Lunes, 05 Octubre 2020 05:13

Manicomio

Partidarios y detractores del presidente Donald Trump se enfrentaron ayer en un mitin de apoyo a la policía en Macy’s Herald Square, en Nueva York.Foto AfpAmerican curios

 

 

Nadie sabe nada, o saben pero no lo dicen, o lo dicen pero es mentira, o tal vez están encubriendo algo pero son tan ineptos –igual en como han abordado la pandemia– que ni eso logran hacer bien. Es como una comedia de los hermanos Marx, pero estamos hablando de la comandancia de la última súperpotencia, la cual se ha vuelto un manicomio.

El "enemigo invisible" ha penetrando el lugar más seguro y protegido del planeta, la Casa Blanca, y contagiado al mismo que ha minimizado el Covid-19 –"afecta virtualmente a nadie", dijo la semana pasada”– y quien se ha burlado de sus propios científicos y de la necesidad de medidas de mitigación y a quien, según investigaciones recientes, es considerado el mayor propagador de información falsa sobre el Covid-19 en Estados Unidos.

Trump ha buscado evitar la responsabilidad de su manejo desastroso de la pandemia que ha matado a unas 205 mil personas en su país, pero ahora se ha convertido en el paciente en jefe de Estados Unidos. El hombre más poderoso del mundo, quien ha intentado desmantelar programas de bienestar social y salud, ahora está en un hospital público donde se practica la medicina socializada, donde el multimillonario, quien no pagó impuestos federales durante por lo menos 10 años, recibirá atención gratuita pagada por los que sí pagan sus impuestos.

En un gobierno encabezado por un mandatario que ha hecho por lo menos 20 mil declaraciones falsas o engañosas desde que llegó, según el conteo del Washington Post, no sorprende que nadie le crea nada. Desde que envío su tuit a las 12:54 de la madrugada del viernes informando que él y su esposa habían sido contagiados, la especulación ha dominado por falta de información verídica. Hasta el médico encargado del paciente número uno tuvo que confesar que no había dicho la verdad el viernes, afirmando que no "necesariamente" estaban buscando ocultar algo; o sea, se podría decir que tampoco era "necesariamente" la verdad. Pero insiste en que ahora sí le pueden creer.

Mientras tanto, no se sabe cuántas personas han sido contagiadas por el propio presidente y su equipo dentro de la Casa Blanca o en actos realizados sin medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas a lo largo de los últimos días (eso sí, desde que se anunció que estaba contagiado, de repente y por primera vez, casi todo su equipo aparece con cubrebocas).

Buena parte de los contagios, incluido el del presidente, podrían haber surgido del acto que se llevó a cabo en la Casa Blanca el sábado antepasado, pues por lo menos ocho de las aproximadamente 150 personas que asistieron, entre ellos el magnate y su esposa, ahora están contagiados de Covid-19, así como dos senadores, el ex gobernador Chris Christie, la consejera del presidente Kellyanne Conway y el rector de la Universidad de Notre Dame. Durante la semana se informó que una asesora cercana de Trump, la presidenta del Comité Nacional Republicano, y el jefe de la campaña de relección del presidente, Bill Stepien, tienen el virus.

El jueves, aun después de saber del contagio de su asesora, al cual estuvo expuesto, Trump viajó a una reunión con unos 200 donantes y aliados, potencialmente contagiando a varios ahí.

Ahora, la Casa Blanca es un posible foco de contagio peligroso. Los gobiernos deberían por lo menos alertar a sus ciudadanos de que si están visitando la zona, eviten pasar cerca de la sede del Ejecutivo estadunidense, que ahora es incluso más nociva para la salud pública que antes.

Mientras, circulan versiones en los medios de que dentro de la Casa Blanca tampoco saben qué tan enfermo está el jefe y que hay un ambiente de alarma porque todos los que trabajan ahí podrían haber sido expuestos, pero también porque no se sabe quién está a cargo del gobierno ni las implicaciones para su futuro.

O sea, nadie sabe nada, o lo saben todo, o dicen que saben pero no o si saben, pero no quieren decir. Es un manicomio donde los pacientes dicen que tienen todo bajo control.

https://open.spotify.com/track/ 2t8GBp5kQEXVamVq4Odwe2?si=UYFN5GCYSeSUeBG_mNWtXw

https://youtu.be/T8Rfb1Jtmic

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No comparen los cismas de Estados Unidos con la guerra civil en Líbano

Hubo un tiempo, durante los años 90 e incluso después de 2000, en que de cualquier país en peligro de caer en caos político o "implosión" –palabra que detesto instintivamente al igual que "epicentro"– se decía que estaba en riesgo de "libanizarse". Yibuti se convertiría en "el Beirut del cuerno de África", y los Balcanes, inevitablemente, serían objeto de "libanización". Por un momento, las pequeñas guerras civiles –Tayikistán, Ucrania– pudieron "balcanizarse". Pero la mítica Suiza de Medio Oriente, ese Beirut del paraíso y el infierno, siempre regresaba poco a poco. Para ser un país que durante década y media después de concluir oficialmente su guerra civil imitó al ave fénix, esto era muy injusto.

Pero ahora, Beirut está de nuevo en el registro internacional de locura, irracionalidad política, corrupción y violencia. ¿Con qué se le compara esta vez? Con Estados Unidos, por supuesto. Los pobres libaneses no merecen esto. La política estadunidense hacia su pequeño país y el servil apoyo de Washington hacia las habituales invasiones de Israel, han contribuido mucho a producir la tragedia de Líbano. De seguro, la presidencia de Trump y lo que se prevé como sus escandalosas secuelas –un trumpismo permanente mientras el ejército estadunidense decide si defiende o ataca a la Casa Blanca en noviembre– ha devuelto a Beirut al tablero de los lugares comunes.

Entra, por tanto, un amigo a quien juré hace un par de semanas no volver a mencionar… por lo menos en los siguientes seis meses: El mensajero imperial del New York Times, Thomas Friedman. Tom y yo compartimos algunas historias en los 80 cuando ambos cubríamos la guerra civil libanesa, hasta que a él lo enviaron a Jerusalén y dejó Beirut. La semana pasada regresó con mucha determinación… al menos metafóricamente. En CNN pregonó una ecuación clásica que se ve bien, pero no tiene mucho sentido, y que todo mundo recordará más tarde.

"Como saben, comencé mi carrera como periodista cubriendo la segunda guerra civil en la historia de Líbano", dijo Friedman a Anderson Cooper, "y estoy aterrado de encontrarme al final de mi carrera como periodista cubriendo la segunda guerra civil en la historia de Estados Unidos".

Cooper le preguntó retóricamente: "¿En verdad lo cree?", y claro, Tom reiteró que las aseveraciones de Trump –en cuanto a que no llevará a cabo una transición pacífica del poder– pueden llevar al país a una segunda guerra civil.

Olividemos por un momento que sólo una vez en la historia de Líbano –mucho después de que Tom se fue de ahí– el país tuvo dos primeros ministros rivales uno de los cuales, por casualidad, es el actual presidente (y tiene el apoyo de Siria). Originalmente fue expulsado a bombazos de su palacio en 1990 –y aquí vamos de nuevo– por los sirios.

Pero no importa, Friedman se sumergió de nuevo en las calmadas aguas de Levante en septiembre, sólo un mes después de que se dedicó a emular a Casandra con sus catastrofistas predicciones sobre Trump, cuando comparó la profundamente desconfiada reacción de los libaneses a la explosión de nitrato de amonio que devastó varios distritos de Beirut con la reacción de estadunidenses al Covid-19 . “Como en Medio Oriente –anotó el mensajero imperial– cada vez más, en Estados Unidos todo es político, incluso el clima, incluso la energía, incluso el uso de cubrebocas en la pandemia”.

Pero luego se embarcó en una crítica desproporcionadamente injusta a la historia reciente de Líbano y culpó a la naturaleza sectaria de la sociedad libanesa de la mayoría de las desgracias del país. Agregó que los dos partidos políticos estadunidenses se asemejan a las sectas religiosas que se disputan el poder, esto fue incluso antes de la compulsiva perorata presidencial del martes en el debate.

“Ellos (los libaneses) llaman a los suyos ‘chiítas, sunitas y maronitas’ o ‘israelíes y palestinos’”, escribió Friedman. “Nosotros llamamos a los nuestros ‘demócratas y republicanos’, pero los nuestros ahora se comportan como tribus que creen que deben triunfar o morir”. Bueno, hasta cierto punto, Lord Copper*.

Existen dos elementos faltantes en estas matemáticas simplistas. La segunda guerra civil libanesa que Friedman cubría estaba íntimamente ligada a la tragedia de los refugiados palestinos, de los cuales 350 mil vivían en campos de refugiados en Líbano en ese momento. Sin esta población desposeída, el sectarismo pudo haber sobrevivido sin conflicto –y sin las matanzas de Sabra y Chatila que Friedman cubrió en 1982.

La invasión de Israel a Líbano ese año –cuyo objetivo era obligar a los palestinos a huir a Siria y cementar así a la minoría cristiana maronita en el poder– costó 17 mil vidas, casi 9 por ciento del total de muertos de la guerra civil, cosa que Friedman dejó fuera después de esa breve mención de los "israelíes y palestinos".

No me sorprende porque actualmente la más obvia comparación política entre Medio Oriente y Estados Unidos es la que surge entre los palestinos y afroestadunidenses. Sé bien que unos luchan contra el nacionalismo y otros contra el racismo, pero sin importar cuánto los israelíes y sus supuestos amigos traten de manchar a quienes sugieren que existe un paralelismo entre un policía blanco disparándole a un afroestadunidense y un policía israelí disparándole a un palestino, tanto los hombres y mujeres negros en Estados Unidos como los palestinos tienen una demanda en común: su dignidad y sus derechos humanos.

Los negros en América fueron desposeídos de sus tierras cuando sus ancestros fueron esclavizados hace 400 años. Los palestinos fueron arrancados de sus tierras apenas hace medio siglo. Pero ambos tienen reclamos legítimos con mucho en común. Apenas fue sorprendente que quienes respaldan el movimiento propalestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, dieron su apoyo de corazón a Black Lives Matter.

De la misma forma, es imposible no ver las reacciones personales de muchos negros americanos a la tragedia palestina. En muchos viajes a Estados Uidos, siempre que hablo con una persona negra sobre Medio Oriente, el 100 por ciento me ha expresado su empatía y pesar por los palestinos. Siempre hablan con conocimiento, sinceridad y genuina preocupación de Cisjordania, Gaza y la diáspora de refugiados palestinos. Por otra parte, la mayoría de los estadunidenses blancos, incluidos, claro, muchos judíos, casi siempre responden con alarma ante cualquier discusión directa sobre los palestinos. Saben que criticar a Israel tiene un precio.

Pero nada de esto, al parecer, es digno de discutirse durante las elecciones en Estados Unidos. Me pregunto por qué. Y aunque Friedman se enfrasca en cuestiones religiosas de Líbano, no ha hecho hincapié sobre la dolorosa influencia de los cristianos evangélicos en Trump y su apoyo por Israel. Esto no es tema de discusión durante la campaña electoral estadunidense, en la semana del maratón de gritos trumpistas, y ciertamente no es tema tampoco en ninguna columna de un periódico de Estados Unidos. Pero es central en la política nacional (si es que existe una criatura así en Trumplandia) de Medio Oriente.

Sí, todos sabemos que la educación, la salud y el empleo vienen primero en las elecciones estadunidenses, como ocurre en la mayoría de las democracias. Pero si vamos a discutir el futuro de Estados Unidos en relación con la estructura de una nación trágica y rota como Líbano, hablemos de las verdaderas lecciones que deben aprenderse de Medio Oriente. Si ahora todo es la política en Estados Unidos, como sostiene Friedman, debemos decir la verdad sobre la sangrienta historia de las tierras que el próximo presidente encontrará –inevitablemente– encabezando la lista de peligros potenciales en los meses por venir.

Debo agregar que Tom sigue siendo un buen amigo. De hecho, meses antes de que el Covid-19 nos envolviera a todos, Friedman y yo aparecimos, aunque no compartimos escenarios, en una feria del libro en la costa este de Irlanda. Nos vimos para un café dominical en un pequeño comercio local donde me expresó su desprecio por la falta de confianza que le inspira Trump (no suficiente desprecio en mi opinión, pero así es Tom). Cuando ya nos íbamos, me despedí de Mairead, la propietaria del local quien conozco desde hace años. Estaba a punto de presentarle a Tom cuando él le obsequió su sonrisa triunfadora y le dijo: "Yo soy el Robert Fisk de Estados Unidos".

¡Dios me libre, eso sí que no se me había ocurrido!

© The Independent

Traducción Gabriela Fonseca

* Personaje de la novela satírica Scoop (1938) de Evelyn Waugh. Lord Copper es un magnate del periodismo, osado pero inepto, con especial interés en cubrir guerras en el extranjero de manera sensacionalista (N. de la T.).

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Socialdemocracia: ¿entre «comunitaristas» y «cosmopolitas»?

El paradigma estratégico básico que permitió el éxito electoral socialdemócrata de la posguerra ya no existe. Ahora, los socialistas democráticos tienen más de una perspectiva. Y algunas de ellas han entrado en disputa. Para algunos analistas todo se reduce a que los partidos socialdemócratas se debaten entre trabajadores y trabajadoras «comunitaristas» y profesionales «cosmopolitas». Pero la cuestión no es tan sencilla.

 

Los partidos socialdemócratas enfrentan desafíos estructurales sin precedentes. Desde la década de 1970, han hecho esfuerzos para ofrecer a los votantes una alternativa a las políticas económicas neoliberales de la derecha, abandonando el modelo keynesiano de pleno empleo y corporativismo social. Se dice que la globalización y la integración europea han erosionado la solidaridad de los Estados nacionales de Bienestar y reducido las herramientas gubernamentales de política social. Mientras tanto, los recursos de poder tradicionales de la socialdemocracia de Europa occidental se redujeron en forma drástica debido a la desindustrialización y a las transformaciones del mercado laboral, de manera tal que la base trabajadora de la socialdemocracia es hoy solo una fracción de lo que era en el pasado.

Para decirlo de una manera simple, el paradigma estratégico básico que permitió el éxito electoral socialdemócrata de la posguerra durante los Treinta Gloriosos ya no existe. La «tercera vía» intentó reconciliar el clima económico globalizado con la formulación de políticas socialdemócratas, pero a largo plazo se convirtió en un fracaso electoral.

Ante el éxodo de su electorado de clase trabajadora, muchos partidos socialdemócratas adoptaron una posición «más dura» respecto a la inmigración y se inclinaron por la asimilación en cuestiones de integración. Sus dificultades para asumir una postura coherente respecto a la política social y la inmigración/integración durante las últimas décadas se pueden atribuir principalmente a los dilemas estratégicos que han venido enfrentando, mientras intentan construir una coalición de votantes más duradera y buscan volver a plantarse como una (muy necesaria) fuerza electoral estable en los sistemas de partidos de Europa occidental.

Un nuevo clivaje

El cambio ocupacional a gran escala asociado al relativo declive de la clase trabajadora ha reducido lo que los politólogos describen como el «destaque» del «clivaje» de clase y ha transformado la estructura de clase en Europa occidental. La bibliografía académica ha alcanzado un consenso creciente en cuanto a que la nueva coalición electoral de la socialdemocracia está compuesta especialmente por trabajadores de la producción y profesionales del ámbito sociocultural (como docentes, trabajadores sociales y personal médico asalariado). Mientras que el clivaje de clase tradicional perdió destaque, también se ha vuelto cada vez más evidente que la globalización resultó en un nuevo clivaje destacado, el que contrapone a «ganadores» y «perdedores» de la globalización en términos de cosmovisión (respectivamente) universalista y particularista.

Utilizando datos de la Encuesta sobre Elecciones Nacionales en Bélgica, he demostrado que esta oposición literalmente divide al electorado socialdemócrata flamenco. Apelar tanto a los trabajadores de la producción particularistas de izquierda como a los profesionales del área sociocultural universalistas de izquierda está resultando difícil cuando el nuevo clivaje tiene un lugar destacado, en especial en la medida en que los partidos populistas de derecha radical se posicionan estratégicamente para alinearse con los trabajadores de la producción, mientras que los partidos verdes se especializan cada vez más en dirigirse a los profesionales del ámbito sociocultural.

Tampoco se alinean completamente las preferencias de estos electorados en cuanto al Estado de Bienestar. Si bien ambos apoyan un Estado intervencionista, 30% de los trabajadores de la producción, pero tan solo un insignificante 2% de los profesionales del área sociocultural adoptan una postura populista, que combina un igualitarismo nativista excluyente con una crítica del funcionamiento del Estado nacional de Bienestar. Los profesionales del ámbito sociocultural son más proclives a creer en una solidaridad universal, más allá de los límites de cada grupo, que los trabajadores de la producción (15% y 7%, respectivamente), y a tener un perfil de izquierda favorable a la inversión social (52%, en comparación con 23% de los trabajadores de la producción). Tanto los trabajadores de la producción como los profesionales del ámbito sociocultural pueden sin embargo estar de acuerdo en cuanto a la importancia de un Estado redistributivo e intervencionista.

El dilema agravado

Los electorados socialdemócratas están internamente divididos entre estos dos grupos, al tiempo que se esfuerzan por forjar una coalición duradera entre clases. Este dilema electoral se agrava debido a su postura ambigua y a veces lisa y llanamente conservadora respecto a la inmigración y la integración, lo que razonablemente puede desanimar a los votantes de minorías étnicas. La bibliografía reconoce cada vez en mayor medida que los intereses de las minorías étnicas juegan un rol fundamental en el cálculo electoral de sus integrantes, y los partidos socialdemócratas pueden perder votantes de las minorías al adoptar una postura que dañe esos intereses.

Una vez más, los patrones de competencia electoral son cruciales. En un buen número de países de Europa occidental asoman la cabeza partidos basados en minorías étnicas, lo que constituye tal vez el atractivo más creíble para defender los intereses de esas minorías allí donde los socialdemócratas están fracasando, si bien esos partidos parecen enfrentar el obstáculo de los umbrales electorales. Cuando en Amberes, un antiguo baluarte de su agrupación, los socialdemócratas adoptaron algunas políticas controvertidas en su esfuerzo por contener el avance de la derecha radical, fue el Partido del Trabajo de Bélgica (PVDA, por sus siglas en neerlandés), de izquierda radical, el que se benefició con sus devaneos respecto al tema de la integración.

Una mayor percepción de discriminación étnica se conecta con un voto por la izquierda radical, y no por los socialdemócratas, lo que explica al menos en parte el aluvión de votantes de minorías en favor del PVDA en las elecciones recientes. Al tratar de recuperar algo de su anterior electorado de trabajadores de la producción particularistas de izquierda, los socialdemócratas se ponen en posición de perder su electorado de minorías étnicas, que podría decirse que ha sido el único sector sistemáticamente leal en las décadas recientes.

Potencial de movilización

Es cuestionable que pueda considerarse que los votantes de la clase trabajadora particularista de izquierda, el antiguo núcleo del electorado socialdemócrata, tengan todavía un potencial de movilización, en particular allí donde los partidos de derecha radical apuntan a estos votantes con un programa de asistencia social populista. Sin embargo, las pérdidas en este grupo de votantes no indican la muerte de la socialdemocracia, ni convierten necesariamente a los partidos socialdemócratas en partidos «de clase media», indistinguibles de los verdes.

En primer lugar, una buena parte de los trabajadores de la producción (7% en Flandes) tiene una visión de izquierda universalista, y una porción aún más grande (23%) apoya la inversión social. Los votantes de la clase trabajadora con un perfil similar están aliados ideológicamente con los profesionales del ámbito sociocultural, y esto constituye la base para una coalición interclasista contemporánea de la socialdemocracia. Para los partidos socialdemócratas, esto significa que pueden combinar un enfoque en la política de clasetrabajadora y el universalismo, al tiempo que conservan su raison d’être como partidos que representan las demandas de la clase trabajadora sin tener que recurrir a políticas de inmigración conservadoras.

Además, si bien sus preferencias en cuanto a política social pueden diferir, los tres electorados fundamentales de la socialdemocracia apoyan un Estado fuerte e intervencionista que redistribuya recursos mediante impuestos, la primera y principal incumbencia de la socialdemocracia. Sacar provecho de su imagen como defensores primarios del Estado de Bienestar requerirá sin embargo que los partidos socialdemócratas avancen más allá del paradigma neoliberal de «responsabilidad» presupuestaria y recorte del Estado de Bienestar, si es que pretenden satisfacer los diferentes intereses de una coalición electoral diversa.

Traducción: María Alejandra Cucchi

Fuente: Social Europe

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Lunes, 28 Septiembre 2020 05:58

Asombro

Un participante en las protestas de Black Lives Matter en Portland, Oregon, recibió ayer atención médica por el gas pimienta que le roció la policía.Foto Afp

Para todos quienes hemos vivido en América Latina, las coyunturas electorales frecuentemente incluían especulaciones sobre el despliegue de violencia oficial, el papel de los militares, golpes de Estado e injerencias extranjeras. Nada de esto estaba en el vocabulario estadunidense en torno a sus propias elecciones. Pero hoy día se puede anunciar que, en este sentido, Estados Unidos ya se latinoamericanizó.

No es que las elecciones en Estados Unidos hayan sido un ejemplo de pureza. Por supuesto, existe una larga tradición de maniobras ilegales, corrupción, una larga historia de supresión del voto y un sistema que no puede garantizar que cada voto cuente, ni que se cuentan todos los votos.

Desde 2016 en adelante también se ha estrenado el tema de la injerencia extranjera en el proceso electoral, provocando investigaciones por agencias de inteligencia, acusaciones contra actores foráneos y denuncias rimbombantes de la violacion de esos sagrados principios de la soberanía y la autodeterminación al intervenir en el proceso democrático de una nación, con muy poca ironía al ignorar la historia de injerencia e intervención estadunidense en demasiadas elecciones del mundo.

Esta coyuntura electoral ya de por sí se realiza en un contexto sin precedente: en la crisis de salud pública más grave en un siglo, en la peor crisis económica desde la Gran Depresión y una crisis social con el estallido del movimiento de protesta más grande de la historia del país sobre el racismo sistémico y la violencia oficial.

Pero junto con ello, es una coyuntura electoral donde el mismo presidente está amenazando con detonar una crisis política tan severa que algunos advierten podría marcar el fin del llamado “experimento americano”.

Trump ha cuestionado el mero corazón del sistema político-electoral del país al declarar de manera abierta que no sólo no reconocerá los resultados de la elección el 3 de noviembre si él no gana, sino que tampoco está dispuesto a comprometerse a una transición pacífica del poder, y que él es el único defensor del país ante la amenaza del desorden en las calles promovido por la "izquierda radical" y los "socialistas" detrás de su contrincante demócrata Joe Biden. Nadie nunca ha dicho algo parecido.

Es en este contexto que de repente y por primera vez en Estados Unidos el debate político ahora incluye referencias a "golpe de Estado", "represión armada", fuerzas "paramilitares" ultraderechistas y la pregunta de ¿qué harán los militares?

El New York Times recién publicó un reportaje sobre la creciente preocupación en el Pentágono de que Trump colocará a los militares en medio de una crisis poselectoral citando a oficiales comentando que "altos generales podrían renunciar si Trump ordena desplegar las fuerzas armadas en las calles para reprimir protestas".

El jefe del Estado Mayor, general Mark A. Milley, respondió a preguntas de legisladores federales afirmando que las disputas electorales deben ser resueltas por tribunales y el Congreso, según la ley, y que la institución castrense es y debe ser "apolítica". Concluyó: "no anticipo ningún papel para las fuerzas armadas de Estados Unidos en este proceso". No sorprende su respuesta, pero el simple hecho de que se le haya hecho la pregunta, y que haya tenido que responder, ya es alarmante.

De hecho, cada día se informa de cómo más ex altos funcionarios, ex militares, gobernadores, ejecutivos y líderes sociales están alarmados ante la posibilidad de un escenario poselectoral explosivo.

Con cada ataque de Trump contra la credibilidad y las normas del proceso electoral, se nutre la alarma de que ésta es una elección existencial para este país. David Simon, creador de The Wire y Treme, entre otras exitosas series de televisión, tuiteó que las palabras del presidente de que no reconocerá resultados adversos para él indican que "nuestra republica está colapsando a nuestro alrededor. ¡Despierten, chingao!"

Tal vez lo único que puede evitar el peor escenario es una ola suficientemente masiva del voto a favor de la deportación de Trump del poder.

El momento es asombroso.

https://vimeo.com/459419656

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Protestas en Bielorrusia: denuncian que la Policía detuvo a 12 mil personas

Manifestaciones en las principales ciudades del país europeo

 

En Bielorrusia la policía reprimió y detuvo a miles de personas durante manifestaciones contra el presidente Alexander Lukashenko. Ocurrió este domingo, cuando alrededor de 100.000 personas se reunieron para protestar contra el mandatario, quien prestó juramento en secreto luego de las elecciones en agosto pasado. Lukashenko lleva 26 años consecutivos al frente del país europeo.

Es que desde la elección presidencial, miles de personas colman a las calles, cada domingo en Minsk, para denunciar la reelección de Lukashenko, que consideran fraudulenta. Las movilizaciones resisten pese a la fuerte represión por parte de las fuerzas policiales que arrestaron a decenas de manifestantes pacíficos y a líderes de la oposición. Según Hanna Liubakova, periodista bielorrusa, "más de 80 mujeres fueron arrestadas ayer, incluyendo menores de edad". 

Desde las elecciones, "alrededor de 12 mil peronas han sido detenidas. No tiene precedentes en la historia de Bielorrusia. Muchos han sido torturados y golpeados", denunció en sus redes sociales.

En el centro de Minsk, varias estaciones de metro habían sido cerradas al público antes de que comenzara la marcha. El Palacio de la Independencia, sede del gobierno de Lukashenko, estaba rodeado de barreras y con una fuerte custodia de la policía antidisturbios.

Oposición

Tras ser encarcelado su marido, Serguéi Leonídovich Tijanovsk, Svetlana Tijanóvskaya se presentó como candidata a las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia. Aglutinó a la oposición frente al presidente Lukashenko y, según datos oficiales negados por la oposición, logró el 9,9 % de los votos.

"¡Somos millones!", lanzó este domingo la rival de Lukashenko, Svetlana Tijanóvskaya, en un mensaje subido a las redes sociales en apoyo a la protesta, "¡ganaremos!", añadió.

"No es más presidente de Bielorrusia: es simplemente el jefe de los antidisturbios que sin distintivos actúan en las calles", completó la líder de la oposición .

Por su parte, las criticas de varios países occidentales -incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York- no tardaron en llegar. El gobierno alemán no reconoció al presidente Lukashenko y consideró que el "secreto" que rodeaba la ceremonia de investidura era un símbolo "revelador" de la debilidad del régimen y de su "falta de legitimidad".

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró por su parte que lo que ocurre en Bielorrusia es "una crisis de poder, un poder autoritario que no consigue aceptar la lógica de la democracia y que se aferra por la fuerza", en una entrevista este domingo con el periódico Journal du dimanche. "Está claro que Lukashenko debe irse", concluyó.

Estados Unidos tampoco considera a Lukashenko "como el presidente legítimo" de Bielorrusia, según afirmó en un comunicado el Departamento de Estado.

El mandatario bielorruso, que acusa a los países occidentales de impulsar las protestas, prometió una difusa reforma constitucional para hacer frente a esta crisis política, pero rechaza cualquier diálogo con los detractores del régimen, del que está al frente de 1994. El presidente se niega a dar su brazo a torcer y ha pedido ayuda a su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien prometió apoyo a nivel de seguridad "de ser necesario" y un préstamo de 1.500 millones de dólares.

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Sábado, 26 Septiembre 2020 05:41

¿EU posTrump?

¿EU posTrump?

La mayor potencia militar del mundo enfrenta este noviembre sus elecciones presidenciales marcadas por dos hechos que combinados entre sí producen un escenario de consecuencias imprevisibles. Por un lado, la pandemia que asola el planeta y que ha causado ya cerca de un millón de muertes en el mundo, de las cuales más de 200 mil se han producido en Estados Unidos. Por otro lado, la segunda ola de protestas antirracistas agrupadas en el #BlackLivesMatter, que se convierte al mismo tiempo en una respuesta al auge de la alt-right en la mayor economía mundial.

La actitud errática de Trump a la hora de enfrentar la pandemia se ha traducido en denunciar a China por "infectar el mundo" en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y en decidir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mismo tiempo que anuncia que la vacuna contra el coronavirus estará a finales de octubre y las primeras dosis serán distribuidas antes de que termine 2020.

Pero la realidad es que en estados clave desde el punto de vista electoral, como California, Texas, Florida, Georgia y Arizona, la epidemia de Covid-19 se ha disparado, y la Universidad de Washington calcula llegar al 3 de noviembre, día de la elección presidencial, con más de 250 mil personas muertas.

Al mismo tiempo y en lo que respecta a la economía, el PIB estadunidense tuvo la mayor caída de su historia en el segundo trimestre del año, con un descenso de 31.7 por ciento, lo cual implica una tasa anual de 32.9 por ciento, que se traduce en más de 30 millones de personas desempleadas como resultado de la crisis pandémica.

Y todo ello, con un panorama convulsionado por el que probablemente es el movimiento social más grande de la historia, que denuncia el racismo y la violencia policial, justificada por Trump en más de una ocasión, lo cual cuestiona de raíz a un sistema político gobernado por Wall Street y el complejo industrial-militar, pero sobre todo, podría inclinar la balanza a favor de Joe Biden, vicepresidente del primer presidente estadunidense negro de la historia.

Porque si bien a Trump lo sostenía la buena marcha de la economía y las bajas tasas de desempleo e inflación, la pandemia vino a patear el tablero de juego, y el Black Lives Matter lo reordenó. Si a eso le sumamos la salida del Acuerdo de París en torno al cambio climático, la dura política contra la migración que se contrapone con la más que blanda actitud hacia un comercio, legal e ilegal, que ya suma 200 millones de armas, les da a los demócratas una oportunidad que no tenían hace pocos meses, cuando muchos presuntos analistas consideraban a Biden un cadáver político.

Lo que viene en los próximos días, son tres debates presidenciales, 29 de septiembre (Cleveland), 15 de octubre (Miami) y 22 de octubre (Nashville), que salvo debacle demócrata, pueden ayudar a consolidar el voto a favor de Biden, frente a un Trump deseoso de que se vote menos, lo que favorecería a los republicanos. La nominación de una nueva jueza en el Tribunal Supremo, tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que podría asentar una nueva mayoría conservadora de seis contra tres jueces progresistas, marcará el tono de los debates.

Hasta el momento, y de cara al 3 de noviembre, de los 306 votos electorales obtenidos en 2016, los republicanos sólo tienen seguros alrededor de 125, mientras que los demócratas cuentan como bastante seguros, 222 votos de los 232 obtenidos hace cuatro años. De los estados péndulo ( swing states) que podrían cambiar en 2020, la elección se juega en Florida (29 votos electorales), Pensilvania, (20), Carolina del Norte (15), Michigan (16), Arizona (11) y Wisconsin (10). Todo ello, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 270 de 538 votos electorales.

Para ello, en plena pandemia y a las puertas de una gran crisis económica, Advertising Analytics calcula que ya se ha invertido más de 2 mil millones de dólares en publicidad entre ambos partidos, y que se cerrará la campaña con un gasto total de 6 mil 700 millones de inversión.

Hasta el momento las encuestas son favorables a Joe Biden y su candidata a vicepresidenta Kamala Harris. La encuesta más reciente de la NBC y Wall Street Jornal, entre votantes registrados, otorga a los demócratas 51 por ciento frente 43 por ciento de los republicanos. Por su parte, la encuestadora más cercana a los republicanos, Rasmussen, coloca la ventaja de Biden frente a Trump en tan sólo un punto, 47 contra 46 por ciento.

Cuando se profundiza en las encuestas, en la única área que aún gana Trump es en la economía, el que más les importa a los votantes (21 por ciento), lo cual le permite seguir con opciones, pero a la vez la posibilidad a Biden y los demócratas de golpear políticamente en el resto de áreas: pandemia, racismo, cambio climático, salud, educación, empleo y migración.

El 3 de noviembre sabremos si tendremos a Trump, que sigue sembrando sospechas de fraude y de no reconocimiento de los resultados electorales, cuatro años más gobernando la principal potencia económica y militar del mundo, en declive de su hegemonía, pero aún imponiendo su dominación; o comienza la era posTrump, en la que, como sentenció Xi Jinping esta semana en Naciones Unidas, se rechace la mentalidad de suma cero, se dejen de impulsar guerras frías o calientes, y se impulse un mundo basado en la cooperación y el multilateralismo.

Twitter: @katuarkonada

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Manifestantes ayer en Louisville, Kentucky, luego de que la justicia declinó imponer cargos criminales a los policías blancos involucrados en la muerte de la afroestadunidense Breonna Taylor. El presidente Donald Trump fue abucheado en la Corte Suprema, al asistir a un homenaje a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Foto Afp

Nueva York., Donald Trump ha puesto en duda el principio básico del sistema político-electoral de Estados Unidos, y nadie sabe qué hacer.

Veinticuatro horas después de que el presidente rehusó comprometerse a una transición pacífica del poder –"tendremos que ver qué sucede", respondió–, y luego de que durante varios días ha dicho que no reconocerá los resultados de los comicios si no le son favorables, y de que ha hecho explícito que desea instalar un nuevo juez en las Suprema Corte antes de las votaciones ya que pronosticó que la disputa electoral se resolverá a su favor ahí, el debate en este país ha entrado a territorio desconocido sin mapa ni brújula.

El liderazgo republicano de inmediato aseguró que sí habrá transición pacífica, creen, sin mencionar el nombre del presidente, mientras otros trataron de descalificar la respuesta al considerarla otro exabrupto sin sentido ni intención del presidente. Demócratas y otros opositores de Trump continuaron advirtiendo que se trata de maniobras para descarrilar no sólo las elecciones, sino los procesos democráticos de esta república.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se vio obligado a tuitear que "habrá una transición ordenada igual que ha sucedido cada cuatro años desde 1792". El senador republicano Dan Sullivan declaró: "por supuesto, vamos a tener una transición pacífica del poder. Somos Estados Unidos de América. No somos una república bananera", reportó el New York Times. Por lo menos otros ocho senadores republicanos buscaron asegurar al público que la transición se realizará, aunque algunos usaron palabras como "pienso" y "espero" que sea así, sin garantizarlo.

Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, aseguró que Trump aceptará los resultados de "una elección libre e imparcial", al responder a preguntas sobre lo declarado por el presidente el pasado miércoles.

Pero Trump no se quedó callado ayer y minó todo este esfuerzo para calmar la controversia y una vez más cuestionó la integridad del proceso electoral, sin ninguna evidencia, y declaró: "queremos asegurar que la elección sea honesta, y no estoy seguro de que pueda serlo", en referencia a su insistencia en que el voto por correo será motivo de un megafraude electoral. El fraude por esta vía es casi inexistente en el país.

Entre las respuestas a las declaraciones sin precedente en la historia moderna de un presidente, el Senado aprobó una resolución de manera unánime "reafirmando el compromiso al traslado ordenado y pacífico del poder tal como se establece en la Constitución de Estados Unidos". Pero el simple hecho de que el Senado se haya visto obligado a promover esta resolución ya es alarmante.

La presidenta de la Cámara de Representantes y la demócrata electa más poderosa del país, Nancy Pelosi, le recordó al presidente: "no estás en Corea del Norte; no estás en Turquía. Estás en Estados Unidos de América. Es una democracia; entonces, por qué no intentas por un momento honrar tu juramento a la Constitución".

El diputado Adam Schiff declaró en respuesta a las palabras del presidente que "es así como muere la democracia".

El senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders llamó a la creación de una comisión electoral independiente para proteger la democracia estadunidense. En un discurso en Washington declaró que "demasiada gente ha luchado y ha dado su vida para defender la democracia estadunidense y tú (Trump) no la vas a destruir". Concluyó: "ésta no es sólo una elección entre Donald Trump y Joe Biden. Ésta es una elección entre Donald Trump y al democracia, y la democracia tiene que ganar".

Mientras, el director de la FBI, Christopher Wray, declaró ante legisladores que él no había visto evidencia de "un esfuerzo coordinado a escala nacional de fraude electoral", en aparente contradicción con lo que ha sugerido el presidente durante semanas.

Al mismo tiempo, cerca de 500 ex altos funcionarios militares y civiles –incluyendo ex secretarios de gabinete– firmaron una carta abierta en la cual expresaron su apoyo a Biden, al afirmar que tiene las características necesarias para “abordar un mundo en llamas. Somos ex servidores públicos que hemos dedicado nuestras carreras, y en muchos casos arriesgado nuestras vidas, por Estados Unidos. Somos generales, almirantes… embajadores y altos funcionarios civiles de seguridad acional. Somos republicanos y demócratas e independientes. Amamos a nuestro país. Desafortunadamente, también tememos por él”. Trump, señalan, ha demostrado que no tiene la capacidad para ejercer su puesto.

El apoyo a Trump en las filas militares se ha desplomado, con sondeos recientes que dan a Biden ventaja de 41 por ciento contra 37 para el presidente. En 2016, Trump gozaba ventaja de dos a uno contra Hillary Clinton, reporta el Washington Post.

Protestas

"Ley y orden", tuiteó una vez más Trump ante la erupción de nuevas manifestaciones en las calles en reacción al anuncio de que un gran jurado en Kentucky declinó emitir cargos directos contra tres policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Sólo se anunciaron cargos menores contra uno de tres uniformados que asesinaron a la afroestadunidense en su casa en marzo.

La decisión detonó una nueva serie de protestas en Louisville, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Filadelfia, Portland, Chicago y Denver en el contexto del movimiento Black Lives Matter.

Anoche se esperaba una nueva ola de protestas en Louisville y otras ciudades.

El Movimiento por las Vidas Negras, red de más de 150 organizaciones dentro de Black Lives Matter, calificó la decisión sobre los cargos de insuficientes e indignantes y declaró que "esta decisión, presentada a 41 días de la elección más crítica en la historia moderna de Estados Unidos, tiene la intención de permitir violencia sancionada por el Estado contra todas las comunidades negras y obstruir a la gente de afirmar sus derechos a protestar".

Fraude, el negocio familiar

Mary Trump presentó una demanda ante un tribunal estatal en Nueva York contra su familia, a la que acusa de haberle robado su herencia del hermano del presidente. Al inicio de la demanda presentada ante tribunales, la sobrina del mandatario afirma que para la familia Trump "el fraude no es sólo el negocio de la familia, es una forma de vida".

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Viernes, 25 Septiembre 2020 05:06

De nuevo en primavera

Manifestación contra el gobierno de Sebastián Piñera, en Santiago de Chile AFP, MARTIN BERNETTI

Chile, hacia una nueva Constitución

 

El próximo 25 de octubre el pueblo chileno abrirá un inédito proceso constituyente. Así lo indican todas las encuestas de cara al plebiscito de esa fecha. Para juristas, académicos e integrantes del movimiento social, la nueva carta magna supondrá apenas el inicio de una larga discusión sobre el proyecto de país que deberá atender las demandas sociales surgidas de la revuelta popular.

El día en que se cumplirá un año de la llamada «marcha más grande de Chile», que sólo en Santiago convocó a más de 1 millón de personas, asoma como otro hito en la historia del país. El próximo 25 de octubre –es decir, dentro de un mes– el pueblo chileno decidirá en un plebiscito si quiere una nueva Constitución política y qué tipo de órgano será el encargado de redactarla.

En la votación habrá dos papeletas con dos opciones a marcar en cada una: apruebo o rechazo (en referencia a la creación de una nueva Constitución), y convención mixta (un órgano constituyente compuesto a partes iguales con miembros del Congreso y miembros elegidos popularmente) o convención constitucional (con todos sus miembros elegidos popularmente). Todos los sondeos desde noviembre pasado adelantan un triunfo por abrumadora mayoría para la combinación apruebo-convención constitucional. La última encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, de la primera quincena de setiembre, estimó que el 75,1 por ciento del total del padrón electoral se inclinará por el apruebo y que el 57 por ciento lo hará por la convención constitucional.

El proceso constituyente tendrá una naturaleza inédita en la historia chilena si vence el apruebo, ya que permitiría abrir la deliberación del nuevo texto a través de canales de participación popular. Ni la Constitución vigente de 1980, fraguada entre cuatro paredes por la dictadura de Augusto Pinochet, ni los anteriores textos constitucionales –los más duraderos fueron los de 1833 y 1925– nacieron al calor de un diálogo democrático.

«Chile recién se está poniendo al día en un cambio político que se produjo hace décadas en América Latina. Casi todos los países de la región han incorporado mecanismos de democracia directa. Pero en Chile hay una extrema rigidez institucional que mantuvo intacta la estructura heredada de la dictadura de Pinochet, hasta que el estallido social del 18 de octubre remeció el sistema político, como culminación de un ciclo de protestas que venía desde el movimiento estudiantil de 2006», indica a Brecha Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

El cronograma

La convocatoria al plebiscito de octubre quedó zanjada el 15 de noviembre de 2019 en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por el grueso de los partidos políticos como respuesta a las demandas de la revuelta popular. El día elegido para la votación era originalmente el 26 de abril, pero el covid-19 obligó a aplazar la fecha.

De hecho, el proceso constituyente se inscribirá en un contexto de crisis sanitaria. Por eso, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó un protocolo sanitario para proteger a los electores y a los vocales de mesa. «Votar en el plebiscito no será más peligroso que ir al supermercado», afirmó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, el 14 de setiembre. Sin embargo, en los últimos días el organismo descartó que las personas contagiadas por coronavirus puedan votar. El 11 de este mes, en tanto, el presidente, Sebastián Piñera, había anunciado la extensión del estado de catástrofe por 90 días más, por lo que la jornada de votación será con toque de queda durante la noche.

Pese a las restricciones sanitarias, se prevé una alta concurrencia a las urnas: en la última encuesta Pulso Ciudadano el 75,1 por ciento se mostró seguro o muy seguro de ir a sufragar, aunque la participación no es obligatoria. La alta concurrencia está motivada por el clamor de sepultar la Constitución de Pinochet, que, aunque reformada 46 veces, «mantiene el statu quo, ya que es un proyecto de ingeniería social que levantó la dictadura para neutralizar al gobierno de la Unidad Popular y al ciclo histórico de crecimiento del Estado y los derechos sociales que va desde 1940 a 1970», dice a Brecha Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y activo participante en las asambleas y los cabildos territoriales autoconvocados desde el 18 de octubre.

Cambiar la Constitución es determinante, agrega Bassa, ya que la de 1980 «entrega la provisión de derechos sociales como la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social a empresas privadas. Es un diseño que mercantiliza la vida, genera precariedad y bloquea los cambios. Promueve un Estado subsidiario y una economía neoliberal». Cita como ejemplo de esto que, en lugar de consagrar el derecho público a la salud, la actual carta magna establece que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado».

El acuerdo del 15 de noviembre estableció que el órgano constituyente deberá aprobar su reglamento y cada una de las normas constitucionales por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si triunfa la opción de formar una convención constitucional, sus integrantes serán votados bajo el mismo sistema electoral que rige para la votación de diputados. En Chile hay 155 diputados electos bajo un esquema proporcional de 28 distritos electorales, por lo que la convención tendrá el mismo número de miembros. El acuerdo también fijó un plebiscito ratificatorio (con voto obligatorio) para validar el nuevo texto. El 24 de diciembre se aprobó la ley 21.200, que modificó el capítulo V de la actual Constitución para regular todo el proceso venidero.

La pandemia alteró los planes iniciales y sólo el 27 de marzo de este año el Servel agendó las tres fases del ciclo completo. Tras el citado plebiscito de entrada, el 11 de abril de 2021 se elegirán los integrantes del órgano constituyente. Nueve meses después de instalada la convención (su período de trabajo se puede extender a 12 meses si se solicita prórroga, por única vez) se convocará al plebiscito ratificatorio o de salida. Si el proceso sigue la ruta trazada, Chile podría tener una nueva Constitución, a más tardar, en 2022 y con otro presidente de la república: la elección presidencial será el 21 de noviembre de 2021.

La legitimidad de la Constituyente

Fruto de la presión del movimiento social y de algunos partidos políticos, en los últimos meses se añadieron nuevas normas al acuerdo del 15 de noviembre. En marzo pasado se aprobó la paridad de género para una eventual convención constitucional. Además, las candidaturas independientes podrán presentar sus propias listas, siempre y cuando sean respaldadas por firmas ante notario del 0,4 por ciento de quienes votaron en cada distrito en la última elección de diputados. El trámite entraña una gran dificultad en el contexto de pandemia y, en virtud de ello, se le solicitó al Servel autorizar firmas electrónicas, sin tener respuesta aún.

Por otro lado, el pasado 7 de julio el Senado aprobó, en general, una reforma para reservar escaños de la Constituyente a pueblos originarios. Aún no se ha definido el número ni el mecanismo de asignación.

«La legitimidad se juega en varias dimensiones, no se agota en la dicotomía independientes/militantes partidarios. La clave para la reconfiguración de las relaciones de poder es que en la deliberación constituyente participen los grupos que estructuralmente han sido más postergados. El carácter paritario de la convención contribuye a enfrentar una de las exclusiones más fuertes de la sociedad chilena, que es el tema de género. Los escaños reservados para los pueblos originarios también son un factor de legitimidad importante», precisa Bassa.

Heiss concuerda en la trascendencia de la paridad de género: «El solo hecho de que la convención constitucional esté forzada a tener mujeres habla de un nivel de inclusión que no ha habido nunca en Chile y en ninguna asamblea constituyente en el mundo. Incorporar a la discusión política actores nuevos –actrices, en este caso– es algo totalmente novedoso».

Sin embargo, hay expertos que ven una «trampa» en la baja probabilidad de que participen de la convención actores del mundo independiente, por ejemplo, líderes vecinales. En esos términos y en varios medios se ha referido, desde el año pasado, el abogado penalista Mauricio Daza a la casi obligatoria necesidad de las candidaturas independientes a postularse dentro de la lista de algún partido político para tener alguna opción real de integrar la Constituyente.

«No estoy de acuerdo con esa lectura. Las puertas para la participación ahora están más abiertas que en el acuerdo del 15 de noviembre. Creo que es un buen camino canalizar las demandas de las bases en alianzas virtuosas con los partidos políticos. Estos podrían recuperar su rol. Los electores tenemos la última palabra en elegir bien a nuestros representantes y no permitir que viejos rostros de la política quieran reciclarse en la Constituyente. Lo que pasa es que los partidos han subvertido el sentido de las instituciones protegiendo el interés privado por sobre el interés general», plantea Bassa.

Sin ir más lejos, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas de izquierda que germinó en 2017, pretende abrir la mitad de sus candidaturas a la Constituyente a ciudadanos que no militan en partidos. «El mundo social es el espacio natural del Frente Amplio. Tenemos militantes e independientes que han estado liderando las demandas de la ciudadanía. La Constituyente es para la confrontación de ideas y no una asamblea de técnicos o expertos», comenta a Brecha Jorge Ramírez, presidente del partido frenteamplista Comunes.

Según Valentina Moyano, integrante de la organización latinoamericana Red de Politólogas, es muy probable que «no todas las personas que ocupen un escaño en la convención provengan de sectores populares». Para la cientista política, la legitimidad de la asamblea no pasa por cuántos independientes la integren, sino más bien «por hacer vinculantes los cabildos, las asambleas y los espacios de organización fuera de la arena institucional partidaria».

En línea con la posición de Moyano, Heiss cree que la aprobación del reglamento de la futura convención «será la gran oportunidad para incorporar mecanismos de participación incidente y directa de la ciudadanía». Heiss proyecta que, si la Constituyente trabaja «a puertas cerradas, como una cocina», no tendrá legitimidad política.

Para Esteban González, coordinador de la mesa de Unidad Social en la comuna santiaguina de Pedro Aguirre Cerda, la legitimidad del proceso tampoco se juega exclusivamente en la incorporación de independientes a la convención. González, que trabaja con alrededor de 40 organizaciones sociales del territorio comunal, cree que «la calle es ancha y puede caber todo el mundo mientras busquemos el objetivo común. Vamos a apoyar a los candidatos que defiendan los principios constitucionales necesarios para el Chile que queremos».

En tanto, la Coordinadora 8M, organización que vela por las reivindicaciones feministas, dice que, si bien tiene una posición crítica sobre el acuerdo del 15 de noviembre, llamará a votar apruebo y convención constitucional con los mismos recaudos. «No es sólo porque los sectores políticos impugnados sentaron las reglas del juego del plebiscito. Hay un contexto político de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos y la prisión política ocurridas durante la revuelta. Hay un escenario de polarización política, en que fuerzas reaccionarias de ultraderecha, incluso neofascistas, han desplegado acciones de masa muy violentas. Llamamos a desbordar el acuerdo del 15 de noviembre», dijo a este semanario Karina Nohales, una de las voceras de la coordinadora. Remite a las marchas del rechazo, que se han dirigido desde los sectores acomodados de Santiago hacia el centro cívico y cuyos adherentes han agredido a los del apruebo bajo una actitud complaciente de Carabineros.

La Constitución: el principio de todo

La importancia de la Constitución radica, según Bassa, en que «determina los márgenes entre los que se mueve el legislador». Ciertamente, agrega el abogado, la nueva carta fundamental «no será la solución a todos los problemas sociales, ni el país cambiará al día siguiente de su aprobación». Bassa acepta que las demandas de la ciudadanía están reguladas por las leyes y no por la Constitución. Sin embargo, «si la carta magna establece que las cotizaciones previsionales son propiedad privada, la ley no puede avanzar hacia un sistema solidario».

Una interpretación similar ofrece Heiss, para quien es relevante entender que «la Constitución no es una política pública: no va a contener la política de vivienda, salud, educación o pensiones». Sin perjuicio de ello, la académica de la Universidad de Chile sostiene que incluir los derechos sociales en el nuevo texto constitucional le daría una «orientación normativa» al sistema político para que «haga carne» esas necesidades ampliamente compartidas por la sociedad chilena. «La Constitución, más que cerrar una conversación de cambio político, la inicia», aclara la politóloga.

Hay un punto que provoca cierto ruido en el movimiento social: el funcionamiento paralelo del Congreso durante los nueve meses (o 12 si se accede a la prórroga) de ejercicio de la Constituyente. Temen que el Poder Legislativo tramite leyes que vayan a contrapelo del espíritu transformador que regirá la asamblea encargada de redactar la nueva carta magna. Bassa no detecta un problema aquí, por cuanto «muchas leyes que están jurídicamente por debajo de la Constitución van a quedar fuera de juego. Es decir, muchas leyes vigentes podrían ser inconstitucionales cuando se apruebe la nueva Constitución, ya que esta es una norma de mayor jerarquía».

Para Heiss, en tanto, la sorpresiva reaparición, el 30 de agosto, del exsenador derechista Pablo Longueira –formalizado por delitos tributarios y luego sobreseído de esos cargos– para anunciar su voto por el apruebo y su candidatura a la Constituyente responde a «manotazos de ahogado» de su sector político, cuya finalidad es capturar el tercio de la convención y torpedear los cambios estructurales: «El 89 por ciento de las donaciones para la campaña del plebiscito son del rechazo, pero saben que van a perder. Ellos han acuñado el término rechazar para reformar, pero no han transformado nada en 30 años. Es un argumento que tiene poco asidero y es bastante antidemocrático, es de una profunda desconfianza en la voluntad popular».

Por Cristian González Farfándesde Santiago 
24 septiembre, 2020

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Estados Unidos sigue ejerciendo presión sobre Venezuela con nuevas sanciones políticas

Entre este lunes y martes el Gobierno de Trump ha anunciado nuevas sanciones. La del lunes se trata de Irán y Venezuela por violar “embargo de armas”, y la de este martes, es sobre cinco representantes políticos vinculados a la oposición por actuar supuestamente como parte de un plan para manipular las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre.

 

Los nuevos anuncios de Estados Unidos se dan en el marco de una gira de Mike Pompeo realizada la semana pasada por cuatro países de Sudamérica, entre ellos Brasil, Colombia y Guyana, para presionar sobre el Gobierno de Maduro.

Pompeo, declaró el lunes que la imposición de nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán y contra Nicolás Maduro, es por contribuir a violar el embargo de armas impuesto sobre Teherán, alertando de que cualquiera que "viole el embargo de Naciones Unidas sobre Irán se arriesga a ser sancionado".

“Durante casi dos años los funcionarios corruptos de Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. “Nuestras acciones de hoy son una advertencia que debería ser escuchada en todo el mundo”. Aunque es de considerar que Maduro hace tiempo que está sancionado por Estados Unidos, siendo que la sanción se enfoca con más fuerza sobre Irán.

El sábado, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones acogiéndose al mecanismo conocido como ’snapback’, incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó hace unos años. Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara extender el embargo impuesto contra Teherán.

Además, como reseñaron algunos medios de prensa como EFE, “la medida va a la par del esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump para limitar la influencia regional iraní y llegan una semana después de acuerdos negociados por Washington para que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalicen lazos con Israel.”

Tras conocer la decisión de Washington, Alemania, Francia y Reino Unido han advertido de que el anuncio de Estados Unidos sobre volver a imponer las sanciones carece de "efecto legal", habida cuenta de que el país se retiró en 2018 del acuerdo nuclear. Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, indicó que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, la sanción a individuos venezolanos anunciada este martes, tiene que ver con la política de EE. UU. de continuar metiendo presión contra el Gobierno de Maduro, en un momento en que hay toda una negociación en curso con sectores de la oposición como Capriles Radonsky y Stalin González con el Gobierno que envolvería también a la Unión Europea.

Los nuevos sancionados no son del Gobierno ni pertenecen al alto escalón del chavismo. Se trata de integrantes de la oposición que buscaron hacerse cargo del control de partidos de la derecha mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se declara que las sanciones son por “poner el control de los partidos de oposición de Venezuela en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier oposición creíble de desafío a ese régimen". En la lista están Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabé Gutiérrez y Chaim Bucaran. También impuso sanciones a Williams Benavides, el líder del movimiento Tupamaro que apoya a Maduro.

La medida del martes congela los activos estadounidenses de los incluidos en la lista negra y, en general, prohíbe a los estadounidenses negociar con ellos. Se trata de sanciones más simbólicas, pues no tienen incidencia más allá de meter mayor presión y apuntalar al sector de la oposición encabezada por Guaidó y otros dirigentes que llaman a desconocer las elecciones de diciembre.

Hace poco más de veinte días, el escenario político venezolano se vio movido tras el anuncio de un indulto a 110 dirigentes de la oposición, tras una negociación entre el Gobierno con Capriles Radonski (Primero Justicia) y Stalin González (Un Nuevo Tiempo) con la mediación del gobierno de Turquía y que, según medios, son acuerdos que contarían con el visto bueno de la Unión Europea.

El tablero político también se movió en las filas de la oposición, en una verdadera división abierta, cuyos agrios enfrentamientos y duras acusaciones en las redes sociales son casi cotidianos. La principal división está entre los que llaman a desconocer y boicotear las próximas elecciones (Guaidó y un arco de partidos opositores) y los que miden aún poder participar en las parlamentarias (Capriles, Stalin González) si cuentan con los observadores de la Unión Europea. Entre el sector que llama a boicotear también hay divisiones, como es el caso entre Guaidó y María Corina Machado, quien cuestiona abiertamente el papel desempeñado por éste durante todo el 2019 al fracasar su hoja de ruta: la salida de Maduro.

Son muchas las variables aún abiertas y habrá que esperar y ver el desarrollo de los distintos movimientos políticos tanto internos como externos. Adelante están las elecciones en Estados Unidos, que a depender de su resultado marcará la política de Washington. Mientras tanto desde la Casa Blanca se sigue con la presión como se muestra en estas recientes sanciones a personajes de la política nacional, al compás que las negociaciones y pactos siguen su marcha acelerada, acuerdos que, como se sabe, nada bueno son para los

Por La Izquierda Diario Venezuela

@LaIzqDiario_VE

Martes 22 de septiembre | 15:31

trabajadores y el pueblo.

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Sábado, 19 Septiembre 2020 05:29

Apoyo condicionado

Apoyo condicionado

Pese a las manifestaciones multitudinarias en su contra, el gobernante de Bielorrusia, Aleksandr Luka-shenko, se aferra al poder por tres razones: el carácter eminentemente pacífico de las protestas, el control absoluto sobre la policía y el ejército, y el apoyo que le brinda el Kremlin como mejor opción, en estos tiempos revueltos, al considerar al vecino país pieza clave para la seguridad nacional de Rusia.

Si no se produce un baño de sangre –el cual no garantiza a nadie que la balanza se incline hacia su lado, además del elevado costo que tendría– Lukashenko podrá seguir gobernando sin legitimidad, repudiado por cientos de miles de compatriotas que cada domingo salen a la calle y con el silencio cómplice de los empleados y trabajadores del sector público, cuyo salario depende de su fidelidad.

En ese contexto, teniendo en cuenta que la economía de Bielorrusia dista de ser el modelo exitoso que pregona el gobierno de Minsk y que Lukashenko necesita dinero que ya no puede obtener de Occidente para comprar la lealtad de la policía y el ejército, mantener a flote las empresas públicas y pagar los 300 millones de dólares que adeuda por combustibles rusos, el crédito por mil 500 millones de dólares anunciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resulta esencial para la supervivencia política de su colega bielorruso en el corto plazo.

Importa no tanto qué prometió Lukashenko –en su encuentro a puerta cerrada con Putin en Sochi– a cambio de esa tabla de salvación, sino cuánto podrá cumplir, acostumbrado a ofrecer una subordinación que nunca se concreta en hechos y que ya colmó la paciencia de Putin.

El apoyo de Rusia depende de las concesiones –desde formar una confederación en que Bielorrusia tendría un papel secundario, no mayor al de cualquier región de Rusia hasta entregar a potentados rusos las grandes corporaciones públicas mediante privatizaciones amañadas– que exige el Kremlin y que difícilmente Lukashenko esté dispuesto a hacer.

Cuando quede claro que de nuevo las expectativas acabarán en nada, Putin va a incrementar su presión sobre Lukashenko para que acepte una salida decorosa mediante una reforma constitucional que satisfaga a la oposición y convoque nuevas elecciones. Mientras, habrá que ver qué pasa mañana domingo en Minsk y otras ciudades de Bielorrusia.

 

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