueno hoy se está acabando con casi todo el país y se mantiene la posición inflexible e inconstitucional del presidente Maduro de mantener esa absurda iniciativa de convocatoria.


Creo que los tiempos que vienen van a ser de muchas dificultades para los venezolanos, incluyendo al gobierno nacional. Va a ser del deslave de muchos de los que lo acompañan en este momento. El principal deslave se dio en diciembre del 2015 con parte de la población chavista que dejó de votar por sus diputados o que votó en contra de sus diputados tradicionales. Se vienen desprendiendo liderazgos por esa acción inconstitucional del presidente.


Y además, se notan ambigüedades, el presidente el día lunes 5 introdujo un refuerzo a las bases comiciales para pedirle, sugerirle a los constituyentes que en el futuro hagan un referéndum. Pero ellos, supuestamente tendrían poder plenipotenciario y podrían hacer lo que quieran. Esto último sugiere otra burla más del presidente y del CNE. Y de los secuaces que llevaron esa corrección de las bases comiciales, en este caso Jorge Rodríguez, donde se ve que no respetan al pueblo, no respeta la Constitución. Y ese irrespeto en momentos críticos, en momentos culminantes, en momentos de la mayor escalada del conflicto, ese irrespeto incluso a las Fuerzas Armadas, se va a evidenciar. Sin duda alguna los caminos que lleva adelante el gobierno nacional, son caminos sobre espacios muy críticos, muy movedizos, muy frágiles, que difícilmente lleguen al 30 de julio en forma consolidada.


¿Si el Mayor General Cliver Alcalá estuviera activo cuál sería su actitud en este momento?


Yo creo que desde hace mucho tiempo hubiésemos hablado con el Presidente, con el Jefe de las Fuerzas Armadas, con el Alto Mando, exigiéndole respeto a la Constitución, exigiéndole respeto a la Fuerza Armada, exigiéndole trato adecuado de un Jefe hacia la Fuerza Armada.


Cuando cumplí mis 30 años de servicio en Julio del 2013, yo creo que no había condiciones para que el General Cliver Alcalá, como algunos otros generales que eran visualizados como que defendían el proceso revolucionario, se mantuviera uno o dos años más en la extensión de su carrera. Yo en las vísperas de mayo del 2013 ya sabía que era imposible que ellos continuaran conmigo, ni que yo continuara con ellos.


Primero por temas éticos y por lealtad conmigo mismo. Permitir el abuso, la arbitrariedad, el autoritarismo, permitir las decisiones sin discusión, a pesar que informaban que el Alto Mando Civil y Militar de la Revolución se había reunido y tomado tal decisión, pero siempre eran decisiones de uno o de dos. Decisiones que por supuesto al no ser colegiadas, al no ser colectivas, se caen por su propio peso.


Creo que si en este momento estuviese activo, estuviese en constante discusión, dentro de los estándares de un Alto Mando de consulta, informándole al Comandante en Jefe, informándole a las instituciones de sus malos procederes y violaciones a la Constitución.


Lamentablemente no es así, estoy en situación de retiro. Pero esa condición en situación de retiro, me permite en función del artículo 333 constitucional que me asiste como ciudadano para poder expresar mi opinión, y el artículo 350 en caso de generarse las condiciones de su aplicación, también me obliga como ciudadano a cualquier participación en forma constitucional en la restitución de nuestra Constitución.


Dentro de las Fuerzas Armadas, no diría que hay muchos Cliver Alcalá Cordones, pero si hay muchos soldados dignos, la mayoría. Muchos soldados llenos de sueños de ideales, que quieren una Patria Digna. Y ellos en estos momentos ni siquiera pueden atender a sus familias en forma honesta. En forma humilde, no lo pueden hacer porque la precariedad de los ingresos de nuestros soldados raya en el peor poder adquisitivo que tiene cualquier soldado en el mundo.


Es cierto que eso no es todo lo que adorna a un soldado. Un soldado se adorna de ideales, se adorna de ritos que cumple. Pero es necesario que para mantenerlo con la moral en alto, con el compromiso profesional, tenga el recurso y el sustento adecuado para su familia.


Este es el peor momento de la historia contemporánea de la Fuerza Armada. Una Fuerza Armada que está siendo vista por su pueblo mucho peor que cuando los hechos del Caracazo, que no es poca cosa. Yo, que los viví como teniente con tres años de antigüedad, y que cruce toda Caracas de Este a Oeste de Sur a Norte en esos días, donde la pérdida de vidas humanas fue numerosa, creía que estos episodios no se volverían a repetir y que habían sido borrados de la memoria histórica de las Fuerzas Armadas, que nunca más volveríamos llegar a eso. Hoy estamos transitando caminos difíciles. Pero se va a imponer, sin lugar a dudas la Fuerza Armada de Bolívar, la Fuerza Armada del pueblo venezolano, en el respeto a su futuro, en el respeto a su Constitución, y en el respeto de ese sueño que nos trazó Bolívar y que en mucho el Comandante Chávez nos reforzó.


Hoy los que traicionan a Chávez, los que traicionan a Bolívar y los que traicionan al pueblo venezolano quieren hacer una Constitución a su medida para perpetuarse en el poder y continuar el saqueo del país. Cómo venezolanos, no podemos permitirlo.

Por: Carlos Carcione para Puntodecorte.com y Aporrea.org | Domingo, 11/06/2017 03:18 PM |

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Guerra y caos social en la Ciudad Maravillosa

El pasado mes de febrero, el estado de Río de Janeiro, con 16 millones de habitantes, registró 18 muertos por día, 502 en todo el mes. Es el mayor índice de homicidios en ocho años, con un crecimiento del 25% respecto a 2016. El año pasado se produjeron 4.212 enfrentamiento armados entre la policía militar y los narcotraficantes.


Pero los elevadísimos niveles de violencia sólo saltan a los medios cuando suceden hechos graves, como la muerte el 30 de marzo de una niña de 13 años que estaba tomando clases de educación física, o cuando se difunden imágenes —grabadas por vecinos o transeúntes— de policías matando personas indefensas.


Las imágenes de dos policías rematando a sospechosos heridos caídos en el suelo recibieron el apoyo de más de 100.000 firmas en la plataforma change.org, lo que revela el estado de ánimo de la población carioca. Casi el 80% de las muertes a manos de la policía se producen bajo la figura 'auto de resistencia' (supuestas muertes en enfrentamiento armado), con la que tanto la justicia como la policía validan la muerte de civiles, sin necesidad de testigos ni juicios.


Pero los policías también mueren. Se calcula que cada dos días es abatido un uniformado de la Policía Militar, que tiene pésima reputación entre los habitantes de las 'favelas', en general negros pobres, ya que suelen ingresar disparando, matando más inocentes que delincuentes. Lo cierto es que en los tres primeros meses de 2017 cayeron 50 policías y, según el testimonio de la reportera de la edición brasileña de El País, "cuatro de ellos fueron torturados y carbonizados por traficantes de drogas".


La ciudad cuenta con 47.000 policías que perciben salarios bajos y que no cobran puntualmente por la crisis económica, ya que el estado de Río de Janeiro declaró meses atrás la cesación de pagos, una situación que se resume en "pago atrasado de salarios, hospitales parcialmente paralizados, dependencias estatales sin recursos, cárceles desbordadas y al borde de la rebelión".


El fantasma del caos social ronda la ciudad. El Gobierno del estado negocia una ayuda urgente de 20.000 millones de reales —casi 6.300 millones de dólares—, que podrían llegar a 50.000 en 2019 —15.700 millones de dólares—. En febrero pasado la situación fue más que caótica. Los familiares bloquearon la salida de 30 batallones de la Policía Militar para exigir que se les paguen los salarios e impedir que sus esposos prestaran servicio. El Gobierno federal envió 9.000 soldados para garantizar el orden, algo menos de los movilizados durante los Juegos Olímpicos de agosto pasado.


Una comisión de la Policía Militar elaboró un estudio sobre las causas de las numerosas muertes de efectivos, concluyendo que se deben a tres razones: escaso entrenamiento, armas obsoletas y vehículos sin blindaje, además, por supuesto, de los bajos salarios, lo que fomenta la corrupción en el cuerpo. Muchos policías militares tienen relaciones con los narcos, que poseen armamento más sofisticado y recursos muy superiores.
En cinco años, los enfrentamientos armados crecieron un 300% en la ciudad, la muerte de policías escaló un 275% y las víctimas civiles un 66%. Sin embargo, por cada policía caído son muertos 23 'marginales', como denominan a los civiles sospechosos de pertenecer al narco o estar involucrados con la delincuencia.


La situación es grave no sólo por los altos niveles de violencia, sino por la sensación de desborde. "Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre Asesinatos de Jóvenes publicado en 2016, cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Cada año, mueren 23.100 jóvenes negros de 15 a 29 años. La tasa de homicidios de jóvenes negros es cuatro veces mayor que la de los blancos", escribe el periodista Marcelo Aguiar.


Por el lado de los policías, las cosas son simétricas. "Cuando un soldado ingresa en la policía ya es un muerto vivo, porque acaba siendo victima y rehén de los preconceptos de una política pública equivocada. Hay toda una construcción para hacerles creer que son héroes, que deben morir por el deber", dice Jaqueline Muniz, profesora en seguridad pública de la Universidad Federal Fluminense.


"Ellos necesitan creer que van a morir en nuestro nombre, para poder aceptar la cultura de guerra contra el crimen, una especie de cortina de humo para encubrir las relaciones entre el Estado y las facciones criminales de Río", concluye Muniz. Muchos policías viven atemorizados e intentan esconder su profesión a sus vecinos: algunos secan el uniforme detrás de la nevera o en el horno y esconden la placa de identidad en la rueda de repuesto del maletero, como ilustra la periodista María Martín.


La ONG Justicia Global envió el pasado 31 de marzo un informe a las Naciones Unidas en el que asegura que la política de seguridad pública de Río tiene una lógica de "exterminio y represión", focalizada en la población negra, joven y 'favelada' de la ciudad.


El documento destaca que se está avanzando en "una política de militarización y de encarcelamiento en masa como supuestas soluciones a los problemas de seguridad pública". La ONG denuncia a su vez la persistencia de un racismo estructural que se comprueba con simples números: mientras los homicidios de negros crecieron un 10% entre 2003 y 2014, los de blancos cayeron el 27% en el mismo periodo. El sistema de justicia es cómplice de esta situación que criminaliza a la población negra.


Ese es el caso de Rafael Braga, recolector de residuos, el único manifestante que permanece preso después de las revueltas de junio de 2013. De los 20 millones de personas que salieron a las calles ese mes, protestando por el aumento de las tarifas del transporte y la represión policial, el único que permanece en prisión es Rafael, joven, negro y pobre, una combinación letal en una sociedad cada vez más racista y violenta, que coloca todos los males en las 'favelas', a las que considera —con absoluto desprecio e ignorancia— como espacios 'liberados' del narco.

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Donald Trump en la reunión de gobernadores hoy. AP

 

Llegan tiempos marciales. El presidente de Estados Unidos ha decidido poner en marcha el mayor rearme en una década y ha ordenado elaborar un presupuesto con un incremento de 54.000 millones de dólares (9,3%) en los gastos de defensa. La histórica subida será compensada con un plan de recortes general, especialmente duro con la partida de ayuda exterior. El tijeretazo, aunque evita tocar los dos capítulos de gasto políticamente más sensibles, pensiones y asistencia sanitaria, muestra que Donald Trump está dispuesto a iniciar una nueva escalada militar para hacer cumplir sus sueños de grandeza. “Tenemos que empezar a ganar guerras otra vez”, clamó.

Trump nunca lo ha ocultado. Es un halcón y quiere fortalecer la primacía militar. Para ello ha dado un salto en defensa que no se veía desde 2008, al final de la era Bush, con el conflicto de Irak y Afganistán aún sangrando a borbotones. “Antes decíamos que Estados Unidos jamás perdía una guerra, ahora no ganamos ninguna. Es inaceptable”, dijo.

A tal fin, los acuerdos del pasado le importan poco. Incluso los más espinosos. No sólo quiere lanzarse al avispero islámico, sino que ha despreciado públicamente el tratado de limitación de armas nucleares con Rusia y el jueves pasado ya anunció su deseo de ampliar el arsenal atómico: “Soy el primero que querría ver al mundo sin armas, pero no podemos quedarnos por detrás de ningún país, aunque sea amigo. Nosotros tenemos que estar a la cabeza de la manada”.

Para Trump, esta escalada militar no es sólo una forma de patriotismo. El multimillonario republicano siempre la ha vinculado a la prosperidad económica. “Reforzar el sector militar es barato. Estamos comprando paz y afianzando nuestra seguridad nacional. Además es un buen negocio. ¿Quién construirá los aviones y barcos? Trabajadores americanos”, ha escrito en su obra programática América lisiada.

Patria, cañones y empleos. El triángulo sobre el que descansa la apuesta de Trump ha sido una de sus principales promesas electorales. Y ahora quiere materializarla cuanto antes. Para ello ha ordenado a las agencias federales que empiecen a trabajar en un modelo de presupuesto que satisfaga sus deseos. La propuesta no estará lista hasta mediados de marzo. Luego tendrá que entrar en el Capitolio. Un espacio de mayoría republicana, pero donde todo es sometido a la presión de los más variopintos intereses. Será entonces cuando Trump, que hasta ahora ha gobernado bajo el impulso de las órdenes ejecutivas, tenga que hacer frente a su primera gran batalla legislativa.

En esa arena se verá su capacidad de liderazgo del bando republicano y también el alcance de sus sueños. En principio, lo que ofrece el presidente es atractivo para los conservadores. Al aumento del presupuesto militar le quiere añadir una bajada general de impuestos, el desmantelamiento de la reforma sanitaria (Obamacare) y una desregulación financiera intensa.

La partitura gusta a la mayoría, pero su instrumentación puede ser explosiva. Es el caso del Obamacare. Vilipendiado por Trump y los suyos, la promesa de eliminar la reforma sanitaria nada más llegar a la Casa Blanca ha quedado congelada. La constatación de que suprimirla afectaría a 22 millones de personas y dispararía el déficit fiscal en 353.000 millones de dólares en 10 años ha puesto freno a la demolición y dado paso a la búsqueda de alternativas racionales.

La construcción del presupuesto seguirá un proceso similar: será lenta y desactivante. Pero en el corto plazo, en el juego de lo inmediato que tanto practica, Trump ha emitido una señal clara con la propuesta de rearme. Es alguien que cumple sus promesas y que mantiene su capacidad disruptiva. Ese es el impacto que han buscado los autores del plan: el director de la Oficina Presupuestaria, Mick Mulvaney; el director de Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y el estratega jefe de la Casa Blanca, el tenebroso Stephen Bannon.

Que cale este mensaje es importante para alguien que ha entrado en barrena en sus relaciones con la prensa y que tiene a las encuestas en contra. Alarmados por su baja valoración, Trump y sus consejeros quieren superar los filtros mediáticos y alcanzar directamente al electorado. La conversión de los primeros vaivenes presupuestarios en una declaración política de alta potencia busca esa meta. Y también ofrece un adelanto del discurso del Estado de la Unión mañana en la noche. En la intervención, la primera donde el presidente se enfrenta a la Cámaras, deberá mostrar a senadores y congresistas qué futuro quiere para Estados Unidos. De momento, ha optado por las armas y el ruido.

 

     
     
  

 

EL PRESUPUESTO MILITAR SERÁ INFERIOR AL DE LOS PRIMEROS AÑOS DE OBAMA
JOAN FAUS (WASHINGTON)


La propuesta de Donald Trump de gastar 638.000 millones de dólares en defensa en el año fiscal 2018 supone el mayor aumento en una década, pero es una cifra inferior a algunos de los presupuestos aprobados por el Congreso al inicio de la presidencia de Barack Obama. Para encontrar una cifra reciente superior hay que retroceder a 2012: 681.000 millones de dólares. El presupuesto más alto fue el de 2010 con 721.000 millones, según datos oficiales.

Pero el contexto es muy distinto. En los primeros años del demócrata Obama, EE UU estaba involucrado de lleno en las guerras de Afganistán e Irak, con decenas de miles de tropas desplegadas. Ahora, la primera potencia cuenta con un contingente muy inferior en Afganistán y su presencia en países como Irak o Siria se limita a centenares de asesores militares.

El refuerzo militar del republicano Trump responde más a una estrategia de disuasión, como la empleada por Ronald Reagan en el crepúsculo de la Guerra Fría en los años 80, que a la de un país que combate activamente en guerras, como los gobiernos de George W. Bush y Obama.

El aumento en 54.000 millones del gasto militar supone un crecimiento del 9,2% respecto al presupuesto del año fiscal 2017. Es el mayor incremento desde 2008 (11,3%), en el último año de presidencia de Bush. Pero queda lejos del crecimiento del 25,9% en 2003, cuando EE UU lanzó la invasión de Irak y estaba en el segundo año de guerra en Afganistán.

  
     
     

 

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Guerra entre narcos, una excusa para militarizar

La idea de que el ejército tome cartas en el enfrentamiento al narcotráfico encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por Temer. Existe un fuerte descontento en los sindicatos que representan a las policías locales.

 


Guerra en el paraíso: la masacre de 56 presos ligados a una organización mafiosa en una cárcel del estado de Amazonas, fronterizo con Colombia, le abrió un nuevo frente de tormenta al presidente Michel Temer y reavivó la recurrente tentación, que no es solo brasileña, de militarizar la seguridad interna.


Temer evitó formular declaraciones sobre la matanza ocurrida el domingo en el Complejo Penitenciario Anício Jobim de Manaos, capital amazónica, con la aparente intención de eludir el costo de un hecho que repercutió en la prensa y organismos internacionales de derechos humanos.


Su situación política es tan incierta que suspendió el viaje al Forum Económico de Davos donde lo representará Henrique Meirelles, el ministro de Hacienda autor del plan de austeridad (austericidio) que amenaza llevar a la quiebra a varios estados provinciales donde se dejaron de pagar salarios y suspendieron servicios esenciales.


Esta limitación de gastos afectó también a las policías provinciales, con más de 1 millón de hombres en armas, y los servicios penitenciarios.
Hay un explícito descontento en los sindicatos que representan a las fuerzas de seguridad de varias provincias como Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul a donde fueron enviadas tropas federales.


Precisamente para recortar gastos el estado de Amazonas privatizó el presidio Anício Jobim donde miembros de la organización La Familia del Norte mató, y en algunos casos degolló el domingo, a integrantes del Primer Comando de la Capital.


En un comunicado divulgado ayer en Ginebra Naciones Unidas responsabilizó al gobierno de Temer por la masacre y exigió que prohíba “la tortura y del trato degradante e inhumano de los presos”. “Pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar” otro crimen similar en los centros de detención brasileño donde se alojan, en su mayoría hacinados, más 650 mil reclusos.


Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Orden de Abogados de Brasil se sumaron a las críticas.


El gobierno envió ayer a Manaos al ministro de Justicia Alexandre de Moraes, al tiempo que realizó una serie de consultas al Gabinete de Seguridad Institucional dirigido por el general Sergio Wesphalen Etchegoyen, según dejaron trascender informantes próximos al Palacio del Planalto.


Los servicios de inteligencia bajo el mando del general Etchegoyen habrían obtenidos informaciones sobre un plan para vengar a los muertos del PCC fallecidos en el estado de Amazonas donde ayer continuaba la “cacería” de más de 100 presos fugados el domingo.


Está en curso una guerra entre la Familia del Norte y el PCC, una facción surgida en San Pablo luego de la masacre de 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en 1992.


El Primer Comando de la Capital cuenta con una organización piramidal dirigida por Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, que presume de haber leído El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo y conocer la biografía y tácticas guerrilleras de Ernesto Che Guevara.


“Marcola” es idolatrado por los soldados del PCC, el grupo que domina la mayoría de las cárceles de San Pablo y decenas en todo el país, junto al establecimiento de “células dormidas” en las favelas paulistas.


En mayo de 2006 una orden impartida por Marcola desde la cárcel desató el levantamiento simultáneo de más de 70 presidios y ataques relámpagos que mataron a unos 40 policías y agentes penitenciarios.


Un día después de las primeras acciones se desató una guerra entre fuerzas del orden y “milicias “ del PCC que hizo colapsar a San Pablo con un saldo de cerca de 600 muertos.


En la contienda entre el PCC y la Familia del Norte se disputa la hegemonía en el sistema carcelario de la Amazonia, por su proximidad a la “Ruta del Río Solimoes”, principal vía de ingreso de la cocaína de Colombia y Perú.


El polvo que llega a Manaos luego se embarca hacia Europa o los cada vez más rentables mercados de San Pablo y Río de Janeiro.


Por lo pronto ese dinero sucio es la fuente de ingresos de la Familia del Norte, con la que se pagan armamentos y se compran los favores de policías, guardiacárceles y políticos. Así es como esa organización asumió el mando de los centros reclusorios amazónicos y logró proyección nacional, al punto de animarse a presentarle batalla al PCC.


De acuerdo con informaciones de la Policía Federal a las que tuvo acceso el diario Estado de San Pablo, la Familia cuenta con unos 200 mil afiliados, entre quienes están los presos y sus allegados fuera de las cárceles, quienes realizarían aportes a cambio de los cuales reciben seguridad.


Con esa estructura en alza la Familia se asoció a otro grupo de peso,el Comando Vermelho, con base en Río de Janeiro, que mantiene una disputa con el PCC.


El innegable poder de fuego, organización y logística de estas fuerzas irregulares trajo otra vez al ruedo el debate sobre la necesidad de involucrar a los militares en el combate al crimen organizado.


Algunos formadores de opinión respaldaron esa idea, entre ellos Merval Pereira, el comentarista en jefe del grupo Globo.


Ayer Pereira dijo en una radio de esa corporación que no se puede “seguir posponiendo” la decisión de que el Ejército y otros fuerzas federales tomen cartas en el enfrentamiento al narcotráfico, y eligió como modelo a Colombia.


Militarizar la seguridad interna encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por la administración Temer.


Hace dos meses en una de las pocas reuniones diplomáticas realizadas en Brasilia con representantes sudamericanos fue expresada esa concepción.
El encuentro fue cerrado con una conferencia a en la que participaron el canciller José Serra, el general Etchegoyen y el ministro de Defensa Raúl Jungman.


“Los crímenes son cada vez más transnacionales y tienen que ser enfrentados” conjuntamente por los países sudamericanos, y ojalá que cada vez más puedan actuar “las Fuerzas Armadas de modo preventivo y represivo (..) en las fronteras”, dijeron las autoridades brasileñas.

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