Domingo, 10 Noviembre 2019 06:13

Un golpe de estado en marcha en Bolivia

Un golpe de estado en marcha en Bolivia

Evo Morales llamó a resistir la intentona y convocó a un diálogo con la oposición

Con la policía amotinada, las Fuerzas Armadas comunicaron que no intervendrán en las calles y llamaron a una "solución política". La oposición pide la renuncia de Evo Morales y rechaza cualquier salida electoral. Los sindicatos agrarios salieron a las calles del Alto a apoyar al presidente.

 

.La situación en Bolivia evolucionó rápidamente de un acuartelamiento policial en Cochabamba, el viernes, a una suerte de marcha sobre la capital el sábado, con la oposición llamando a la renuncia del presidente Evo Morales. El ejército se pronunció prescindente y pidió una solución política, mientras que finalmente los pobladores del Alto, en La Paz, tomaron las calles, se pronunciaron por Evo y avisaron que van a bloquear la llegada de policías rebeldes y de opositores. 

La mecha se encendió en Cochabamba, donde a las 18 del viernes se amotinó un cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y en las horas sucesivas se levantaron delegaciones policiales de los departamentos de Chuquisaca, Beni, Tarija, Santa Cruz, Potosí y Oruro. En la tarde del sábado, se sumó la conmoción que causaron los policías encargados de la custodia del Palacio gubernamental, que por un rato abandonaron sus lugares para hacer una asamblea, aunque después volvieron a sus puestos.

El ministro de Defensa Javier Zavaleta aseveró que el levantamiento en Cochabamba era en realidad un acuartelamiento y que estaba prevista la remoción del jefe policial. Los amotinados plantearon motivos sectoriales como la nivelación de sus salarios y jubilaciones a las de las Fuerzas Armadas. También pidieron que se garantice su independencia política y confesaron la insidia generada por el cívico Luis Fernando Camacho respecto a la promesa de “una nivelación al cien por ciento del salario”. En este contexto, en Cochabamba, fueron incendiadas las sedes de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico y del MAS.

Las imágenes de sublevaciones en distintas partes del país, donde se ve claramente cómo los policías agitan consignas respecto al fraude y la renuncia de Morales, entremezclándose y siendo vivados por civiles que incluso van hasta los cuarteles militares a exigirles su “apoyo al pueblo”, dan cuenta del grado político del acuartelamiento policial. Uno de los ejemplos más notorios fue en Tarija, donde el jefe policial vivó ante las cámaras el cántico hit de las protestas: “¡Nadie se rinde!”.

Respecto a las Fuerzas Armadas, Zavaleta aseguró que “el presidente Evo Morales y nuestro Gobierno han dado una orden estricta a que bajo ninguna circunstancia va haber un acuartelamiento, ni ninguna operación en calles de ninguna ciudad. Por tanto, la situación de las Fuerzas Armadas en los nueve departamentos y todo el país es de normalidad”. Y sobre los policías amotinados apuntó a que confía que el comandante nacional, Yuri Calderón, haga “reflexionar a los policías que por alguna razón se han amotinado y estamos seguros que la Policía va a continuar cumpliendo su labor constitucional que es dar resguardo a la ciudadanía”.

Este sábado por la tarde, las Fuerzas Armadas se pronunciaron por primera vez desde que hace 20 días estalló el conflicto, después de las cuestionadas elecciones de septiembre. Lo hicieron para anunciar que "nunca se enfrentarán al pueblo boliviano" y pedir que en el ámbito político se encuentre una solución velando los intereses del país.

“Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo, a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria”, anunció el comandante de esa institución, Willams Kaliman. El anuncio se hizo en conferencia de prensa junto todo el Alto Mando, compuesto por el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe, el Inspector de las FFAA y los comandantes de las tres fuerzas.

El gobierno denuncia, los cívicos avanzan

El viernes por la noche la Cancillería boliviana hizo público un comunicado a la comunidad internacional dando cuenta del golpe de Estado. Este sábado, el presidente Morales, volvió a ser enfático al denunciar el golpe en marcha contra su gobierno, “contra los movimientos sociales y contra los más humildes”. Por eso llamó a una gran movilización pacífica en pos de la democracia y del voto popular y convocó a una mesa de diálogo con las cuatro fuerzas políticas que obtuvieron asambleístas en las elecciones.

En cuanto a la oposición, quienes concentran por estas horas la atención mediática son los dirigentes de los comités cívicos encabezados por Camacho --de Santa Cruz-- y Marco Pumari --de Potosí--, que continúan incentivando al cerco de La Paz a través de la llegada de grupos de choque desde distintos puntos del país para presionar aún más sobre plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo. Camacho volvió a acercar las posiciones con Carlos Mesa y pronunció el mensaje más explícito de golpismo al celebrar los amotinamientos y felicitar a los policías “por estar con su pueblo, ¡Dios los bendiga!” y pedir a los militares que se unan “para cumplir el compromiso con el pueblo”.

La crisis se prolonga y se profundiza, la fecha máxima --entre el martes y miércoles próximo-- para que la OEA dé las conclusiones de la auditoría de las elecciones parece una eternidad. El propio lunes se avizora como otro atolladero institucional y una vuelta de tuerca sobre la convulsión ante la decisión tomada por opositores al mando de Camacho de entregar formalmente y en conjunto la carta de renuncia a Morales, lo cual elevará aún más las tensiones. La ofensiva de Camacho parece destinada a lograr la salida de Morales antes de que se conozca el resultado de la auditoría de la OEA. Camacho ya rechazó cualquier salida electoral y ni siquiera reconocería el llamado a una segunda vuelta, como propuso la OEA al comienzo de la crisis.

Apenas tres semanas han transcurrido desde la victoria electoral del MAS, pero el gobierno tambalea, la democracia cruje y sólo sobra la incertidumbre. Pero algo está claro respecto a los motines policiales: otro eslabón se ha roto en el camino del golpe de Estado.

Producto de los acuartelamientos, el sábado hubo actos vandálicos y agresiones a funcionarios, periodistas y militantes del MAS en distintos puntos del país. Entre varios hechos, el gobernador de Oruro sufrió el incendio de su vivienda, trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo por grupos de choque de la oposición que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

Justamente la CSUTCB convocó a cercar La Paz para que el cívico Camacho abandone en 48 horas la ciudad, medida a la que se plegaron las federaciones vecinales y diversas organizaciones de El Alto. Con el respaldo de los alteños se plantea un escenario de mayor conflictividad, pero que puede ser un factor de alivio para el gobierno boliviano.

 


Informe preliminar de la OEA insta a repetir las elecciones en Bolivia

 

Rusia today

 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de un comunicado, publicado este 10 de noviembre en su sitio web, ha instado a anular los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia y convocar nuevos comicios ante la tensa situación que se vive en este país latinoamericano, después de la victoria del actual jefe del estado, Evo Morales, entre denuncias de fraude por parte de la oposición.

"Desde la Secretaría General de la OEA reiteramos la disposición para cooperar en la búsqueda de las soluciones democráticas para el país, es por ello, que en virtud de la gravedad de las denuncias y análisis respecto al proceso electoral, que me ha trasladado el equipo de auditores, nos cabe manifestar que la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral", reza el comunicado del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

 

Publicado: 10 nov 2019 10:01 GMT

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La alcaldesa Patricia Arce fue secuestrada y agredida.  Imagen: AFP

Una violenta jornada se vivió ayer en Cochabamba, donde murió un joven en enfrentamientos entre quienes respaldan a Evo Morales y quienes piden su renuncia

Bolivia volvió a sacudirse por enfrentamientos y ataques violentos, con epicentro en la ciudad de Cochabamba pero con hechos en otros puntos del país este miércoles y nuevos choques nocturnos en la ciudad de La Paz. Esto se da en el marco de las protestas de la oposición contra el resultado de los comicios que derivaron en la reelección de Evo Morales, mientras se realiza la auditoría del escrutinio de parte de la Organización de Estados Americanos y el país está en crisis por un sostenido paro cívico.

Hacia el mediodía de ayer inmensas columnas de mujeres campesinas se manifestaron pacíficamente contra el racismo y por la democracia en el centro de la ciudad de Cochabamba. A la convocatoria de las “Bartolina Sisa” se sumaron cocaleros y militantes del Movimiento Al Socialismo y, pasado el mediodía, comenzaron los encontronazos con grupos de partidarios ligados al Comité Cívico de Santa Cruz, quienes arrojaron gases a mujeres y niños. A partir de ahí la mecha se encendió y los episodios violentos se multiplicaron a las localidades de Quillacollo y Vinto, municipio en el que se registraron los hechos más graves, incluyendo el incendio del edificio de la alcaldía.

La víctima mortal fue identificada como Limbert Guzmán Vásquez, de 20 años de edad. Durante la mañana se había informado el rescate de un joven gravemente herido en los enfrentamientos entre bloqueadores y desbloqueadores en el puente Huayculi, en Quillacollo. Guzmán fue trasladado al hospital Viedma, donde falleció en horas de la noche por “traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de base de cráneo, muerte cerebral y paro cardiaco respiratorio”. Aida, hermana de Limbert, sostuvo a la prensa que “el Partido de (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho le pagaron (para bloquear) y, como él estudiaba, quería ganarse unos centavos”.

“Resistencia Juvenil Cochala” se hacen llamar los integrantes de los grupos de choque que asolaron a Cochabamba a bordo de motocicletas y munidos de todo tipo de elementos de ataque. Están sindicados como quienes perpetraron los ataques contra Patricia Arce, alcaldesa de Vinto por el MAS, quien fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello, entre otros sometimientos. Un episodio similar padeció Félix Vegamonte, ex dirigente campesino, exviceministro y actual secretario de Coordinación con los Movimientos Sociales de la Gobernación de Cochabamba.

“Toda mi solidaridad con nuestra hermana alcaldesa Patricia Arce, secuestrada y vejada cruelmente por expresar y defender sus ideales y los principios de los más pobres. Condenamos las acciones violentas que causan luto y dolor en la familia boliviana”, escribió el presidente Morales en su cuenta en Twitter y también se condolió y condenó el asesinato de Guzmán.

 

Violencia en ascenso

 

Javier Zavaleta, ministro de Defensa, fue enfático al referirse a la escalada de violencia que azota al país y llamó al dirigente cívico Luis Fernando Camacho a que repliegue sus grupos de choque y a que deje de lado la incitación a movilizaciones, tomas de instituciones y cierres de fronteras: “Estamos a un paso de comenzar a contar a los muertos por docenas si es que el señor Camacho, en el transcurso del jueves, no hace un llamado a la pacificación de la gente que le sigue”.

En La Paz también se produjeron nuevos enfrentamientos la noche del miércoles, con 10 heridos producto de choques entre universitarios y mineros en los alrededores de plaza Murillo y de la Facultad de Derecho de la UMSA. La tensión se extremó pasadas las 21 horas debido al arribo de Camacho al aeropuerto de El Alto. Zavaleta también denunció que los cívicos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz trasladaron a estos grupos de choque para generar violencia en la sede de Gobierno.

 

“La cruzada” opositora

 

El clima de violencia y la tensión social es una apuesta de los sectores opositores principalmente nucleados en torno al Comité Cívico Nacional. Y uno de sus principales actores es el líder cruceño Luis Fernando Camacho, cuya estrategia de entregarle la carta de renuncia al presidente Morales ha ido al compás de la escalada de violencia.

En medio de un gran operativo de seguridad del Gobierno, Camacho finalmente llegó anoche a La Paz y montó todo un show mediático y en las redes sociales -con video incluido- que también fue usufructuado por otros opositores que -esta vez sí- lo esperaron y acompañaron durante horas, mientras en las calles alteñas y paceñas recrudecían los enfrentamientos.

"Quiero agradecer al pueblo boliviano por haberme acompañado en esta cruzada, esto generó la unidad de todos bajo una sola causa", posteó primero para luego sostener antes las cámaras: “Agradecer a la Policía por toda la colaboración y sobre todo a esa juventud, a esos hombres y mujeres que fueron a recibirme al aeropuerto. Decirles que ya llegué, que venimos a buscar la paz, no buscamos enfrentamiento, no queremos dividir Bolivia, queremos una sola Bolivia sin discriminación y sin racismo".

En tanto que Carlos Mesa, el derrotado candidato de Comunidad Ciudadana, le brindó su “solidaridad y respaldo” y le tendió un puente político: “Es muy importante establecer una línea de unidad de la oposición democrática boliviana independientemente de cualquier circunstancia particular, creo que esto es clave en un momento de crisis tan dramático como el que está viviendo Bolivia”.

Hay que ver cómo sigue hoy la saga de Camacho con su carta de renuncia al presidente mientras la convulsión sigue y el paro se agrava por los bloqueos de los pasos fronterizos internacionales de parte de sectores transportistas de carga pesada, lo cual está perjudicando también el libre tránsito de residentes y turistas.

En tanto, se esperan las conclusiones de la auditoría de la OEA, cuyo plazo finaliza el 11 de noviembre. Entre ese juego de luces y sombras, Luis Almagro, titular del organismo regional, apuntó vía Twitter que “las protestas por la misión de auditoria me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo”.

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Crisis en Bolivia: Las mujeres marcharon contra el racismo

La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa encabezó una gran marcha en Cochabamba contra el odio y el racismo frente a los golpistas "que arremeten la dignidad de las mujeres". Manifestantes a favor y en contra de Morales chocaron en el área de las oficinas gubernamentales.

 

Desde el 20 de octubre, en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se registran agresiones de opositores contra mujeres de pollera y de rasgos indígenas. Ya durante la semana pasada, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, conformada por mujeres de organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, quechuas, guaraníes, servidoras públicas, estudiantes, luchadoras sociales de larga trayectoria, entre otras, repudió los hechos de discriminación y violencia.

Uno de los más brutales episodios de intolerancia lo padeció, de parte de dirigentes cívicos de Santa Cruz, la gremialista Paola Aguilar Serrudo, quien denunció secuestro, torturas y lesiones graves ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Las denuncias de este tipo estructuran la movilización de mujeres y se complementan con el perdido del cese del paro cívico, ya que son ellas y sus familias quienes más se perjudican ante el debilitamiento de la economía informal.

La carta de la violencia

Finalmente, y como era previsible, la violencia latente estalló anoche en la ciudad de La Paz. Las escaramuzas y choques no han faltado durante las más de dos semanas de protestas contra el resultado de las elecciones del 20 de octubre, pero ahora se confirmó lo que desde finales de la semana pasada circulaba como rumor: grupos de universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) -la mayor del país-, que responden al cuestionado rector saliente Waldo Albarracín, articularían con integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para escalar tácticas y logística en los enfrentamientos en las calles paceñas, sobre todo en el área de plaza Murillo, donde se concentran ministerios, la Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno -Casa Grande del Pueblo-, custodiados por cientos de miembros de las organizaciones sociales y militantes del Movimiento Al Socialismo.

Hubo choques de todo tipo: entre quienes exigen la renuncia del presidente Morales y quienes lo defienden y, cerca de la medianoche, entre estudiantes y policías. Hubo fuego, piedrazos, golpes y detonaciones de dinamita, la Policía utilizó un carro antidisturbios y agentes químicos. El saldo fue de al menos ocho heridos, -seis universitarios, un comunario de Oruro y un médico, estos últimos con traumatismos cerebrales-, y varios detenidos.

José Antonio Barrenechea, comandante Departamental de la Policía de La Paz, reportó que las detenciones fueron "por ataques violentos y tenencia de explosivos y objetos contundentes". "Nos encontramos con personas contrarias a la pacificación que atacaron con piedras, explosivos y objetos contundentes a nuestro personal", explicó a la agencia estatal ABI. Tras tres horas de operativos, la Policía retomó el control de la zona, pero los universitarios se replegaron a bloquear en inmediaciones de la UMSA, corte que continúa hasta hoy junto a otras áreas clave del centro de la ciudad.

Albarracín, que durante los primeros días de la convulsión incitó a la guerra civil, había advertido horas antes en el canal universitario que sacaría por la violencia a los 'Ponchos Rojos' -campesinos de La Paz que respaldan a Evo Morales- si ingresaban a las dependencias de la UMSA. "Al momento que quieran dar un paso dentro de la universidad, los vamos a sacar. Así que ni se atrevan", amenazó. A su vez, informes policiales revelaron que el rector autorizó el uso de espacios de la institución pública para que los jóvenes escondieran escudos, máscaras, explosivos y otros elementos de ataque.

Tampoco se descarta que otro detonante de la violencia haya sido la tan mentada carta de renuncia escrita por el cívico cruceño Luis Fernando Camacho, que en horas de la tarde empezó a circular bajo réplicas en distintos nudos de conflicto, así por ejemplo la ostentaban los estudiantes a modo de trofeo o la quemaban los campesinos en señal de repudio.

La misiva llegó incluso a Londres, donde residentes bolivianos increparon a Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos -organismo a cargo de la auditoría del escrutinio que determinó la victoria del MAS en primera vuelta-, y le dieron el extorsivo mandato que Camacho no pudo llevar firmado a Santa Cruz ante un pueblo que iba a esperarlo de rodillas, según prometió en el cabildo del día lunes.

Fiel a su estilo de equilibrista algo tendencioso, Almagro tuiteó que "las protestas por la misión de la auditoría me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo. El pueblo de Bolivia merece toda la certeza técnica, jurídica y política, más necesarias que nunca".

Guerra a la economía

Por estas horas el país está semibloqueado debido al cambio de estrategia, que ha pasado de los cortes urbanos a la toma de instituciones. Aún persisten piquetes en algunas rutas interdepartamentales y se suma la medida del sector del transporte de carga pesada, que bloquea pasos internacionales, con lo cual la economía boliviana ya acusa el golpe de más de dos semanas de paro cívico.

El ministro de Economía, Luis Arce, informó que el daño económico a nivel país alcanzó los 167 millones de dólares -a un ritmo diario de 12 millones- y señaló que el efecto negativo será mayor en el Producto Interno Bruto (PIB) con el anuncio de toma de instituciones públicas y el cierre de fronteras, como sucede con el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional, cuyos ingresos están paralizados.

"Estas medidas que ha tomado el Comité Cívico tendrán consecuencias para los municipios, para las gobernaciones y para las universidades públicas que reciben recursos de la coparticipación", advirtió Arce e indicó que uno de los sectores más perjudicados es el industrial, "que poco a poco se va quedando sin insumos para operar".

Otro efecto no deseado de los bloqueos, y que perjudica a decenas de miles de beneficiarios, es la suspensión provisoria de los pagos de la Renta Dignidad -para adultos mayores, "quizás el único sustento periódico que reciben nuestros abuelitos"- y el Bono Juancito Pinto -para escolares-, dado que la toma de instituciones, cuyo ordenamiento realizó Fernando Camacho este lunes, también contempla a las entidades bancarias, afectando a su seguridad y a la de la población. "Eso se paga en oficinas del Banco Unión, que han sido tomadas, y del Senasir -Servicio Nacional del Sistema de Reparto-, varias de cuyas agencias han sido también tomadas por el comité cívico. Estamos dejando de pagar pensiones", comunicó el ministro.

Industrialización en suspenso

Además de los trastornos ocasionados a una población y a una economía cada vez más cautivas por las medidas extorsivas de la oposición, otro golpe fuerte al desarrollo del país se produjo en este contexto y tiene que ver con la industrialización del litio, o mejor dicho con su interrupción.

Luego de presiones que comenzaron las semanas previas a los comicios, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) logró que el gobierno derogara el decreto que disponía la creación de la empresa mixta YLB-ACISA, que integraba a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems Gmbh, que ya había garantizado 1.300 millones de inversión en plantas industriales en el salar de Uyuni para alcanzar un volumen de producción de hasta 65 mil toneladas anuales, con lo cual Bolivia se ponía a la par de las megaempresas chilenas y de capitales trasnacionales.

El proyecto contemplaba la producción de hidróxido de litio y de baterías de ion litio a escala industrial para exportar a distintos mercados, principalmente el alemán. Según el portal digital Primera Línea, COMCIPO está asesorado por Juan Carlos Zuleta, funcionario del gobierno de Chile. Hoy, en declaraciones a medios de comunicación, el dirigente de COMCIPO, Marco Pumari, llamó a la sociedad a "presionar en la Casa de Gobierno" y pidió que las protestas se trasladen de los departamentos a La Paz. 

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Notas (sueltas) sobre la crisis post-electoral boliviana

Todo parece desmadrarse en Bolivia después del 20 de octubre. Las acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores son las mismas: golpe /golpe, racismo/racismo, dictadura/dictadura y ya hay enfrentamientos violentos entre grupos de bolivianos en las calles. Claramente, el gobierno no midió los efectos de haber forzado la postulación contra el resultado de un referéndum y haberse obsesionado durante cuatro años solo con la re-reelección. Y no mide el descontento más allá de las (aún) buenas cifras macroeconómicas. En este tiempo, la potencia social fue reemplazada por la “potencia estatal”, lo que fue implicando una burocratización del apoyo al gobierno, un fuerte debilitamiento de la capacidad de irradiación hacia fuera de los núcleos duros y los "creyentes" y un empobrecimiento del discurso oficial (se ve en las redes, en los post de quienes aún tratan de defender al gobierno y en el propio discurso en la cúpula oficialista) y de su capacidad de movilización (la energía se desplazó al bloque opositor). Las nuevas figuras del gobierno, como Canelas, que lo rejuvenecieron, fueron absorbidas por esta dinámica regresiva. Y así el MAS se desconectó también de las nuevas generaciones que vivieron toda su vida consciente bajo Evo escuchando los mismos discursos.

Frente a los resultados del 20-O, de la desconfianza en el conteo emergió lo que parecía ser un movimiento democrático con epicentro en sectores medios urbanos. Básicamente los que representó Carlos Mesa, aunque muchos de sus votos fueron “votos útiles” contra el MAS más que apoyo explícito al ex presidente. Pero la decisión del gobierno de ir a una auditoría de la OEA –sin acuerdo previo con Mesa– dejó al espacio moderado sin nada que mostrar y, en un contexto de protestas callejeras, sin estrategia frente a un nuevo polo opositor. Este se articula en torno al Comité Cívico cruceño – “renovado” y recuperado luego de la derrota de 2008– que ha logrado una irradiación, a diferencia de 2008, fuera de la Media Luna, e incluso en La Paz. Camacho parece tener una doble fuente de legitimidad –religiosa: dijo que Dios debía entrar nuevamente al Palacio, de donde Morales lo habría expulsado, y “viril”: el “macho Camacho” parece tener “las pelotas” para plantearse frente a la “dictadura de Morales”, "anotar a los traidores en una libretita como la de Pablo Escobar", etc. Veremos si este empresario cruceño pasa a integrar la lista mundial de “subestimados” (incluso por mí mismo) que luego sorprendieron a todos o es solo un instrumento pasajero e histriónico de una creciente y radicalizada oposición al MAS.

La retención del líder cívico –que convoca cabildos masivos en Santa Cruz– en el aeropuerto de El Alto por militantes del MAS, en medio de insultos y amenazas, para que no llegara al Palacio Quemado a llevarle la “carta de renuncia” que “debía firmar” Evo lo victimizó como “secuestrado por hordas de masistas” alentadas supuestamente por el propio Estado; y eso en Bolivia siempre es un buen capital político (Evo también lo usó en su momento e incluso ahora sigue apelando a la victimización). Lo cierto es que en otras partes de Bolivia parece haber crecido la popularidad de Camacho -que dice que llevará la renuncia para que firme Evo en una mano y una biblia en la otra.

Pero al mismo tiempo, este giro –y la desaparición de Mesa, segundo en las elecciones, como actor principal– llevó también a una mutación en las protestas: el movimiento democrático incipiente, que reclamaba por el “fraude electoral” mutó a un movimiento lisa y llanamente opositor. La idea ahora es que Evo se vaya como sea. De esta forma, estas protestas se conectan con varias en la historia boliviana, y con una dinámica insurreccional donde cada sector corporativo inscribe sus indignaciones en una economía moral explosiva (ahora está Potosí que quiere más beneficios del litio, cocaleros enfrentados a Morales, estudiantes, médicos que vienen protestando desde hace meses… y muchos bolivianos a quienes no les alcanzan las buenas cifras macro); se dibujan además complejas fronteras de clase, ofensas a las identidades regionalistas y/o gremiales, alianzas que pueden parecer sorprendentes y una escasez de vías institucionales para moderar los enfrentamientos. Los propios medios de comunicación, en líneas generales, están contribuyendo bastante a la polarización política y social.

Por estas horas, más que fuerzas de seguridad vs opositores, lo que se ven son enfrentamientos entre los dos bandos a menudo con pasividad o intervenciones modestas de la policía. Pero es difícil ver cómo el discurso radicalizado del liderazgo por Santa Cruz puede vehiculizar una mejor cultura democrática en el país. Fernando Molina mostró bien en su breve artículos “¡Crisis de octubre’: analogías históricas” como funcionaron históricamente las dinámicas de enfrentamiento clasistas/territoriales/ étnicas post-Revolución del 52 y los imaginarios que las acompañaron. Mujeres creando lo resumió bien en un grafiti: “Indignación y racismo no son lo mismo”. Y no es difícil ver la analogía entre la expresión “hordas de de masistas” –que pueblan las redes- y hordas de indios/campesinos; lo mismo que en las denuncias de que “trajeron gente” de otros sitios…Este tipo de racismo no puede justificarse por el uso de estereotipos sobre los "cambas racistas" o los qharas al que apela el gobierno. Es claro que en este contexto se debilitan las palomas de ambos lados y gana espacio los halcones: quienes creen estar haciendo “la revolución” (Quintana habló de un nuevo Vietnam) y los que se entusiasman con líderes con “pelotas”, como Jair Messias al otro lado de la frontera (aunque este esté sorprendentemente calmo sobre el tema Bolivia).

Quizás Evo gane y siga un tiempo más; quizás sean los opositores quienes ganen la pulseada y se abra algún tipo de transición más o menos inmediata; hoy es difícil saberlo y aún pueden pasar demasiadas cosas. Por ahora, el gobierno se muestra aún con poder pero a la defensiva, y la oposición más activa juega a la insurreción (alguno hasta parece fantasear con algún farol), y en el medio hay también algunos demócratas ahora muy entusiastas con que Evo caiga como si eso per se mejorara en algo la calidad democrática en ausencia de algún acuerdo político y horizonte democrático compartido. Hay un bloque “nacional-popular” hegemonizado por el MAS que ha perdido legitimidad e iniciativa y otro bloque multiforme pero hegemonizado por un núcleo conservador. Entremedio las voces son inaudibles y Mesa es presionado para alinearse, por motivos de supervivencia, con este último.

Rafo Puente lo sintetizó bien: “Hemos vuelto a los peores tiempos y está quedando claro que en nuestro país sólo se puede respirar un ambiente de paz y tranquilidad cuando los desacuerdos ideológicos y políticos son entre bandos desigualmente fuertes (de modo que el más débil no puede hacer otra cosa que someterse; sin pensar en diálogo ni en acuerdos socio-políticos)”.

 

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Trump podría ser relecto en 2020, pese a escándalos y proceso de impeachment

 Por orden del magnate, funcionarios de la Casa Blanca se niegan a comparecer ante tres comités legislativos

Nueva York. A un año de las elecciones presidenciales, si las actuales tendencias en niveles de apoyo político y el desempeño económico se mantienen y no hay magnas sorpresas, el pronóstico es que Donald Trump podría ser el primer presidente formalmente acusado de delitos que ameritan su destitución –o sea que ha sido impeached– que logra su relección.

Pero un año en términos electorales es una eternidad, y si la historia es guía, los procesos de investigación sobre comportamiento criminal de un presidente que amerita un juicio político suelen revelar otros delitos y/o escándalos aún no detectados, o reacciones extremas que resultan en un delito más –como obstrucción de la justicia–, mientras, por otro lado, los mejores economistas casi nunca han logrado pronosticar las crisis.

Sin embargo, el hecho de que Trump aún goza de suficiente apoyo, a pesar de la larga lista de posibles delitos revelados en la investigación en curso junto con lo que salió a la luz durante la indagación previa por un fiscal especial, más los incesantes ataques presidenciales contra las normas e instituciones del gobierno, las acusaciones de corrupción, sus más de 13 mil afirmaciones falsas o engañosas documentadas, ni hablar de la más de 60 mujeres que han denunciado el hostigamiento y abuso sexual, entre tanto más, es casi increíble.

Según estrategas republicanos, para que Trump sobreviva el proceso de impeachment y sea relecto, se requiere de dos cosas: unidad firme entre republicanos –tanto entre la clase política como en el electorado– y una economía que siga registrando resultados positivos en empleo y ganancias, reporta Axios.

Ambas cosas por ahora están así. Trump, aun después de las revelaciones de las últimas semanas sobre Ucrania, no sólo conserva más de 85 por ciento de apoyo en las filas republicanas, mientras ni un solo diputado de su partido rompió filas al votar en contra del proceso de impeachment en la cámara baja la semana pasada. Más aún, analistas registran que por ahora Trump mantiene suficiente apoyo en los estados claves del mapa electoral para lograr la relección.

Batallas

El proceso de impeachment procedió ayer con cuatro altos funcionarios de la Casa Blanca que rehusaron comparecer ante los tres comités de la cámara baja encargados de la investigación, tal como ordenó Trump. No se sabe si otros que están citados esta semana harán lo mismo.

Si es así, esto podría detonar otra controversia legal, con legisladores demócratas formulando acusaciones de "obstrucción del Congreso", igual que se hizo hace medio siglo con Richard Nixon.

Por su parte, Trump y sus aliados republicanos continuaron descalificando tanto a los mensajeros como al mensaje.

Una vez más el presidente intensificó su presión para que se revele la identidad del denunciante que detonó el proceso de impeachment al reportar por canales oficiales que en la llamada entre Trump y su homólogo ucranio, el estadunidense le instó a lanzar una investigación contra sus rivales demócratas, invitando así a la interferencia de un poder extranjero en el proceso electoral de 2020 en Washington.

Según la ley, el denunciante –quien sólo ha sido identificado como un funcionario de inteligencia asignado a la Casa Blanca– tiene el derecho de mantenerse anónimo para proteger su seguridad personal. Sin embargo, Trump ha insinuado que sabe quién es, y lo ha acusado de ser pieza de los demócratas. En un tuit de ayer denunció que "el denunciante ofreció información falsa y se manejó con el político corrupto Schiff", en referencia al presidente del Comité de Inteligencia, el representante demócrata Adam Schiff.

Mientras tanto, hoy la cámara baja empezó a divulgar las transcripciones de las declaraciones de algunos de los testigos que se presentaron durante esta fase a puerta cerrada de la pesquisa.

Este mes se anticipa el comienzo de la fase pública de la investigación en la cámara baja que, se supone, culminará con la aprobación de acusaciones formales contra Trump, con lo cual será considerado impeached.

Esos cargos oficiales son enviados al Senado, donde se realiza el juicio político para determinar si será o no destituido, algo que por ahora se descarta por el apoyo casi total del presidente por la mayoría republicana.

Sin embargo, el impeachment no es la única batalla política que enfrenta el presidente.

Ayer un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de los abogados de Trump y ordenó que el magnate entregue sus documentos fiscales a un procurador estatal en Nueva York. Se espera que el mandatario lleve el caso a la Suprema Corte.

Por otro lado, el Departamento de Justicia está advirtiendo al autor anónimo que dice ser, o haber sido, un funcionario dentro de la Casa Blanca, que su libro por publicarse este mes podría violar acuerdos oficiales de no divulgación.

Y una columnista de consejos, E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de un ataque sexual en los años 90, presentó una demanda legal en su contra por difamación.

Un día más en el paraíso democrático estadunidense.

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Boris Johnson se compromete a prohibir indefinidamente el ‘fracking’ en todo el Reino Unido

Los conservadores abandonan su política energética de los últimos 10 años

La medida ha sido criticada como electoralista, pero no ha dejado de sonar como una victoria a los oídos de los grupos medioambientales del Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson se ha comprometido este sábado, a pocos días de que comience la campaña electoral, a prohibir de modo indefinido el fracking en todo el país, "hasta que no se aporten pruebas definitivas" de su seguridad. Esta técnica de extracción de gas del subsuelo mediante la inyección a presión de agua, arena o sustancias químicas se había convertido en la última década en la esperanza de los gobiernos conservadores de dotar al Reino Unido de mayor autonomía energética.

George Osborne, el ministro de Economía del Ejecutivo de David Cameron, llegó a asegurar que su propósito era convertirse en "líderes mundiales de la extracción de petróleo de esquisto". Y el propio Boris Johnson consideró que el potencial energético de esta práctica era una "respuesta a las plegarias de la nación". Cerca de 600 millones de euros se han invertido en lo que va de década en proyectos de investigación y prospección, a través de compañías como Cuadrilla, Centrica, Ineos, Total e Igas. Ya hay pozos exploratorios en localidades como Lancashire, Cheshire, North Yorkshire o Nottinghamshire. En todos los casos, los movimientos de la población local en contra de los proyectos habían adquirido mucha fortaleza. Los propios sondeos encargados por el Gobierno el pasado junio indicaban que solo un 15% de la ciudadanía respaldaba esta nueva técnica frente a un 35% que se oponía a ella.

El pasado agosto, un terremoto de magnitud 2.9 en la escala Richter provocado por el fracking sacudió los hogares de Blackpool. La Autoridad de Gas y Petróleo del Reino Unido (OGA, en sus siglas en inglés) concluyó, en un informe posterior, que "actualmente no era posible predecir con exactitud la probabilidad o magnitud de los terremotos asociados a las operaciones de fracking".

Presionado por las promesas de la oposición laborista, que había anunciado ya en su manifiesto electoral la prohibición total de esta práctica de extracción de gas, y por el rechazo popular, Boris Johnson ha anunciado por sorpresa, a través de su ministra de Energía, Andrea Leadsom, una moratoria inmediata fracking. "Aunque reconocemos el enorme potencial de extracción de petróleo de esquisto en el Reino Unido, que ayudaría a perfilar un futuro libre del consumo de carbón, siempre he establecido con claridad que esta práctica debe llevarse a cabo de un modo seguro. Después de revisar la investigación llevada a cabo por la OGA respecto a la reciente actividad sísmica en Preston New Road (Lancashire), ha quedado claro que no podemos descartar impactos futuros inaceptables en la comunidad local", ha dicho Leadsom al anunciar la suspensión indefinida del fracking.

Se añade a las inquietudes científicas el potencial daño electoral que supone el hecho de que Rachel Wolf, del grupo de asesores de Johnson que ha contribuido a redactar su programa electoral hubiera trabajado en un grupo de presión favorable a Cuadrilla, una de las empresas afectadas por la medida. La oposición laborista ya había sacado los colores al Gobierno al señalar la presencia en el equipo de campaña del primer ministro de Wolf, que calificaron de "escándalo democrático".

Las organizaciones de defensa del medio ambiente han celebrado el giro en la política conservadora, a pesar de que las razones que lo hayan impulsado no hayan sido de pura conciencia ecologista. "Esta moratoria es una victoria espectacular para las comunidades locales y para nuestro medio ambiente. Durante diez años la gente de todo el país ha llevado a cabo una batalla de David y Goliat contra esta poderosa industria. Nos enorgullece haber formado parte de esa batalla", ha dicho Craig Bennete, el director de la asociación Friends of The Earth (Amigos de la Tierra).

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha denunciado la medida como un "lavado de cara" que responde únicamente a la presión electoral. "Creo que suena a que el fracking volverá a ser una realidad el 13 de diciembre [el 12 de diciembre están previstas las nuevas elecciones generales en el Reino Unido], si los conservadores acaban reteniendo el Gobierno", ha dicho Corbyn este sábado

Por Rafa de Miguel

Londres 3 NOV 2019 - 15:44 COT

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Al menos dos muertos en enfrentamientos en Bolivia, donde ya arrancó la auditoría de la OEA

Ni el comienzo de la auditoría del escrutinio de las elecciones del 20 de octubre por parte de la OEA ha traído paz a un país convulsionado. Ya hay dos muertos y decenas de heridos en distintos enfrentamientos.

 

Pese a que desde ayer se audita el escrutinio que determinó la reelección de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial, Bolivia sigue convulsionada. "Nosotros no podemos manipular a toda una organización compuesta por 33 países", señaló esta mañana el canciller Diego Pary respecto a las intrigas sembradas por la oposición ante el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos para transparentar el proceso electoral y despejar las denuncias de fraude. También pidió que no se estigmatice al gobierno, exponiendo que el clima de conspiración, de crisis institucional e incluso de golpismo explícito ha llegado para quedarse y el día a día resulta poco predecible.

Lo mismo puede decirse de la mentada pacificación social, proclamada por el oficialismo y la oposición, ya que finalmente los enfrentamientos violentos se cobraron las primeras dos vidas -en Montero, Santa Cruz-, elevando la tensión en los reclamos al punto de que en el multitudinario cabildo convocado anoche en la ciudad de La Paz, miles de personas apuntaron directamente a la responsabilidad del Poder Ejecutivo al grito de "Evo asesino". Luego hubo fuertes choques entre manifestantes y la policía que resguardaba la Casa Grande del Pueblo.

Mario Salvatierra -de 55 años- y Marcelo Terrazas -de 41- murieron el miércoles por la noche en enfrentamientos entre bloqueadores, con quienes colaboraban las víctimas, y desbloqueadores. También hubo seis heridos y, al día siguiente, en el barrio Cofadena de Montero se perpetró la venganza con agresiones a pobladores y destrozos de viviendas. Hay versiones disímiles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabiliza a "hordas fascistas que se hacen llamar Unión Juvenil Cruceñista" -grupo de choque del Comité Cívico conducido por el separatista Luis Fernando Camacho-, los habitantes hablan de infiltrados, y la policía apresó a cuatro sospechosos anoche.

Estos hechos se suman a los ocurridos el martes en Plan Tres Mil, una populosa zona de la ciudad de Santa Cruz donde hubo decenas de personas heridas -uno de ellos, gremialista, de gravedad-, esta vez sí con claro involucramiento de jóvenes cruceños visiblemente armados.

En el plano político, la reticencia de la oposición representada por Carlos Mesa, de avalar el monitoreo del escrutinio que se realiza con especialistas de la OEA, más la consolidación de los radicalizados comités cívicos como parte de la pulseada para anular todo el proceso electoral y promover la destitución del presidente Morales, desgastan a un gobierno que durante los últimos días ha buscado bajar el tono de la confrontación.

En el cabildo de La Paz cobraron fuerza las dos nuevas consignas: “Anulación de las elecciones” y “Ni Evo ni Mesa”. Ambas ponen en aprietos al gobierno y al MAS, pero también generan interrogantes hacia las filas de Comunidad Ciudadana, cuyo candidato sería el único beneficiario si se realizase una segunda vuelta o se impugnase la primera, en caso de que se constate fraude según se determine a partir de las conclusiones de la OEA, cuyo plazo es perentorio en el contexto: de diez a doce días contando desde ayer.

La incitación de los cívicos a radicalizar posiciones frente a la eventual salida institucional que derivaría de la auditoría, llamamiento asentado sobre la intransigencia de clases medias y altas acerca de que hubo fraude, ahora mediante el pedido de que se anule la votación y se descabece a Morales, es una baza ya lanzada por los sectores que más apostaron por desestabilizar. Esto plantea, como tercer elemento cuyas reacciones son más difíciles de calcular que en el tira y afloje político, otro desafío a las dos principales fuerzas electorales.

Para Mesa significa, entre sus propios devaneos y errores, que el civismo le ha quitado protagonismo y que su propio accionar depende de la mayor polarización que están manejando los emergentes comités departamentales. La nueva consigna de las marchas urbanas se lo enrostra y lo corre por derecha.

Para el gobierno y el MAS implica la constatación de que el escenario de estabilidad institucional que existía hasta el 20 de octubre, y su propio destino como proceso de cambio, ha sido modificado diametralmente. Sí, como afirman el propio Morales y los principales cuadros de su gabinete, hay un golpe de Estado en marcha, sus piezas parecen ir ensamblándose de a poco. Y si, como también explicitan varios dirigentes, la auditoría puede darle un respiro a la convulsión, independientemente de cuáles sean sus resultados, la tregua sólo durará hasta entonces.

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 06:17

¿Qué pasa en Bolivia?

¿Qué pasa en Bolivia?

Bolivia vive una crisis política en la que el Gobierno denuncia golpe y la oposición fraude. El triunfo de Evo Morales en primera vuelta por un escaso margen dio lugar a masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo, con enfrentamientos en las calles de distintas ciudades del país

 

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54% de los votos. Desde entonces, el «primer presidente indígena» triunfó, elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83% de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08% y Carlos Mesa, 36,51%; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del «40 más 10», contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100% no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80%; que no se incluyó el 17% de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que « no fue una buena decisión» . Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el Gobierno acusaba a la oposición «racista» de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión «fina» sobre el escrutinio –el Gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

- Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen . Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar «otras vías» para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional . Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para «borrar» lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

- El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue «un campesino más». Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional («Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo», dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de «Revolución Democrática y Cultural». La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

- Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín , prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la «vuelta al pasado». La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un «populista», casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el Gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó «delincuente» a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por «notas» (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía « Patria o muerte» . Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a «radicalizar» los bloqueos y paros en las ciudades para «asfixiar al Estado» (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la « estabilidad de Sudamérica» (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del «oasis» chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

Por Pablo Stefanoni

Nueva sociedad

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El ex-presidente José Mujica vuelve al Senado de Uruguay como el más votado del Frente Amplio

Con 93,99% de votos escrutados, la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, cuyo líder es el ex mandatario uruguayo, obtuvo 262.124 votos.

De esta manera, Mujica tendrá un nuevo período parlamentario después de haber renunciado al Senado en 2018 para tomarse una licencia.

El ex presidente nunca dejó de aparecer en eventos oficiales, partidistas o de importancia. Además, es uno de los más aclamados tanto por el público como por la prensa.

Mujica, pese a su longevidad, decidió volver al ruedo electoral e intentar ayudar a su partido a atraer votantes en busca de un cuarto período de gobierno consecutivo.

Elecciones reñidas
Las elecciones uruguayas fueron de las más reñidas de los últimos tiempos. El candidato oficialista, Daniel Martínez, apenas alcanzó 40% de los votos.

Mientras que el candidato del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo 30% de los sufragios.

Consiguió que el resto de los aspirantes que alcanzaron representación parlamentaria para el próximo gobierno aceptaran formar una coalición para destronar al Frente Amplio.

Objetivo: ganar las elecciones
Ya con su banca asegurada gracias a la alta votación del MPP, ahora Mujica intentará ayudar a dar vuelta a la pisada y ayudar a su partido a ganar las elecciones.

Si bien todo pareciera indicar que el Frente Amplio tendrá un arduo trabajo para intentar revertir la situación y alcanzar una vez más el gobierno, Mujica desde su banca continuará su legado como uno de los políticos más influyentes de este siglo.

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