El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 06:17

¿Qué pasa en Bolivia?

¿Qué pasa en Bolivia?

Bolivia vive una crisis política en la que el Gobierno denuncia golpe y la oposición fraude. El triunfo de Evo Morales en primera vuelta por un escaso margen dio lugar a masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo, con enfrentamientos en las calles de distintas ciudades del país

 

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54% de los votos. Desde entonces, el «primer presidente indígena» triunfó, elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83% de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08% y Carlos Mesa, 36,51%; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del «40 más 10», contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100% no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80%; que no se incluyó el 17% de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que « no fue una buena decisión» . Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el Gobierno acusaba a la oposición «racista» de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión «fina» sobre el escrutinio –el Gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

- Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen . Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar «otras vías» para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional . Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para «borrar» lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

- El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue «un campesino más». Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional («Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo», dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de «Revolución Democrática y Cultural». La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

- Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín , prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la «vuelta al pasado». La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un «populista», casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el Gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó «delincuente» a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por «notas» (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía « Patria o muerte» . Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a «radicalizar» los bloqueos y paros en las ciudades para «asfixiar al Estado» (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la « estabilidad de Sudamérica» (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del «oasis» chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

Por Pablo Stefanoni

Nueva sociedad

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El ex-presidente José Mujica vuelve al Senado de Uruguay como el más votado del Frente Amplio

Con 93,99% de votos escrutados, la lista 609 del Movimiento de Participación Popular, cuyo líder es el ex mandatario uruguayo, obtuvo 262.124 votos.

De esta manera, Mujica tendrá un nuevo período parlamentario después de haber renunciado al Senado en 2018 para tomarse una licencia.

El ex presidente nunca dejó de aparecer en eventos oficiales, partidistas o de importancia. Además, es uno de los más aclamados tanto por el público como por la prensa.

Mujica, pese a su longevidad, decidió volver al ruedo electoral e intentar ayudar a su partido a atraer votantes en busca de un cuarto período de gobierno consecutivo.

Elecciones reñidas
Las elecciones uruguayas fueron de las más reñidas de los últimos tiempos. El candidato oficialista, Daniel Martínez, apenas alcanzó 40% de los votos.

Mientras que el candidato del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo 30% de los sufragios.

Consiguió que el resto de los aspirantes que alcanzaron representación parlamentaria para el próximo gobierno aceptaran formar una coalición para destronar al Frente Amplio.

Objetivo: ganar las elecciones
Ya con su banca asegurada gracias a la alta votación del MPP, ahora Mujica intentará ayudar a dar vuelta a la pisada y ayudar a su partido a ganar las elecciones.

Si bien todo pareciera indicar que el Frente Amplio tendrá un arduo trabajo para intentar revertir la situación y alcanzar una vez más el gobierno, Mujica desde su banca continuará su legado como uno de los políticos más influyentes de este siglo.

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Declaración de gratitud de la campaña cívica “Víctor Vidal Alcalde”

CON EL TRIUNFO DE VÍCTOR VIDAL GANA EL PUEBLO DE BUENAVENTURA. Decir que con la llegada de Víctor Vidal a la alcaldía de Buenaventura gana el pueblo, no es una simple frase bonita que surge por facilismo ni para impresionar. Esto encierra una poderosa verdad que nos llena de esperanza, y que debemos entender para asimilar y asumir el enorme desafío que nos depara como pueblo.

Es fácil relacionar el triunfo que todavía no terminamos de saborear y asimilar, con el paro cívico de 2017 del cual se dijo proféticamente que partiría la historia de la ciudad en dos. Hoy esa afirmación no deja ya ningún lugar a dudas. Pero el origen del proceso se remonta varios años atrás.

Se trata de la victoria de un pueblo, en el sentido más amplio de la expresión, como es amplio y diverso el movimiento cívico y popular que concreta este triunfo en el terreno electoral, pero que tiene ya muchos frutos en el largo camino del intenso proceso de participación y organización cívica y comunitaria.

Si alguna cosa tiene de particular y de importante el triunfo del movimiento cívico es precisamente que no se trata de una reacción momentánea o de un fenómeno mediático inspirado por alguna figura diseñada en los laboratorios de los expertos en imagen y márketing político. Es todo lo contrario. Hoy el pueblo de Buenaventura está cosechando el fruto de un trabajo hecho en minga y cocinado desde hace muchos años en el fuego lento del proceso comunitario surgido desde abajo, desde las raíces, desde los ríos y los consejos comunitarios, desde las calles y los barrios. Y por qué no decirlo, con olor a tierra mojada, a pescado salado, a lluvia pertinaz y a sudorosos rostros dorados por el sol brillante, fecundo y duro sol del Pacífico profundo.

En este fuego lento se fueron cocinando las razones maduradas en la experiencia de la organización comunitaria que incluso se remonta hasta los orígenes de la ley 70, y con ellas al Proceso de Comunidades Negras y decenas de organizaciones similares que desde distintos rincones confluyendo en Buenaventura, han hecho la lucha. Entre ellas, el movimiento Juventud 500 de donde surge Víctor Hugo Vidal Piedrahita.

De este multicolor universo surgió en 2012 el evento Marcando Territorio centrado en la necesidad de defender la relación con el territorio y el derecho ancestral que tienen al mismo los pueblos afrodescendientes e indígenas de la Buenaventura urbana.

Antes del paro cívico, y con muchas razones después de los acuerdos, muchas han sido las personalidades queridas e influyentes, que se han enamorado de este proceso y han puesto lo mejor de su capacidad humana para acompañarnos. De todos ellos también es el triunfo. Y así sabemos que con el triunfo de Buenaventura, gana también Colombia, gana la esperanza y la certeza de comprobar que la solidaridad da grandes frutos.

Son numerosas las organizaciones de la vida nacional e incluso internacional que estaban atentos a los resultados de Buenaventura. En el buen sentido de la palabra, estas elecciones en Buenaventura eran centro de la atención y prueba de fuego para el pueblo.

Organizaciones y personas de la vida académica y universitaria, investigadores, intelectuales, Ongs defensoras de derechos humanos, todas con el común denominador de haberse “enamorado” de la causa justa enarbolada por Buenaventura con su multicolor gama de liderazgos y expresiones de la vida cívica, cultural, social y política han hecho aportes valiosos, y están hoy más que nunca dispuestos a profundizar su trabajo con Buenaventura y por Buenaventura.

Son muchos y diversos los aliados fraternos, y entre ellas unos emblemáticos que no se pueden omitir: El obispo del Pueblo, el Emérito Héctor Epalza Quintero quien siempre ha mantenido un público idilio con la lucha dura de Buenaventura desde los momentos más difíciles y dolorosos de la violencia, hasta el cierre mismo de campaña con el obispo Rubén Darío Jaramillo, que decididamente puso el acento en llamar a que la decencia y la dignidad se impusieran a la hora de elegir. Un mensaje que el pueblo, sabio como se le puede llamar hoy, supo entender con claridad.

También figuras y fuerzas de la vida política nacional. El más conocido y frentero es el senador Alexander López, pero felizmente no es el único. Congresistas, partidos políticos varios, líderes del orden nacional y de diversas tendencias políticas, todos “simpatizados” con la causa esperanzadora de Buenaventura que ahora más que nunca es referencia nacional. Queda el desafío de pasar de los deseos y las promesas a la realidad. Ya veremos pronto qué se puede decir.

Buenaventura, 28 de octubre de 2019

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Lunes, 28 Octubre 2019 08:27

En Buenaventura gana Victor Vidal

En Buenaventura gana Victor Vidal

Buenaventura hace historia, al llevar a Victor Vidal a la alcaldía distrital, a nombre del movimiento Cívico que lideró el Paro de 2017. El triunfo se logra con el aval del Polo Democrático en alianza con Colombia Humana y la Unión Patriótica, lo que representa en buena medida la pluralidad y la diversidad de los sectores populares, los sindicatos, las organizaciones sociales y el llamado voto de opinión.

Una contundente victoria del pueblo contra las viejas maquinarias que hicieron como es costumbre, millonarios despliegues en publicidad con cuatro candidaturas de la política tradicional.

Con Víctor Hugo Vidal Piedrahita gana la decencia y gana un pueblo que supo derrotar a puro corazón y sin dinero, mostrando claridad y conciencia de su momento histórico, el derroche de publicidad de varias de las campañas opositoras.

El triunfo de la campaña Cívica es el final feliz de una gesta heroica del pueblo de Buenaventura, que había comenzado en 2017 y supo madurar tras dos años de trabajo en el seguimiento a los acuerdos, que se habían firmado con el presidente nobel Juan Manuel Santos.

Es también un esperanzador comienzo que tiene la desafiante tarea de concretar las reclamaciones del pueblo de Buenaventura, acumuladas por años.

Al final de la tarde e inicio de la noche del domingo 28 de octubre, en la sede principal de la campaña en La Calle Cundinamarca, el pueblo desbordó de alegría, mientras cantaba en coro varios de los temas que sirvieron de animación a la campaña ganadora.

En rueda de prensa Víctor Hugo Vidal Piedrahita declaró su compromiso de trascender la instancia local, trabajando para convertirse en referencia nacional como el mejor alcalde no solo de Buenaventura, sino de Colombia entera. El pueblo se lo merece, afirmó el virtual alcalde de Buenaventura inevitablemente emocionado.

Al fondo se escucha a rabiar, el coro ya conocido nacionalmente de que "El pueblo no se rinde carajo".

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La candidata a la alcaldía de Bogotá por Alianza Verde, Claudia López (c), celebra su triunfo en las elecciones regionales junto a los senadores colombianos Jorge Enrique Robledo (i) y Antanas Mockus (d) este domingo, en Bogotá (Colombia). EFE

BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá y las principales ciudades de Colombia eligieron alcaldes alejados del oficialismo nacional y se inclinaron por candidatos de centroizquierda, según los resultados escrutados por la Registraduría Nacional.

En Bogotá, con 100% de las mesas escrutadas, la candidata por el partido Alianza Verde (centroizquierda) Claudia López, se hizo con 1.108.541 votos (35,21%) frente al candidato independiente Carlos Fernando Galán, que sumó 1.022.362 (34,28%).

Mientras, en Medellín (noroeste), un bastión tradicional de Uribe, el candidato independiente Daniel Quintero Calle fue elegido alcalde para el periodo 2020-2023, con 303.278 votos (38,56%), según el escrutinio del 99,95% de votos.

En Cali (suroeste), el centroizquierdista Jorge Iván Ospina Gómez, también del partido Alianza Verde, se hizo con la alcaldía con 295.884 sufragios (37,98%), de acuerdo al escrutinio del 99,21% de las mesas.

En Barranquilla (norte), Jaime Pumarejo Heins es el alcalde electo al obtener 308.612 sufragios (62,44%), según datos de 99,71% de las mesas.

Pumarejo Heins fue ministro de Vivienda y pertenece al partido de centro-derecha Cambio Radical, aunque contó con el respaldo de una coalición de varios partidos compuesta por el CD de Uribe, el Partido Liberal, Partido de la Unidad Nacional y el Conservador, lo que lo llevó a superar al izquierdista Antonio Eduardo Bohorquez (partido Polo Democrático), que sumó 66.169 votos (13,38%).

En Bucaramanga (nordeste), el empresario Juan Carlos Cárdenas, sin ninguna experiencia previa en política pero que se ha desempeñado en el sector privado como ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander alcanzó 141.768 sufragios (48,36%) este domingo.

Durante la jornada, un total de 36,6 millones de personas estaban habilitadas para votar y elegir, a nivel departamental, gobernadores y diputados y, en los municipios, a alcaldes, concejales y ediles.

Según la Registraduría, para este domingo se imprimieron 156.222.420 tarjetas electorales, mediante los cuales se eligieron 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales.

De acuerdo con la Consejería Nacional para la Reincorporación (CNR), 308 candidatos del partido de izquierda FARC (surgido tras la desmovilización de la guerrilla) participaron en los comicios en 23 departamentos y 85 municipios.

"Son 101 excombatientes y 207 no excombatientes. Hay 18 candidatos a asambleas, 15 a alcaldías, 249 a concejos y 25 a juntas administradoras locales (ediles)", precisó el organismo, que destacó que el departamento de Antioquia contó con el mayor número de aspirantes de la antigua guerrilla a cargos de elección popular, con un total de 42.

La Fiscalía General de Colombia, que dispuso de 8.894 funcionarios, entre fiscales, asistentes e investigadores, para las elecciones locales de este domingo, reportó que a lo largo de la jornada se registraron 36 detenciones por delitos electorales en diferentes regiones del país, mientras que 146 más fueron detenidas por orden judicial por hechos no relacionados con los comicios.

Por último destacó que en desarrollo de los operativos de control se incautaron más de 450 millones de pesos (unos 132.350 dólares) que serían usados para la compra de votos.

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Domingo, 27 Octubre 2019 15:00

Contra el realismo político

Contra el realismo político

En este mes, en estas fechas, es inevitable hablar de elecciones. Un enorme aparato publicitario, estatal y privado, se ha encargado, casi desde el comienzo del año, de repetirnos la importancia del evento y quiénes son los candidatos y candidatas. Sí, los candidatos, aureolados con los logos de su partido o grupúsculo, ya que pocas personas se enteran del contenido de sus programas; a la gran mayoría les tienen sin cuidado.

Realidad criolla. No obstante, el hecho político más importante del mes es el levantamiento popular, principalmente indígena, en Ecuador. Y no es “en otro país”. Junto con Venezuela son los vecinos más influyentes en nuestra situación. No es posible ignorar las identificaciones culturales, el comercio fronterizo, el permanente trasiego de personas (hoy, obviamente, la catastrófica inmigración de venezolanos), y la vida en común a uno y otro lado de la línea artificial. Basta recordar que el departamento de Nariño es, hoy por hoy, uno de los más violentos y afectados por el narcotráfico, así como los de Norte de Santander y Arauca, particularmente la región del Catatumbo, en nuestra frontera oriental (Ver “La guerra no para en el Catatumbo”, página 9). Con el agravante de que hoy las relaciones oficiales, institucionales, se encuentran seriamente averiadas. Pero, claro, el pueblo colombiano está obligado a pensar en una puesta en escena donde lo que se juega no es el destino del país sino los destinitos fatales de los miles de candidatos y candidatas. El destino, como se sabe, ya viene escrito.

En efecto, cuando este número del periódico esté en circulación, llegará el momento de los balances, en apariencia el más importante. Como diría Serrat: “Y con la resaca a cuestas/ vuelve el pobre a su pobreza/ vuelve el rico a su riqueza/ y el señor cura a sus misas”. Sí, por un día se olvidó que cada uno es cada cual. He ahí la trampa de las elecciones: individualiza e iguala a todos. Los números, sólo los números, nos dirán quién ganó y quién perdió. No importa cómo se consiguieron esos números. Y lo peor: nada nos garantiza que lo que gana sea una propuesta de política pública. Lo más probable es que sea una figura, sustentada en la maquinaria clientelista, en el poder del dinero, en el poder de la violencia abierta y brutal, o todos los anteriores; en el menos malo de los casos, sustentada en la “popularidad” que es el componente fundamental en las grandes ciudades. Popularidad que se obtiene en una mínima proporción con la biografía pero sobre todo con una costosa publicidad abierta o disfrazada. Si al final representa un cambio, será sólo fruto de una afortunada coincidencia. ¿Pero es que alguien estaba pensando en un cambio?

Así las cosas, lo que más sorprende es que todas las agrupaciones, grandes, pequeñas y minúsculas, de carácter nacional (unas pocas), regional o local, que se presentan como distintas y alternativas, algunas francamente de la “izquierda”, están de acuerdo en que “hacer política” es competir en las elecciones. Una idea equivocada que se ha impuesto como consenso. El error probablemente proviene de una creencia muy colombiana, que lleva más de medio siglo (o más todavía), según la cual la única alternativa a lo electoral sería la acción armada. Se desconoce aquello que, en Europa y Estados Unidos, entre finales del siglo XIX y principios del XX, solía llamarse acción “extraparlamentaria”, o “social”, como sencillamente la denominaban los anarquistas.

Lo más inquietante, de todas maneras, es que no parece vislumbrarse aquí ninguna idea de cambio. –Como es lógico, ese sería el criterio de diferenciación frente al mundo político del establecimiento–. Cabría, para empezar, una pregunta: ¿creen estos grupos que, desde las posiciones, por ahora exiguas, en los cuerpos colegiados y en los ejecutivos municipales o departamentales (más escasos), se podría inducir algún cambio de rumbo en las políticas públicas? O, aceptando el terreno electoral en gracia de discusión: ¿No sería necesario conseguir, previamente, un cambio sociopolítico que permitiera otro tipo de condiciones para la competencia? La oronda respuesta de “nada va primero, lo uno ayuda a lo otro y viceversa” que es la habitual, francamente no convence.

Además, en unas campañas electorales como éstas, en las que no se ventilan asuntos de contenidos, no hay posibilidad de diferenciación. Los grupos a los que hemos estado haciendo referencia ni siquiera lo intentan. Todos compiten por hacerse un lugar en el “centro”; adobándose, según el público, con diferentes proporciones de temas “políticamente correctos” que no resultan suficientes para ganar una identidad. El recién nacido Partido de la Farc, por ejemplo, quiso debutar, haciendo honor a su calificativo de revolucionaria, exponiendo las ideas fuerza de su orgullosa tradición y de su épica –a la que, por lo demás, tenía legítimo derecho– y luego de la desaprobación y de innumerables rechazos, incluidos los de los amigos, terminó reduciendo su programa a la defensa del Acuerdo de Paz; últimamente, al mínimo, que es la reincorporación de los excombatientes a las actividades productivas en condiciones de posibilidad comercial y seguridad física.

No hay, pues, partidos, ni movimientos, ni siquiera grupos, con señas de identidad. Lo único que podemos identificar son personajes, con mayor o menor presencia en los medios. Para ello, probablemente, es para lo que más sirve detentar una curul o un cargo público. Todo, en medio del más absoluto vacío ideológico (Ver “Encuestas electorales…”, página 10). Pero no seríamos tan injustos de atribuirlo a defectos individuales o decisiones equivocadas. Seguramente es la atmósfera de los tiempos que corren. Cuando aludimos a la voluntad de “cambio” lo hicimos deliberadamente para señalar apenas el más elemental rasgo de diferenciación. Porque lo que ha quedado sepultado con el pasado siglo, y no sólo en Colombia, es la propia idea, no digamos ya de revolución, sino simplemente de transformación, y con ella el cultivo de las esperanzas. Ha desaparecido así el referente que antaño evocaba el vocablo “izquierda”. El tamaño de las ambiciones llega, si acaso, al de “lo menos malo”, cuando no a la filosofía de “peor es nada”.

En aquella confusión del mínimo común denominador no es posible identificar a la famosa izquierda, ni a los grupos que la componen, como no sea por lo que dicen de sí mismos o por lo que les atribuyen los otros. ¡La izquierda es un acto de fe! Votar por Holman Morris en Bogotá, por ejemplo, es votar por la izquierda. ¿Por qué? Al final es la “derecha”, la más cerrera y ultramontana, la que define quienes son de “izquierda”. La categoría, según las conveniencias, puede abarcar desde Jesús Santrich hasta Roy Barreras. Desde Orlando Fals Borda hasta Ernesto Samper, pasando por Antanas Mockus. Por eso es tan difícil llevar a la práctica la popular recomendación que ya es un cómodo lugar común: “¿por qué no se une toda la izquierda?” La respuesta es sencilla: porque no se sabe dónde ni cómo colocar la línea divisoria.

No se nos oculta la objeción inmediata, de uso corriente en la politología. La argumentación presentada –se diría– corresponde a un andamiaje de “grandes relatos”, propio de una modernidad ya superada. Es completamente vano seguir en busca de la “izquierda perdida”. No hay diferenciaciones social o históricamente necesarias; las diferenciaciones son contingentes y transitorias, o mejor, coyunturales. Por ejemplo, en Colombia, tiene que ver con el cumplimiento y puesta en marcha del Acuerdo de Paz que es la materialización concreta de la oposición entre guerra y paz. Algunos de manera más callejera dirían: entre uribistas y no uribistas. El problema consiste en que un partido político e incluso una corriente política, están obligados a dar respuestas a un conjunto significativo de problemas de diferente orden; históricos, seguramente, pero también de coyuntura. Y ese conjunto de respuestas tiene que ser coherente para que conquiste credibilidad.

Desde luego, el punto que más se menciona como ejemplo es el de la lucha contra la corrupción. Y, ciertamente, es de innegable actualidad. Un problema que tiene, tan clara diferenciación, consiste en que, en el plano de las imágenes y las consignas, nadie se ubica en el lado de la corrupción. Corre por cuenta del debate que cada quien haga el señalamiento en los demás. Una puja moralista. Y no tiene nada de raro que termine ganando quien cuente con más poder mediático (y judicial). Una mancha –cierta o falsa– puede acabar con la reputación de todo un partido. El Polo jamás se levantará de la tragedia de haber postulado y respaldado a Samuel Moreno a quien siguen condenando a decenas de años de prisión, una y otra vez, con una sevicia que jamás destinarían a un tipo como el otro Moreno, el exfiscal. Además, se le aplica también la reflexión anterior. ¿Qué coherencia tiene, por ejemplo, una candidata que prometa incorruptibilidad a toda prueba y guerra implacable contra los corruptos si al mismo tiempo coincide con los adversarios en política económica y social?

Pero no es un problema solamente de los grupos y partidos a los que venimos aludiendo. Si así lo fuera, estaríamos, tal vez, perdiendo el tiempo. A la hora de los balances cada quien habla de la fiesta según como le haya ido en ella. Y en la discusión siempre va a triunfar el realismo político. Es posible que, en la pequeña dinámica que hemos señalado pueda faltar grandeza pero no deja de haber algunos dividendos y así puede continuarse indefinidamente. El verdadero problema toca con nuestro pueblo. Es poco lo que se le está ofreciendo que apunte a transformar sus condiciones de vida, no sólo materiales sino espirituales, pero también a los mecanismos, espacios y procesos por desatar para que desde sus intereses y fuerzas se desate una acción por el cambio. “Solo el pueblo salva al pueblo”, era común escuchar décadas atrás. Pero, ¿acaso se le está consultando? ¿Acaso se abren los canales para desde sus fuerzas se confronte abierta y de manera decida al establecimiento? Esto a pesar que desde algunos sectores de opinión se observa la queja y el temor acerca del avance de la “derecha”. Pues bien, aparte de lo que ya tenemos, no se sabe cuánto más podrá llegar.

En todo caso, semejante peligro solamente podrá ser conjurado cuando aparezca una corriente, que apoyada en espacios de participación social realmente convocantes y decididos por el liderazgo del ‘común’, que prometa un vuelco verdaderamente cautive y arrastre, despertando esperanzas, desatando energías comprimidas por décadas de negaciones y mala vida, y ofreciendo fuertes convicciones. Mientras la misma toma cuerpo, ninguna alternativa podrá provenir de esta retórica de las pequeñas cosas, del moralismo del cambio en el comportamiento individual y del “pensamiento positivo”. Si algún imperativo es hoy oportuno en Colombia es éste muy sencillo: ¡poner fin a esta filosofía de la resignación!

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Encuestas electorales, espectáculo político y distorsiones de la democracia

Las encuestas electorales son guías determinantes en un contexto caracterizado por el exceso de información. Pero distorsionan el proceso democrático, porque restringen el debate y la formación ciudadana, y le imprimen una tendencia conservadora que dificulta el tratamiento de problemas sociales fundamentales.

 

Las encuestas no siempre acompañaron los procesos electorales. De hecho, la normalidad con que hoy se realizan y publican sorprendería a los fundadores de los regímenes representativos. Por ejemplo, el jacobinismo revolucionario, en su afán por salvaguardar la concepción monista de la soberanía, que en su perspectiva residía en el pueblo soberano o la nación, mostró especial preocupación por prevenir cualquier información de un grupo particular que pudiera revelar, reivindicar para sí o manipular la voluntad general. El auge de las encuestas electorales se retrotrae a los años setenta del siglo XX, en un contexto en que convergen dos grandes procesos.

Primero, el crecimiento de la industria del mercadeo, en la transición del fordismo –que privilegiaba la oferta y concebía el salario como anticipación para la realización de las mercancías– hacia el postfordismo –volcado a garantizar la demanda y, por lo tanto, en busca de mecanismos que permitieran un intercambio más fluido entre la fábrica y el mercado.

Segundo, la crisis de los dispositivos que durante la mayor parte de su historia permitieron a los regímenes democráticos hacer efectiva la representación política: partidos políticos y sindicatos, principalmente. Con anterioridad, los partidos tendían a corresponder con los clivajes (de clase, regionales, ideológicos) de una sociedad. La crisis de representación radica en cierto modo en la desaparición de esa correspondencia y el ascenso de fenómenos como la personalización de la política, en los que las encuestas juegan un papel clave. En este contexto, los políticos profesionales alcanzan el poder ante todo gracias a sus capacidades mediáticas, no por ser de extracción social similar a la del electorado o por representar una ideología determinada.

Además, la política actual se caracteriza por un fenómeno de opacidad por exceso de luz que pone a las encuestas en primer plano. Durante mucho tiempo la democracia estuvo asociada a la idea de publicidad, como aquello que es transparente y está a la vista de todos formando un espacio de referencias comunes. Hoy en día existe un exceso de transparencia que no redunda en mayor publicidad, puesto que aunque se ha ampliado el rango de dominios de la vida social e individual a la vista de todos, no necesariamente coadyuvan a la formación de ese mundo en común. Frecuentemente, como resultado del predominio de información socialmente irrelevante pero políticamente determinante, como pueden ser ciertos datos sobre la vida íntima de los personajes públicos, se hace casi imposible el avistamiento de aquello que la reivindicación de transparencia trataba de hacer visible: todo lo atinente a los negocios públicos y la vida en común materia del gobierno y el Estado.

En otras palabras, así como la total ausencia de luz impide ver, demasiada luz también imposibilita el funcionamiento del ojo. Los ciudadanos son constantemente bombardeados por todo tipo de informaciones, cuya cantidad, velocidad y vida efímera hacen casi imposible su procesamiento, con lo cual incluso los criterios de ordenamiento de los datos, la relevancia o la urgencia, por ejemplo, entran en crisis. Por esa razón, las encuestas electorales se han convertido en un insumo determinante para la orientación política. Investidas con la legitimidad que provee el conocimiento científico especializado, son un factor nodal para dotar de sentido la realidad individual y colectiva.

Quizás el principal argumento a su favor es que confieren a una elección mayor legitimidad, puesto que funcionan como un tamiz que permite agregar los intereses mayoritarios en un número reducido de alternativas en contienda. Sin embargo, desde que se originó el gobierno representativo hubo mecanismos de “perfeccionamiento” del procedimiento electoral, como la segunda vuelta, que no presentan las desventajas de las encuestas. Aún suponiendo que siempre se realizan con rigor estadístico y sin la mediación de intereses partidarios, económicos y de otro orden, lo que ya es mucho suponer, las encuestas distorsionan el proceso electoral, restringiendo el debate y convirtiéndolo en un espectáculo de masas más que en un espacio para la construcción de ciudadanía.
La supresión del debate

Las encuestas son la máxima expresión del modelo de democracia como mercado electoral, construido sobre las ruinas de la figura del ágora griega que, incluso con la mediación representativa, estuvo en la base de los razonamientos fundantes de los regímenes republicanos modernos.

Al igual que el mercadeo de cualquier producto, las encuestas electorales tienen por objeto no solamente revelar sino fundamentalmente formar las preferencias de los “consumidores”, en este caso ciudadanos electores, y orientar lo que se percibe como una “competencia” entre quienes ofrecen sus mercancías. La representación del electorado que proveen tiene una eficacia performativa, puesto que influyen decisivamente sobre la acción de todos los actores comprometidos, electores y potenciales elegidos. De esa manera, las encuestas trastornan por completo el sentido del mecanismo electoral.

En primer lugar, los sondeos no están orientados a la elección de lo mejor, de esa aristocracia del conocimiento por la que apostaban los federalistas norteamericanos a fines del siglo XVIII, sino de quien mejor comportamiento exhibe durante la campaña, representado en porcentajes de opinión favorable o potenciales votantes. Por lo tanto, la representación ideal de las campañas, vistas como debates públicos sobre problemas socialmente relevantes y sus soluciones, ha cedido ante la metáfora de una carrera, que tiene a las encuestas como el principal indicador de éxito.

En efecto, gracias a los sondeos, durante el proceso se van “eliminando” propuestas y candidatos, no de acuerdo a la solidez de sus argumentos o la factibilidad de sus propuestas, sino a su registro en las encuestas, que cada cierto tiempo permiten saber “quién va ganando”. Como consecuencia, la elección final, por el efecto que las mismas encuestas tienen en el proceso, no es entre las mejores opciones sino a lo sumo entre las más populares.

En segundo lugar, las encuestas restringen el debate electoral, no solo porque “eliminan” opciones de elección con arreglo a criterios ajenos a la ponderación y crítica pública de sus argumentos y propuestas, sino también porque no aportan información relevante sobre los problemas sociales, puesto que solo informan a la ciudadanía sobre la favorabilidad de los candidatos o de sus propuestas.

Esto las distingue de las adhesiones, uno de sus antecedentes históricos consistente en la publicación de listados de firmas de notables a favor de un candidato y las razones de su respaldo. Las adhesiones hacen parte del posicionamiento en medio de un debate político, mientras las encuestas pretenden medir la favorabilidad de las opciones en competencia sin que necesariamente se aporten insumos para ese debate.

 

El espectáculo de masas

 

Debido a las restricciones que implanta sobre el debate público, la preponderancia de los sondeos ha restado a los procesos electorales la posibilidad de constituirse en foros para la educación y cualificación política de la ciudadanía. Esto implica una renuncia al ideal ilustrado del progreso y la perfectibilidad humana cimentado en la educación y, por consiguiente, la mejora de los seres humanos mediante la práctica de la democracia.

Lo determinante en la “competencia” no son los argumentos ni las propuestas sino el posicionamiento en las encuestas y, más que proyectos políticos, lo que se elige son personas. En consecuencia, el proceso electoral tiende a convertirse en un espectáculo en donde todo vale y en el cual los insumos para descalificar un participante comprenden cualquier información que pueda escandalizar y lo anule como adversario legítimo. Lo que debería ser un debate sobre problemas socialmente relevantes, termina convertido en un corrillo sobre toda clase de aspectos de la vida de los candidatos que los puedan proyectar en términos de favorabilidad o, al contrario, que los confine en el espacio de la incorrección política.

Por eso, las campañas se desenvuelven en medio de señalamientos personales, falacias ad hominem, y acusaciones sobre conductas marginales o socialmente consideradas como inadmisibles. El formato de reality show, usado con mucha frecuencia para parodiar el proceso electoral, parece ahora una ajustada representación del mismo. La eficacia de una campaña se define en proporción al éxito que consiga en la inducción de comportamientos de masa en los ciudadanos electores, más que por el convencimiento a partir de procesos dialécticos o pedagógicos.

De acuerdo con la clásica concepción de Gustave Le Bon, en la masa los individuos tienden a despojarse de su capacidad de raciocinio y ceder ante la manipulación, la sugestión e incluso el “contagio”. En efecto, la posición política que orienta la elección, mediada por el indicador de la encuesta, no proviene fundamentalmente de un razonamiento individual sobre propuestas y argumentos, como se esperaría según el ideal ilustrado de ciudadanía, sino de la toma de partido por alguna de las opciones que encabezan la “competencia”. Las preferencias iniciales, quizás fundadas en dicho razonamiento, ceden al final ante los insumos recibidos durante la campaña pero principalmente a los resultados de las encuestas. De ahí la predominancia en las fases finales del llamado “voto útil”, a favor o en contra, la más grande perversión del proceso electoral.

 

Una distorsión funcional

 

Las encuestas electorales presentan más aspectos disfuncionales para el funcionamiento de la democracia y refuerzan la tendencia conservadora del modelo mercantil, incluso obviando la economía política del problema en escenarios concretos, es decir, las relaciones de poder y los intereses que medran tras su realización y sus resultados, y asumiendo que siempre se siguen procedimientos estadísticos rigurosos.

Quienes realizan las encuestas son empresas privadas, presumiblemente con un conocimiento técnico idóneo. Los costos de su realización introducen una desigualdad de partida entre los competidores, en el caso de sondeos por encargo de candidatos determinados o partidos. Sus resultados, como cualquier otro dato, tienen interpretaciones pero, en este caso, hay unos intérpretes calificados que generalmente son los mismos técnicos que las diseñan. Tanto las firmas encuestadoras como los intérpretes, sin embargo, no tienen una responsabilidad política respecto de la ciudadanía. Puesto que pertenecen al sector privado y ofrecen una mercancía, los criterios éticos en los que se desenvuelven corresponden al de una industria, no al de actores que intervienen activa y determinantemente en la orientación de las preferencias electorales. En fin, la disposición de esta información, por transparente y neutral que sea, puede incluso ser útil para legitimar el fraude a distintos niveles. Por ejemplo, en contextos de alta corrupción es usada como un indicador esencial para determinar los capitales a invertir y la cantidad de votos a comprar y vender.

Por otro lado, las encuestas y la forma como perfilan el proceso electoral imprimen a la democracia una tendencia conservadora. En la lógica de las encuestas, el objetivo es formar una mayoría antes del escrutinio final, lo que no necesariamente implica persuadir o convencer una mayoría, pues aparecer a la cabeza del sondeo es en sí mismo un dato fundamental para obtener votos. Por lo tanto, crea incentivos a los candidatos en contienda para dejar de lado las propuestas de transformación social radical, las que van a las “raíces” de los problemas socialmente relevantes, porque este tipo de propuestas necesariamente afectan determinados sectores de la sociedad. En su lugar, se prefieren propuestas indeterminadas, indefinidas o nebulosas que no afecten de modo sustancial a ningún sector, o al menos a ningún sector con el poder suficiente para oponerse.

Ese modelo del votante medio tiene su correlato en el hecho de que el proceso electoral así definido termina por privilegiar el corto plazo. En aras de la eficacia de las campañas para ascender en las encuestas, no solamente se excluyen las propuestas de cambio social sustancial, sino que se privilegian problemas de relevancia inmediata, de urgencia, porque son los que más fácilmente pueden impactar en las encuestas. El objetivo de las campañas, más que proponer, será capturar la tendencia ganadora, esto es, la que se refleje mejor en, o sintonice mejor con, los resultados de los sondeos.

Una consecuencia adicional de este mismo problema es la ampliación de la brecha entre representante y representado, que es inmanente a la democracia. La representación política se basa en un mandato libre, de tal manera que los electores no pueden confinar la voluntad de sus representantes, pero siempre hubo unos mecanismos para premiar o castigar su responsabilidad, por ejemplo se podría castigar al partido por el desempeño de sus miembros individuales en determinados cargos. Ahora bien, en un contexto en donde no se eligen proyectos de largo plazo sino personas, con propuestas no referidas a problemas socialmente relevantes, etéreas e imprecisas para no afectar un sector en concreto o enfocadas en tendencias de opinión efímeras, esa responsabilidad tiende a difuminarse.

 

Un mal innecesario

 

Como se ha visto, los aportes de las encuestas electorales al proceso de elección y a la democracia en general son bastante pobres. Su existencia se justifica por los intereses, económicos y políticos creados a su alrededor. Las regulaciones legales actuales muy rara vez tienen en cuenta los efectos aquí discutidos y se limitan a determinar formas y tiempos en los que se pueden realizar y publicar los sondeos, sin reparar en lo determinantes que son para el proceso en su totalidad. No obstante, la pregunta sobre el qué hacer con las encuestas electorales debería enmarcarse en una discusión más profunda sobre la reforma de las instituciones políticas en su conjunto.

En efecto, las instituciones políticas dominantes son anacrónicas respecto a las lógicas, el funcionamiento y los tiempos que caracterizan el mundo contemporáneo. Fueron diseñadas en correspondencia con las sociedades occidentales de finales del siglo XVIII, ajenas a las experiencias de aceleración temporal y compresión espacial que comportan tecnologías como los ferrocarriles y, aún más, las actuales tecnologías de transporte y comunicación.

Esta asincronía entre instituciones políticas y mundo social produce tensiones que afectan los principios éticos y políticos que aquellas se propusieron operacionalizar. Las encuestas, en particular, deben ser evaluadas en función del ideal de debate público en una democracia, el tipo de ser humano y de ciudadano que se quiere formar y, sobre todo, la capacidad de las instituciones democráticas para responder a problemas neurales del mundo contemporáneo cuyos tiempos son perentorios como, por mencionar el ejemplo más dramático, la crisis ambiental global.

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Domingo, 27 Octubre 2019 05:55

La amarga victoria de Evo Morales

Un grupo de policías frente a una protesta en La Paz, este domingo. REUTERS

El presidente de Bolivia se impuso en primera vuelta, pero pierde apoyos, afronta denuncias de fraude y debe lidiar con una crisis de legitimidad

Los bolivianos tardaron cuatro días en conocer los resultados de las elecciones del pasado domingo. Una mayoría, que coincide a grandes rasgos con los votantes de Evo Morales, se los creyó. Amplios sectores de la sociedad los rechazan y dan crédito a las denuncias de fraude de la oposición, encabezada por el exmandatario Carlos Mesa. Muchos, de todos los signos, critican la actuación del Tribunal Supremo Electoral, el órgano encargado de velar por la transparencia de los comicios que interrumpió durante casi 24 horas el escrutinio electrónico sin ofrecer suficientes explicaciones. Lo que sucedió esta semana en Bolivia refleja la brecha abierta en el país y, al mismo tiempo, el desgaste del presidente y la sensación de que algo parece haberse quebrado.

Morales ganó en primera vuelta, a falta de la auditoría anunciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero lo hizo con el porcentaje de apoyos más bajo desde que asumió el poder en 2005. El partido de gobierno, Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo casi 300.000 votos menos que en 2014, pero a ese dato hay que añadir el incremento del padrón: el 20 de octubre hubo cerca de un millón de votantes más que entonces. Morales obtuvo el 47% de los sufragios, frente al 61% que logró en 2014. Es decir, 2,88 millones de votos ante, como recordó esta semana el presidente, 3,17 millones, incluyendo el voto en el extranjero.

La oposición tradicional de las clases medias y altas, sobre todo urbanas y especialmente en el bastión de Santa Cruz, ha sumado otro tipo de descontento: el de los jóvenes e incluso los sectores populares. Eso se percibe, por ejemplo, en los mercados de El Alto, el municipio con mayor concentración de indígenas de Bolivia. Los simpatizantes de Morales se mezclan con quienes lo fueron y ya no lo son, o los que simplemente han entrado en una fase de desencanto pero lo siguen votando porque no les gustan las alternativas. Juana Gutiérrez, con tres hijos, regenta un puesto de frutas en la feria de La Ceja. “Todo es muy complicado”, dice en referencia a la situación económica. “Pero antes estaba peor”. Juana habla de su hija Jessica, que pudo matricularse en la universidad y estudia Trabajo Social y, en vísperas de los comicios, afrontaba el debate sobre la continuidad del presidente con expectación. “Que sepamos no hay nada escrito, pero veremos”. En El Alto se impuso Morales con mayoría absoluta, un 55%, pero el domingo en los colegios electorales no faltaban los mestizos que exhibían su apoyo a Mesa. Incluso el pastor presbiteriano ultraconservador Chi Hyun Chung obtuvo en este municipio casi un 15% de apoyo.

A las protestas contra el Gobierno se unieron hace ya meses comunidades indígenas, sobre todo las afectadas por los incendios forestales en la Amazonia. Y también sectores cocaleros, a los que las autoridades acusan de utilizar dinamita en las movilizaciones, que esta semana han derivado en episodios de violencia y han dejado decenas de heridos.

El mandatario minimiza, si embargo, esta tendencia, y la achaca a la ofensiva opositora. “Siempre hemos subido”, recordó el pasado jueves en una conferencia de prensa en la que denunció un intento de “golpe de Estado interno y externo”. “Debemos reconocer seguramente algunos errores. Pero tanta mentira, tanto odio que ha creado últimamente toda la oposición siento que afectó. Y tanto engaño, especialmente algunos grupos juveniles”, agregó. “Hemos estado avanzando, avanzando, avanzando... ¿Quién no quisiera tener más voto, más apoyo? Por supuesto. Además, llevamos 13 años, 14 años. Tal vez hay algún desgaste, lo reconozco. Internamente también tenemos diferencias”, consideró.

Esta circunstancia tiene que ver en buena medida con la crisis de legitimidad generada por la derrota en la consulta sobre reelección indefinida de 2016. El resultado fue pasado por alto por el Constitucional y el Tribunal Electoral, que le permitieron presentarse a estas elecciones. El número de votos que cosecha sigue siendo muy elevado. Pero al mismo tiempo su discurso, centrado en el crecimiento, los buenos datos económicos y la estabilidad, comienza a proyectarle como un representante del establishment del que siempre quiso mantenerse al margen.

Sostiene el profesor de Ciencias Políticas y sociólogo Fernando Mayorga que el “estilo de Gobierno” de Morales se caracteriza, entre otros rasgos, por la presencia de los dirigentes de las organizaciones sociales. Lo resaltó esta semana el propio mandatario: “Este movimiento campesino indígena no viene de politólogos”. Queda por ver si ese respaldo se mantiene en el tiempo. Morales, si se confirman los resultados del recuento, gobernará hasta 2025.

 

Por Francesco Manetto

La Paz 26 OCT 2019 - 21:07 COT

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Conteo oficial da triunfo a Evo Morales y evita segunda vuelta

La Paz. Al finalizar el conteo oficial tras las elecciones presidenciales del domingo, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) confirmó ayer los 10 puntos de ventaja que el presidente Evo Morales obtuvo sobre su rival, el ex mandatario Carlos Mesa, lo que le permitiría evitar una segunda vuelta.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, validó en conferencia de prensa que Morales obtuvo 47.08 por ciento de los votos, mientras Mesa logró 36.51 por ciento. El cómputo ya había sido publicado en el sitio del tribunal y daba cuenta de una diferencia de 10.57 por ciento entre ambos candidatos.

La ley indica que para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener 50 por ciento más uno de los votos o lograr 40 por ciento y tener una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado.

Choque no anunció un ganador oficial ni aceptó preguntas; sólo explicó que el "conteo final fue absolutamente transparente. Que vengan el que quiera hacer auditoría, no tenemos nada que esconder", ante las críticas de un posible fraude.

Un giro en la proyección del voto entre el domingo y el lunes tras un corte por 24 horas en la transmisión de los conteos alimentó las sospechas.

El conteo se atrasó porque en la región de Beni se anularon cuatro casillas. Sin embargo, tras una resolución del tribunal regional se revocó la decisión y fueron validadas. El presidente de tribunal local, Rodolfo Coímbra, explicó que se determinó que la anulación no era válida, porque se pudieron corroborar firmas que faltaban.

Morales dijo estar dispuesto a ir a una segunda vuelta para ganar un cuarto mandato, si una auditoría demuestra que su victoria en las elecciones fue producto de un fraude.

“Convocamos a organismos, partidos opositores: vayan municipio por municipio, voto por voto, a hacer esa auditoría, ese reconteo para saber. Y si estaba equivocado, si demuestran, si hemos perdido en la primera vuelta, nosotros podemos dar una yapita (añadido), una paliza en la segunda vuelta con seguridad”, desafió el gobernante.

Seis ciudades vivieron ayer una nueva jornada de protestas callejeras contra el mandatario. La Paz quedó paralizada por un bloqueo y un paro que realizaron vecinos en diferentes puntos de la ciudad. Los manifestantes se pusieron la bandera boliviana en la espalda y gritaron: "¡Mi voto se respeta!"

También hubo protestas en las ciudades de Cochabamba, Sucre, Chuquisaca, Tarija y Potosí.

La Defensoría del Pueblo informó que se registran 27 personas heridas y 57 detenidos.

Al aumentar la presión desde el exterior, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, declaró que el organismo apoyaba que la Organización de los Estados Americanos audite los resultados, como lo solicitó el mismo gobierno boliviano.

La Unión Europea, Estados Unidos, Argentina y Colombia pidieron por separado una segunda vuelta para restituir la "credibilidad en el proceso electoral".

Venezuela, Cuba y México a su vez felicitaron a Morales por la victoria.

La Red en Defensa de la Humanidad celebró el triunfo del Movimiento al Socialismo y lamentó que "esta indiscutible victoria" no sea reconocida por la oposición boliviana. https://bit.ly/365x159

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