Trump estalla y exige la entrega del traidor que escribió en el NYT

El presidente estalló y furioso exigió la entrega del “traidor a su régimen”, mientras integrantes de su gabinete y otros funcionarios se vieron obligados a negar que eran el “alto funcionario” anónimo del gobierno que publicó un artículo de opinión identificándose como parte de una “resistencia”dentro de la Casa Blanca para proteger al país de Trump, provocando con ello comparaciones con Watergate y hasta pronósticos de una crisis constitucional.

El vicepresidente Mike Pence; el secretario de Defensa, Jim Mattis; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats; la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen; el procurador general, Jeff Sessions; el secretario de Vivienda, Ben Carson; el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el secretario de Energía, Rick Perry; el representante de comercio, Robert Lighthizer, y la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, entre otros altos funcionarios, negaron la autoría del artículo, que obviamente ha sacudido al gobierno a sus máximos niveles.


El hecho de que fuera necesario negar ser el autor subraya el nivel de desconfianza y paranoia presidencial que ha marcado este gobierno, así como el hecho de qué tan larga es la lista de posibles autores.
El artículo de opinión publicado por el New York Times el miércoles detalla las acciones de muchos dentro del régimen que, mientras apoyan las políticas de este gobierno, ven como acto patriótico frenar “los peores impulsos” de un presidente “amoral” para proteger al país.


Trump estalló en furia al leer el artículo, según medios, llamó a amigos para especular sobre quién sería el autor y ordenó a sus asesores desenmascararlo; de acuerdo con una fuente, hay una lista de unos 12 sospechosos. La noche del miércoles, el mandatario denunció la decisión del New York Times y sugirió en un tuit que el artículo era “traición” y exigió al rotativo: “por razones de seguridad nacional, entreguénlo/la al gobierno de inmediato”.


Esta mañana, Trump tuiteó: “el Estado profundo y la izquierda, y su vehículo, los medios de noticias falsas, están enloqueciendo y no saben qué hacer”, regresando a su acusación de siempre acerca de un complot interno contra su régimen.


La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la “obsesión loca” de los medios por descubrir la identidad del “cobarde” que escribió el artículo (ayer lo apremió a renunciar) y que los periodistas, al buscar al responsable estaban manchando las “reputaciones de miles de estadunidenses” que trabajan para el gobierno de Trump.


Mientras tanto, el juego de escondite ocupó a todo Washington con múltiples especulaciones sobre la identidad del autor. Algunos estudian la formulación de las frases en el artículo para detectar al responsable, otros armaron argumentos de por qué podría ser uno u otro integrante del gabinete. Por ejemplo, algunos sospechan que es el vicepresidente Pence, ya que es considerado la ficha de los hermanos Koch, los poderosos multimillonarios republicanos conservadores que tienen masiva influencia en el ámbito republicano y que siempre han despreciado a Trump; además, Pence sería presidente en caso de que su jefe renuncie o sea destituido. Otros insisten en que tiene que ser Mattis, sobre todo porque corren ya rumores de que será el próximo en salir del gabinete; otros más creen que podría ser Sessions, a quien Trump ha humillado repetidamente. La lista es larga.


El otro hecho que está sacudiendo a Washington, y sobre todo a la Casa Blanca, es que esta es una pugna entre y por republicanos; proviene de adentro y por promotores de la agenda política impulsada por el presidente, según el autor. El problema no son las políticas, es el personaje, argumentó.


Para la oposición, esto es un regalo. Este jueves, la prominente senadora demócrata liberal (y posible precandidata presidencial) Elizabeth Warren, respondiendo al artículo, comentó a la cadena CNN que “si altos funcionarios del gobierno creen que el presidente de Estados Unidos no es capaz de hacer su trabajo, entonces deberían invocar la Enmienda 25”, explicando que la Constitución establece un procedimiento para destituirlo, si el vicepresidente y el gabinete consideran que no puede cumplir con sus responsabilidades.


John Brennan, el ex jefe de la CIA y feroz crítico de Trump (cuya autorización al acceso a información en materia de seguridad fue anulada por Trump), comentó a NBC News que el artículo es una “insubordinación activa”que “nace de la lealtad al país”. Más aún, al igual que otros, subrayó que es muestra de un régimen en el cual los funcionarios no están obedeciendo las órdenes de su jefe, algo que resulta “insostenible”.


Algunos republicanos, como el estratega David Frum, coinciden en señalar que un grupo de altos funcionarios desobedeciendo al presidente es nada menos que “una crisis constitucional”.


Al mismo tiempo, estalló un debate sobre si la decisión casi sin precedente del Times de publicar un artículo de opinión de un autor anónimo era periodísticamente ético. El rotativo abrió un debate entre el editor de las páginas de opinión y el público sobre el tema, y este jueves defendió la decisión, insistiendo en que el artículo es “suficientemente importante” como para hacer esta excepción.


Pero algunos de sus propios reporteros preguntaron si ahora erasu tarea descubrir la identidad del autor, la cual está protegida por sus colegas en la parte de opinión del periódico (en el Times, la sección de opinión opera de manera independiente de la redacción).

Ante todo esto, algunos señalaron que las expresiones de paranoia y amenazas del presidente se acercan cada vez más a las del presidente Richard Nixon en sus últimos días, quien al culminar el escándalo Watergate veía enemigos en todos lugares y se quejaba –igual que Trump– de que no podía confiar en nadie más allá de su familia.


Tal vez no es coincidencia que todo esto estalló la misma semana en que se difundieron extractos del nuevo libro de Bob Woodward, Fear, que detalla los esfuerzos de los más altos funcionarios de Trump para frenar sus impulsos más peligrosos, logrando en efecto “un golpe de Estado administrativo”. Escribió que esto es “una crisis nerviosa del Poder Ejecutivo del país más poderoso del mundo”. Woodward fue parte del famoso dúo de periodistas que detonó el escándalo que culminó con el fin de un presidente: Watergate.

 

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Viernes, 07 Septiembre 2018 07:40

Atacan al candidato ultraderechista en Brasil

Atacan al candidato ultraderechista en Brasil

Apuñalaron a Jair Bolsonaro en un acto político en Minas Gerais; la herida es grave pero él estaría fuera de peligro. El atacante Adelio Bispo de Oliveira, un evangelista de 40 años, fue detenido de inmediato por la seguridad de Bolsonaro. La agresión alteró aún más la tensa campaña electoral. El PT repudió de inmediato la violencia. Se espera el avance de la investigación.

El candidato presidencial Jair Bolsonaro fue apuñalado ayer por la tarde cuando realizaba una actividad proselitista en Juiz de Fora generando otro hecho conmocionante en una campaña, y en un año político, cargados de nitroglicerina. El ataque ocurrió cerca de las 15.40 horas cuando el capitán retirado del Ejército, segundo en las encuestas preelectorales, se desplazaba en medio del gentío por el centro de esa ciudad del estado de Minas Gerais, en el sureste del país. La imágenes del hecho no permiten identificar al atacante, sí a la víctima, con una remera amarilla, que luego del cuchillazo fue registrada en posición horizontal, apoyando un paño blanco sobre su abdomen, cuando era trasladada por sus asistentes para luego ser internado en la Santa Casa de Misericordia, un centro médico ubicado a unos dos kilómetros del lugar del incidente.

Minutos después de ingresado al hospital su hijo Flavio Bolsonaro declaró que la herida de su padre no era profunda y había sido suturada con seis puntos. A esa hora, cerca de las diecisiete, la televisión y las redes sociales hervían de informaciones de todo calibre.


Había pasado a un segundo plano la última encuesta del instituto Ibope, contratada por el grupo de medios Globo, que excluyó a Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores que se ubicó primero en todos los sondeos realizados este año.


Pasadas las seis de la tarde el hijo de Bolsonaro formuló nuevas declaraciones anulando las anteriores. “Fue más grave de lo que esperábamos” corrigió. Una fuente de la Santa Casa de Misericordia declaró a un canal de televisión que sufrió heridas en una arteria, los intestinos y una hemorragia importante y su cuadro era “estable”.


Los partes médicos comenzaron a superponerse con la evolución de la campaña a un mes y un día de los comicios más anómalos desde el fin de la dictadura en 1985. El atentado fue “lamentable, la violencia es injustificable” dijo Gleisi Hoffmann, presidenta del PT. Su compañera, la titular del PT de Minas Gerais, pidió que “los hechos sean investigados con prescindencia, informo que el sospechoso no es afiliado al PT”. Este comunicado dejaba entrever la preocupación del partido con las informaciones, algunas ciertas otras probablemente tóxicas, sobre el sospechoso Adelio Bispo de Oliveira, de 40 años, oriundo de Montes Claros. El hombre fue reducido de inmediato por el ostensible entorno de seguridad de Bolsonaro. La reconstrucción minuciosa del atentado es crucial para comprender si fue movido por razones políticas, lo que parece más probable, o por una persona descontrolada o con problemas psiquiátricos. Bolsonaro desata adhesiones hipnotizadas y odios, es un tipo de líder que alimenta conductas atípicas, hasta patológicas.


Mientras se esclarecen los hechos, si es que existe voluntad política de hacerlo, un primer análisis indica que el atentado tiende a modificar brutalmente el tono de la pelea electoral.


Sumando un ingrediente, la violencia, que contribuye a la exaltación de los grupos más incondicionales del bolsonarismo. No se puede descartar que el candidato del Partido Social Liberal incremente su popularidad en los próximos sondeos. En el que se conoció esta semana de Ibope tenía el 22 por ciento de apoyo y el 44 por ciento de rechazo.


Es prematuro arriesgar un pronóstico sobre como afectará este hecho la pelea de Lula contra la proscripción de la que es víctima. Y en que modo este hecho impactará en el resto del espectro electoral, incluyendo al probable sucesor de Lula, su actual candidato a vicepresidente Fernando Haddad.


Todo se descalabró. En algunos blogs se establecieron paralelos exagerados entre lo ocurrrido en Juiz de Fora con el magnicidio de John Kennedy atribuido a un atacante solitario, Lee Harvey Oswald.


El ataque de ayer no tuvo la dimensión del de Dallas en noviembre de 1963. Si hubiera que buscarle algún parecido, aunque lejano, tal vez quepa el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Primero porque el escenario del ataque fue similiar, gentío rodeando a la víctima en Lomas Taurinas, norte mexicano. Segundo porque fue el hecho de violencia que contribuyó a descomponer un sistema políticamente moribundo como era el que controlaba el PRI desde hacía setenta años. Tercero porque hasta hoy sigue preso un asesino improbable, como Mario Aburto, un biombo detrás del cual se escondió un plan mayor. Ayer el supuesto atacante de Bolsonaro, Adelio Bispo de Oliveira, fue fotografiado con la mirada perdida y un ojo amoretonado debido a la aparente golpiza. Ese hombre parecía dispuesto a confesar cualquier cosa, lo que hizo y lo que no hizo. Una reportera de Globo se apresuró a realizar un rayo equis del sospechoso: “es de izquierda, está contra la causa Lava Jato y no le gusta el capitalismo”.

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Alto funcionario dice ser parte de la resistenciaque protege a EU de Trump

Publica el NYT artículo anónimo de un servidor público que labora en la Casa Blanca

Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, en un artículo de opinión firmado de manera anónima, publicado por el New York Times, reveló que es parte de una “resistencia” interna de este régimen motivada para proteger a la nación de un mandatario “amoral y errático”.


El presidente Trump respondió calificando el artículo de “cobarde” y reprobó al Times por atreverse a publicar algo escrito por una fuente anónima. La Casa Blanca apremió al funcionario anónimo a renunciar, pero el efecto fue alimentar la percepción de un presidente cada vez menos en control de su propia casa.


El artículo, publicado esta tarde de manera prominente en el portal del Times, titulado “Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump”, afirma que “muchos de los altos funcionarios de esta administración están trabajando de manera diligente desde adentro para frustrar parte de su agenda (la del presidente) y sus peores inclinaciones”. Agrega: “Yo lo sé. Soy uno de ellos”.


Afirma que aunque los miembros de esta “resistencia” interna apoyan las políticas de este gobierno, “creemos que nuestro primer deber es para con el país, pues el presidente continúa actuando de manera perjudicial para la salud de nuestra república”. Por ello, escribe, muchos de los altos funcionarios del gobierno de Trump “hemos prometido hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas y frenar los impulsos más equivocados de Trump hasta que deje el puesto.


“La raíz del problema es la amoralidad del presidente”, dice, señalando que quien trabaja con él sabe que no tiene principios como referente, ni los de su propio partido, y acusa que sus impulsos son “anticomercio y antidemocráticos”.


Critica que Trump se maneja de manera “errática” y “mezquina”, y que muchos dentro del gobierno han hecho lo posible para reducir los daños. Ofrece consuelo: los estadunidenses “deben saber que sí hay adultos en el cuarto. Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo (…) estamos intentando hacer lo correcto, aun cuando Donald Trump no quiera”.


Revela que “al inicio (del gobierno) se escucharon susurros dentro del gabinete sobre invocar la 25 enmienda, lo cual iniciaría un complejo proceso para remover al presidente, Pero nadie deseaba una crisis constitucional. Entonces, haremos lo que podamos para guiar al gobierno en la dirección correcta hasta que, de una u otra manera, concluya.


“La preocupación mayor no es lo que le ha hecho Trump a la presidencia, sino más bien qué hemos permitido que nos haga a nosotros como nación”, concluye.


Trump, en un acto en la Casa Blanca esta tarde, atacó al mensajero y el mensaje, afirmando que se trata de “una fuente anónima dentro del gobierno, probablemente (alguien que está) fracasando, y que está aquí por todas las razones equivocadas… Y el New York Times está fracasando. Entonces, si el New York Times, que está fracasando tiene un editorial (sic) anónimo, ¿se le puedes creer? Es un editorial cobarde”. Poco más tarde, tuiteó: “¿Traición?”


La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitió una declaración acusando que el autor del artículo “ha optado por engañar, en lugar de apoyar, al presidente debidamente electo de Estados Unidos”, y concluyó: “este cobarde debería hacer lo correcto y renunciar”. Más aún, reprobó la decisión del Times de publicarlo, al afirmar: “estamos decepcionados, pero no sorprendidos de que el periódico haya optado por publicar este artículo de opinión patético (...) esto es sólo otro ejemplo del esfuerzo concertado de los medios liberales para desacreditar al presidente”.


El Times explicó que tomaron la decisión no común de publicar el artículo de manera anónima, a solicitud del autor, ya que su puesto estaría en riesgo, y tras asegurar que conocen su identidad, justificaron hacerlo así porque “era la única manera de presentar una perspectiva importante a nuestros lectores”.


Mientras tanto, por ahora el juego mayor en Washington es tratar de adivinar la identidad del autor; ya hay una competencia para ver quién puede desenmascararlo primero. Por ahora no se sabe si es hombre o mujer, si trabaja en la Casa Blanca o en otra parte de la rama ejecutiva.


El artículo aparece un día después de divulgarse algunas partes explosivas del libro del reconocido periodista de la cúpula política Bob Woodward antes de su publicación la semana próxima, y que cita a una multitud de integrantes del gabinete y altos funcionarios expresando alarma y desesperación por el comportamiento y capacidad mental del presidente –incluso algunos llamándolo “idiota” y otros quejándose de que estaba en “locolandia”– y la necesidad de proteger al país de sus decisiones e impulsos peligrosos.


Desde ayer, Trump declaró que ese libro está lleno de “fabricaciones”, señaló que varios de los secretarios de su gabinete citados han refutado las versiones que se les atribuye, y este miércoles continuó con su ataque afirmando que el libro “es una obra de ficción”. Ya había enviado una amenaza en la mañana al tuitear que era vergonzoso que alguien pueda “fabricar historias….sin retribución o costo. No sé por qué los políticos de Washington no cambian las leyes de difamación”.


Este será el tercer libro en lo que va del año que dice revelar las interacciones íntimas y desastres dentro del régimen de Trump, alimentando la narrativa de una Casa Blanca dentro de la cual impera el caos, el engaño, los complots, las deserciones, el temor y las amenazas de amotinamiento.

 

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Sábado, 01 Septiembre 2018 14:57

La Justicia decide la candidatura de Lula

La Justicia decide la candidatura de Lula

El tribunal electoral, en una reunión de emergencia, analizaba anoche el voto del relator del caso, quien votó en contra de la habilitación del ex presidente y propuso darle diez días al PT para que elija otro candidato.

El juez Luis Roberto Barroso, relator del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil en el caso de la inscripción de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, votó que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) que encabeza las encuestas no podrá participar en las presidenciales, cuya primera vuelta se dirime el 7 de octubre. En su voto, Barroso le dio diez días al PT para elegir un nuevo candidato y le prohibió hacer propaganda a favor de Lula durante el periodo electoral en radio y televisión de tres horas diarias que empezó ayer. El tribunal se reunió ayer después de que el PT presentara el jueves un escrito de 200 páginas rebatiendo las 16 impugnaciones que había recibido Lula por haber sido condenado en segunda instancia en un caso de presunta corrupción. Según una ley brasilera llamada “ficha limpia” los condenados con sentencia firme no pueden participar en las elecciones. Sin embargo la defensa de Lula había basado su apelación en un dictamen de la comisión de Derechos Humanos de la ONU el 17 de agosto pasado, la cual señalaba que el ex ppresidente brasileño había sido condenado por razones políticas, sin pruebas claras, y ordenaba al estado brasileño a habilitar su candidatura. La cancillería brasileña contestó con un comunicado diciendo que solo justicia brasileña podía decidir la viabilidad legal de la candidatura impugnada, pese a que destacados juristas dentro y fuera de Brasil opinaron que el dictamen de la ONU era vinculante.

La decisión final estará en manos de los siete miembros del TSE y dependerá de que se forme una mayoría simple para que la candidatura sea aceptada o rechazada. Según los sondeos, Lula tiene cerca de un 40 por ciento de las intenciones de voto, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro, con en torno al 20 por ciento de las preferencias. En el caso de que Lula no pueda participar, Bolsonaro lidera con una tasa de apoyo también cercana al 20 por ciento, seguido por la ecologista Marina Silva, con 16, y el socialdemócrata Geraldo Alckmin y el laborista Ciro Gomes con un 9 por ciento.

Si finalmente el TSE se inclinase por vetar la candidatura del ex mandatario, éste será sustituido por el exalcalde de San Pablo y exministro de Educación, Fernando Haddad, quien integra la fórmula del PT como candidato a vicepresidente. Ayer Haddad informó que cualquiera sea el resultado de la votación del tribunal electoral, el PT no tomará decisión alguna hasta que él se reuna con Lula la semana que viene en la cárcel de Curitiba. “Además de ser vice de Lula, soy su abogado para fines de registro. Yo estaré con él el próximo lunes y voy a darle a conocer el resultado del TSE y allí vamos a discutir qué hacer”, dijo en una rueda de prensa para periodistas en Fortaleza, estado de Ceará.

Asimismo, Haddad criticó la decisión de la justicia electoral de votar en tiempo récord el registro de la candidatura de Lula. Para él, el TSE saltó una etapa del proceso, ya que no respetó los plazos para que las alegaciones finales de la defensa de Lula fueran realizadas. “Yo quería manifestar desolación con la Justicia porque considero que perjudicaron el derecho de defensa del presidente Lula a presentar las alegaciones finales. Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir a su presidente. No estamos hablando de nada, estamos hablando de un elemento de la democracia atropellado sobre todo tras la manifestación de la ONU”, subrayó.

Anteayer once juristas y abogados internacionales le pedieron a Brasilia que respete la resolución de la ONU sobre los derechos políticos de Lula. El pedido se formuló en una carta firmada, entre otras personalidades del derecho, el exjuez español Baltasar Garzón, y dirigida al presidente brasileño, Michel Temer, al canciller Aloysio Nunes, al ministro de Justicia, Torquato Jardim, y a los once miembros del Supremo Tribunal Federal.

En el documento, los juristas y abogados firmantes señalan que esa decisión da crédito a todos los que han expresado “serias dudas” sobre la imparcialidad del proceso que dio origen a la condena de Lula y, “por tanto, a la propia legalidad y legitimidad de las consecuencias resultantes de las próximas elecciones”, previstas para el 7 de octubre. En la carta también se declara que Brasil, “una de la grandes naciones democráticas del mundo”, no puede incumplir sus obligaciones internacionales ignorando las decisiones del Comité de la ONU.


 

El PT apelará el fallo que le impide ser candidato
 

"Lula está por encima de la persecución"

"Vamos a presentar todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil". De esta manera, el Partido de los Trabajadores ratificó su intención de luchar para que Luiz Inacio Lula Da Silva pueda ser candidato presidencial, tras el fallo judicial adverso, que anuló la candidatura del dos veces mandatario de Brasil.

En un comunicado, el PT aseguró que el veto del Tribunal Superior Electoral es “arbitrario” y “político” y que se basa en “una mentira”, al tiempo que anunció que "continuará luchando por todos los medios" para conseguir que se avale la candidatura de Lula, preso desde el 7 de abril en la cárcel de Curitiba. Allí purga una condena a doce años de prisión por una causa derivada del escándalo Lava Jato. 

Para el partido, el fallo es una muestra de “violencia practicada” que muestra a Brasil a los ojos del mundo como un país que "que no respeta sus propias leyes, que no cumple sus compromisos internacionales y que manipula el sistema judicial, en complicidad con los medios, para hacer una persecución política". Además, el PT indicó que “es una casación política, basada en la mentira y el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura" militar, indicó.

Anoche el Tribunal decidió por seis votos contra uno que Lula no puede ser candidato en las elecciones del próximo 7 de octubre, en las que es señalado como gran favorito por las encuestras, con cerca de un 40 por ciento de intención de voto. Para los jueces, Lula está sujeto a una ley que prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia.

Pese al revés, que el PT tachó de “injusto”, aun quedan instancias de apelación en el Tribunal Superior de Justicia y en la Corte Suprema. De hecho, hay recursos en trámite ante ambas cortes. El PT considera que el veto electoral no puede darse ya que la ley dice que la inelegibilidad se puede suspender mientras hay recursos a analizar.

Lula fue registrado como candidato el 15 de agosto, junto al ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, como candidato a vice. Si Lula, finalmente, no pudiese ser candidato, Haddad tomaría la posta.

La conducción del PT también citó en su defensa la decisión no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió garantías para que el ex presidente pueda competir aun mientras esté en prisión. "El TSE no tiene autoridad para negar lo que dice un tratado internacional que Brasil firmó soberanamente", dijo al respecto Gleissi Hofffmann, titular del PT.

En su fallo, el Tribunal Superior Electoral no solamente deja a Lula fuera de la carrera presidencial: también impide su presencia en la propaganda electoral, tanto radial como televisiva en la campaña que se inició de manera formal este sábado. No obstante, el PT ya utilizó la imagen del antiguo dirigente sindical en un video publicado en las redes sociales.

"Vamos a defender a Lula en las calles, junto con el pueblo, porque él es el candidato de la esperanza",  aseguró el partido en el comunicado, dado que “la candidatura del compañero Lula es la respuesta del pueblo brasileño a los poderosos que usurparon el poder”. Para sus seguidores, “está por encima de las casuísticas, de las maniobras judiciales, de la persecución de los poderosos. Es con el pueblo y con Lula que vamos a luchar hasta el fin”. El texto se cierra con la consigna “’¡Lula libre!".

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Sábado, 25 Agosto 2018 07:40

Enojados del mundo, uníos

Enojados del mundo, uníos

El atractivo de la extrema derecha de cara a las elecciones legislativas en Estados Unidos.

 La porción de votantes en Estados Unidos que, a pesar de escándalos y desatinos, sigue apoyando a Donald Trump y desconcierta a sus adversarios muestra que ninguno de los dos partidos políticos tradicionales ofrece respuestas atractivas.

El martes, en Virginia, Paul Manafort, el ex jefe de la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump, fue condenado por ocho delitos que incluyen fraude bancario, y tiene por delante otro juicio por cargos similares. Casi a la misma hora, en Nueva York, Michael Cohen, el ex abogado personal y arreglaentuertos de Trump, se declaró culpable de ocho delitos, incluido el pago –a pedido de Trump– de sobornos a dos mujeres que dicen haber tenido encuentros muy cercanos e íntimos con el ahora presidente, entre ellas la actriz porno Stormy Daniels.


Este último detalle, según expertos legales, tiene implicaciones graves para Trump: los sobornos para impedir que salieran a luz los adulterios poco antes de la elección, en noviembre de 2016, pueden considerarse como contribuciones ilegales a la campaña, ya que tuvieron la intención de influir en el resultado de los comicios.


Impertérrito, esa misma noche en Charleston, West Virginia, Trump enfebreció a cientos de simpatizantes durante 75 minutos con un discurso divagante repleto de sus ya habituales insultos a la prensa, a otros políticos, y una vez más a los jugadores de fútbol americano que protestan contra la discriminación racial.


GUIÑOS A LA CLASE OBRERA.

Y, con la astucia de quien ha hecho carrera en reality shows y tiene buen olfato para el rating, cuando faltan 76 días para las elecciones legislativas, Trump se reunió el miércoles con los presidentes de sindicatos poderosos en las industrias tradicionales para hablar sobre la negociación con México y Canadá de un nuevo tratado de libre comercio de América del Norte.


Entre los invitados a la Casa Blanca estaban el presidente de la central sindical Afl-Cio, Richard Trumka; el presidente de los Teamsters, James Hoffa; el presidente de los Trabajadores de la Industria Automotriz, Gary Jones; el presidente de la Asociación Internacional de Maquinistas, Robert Martínez, y el presidente de los Metalúrgicos Unidos, Leo Gerard.


Trumka y otros dirigentes sindicales han elogiado los aranceles impuestos por Trump a las importaciones. Según Trumka, la reunión sirvió para “reafirmar qué es lo que realmente necesitan los trabajadores”.


Entre esas necesidades se cuentan “el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores respaldándolos con la aplicación efectiva de las leyes, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado y que ha llevado al incesante traslado de empleos a México…, y nuevas normas de origen que sean justas para los trabajadores en Estados Unidos”.


Aunque el gobierno de Trump ha acentuado las medidas antisindicales, el proteccionismo y el nacionalismo oportunista del presidente siguen nutriendo el respaldo de sus votantes.


De acuerdo con el promedio de encuestas de RealClearPolitics.com, 19 meses después de haberse mudado a la Casa Blanca, Trump cuenta con la aprobación del 43,4 por ciento de los encuestados, mientras 51,9 por ciento reprueba su desempeño. La encuesta de Gallup le da 42 por ciento de apoyo y 52 por ciento de repudio. Casi las mismas cifras que en enero de 2017.


Otra encuesta pertinente es la del Monmouth University Polling Institute, según la cual ahora el 35 por ciento de los estadounidenses cree que el país está “bien encaminado” y el 57 por ciento opina que va por “mal camino”. No luce como muy positivo el balance, pero en agosto de 2015, cuando el país llevaba seis años de recuperación lenta pero sostenida tras la última gran recesión, sólo el 28 por ciento de los encuestados creía que la nación iba “bien encaminada”, mientras que el 68 por ciento pensaba lo contrario.


En otras palabras, después de un año y medio de Trump y su show, hay más gente que cree que el país, especialmente en lo que concierne a la economía, está mejor que en el crepúsculo de la presidencia de Barack Obama.

REACCIONARIOS.


Quienes creen que el país está bien encaminado y quienes opinan que va por el trillo equivocado tienen algo en común: la decepción hacia la política tradicional y la tentación de seguir a un caudillo que, con todas sus verrugas, ofrece algo diferente.


Es una reacción a cambios fundamentales en las relaciones económicas, la composición demográfica y la destrucción de millones de empleos que por más de un siglo y medio sustentaron determinadas estructuras familiares, programas de educación y negocios.


Es cierto, por ejemplo, que la tasa de desempleo, que alcanzó el 10 por ciento en octubre de 2009, ha bajado al 3,9 por ciento. Pero el empleo que abunda está mal pagado, es incierto, y carece de beneficios como vacaciones pagas, compensación por horas extra, licencia por enfermedad y seguro médico. La brecha en los ingresos sigue ensanchándose desde hace ya cinco décadas.


Robert Wuthnow, un sociólogo de la Universidad de Princeton, pasó ocho años entrevistando personas en ciudades pequeñas y áreas rurales de todo el país con el propósito de entender por qué tanta gente está furiosa con el gobierno: el gobierno federal, los gobiernos de los estados, las municipalidades. Es un enojo existencial.


Wuthnow concluyó que a esos millones de estadounidenses les preocupa menos la economía que lo que perciben como amenazas a la sociedad y la “decadencia moral” del país.


“Casi el 90 por ciento de la población rural es blanca. Aunque la demografía está cambiando rápidamente y los hispanos y otros inmigrantes se asientan en zonas rurales del país”, señaló Wuthnow en una entrevista con Vox. “Y por eso es que uno ve más xenofobia y racismo en esas comunidades. Hay una sensación de que las cosas van mal, y el impulso es culpar a los ‘otros’.”

“SUEÑO AMERICANO” ROTO.


Pero el malestar no se limita a los blancos, a los trabajadores industriales, a la gente de pueblo chico. Millones de jóvenes, egresados de las universidades con grandes deudas, encuentran más changas que empleos y descubren que para conseguir un trabajo en la profesión que aprendieron se les exige ahora un diploma adicional –una maestría, un doctorado– que no pueden pagar.


Los mitos centrales de cada sociedad persisten más que las realidades, y la idea de que Estados Unidos es “la tierra de las oportunidades”, el país donde prospera quien trabaja duro y demuestra espíritu empresarial, ha perdurado más que la realidad. Desde 1967 el ingreso promedio de los hogares, ajustado por inflación, se ha estancado para el 60 por ciento de la población, al tiempo que la riqueza y los ingresos de los más acaudalados han aumentado sustancialmente. Las ganancias de las corporaciones están en sus niveles más altos desde la década de 1960, y aun así prefieren acumular los beneficios en lugar de reinvertir, dañando todavía más la productividad y los salarios.


“En años recientes, a estos cambios se les ha sumado un vaciamiento de la democracia y su remplazo por el gobierno tecnocrático de elites globalizadas”, escribió Robin Varghese, economista principal de la Open Society Foundation.


Tal como la globalización ha tenido un impacto corrosivo en sociedades más conservadoras y tradicionalistas, la sociedad estadounidense ha sido desfigurada por la globalización. Cuando “Estados Unidos era grande” –una idealización que Trump ha prometido restaurar–, la clase media era mayoritaria y cualquier familia podía sustentarse con un sueldo, pagando vivienda, automóviles, cuidados médicos y la educación de los hijos para un futuro que siempre sería mejor.


En 1965, el 53 por ciento de los hogares se sustentaba con el ingreso de una persona. Ahora el 66 por ciento de los hogares se mantiene gracias al laburo de ambos cónyuges. Al mismo tiempo, cuando los dos trabajan, aumentan los costos de cuidado de los hijos, de los alimentos, del transporte (por la necesidad de tener dos automóviles) y del cuidado de familiares adultos mayores.


SER ALGUIEN EN UNA SOCIEDAD POSINDUSTRIAL.


El fenómeno del relativo éxito de Trump –a pesar de todos los escándalos en los que está envuelto– se explica, en parte, por la promesa que hizo de que volverían a Estados Unidos los empleos que migraron a tierras con mano de obra más barata, aunque la automatización y la tecnología hayan destruido más empleos que las relocalizaciones, dejando detrás de sí un tendal de movimientos populistas aquí y en otras partes del mundo.


Un estudio de la Universidad de Oxford encontró que todos los países desarrollados experimentarán en los próximos 25 años pérdidas de hasta el 47 por ciento de sus empleos. Y el semanario The Economist señaló que “ningún gobierno está preparado para esto”.


Art Bilger, miembro de la junta directriz de la Escuela Wharton de Administración de Empresas, de la Universidad de Pennsylvania, se preguntó: “¿Qué será de nuestra sociedad con un desempleo del 25 por ciento, el 30 por ciento, el 35 por ciento. No sé cómo podremos manejarlo, pero aun si pudiésemos, queda la cuestión de qué hará la gente. Tener un propósito en la vida es un componente importante para la estabilidad de una sociedad”.


En cada país la desestabilización se expresa de forma particular. En Estados Unidos ha aumentado la visibilidad de grupos de “supremacía blanca”, un atrincheramiento de los cristianos más conservadores, una nostalgia de la que fuera clase obrera y hoy es clase en vías de empobrecimiento, y, entre la gente más joven, una alienación respecto del sistema político.


¿QUIÉN LE TEME A TRUMP?


El cimbronazo, en esta ocasión, es más duro para el Partido Republicano: los políticos profesionales no se animan a enfrentar los disparates de Trump por miedo a que los votantes más militantes los echen del Congreso y las legislaturas estatales en las elecciones legislativas de noviembre próximo. De hecho, en varios estados los candidatos republicanos más populares son ultraderechistas; entre ellos se encuentran nazis declarados, defensores del supremacismo blanco y antisemitas. Las viarazas de política interna e internacional de Trump en muchos casos contravienen todo lo que el Partido Republicano ha representado durante medio siglo, y este último emergerá de este período como el partido de Trump.


Por su parte, el Partido Demócrata, ensimismado en un relevo generacional, ofrece poquísimas respuestas que entusiasmen, o que siquiera atraigan, a los votantes.


En el reality show que es la presidencia de Trump nadie sabe si el presidente sobrevivirá políticamente a todas sus mentiras y los varios escándalos que lo rodean, pero el desencanto y enojo social sobre el cual cabalga no menguará pase lo que pase con él.


La gente que lo votó cree en soluciones de brocha gorda, simples y claras. Si los inmigrantes “roban empleos”, la respuesta es una gran muralla en la frontera con México.


El propio Trump puede llegar a ser sobrepasado por la furia que agita. En una entrevista con el diario The Washington Examiner, la comentarista conservadora Ann Coulter ya expresó su disgusto por la falta de acción en la construcción de la “gran muralla” prometida.


“Ayer lo vi (a Trump) hablando en una ceremonia de la Agencia de Inmigración y Aduanas. Ustedes saben, yo lo quiero mucho”, aseguró. Pero, dijo, “debería limitarse a ser nuestro portavoz. Debería ser para siempre el portavoz republicano. Pero otra persona debería ser quien asegure que en la práctica se concreten las cosas”. Porque, como remarcó Coulter con un vulgar juego de palabras, el presidente ha traicionado las promesas a sus votantes reiteradas veces: la actriz porno Stormy Daniels “dice que ella y Trump tuvieron sexo una sola vez”, comentó Coulter, “supongo que si quieres que el tipo (Trump) te la dé (screw) repetidamente, tienes que ser votante suyo”, ironizó.


Los reaccionarios pueden ser impacientes, también.

Jorge A. Bañales
24 agosto, 2018

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Todos serán más pobres si me destituyen, augura Trump

Donald Trump advirtió ayer que si es destituido, “los mercados se derrumbarían” y “todos serían muy pobres”; agregó que no entiende cómo “pueden destituir a alguien que ha hecho un gran trabajo”.

El presidente, en una entrevista con su medio favorito, Fox News, subrayó que se otorgaría una calificación de más de 10 por su gestión hasta ahora. “No creo que algún presidente haya hecho jamás lo que yo he logrado”, dijo, y culpó a la prensa por no informar sobre todo lo positivo que ha realizado.


Por otro lado, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también advirtió que si su jefe fuera destituido, “el pueblo estadunidense su sublevaría”, porque sería por motivos políticos.
Pero el hecho de que Trump y su equipo tengan que responder a esta pregunta ilustra cómo la palabra impeachment de nuevo ocupa un lugar central en el vocabulario político cotidiano en una coyuntura que algunos creen es, tal vez, la peor que el presidente ha enfrentado en sus 19 meses en la Casa Blanca.


Lo del impeachment fue detonado esta semana con el doble golpe contra el presidente el martes pasado, tras la declaración de culpabilidad por delitos federales de su ex abogado y operador personal Michael Cohen, quien implicó al presidente en la violacion de leyes de financiamiento de campañas electorales casi al mismo tiempo que, ante otro tribunal, su ex jefe de campaña Paul Manafort fue declarado culpable por un jurado, por ocho cargos federales de fraude bancario y evasión de impuestos al culminar el primer juicio resultado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller (se esperan más, incluyendo otro para Manafort en septiembre).


Trump ha acusado de mentiroso a su ex abogado por declararse culpable a cambio de una reducción de condena en la cárcel y proclamó que el hecho en que lo implicó Cohen “no es un crimen”. Al mismo tiempo, elogió a su ex jefe de campaña por no “doblarse” ante los fiscales, y este jueves trascendió que Trump ya había consultado con abogados sobre la posibilidad de indultar a Manafort en el futuro.


Sin embargo, la Casa Blanca está bajo sitio por estos sucesos. Eso aparentemente provocó que Trump atacara este jueves de nuevo al procurador general Jeff Sessions, por haber cedido el control de las investigaciones que en parte han resultado en los casos de esta semana, y que continúan poniendo en jaque a su gobierno, su familia y sus socios. Repitió que Sessions “se recusó, lo cual no debería haber hecho, o me hubiera dicho… y no lo hubiera nombrado al puesto”. Poco más tarde, un par de senadores republicanos indicaron que es muy posible que Trump despida a Sessions, tal vez después de las elecciones intermedias de noviembre.


Sessions reaccionó afirmando que “mientras sea procurador general, las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas de manera inapropiada por consideraciones políticas”.
Con ello, brotó de nuevo otra de las muchas batallas entre Trump y sus secretarios y altos funcionarios que han marcado su presidencia.


Expertos reiteraron este jueves que es muy poco probable que el presidente sea formalmente acusado de delitos mientras esté en funciones. Esto, a pesar de la acusación de su ex abogado Cohen de que Trump giró instrucciones poco antes de los comicios de 2016 para entregar pagos para comprar el silencio de una estrella de cine porno y una ex modelo de Playboy sobre las relaciones sexuales que tuvieron con él hace una década y así evitar un impacto negativo sobre la campaña del entonces candidato. Eso sería una conspiración para otorgar una donación no reportada con el propósito de “influir una eleccion”; es decir, un delito.


El consenso es que el futuro del presidente depende no tanto de los tribunales, sino del Congreso, donde se podrían ampliar las investigaciones y/o recibir las conclusiones de la investigación de Mueller, y con ello impulsar las audiencias de impeachment (en un proceso de este tipo, la cámara baja formula los cargos de destitución y el Senado funciona como tribunal sobre esos cargos; o sea, es el foro del juicio político). Por tanto, se vuelve cada vez más importante quién controlará el Congreso, ahora bajo dominio republicano, después de la elección intermedia de noviembre.


Pero su familia y socios no están protegidos por la ley, en teoría. La investigación del fiscal especial tiene varias vertientes en donde están bajo escrutinio Donald Jr, uno de los hijos del presidente, así como su yerno, Jared Kushner, entre otros. Mientras tanto, también hay investigaciones estatales, por ejemplo una sobre la fundación de Trump en Nueva York, que podrían generar aún más cargos. Cohen ya ha indicado que está dispuesto a ofrecer más información sobre Trump a la pesquisa encabezada por Mueller, y otros ex socios y empleados del presidente ya están cooperando con esa y otras investigaciones.


De hecho, unos cinco socios de Trump ya han sido declarados o han aceptado ser culpables de delitos, mientras muchos otros en la Casa Blanca –incluyendo al propio abogado de la Casa Blanca– han contratado a sus propios abogados para protegerse ante posibles cargos resultado de estas indagatorias.


Por otro lado, la rebelión de veteranos de seguridad nacional detonada por la decisión de Trump de anular la autorización de acceso a información secreta del ex jefe de la CIA en la administración de Barack Obama, quien ha sido crítico del actual mandatario, continúa ampliándose. La semana pasada 15 ex jefes y subjefes de la CIA reprobaron públicamente la acción que interpretaron como un intento de supresión de la libre expresión. El ex almirante y jefe de operaciones especiales militares William McRaven denunció al presidente y acusó que ha avergonzado al país; después, otros 60 ex oficiales de la CIA se sumaron a la protesta, mientras esta semana inició con otros 175 ex altos oficiales de seguridad nacional que firmaron una carta advirtiendo que el país “será debilitado” con este tipo de acciones.


“Cada semana parece traer nueva evidencia de que Trump, su circulo interno y los que lo respaldan no se consideran sujetos por conceptos tan pedestres como la verdad, la ética o la ley”, opinó el New York Times en su editorial, en el cual llama al Congreso a asumir sus responsabilidades constitucionales para proteger a esta democracia.

 

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Brasil: las izquierdas y las elecciones de lo desconocido

Se están acelerando las urgencias típicas del inicio de un ciclo electoral que se prolongará entre finales de agosto y finales de octubre. Estas urgencias son particularmente desafiantes para las izquierdas brasileñas porque su principal candidato, de todos el mejor posicionado en las encuestas, está preso y puede llegar a ser considerado inelegible.


Las irregularidades obvias del proceso Lula da Silva han tenido algunos efectos sorprendentes. La obsesión punitiva fue en este caso tan excesiva que el sistema judicial degradó su imagen y su legitimidad, tanto nacional como internacionalmente, a un nivel y con consecuencias que, por ahora, son difíciles de evaluar. A su vez, la imagen política y humana de Lula salió de esta hybris político-judicial fuertemente fortalecida y mejorada. Víctima de una flagrante injusticia y, para muchos, un preso político, Lula da Silva (tal vez el preso político más famoso del mundo) vio aumentar exponencialmente su crédito político y su popularidad entre las clases populares. Paulatinamente, los errores o desaciertos de los gobiernos del PT por él hegemonizados en el periodo 2003-2016 fueron siendo minimizados u olvidados (a lo que también contribuyó el agravamiento de la crisis y económica y la política de austeridad que entretanto recayó sobre las clases populares) y Lula da Silva se fue consolidando como el precandidato con diferencia mejor posicionado para ganar las próximas elecciones presidenciales. Ello a pesar de estar preso, no poder conceder entrevistas ni grabar videos y ser muy probablemente inelegible en los términos de la llamada ley Ficha Limpia.


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Si el objetivo político-judicial era destruir la imagen del expresidente, todo lleva a creer que la estrategia seguida por la élite conservadora falló y que incluso fue contraproducente. Sin embargo, ha alcanzado con éxito su objetivo principal: retirar a Lula da Silva de la próxima contienda electoral y hacerlo sin una alteración cualitativa del régimen político y sin niveles incontrolables de perturbación social. Aunque este objetivo podría haberse alcanzado tan solo parcialmente. En efecto, queda la duda sobre la influencia que el expresidente puede tener en la elección del próximo presidente de la República y en la gobernación del país en el próximo ciclo político.


Más allá de este factor de imprevisibilidad, deben considerarse otros dos: el endurecimiento general del régimen político y las dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda.
El endurecimiento general del régimen político


En los últimos meses el régimen político se ha endurecido considerablemente. Ha aumentado la violencia política, de la que la manifestación más visible fue el asesinato de la diputada municipal Marielle Franco el 14 de marzo de este año. Además, han ocurrido otras ejecuciones de líderes políticos locales, ha aumentado la violencia contra líderes sociales, sobre todo en el medio rural, se ha acentuado el verdadero genocidio de jóvenes negros y pobres de las periferias urbanas, se ha decretado la intervención militar en el Estado de Río de Janeiro con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, se han perseguido judicialmente a profesores e investigadores con acusaciones sorprendentes contra los resultados de su investigación científica (por ejemplo, en el ámbito de los efectos dañinos para la salud pública derivados del uso irregular de agrotóxicos en la agricultura industrial).


El golpe institucional que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, a la prisión a Lula da Silva y a la gestión global de la operación Lava Jato ha consolidado un régimen de excepción que, de forma similar a lo sucedido en otros países, parece ocurrir en una supuesta normalidad democrática. Sin cambiar


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cualitativamente, el régimen político ha acentuado sus rasgos reaccionarios y autoritarios, hasta el punto de que es plausible considerar a Lula da Silva un preso político a pesar de que esto ocurra en un régimen formalmente democrático. He defendido que la democracia brasileña, ya de por sí una democracia de baja intensidad, se ha transformado en una democracia de bajísima intensidad. Esto significa que el carácter socialmente excluyente y políticamente restrictivo de las libertades democráticas se ha acentuado en los últimos tiempos. Sin convertirse en un régimen dictatorial de tipo fascista, ha abierto espacio a fuerzas políticas neofascistas, fuerzas de extrema derecha que usan los instrumentos políticos que restan de la democracia para hacer apología de prácticas típicas de la dictadura (apología de la tortura, justificación de la violencia extrajudicial contra poblaciones pobres racializadas, retórica de violenta intolerancia contra líderes políticos de izquierda, etc.). La cara más visible de esta pulsión neofascista es Jair Bolsonaro, militar en la reserva, diputado federal. Después de Lula da Silva es el precandidato a presidente de la República mejor posicionado en las encuestas. Se trata de un populista de extrema derecha tan mal preparado para dirigir el país y tan improbable vencedor de las elecciones como lo era Donald Trump pocos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016.


Otros rasgos del endurecimiento del régimen político se refieren al modo en que se ha acentuado el protagonismo del sistema judicial en detrimento del Legislativo y del Ejecutivo y a la consiguiente judicialización de la política. El Poder Judicial es hoy en Brasil el principal factor de la inseguridad jurídica que afecta a todos y sobre todo a las grandes mayorías que más necesitan un sistema judicial accesible y comprometido con los objetivos constitucionales de defensa de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Este endurecimiento no se puede explicar sin considerar el papel de la crisis económica, una crisis de rentabilidad del capital que impuso el fin de la política de conciliación de clases que los gobiernos del PT, y muy particularmente Lula da Silva, habían defendido y practicado (el llamado lulismo o «lulapetismo»).


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Las élites dominantes, con el apoyo activo del imperialismo estadounidense y del capital financiero global, estimularon (cuando no provocaron) la crisis financiera y política del Estado para imponer una versión más agresiva del capitalismo, socialmente más excluyente y más dependiente de la creación de poblaciones desechables, en la práctica, subhumanas, a través del recrudecimiento de la dominación colonialista (racismo, exterminio de jóvenes negros, colonialismo interno, violencia contra quienes luchan por la tierra y por el territorio, ya sean campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, poblaciones ribereñas y piscatorias) y de la dominación patriarcal (aumento de la violencia contra las mujeres, liquidación de las conquistas de los años más recientes por la igualdad y por el reconocimiento de la diferencia).


Esta fue la condición impuesta por las élites nacional e internacionalmente dominantes para no recurrir a un régimen explícitamente dictatorial. Cabe señalar que el contexto en el que se produjeron los fascismos en Europa era muy distinto. En ese momento se trataba de contener un movimiento obrero muy militante y muy


organizado o de neutralizar el «peligro» comunista. Las amenazas a la dominación capitalista se percibían entonces como portadoras de una dimensión existencial que hoy no tienen. Por el contrario, la dominación capitalista, colonial y patriarcal parece hoy temer menos que nunca posibles enemigos. Consiguió, al menos aparentemente, una hegemonía por vía de la cual el lema de las izquierdas de los años 1920 —«socialismo o barbarie»— se sustituyó por el lema «capitalismo o barbarie», al mismo tiempo que las barbaridades cometidas por el capitalismo se vuelven cada vez más evidentes y peligrosas, atentatorias del más elemental derecho humano, el derecho a la vida, por no hablar siquiera del derecho a una vida digna.


Dificultades de construcción de hegemonía tanto a la derecha como a la izquierda


Históricamente, las fuerzas políticas de derecha siempre mostraron más unidad en los momentos decisivos que las de izquierda. A menudo, ni siquiera tuvieron que
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preocuparse de detallar las condiciones de su unidad porque siempre contaron con un apoyo sorprendente para la conquista o el mantenimiento del poder político: la división entre las fuerzas de izquierda. Esta asimetría no deriva de una deformación intrínseca que impida a las izquierdas realizar diagnósticos correctos en los «momentos decisivos» y tener en cuenta las perspectivas a medio plazo en las urgencias de autopreservación a corto plazo. Deriva más bien de otra asimetría constitutiva de las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en las que vivimos puesto que la opción (consensual) por el régimen político democrático dejó de poder contemplar la opción por un régimen económico alternativo al capitalismo, el socialismo. A partir de entonces, la derecha, cuando gobierna, detenta el poder político, económico y social, mientras que la izquierda, cuando gobierna, detenta el poder político, pero no el poder económico ni el poder social. Esta asimetría permite a la derecha tener, en general, más certezas en los «momentos decisivos», por ejemplo, la de mantener intacto el poder económico y social incluso cuando se ve obligada a perder el poder político. Por el contrario, las fuerzas de izquierda tienden a sobrestimar su poder cuando están en el gobierno (como si el poder político, por sí mismo, conllevase el poder económico y social) y a subestimarlo cuando están en la oposición (la pérdida del poder político se ve como una pérdida total e invita a refugiarse en estrategias aislacionistas de supervivencia partidaria). Este desequilibrio es factor de confusión y miopía oportunista en los momentos en los que la clarividencia de objetivos estratégicos jerarquizados sería más importante.


En Brasil, esta asimetría es hoy más visible que nunca, aunque se deben tener presentes los antecedentes que llevaron al suicidio de Getúlio Vargas en 1954 y al golpe militar diez años después. En la crisis que se instauró tras las elecciones de 2014, la derecha estuvo siempre más unida que la izquierda. En el momento en el que, debido a la crisis internacional, tuvo claro que su poder económico estaba en peligro decidió que, para salvaguardarlo, era preciso reconquistar en pleno el poder político, es decir, poner fin a la política de alianzas con los gobiernos del Partido de los Trabajadores que


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había mantenido desde 2003. De ahí el golpe institucional que llevó al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, a la prisión injusta de Lula da Silva y al desmantelamiento rápido y agresivo de las políticas más emblemáticas del periodo anterior. La facilidad con la que la derecha quitó de en medio al petismo muestra que el periodo anterior se asentó en un equívoco. Lo que para el PT era una política de conciliación de clases más o menos duradera, para la derecha era una mera política coyuntural de alianzas. El odio clasista y racista que se propagó de inmediato como gasolina ardiendo es prueba de ello.


Pero también se hizo evidente que la unidad de las fuerzas de derecha era sobre todo una unidad negativa, es decir, una unidad para eliminar la presencia del petismo de la escena política. La unidad para construir una alternativa positiva (la configuración específica de las relaciones entre el poder político, el poder económico y el poder social) tendría que tener otro ritmo, el ritmo del ciclo electoral de 2018.


Tomadas por sorpresa (lo que, en sí, ya es significativo), las fuerzas de izquierda tardaron cierto tiempo en reaccionar, sobre todo porque ya venían divididas en lo que respecta a la evaluación de las políticas y las prácticas de gobierno de los gobiernos petistas. Sin embargo, los «excesos» de la contrarreforma facilitaron la emergencia de una unidad entre las fuerzas de izquierda, de igual forma una unidad negativa: el consenso de repudio al ritual sacrificial del que fue víctima Lula da Silva y, en consecuencia, el consenso en la campaña «Lula Libre» y en la reivindicación de su derecho a ser candidato en el ciclo electoral de 2018.
El ciclo electoral está entrando en su fase decisiva y las asimetrías anteriormente anotadas están, de nuevo, bien presentes. En lo que se refiere a la derecha, muchos analistas subrayan la falta de una unidad positiva patente en la ausencia de un candidato obvio para el liderazgo político del próximo periodo político. En mi opinión este análisis está equivocado. La aparente falta de unidad es una trampa bien urdida para garantizar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se juegue entre dos


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candidatos de derecha. En el momento en que esto ocurra, la derecha dejará bien claras sus opciones. A menos que las condiciones económicas internacionales se deterioren acentuadamente, optará por una política conservadora sistémica en detrimento de una política de ultraderecha con una pulsión antisistémica. Obviamente, no está garantizado que esta estrategia resulte plenamente. Las dinámicas de la política del resentimiento actualmente en vigor pueden liberar los demonios del populismo de extrema derecha. En cualquier caso, esta solución garantizará lo principal, la congruencia mínima entre el poder político democrático de bajísima intensidad y el poder económico y social de carácter particularmente excluyente y represivo.


En lo que se refiere a las fuerzas de izquierda, a medida que se intensifica la lógica electoral, la falta de unidad positiva (para garantizar una alternativa política mínimamente de izquierda) se vuelve cada vez más patente. La lógica tacticista de supervivencia partidaria a corto plazo parece dominar y la paradoja más chocante para cualquier observador atento parece escapar a los líderes de los partidos: la paradoja de pregonar la unidad de las izquierdas en la segunda vuelta y, al mismo tiempo, hacer cualquier cosa para que no haya candidatos de izquierda en la segunda vuelta. En este ámbito, la responsabilidad del PT es particularmente fuerte por ser el principal partido de izquierda y tener como precandidato al político más aventajado en las encuestas, aunque esta precandidatura no pueda convertirse en candidatura. Las asimetrías entre izquierda y derecha que he señalado arriba son ahora particularmente dramáticas.


Si es cierto lo que afirmé arriba —que lo que el PT vio como conciliación de clases era, para, la derecha, una mera alianza política coyuntural—, resulta particularmente incomprensible que se insista en políticas de alianza con las fuerzas de derecha que apoyaron el golpe institucional, cuando es evidente que ahora no hay ninguna condición para la conciliación de clases, ni siquiera como ilusión creíble. Es decir, las condiciones que permitieron al PT ser la izquierda hegemónica en el periodo anterior dejaron de existir. Por tanto, tendría sentido que la hegemonía se reconstruyese sin alianzas con la derecha y, por el contrario, con alianzas construidas horizontalmente


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con otras fuerzas de izquierda y centroizquierda. En cambio, impera el tacticismo de la supervivencia partidaria en el próximo ciclo político, aunque ello implique desperdiciar la oportunidad de elegir un presidente de la República que detenga el vértigo de la exclusión y la represión que se abate sobre las mayorías empobrecidas y racializadas. Sin embargo, esta posición es más compleja que el puro tacticismo. Constituye el núcleo de la identidad política que Lula da Silva forjó para el PT en las últimas décadas. El hecho de estar actualmente preso hace que Lula da Silva sea ahora más que nunca el garante de esa identidad. El poslulismo y el lulismo no pueden coexistir. De algún modo, el PT es rehén de Lula y Lula es rehén... de Lula.


No obstante, cabe señalar que Lula da Silva es un líder con genio político. A partir de una celda está influenciando de manera decisiva la conducción de la política brasileña. No es fácil encontrar en la historia contemporánea otro líder carismático que logre ampliar su aceptación popular (subir de manera tan espectacular en las encuestas) a pesar de estar preso desde hace varios meses y tras sufrir una campaña de demonización mediática y judicial sin precedentes. Ciertamente dice mucho sobre Lula de Silva, pero también revela algunas complejidades insondables de la estructura social brasileña y del modo en el que el público recibe los mensajes mediáticos que se difunden.


La apuesta de Lula da Silva es la más arriesgada de todas las que ha hecho hasta ahora. Consiste en permanecer en la disputa electoral el mayor tiempo posible y confiar en que, en caso de ser declarado inelegible, habrá una transferencia masiva de votos al candidato que él indique, ciertamente el candidato a vicepresidente en su chapa electoral, Fernando Haddad. Probablemente solo así se garantizará la presencia de un candidato de izquierda en la segunda vuelta. La hipótesis más segura para esto ocurriera habría sido un entendimiento entre Lula da Silva y Ciro Gomes (PDT), una hipótesis que se descartó (¿definitivamente?). Si la apuesta de Lula tiene éxito, la derecha tendrá que reevaluar la eficacia y los costes políticos del golpe institucional, ya que sin él tal vez asumiera el poder en estas elecciones de manera más segura y limpia. En caso de


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decidir no adulterar aún más el juego democrático, seguramente deberá invertir todo en agravar los costes políticos de la reversión de las leyes (la contrarreforma) que logró aprobar durante el interregno del golpe institucional.


Si la apuesta de Lula falla y un candidato de derecha resulta elegido, las clases populares van a ver aún más agravadas sus condiciones de vida y con ello el genio político de Lula no podrá dejar de cuestionarse. Se seguirán intensas disputas en el seno del PT y probablemente algunas escisiones. Se abrirá entonces el periodo pos-Lula.


A la luz de los acontecimientos, todo indica que, sobre la base del PT, no será posible, por ahora, pensar en una renovación de las fuerzas de izquierda a partir de una nueva política de construcción de hegemonía. Fuera de la izquierda hegemonizada por el PT, el PSOL está construyendo una alternativa junto com el movimiento Vamos, procedente del Frente Pueblo Sin Miedo, el MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), la APIB (Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil) y el Partido (PCB) Brasileño. Los candidatos a la presidencia de la República son Guilherme Boulos (presidente) y Sonia Guajajara (vicepresidenta). Esta candidatura apuesta por la renovación de las izquierdas con base en nuevas lógicas de alianza y articulación programática, con la excepción de alianzas con las fuerzas de derecha. Parece, pues, estar sacando las conclusiones correctas de todo lo sucedido en los últimos años. Sin embargo, debe ser cada vez más consciente de que tal renovación solo es pensable tras las elecciones de 2018 y su construcción es totalmente contingente, en la medida en que dependerá de los resultados electorales, por ahora imprevisibles, y de las consecuencias sociales que de ellos se deriven. En el plano de la contingencia, ciertamente debe estar incluida la posibilidad de la creación de un nuevo partido, un partido que sea también un partido de nuevo tipo, un partido-movimiento, construido internamente por mecanismos de democracia participativa para ser verdaderamente nuevo e innovador en el ámbito de la democracia representativa. En la base de ese partido estarán eventualmente movimientos y organizaciones sociales, así como los sectores más movimentistas del PSOL y los sectores de izquierda del PT y de otros

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partidos. Para que esta apuesta tenga sentido es necesario que el trabajo político de base de las fuerzas sociales y políticas de izquierda siga siendo posible en el próximo ciclo político. La ausencia de las amenazas al capitalismo que existían hace cien años parece indicar que se mantendrá el régimen democrático de bajísima intensidad. Sin embargo, debe considerarse una incógnita perturbadora. Al fin y al cabo, el fascismo y el neofascismo tienen razones que la razón desconoce.

Traducción de Antoni Aguiló

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LA ONU ratificó el derecho de Lula a ser candidato del PT

Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una victoria de proporciones en Naciones Unidas (ONU) donde fue defendido su derecho a ser candidato a la Presidencia en las elecciones del 7 de octubre. El Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral demandó que el Estado brasileño deje sin efecto las resoluciones que impiden al detenido dar entrevistas, grabar spots de campaña y participar en debates televisivos con los otros postulantes. “Esta medida cautelar de la ONU llegó en un momento muy oportuno, fue una medida muy positiva”, declaró a PaginaI12 la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula. 

La noticia generada en la sede de la ONU en Ginebra llegó a media mañana a Brasilia. A primeras horas de la tarde ganó contornos de un conflicto diplomático porque el gobierno la definió como una “una intromisión” carente de “relevancia jurídica”. Teixeira Zanin Martins desmintió la tesis oficial, al sostener que “el Estado tiene que acatar esta medida cautelar porque es signatario desde 1992 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU”, reforzado en 2009 a través de un Decreto Legislativo 311 en el que se comprometió a acatar sus determinaciones.


Lula está arrestado desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba por determinación del juez Sergio Moro, responsable de Lava Jato.


“El presidente Lula ha sido víctima de todo tipo de atropellos, de vicios groseros por parte de un juez que se condujo con falta de imparcialidad y motivaciones políticas”, planteó la abogada que ubicó esta resolución de la ONU en el contexto de la “perplejidad” que hay en la comunidad internacional frente a la situación a la que “ha sido sometido el presidente (Lula), un hombre inocente contra quien no hay ninguna prueba”.


A pesar de su aislamiento , por estar encerrado en una celda en solitario, el político ha recogido muestras de respaldo internacional, que van desde el papa Francisco al expresidente francés Francois Hollande, incluyendo al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que lo visitó el jueves, el intelectual estadounidense Noam Chomsky y la ex presidenta Michelle Bachelet. Precisamente la socialista Bachelet acaba de ser elegida como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, novedad que puede fortalecer la posición del detenido.


El miércoles pasado el Partido de los Trabajadores presentó ante el Tribunal Superior Electoral la candidatura de Lula a la presidencia y Fernando Haddad a la vice. El mismo miércoles, con una premura evidente, la procuradora general de la República solicitó la impugnación alegando que el candidato violó la Ley de la Ficha Limpia.


Hasta ayer ya hubo siete pedidos de impugnación. Uno de ellos lo firmó el candidato y capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) y otro el actor porno, también retirado de esa profesión, Alexandre Frota. Bolsonaro se fotografió ayer entre policías con los dedos en forma de pistola, repitiendo su estilo de candidato mano dura y aprovechó el evento para tildar a Lula de delincuente.


Paralelamente, esta semana los fiscales de la causa Lava Jato exigieron que el detenido no reciba visitas de dirigentes políticos y que se refuercen las medidas de enclaustramiento. El planteo de los fiscales desconoce que Lula, como todo ciudadano privado de su libertad, mantiene sus derechos políticos. Como el de disputar la Presidencia.


¿En términos prácticos qué implica esta medida del Comité de la ONU?, le preguntó este diario a Teixeira Zanin Martins. “Significa que el Estado brasileño tiene que garantizarle a Lula que puede competir en las elecciones en un pie de igualdad con sus adversario. Por ejemplo, que esta noche (del viernes) pueda participar a través de videoconferencia o de teléfono en el debate que realiza la Rede TV, y que no se lo excluya como sucedió la semana pasada en el debate de Bandeirantes”, explicó la abogada. Ella integra el equipo encabezado por el australiano Geoffrey Robertson, quien ya fue defensor de Julian Assange y participó en un proceso contra el dictador Augusto Pinochet. Ese equipo de letrados presentó en julio 2016 una denuncia ante el Comité de la ONU.


Los portales de noticias de los medios grandes se habían desentendido del tema hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado de tono enérgico, según los cánones diplomáticos. “Brasil es un fiel cumplidor del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos”, dice la nota oficial en la que se aseguró el respeto a la “amplia defensa” de que gozan todos los ciudadanos. En el comunicado se relativiza el efecto jurídico del pronunciamiento de la ONU. Un punto de vista con el que discrepó la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos, Sarah Cleveland, para quien el gobierno de Brasil “está obligado a acatar” la decisión. El caso es que la campaña ganó un relieve internacional inconveniente para el gobierno. Del que posiblemente habrá más repercusiones en los próximos días cuando se podrían sumar nuevas objeciones al cautiverio del candidato que, pese a su encierro, sigue ubicado en primer lugar de todos los sondeos.

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Lula desafía a los jueces y se inscribe candidato a la presidencia de Brasil

El Partido de los Trabajadores desoye las leyes que prohíben la candidatura de alguien condenado en la segunda instancia

El Partido de los Trabajadores ha registrado al expresidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción desde abril, como candidato a las elecciones presidenciales de este octubre. Es un claro desafío a los jueces que le pusieron entre rejas y a los deberán vetar la candidatura de quien aún es el político más popular de Brasil, pues la ley impide que alguien condenado por la segunda instancia sea candidato

“Lula candidato”, el sintagma más discutido en la política brasileña en los últimos meses, ya es una realidad, al menos por ahora. El Partido de los Trabajadores(PT) ha inscrito oficialmente a Lula como como su candidato a las elecciones generales del próximo octubre, desoyendo las advertencias de los jueces, que recuerdan que la condena en la segunda instancia que pesa sobre el expresidente -y que debería tenerle entre rejas los próximos 12 años- le inhabilite para ello. Este es el último gran órdago de quien todavía es el candidato favorito con diferencia en las encuestas (y que necesita del aforamiento que viene con el cargo de presidente de la república para librarse de los muchos juicios por corrupción que tiene por delante). Un órdago que deja a sus enconados rivales del poder judicial una única maniobra posible: vetar la candidatura y provocar la ira de los millones de seguidores del expresidente.

Aún desde la cárcel, Lula ha convertido el trámite de su inscripción en un despliegue de popularidad: la "Marcha Nacional Lula Libre". Decenas de miles de sus muchos seguidores se han desplazado hasta Brasilia y han desfilado durante seis kilómetros hasta la misma puerta del Tribunal Electoral, donde se realizó la inscripción, previo discurso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffman y la expresidenta Dilma Rouseff. Un recuerdo de que, en el antipático panorama político de Brasil, Lula todavía mueve masas.


Pero lo cierto es que también las necesita. Más que una carrera hacia las urnas, la suya es una carrera contra el tiempo: cuanta más campaña electoral sea capaz de hacer el PT usando su poderoso nombre, más tenso será el inevitable día que el Tribunal Electoral vete su candidatura. En teoría ese día no debe retrasarse más del 17 de septiembre, fecha límite prevista para revisar las inscripciones. Pero tanto la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber, como la fiscal general de la república, Raquel Dodge, han dado entender en los últimos días que tienen formas de acelerar la sentencia de la candidatura del PT y las usarán.


A la agrupación, malherida desde que perdió el poder en el juicio político a Rousseff en 2016, se le viene encima una batalla en el terreno donde hasta la fecha peor se ha manejado: el judicial. Y más que desfiles, lo que necesitan son argumentos jurídicos a su favor. Por ahora, los que defienden los abogados se pueden resumir en tres: que el caso de Lula aún no ha llegado al Tribunal Supremo y que por tanto existe la posibilidad de que la condena sea cancelada (si bien muchos juristas la encuentran irrisoria). Que el mero hecho de estar inscrito como candidato debería garantizar la posibilidad de hacer una campaña y poner su nombre en las papeletas. Y, finalmente, que en caso de que el Tribunal Electoral decida vetarle, Lula debería poder presentar recursos contra esa decisión y mientras tanto seguir haciendo campaña.


Muchos en Brasilia dan por hecho que, en caso de que finalmente no pueda seguir haciendo campaña, Lula ceda su puesto a quien hoy es el número dos en la candidatura, Fernando Haddad. El exalcalde de São Paulo es, para ellos, el único nombre lo suficientemente fuerte como para salir airoso del aparentemente inevitable escenario de unas elecciones sin Lula.

São Paulo / Brasilia 15 AGO 2018 - 15:29 COT

 

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Miércoles, 15 Agosto 2018 07:54

Quiero democracia, no impunidad

Quiero democracia, no impunidad

Hace dieciséis años, Brasil estaba en crisis; su futuro era incierto. Nuestro sueño de convertirnos en uno de los países más democráticos y prósperos del mundo parecía peligrar. La idea de que algún día nuestros ciudadanos pudieran disfrutar los estándares de vida holgados de nuestros pares en Europa o en otras democracias de Occidente parecía esfumarse. Menos de dos décadas después de que terminó la dictadura, algunas heridas de ese periodo seguían abiertas.

 El Partido de los Trabajadores ofreció esperanza, una alternativa que podía cambiar esas tendencias. Me parece que, sobre todo, por esta razón triunfamos en las urnas en 2002. Me convertí en el primer líder sindical en ser elegido presidente de Brasil. Al principio, los mercados se inquietaron por este acontecimiento, pero el crecimiento económico los tranquilizó. En los años posteriores, los gobiernos del Partido de los Trabajadores que encabecé redujeron la pobreza a más de la mitad en tan solo ocho años. En mis dos periodos presidenciales, el salario mínimo aumentó el 50 por ciento. Nuestro programa Bolsa Família, el cual ayudaba a familias pobres al mismo tiempo que garantizaba educación de calidad para los niños, fue reconocido internacionalmente. Demostramos que combatir la pobreza era una buena política económica.

Después, este progreso fue interrumpido. No por medio de las urnas, a pesar de que Brasil tiene elecciones libres y justas, sino porque la expresidenta Dilma Rousseff fue víctima de un juicio político y la destituyeron del cargo por una acción que incluso sus oponentes admitieron que no era una ofensa que ameritara este tipo de procedimiento. Muy pronto, yo también terminé en la cárcel, después de un juicio sospechoso por cargos de corrupción y lavado de dinero.

Mi encarcelamiento es la fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta diseñado para marginar de forma permanente las fuerzas progresistas de Brasil. Tiene como objetivo evitar que el Partido de los Trabajadores vuelva a ser elegido para ocupar la presidencia. Debido a que todas las encuestas muestran que ganaría con facilidad las elecciones de octubre, la extrema derecha de Brasil busca dejarme fuera de la contienda electoral. Mi condena y encarcelamiento se sustentan solamente en la declaración de un testigo cuya propia sentencia fue reducida a cambio de que testificara en mi contra. En otras palabras: el testigo tenía un beneficio personal en decir lo que las autoridades querían oír.

Las fuerzas de la derecha que han usurpado el poder en Brasil no han perdido el tiempo para implementar su agenda política. El gobierno profundamente impopular del presidente Michel Temer ha aprobado una enmienda constitucional que pone un límite de veinte años al gasto público y ha promulgado varios cambios a las leyes laborales que facilitarán la subcontratación, debilitarán los derechos de negociación de los trabajadores e incluso su derecho a un día laboral de ocho horas. El gobierno de Temer también ha intentado recortar las pensiones.

Los conservadores de Brasil se han esforzado mucho por socavar el progreso logrado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y están determinados a evitar que ocupemos la presidencia de nueva cuenta en el futuro cercano. Su aliado en esta maniobra es el juez Sérgio Moro y su equipo de procuradores, quienes han recurrido a grabar y filtrar conversaciones telefónicas privadas que tuve con mi familia y mi abogado, entre ellas una conversación que se grabó de forma ilegal. Crearon un espectáculo mediático cuando me arrestaron y me hicieron desfilar ante las cámaras acusado de ser la “mente maestra” detrás de un enorme esquema de corrupción. Rara vez se cuentan estos detalles vergonzosos en los principales medios informativos.

El juez Moro ha sido idolatrado por los medios de la derecha brasileña. Se ha vuelto intocable. Sin embargo, el verdadero problema no es Moro, sino los que lo han encumbrado a un estatus de intocable: las élites neoliberales de derecha que siempre se han opuesto a nuestra lucha por una mayor igualdad y justicia social en Brasil.

No creo que la mayoría de los brasileños apruebe esta agenda elitista. Por esta razón, aunque me encuentro en prisión, me postulo a la presidencia y, por el mismo motivo, las encuestas muestran que, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, sería el ganador. Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy solo por razones políticas.

No me preocupa mi situación. He estado preso antes, durante la dictadura militar de Brasil, nada más porque defendí los derechos de los trabajadores. Esa dictadura cayó. La gente que abusa de su poder en la actualidad también caerá.

No pido estar por encima de la ley, sino un juicio que debe ser justo e imparcial. Las fuerzas de la derecha me condenaron, me encarcelaron, ignoraron la evidencia abrumadora de mi inocencia y me negaron el habeas corpus solo para impedir que me postulara a la presidencia. Pido respeto por la democracia. Si me quieren derrotar de verdad, háganlo en las elecciones. De acuerdo con la Constitución brasileña, el poder viene de la gente, la responsable de elegir a sus representantes. Así que dejen que el pueblo brasileño decida. Tengo fe en que la justicia prevalecerá, pero el tiempo se le acaba a la democracia.

Por Luiz Inácio Lula da Silva
The New York Times 

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, escribió este artículo de opinión desde la cárcel, en Curitiba (Brasil). La versión en castellano de este artículo se encuentra en la misma cabecera del The New York Times sin mención de autoría, donde también se encuentra la versión en inglés y en portugués.

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