La canciller alemana, Angela Merkel, con una maqueta de un A380, en la sede de Lufthansa el 18 de noviembre de 2015.

Compañías como Lufthansa y el grupo turístico TUI han anunciado despidos de miles de trabajadores tras recibir ayudas públicas millonarias. "Un consorcio que en este tiempo recibe miles de millones de euros del estado como apoyo tiene ante la sociedad una responsabilidad social", ha recordado el sindicato Ver.di

 

La crisis económica que han generado las medidas para hacer frente al SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, será la peor que se recuerda en generaciones. Esto parece estar fuera de toda duda. Sí parece más cuestionable, sin embargo, el comportamiento de algunas grandes empresas que, en Alemania, han recibido ayudas por valor de miles de millones de euros y que, pese a ello, ahora quieren despedir a miles de empleados.

Alemania pasa por ser uno de los países que primero se ha movido para proteger su tejido empresarial. La semana pasada se planteaban a las empresas ayudas en forma de rebajas fiscales, algo que se suma a los miles de millones en ayudas o créditos garantizados por el estado que ya han recibido grandes y pequeñas compañías necesitadas de liquidez en pleno parón económico por culpa del coronavirus.

Se asume, por tanto, que el Gobierno de 'gran coalición' de la canciller Angela Merkel ha actuado rápido. Sin embargo, parece que, con la celeridad, se han dejado lagunas. Una cuestión fundamental que genera debate ahora mismo es la de mantener puestos de trabajo en empresas que han recibido ayudas multimillonarias.

De esto son claros ejemplos la compañía aérea Lufthansa y el grupo turístico TUI. Ambas son empresas acostumbradas a mover volúmenes de negocio de miles de millones de euros. Pero la crisis del coronavirus les ha golpeado de lleno.

Frente al coronavirus, la aerolínea germana, la mayor de Europa, ha recibido ayudas por valor de 9.000 millones de euros. Esa ayuda ha supuesto la entrada del estado en el capital de la empresa, pero eso no es garantía para mantener empleos a salvo en un consorcio con algo más de de 138.000 trabajadores. De hecho, esta semana  la compañía ha anunciado que pretende realizar despidos masivos. Hasta 22.000 empleos están ahora en entredicho.

"Sin una reducción significativa de los costes de personal durante la crisis corremos el riesgo de perder la oportunidad de recomenzar bien tras la crisis y de que el Grupo Lufthansa salga claramente debilitado de la crisis", justifican desde la compañía aérea. Pero habiendo dinero público de por medio, un salvamento de Lufthansa en el que miles de empleados acaben en la calle despierta críticas.

El Gobierno podría haberlo evitado

Bernd Riexinger, presidente de Die Linke, el partido más izquierdista de la oposición que hay en el Bundestag, ha señalado que los 9.000 millones de euros de dinero público inyectados en Lufthansa "no pueden ser un cheque en blanco para realizar despidos". "El Gobierno federal había tenido en su poder el evitar este escenario de antemano y haber garantizado la ayuda pública con garantías", según Riexinger. Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de Lufthansa reprochan a la empresa estar utilizando las ayudas públicas para llevar a cabo despidos.

No es la primera vez que hay críticas a la actuación del Ejecutivo de Merkel ante grandes grupos empresariales tocados o casi hundidos que han salido rescatados en la pandemia. El grupo turístico TUI fue de las primeras grandes compañías en recibir ayudas multimillonarias para hacer frente al temporal levantado por la COVID-19. A principios de abril, hasta 1.800 millones de euros recibía esta empresa en forma de créditos garantizados por el estado a través del Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW, por sus siglas alemanas), una entidad de titularidad pública. Poco después la empresa hizo público su deseo de deshacerse de 8.000 de sus cerca de 70.000 empleados.

En vista de esos planes, el salvamento de TUI levantó ampollas hasta en el sector más neoliberal alemán. Así, en el diario económico Handelsblatt hubo editoriales el pasado mes de mayo que señalaban en titulares que "las ayudas del estado para TUI fueron un error".

"El dinero [para salvar a TUI] habría sido suficiente para mantener a flote a las 10.000 agencias de viajes y sus 100.000 empleados", señalaban en este diario. En lugar de eso, salvar a TUI supone hacer un favor a grandes oligarcas, como el ruso "Alexei Mordashov, propietario de un cuarto de TUI", recordaban en ese periódico.

La COVID-19: dos crisis en una

En la empresa se defienden asegurando que la compañía "tiene que cambiar", según los términos de Friedrich Joussen, presidente de TUI. "No hemos recibido un regalo, sino deudas", según ha definido él los 1.800 millones de euros en créditos del KfW. En Ver.di, el principal sindicato del sector servicios, reclaman a la compañía "responsabilidad social".

"Un consorcio que en este tiempo recibe miles de millones de euros del estado como apoyo tiene ante la sociedad una responsabilidad social", han manifestado en Ver.di.

En realidad, la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que son dos crisis en una. Una primera crisis se ha producido debido al parón. Junto a esta crisis hay otra de "adaptación" de las empresas que peor ha dejado la COVID-19.

"Hay empresas que están sufriendo una crisis de adaptación, que tiene hacerse más pequeñas y reducir costes. Por ejemplo, para Lufthansa, en el futuro habrá menos vuelos y ahora mismo la empresa está sobrecapacitada y tiene que reaccionar", dice a eldiario.es Hubertus Bardt, responsable en el Instituto de la Economía Alemana, un centro de estudios con sede en Colonia (oeste germano). A su entender, sin las ayudas recibidas, "Lufthansa no estaría ahí, ni siquiera los puestos de trabajo que se van a mantener".

Si bien Merkel y compañía han sido de los primeros – sino el primer Ejecutivo – en tomar iniciativas serias para ayudar a empresas y relanzar la economía frente a la crisis que ha supuesto el coronavirus, en Berlín no hay discurso ni medidas para paliar las traumáticas "adaptaciones" de Lufthansa o TUI. Al menos, de momento.

Por Aldo Mas

12/06/2020 - 21:40h

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El Estado salió al rescate de empresas y trabajadores

Informe de la OIT sobre los programas de subsidios al salario en el mundo

 

“Los subsidios al salario tienen efectos positivos sobre la recuperación económica y previenen despidos que, de realizarse, desembocarían en una mayor crisis. Pueden ser costosos, pero permiten conservar el empleo”, indicó la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en un informe dedicado a estudiar los programas de subsidio del Estado a las empresas para pagar los sueldos en el contexto de las medidas de aislamiento social. 

El documento muestra que este tipo de políticas se adoptó a lo largo y ancho de todo el mundo, aunque con diferentes matices dados por los requisitos para acceder, el monto pagado al trabajador, la forma de pago y la duración del beneficio. 

En la Argentina, el Estado nacional pagó alrededor del 50 por ciento de la carga salarial de las empresas a través del ATP en los sueldos de abril y mayo y se analiza su extensión a junio. Abarca a más de 300 mil empresas que emplean a 2,5 millones de personas.

Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Botswana, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Italia, Holanda, Marruecos, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay son las experiencias estudiadas por la OIT en materia de programas de subsidio al salario del empleo privado. Se trata de medidas extraordinarias, impensadas en otro contexto que son adoptadas por países con diferente tradición política y gobiernos de distinto signo ideológico ante los fuertes riesgos de destrucción del tejido laboral.

La crisis económica derivada de la pandemia emerge como una crisis de oferta, porque el confinamiento obligatorio retrae la producción y las ventas de manera masiva. Pero rápidamente se transforma en una crisis de demanda, porque la caída de la actividad reduce ingresos y ello vuelve a impactar negativamente en el consumo y la inversión. Uno de los mecanismos que los gobiernos encontraron para contener ese círculo vicioso es el pago de los salarios del sector privado. “No se trata de un nuevo instrumento, pero en la escala utilizado en esta crisis, es algo sin precedentes”, explica el informe de la OIT.

En los Estados Unidos, se lanzó una línea crediticia de hasta el 50 por ciento de la nómina salarial. Para las pequeñas y medianas empresas, el empresario puede transformar ese crédito en un subsidio si demuestra que lo utilizó para pagar salarios. En Nueva Zelanda y Australia, todas los tipos de empresas son elegibles para recibir el subsidio, incluyendo ONG y trabajadores independientes. En Francia también se incluye a las empleadas domésticas. En Brasil los trabajadores deben estar registrados, al igual que en Túnez, que permite que las empresas registren trabajadores para obtener el beneficio, como estímulo a la formalización.

En Tailandia, el subsidio al salario sólo está disponible para las pequeñas y medianas empresas. Mucho más restrictivo es el beneficio en Bangladesh y Camboya, en donde se orienta solamente al sector textil y a los exportadores. En la Argentina, el ATP está disponible para todas las empresas del sector privado que hayan experimentado una suba de las ventas en términos nominales no superior al 5 por ciento en abril frente al mismo mes de 2019, que implica una fuerte caída en términos reales teniendo en cuenta la inflación del 50 por ciento.

También en otros países las empresas deben mostrar que están en dificultades para poder acceder al beneficio. En Holanda, el beneficio se otorga a las firmas cuyas ventas hayan caído al menos un 20 por ciento. En Australia, la merma de ventas debe ser superior al 30 por ciento para las pequeñas empresas y del 50 por ciento para las grandes empresas. En Malasia, las firmas deben mostrar una caída del 50 por ciento en sus ingresos. Argentina, como Suecia, impuso restricciones para que las firmas beneficiadas distribuyan dividendos. En otras experiencias no se aplicó ese criterio.

En Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido, entre otros, el subsidio lo recibe la empresa. En cambio, en Argentina, Chile y Uruguay, el beneficio lo cobra directamente el trabajador, aunque en los últimos dos casos, el pago se canaliza a través del seguro de desempleo. Según la OIT, el subsidio llega hasta el 75 por ciento del salario, aunque operan a veces restricciones nominales. El pago es muchas veces proporcional al salario (Francia, Alemania, Reino Unido, Tailandia y Singapur, por ejemplo), pero en otros consiste en una suma fija, como en Nueva Zelanda, Brasil y Malasia

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En el hospital de campo Gilberto Novaes, en Manaos, Brasil, los pacientes con Covid-19 son tratados dentro de un sistema de ventilación no invasivo llamado Cápsula de Vanessa. Brasil, con un total de 254 mil 220 casos, se convirtió en el tercer país del mundo con mayor número de contagios.Foto Ap

Francia y Alemania propusieron ayer un plan de reactivación de 500 mil millones de euros para hacer frente al impacto económico del Covid-19, que está sumiendo al continente en una recesión histórica y causó más de 317 mil muertos en todo el mundo.

El mundo espera con ansia una cura que ponga freno a la epidemia, y el presidente chino, Xi Jinping, prometió que si China la encuentra, ésta será un "bien público mundial".

Tras semanas de polémica sobre un asunto que enfrentaba a los países del norte y del sur de Europa y que amenazaba con fracturar la cohesión de la Unión Europea (UE), el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, abrieron la vía a una mutualización de la deuda en el seno del club.

Los dos mandatarios propusieron que la Comisión Europea financie y apoye la reactivación económica recurriendo a los mercados de deuda "en nombre de la UE" y que luego entregue ese dinero a los países europeos y a "los sectores y regiones más afectados".

Los mercados europeos reaccionaron positivamente a esos anuncios, con fuertes alzas (5.6 por ciento en Fráncfort, 5.1 en París, 4.7 en Madrid, 4.29 en Londres y 3.26 en Milán). Falta que París y Berlín convenzan al conjunto de los estados miembros de la UE. Austria ya advirtió que las ayudas de la UE se realicen en forma de préstamos y no de subvenciones.

En Ginebra, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señaló en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reunió a 194 países por videoconferencia, que el mundo está pagando un "alto precio" por las estrategias divergentes emprendidas contra la pandemia.

"Como consecuencia de ello, el virus se ha propagado por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría causar efectos todavía más devastadores", agregó. Es necesario un "esfuerzo multilateral enorme" frente a esta "tragedia".

Eventual vacuna china sería bien público mundial

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró que una posible vacuna china se convertiría en un "bien público mundial" y prometió que su país destinaría 2 mil millones de dólares en un plazo de dos años para la lucha mundial contra el Covid-19.

Pese a la escalada de tensiones entre Washington y Pekín, los participantes esperaban adoptar por consenso una resolución propuesta por la UE para pedir un "proceso de evaluación" de las medidas tomadas por la organización frente la pandemia.

Para el secretario estadunidense de Salud, Alex Azar, la OMS "fracasó en obtener las informaciones que necesitaba el mundo y su derrota ha costado muchas vidas". Más tarde, el presidente Donald Trump fue más allá y acusó a la organización de ser "una marioneta de China".

En un contexto tan tenso, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prometió que promoverá una investigación "independiente" sobre la respuesta que la agencia de la ONU y sus estados miembros dieron a la pandemia, "lo más pronto posible, en el momento apropiado".

Hasta este lunes, la pandemia ha dejado 317 mil 695 muertos, 4 millones 782 mil 539 contagiados y un millón 776 mil 388 pacientes recuperados en el mundo, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

La basílica de San Pedro de Roma reabrió sus puertas al público, símbolo de un retorno a una relativa normalidad en Italia donde el desconfinamiento entra en la "fase dos", con la reapertura de los comercios, los cafés y las terrazas y la reanudación de las misas.

Otro monumento emblemático del viejo continente también comenzó a recibir visitantes: la Acrópolis de Atenas reabrió en una ceremonia encabezada por la presidenta, Katerina Sakellaropoulou, en presencia de algunos periodistas y empleados con mascarillas.

"Nunca vimos tan poca gente en la Acrópolis. Es como si tuviésemos una visita privada", declaró una ciudadana rusa, quien vive en Atenas desde hace cinco años.

Cientos de personas, entre ellas líderes del parido de ultraderecha Vox, protestaron al grito de "libertad" en varias partes de Madrid para exigir que se quiten las restricciones de movilidad en la capital y que dimita el gobierno del socialista Pedro Sánchez, informó el diario español El País.

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Dick y Liz Uihlein en la toma de posesión del presidente Trump en Washington. Antes de unirse a la campaña de Trump, Uihlein respaldó las candidaturas de Scott Walker, el gobernador de Wisconsin y el senador Ted Cruz de Texas. Foto: Katherine Skiba / The New York Times

Grupos de gasto político independientes (PAC) están preparando sus arsenales para inundar las ondas con anuncios electorales de 2020 que elogian a sus candidatos preferidos o atacan a los que no les gustan. Millonarios y multimillonarios de derecha y corporaciones de combustibles fósiles los están ayudando a hacerlo.

Liderando el grupo están Richard y Elizabeth Uihlein, los ejecutivos del medio oeste del gigante de suministros de embalaje gigante Uline, que donaron un total de $ 19.4 millones a siete súper PAC desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado de petróleo y materiales Koch Industries ha donado la mayor parte de cualquier corporación hasta el momento, dando casi $ 5.3 millones a tres súper PAC, incluidos $ 4 millones a AFP Action, que es el grupo hermano de la organización sin fines de lucro política de Charles Koch, Americans for Prosperity . También financiando a AFP Action está el predecesor del grupo, Freedom Partners Action Fund, que dio casi $ 6.5 millones.

Los súper PAC conservadores deben gracias no solo a Koch Industries sino también a otras compañías de combustibles fósiles, un grupo comercial, ejecutivos de combustibles fósiles y sus cónyuges, y herederos de fortunas de combustibles fósiles. Los intereses de los combustibles fósiles donaron casi $ 18.8 millones a los súper PAC conservadores y los PAC híbridos, comités que operan tanto un súper PAC como un PAC tradicional, desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

Chevron, ConocoPhillips y Valero dieron más de $ 1 millón a los Súper PAC del Partido Republicano. Ejecutivos como el presidente de Western Refining, Paul Foster, el CEO de Midland Energy, S. Javaid Anwar, y el CEO de Alliance Resource Partners, Joe Craft, dieron sumas de seis o siete cifras.

Los megadonantes

Richard Uihlein se ha convertido en un megadonante republicano clave en los últimos años. En 2010, ocupó el puesto 36 en la lista de los principales donantes a grupos de gastos políticos externos a nivel federal. Durante esa década, subió la escalera hasta que aumentó enormemente sus gastos en 2018 , dando casi $ 38 millones a grupos externos.

En las elecciones actuales, las donaciones de Uihlein parecen continuar esta tendencia al alza. Desde el año pasado, Richard y su esposa, Elizabeth Uihlein, han dado la mayor cantidad de dinero ($ 12.5 millones) de cualquier donante a Club for Growth Action . Pero también dieron grandes cantidades a los pro-Trump America First Action ($ 1.5 millones), Americas PAC ($ 1.5 millones), House Freedom Action ($ 1 millón), Kentucky Tomorrow ($ 250,000), Restoration PAC ($ 2.5 millones) y Senate Conservative Acción ($ 125,000). En total, la pareja ha entregado $ 19.4 millones a super PAC conservadores.

En mayo de 2016, Elizabeth Uihlein llegó al Comité de Victoria de Trump, que recaudó dinero para la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano, después de un gasto político considerable.

Los Uihleins también han gastado mucho en las elecciones estatales, impulsando la campaña de 2014 del republicano Bruce Rauner, quien se convirtió en gobernador de Illinois. Richard Uihlein ha expresado puntos de vista anti-gay y anti-transgénero y ha respaldado a candidatos extremistas como Roy Moore de Alabama, un evangélico de derecha acusado de mala conducta sexual por parte de múltiples mujeres.

Timothy Mellon , el propietario mayoritario de la compañía de transporte Pan Am Systems y heredero de la fortuna de acero Mellon, donó $ 10 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, que gasta dinero para impulsar a los candidatos republicanos de la Cámara, por segundo ciclo electoral consecutivo. Además, Mellon dio $ 2.5 millones al principal súper PAC de los republicanos del Senado, el Fondo de Liderazgo del Senado.

Mellon es un gran donante del Partido Republicano que donó $ 1.5 millones en 2010 al fondo de defensa legal de Arizona, ya que luchó contra las demandas por su severa ley antiinmigrante SB 1070. En 2014, puso $ 30,000 en el Comité Nacional del Proyecto Ben Carson para el Presidente y donó el monto máximo permitido para la campaña presidencial de Carson el año siguiente. En el ciclo electoral actual, Mellon ha donado principalmente a candidatos republicanos, pero entregó la cantidad máxima permitida de $ 2,800 a la campaña del representante demócrata Tulsi Gabbard (D-HI).

Mellon está relacionado con la familia Scaife, que, a través de las fundaciones de la familia Scaife, es uno de los principales financiadores del movimiento de derecha, incluidos varios grupos de odio .

Otros donantes principales que han donado varios millones de dólares a los Súper PAC del Partido Republicano incluyen:

Jeff Yass, director gerente de la firma de inversión Susquehanna International Group: $ 4.1 millones. Club for Growth Action ($ 2 millones) y Protect Freedom PAC ($ 2.1 millones).

Warren A. Stephens, CEO del banco de inversión Stephens, Inc .: $ 3.6 millones. 1820 PAC ($ 250,000), America First Action ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 750,000), Security is Strength PAC ($ 50,000), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 1.5 millones), Waiting for Women Action Fund ($ 500,000).

Paul E. Singer, presidente de la compañía de fondos de cobertura Elliott Management Group: $ 3.5 millones. Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 1 millón), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 2 millones), Fondo de Acción de Mujeres Esperando ($ 500,000).

Stephen A. Schwarzman, CEO de la firma de capital privado Blackstone: $ 3 millones. 1820 PAC ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 2.5 millones).

En total, 24 personas y parejas han donado $ 1 millón o más a super PAC conservadores desde 2019.

Algunos grandes donantes contribuyeron individualmente y a través de sus empresas. El CEO de Mountaire Farms, Ronald Cameron, donó $ 2.8 millones de su propio dinero, incluyendo $ 1 millón a AFP Action, mientras que su compañía donó $ 500,000 a los fondos de liderazgo del Congreso y del Senado.

Seis miembros de la familia de la Secretaria de Educación Betsy DeVos , incluido su esposo, Dick DeVos, se combinaron para donar un total de $ 2.3 millones a super PAC: America First Action ($ 400,000), Better Future MI Fund ($ 700,000), el Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 450,000) y el Fondo de Liderazgo del Senado ($ 750,000).

Koch Industries lidera las contribuciones corporativas

El Centro para los Medios y la Democracia (CMD) realizó un seguimiento de $ 23.5 millones en donaciones corporativas directas a súper PAC conservadores desde 2019, gran parte de las cuales provienen de compañías de combustibles fósiles, más prominentemente, de Koch Industries.

Además de donar $ 4 millones a AFP Action, Koch Industries entregó $ 500,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Senado. La compañía donó casi $ 5.3 millones a super PAC desde 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado inmobiliario Hillwood Development Co. otorgó cerca de $ 3.1 millones a los GAC PAC, incluidos $ 1.1 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 1 millón a Engage Texas, un súper PAC financiado por empresas con sede en Texas y ejecutivos de negocios que se lanzaron en junio de 2019 "con el objetivo de registrar cientos de miles de nuevos votantes y convencerlos de ayudar a mantener el estado rojo en noviembre".

El fundador de Hillwood Development, Ross Perot, Jr., dio $ 10,000 a los Tejanos para una mayoría conservadora, un súper PAC que fue fundado en 2013 por un cabildero corporativo para ayudar a reelegir al senador John Cornyn (R-TX) y salió de la hibernación el año pasado para ayudar el senador mantiene su asiento nuevamente.

El gigante petrolero Chevron agregó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado, $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 15,000 al PAC Maverick. ConocoPhillips ANS Marketing Company, una subsidiaria de ConocoPhillips, donó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 250,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso. La compañía de oleoductos y gasoductos Energy Transfer donó $ 1 millón a Engage Texas y $ 100,000 a los tejanos para una mayoría conservadora.

Treinta y siete empresas y un grupo comercial donaron más de $ 100,000 a super PAC conservadores desde 2019 hasta enero de 2020.

El grupo comercial American Fuel and Petrochemical Manufacturers dio $ 100,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 10,000 al Black Bear PAC con sede en Virginia Occidental.

(Tomado de Truthout / Traducción Cubadebate)

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Sábado, 15 Diciembre 2018 06:27

“Estoy cansado de las mentiras”

“Estoy cansado de las mentiras”

En sus primeras declaraciones tras ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, Cohen reiteró que está arrepentido de haber ayudado a Trump a encubrir dos relaciones sexuales y dijo que se cansó de mentir para proteger al presidente.

El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, volvió a la carga ayer y afirmó que el entonces candidato sabía que estaba mal ordenar el pago de dinero para silenciar a dos mujeres que afirman haber tenido una relación amorosa con Trump. Al ser preguntado por la ABC News sobre los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo Karen McDougal durante la campaña de 2016 el exabogado contestó: “Por supuesto. Trump actuó porque estaba muy preocupado sobre cómo afectaría esto a la elección.” Estas fueron las primeras declaraciones que hizo Cohen luego de ser sentenciado a tres años de prisión el jueves, una condena que comenzará en marzo. “Estoy enojado conmigo mismo porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo con los ojos húmedos. El ex abogado presidencial confirmó además que aceptó colaborar con la justicia porque dice estar cansado de las mentiras del presidente: “estoy cansado de las mentiras. Estoy cansado de ser leal al presidente Trump. Di lealtad a alguien que, en verdad, no merece lealtad”, confesó.


El ex confidente del mandatario fue condenado por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales. Los cargos fueron presentados por los fiscales federales en Nueva York y por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, el exdirector del FBI que está investigando además la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. El jueves los fiscales calificaron los pagos a las dos mujeres como contribuciones ilegales de campaña destinadas a influir en la elección. Sin embargo el acusado recibió una sentencia reducida por colaborar con Mueller.


Por su parte, Hogan Gidley, uno de los portavoces de la Casa Blanca, acusó a la prensa dar credibilidad a un criminal convicto. “Cohen admitió el mismo haber sido un mentiroso”, contraatacó. “Él ha admitido mentir. Todos lo saben y que ahora haya dicho que va a dejar de hacerlo es un poco tonto”, respondió el vocero de la Casa Blanca al ser preguntado por las supuestas pruebas documentales que acreditarían los pagos de Trump a las dos mujeres en un intento de comprar su silencio.


Al conocerse la sentencia, Trump marcó distancias con los dichos de Cohen asegurando que nunca le ordenó violar la ley y denunció que el abogado aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida. Además, Trump descartó la importancia de las acusaciones de financiamiento de la campaña y dijo que eran, en el mejor de los casos, violaciones civiles.


“No es cierto en absoluto”, respondió Cohen en la entrevista de ABC. “Bajo ninguna circunstancia quiero avergonzar al presidente”, se defendió para luego agregar que tiene esperanzas de ser recordado por la historia como una ayuda para volver a unir a Estados Unidos.


El abogado que empezó a trabajar para la Organización Trump en 2007 dijo que el mandatario no se parece en nada a la persona que era cuando lo conoció. “Fue sólo un cambio. Les diré que el caballero que está sentado ahora en la Oficina Oval, 1600 Pennsylvania Avenue, no es el Donald Trump que recuerdo de Trump Tower”, denunció. Una posible razón, agregó, es que la presión del trabajo es mucho más de lo que él pensaba que iba a ser. El letrado dijo que se considera a sí mismo como una pieza fundamental para ayudar al destino del país: “nunca es bueno estar del lado equivocado del presidente de los Estados Unidos de América, pero de alguna manera u otra esta tarea ahora ha caído en mis hombros.” Luego agregó que pasará el resto de su vida intentando solucionar el error que acepta haber cometido.


En el final de la entrevista le preguntaron si creía que Trump estaba diciendo la verdad sobre la injerencia de Rusia en las elecciones y respondió que no y luego se negó a hacer más comentarios. “No quiero poner en peligro ninguna investigación”, alegó.


A su vez, los diarios The New York Times y Wall Street Journal informaron que los fiscales federales abrieron otra línea de investigación relacionada con las elecciones, acerca de si extranjeros canalizaron ilegalmente donaciones a la campaña de Trump. Según fuentes cercanas a las investigación citadas por el Times, ésta se centra en determinar si personas originarias de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos utilizaron prestanombres para hacer donaciones con la esperanza de comprar influencia sobre la política de Estados Unidos.

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Lunes, 26 Noviembre 2018 06:06

EducAcción

EducAcción

El mundo está al revés y la escuela, que forma parte de ese mundo, también.

Si “(…) el plomo aprende a flotar y el corcho, a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos” (Galeano) puede que el mundo definitivamente esté al revés. Es decir, Patas arriba, como titula su libro el autor uruguayo.


¿En qué situación se encuentran la universidad (la escuela) en este siglo XXI? ¿Qué educación y qué valores transmitimos desde las instituciones educativas? ¿Qué reconocimiento se les da a las y los estudiantes?


El panorama educativo no es halagüeño, el ubicuo mercado lo intenta controlar y los gobiernos contribuyen a ello desfinanciando la educación pública para justificar que no sirve y dejarla caer en manos privadas. El neoliberalismo, y su manera explotadora de entender los servicios sociales básicos, se apodera de todo, también de ese derecho humano fundamental que es la educación. Uno más de los derechos universales incumplidos. La Declaración dice en su Artículo 26 que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.


El papel y el valor de la universidad es incuestionable, las sociedades avanzan al ritmo de sus universidades, los conocimientos se universalizan en las instituciones de educación superior. Y si queremos que la educación, y la universidad es el nivel superior del recorrido educativo, sea de calidad, comprometida y crítica hay que escuchar a estudiantes y docentes en sus reivindicaciones. Hay que poner en marcha la EDUCACCIÓN.


Educacción es lo que hace por estos días en Colombia, pero también en otras partes del continente americano como en Costa Rica, el estudiantado al levantarse en “lápices y libros” contra el sistema para reclamar sus derechos, para exigir lo que les debería corresponder por ley, pero le tildan de subversivo, violento o, incluso, terrorista.


Jesús Martín Barbero siempre dice que hay que meterle país a la universidad, invitándonos a que tanto las instituciones como quienes las conformamos estemos más cerca de la ciudadanía y ahora, en estos días de demandas y manifestaciones, el país y su población se alejan de uno de los capitales humanos que dan sentido a la universidad: las y los estudiantes y sus reclamaciones. El otro capital humano, las y los docentes, parece que sí pero no, muchos respaldan, otros contrarían y una parte calla.


La acción de las y los estudiantes universitarios colombianos es opacada por el poder de los medios, que en lugar de fijar su mirada en las causas de las movilizaciones, se centra en los actos vandálicos, que los hay, pero que no deberían ser lo que más se resaltara. Que le han pintado las paredes a un medio generalista en la capital, como si ese medio no tuviera su responsabilidad en “pintar” con “sus colores” las realidades para beneficio propio y de sus intereses. ¿Por qué no dicen en esos medios de los comportamientos “salvajes” de las fuerzas del orden?


Si queremos universidades de alto nivel académico y humano debemos pedir inversión pública en ellas. En infraestructura, en materiales, en salarios, en equipos y en mejorar su funcionamiento. Y esa es la reclamación principal de las movilizaciones estudiantiles.


Estoy de acuerdo con Sergio Ramírez en que la universidad debe cumplir un papel primordial más allá de los salones de clase: “Deben volver a ser la conciencia de la nación, ahora que el sistema democrático corre tantos riesgos frente a las trampas de la demagogia, el populismo, y el fanatismo ideológico”. El escritor y político nicaragüense escribe en La Jornada que la universidad es “un todo armónico resultante de la diversidad de sus partes, articulado hacia adentro, pero que irradia hacia afuera, inserto en la propia sociedad a la que no puede ser ajena porque perdería su razón de ser”.


Debemos defender la universidad, pública y lo más gratuita que se pueda, para conformar ciudadanías críticas. Pero también tenemos que apostarle a esa defensa quienes intentamos educar desde las instituciones académicas privadas, porque tenemos nuestra parte de responsabilidad en contribuir a la formación de un espíritu crítico y porque una mejor universidad pública contribuye y empuja a que aquellas trabajen por mejorar su propia calidad. La universidad en general debe promover, hoy más que nunca, la reflexión y la liberación, la ruptura de las cadenas del pensamiento único y excluyente y tiene que apostarle a la gente y a la madre tierra.


Hay que tener conciencia y claridad de que la universidad, toda ella, con sus estudiantes y sus equipos docentes, es la base de la transformación social que necesitamos. Como dice Boaventura de Sousa Santos “el neoliberalismo no quiere que haya un proyecto de país”, porque necesitan tener el campo abierto para sus negocios privatizadores. Y la universidad colombiana es, para el intelectual portugués, de un compromiso alto con la ciudadanía. Se quiere llegar a lo que él llama el “capitalismo universitario”: transformar la universidad en una empresa, a los profesores en proletarios y a los estudiantes en consumidores, para alcanzar una universidad sin ideología, o con la ideología del mercado capitalista.
Porque una universidad fuerte y comprometida, con pensamiento propio y conciencia de lo que debe ser, es un riesgo para quienes quieren que sus ciudadanías solamente sean consumidores y votantes, pero nunca seres sentipensantes.


En su columna en El Tiempo, Adolfo Zableh afirmaba “Que marchen los estudiantes y rompan todo. (…) Que taponen vías y ataquen propiedades es un daño menor comparado con todo el mal que les hemos hecho. Que rompan la Casa de Nariño y el Congreso, sin asco y a lo ‘maldita sea’. Que se metan y lo destruyan todo. La educación es lo que permite salir adelante, decidir a conciencia, manejar la vida propia, tener oportunidades. Los políticos lo saben, por eso no dan la educación que tanto prometen; ellos necesitan soldados obedientes y votantes alienados”.


Por su parte, el profesor Carlos E. Maldonado escribe en la edición colombiana de Le Monde Diplomatique que en Colombia hay “una ausencia de respeto al conocimiento. Irrespeto que es, sin dudas, la principal característica de las élites gobernantes en la historia del país, lo que se traduce en la subvaloración de la educación en general, el desfinanciamiento de la universidad pública, en fin, la crisis de la Universidad”.


Este docente compara la teoría de la socióloga Saskia Sassen del capitalismo corporativo, el que no necesita matar a la gente, a sus rivales, sino que les basta con dejarlos morir, con la actuación de los gobiernos frente a la educación pública, que no la hace desaparecer sino que “simplemente la deja pervivir, agónicamente, apenas en el límite”. Por eso la educación pública colombiana lleva 25 años desfinanciada. El problema del futuro de las universidades es el problema del futuro del país, si no hay universidad pública financiada a la gente le tocará pagar más por un futuro incierto y probablemente peor.


Es importante formar y educar en valores, en ciudadanía, en humanidad, a educadoras (es) y a educandos (as). La formación, desde la familia a la universidad, quienes lleguen a ella, que tampoco es una condición sine qua non para una vida digna, pasando por la calle y la escuela, nos dota de sentido y entidad, nos enriquece y nos conciencia. Esa educación formativa comienza cuando nacemos y termina al morir, nos acompaña estimulando nuestro crecimiento como personas y nuestra conciencia para jugar nuestro papel en la vida. La educación no nos hace, per se, económicamente más ricos, ni políticamente más poderosos, ni más fuertes físicamente. Pero sí ciudadanas y ciudadanos más humanos. En ese sentido, y como parte fundamental del proceso educativo, ¿es la universidad uno de los problemas de hoy?, ¿o es una solución?


Para Herman Hesse la escuela solamente le sirvió para aprender latín, que no es poco, y para decir mentiras y, además, le había destrozado muchas cosas. Aún así decía que la “lectura sin amor, el saber sin respeto, la formación sin corazón” eran “uno de los mayores pecados contra el espíritu”. Creo que la universidad, pese a todos sus problemas y contradicciones, es una institución necesaria. Porque es menester universalizar la razón y el pensamiento, hacer público el conocimiento y contribuir, desde la educación superior, a la formación de seres humanos en el más amplio sentido del término. La universidad está expuesta a varios peligros que la “apartan” del lugar esencial que debe ocupar en la sociedad. Por un lado los lobos externos (capitalismo, neoliberalismo, privatizaciones,…) y, por otro, esos caballos de Troya que hacen que se fagocite a sí misma, que su endogamia le nuble el sentido y que su falta de visión le ciegue.


Si la educación es un acto político (Freire) que requiere un comportamiento ético, es en la universidad donde se debe formar política y éticamente a la ciudadanía para conformar una sociedad incluyente e integradora. Como decía Zenón de Elea: “Dichosa la ciudad donde se admira menos la hermosura de los edificios que las virtudes de sus habitantes”.
Galeano nos advierte cuando dice “La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos, a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo: por algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez en toda la historia de la humanidad, el poder universal”. No permitamos que el mundo al revés nos imponga esa escuela. Y si esa es “su” escuela, luchemos, desde todos los ámbitos educativos, la familia, la calle, la academia, por otra bien distinta. Una verdadera Escuela, o una contraescuela.


Hasta Roger Waters, el que fuera uno de los miembros fundadores de los míticos Pink Floyd, dedicó una parte de su concierto en Bogotá a apoyar a las y los estudiantes colombianos en sus reivindicaciones. Que se siga reclamando que “No necesitamos no educación” (we don´t need no education), que ellas y ellos no son otro ladrillo en la pared, que hay que romper esos muros que nos marginan y nos separan. ¡Resistencia!


Como enuncia la declaración de Clacso a favor de la universidad pública en Colombia un siglo después del Manifiesto de Córdoba. Hace cien años eran las voces universitarias demandando el deseo de libertad, entonces “En sus corazones palpitaba la hora americana, el sentimiento de una revolución que se abría camino desde las aulas emancipadas y liberadas de los poderes monárquicos y escolásticos de ese tiempo. Hoy pretendemos liberarnos de los poderes neoliberales y del mercado. También sentimos como nuestro el rumor de la libertad”.


Hoy, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que acaba de celebrar el 1er. Foro Mundial del Pensamiento Crítico, en el marco de su 8ª Conferencia titulada “Luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”, plantea que “Al defender la Universidad también defendemos el sueño de paz, democracia y justicia. Tal vez el presente nos exija reinventar el pasado del 68 y encarnar el manifiesto del 18, porque pronunciando sus palabras, los dolores que nos acompañan son las libertades que aún no conquistamos, que la consigna de una hora americana trasciende los contextos y se inscribe en nuestros deseos de debilitar el autoritarismo y alcanzar la autonomía del pensamiento; legado histórico que llamaba a renombrar la realidad social como posibilidad de emancipación: Córdoba se redime, Colombia también”.


En Colombia las y los estudiantes promueven EDUCACCIÓN y le ponen imaginación y las siete notas musicales a sus acciones, no como otros, que prefieren a “los siete enanitos” en sus inercias. Quieren luchar por una universidad crítica, popular, liberadora e inclusiva.


En la Universidad residen la discusión y el debate, el respeto y la dignidad y la lucha por una educación libre e incluyente. Es la guarida de la utopía, tan necesaria cada día como cantan Jonathan Silva y Ceumar


Si el mundo se pone pesado / Voy a pedir prestada / La palabra POESÍA


Si el mundo camina hacia atrás / Voy a escribir en un cartel / La palabra REBELDÍA


Vamos a la calle a gritar / La palabra UTOPÍA.


Por la EDUCACCIÓN.

Por Ignacio Chaves

24 Nov 2018 .

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Acuerdo entre Gobierno y rectores es arbitrario

El pasado 25 de octubre el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y la ministra de educación María Victoria Angulo acordaron, con 25 de los 32 rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la Red de Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, un aumento de los recursos destinados a las IES públicas. Sin embargo, el acuerdo no contempla la solución a los problemas estructurales de las universidades públicas; mucho menos mitiga la crisis de la educación superior en Colombia.

 Desconociendo el arduo trabajo del movimiento estudiantil para informar y convocar a la ciudadanía para que se sume a la demanda del financiamiento adecuado para el conjunto de las Instituciones de Educación Superior (IES), así como la organización de docentes, trabajadores y trabajadoras de las IES estatales, 25 rectores/as del SUE firmaron un acuerdo que no cumple ni la mitad de los 10 puntos planteados en el pliego de exigencias elaborado de manera conjunta por estudiantes, trabajadores/as y docentes de la educación superior. Dicho acuerdo tampoco responde a los estudios elaborados por el SUE que cuantifican la magnitud del déficit financiero de las IES oficiales; particularmente el de las universidades estatales

Un acuerdo, además, que dilata en el tiempo una improbable solución para la problemática que ha motivado la protesta estudiantil y de otros estamentos de los centros de estudio. En el mismo, el Gobierno se comprometió a que “durante este período de gobierno, las transferencias de la Nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en el año 2019 y en IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022”.

No obstante, Adolfo Atehortúa, exrector y ahora profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con Juan Carlos Yepes, Luis Fernando Marín y Luis Orlando Aguirre, profesores titulares de la universidades de Caldas, Quindío e Industrial de Santander, respectivamente, en carta dirigida al gobierno nacional señalaron como urgente, una “adición presupuestal, inmediata y a la base, para todas las universidades estatales superior a 5 puntos del IPC 2017[…]” esto para apenas “[…] cumplir con sus obligaciones establecidas a 2018, suplir en parte la crítica situación que atraviesan, y culminar con normalidad sus actividades académicas en el presente año”.

Además, el compromiso sólo contempla el periodo de 4 años de gobierno, cuando el requerimiento del movimiento estudiantil está orientado a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, pues “el presupuesto anual de las universidades debe incrementarse, como mínimo, en 6 puntos por encima del IPC. Así mismo, debe determinarse un porcentaje progresivo dedicado a la inversión que, tal como lo propuso el Ministerio anterior, debe iniciarse con un mínimo de 10 puntos. Simultáneamente se debe crear, por una sola vez, un rubro destinado a la recuperación y ampliación de la planta física de las universidades estatales, el cual podrá́ entregarse programada y secuencialmente”.

Contrario a esto, el Gobierno sólo ofreció: “Los recursos para inversión con cargo al presupuesto Nacional llegarán a $300 mil millones anuales para las instituciones de educación superior públicas, sumando $1,2 billones adicionales para los 4 años de gobierno”. Es decir, no hay una medida progresista que asegure el sostenimientos de las IES estatales en el futuro.

En el acuerdo también quedó suscrito que “a partir del año 2019, el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública” e “impulsar, con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso, en el marco del Presupuesto Bienal de Regalías la destinación de $1 billón de pesos que permitirá en los años 2019 y 2020 contar con recursos que fomenten la inversión en infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior públicas”. Sin embargo, estos compromisos son abstractos y de resultados inciertos si de asegurar recursos para la base presupuestal de las universidades y demás IES estatales se trata.

Hay que decir además, que en el acuerdo no entran en consideración otras exigencias fundamentales establecidas por el movimiento estudiantil y las organizaciones de docentes universitarios, como:

• La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX con tasa real de interés en 0%, condonación para los estudiantes de programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos.

• Congelamiento inmediato de las matrículas en las IES de carácter privado.

• El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100% con base al presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018. Exigimos el cambio en los criterios de medición y asignación de recursos de Colciencias, que fortalezca todas las agendas investigativas incluyendo las Humanidades, el Arte y las Ciencias.

• Mantenimiento de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el respeto por su visión y misión y la conformación de una mesa que agrupe varios sectores para la construcción de un modelo de integración del sistema nacional de Educación Superior.

• Derogación de la Ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso.

• Retornar a su destino original y prioritario el 40% del medio punto de IVA Social, el porcentaje destinado a ese mismo rubro en el Impuesto a la Renta y Complementarios (Antiguo Cree), y una suma equivalente al excedente cooperativo.

• Reversar, a través de la ley, los efectos regresivos de la Reforma Tributaria que afectaron seriamente los ingresos y la calidad de vida de los profesores universitarios y ponen en peligro la estructura institucional universitaria, en tanto lesionan la eficacia de las primas técnicas como estímulo para los cargos directivos y el ajuste de los puntos salariales que incentivan la producción académica. Por consiguiente, resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 de 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.

• Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que mejoren las condiciones laborales y prestacionales de todos los docentes, incluidos planta, ocasionales y catedráticos, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral, y con entera disposición presupuestal a la base de las universidades estatales.

• Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, para subsanar los graves efectos e inequidades que acarrea en procesos de acreditación institucional y oferta de programas pertinentes y de calidad.

Enseñanzas y futuro inmediato

Como puede deducirse, estamos ante el efecto del poder y su ejercicio maquiavélico: el gobierno Duque concreta la reunión con los rectores, estos acuden acuciosos y se pliegan al jefe de gobierno, sin reparar en las otras instancias con que cuenta toda institución, es decir, embebidos en su supuesto poder pasan por encima de docentes, trabajadores y estudiantes. De esta manera, es evidente que el primero de los resultados que pudiera esperar Duque de su reunión con las directivas ya está concretado: la división de los estamentos de cada una de las universidades en paro, anormalidad académica o similar.

Una vez conocido lo decidido de manera prepotente por los rectores, los estudiantes se reafirman en la protesta ante lo cual las directivas de universidades como la Pedagógica y Tecnológica (Tunja) declaran la culminación del semestre, es decir, entran en vacaciones. El efecto de tal medida sobre la mayoría de los docentes, sin contrato fijo, es que dejarán de percibir salario en noviembre, además de diciembre y parte de enero –como es ya recurrente. Segundo efecto del autoritarismo de los rectores: agravan la situación salarial de los docentes, desnudando la precariedad en que hoy sobreviven –en plena época de la llamada Economía Naranja, máxima del duquismo– quienes viven del conocimiento.

En otras universidades, como la Nacional, su rectora se queja de que el paro siga en pie y llama a los estudiantes –bajo la amenaza de perdida del semestre– a que se reintegren a clase. Tercer manifestación del autoritarismo reinante en Colombia, y con manifestaciones hasta en los centros que se supone son la máxima expresión del ejercicio de la democracia participativa: agudización de la tensión entre directivas y estudiantes, pudiendo perderse el foco de la protesta (la lucha por la financiación de las IES) al enrutarse en una pugna local y focalizada por centro de estudio.

En el curso del 1 de noviembre los estudiantes están citados al ministerio de Educación, seguramente la socialización de lo allí discutido implique asambleas a lo largo de la semana del 6-11 de noviembre. Información y debates que definirán si la protesta se mantiene y en qué condiciones.

Por ahora, el gobierno logra desunir y quitarle peso a la protesta; recuperar fuerza y darle vitalidad al movimiento implica ganar apoyo social y cohesión interna. Un ejercicio de información a toda la sociedad sobre lo decidido por lo estudiantes en sus asambleas, y de democracia plena en sus debates –compartiendo información de todo tipo de manera abierta y pedagógica– y toma de decisiones, sería el conducto para ello.

El futuro de esta lucha no es totalmente claro, pero la estrategia que seguirá Duque en todos los conflictos sociales sí.

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Manifiesto por la Educación Superior Pública

Medellín, 18 de septiembre de 2018


“Esta es la técnica de la privatización: cortar el presupuesto para asegurar que las cosas no funcionen, la gente se molesta, y se usa como excusa, para pasarlo a manos del capital privado” Noam Chomsky.

 

Los profesores y profesoras de las universidades públicas, reunidos en Encuentro Nacional convocado por la Universidad de Antioquia, Colombia, manifiestan a la comunidad en general, después de profundos análisis sobre la situación de las Universidades y la crisis estructural sobre su financiamiento, lo siguiente:

1. Resulta indispensable exhortar al gobierno a que cumpla el mandato contenido en la Carta magna, en la cual se concibe la educación como un derecho de la persona (art. 67).
2. Defendemos y llamamos a defender la educación pública, gratuita, universal y de alta calidad, en virtud de su pertinencia para la construcción de la paz y el alcance de un país justo y democrático. Mantendremos actitud firme respecto a la defensa de una adecuada financiación de la educación pública superior, con presupuesto que permita su funcionamiento en condiciones de dignidad, para fortalecer la cobertura y mantener la calidad necesaria en atención a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad.
3. Propugnamos por la dignificación y el respeto a los derechos adquiridos de los profesores de universidades públicas. En ningún caso podrán, mediante reformas inconsultas, desmejorarse los salarios y prestaciones sociales (que tienen una relación directa en materia pensional) atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
4. Proponemos como salida a la actual movilización del profesorado la creación inmediata de una MESA NACIONAL PARA COORDINAR EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA y para negociar con el gobierno nacional, representado en la Señora Ministra de Educación, la Ministra de Trabajo y el Ministro de Hacienda, con quienes aspiramos resolver la situación crítica de las Universidades públicas en dos momentos, donde plantearemos acciones concretas:


En el corto plazo:

 

a. Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, de tal forma que se incremente en 8 puntos los recursos asignados a partir del IPC o se determine un porcentaje de incremento a partir del PIB, para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior acorde a sus funciones misionales.
b. Adición presupuestal inmediata con recursos frescos para solventar la crítica situación financiera de las IES públicas y poder culminar con normalidad las obligaciones de las universidades a diciembre de 2018.
c. Destinación, a las universidades públicas, de la totalidad de los recursos que hoy se dirigen al Programa Ser Pilo Paga y al ICETEX.
d. Reversar, a través de las medidas que resulten pertinentes, los efectos regresivos de la Reforma tributaria que afectó seriamente los ingresos y calidad de vida de los profesores universitarios. Resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 del 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.
e. Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que apunten al mejoramiento de las condiciones laborales y prestacionales de los docentes, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
f. Destinación de recursos por parte de los gobiernos territoriales que fortalezcan e impulsen el desarrollo de las universidades públicas, en favor de las localidades y regiones que se benefician directamente de los propósitos que cumplen dichas instituciones de educación superior.
g. Recuperar los recursos del anterior impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que en principio se destinarían a la educación superior y finalmente fueron dirigidos
al ICETEX y a programas como Ser Pilo Paga.
h. Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, en virtud de sus graves efectos en los procesos de acreditación institucional de las universidades públicas que perderán, en relación con las instituciones privadas, su capacidad para ofrecer programas pertinentes y de calidad.

 

En el mediano plazo:


a. Impulsar cambios estructurales a la política educativa de tal forma que se garantice el financiamiento a la oferta y no a la demanda, hasta lograr el acceso a educación superior de alta calidad cuyos costos en su totalidad sean asumidos por el Estado.
b. Revertir iniciativas contenidas en el “Acuerdo por lo superior 2034”, en lo atinente a educación terciaria y adopción de exigencias emanadas de la OCDE y demás organismos internacionales que afectan la libre autodeterminación y postergan las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de bienestar a partir de la educación superior de alta calidad.
c. Apropiar el presupuesto requerido para nueva infraestructura universitaria y reforzamientos estructurales a edificaciones que amenazan ruina por su franco
deterioro.


Finalmente, manifestamos nuestro rechazo contundente a las irresponsables y estigmatizantes declaraciones del Ministro de defensa, Guillermo Botero, quien aseguró que “Grupos armados financian la protesta social” (derecho protegido por el art.20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 37 de la Constitución Política de Colombia) desconociendo de plano el derecho a la libertad de expresión y, junto a éste, el derecho a la protesta como expresión democrática de los grupos sociales que se manifiestan pacíficamente en contra de medidas gubernamentales, Resulta inaceptable que se ponga en riesgo la vida de quienes defienden los derechos humanos y las causas sociales. De igual manera deploramos el asesinato de líderes sociales en Colombia e instamos al gobierno nacional a brindar las garantías necesarias para proteger a quienes hacen parte de expresiones democráticas como las que se manifiestan en las marchas y movilizaciones sociales.

Invitamos a todos los integrantes de las comunidades universitarias a reflexionar sobre los temas centrales de la crisis financiera y la pérdida de los derechos laborales de los profesores, para actuar en consonancia con las agendas previstas desde las organizaciones gremiales de los docentes, los estudiantes, los empleados y trabajadores. Es fundamental unir esfuerzos por encima de diferencias conceptuales o ideológicas, ello como condición necesaria para mantener vivo un movimiento que permitirá dignificar la labor del profesorado y asegurar la viabilidad financiera de las universidades públicas en el país, y de esta manera garantizar educación de calidad en cumplimiento de los tres ejes misionales que benefician a las regiones y el país, Investigación Docencia y Proyección Social.

Convocamos a profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y en general a toda la comunidad colombiana a participar de la Mesa nacional, de las agendas previstas en cada región, a sumarse a las Asambleas permanentes ya declaradas y a la GRAN MOVILIZACIÓN Y TOMA DE BOGOTÁ el 10 de octubre en unión con otros sectores sociales.

 

Universidades que suscriben: Universidad de Antioquia Universidad de Caldas
Universidad Industrial de Santander

Universidad del Tolima Universidad Pedagógica Nacional Universidad Nacional
Universidad de Cartagena Universidad del Cauca Universidad del Valle Universidad del Magdalena
Universidad del Quindío

 

Artículo relacionado:

"Las finanzas de la universidades públicas colombianas en tiempo de crisis". Leopoldo Múnera

23 de septiembre de 2018

 

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Lunes, 06 Agosto 2018 07:28

Q

Q

En las cuestiones que tienen que ver con la sociedad cada uno se fragua sus propias verdades. Existen los hechos, por supuesto, pero la manera en que los seleccionamos, los ordenamos y jerarquizamos, y luego los ensamblamos para determinar sus significados es un asunto bastante complejo.


Ese trabajo lo acomodamos usualmente de una manera conveniente para nosotros. Así es fácil y para muchos más reconfortante.


En muchas ocasiones, demasiadas infortunadamente, no se requiere siquiera de hechos verificables, bastan las declaraciones, opiniones, arengas y chismes, que pululan en el ambiente, para construir las verdades que perseguimos, conformadas también por nuestros prejuicios.


De tal forma se forjan las creencias, los pensamientos y hasta las convicciones. De ahí se desprenden, también, nuestros actos y omisiones.
Hablar de la verdad es por decir lo menos muy problemático. Y solemos admitir sólo muy poco relativismo; le concedemos a los otros escasa credibilidad en lo que afirman y rechazamos lo que hacen, muchas veces de modo violento.


La política está hecha de esto, la historia lo muestra claramente. Hoy es un tema cotidiano y está representado a las claras por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este es un caso sobresaliente, pero desde luego no único.


En los mítines que organiza ahora para convocar el voto en las próximas elecciones para el Congreso ha aparecido un grupo que se identifica por las pancartas y letreros inscritas con la letra Q.


Q se refiere a un tipo de acceso a la información restringida del Departamento de Energía de aquel país, considerada como clasificada y que se compara con el de la Defensa en materia de top secret.


Quienes exhiben ese signo o siguen esta nueva tendencia creen que los mensajes enviados por medio de la redes sociales en QAnon provienen de un activista seguidor de Trump que tiene acceso a información privilegiada y la divulga.


Se trataría de alguien que supuestamente exhibe la lucha del presidente en contra del denominado Estado Profundo (Deep State) que sería el núcleo duro del poder político y económico de ese país, representado prominentemente por intereses asociados con los Bush, los Clinton y Obama o el financiero George Soros, entre otros.


Creen que incluso el fiscal especial Müller, que lleva el caso de la posible colusión de Tump con Rusia para llegar a la presidencia, es, en realidad, una pieza de ese mismo enfrentamiento con el Estado Profundo.
Es una teoría de la conspiración. Una forma facilona de interpretar lo que ocurre en cualquier ámbito. Organiza los hechos y la información dejando pocos resquicios y permite adherirse con comodidad a una determinada interpretación de los hechos. Q lo ha conseguido y su expansión es muy acelerada. Para Trump es una eficaz herramienta de poder.


Menos atención se pone, por ejemplo, en una confrontación políticamente relevante dentro de la élite de los grupos conservadores y especialmente dentro del Partido Republicano. Esta no requiere de conspiración alguna, es pública.


Se trata de una de las fuente más grandes de financiamiento para los integrantes de ese partido y las políticas públicas que prefieren alentar los magnates hermanos Koch. Son dueños de la segunda empresa más grande de propiedad privada de Estados Unidos.


El dinero de los Koch en la promoción política conservadora se usa con independencia. En la pasada elección presidencial señalaron que escoger entre Trump y Clinton era como decidir entre el cáncer y un ataque cardiaco.


Hoy están enfrentados con Trump y las políticas proteccionista y migratoria. Él los tilda de ser una broma y dice que ni siquiera quiere su dinero.


¡Pero es que todo esto se trata de dinero! Los Koch han retirado el apoyo a los candidatos republicanos que no representan sus intereses.


Entre las actividades de promoción de los Koch está el enorme monto de recursos que han destinado a promover su visión libertaria del capitalismo. Ese es el caso de su respaldo al programa de economía de la Universidad George Mason, que con sus fondos se ha vuelto una referencia obligada y muy influyente del espectro ideológico.


Jueces, altos funcionarios, profesores y estudiantes pasan por los cursos inspirados en las teorías de James Buchanan, formulador de una potente expresión de un sistema social que se ha conformado por décadas, provocado una crisis de gran dimensión y que puede asociarse con el retorno de las políticas nacionalistas y xenófobas que prevalecen hoy en Europa y Rusia incluida.

 

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Domingo, 05 Agosto 2018 08:50

La Ciencia que financiamos y repagamos

La Ciencia que financiamos y repagamos

¿Devolvemos a la sociedad los resultados del sistema científico? Esta pregunta tiene dos posibles respuestas, que no opciones. Una respuesta larga, para aquellas que no conocemos de qué va el asunto, o la corta, para los que no lo conocen o no les interesa. Por economía lingüística, por escribir menos, empezamos a responder en primer lugar por la opción corta: por lo general, sí se devuelve a la sociedad lo generado por los científicos, eso sí, cobrando dinero por ello.

 

 

Los que seguimos leyendo parece que queremos reflexionar, analizar, cómo es posible que aquellos conocimientos generados con dinero público acaben en manos privadas, en empresas que después venden esos contenidos a las mismas instituciones públicas que lo han generado.

El negocio en el que se mueven muchos millones de euros es redondo, donde siempre gana la banca (sino de forma directa, sus filiales en el mundo de la edición y distribución de la ciencia). Voy a intentar contaros de forma breve cómo nos dejamos manejar.

La producción científica está en manos básicamente de instituciones públicas; instituciones de investigación, organismos públicos y universidades. Las privadas, las que investigan, no creáis que difunden dicho contenido, lo que en cierta manera pudiera entenderse como normal, si lo generan únicamente con dinero privado no van a compartirlo con la “competencia”. Estas investigaciones no salen de la nada, sino del mucho trabajo y esfuerzo de investigadores y de grupos de investigación que, o bien consiguen los fondos de proyectos financiados por organismos públicos, o bien de su actividad laboral cotidiana, y por lo tanto, se dedican a la investigación, ya que tenemos una nómina y un trabajo que nos lo facilita. No toda la investigación se realiza dentro de un proyecto de investigación. Los investigadores y profesores universitarios generan gran cantidad de producción científica, ya que de dicha publicación depende el desarrollo de su carrera profesional y algunos complementos retributivos.

Y aquí es donde viene el truco, donde el sistema ha conseguido envenenarlo, donde han logrado hacer bueno lo retorcido, donde conseguir “los dineros” sin invertir se ha convertido en un arte.

Los investigadores y profesores universitarios difunden sus contenidos –siempre que pueden, y en un gran número- en revistas de pago, revistas que no son de la institución donde trabajan, revistas que después la propia institución o el propio sistema de investigación debe pagar para conseguir, porque “evidentemente” se ceden los derechos a dicha revista. Es decir, investigaciones financiadas con dinero público, trabajadores con salarios públicos, ceden el conocimiento desarrollado en esas investigaciones a instituciones privadas, cediéndoles los derechos de explotación. ¿Somos tontos? Otra nueva pregunta con respuesta más compleja que la anterior.

Tal y como os decíamos, las publicaciones científicas no son un mero elemento de difusión de la Ciencia, sino que es la variable fundamental para analizar la valía, “la calidad” que decimos ahora, de la investigación y del investigador. Esto supone medirnos constantemente, evaluarnos de manera cortoplacista para determinar nuestra carrera profesional y para determinar si podemos conseguir los tramos de investigación. Y todos estos elementos son valorados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), organismo estatal que funciona con normativa y legislación estatal. ¿Y qué parámetro utilizan? Utilizan como medida el factor de impacto, una medida que evalúa la calidad de las revistas por medio del análisis métrico de las citas bibliográficas obtenidas por los trabajos y que fue creada con un fin distinto al de la evaluación de la calidad. Las herramientas para valorar este factor de impacto son dos: Scopus de Elsevier y Web of Science de Clarivate. Dos empresas privadas donde, ¡qué curioso!, están presentes las revistas de la propia compañía (Elsevier). Herramientas que nos cuestan millones de euros el poder acceder a sus índices, y que además nos obligan posteriormente a pagar los contenidos por las revistas que ellas han determinado que son “de calidad”.

Financiamos la investigación con dinero público, los resultados en forma de artículos científicos son enviados a revistas de pago por acceso a los contenidos, que las revistas que se consideran importante son tomadas de una serie de herramientas privadas que controlan un buen número de estas revistas, y que el propio sistema español de ciencias “obliga” a publicar en dichas revistas para el desarrollo profesional de los investigadores. Puede llegar a pasar, y pasa, que una universidad tenga que pagar a una revista por los contenidos generados por un profesor de plantilla. Pagamos por la investigación, y repagamos por acceder a los índices de impacto y a los contenidos de las revistas.

Ahora ya podemos contestar a la pregunta de si somos tontos, y mi respuesta es que no (opinión muy personal y discutible, sobre todo al ser parte implicada que no contempla el autoinsulto como opción); lo que pasa es que todo este sistema está montado sobre un gran negocio y sobre un círculo vicioso que lejos de ser desinflado por lo público es potenciado. Como dijo un gran referente intelectual (no hay ironía en mis palabras) “Veo, veo, mamoneo”. ¡Que grande eres, Rosendo!

 

¿Cómo rompemos esta tendencia? ¿cómo devolvemos los resultados de la investigación a los investigadores, a todos?

Primero, recordando a los investigadores que sus intereses personales no pueden ser los prioritarios, que lo generado con dinero público debe revertir en el sistema público, y que no son libres para hacer lo que quieran con sus investigaciones. Este cambio de visión es fundamental.

Entender que deben poner a disposición de la comunidad científica los resultados de sus estudios, aportando de verdad en el “carácter acumulativo de la Ciencia”, lo que supone un intercambio de conocimientos. Newton señaló; “si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes”. Hoy, seguramente, tendría que pagar por dichos contenidos y a otros no tendría acceso por los altos costes. Para ello, hemos de dar un empujón a los investigadores, buscar métodos alternativos a los estudios métricos para valorar e incentivar su labor profesional.

Segundo, cambiando el sistema de evaluación a todos los niveles, desde el europeo al autonómico, pasando por la financiación cambiando el sistema de evaluación a todos los niveles, desde el europeo al autonómico, pasando por la financiación estatal. Toda inversión pública debería estar sujeta a la obligación de difundirse por medio de revistas abiertas, de repositorios públicos, etc..., en plataformas que aseguren su disponibilidad para todas.

H2020, programa de financiación de la Ciencia de la Unión Europea, apuesta claramente por el acceso abierto (cuestión aparte es que los esfuerzos son escasitos), y el sistema español apuesta tímidamente por ello. Dicho sistema de evaluación debería comenzar, tal y como decimos, desde Europa, y que “chorree” por todos los estados miembros, para obligar a difundir públicamente los contenidos de investigación.


Tercero, y para España, “dinamitemos” intelectualmente la ANECA, volvamos a la evaluación tradicional, donde la evaluación de experto sea la piedra angular, y dejemos de medir tanto la calidad por parámetros estadísticos (dejemos la ANECA para otro día, ¿os parece?).

En definitiva, tenemos que hacer Política, un cambio legislativo integral que se enmarque en la lógica, fuera de los intereses del mercado y de las grandes empresas editoriales, cambio de políticas que debiera ser abanderado por la Unión Europea, quien cree un sistema general con subsistemas nacionales, donde se garantice que todo trabajo generado por asalariados o por financiación de lo público acabe en repositorios públicos o revistas de acceso abierto, sin pagos de cuotas de ningún tipo (ni por publicar ni por acceder), y generar una estructura en la cual aquellos trabajos más relevantes estén en repositorios más exclusivos, y que sea la presencia en dichos repositorios la que marque la calidad de la investigación y por lo tanto del investigador.

No estamos solos, existen plataformas que defienden esta tendencia, que apuestan por este cambio en la forma de difusión de la Ciencia (ejemplo claro es la Declaración de San Francisco, apoyada por importantes instituciones), en pensar que otra forma de hacer Ciencia es imprescindible para el desarrollo de la misma. Tenemos que ver la difusión de la Ciencia como una herramienta estratégica para el desarrollo de la sociedad, no un gasto, ni un coste, ni una carga, sino como una oportunidad.

 

¡Recuperemos el conocimiento! ¡No paguemos por las ideas!

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