Viernes, 19 Octubre 2012 06:40

Las mañas del Pentágono

Las mañas del Pentágono
La concentración de poder se ha convertido en la tendencia global más importante en los recientes 50 o 100 años. En este proceso, el poder militar juega un papel decisivo, aunque el pensamiento crítico se ha concentrado, quizá excesivamente, en el poder económico, sin visualizar que es el poder duro el que asegura la continuidad de la acumulación de capital.


Hace siglo y medio Karl Marx destacó en una carta a Federico Engels (25 de septiembre de 1857) la importancia del ejército en el desarrollo económico, en las innovaciones técnicas y como precursor de la división del trabajo en la industria, concluyendo que “la historia del ejército muestra (…) la conexión entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales”.


El historiador William McNeill, en su magnífica obra La búsqueda del poder, nos advierte que para estudiar “el macroparasitismo entre las poblaciones humanas” (que podría ser asimilado al imperialismo), deben estudiarse en especial “los cambios en los tipos de equipamiento empleados por los guerreros”.


Fiel a su más conocido trabajo, Plagas y pueblos, sostiene: “Las alteraciones en el armamento se parecen a mutaciones genéticas de microrganismos en el sentido de que pueden, cada tanto, abrir nuevas zonas geográficas de explotación, o destruir antiguos límites mediante el ejercicio de la fuerza dentro de la propia sociedad que los cobija”. Nada más parecido a una historia de la conquista de América.


La carrera de armamentos ultra sofisticados que lleva adelante Estados Unidos, seguido de lejos por un puñado de emergentes, parece estar buscando esas “mutaciones” a las que alude McNeill, para asegurar y ensanchar la brecha de poder de los más poderosos respecto del resto de la humanidad. La ciberguerra en curso y algunas armas especiales, como el avión supersónico capaz de volar a 20 veces la velocidad del sonido que está desarrollando la estadunidense DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa), forman parte de esa ambición de poder.


El reciente discurso de Leon Panetta, secretario de Defensa de Estados Unidos, pronunciado el 11 de octubre en el portaviones Intrepid, convertido en museo anclado en Nueva York, estuvo íntegramente dedicado a la ciberguerra. Anunció que su país está viviendo “un momento pre 11 de septiembre” ya que “los atacantes están tramando” un ataque. Acusó directamente a China, Rusia e Irán.


Esta vez Panetta no mencionó el terrorismo como fuente de posibles agresiones, sino un probable “ataque cibernético perpetrado por Estados-nación” que perpetrarían un “ciber Pearl Harbor”. Exigió que se apruebe pronto la Ley de Seguridad Cibernética que otorga al Pentágono poderes extraordinarios en relación a la ciberseguridad. Omitió decir, y este es el punto clave, que su departamento está preparado para lanzar el primer golpe (contra Irán o Venezuela), algo difícil de demostrar en una guerra inmaterial, pero con cuantiosos daños materiales.


Panetta también habló de ciberguerra el 8 de octubre en Punta del Este, en la décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Llegó con un documento de 12 páginas titulado La política de defensa para el hemisferio Occidental, con el que pretendió delinear la estrategia militar del Pentágono con base en “enfoques innovadores, económicos y con una mínima huella”.
Se enfrentó con varios ministros de Defensa de la Unasur, aunque contó con el apoyo entusiasta de Chile –que se encargó de elevar las propuestas previamente negociadas con el Pentágono– y de Colombia, sus aliados sudamericanos. No pudo impedir que Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Surinam y Venezuela se negaran a aceptar un sistema de “asistencia humanitaria” coordinado por militares, mientras que Guyana y Uruguay se abstuvieron. Tuvo que tragar el apoyo mayoritario a la soberanía argentina de las islas Malvinas (sólo Estados Unidos y Canadá votaron en contra).


Los países de la región aún no están en condiciones para poner en pie un sistema de defensa colectivo y autónomo, pero avanzan en la desarticulación de las iniciativas del Pentágono. Días antes de la conferencia, el Ministerio de Defensa de Uruguay desarticuló lo que hubiera sido una nueva “base dormida” en el centro del país, junto al único aeropuerto internacional fuera de la franja costera.


El proyecto consistía en la construcción de apenas “un barracón”, pero el modo de operar es significativo. Fue elaborado por el Comando Sur y propuesto directamente a las fuerzas armadas uruguayas, con financiamiento estadunidense y con la excusa de capacitar frente a desastres naturales, pero sin consultar al Ministerio de Defensa. De haberse concretado, “supondría otorgarle la llave del país a Estados Unidos” con la excusa de la capacitación humanitaria (Brecha, 12 de octubre de 2012).


Días atrás, militares uruguayos participaron en ejercicios en Florida, sede del Comando Sur, pasando por encima de las autoridades civiles, que suelen enterarse cuando los militares ya están volando. Situaciones muy similares suceden en Argentina, no así en Brasil y Venezuela. El Pentágono negocia directamente con los militares, como si se tratara de “TLC entre las fuerzas armadas”. La desarticulación de este modo subversivo de operar generó malestar diplomático en Montevideo y en Buenos Aires, donde también cortaron las alas del grupo militar de Estados Unidos en Argentina.


El Consejo de Defensa Sudamericano de la Unasur aún no pudo concretar su “doctrina” para una defensa regional coordinada. Cada paso adelante cuesta meses y arduas negociaciones, mientras la potencia que nos considera su patio trasero sigue desarrollando la “capacidad para proyectar poder y fuerza”, como dijo Panetta.

Sin embargo, la ofensiva lanzada en Punta del Este chocó con la oposición de un grupo de países que no están dispuestos a dejarse imponer las políticas que Washington ensaya desde hace medio siglo, como le dijo el ministro brasileño Celso Amorim al jefe del Pentágono.

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Cómo el Pentágono fracturó la conferencia americana de Defensa
Al negarse a tratar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña e insistir con el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior contra las denominadas nuevas amenazas y desafíos multifacéticos, el Pentágono fracturó la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que sesionó la semana pasada en Punta del Este, Uruguay. Los desacuerdos fueron tan marcados que ni siquiera llegó a considerarse en la plenaria ministerial la propuesta impulsada por Estados Unidos para que la Junta Interamericana de Defensa (JID) pasara a ser la Secretaría Ejecutiva y la Memoria Institucional de la Conferencia de Ministros de las Américas. En cambio, su rol se tratará junto con el de todo el Sistema Interamericano de Defensa en una próxima conferencia que convocará la OEA.


Un aliado fiel


En la guerra de 1982, Estados Unidos fue el aliado decisivo del Reino Unido al suministrarle bases, apoyo logístico, Inteligencia y misiles de última generación. Ese apoyo deslegitimó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), según cuyo texto Estados Unidos debería haber apoyado a la Argentina ante un ataque extrahemisférico con el eventual despliegue y uso de la fuerza contra el agresor. A raíz de ello menos de la mitad de las naciones de la región son miembros del TIAR. El ministro argentino de Defensa, Arturo Puricelli, pidió que los países asistentes se declararan preocupados por “la creciente militarización del Atlántico Sur y la realización de ejercicios que incluyen el disparo de misiles como los que se están llevando a cabo en las Islas Malvinas” y que reiteraran “su firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía”, de acuerdo con lo expresado por la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en diciembre de 2011. Apoyaron la declaración Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En cambio Chile, Colombia y México se pronunciaron en favor de la soberanía argentina pero sin referirse a la militarización británica de la región. Esto marcó una clara diferencia con Estados Unidos y Canadá, que se negaron a tratar el tema porque sostienen que no corresponde a este foro. Estados Unidos sigue privilegiando así su alianza estratégica con el Reino Unido. Canadá fue aún más lejos: esa ex colonia inglesa que aún reconoce como su soberana a la reina británica se refirió al territorio en disputa como Falkland Islands y sentó que lo considera un asunto bilateral sobre el que “sólo los habitantes” de las islas “tienen el derecho de determinar su propio futuro”. El mínimo consenso reflejado en la Declaración Final sostiene que las naciones del continente americano tienen carácter pacífico y voluntad de “promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur” y que reconocen la importancia de la Declaración que la Asamblea General de la OEA firmó este año, para continuar examinando “la cuestión de las Islas Malvinas hasta su solución definitiva” por tratarse de un tema de “permanente interés hemisférico”. O sea, poco menos que nada: hay un problemita y nos preocupa.


Ejecuciones extrajudiciales


En el único día que dedicó a la conferencia antes de partir para un encuentro más importante de la OTAN, el jefe del Pentágono, Leon Panetta, dijo que era difícil distinguir si las amenazas transnacionales a la paz y la estabilidad son asuntos de Defensa o de Seguridad Interior y que el empleo de militares para mantener el orden interno “no puede ser una solución de largo plazo”. No cuantificó si hablaba de años, décadas o siglos, pero dijo que entretanto su país apoyará a quienes apliquen esa solución, por supuesto con el siempre declamado “respeto a los derechos humanos y a las competencias de las autoridades civiles”. Uno de los países que votaron junto con el Pentágono por el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa fue Guatemala, donde tres días antes del comienzo de la conferencia las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz y el capítulo sobre derechos indígenas en la reforma constitucional que impulsa el gobierno del general Otto Pérez Molina. Como es natural, el embajador de los Estados Unidos en Guatemala condenó el empleo de los militares y nueve de ellos fueron detenidos por “ejecuciones extrajudiciales”, el primer caso desde el proceso de paz. Los campesinos formaban un piquete que cortó la ruta Panamericana, que lleva a México. Los militares fueron enviados para asegurar el derecho a la libre circulación de personas y bienes. El primer detenido por decisión judicial fue el coronel Juan Chiroy Sal, subjefe del Escuadrón de Seguridad Ciudadana del Ejército, quien al mando de ochenta hombres con armas de guerra desoyó la recomendación de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de no acercarse al área de concentración. Aunque al principio el gobierno dijo que las tropas no estaban armadas, la evidencia fílmica y fotográfica lo refutó. Se recogió en el lugar un centenar de casquillos disparados desde ocho fusiles de asalto Galil.


Los desastres del Pentágono


La Conferencia fue organizada sobre tres ejes temáticos. El primero fue “Desastres Naturales, Protección al Medio Ambiente y la Biodiversidad” y también dio lugar a una votación dividida en la que la Argentina, Brasil y Venezuela se opusieron a la posición del Pentágono. La propuesta firmada por Chile pero que fue distribuida a varios asistentes por la delegación de Estados Unidos, “visualiza a las FF.AA. como un actor principal de los dispositivos de asistencia humanitaria internacional”, según el cuestionamiento argentino, que considera a la capacidad militar “un componente más de la oferta nacional”, cuyo uso y aprovechamiento depende de las autoridades civiles, igual que la coordinación de la respuesta humanitaria internacional. Si resulta necesario, esas autoridades, que en la Argentina dependen del Ministerio del Interior, pueden apelar “al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas”. El punto 12 de la Declaración Final reflejó el desacuerdo entre las dos posiciones que confrontaron en la Comisión de Trabajo respectiva. Dispone aceptar la propuesta de Mecanismos de Intercambio de Información sobre Capacidades de Apoyo a Desastres Naturales, “para su eventual adopción” y dice que los ministros de Defensa la someterán “al estudio de las autoridades nacionales responsables de cada Estado con competencias primarias en la materia” y que la participación de cada país en ese mecanismo “será voluntaria, de conformidad con su propio ordenamiento jurídico”. También resuelve poner el tema a consideración de “las organizaciones a nivel hemisférico, regional y subregional que tienen competencia sobre los asuntos de desastres naturales”. Junto con Estados Unidos apoyaron esta posición Canadá, México, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago. Además de la Argentina, Brasil y Venezuela votaron en contra Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Surinam, y se abstuvieron Uruguay y Guyana. La propuesta alternativa, que la Argentina y Brasil defendieron en comisión, no mencionaba la eventual adopción del mecanismo sino apenas “su estudio”. La Cancillería argentina también había advertido al Ministerio de Defensa sobre un párrafo de la propuesta chilena de Estados Unidos sobre el despliegue o empleo de “unidades o medios que tengan una capacidad mínima de siete días de operación con autosuficiencia”. En la práctica ésta podía ser una puerta de acceso para la eventual presencia en el territorio nacional de tropas estadounidenses “con un accionar autónomo”. Como queda claro en el propio punto, lo que se aprobó no es obligatorio, lo cual hace previsible que no sólo quienes votaron en contra se abstengan de entregar información para que el Pentágono la centralice. La discusión fue tan ardua que antes de votar se pasó a un cuarto intermedio, luego del cual el país anfitrión, Uruguay, presentó una tercera propuesta, en un último y fallido intento de impedir que la desavenencia quedara expuesta. La votación fue nominal y constó en el acta a pedido de la Argentina. Como se puede apreciar en sus resultados, Estados Unidos consiguió el apoyo de sus socios en el tratado de libre comercio de Norteamérica, Nafta, de casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, del bloque del Pacífico salvo Ecuador, y de Paraguay, recién suspendido en el Mercosur como resultas de lo que sus socios definieron como quebrantamiento del orden democrático, por la destitución del presidente Fernando Lugo sin las garantías del debido proceso. Mientras, la Argentina se alineó con Brasil y con los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La Declaración Final dispone “conmemorar” los 70 años transcurridos desde la creación de la JID y los 50 del Colegio Interamericano de Defensa. Perú había propuesto “felicitar a la JID por su aniversario y desempeño”, pero el amor no daba para tanto.


Seguridad y/o Defensa


Esto refleja los disensos que empantanaron la discusión del Eje Temático III, que a su vez se dividía en dos subtemas: “Seguridad y Defensa” y “Futuro de la Misión y Funciones del Sistema Interamericano de Defensa”. La Declaración Final se refiere sin discriminar a Defensa y Seguridad, reconoce que ambas son “responsabilidad de los Estados y de la sociedad en su conjunto” (es decir, no sólo de las instituciones armadas) y reafirma “la importancia de la conducción política sobre estos asuntos”, lo cual marca algunos cambios en la región desde que finalizó la guerra fría y pasaron a considerarse inadmisibles los gobiernos militares. Los puntos cruciales al respecto son el 9 (“Los desafíos en defensa y seguridad así como la cambiante realidad de nuestros tiempos requieren una evaluación permanente de los instrumentos y mecanismos de cooperación apropiada entre los Estados”) y 10 (“La Conferencia de Ministros de Defensa considerará los temas prioritarios de las agendas regionales que resulten de interés para los sectores de defensa bajo una óptica integral y en el marco de la cooperación y complementariedad, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional de la seguridad para algunos Estados”). En el debate en comisión, se reconoció la coexistencia de distintas visiones y definiciones políticas y conceptuales acerca de la seguridad y la defensa, “según las percepciones de riesgos y amenazas” de cada país y se aclaró que el grupo de trabajo no había intentado definir los conceptos de seguridad y defensa sino delimitar los ámbitos respectivos que podrían ser abordados por los ministros, ya que “la seguridad pública corresponde principalmente a otras instancias hemisféricas y a las particularidades de la arquitectura institucional de cada país”. Si bien existen esas diferencias, los ministros deben aplicar “los criterios de cooperación, visión integral y respeto a las normas de cada Estado, teniendo en cuenta la importancia del carácter multidimensional de la seguridad para algunos Estados”. Además, “los ministerios de Defensa de las Américas, a través de sus Fuerzas Armadas, actúan conforme al ordenamiento jurídico de cada Estado, de manera subsidiaria como institución secundaria en apoyo a las otras fuerzas para hacer frente a una amenaza a la seguridad pública”.


En revisión


El punto 6 de la Declaración Final es el que más tiempo de negociación insumió desde los meses previos a la reunión de Punta del Este, incluyendo un viaje a Montevideo y Buenos Aires del académico Frank Mora, el hijo estadounidense de exiliados cubanos que es viceministro del Pentágono para la región. Estados Unidos planteaba el fortalecimiento de la Junta y del Sistema Interamericano de Defensa. La nueva “Política de Defensa para el Hemisferio Occidental”, difundida por el Pentágono una semana antes de comenzar la conferencia de Punta del Este anticipó que Estados Unidos promovería en la OEA y mediante relaciones entre las Fuerzas Armadas “un férreo sistema de cooperación” para la acción colectiva “frente a los desafíos complejos del siglo XXI”, lo cual implica “reformar las instituciones existentes y aprovecharlas a fin de lograr una mayor eficacia y unidad”. En forma explícita se refiere a la Conferencia de Ministros, a la Junta Interamericana de Defensa y a las Conferencias de Ejércitos, Armadas y Fuerzas Aéreas, descriptas como “los foros principales en donde los jefes de las distintas fuerzas del hemisferio dialogan sobre temas como el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y respuesta a desastres, ciencia y tecnología, cooperación cívico-militar, el medioambiente y las amenazas emergentes”. En cambio la Argentina se había ofrecido como sede para una conferencia especial que encarara la revisión total del sistema, incluyendo el Tratado, la Junta y el Colegio Interamericano de Defensa, que considera obsoletos. Mora terminó por aceptar que la revisión era inevitable, pero dijo que su país sólo aceptaría que se realizara en la OEA, cuya sede está en Washington y la Argentina lo admitió. En la Comisión respectiva, la Argentina actuó como relator y entre los organismos que propuso evaluar incluyó a la conferencia de Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interamericana y el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas, señaladas como instrumentos originados bajo la lógica de la guerra fría. En el último medio siglo esas conferencias constituyeron “un esquema de intercambio y cooperación horizontal militar-militar, en no pocos casos disociadas de las instancias político-institucionales hemisféricas y nacionales en materia de Defensa”, sostuvo en la Comisión el secretario de asuntos internacionales de Defensa, Alfredo Forti. El punto 6 de la Declaración Final acortó las distancias. Dice que la Conferencia solicita “al Consejo Permanente de la OEA que programe y lleve adelante, con la participación de los ministerios de Defensa, reuniones para la discusión sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del sistema interamericano de defensa, incluyendo a la Junta Interamericana de Defensa”. Continuará.

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China bota su primer portaaviones en plena escalada de tensión con Japón
Guardacostas de Japón y Taiwán se han enfrentado este martes con cañones de agua en los alrededores de un grupo de islas situadas en el mar de China oriental cuya soberanía ha sido en las últimas semanas motivo de fuertes protestas antijaponesas en China. El enfrentamiento se ha producido después de que decenas de pesqueros y patrulleras taiwaneses se acercaran al archipiélago, conocido como Senkaku por Tokio y como Diaoyu por Pekín, y casi medio centenar de ellos se adentraran en las 12 millas de la zona de exclusión de lo que Japón considera sus aguas territoriales, donde permanecieron varias horas. La escaramuza ha coincidido con una nueva muestra de poderío militar por parte de China, que hoy ha puesto en servicio su primer portaaviones.

 
Taipei, que también reclama el archipiélago, se suma así a un contencioso que ha situado las relaciones entre Pekín y Tokio en su nivel más bajo en las últimas décadas. Las islas Senkaku-Diaoyu están deshabitadas, pero se encuentran cerca de importantes rutas navieras, albergan ricos recursos de pesca y bajo sus aguas yacen recursos petroleros sin explotar.

 
La cadena de televisión pública japonesa NHK ha mostrado imágenes de un guardacostas disparando agua contra un barco de pesca taiwanés, mientras una patrullera enviada por Taipei respondía de la misma forma contra el barco japonés.

 
Taiwán tiene relaciones amigables con Japón, pero ambas partes están enfrentadas sobre los derechos de pesca en la zona. El archipiélago está controlado por Tokio desde 1895, pero tanto Pekín como Taipei aseguran que han heredado la soberanía histórica china sobre las islas, que, según dicen, se remonta a varios siglos. Pekín considera Taiwán parte de su territorio. La propiedad de las Senkaku-Diaoyu se ha convertido en un importante símbolo de identidad y nacionalismo para las tres partes.


Los barcos taiwaneses que se han acercado al grupo de islotes, entre los cuales hay 10 patrulleras forman parte de una flotilla de más de 60 pesqueros que salió el lunes de Taiwan para reivindicar la soberanía sobre el territorio y los derechos de pesca. En ellos, viajan unos 300 pescadores y 60 periodistas. “Haremos todo lo que haga falta para proteger a nuestros pescadores. No descartamos el uso de la fuerza para responder si Japón la utiliza”, ha asegurado Wang Chin-wang, director de la Administración de Guardacostas de Taiwán, en el Parlamento, informa France Presse. En algunas de las patrulleras, viajan agentes de élite armados.

 
La última gran intrusión en las aguas de las islas que administra Japón se produjo en 1996, según el servicio de guardacostas de este país. En aquella ocasión, 41 barcos con activistas de Hong Kong y Taiwán se internaron en las aguas del archipiélago con la intención de reivindicar su soberanía.
 

Tokio ha asegurado que está intentando gestionar el conflicto con Taipei con el mayor tacto posible y de forma pacífica, dadas las buenas relaciones existentes con Taiwán. Una relaciones muy distintas a las que mantiene con China, donde se han producido este mes multitudinarias manifestaciones antijaponesas, después de que el Gobierno japonés comprara tres de las islas en liza a su propietario privado, nacionalizándolas de hecho. Cientos de fábricas y negocios japoneses en China se vieron obligados a cerrar durante varios días tras haber sufrido ataques o en previsión de ellos.

 
El enconamiento de la disputa histórica por las Senkaku-Diaoyu coincide con la entrada en servicio del primer portaaviones chino, en el marco de los planes de modernización de su ejército. El barco, nombrado Liaoning en honor a la provincia en la que se encuentra la importante base naval de Dalian, es un antiguo barco soviético, que fue comprado a Ucrania. Tiene una eslora de 300 metros. Pekín confirmó el año pasado que lo estaba adaptando a sus necesidades, y ha asegurado que será destinado principalmente a formación y otros usos similares. Pero algunos analistas han afirmado que China está desarrollando aviones de combate y barcos de apoyo, que podrían hacer plenamente operativo el barco. La prensa china ha publicado fotos de aviones en su cubierta.
 

“La entrada en servicio del portaviones será de gran relevancia para situar la capacidad de lucha de la armada de nuestra nación en un nivel moderno”, ha asegurado el Ministerio de Defensa. “Será eficaz para defender los intereses de la soberanía nacional, la seguridad y el desarrollo, y para hacer avanzar la paz mundial y el desarrollo común”.

 
Aunque pocos expertos creen que la disputa territorial pueda conducir a un conflicto armado, no hay que descartar la posibilidad de que se produzca un choque violento en el mar, aunque no sea intencionado, que elevaría la tensión.

 
Representantes de los gobiernos de Pekín y Tokio se han sentado hoy en la capital china para suavizar una crisis que amenaza con pasar una elevada factura a las relaciones económicas entre los dos países. En el encuentro, el viceministro de Exteriores Zhang Zhijun ha afirmado a su homólogo japonés Chikao Kawai que “China nunca tolerará ninguna acción unilateral por parte de Japón que dañe la soberanía territorial china”. Zhang ha calificado la compra de las islas de “grave atropello de los hechos históricos y la jurisprudencia internacional”.


Por Jose Reinoso Pekín 25 SEP 2012 - 12:39 CET

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Militares de EU comandan a las fuerzas armadas de Colombia: Evo Morales
La Paz, 2 de septiembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy, durante una alocución radiotelevisada, que militares estadunidenses comandan a las fuerzas armadas de Colombia y que Estados Unidos tiene emplazada una base militar en dicho país.


Morales se quejó de que Estados Unidos haya sugerido recientemente que Bolivia y Perú desplazaron a Colombia del primer lugar en la producción de cocaína.


“Minimizan a Colombia como un país que tiene problema de narcotráfico, porque allí está la base militar de Estados Unidos; allí están los estadunidenses comandando las fuerzas armadas de Colombia”, manifestó ante sindicatos cocaleros en Lauca Ñ, a unos 650 kilómetros de La Paz.


Es por esta razón que Washington quiere “alabar” al país que acepta sus bases militares, afirmó.


“El tema del narcotráfico es bien aprovechado, por una parte, por el capitalismo con fines económicos y, por otra, con fines políticos para desgastar a dirigentes o autoridades antimperialistas y anticapitalistas”, sostuvo el mandatario boliviano.


Morales expulsó en 2008 a los agentes de la agencia antidrogas estadunidense (DEA), poco después de haber hecho lo mismo con el embajador de ese país. Tanto a los agentes de la entidad como al diplomático los acusó de entrometerse en asuntos de política interior, utilizando de pretexto la colaboración.


Cifras de erradicación de cultivos



Bolivia tiene 31 mil hectáreas plantadas de coca –según la Organización de Naciones Unidas–, de las que la ley boliviana sólo reconoce 12 mil para usos tradicionales, como el masticado, infusión y rituales religiosos andinos.


En tanto, fuentes oficiales informaron que el proceso de racionalización concertada y la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca en Bolivia alcanzó siete mil 319 hectáreas en lo que va de año.


Los datos, dados a conocer por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, detallan la labor realizada por una entidad pública denominada Fuerza de Tarea Conjunta.


El área de erradicación se ubica en Cochabamba, los Yungas de La Paz y la región de Yapacaní, en Santa Cruz. Los datos están actualizados hasta agosto.


De mantenerse este ritmo, hasta finales de año se superará la cantidad de hectáreas erradicadas en 2011, cuando se logró eliminar o reducir 10 mil 509.


Hasta el momento, la zona donde más cultivos de hoja de coca fueron erradicados es el Chapare, departamento de Cochabamba, donde los miembros de la fuerza pública destruyeron cinco mil 578 hectáreas; le sigue los Yungas, con mil 547, y finalmente Yapacaní con 193.


En lo que va de la gestión de Morales, de 2006 a agosto pasado, la fuerza pública pudo racionalizar o erradicar 49 mil 192 hectáreas en las cuatro zonas mencionadas.


Bolivia es uno de los mayores productores de hoja de coca en el mundo, un cultivo milenario en la región, afectado por la demanda internacional de la cocaína.


Actualmente Estados Unidos, junto a España y Reino Unido por la Unión Europea, encabeza el consumo mundial de cocaína y mariguana, según datos del Observatorio Europeo de Drogas.


Demanda a medios informativos


El presidente Morales volvió hoy a ser blanco de críticas de la prensa por haber demandado ante tribunales a tres medios de comunicación, por el presunto delito de racismo y discriminación.


Diez informadores ganadores del premio nacional de periodismo pidieron al gobierno en carta pública “retirar las acciones penales” contra la católica Agencia de Noticias Fides (Anf) y los periódicos privados El Diario y Página Siete, que difundieron un discurso de Morales con presuntas distorsiones.


Morales dijo textualmente en agosto: “en el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo: solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimentos, mientras en el altiplano es diferente: si hay heladas y no hay lluvia, si hay granizada no hay alimentos; es una verdad esto, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.


Anf tituló un despacho sobre el discurso de la siguiente manera: “Evo dice que si se hambrea en oriente es por flojera”. A su vez, Página Siete publicó la nota con la cabeza: “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente”. El Diario tituló: “Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”.


Estos titulares, según el gobierno, provocaron quejas de grupos del oriente, cuyos liderazgos de derecha son opositores de Morales.


Las principales organizaciones de periodistas de Bolivia protestaron el miércoles en las calles por la acción judicial del gobierno.


Afp y Pl

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Jueves, 23 Agosto 2012 06:38

Baja moral

Baja moral
Es la que aqueja al ejército de EE.UU., la más numerosa de sus fuerzas armadas, según un estudio que el Centro de Conducción Militar de Fort Leavenworth, Kansas, encargó a la consultora ICF International: acaba de trascender y revela la existencia de un elevado número de suicidios de veteranos que regresaron de los frentes de guerra y una crisis de desconfianza hacia los altos mandos. Se llevó a cabo mediante un cuestionario enviado por Internet a militares de distintos rangos de las bases estadounidenses establecidas en el territorio nacional y en todo el mundo (//usacac.army.mil, mayo de 2012).


Llegaron 17.000 respuestas con los siguientes resultados: un 58 por ciento piensa que “el ejército es incapaz de retener a líderes dotados”; el 57 por ciento afirma que falta disciplina o que “el ejército es demasiado blando”; el 53, que hay mandos ineficaces en los niveles superiores; el 52, que muchos de éstos se equivocan al establecer las prioridades. Sólo uno de cada cuatro oficiales y soldados cree que la fuerza es conducida en la dirección correcta. Es éste un problema no menor en el marco de las restricciones presupuestarias del Pentágono y su propósito de dar de baja a 90.000 de sus 570.000 efectivos en los próximos años.


El general Raymond T. Odierno, jefe del Estado Mayor Conjunto del ejército, mostró su desazón en declaraciones al periódico Army Times: “Es muy importante para nosotros ser introspectivos y estamos empeñados en una autoevaluación continua” (//bostonglobe.com, 20-8-12). Ya había ordenado en mayo que se reexaminaran los diagnósticos de estrés postraumático de los veteranos, que determinan si los que fueron heridos pueden volver o no al campo de batalla. Algunos efectivos habían denunciado a la senadora demócrata Patty Murray que se los habían sustituido por otros diagnósticos con síntomas minimizados para ahorrar dinero (www.nytimes.com, 16-5-12).


La preocupación más grave, sin embargo, es la creciente tasa de suicidios entre los veteranos: 38 en julio último, la más alta en la historia reciente de las fuerzas armadas estadounidenses. La proporción de suicidios o aparentes suicidios en los primeros siete meses de este año fue un 22 por ciento mayor que la registrada en el mismo período del 2011: 23 de cada 100.000 militares se quitaron la vida. El mismo ratio aplicado a la sociedad civil alcanza al 18,5 por ciento según los últimos datos disponibles, una diferencia evidente.


Un nuevo rasgo se manifestó en el 2012: el número de suboficiales en activo con rango de sargento para arriba (sin inclusión de tenientes para arriba) que se quitaron la vida superó al de los jóvenes recientemente enrolados que resolvieron lo mismo. El analista militar Bruce Shahbaz subrayó que esto sucede por primera vez: “El ejército tradicionalmente ha considerado que el sector más proclive al suicidio es el de los soldados jóvenes, pero esto puede estar cambiando” (www.usatoday.com, 9-8-12).


Los mandos militares suelen echarle al suicidado la culpa de su trágica decisión. Hablan de la difícil adaptación a la vida civil de quienes vuelven del combate y no faltó el jefe que responsabilizó al consumo de drogas, es decir, nada que ver con la guerra. El propio Shahbaz se ganó el Oscar de las explicaciones improbables: señaló que el problema radica en que ya no los mandan al campo de batalla. El pequeño detalle es que antes del 11/9, cuando la mayoría de los efectivos prácticamente estaban en la casa, la tasa de suicidios era mucho menor.


Una investigación, tal vez la primera en su género, puso sobre el tapete la razón principal de esa suerte de inmolación: es de carácter moral. Dos expertos de la Universidad de Utah analizaron con 72 soldados de la base Fort Carson, Colorado, que habían fallado en su intento de suicidio, por qué razón llegaron a ese extremo. De las 33 preguntas formuladas, una tuvo una respuesta unánime: el deseo de terminar con una intensa angustia emocional (www.usatoday.com, 11-7-12).


“Estos muchachos tratan de matarse porque padecen un sufrimiento psicológico y un dolor intensos”, declaró Craig Bryan, coautor del estudio, quien no profundizó mucho en las causas de ese padecimiento. Es, sin duda, una cuestión compleja: la investigación revela que cada uno de los 72 soldados señaló en promedio diez razones para acometer el acto. Otra de las compartidas fue la necesidad de poner fin a una tristeza crónica, un medio para distanciarse de la gente o de expresar desesperación, agregó Bryan.


Quedan muchas preguntas en pie. ¿Qué relación habría entre esos suicidios y el haber presenciado y aun protagonizado hechos de extrema violencia como el asesinato indiscriminado de civiles, mujeres, ancianos, niños? Lo cierto es que el número de veteranos que sufren perturbaciones mentales aumentó un 62 por ciento desde el año 2000. A casi un millón de ellos se les ha diagnosticado al menos una.

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Sábado, 19 Mayo 2012 07:58

Golpe histórico al Ejército mexicano

Golpe histórico al Ejército mexicano
La detención de tres generales, esta semana, por presuntos vínculos con el narcotráfico, sin precedentes en la historia moderna de México, abrirá sin duda una nueva etapa en las relaciones entre el poder civil y los militares en este país. El estallido del caso, en el ecuador de la campaña electoral, ha desatado las especulaciones sobre la extensión de la corrupción en las filas del Ejército —implicado por el presidente Felipe Calderón en la guerra lanzada a principios de su mandato, en 2007, contra el crimen organizado— y también sobre la posible intencionalidad política de estos arrestos en vísperas de un cambio de Administración tras las elecciones del próximo 1 de julio.
 
El general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, un militar de gran prestigio y ex número dos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el general brigadier Roberto Dawe González, fueron detenidos el martes por su supuesta relación con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva, muy mermado en la actualidad, al que habrían brindado protección en años pasados. Ahora se ha sabido que el general Ángeles estaba siendo investigado desde tiempo atrás por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). El general Dawe dirigió una división del Ejército en el Estado de Colima, en el Pacífico, una ruta clave en el tráfico de drogas al norte, y fue representante de la Procuraduría General de la República (PGR) en el violento Estado de Chihuahua, fronterizo con EE UU.
 
El tercer militar arrestado, en la noche del jueves y al parecer en Veracruz, el general de división también retirado Ricardo Escorcia Vargas, había desempeñado a principios del sexenio de Calderón el cargo de subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor, uno de los 12 puestos más importantes en el organigrama de la Defensa Nacional. Escorcia Vargas se vio envuelto en un turbio asunto a finales de 2007, cuando comandaba la 24 Zona Militar. En aquel entonces militares y agentes de la Policía Federal Preventiva permitieron el aterrizaje de un avión cargado de cocaína procedente de Suramérica en el aeropuerto de Mariano-Matamoros, en el Estado de Morelos (centro del país), donde tanto los tripulantes como la droga desaparecieron. El avión estaba siendo monitorizado por la DEA. El general fue separado y degradado, pero finalmente salió limpio y fue enviado al Estado de Sinaloa (oeste) como jefe de la Tercera Región Militar, cargo en el que apenas duró dios meses, pues en 2008 solicitó un año sabático.
 
Funcionarios de la PGR a cargo de la investigación, dan por seguro que serán detenidos más militares en las próximas horas y niegan que éstas tengan relación con la política. “Las detenciones carecen de connotación o relación alguna con las campañas en curso o los candidatos en contienda”, ha declarado la PGR en un comunicado.
 
Las investigaciones contra los tres generales surgen a partir de las declaraciones de diversos testigos protegidos, identificados con los nombres de Jennifer, Mateo e Iván, hombres al servicio del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, que ya han realizado imputaciones en otros casos en el pasado que luego no fueron sustentadas.
 
La detención del general Ángeles, un militar de trayectoria intachable hasta su retiro en 2008, ha sido acogida con gran sorpresa entre académicos expertos en el mundo castrense, como Sergio Aguayo y Raúl Benítez Manaut. Este último subraya que el jefe militar era un hombre de despacho, al que le gustaba la compañía de intelectuales, y que “los narcos, a quienes habitualmente corrompen, es a los jefes con mando de tropas que actúan sobre el terreno”.
 
Otros comentaristas apuntaban ayer en la prensa mexicana a la posibilidad de enconos personales dentro de las Fuerzas Armadas, la existencia de un grupo de generales disconformes con la estrategia de guerra contra el narco ordenada por el presidente Calderón, e incluso una suerte de “asesinato de la reputación”, es decir, una operación política para desacreditarle y apartarle de la élite militar que acompañará al próximo presidente de México.
 
El general Ángeles participó el pasado 9 de mayo en un foro de seguridad organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí a la que asistió el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, en el marco de su campaña electoral. En aquel foro, el general criticó públicamente la falta de objetivos definidos en la lucha contra el crimen organizado. “Me atrevo a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional”, afirmó. Invitó a desarrollar un plan coherente en ese combate “y no estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos conducen a veces a la nada”. También defendió la creación de una nueva policía o guardia nacional. Peña Nieto no ha perdido un segundo en desligarse del general tras su detención.
 
Los generales Ángeles y Dawe se encuentran actualmente bajo arraigo durante 40 días, una figura jurídica muy discutida en México, pues permite la extensión de la detención durante todos esos días sin presentación de cargos mientras continúan las investigaciones. Los militares podrían ser procesados penalmente por la justicia civil por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Los arrestos se producen también en medio de un recrudecimiento de la violencia de los carteles de la droga con centenares de muertos en lo que va de mes.
 
Detenido un cuarto jefe militar
 
El teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto ha sido el cuarto jefe militar en caer en este golpe histórico a los supuestos vínculos entre narco y Ejército. Antes de Hernández Soto, que actualmente era subsecretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz., fueron detenidos, en un intervalo de una semana, los generales Ricardo Escorcia Vargas (la noche del jueves) y Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, el martes.
 
Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, de 53 años y que formó parte del cuerpo de Caballería, ocupó entre otros puestos el de subjefe de escoltas de la residencia presidencial de Los Pinos. Tras conseguir el retiro voluntario el 30 de noviembre de 2002, se reconvirtió en asesor de seguridad de varias empresas y, después, trabajó como inspector general en la Policía federal. En el Estado de Sinaloa, cuna del narcotráfico, fue nombrado director de la Policía Ministerial de 2008 a 2011. A continuación pasó a dirigir la Agencia Veracruzana de Investigaciones.
 
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) no ha precisado las causas de esta detención, ordenada el pasado 7 de mayo pero ha asegurado que "con esta última diligencia se cumplen las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República [la Fiscalía]". 

Por Luis Prados México 18 MAY 2012 - 21:48 CET
 
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Con la muerte en combate de 11 militares se reabren interrogantes sobre el servicio militar obligatorio
La muerte en combate de 10 soldados regulares y un cabo primero del Ejército Nacional, vuelve a poner en tela de juicio el servicio militar obligatorio.

Mientras el Estado colombiano condena el reclutamiento forzoso (en particular de menores de edad) por parte de los grupos armados ilegales, recurre a esta misma práctica con jóvenes de extracción popular y campesina, a través del servicio militar obligatorio.

Los recientes hechos de ocurridos en inmediaciones entre Panamá de Arauca y Arauquita, donde murieron 11 soldados regulares, son apenas el episodio más reciente de la tragedia que significa el conflicto armado, también para los jóvenes que son llevados a prestar el servicio militar obligatorio y luego son conducidos a zonas de orden público.

En este caso, se trataba de un pelotón de 13 soldados,  la mayoría no sobrepasaba los 21 años de edad, que habían iniciado su servicio en junio del 2011 y en septiembre fueron trasladados a Arauca, donde 11 de ellos murieron en medio de un combate con la guerrilla de las Farc. Según un comunicado de la Decima Octava Brigada, los hechos tuvieron lugar hacia las 4:30 p.m. del sábado en jurisdicción del municipio de Arauquita "a 600 metros hacia el sur de la carretera que de Panamá de Arauca conduce a la vereda Puente Lipa".

Los medios de comunicación han difundido ampliamente las declaraciones de familiares de los soldados quienes han denunciado que sus hijos no estaban preparados para estar en una zona de conflicto. Juan José Rodríguez, padre de Mauricio Alejandro Rodríguez, dice que él no estaba en condiciones de prestar el servicio militar. "El era mecánico de motos, de guerra no sabía absolutamente nada, pero así se lo llevaron para Arauca la zona más difícil del país".

Además de ser obligatorio, el servicio militar se ha convertido en la única fuente de trabajo y oportunidades para muchos jóvenes colombianos de escasos recursos, particularmente en el campo.  Los familiares del soldado Cristian Camilo Lugo confirmaron “que el joven se fue al Ejército con la ilusión de seguir la carrera militar y conseguir una vivienda digna para su madre y su hermano”.
Marta Ayala, tía del soldado Juan Ovidio Ortiz, dijo que su sobrino "con solo 18 años dejó de cultivar y trabajar en su finca en zona rural de Ibagué, para buscar un mejor futuro para su mamá y hermano".

A demás de ser reclutados obligatoriamente, estos jóvenes son destinados a vigilar la infraestructura de mega proyectos pertenecientes a grandes capitales nacionales y extranjeros, y no a “defender y mantener la soberanía, la independencia y la integridad territorial” que son las funciones del Ejército.

En el caso de Arauquita, los soldados en esta zona se dedican a cuidar el oleoducto Caño Limón – Coveñas, propiedad de la multinacional de origen inglés OXY. El Coronel César Oswaldo Morales Ramírez, Comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, afirmó recientemente que esta unidad militar había frustrado cerca de 17 eventos con explosivos contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Arauca.

Por su parte Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arcoiris, indicó que el 82 por ciento de las tropas del Ejército en esta zona, se dedica a cuidar infraestructura petrolera. Se estima que en Colombia hay unos 110 mil soldados regulares dedicados a  este tipo de operaciones de control militar del terreno.

La exministra de defensa Martha Lucía Ramírez, señala en su cuenta de twitter: que "el ministro ordene que en las zonas más difíciles en orden público sólo combatan soldados profesionales. ¡No más cuasi niños muertos!"

Mientras tanto, el gobierno nacional insiste en centrar la discusión sobre el “error táctico” que significó que los jóvenes permanecieran cinco y no dos noches en el sitio donde ocurrió la emboscada guerrillera, y promete apagar el incendio con más fuego: anunciando el envío de más hombres y equipos a la zona.

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Sábado, 03 Marzo 2012 08:33

La insolente insubordinación militar

La insolente insubordinación militar
La presidenta Dilma Rousseff enfrenta un problema serio con los militares brasileños. O más exactamente, con militares retirados, que suelen manifestarse a través de sus asociaciones de clase, los clubes de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Una nota en términos insolentes e irrespetuosos lanzada hace algunos días provocó la dura reacción de la presidenta, que determinó a su ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, a exigir que el texto fuese retirado de los portales, en Internet, de los tres clubes. La nota critica a las ministras de Derechos Humanos, Maria do Rosario, y de la Secretaría de la Mujer, Eleonora Menicucci (quien fue presa política, compañera de celda –y de suplicio– de Dilma). El texto dice no reconocer autoridad en Amorim y que, como jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, Dilma debería haber reprendido a sus ministras por las “críticas exacerbadas dirigidas a los gobiernos militares”.

No es la primera ni la décima vez que los militares retirados (e incluso activos) se insubordinan, en términos groseros, contra presidentes civiles en Brasil. Nostálgicos de la dictadura y al amparo de una esdrújula ley de amnistía que impide que se investiguen los crímenes practicados durante la dictadura que duró de 1964 a 1985, y principalmente impide que se juzgue a los responsables, gozan de impunidad para manifestar total falta de respeto frente a los civiles que alcanzaron el poder por la vía del voto popular. Basta con recordar lo ocurrido cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso, él mismo un ex exiliado político, creó el Ministerio de la Defensa, en 1998. Hasta entonces, cada fuerza armada era un ministerio en Brasil. El primer civil en ocupar la cartera de la Defensa, un político opaco llamado Elcio Alvarez, sintió la afrenta en el momento de asumir el puesto, cuando los tres comandantes de las fuerzas armadas se retiraron groseramente de la ceremonia.

Lula da Silva aguantó, a lo largo de sus ocho años en la presidencia, hartas demostraciones de la prepotencia de los uniformados, especialmente los retirados. Nada, en todo caso, se compara con lo que ahora enfrenta Dilma Rou-sseff que, además de primera mujer en llegar a la presidencia del país, es también la primera ex presa política, víctima de tortura, en gobernar Brasil.

En el fondo, se trata de una clara muestra de la resistencia que los sectores militares imponen a la instalación de la Comisión de la Verdad que investigará –aunque sin condición punitiva– los crímenes cometidos bajo la dictadura. Los presidentes de los tres clubes militares firmaron, ostensivamente, un manifiesto censurando a dos ministras civiles y a la propia presidenta, en un acto de insólita insubordinación. No hubo ninguna reprimenda de los comandantes militares activos.

La nota, firmada por 98 oficiales (incluso generales), provocó la inmediata reacción de Dilma, y luego de una rápida negociación entre el ministro de Defensa, Celso Amorim, y los comandantes de las tres armas, el texto fue retirado de Internet. Dilma determinó a su ministro punición para los responsables. Y ahí empezó la crisis: en la tarde de ayer, el mismo texto volvió a circular por Internet, pero ahora con la firma de 322 militares y 65 civiles. Firman el texto 44 oficiales-generales del Ejército y de la Fuerza Aérea (ninguno de la Marina), además de 195 oficiales superiores (13 de la Armada). Entre los civiles hay parientes de notorios torturadores.

Un comentario del general Gilberto Figueiredo, quien fue comandante militar de la Amazonia y presidió el Club Militar (que reúne a los tres clubes de las fuerzas armadas y es, con justicia, considerado un foco golpista desde hace al menos medio siglo), señala hasta qué punto se ejerce la insolencia. El general dijo que “cuando Lula era presidente, yo me sentía frustrado, porque nuestras notas de protesto eran sumariamente ignoradas y el tema moría en el mismo día”. Ahora, dice Gilberto Figueiredo, “gracias a la sorprendente reacción de Dilma Rousseff, eso se transformó en asunto nacional y el número de firmas de adhesión no hace más que aumentar”.

Entre los que firman el duro documento está el general Valdesio Figueiredo (un apellido común en el medio castrense brasileño, como se ve: conviene no olvidar que el último dictador también era un Figueiredo), ex presidente del Supremo Tribunal Militar. Es evidente que si adhiere a un gesto de clara insubordinación, lo hace por saber cómo los uniformados se juzgan entre ellos. También aparece el nombre del coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los más perversos y cobardes represores y torturadores de la dictadura.

El auge de la insolencia, sin embargo, le tocó al general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, quien fue comandante de la Escuela de Comando del Estado Mayor del Ejército y ocupó el puesto de secretario-general del Ejército, segundo en la escala de la fuerza en 2007, bajo la presidencia de Lula da Silva.

En una contundente entrevista concedida al diario conservador O Globo, de Río de Janeiro, Rocha Paiva reniega de la Comisión de la Verdad, critica frontalmente el deseo de aclarar torturas, muertes, desapariciones y ocultación de cadáveres y pregunta si Dilma Rousseff será convocada a testimoniar, ya que participó de “un grupo terrorista”. Luego de afirmar que nunca vio tortura en el Ejército durante la dictadura, dice dudar de que Dilma haya sido torturada. “Es lo que se dice, pero yo no sé...”, dijo.

Lo más sorprendente de todo eso es constatar que muy posiblemente no haya punición alguna a los insubordinados. Una ley firmada en 1986 por el entonces presidente José Sarney asegura a los militares retirados el derecho de opinar.

Es comprensible: durante la larga dictadura, Sarney era uno de los exponentes del partido Arena, que en la farsa parlamentaria de la época defendía ardorosamente el régimen. Ahora, para punir a los insubordinados, el gobierno tiene que encontrar alguna brecha en la ley.

Es decir, en Brasil, los torturadores quedan impunes, y militares irrespetuosos, insolentes e insubordinados, también. ¿Hasta cuándo?
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–¿Quieres que la arranquemos? –No. No sea que por arrancar
la cizaña arranquéis también el trigo; dejad que todo crezca. Cuando llegue el día de la siega, diré a los segadores: “Segad primero la cizaña, atadla en haces y quemadla
hasta reducirla a cenizas; pero el trigo,
llevadlo a mis graneros.

Giovanni Papini

María Esther Cayapú, naciste en la sombra de un silencio taciturno en el municipio de Florida (Valle del Cauca). Sobre tu rostro de ancestros indígenas, te advierto bella, airosa, de ojos lánguidos penetrantes, cabello abundante y piel cetrina. Reposas vehemente, fuerte, grácil, en el pensamiento de quienes te conocieron como compañera, madre, líder, partera y campesina.

Hacia 1975, erigiste tu casa en el municipio de Trujillo, con sentido ancestral recurriste a bahareque, madera y techo en teja de barro... Aquella casa llena de jardines, flores multicolores y olores recónditos se mezcló entre el montañoso paisaje verde y el bosque circundante. Entre el silencio de un tiempo taciturno, pariste a cuclillas seis hijos: Aníbal, Benedo, Ebert, Orlando, Doralba y Berenice. Con sobrio y pertinaz carácter, construiste amistades entre vecinos, comercializaste tu venta de moras, y tu presencia de partera penetra como una concavidad del destino en Trujillo. Abrigando quizá mortales concebidos por mujeres que entretejen la memoria distinta desde su útero: hombres, corteros, carpinteros, agricultores, sembradores, mujeres...

Entre este espacio y otro, el tiempo se asomó extrañamente en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 17 de abril de 1990. Diez individuos entre militares y civiles penetraron a la vereda La Sonora, deteniendo y llevándose a 11 personas: agricultores, corteros, sembradores, carpinteros y una partera: María Esther Cayapú...

Me he preguntado cientos de veces... ¿desapareciste como Alicia en el país de las maravillas o un trabalenguas te desapareció?

Dime triste trabalenguas
que trabas, tristemente a leguas ya no trabas


Preguntas y más preguntas, querida María Esther...

Con el tiempo una brisa se asoma y bajo mis pupilas tu rostro aparece sin tiempo. Una voz leve me dice:
 
...aparecieron las motosierras entre ahogos y tormentos, éstas se colaron entre palabras y gritos en el municipio de Trujillo... El color púrpura de tu cuerpo se levantó como señal en el río Cauca. Seguramente aún transitas entre peces multicolores por el río, posiblemente deambulas como otros tantos, sin hallar lugar fijo hasta que la historia nos diga donde debes detenerte, y probablemente nos respondan quienes te ausentaron de tu casa, de tus hijos, de tus amigos y de tu amado esposo...

Bajo tu desaparición aún aguardo y creo que esta espera no será vacua, vana, ante el impostor de la historia. Sí, te digo que la muerte oprime como una pesadilla en el pensamiento de quienes estamos vivos. Será probable que, mientras vivamos, nuestro compromiso por los ausentes sea perenne y constante, que insistiremos siempre...
Allí, María Esther te encarnas... Sí, como un acto de un pasado reciente. De un pasado que refleja nuestro propio presente.

¿Qué me anima a verte? ¿a instalarnos este 18 de julio de 2009? Me miro y te digo: lo verdadero, la búsqueda y el sentido por la significación de una historia que no repose en las más inocuas intransigencias, bordeadas quizá por la peste y el olvido ante quienes te desaparecieron esa madrugada del 17 de abril de 1990.

Sí, mi querida María Esther Cayapú. En la estratagema de una red aparecen todavía sombras tortuosas de concilios macabros, donde se gestaron desapariciones, centros de torturas, lugares de infierno, antros de fuego, que, con el tiempo, abrazados a las sombras permitieron fosas comunes...

Es necesario que sepas cómo se tiraniza la voz de los muertos, esa señal del tiempo sin conjuras, sin tradición, sin auxilio escabroso del pasado, bajo trazos de impunidad con nombres: militares y civiles que a través del engaño, la crueldad y la soberbia quisieron fosilizar la memoria de mujeres y hombres obscenamente en fosas comunes: los verdugos de un lado y las víctimas en ellas. Sin querer detenernos sobre el ergástulo de los fratricidas que recubren lo ocioso, lo pernicioso, lo injusto y lo macabro...

Tu voz femenina transita hacia otros signos de la palabra, para querer transformar seguramente tu historia, la de otros. Allá te encarnas en las circunstancias esencialmente elegidas por este pasado. Los de ayer, los otros y los de aquí. Te digo que la historia distingue el presente y el pasado en los hechos de la memoria…, Sí, Esther, los hombres hacen su propia historia. Sé que en nuestro tiempo seguirás vertiginosamente emergiendo sin desentendernos del presente. Ante ello, se asoma a mis ojos tu leve sonrisa, la indígena, la madre, la partera, la líder, la campesina que, sin enterrar la palabra junto a otros, seguirán desde su pensamiento dando señales de vida.

Te digo: lejos de ser cautivos de un pasado escabroso, pongámonos al servicio de la justicia en la piel de la memoria y caminemos justo en la frontera del presente ante el horror del pasado. En esa frontera del presente es necesario proseguir más allá, ante la astucia de un charlatán, maligno, burlador, despellejador, culebrero, homicida que fermenta el aliento desde su nicho hacia una mezcolanza de frívolos, ociosos, átomos pasivos, recaudadores de tesoros mal habidos, parásitos, fanáticos del dinero, petrificadores de la ley, de la historia, todos acumulando depósitos personales bajo su figura ‘patriarcal’, sin duda cubriendo su propia miseria bajo la baba de palabras y actos pedidos...
Publicado enEdición 149
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