Sábado, 29 Mayo 2021 06:37

La inmoralidad del Estado colombiano

La inmoralidad del Estado colombiano

Mientras asesinan a dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, líderes campesinos y de pueblos originarios, el Estado colombiano se entrega por completo a la estrategia contrainsurgente diseñada por Estados Unidos para la región.

No hay tregua. Ni los acuerdos de paz han sido respetados ni las comisiones de seguimientos han podido desarrollar su labor. Las amenazas y la impunidad con la cual actúan los grupos paramilitares, amén de la violencia implementada por las fuerzas armadas y la policía, han dejado un reguero de muerte. Según Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), tan sólo en 2021 han sido asesinados 66 líderes sociales, defensores de los derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Y en el marco del Paro Nacional, desde el 28 de abril al 23 de mayo, se cuentan 61 víctimas mortales. Según la misma institución, se han perpetrado 40 masacres con 149 víctimas entre niños, hombres y mujeres. El objetivo: desarticular, descabezar los movimientos sociales y las organizaciones populares.

Bajo el manto de la seguridad democrática, se niegan derechos políticos, suspenden las garantías del habeas corpus y se generalizan las detenciones ilegales. Los falsos positivos, aquello que se suponía formaba parte del pasado, emerge con mayor intensidad. No es únicamente Iván Duque o su mentor Álvaro Uribe quienes definen las estrategias y apoyan las acciones genocidas. Ellos son hombres de paja, sus decisiones no les pertenecen. Colombia ha renunciado a ejercer la soberanía sobre su territorio, sea en los aspectos de seguridad, justicia o relaciones internacionales. Las líneas maestras las diseña el Pentágono, la Casa Blanca, las trasnacionales, las agencias de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Central de Inteligencia (CIA) el embajador de Estados Unidos y el lobby armamentista.

En las recientes dos décadas, 107 mil 573 militares colombianos han sido entrenados en territorio estadunidense. Sus fuerzas armadas hablan el lenguaje de la muerte y la guerra sucia.

Dependientes tecnológica e ideológicamente del imperialismo del país del norte, juegan, además, un rol activo en la política desestabilizadora en Venezuela. Baste recordar el fiasco del llamado concierto Venezuela aid live, celebrado en febrero de 2019, con el fin de apoyar el paso de camiones con supuesta ayuda humanitaria desde Cúcuta, bajo la mirada del grupo de Lima, la presencia de Juan Guaidó, los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, el paraguayo Mario Abdó e Iván Duque, que cumplía las órdenes de Elliot Abrams y Mike Pompeo. En este panorama, el presidente de turno se ve relegado a ser una figura de segundo orden. Su rol se reduce a impedir que tenga éxito cualquier proceso democrático y participativo que altere su papel como gendarme en la región. Washington tiene en Colombia su colonia más preciada. Aunque formalmente no existen instalaciones militares de su propiedad, la presencia de contratistas y enclaves con personal estadunidense se realiza mediante la utilización de bases aéreas: Palanquero, Apiay y Malambo, los fuertes Tres Esquinas y Tolemaica, entre otras y las navales de Cartagena y Bahía Málaga, todo, eso sí, bajo un acuerdo de cooperación etiquetado como lucha contra los cárteles de la droga y el narcotráfico.

En Colombia, no hablamos de militarismo, sino de necropolítica y militarización del Estado. Las fuerzas armadas han incrementado sus tropas 100 por ciento en lo que va de siglo XXI, situándose por encima de los 480 mil efectivos, con un gasto militar equivalente a 16 por ciento del total del presupuesto, sólo por detrás de Estados Unidos para todo el continente.

Asimismo, en 2020 la ayuda militar de Washington alcanzó la cifra de 244,4 millones de dólares. Colombia se ha convertido en un país en el que la represión se ejerce bajo la fórmula de violencia extrema, siendo el terrorismo de Estado la manera que tiene el poder para frenar los movimientos populares, y las luchas democráticas. Nunca en América Latina hubo un Estado sin control judicial ni límites políticos para acometer la represión de sus clases populares, la juventud, los pueblos originarios, si no fuese bajo la fórmula de un golpe de Estado. Pero Colombia realiza dicho genocidio amparándose en una fachada democrática. En Brasil, Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, las políticas de exterminio y el asesinato político se llevaron a cabo bajo la doctrina de la seguridad nacional, con dictaduras y al margen del estado de derecho. En el punto más álgido de la guerra fría, lograron una coordinación regional gracias al apoyo del entonces secretario de Estado estadunidense, Henry Kissinger. Así se gestó la Operación cóndor. Sus acciones, detención ilegal, tortura y la desaparición forzada se llevaron a cabo de forma clandestina. Pero en Colombia no hace falta una dictadura formal, lo es de hecho. Bajo una Constitución dizque democrática se avalan, permiten, defienden y fomentan el asesinato político, criminalizando la protesta social, negando a su pueblo el derecho de vivir en paz.

La tragedia de ver cómo en Colombia su juventud, sus mejores hijos e hijas son acribillados, torturados y violadas, deja al descubierto el desprecio por la vida de los otros, los valores democráticos y la indignidad de una élite que ha decidido vender su país a cambio de unas migajas.

Sólo merecen el desprecio. La dignidad está donde siempre: en la gente de los pueblos y ciudades de Colombia que salen a las calles y luchan por recuperar su independencia y soberanía, secuestradas por una plutocracia al servicio de fuerzas extranjeras.

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Cali. Escenario de guerra en El Calipso

Desde el pasado 28 de abril, la ciudad de Cali se consolidó como el epicentro de una lucha popular nunca vista en las ciudades del país. Son múltiples los puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de sus principales avenidas. 

Aunque a primera vista la urbe se mueve con un grado de "tranquilidad" y "normalidad" por la apertura de comercio, bancos, tránsito vehicular y peatonal, la mayoría del sistema de transporte (Mío) está sin funcionar por las múltiples barricadas instaladas a lo largo y ancho de la ciudad y por las estaciones quemadas. De igual manera, los puntos de resistencia juvenil popular cada vez se tensionan más, es el caso de la zona conocida como Calipso o "Apocalipso" cómo muchos lo han rebautizado. 

Tras la denuncia que específica que las instalaciones del almacén Éxito de Calipso fueron utilizadas como centro de tortura y asesinatos contra manifestantes, la situación de derechos humanos es cada vez más compleja. Desde las tres de la tarde del sábado 22 de mayo el barrio Julio Rincón fue rodeado por un importante número de efectivos policiales contraguerrilla, quienes acordonaron todas las cuadras y obligaron a qué toda la población tuviera que encerrarse en sus casas. 

La actuación policial generó una fuerte confrontación con los jóvenes populares de la primera línea, quienes con piedras y palos se enfrentaron contra las fuerzas armadas que disparaban con armas de fuego, bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, que de manera indiferenciada afectaban a quienes estaban en sus casas.

Según fuentes cercanas a desdeabajo en la escena se presentaron ataques contra el cubrimiento que realiza el hoy popular Canal 2, y todo estalló ante la actuación policial que impedía el ingreso de comisiones de derechos humanos a la espantosa y aterradora escena del centro de tortura Éxito de Calipso en donde –según informa la comunidad–  pisos y ropa del lugar permanecían con rastros de sangre, a pesar de borrarlos lavando de urgencia los pisos del lugar.

En medio de las reiteradas escenas de violencia y represión vividas en diversidad de barrios de Cali desde el mismo momento en que tomó forma el paro nacional, las comunidades organizadas denuncian la desaparición de 558 personas, descomunal cifra de violencia y terror que dibuja con toda crudeza el escenario de guerra urbana a que hoy está sometida la ciudad, una dictadura de hecho bajo la cual la opinión del Alcalde está en un segundo o tercer lugar y quienes determinan lo que allí se hace y cómo se hace son las fuerzas armadas.

Al momento de finalizar la escritura de esta nota urgente, el ulular de sirenas apaga el trinar de los pájaros, dominantes al llegar el alba. En Cali la tranquilidad de la vida se ha perdido para darle paso al dominio de la muerte.

 

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Amnistía Internacional insta a EE.UU. a suspender venta de armas y equipo a Colombia porque son usadas para "reprimir las protestas"

La organización no gubernamental documentó que las fuerzas de seguridad colombianas emplearon el lanzador múltiple de proyectiles Venom contra manifestantes.

La organización Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno estadounidense a suspender inmediatamente la venta directa e indirecta de armas, equipo y tecnología a Colombia, debido a que han sido utilizadas por la fuerza pública para reprimir a ciudadanos durante las protestas sociales que iniciaron hace tres semanas en el país latinoamericano. 

"El papel de Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante", expresó en un comunicado de prensa Philippe Nassif, director de promoción de la oficina de Amnistía Internacional en EE.UU.

La organización pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que el Gobierno de Joe Biden "cese de inmediato el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo" que ha sido utilizado para reprimir las protestas.

Esta exigencia hace referencia al fin del suministro de armamento, equipo y asistencia con Colombia, hasta que las fuerzas de seguridad "cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza" y los abusos de los uniformados sean investigados "de manera independiente e imparcial".

La lista incluye la prohibición de las siguientes herramientas:

  • Escopetas, armas pequeñas y municiones.
  • Gas lacrimógeno y proyectiles antidisturbios.
  • Vehículos blindados.
  • Tecnologías de vigilancia de doble uso.
  • Capacitación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.

Abusos policiales

En el contexto del paro nacional en Colombia, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza pública y las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los uniformados. 

En particular, Human Rights Watch documentó que la Policía disparó gases lacrimógenos directamente hacia manifestantes desde un puente, en la ciudad de Cali, durante las protestas del 3 de mayo. Además, la organización comprobó que uniformados dispararon desde una tanqueta proyectiles múltiples hacia los civiles.

El pasado 12 de mayo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó un lanzador de proyectiles múltiples de alta velocidad Venom, desde el suelo y de forma horizontal, para reprimir a manifestantes en Popayán (Cauca). "Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. 

Amnistía Internacional denunció que la fuerza pública ha utilizado los lanzadores de proyectiles de gran capacidad Venom y lanzaproyectiles de mano Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems.

En ese sentido, la organización señala que el Gobierno de EE.UU. ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y equipos policiales de Colombia. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en los "asesinatos, desapariciones, violencia sexual y otras torturas", y en la "horrenda represión de decenas de manifestaciones" en el país suramericano, según denunció la organización.

Víctimas de violencia

El Gobierno colombiano ha informado sobre el fallecimiento de 42 personas (41 civiles y un policía). De esta cifra, 15 muertes tienen relación directa con las manifestaciones, según la Fiscalía General de la Nación. 

En contraste con la información oficial, organizaciones sociales reportan 51 fallecimientos en el marco del paro nacional, de los cuales 43 corresponden a personas que "fueron asesinadas por presunta autoría de la fuerza pública"

Según las denuncias recibidas por la organización Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hay 2.387 casos de violencia policial, incluyendo 18 víctimas de abuso sexual y 33 personas con lesiones oculares. 

Publicado: 20 may 2021

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Sábado, 10 Abril 2021 06:18

El teatro de los inocentes

El presidente Jair Bolsonaro junto a quien fuera comandante del Ejército, Edson Pujol, durante una ceremonia oficial en Brasilia, en 2019 AFP, SERGIO LIMA

¿Qué sucedió realmente entre los generales y Bolsonaro?

Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen.

La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre que significó la gestión del general Eduardo Pazuello al frente del Ministerio de Salud, en especial el impacto mediático de la escandalosa falta de oxígeno en Manaos –por la que Pazuello es investigado judicialmente (véase «Asfixiados», Brecha, 29-I-21)–. Hasta su nombramiento en setiembre, y a pesar de ocupar diversos puestos estratégicos en el gobierno, los militares actuaban de forma más discreta, casi siempre a través de oficiales retirados. Pero Pazuello, general en actividad, agarró el fierro caliente durante la mayor crisis sanitaria de la historia del país. Otros oficiales filtraban constantemente a la prensa su malestar con la gestión sanitaria del gobierno y, casi siempre en off, pedían que el general pasara a retiro y evitara así la mancha en la imagen castrense. Pazuello dimitió el 23 de marzo, día en que se registró un nuevo récord de 3.251 muertes por covid-19.

La crítica de algunos oficiales a la política sanitaria no era, sin embargo, el único motivo de desencuentro entre las jerarquías civiles y militares. Desde el año pasado, Bolsonaro estaba molesto con el ahora excomandante del Ejército Edson Pujol. En abril, en un evento militar en Porto Alegre, el presidente, conocido por su rechazo a las más mínimas precauciones sanitarias, extendió su mano para saludar a Pujol. Recibió un codo. En noviembre, dos días después de la velada amenaza bélica de Bolsonaro al entonces presidenciable estadounidense, Joe Biden, por unos dichos de este sobre la protección de la Amazonia («cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora», había retrucado el brasileño), Pujol salió al cruce de su superior y sostuvo a la prensa que no existía ningún país en el continente que representara una amenaza para Brasil y que, de todas maneras, las Fuerzas Armadas brasileñas no tenían los recursos suficientes para garantizar la soberanía nacional.

Para mayor inri bolsonarista, durante una conferencia con empresarios al día siguiente, Pujol afirmó: «No queremos ser parte de la política gubernamental o del Congreso Nacional, y mucho menos queremos que la política entre en nuestros cuarteles». «No cambiamos cada cuatro años nuestra manera de pensar o de cumplir nuestras misiones», agregó. De inmediato, Bolsonaro recordó en Twitter que era él quien había elegido a Pujol para el cargo de comandante, un ayudamemoria que parecía tener como destinatario al propio general.

Lo cierto es que Pujol era visto como un obstáculo para las tentativas del presidente de radicalizar el apoyo militar a su gobierno. En las últimas semanas, el mandatario se refirió varias veces a las tropas como «mi ejército» y dejó claro, fiel a su estilo de gestionar la pandemia, que los militares no saldrían a la calle a obligar a ningún trabajador a quedarse en su casa. Mientras tanto, la Justicia anunciaba la anulación de las condenas de quien será seguramente el principal contendor de Bolsonaro en las próximas elecciones, Lula da Silva, en el medio del más estricto silencio militar. En ese escenario y en pleno recambio de gabinete, el presidente removería, el 29 de marzo, como quien no quiere la cosa y sin mayores explicaciones, al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, protector de Pujol (véase «Hasta aquí llegó mi amor», Brecha, 30-III-21).

Las cosas no salieron como esperaba. Tras el terremoto de la renuncia simultánea de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en respaldo a Azevedo e Silva, Bolsonaro acabó por respetar el criterio de antigüedad para las nuevas designaciones. Terminó eligiendo –o aceptando, según se lo mire– al general Paulo Sérgio Nogueira como nuevo comandante del Ejército, hecho que, con el pasar de los días, fue entendido por analistas y entendidos de política militar como una señal de continuidad. El ejército publicó entonces una foto de una reunión entre el nuevo ministro, Eduardo Villas Bôas, Pujol y Nogueira, con la frase: «Antiguo, actual y futuro comandante del Ejército de Caxias: lazos inquebrantables de respeto, camaradería y lealtad».

GOLPE… DE EFECTO

Las primeras reacciones mediáticas y políticas fueron dominadas por la euforia. El periodista y exasesor de prensa del gobierno de Lula, Ricardo Kotscho, que mantiene contacto con algunos militares en actividad, expresó en su columna en UOL del primero de abril que lo que había conseguido Bolsonaro había sido «unir a los militares contra él», ya que los uniformados habían por fin «desembarcado del gobierno y encuadrado al presidente en los límites constitucionales». Sin embargo, dos días después escribió: «Lo que pareció una ruptura del gobierno con su base uniformada fue apenas un juego de escena para cambiar los quepis de los jefes militares por otros más al gusto del capitán, sin cambiar nada en la concepción secular de los militares como tutores del poder civil».

Kotscho repensó su lectura, pero el resto de los análisis de la prensa brasileña fueron –y son– casi unánimes: los uniformados estarían tratando de evitar la «politización» de las Fuerzas Armadas, abocados a preservar la democracia frente a las «aventuras golpistas» de Bolsonaro. Pero pensar que los militares quieren evitar una politización de los cuarteles durante el gobierno más militar de la historia democrática suena, como mínimo, contradictorio. Piero Leirner, antropólogo y especialista en estrategia castrense de la Universidad Federal de São Carlos, afirma a Brecha que lo ocurrido no se trata de una reacción a los arrebatos golpistas de Bolsonaro, sino la simulación de una reacción: «La figura de Bolsonaro como presidente es en sí misma una construcción militar, hecha para parecer independiente, errática e incontrolable. De esa forma, los militares siempre aparecen como un factor de contención (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20). Lo que sucedió ahora es una sobrecarga de esas construcciones, una operación psicológica del tipo conmoción y pavor a nivel informacional, en la que todo el mundo queda desnorteado en un primer momento y luego con la sensación que ellos quisieron imprimir en el imaginario colectivo: que dijeron “basta”, que ahora “la política” se va a mantener lejos de los cuarteles». Para el analista, «la supuesta crisis militar ya alcanzó su objetivo y lo que vendrá ahora es una operación de desacoplamiento de la tropa en relación con Bolsonaro».

Para el periodista André Ortega, coautor, junto con Pedro Marín, del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, «los militares afirmaron su unidad en el actual escenario y mostraron que mantienen una unidad corporativa, que no es solamente institucional, racional-burocrática, sino política y cultural, como han hecho siempre en la historia». Ortega tampoco cree que los uniformados estén defendiendo las instituciones democráticas: «Hay un exceso de entusiasmo con relación a los supuestos “generales democráticos”. No podemos confundir las diferencias de ambiciones individuales o de feudos con grandes diferencias políticas. No hay ruptura ni esfuerzos de preservación democrática: hay una puesta en escena para preservar la imagen de que la militar es una institución competente y mantener, e incluso aumentar, lo que han conquistado con este gobierno».

PASANDO REVISTA

Eduardo Svartman, historiador, doctor en Ciencia Política y presidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, tampoco cree que se pueda hablar de ruptura, porque «los militares son corresponsables de la elección de este gobierno y son una parte de su base». Desde su perspectiva, lo acontecido «sugiere un reacomodo en el que algunos militares en actividad pretenden marcar una cierta distancia respecto al gobierno y, en ese marco, se explicita una tensión entre parte de la alta oficialidad activa y los oficiales de la reserva, que son quienes están masivamente presentes en el Ejecutivo». Este último actor, sostiene Svartman, «enfrenta su peor momento y juega con el golpismo para contrabalancear su debilitamiento».

Para el académico, lo que los oficiales en actividad quieren evitar es una posible insubordinación en los cuarteles: «Hay una preocupación por la creciente politización y polarización y el accionar entre las tropas de las milicias digitales bolsonaristas». Existe, según él, «un temor de que ocurran episodios como los de Bahía [véase recuadro] en unidades militares y se le haga difícil a la cúpula mantener el alineamiento de todo el mundo».


Recuadro

Los de abajo

El lunes 29 de marzo, un integrante de la Policía Militar protagonizó un extraño episodio en el Farol da Barra, un sitio icónico de Salvador de Bahía. Después de empezar a disparar contra sus compañeros, el agente fue ultimado. Las bases bolsonaristas de Internet se abocaron rápidamente a convertirlo en héroe, alimentando la versión de que el policía habría muerto por negarse a seguir las órdenes del gobernador del Estado, Rui Costa (del Partido de los Trabajadores), que había decretado algunas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia.

La campaña, por el tenor de sus mensajes, parecía una tentativa bolsonarista de enardecer a sus seguidores y fogonear un levantamiento de las Policías Militares a lo largo del país. Rafael Alcadipani, integrante del Foro Nacional de Seguridad Pública, dice a Brecha que, sin embargo, las bases del gobierno «le erraron al diagnóstico». La táctica no funcionó. Sí existe, afirma, una coincidencia ideológica entre ambas fuerzas: las Policías Militares, «alineadas en la derecha y el conservadurismo, están muy influenciadas por la ideología del bolsonarismo y se identifican con el presidente». Pero Alcadipani cree que, a pesar de que no puedan descartarse sublevaciones o acuartelamientos puntuales, no tienen, por sí solas, la suficiente fuerza para generar un hecho de mayor gravedad: «Con una tasa de desempleo tan alta, sin una ayuda económica fuerte y un sólido apoyo de las Fuerzas Armadas es muy difícil que tentativas como estas tengan posibilidades».

Marcelo Aguilardesde San Pablo 
9 abril, 2021

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Viernes, 09 Abril 2021 06:25

La militarización del Estado

La militarización del Estado

Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones "sociales", como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue exportada desde Colombia a México, entre otros.

El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), de Brasil, acaba de publicar un expediente titulado Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza (https://www.andes.org.br).

El sindicato pertenece a la coordinación sindical Conlutas y el documento denuncia la militarización del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que los militares ocupan ocho de los 22 ministerios, además de áreas estratégicas y de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, donde controlan el directorio.

En Brasil hay 6 mil 157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento de 108 por ciento respecto de 2016, año en que fue ilegítimamente destituida la presidenta Dilma Rousseff.

Esos militares son comisionados a esos cargos o tienen contratos temporales, acumulando funciones en las más diversas áreas de la administración pública. Según el expediente, se trata de "la militarización del servicio público federal, de las estatales y de diversos órganos", entre los que merece especial destaque la "militarización de la salud, especialmente en la coyuntura de la pandemia".

En los principales escalones del sistema de salud han aterrizado cientos de militares que controlan todo, aunque están fracasando estrepitosamente en la atención a la pandemia, con hospitales y centros de tratamiento intensivo desbordados.

Días atrás saltó el escándalo de que 85 por ciento de las unidades de terapia intensiva de los hospitales militares están vacías, pero no permiten que las ocupen civiles, pese a que son mantenidos con dineros públicos (https://bit.ly/3sZSNlN).

Además, hay 99 militares en órganos federales responsables de la gestión del medio ambiente, como la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Según datos del instituto Transparencia Brasil, casi la mitad de esos militares son originarios del Ejército, seguidos de ex policías militares. Se trata de los dos sectores que se han destacado por el apoyo al presidente ultraderechista.

El sindicato de docentes menciona una escalada autoritaria que conduce a "una nueva fase de contrarreforma del Estado, militarizando el primer escalón de las empresas estatales, de los órganos estratégicos del gobierno en áreas de salud y socioambiental".

Sostiene que la escalada de militarización está centrada en el sistema educativo básico, con la creación de "escuelas cívico-militares", y en la educación superior, por la sistemática intervención en instituciones de enseñanza para vetar y controlar la elección de rectores y demás autoridades.

El gobierno se propone crear 216 escuelas primarias cívico-militares hasta el fin de este año, implementando "el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares" (p. 34).

Una breve incursión en la página del Ministerio de Educación dedicada las escuelas cívico-militares (http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/) es suficiente para hacerse una idea del alcance de la iniciativa.

La escalada autoritaria en la educación, está llegando al punto en el que el gobierno de Bolsonaro nombra rectores en las universidades impuestos desde arriba, sin consulta con la comunidad académica y en contra de sus propuestas. Se trata de un ataque a la autonomía universitaria y el "silenciamiento de voces disonantes" en instituciones que son "locus de producción del conocimiento crítico y creativo" (p. 30).

Estamos ante un cambio de época. La clase dominante ha blindado el Estado, empezando por sus instituciones armadas, con especial cuidado de los ejércitos que son la fuerza que mayor contacto puede tener con la población. Esto forma parte de una estrategia diseñada muy arriba, por las instituciones del imperio, que no puede admitir experiencias como las vividas por los ejércitos de Perú y Ecuador en los años 60 y en Venezuela ahora.

Proceden a la militarización de los servicios básicos como la salud y la educación, para evitar que esos espacios sean utilizados por fuerzas opositoras. En Brasil las instituciones indígenas, ambientales y de reforma agraria habían jugado un papel relativamente positivo, pero ahora están siendo férreamente controladas por los militares.

Un doble proceso en marcha: blindar el Estado y usarlo como martillo contra los disidentes. Quien de ahora en más aspire a ocupar cargos estatales debe saber para quiénes trabaja.

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Una misión de la ONU alerta sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales en Venezuela

10-03-21.-Una misión de la ONU, que denunció el año pasado crímenes de lesa humanidad en Venezuela, alertó este miércoles (10.03.2021) sobre nuevas "detenciones arbitrarias", ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia.


La "represión continúa (...) contra las personas percibidas como 'enemigos internos' u opositores al gobierno" de Nicolás Maduro, advirtió Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, quien presentó ante el consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano.

Asesinatos perpetrados por la policía y violencia sexual y de género


Asimismo, señaló "36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias".

Valiñas dijo además que su equipo investigará "denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas".

También señaló que han "identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año", la mayoría por la fuerza élite de la Policía Nacional Bolivariana, las FAES, que ya fue calificada como escuadrón de exterminio y se pidió su disolución. "También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales", agregó.

Periodistas "acosados"

Por otro lado, Valias denunció el duro trabajo de los periodistas en Venezuela, quienes "han sido acosados", suspendidos de sus trabajos y "sus oficinas allanadas y equipos confiscados".

"Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas", sentenció.

Esta misión de la ONU, constituida en 2019, determinó en septiembre pasado que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde 2014 en graves violaciones a los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad.

Por: Agencias | Miércoles, 10/03/2021 03:01 PM

*Con información de Afp y Efe

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Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA con EPN de 2012 al 2018 (Foto: FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, versiones extraoficiales señalan que los cargos en su contra son por narcotráfico en su modalidad de distribución

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el ex Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, refirió el canciller sobre quien estuviera al frente de la SEDENA con Enrique Peña Nieto.

La revista Proceso, Milenio y el periodista Víctor Hugo Michel confirmaron que Cienfuegos Zepeda está acusado de cargos por narcotráfico y el caso está radicado en Nueva York, pues en esta ciudad habría llegado la droga que el general en retiro colaboró para distribuir. El proceso radica en la misma Corte donde fue enjuiciado Joaquín el Chapo Guzmán y actualmente se desarrollan las acusaciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

El periodista Víctor Hugo Michel reportó que fue la Administración de Control de Drogas (DEA) quien ordenó la detención del ex funcionario. Aunque ninguna autoridad ha dado más detalles. . Se trata del primer funcionario de este rango que en la historia de México fue detenido en EEUU por cargos de narcotráfico.

En su cuenta de Twitter, Ebrard agregó que ofrecerá más información en las próximas horas sobre este hecho.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó el titular de la SRE.

“Si lo detuvieron por petición de la DEA es porque ya hay una acusación sólida sobre eso, hay que esperar porque sin duda tiene múltiples implicaciones”, dijo a Infobae México, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor y analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (Casede).

Aunque se trate de un ex secretario de la administración anterior, el analista aseguró que tiene varias repercusiones, la principal tiene que ver con el prestigio de las fuerzas armadas, “porque esto no sólo es un tema de Secretaría de Marina (Semar) o Sedena sino de las fuerzas armadas de México. En segundo plano, empodera al ala civil de la administración pública actual porque esta detención se da en una coyuntura donde se estaba disputando el papel de los militares en seguridad pública, evidentemente este es un golpe que mina la credibilidad institucional”.

Señaló que otra variable es cómo lo tomará el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la cercanía con las fuerzas armadas, “pero sin duda es un elemento que tienen múltiples repercusiones en la vida política nacional”.

Cabe destacar que la detención del ex secretario de la Defensa Nacional es sorpresiva, pues no se tenía conocimiento de investigaciones o delitos que le involucraran, aunque tendrá la asistencia consular correspondiente, de acuerdo con Ebrard.

Ante el arresto, algunos políticos se han apresurado a señalar el vínculo con Peña Nieto y posibles delitos, por ejemplo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Pero otros han apelado a la prudencia, pues se desconocen los cargos.

“Esta información nos agarró indudablemente de sorpresa a todos, nadie sabía nada de esto. Pero antes de apresurarnos a comentar más, debemos saber de qué tipo de delitos se le pueden imputar. Mientras tanto, yo quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, que son una institución muy respetable y reconocida”, dijo el senador Salomón Jara, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Raúl Benítez, analista en temas de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que primero la DEA tendría que aclarar oficialmente la razón de su detención y si ya tiene algún caso en su contra o su arresto es para iniciar una investigación en su contra.

“Todos los generales deben estar muy asustados sin saber cómo reaccionar y yo creo que les va a bajar el empoderamiento de imagen que tienen de ellos mismos”, aseguró el analista.

Sobre la posible reacción del presidente López Obrador, el analista señaló que es mejor que se abstenga de emitir algún comentario hasta que no se conozca a fondo cuáles son las acusaciones y aseguró que es el primer militar de este nivel que es arrestado en el país.

El diputado Felipe Macías Olvera, del PAN (Partido Acción Nacional), coincidió en lo sorpresivo de la noticia y dijo que es algo muy grave, pues se trata de quien fuera titular de una de las instituciones prestigiosas y respetadas.

“Al mismo tiempo, reconocemos la seriedad con que las autoridades de Estados Unidos trabajan, esperemos también a que se confirme que se trata de la DEA la que solicitó la captura”, añadió Macías Olvera quien pidió respeto al debido proceso y no hacer especulaciones por la presunción de inocencia.

Acerca de la asistencia consular, Macías Olvera precisó que no se trata de que las autoridades ayuden en la defensa de Cienfuegos Zepeda, sino que se trata de cosas como proporcionar intérpretes y facilitar la comunicación entre el detenido con su familia o las personas que considere cercanas.

Sobre si esta detención afectará la imagen de las Fuerzas Armadas, espera que no. “Creo que el prestigio va más allá de una sola persona, hoy por hoy la ciudadanía tiene plena confianza en la labor del Ejército, eso trasciende más que una persona”; finalizó.

Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo al frente de la SEDENA desde el 1 de diciembre de 2012 al 30 noviembre 2018. Ingresó al ejército el 23 de enero de 1964 y actualmente tiene 72 años, según su perfil oficial. Se graduó del Colegio Militar en 1967, a sus 19 de edad. Llegó al máximo grado en su carrera al obtener las cuatro estrellas de general Secretario de la Defensa Nacional.

Anunció su retiro de las fuerzas armadas durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la secretaria de la Defensa Nacional el primero de diciembre del 2018.

El 20 de septiembre del 2018 fue premiado en Washington por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry.

15 de Octubre de 2020

Por Manuel Gonzáles y Juliana Fregoso


Salvador Cienfuegos, el encubridor de crímenes de lesa humanidad

Rosalía Vergara 16 octubre, 2020

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda (2012-2018), jugó un papel importante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Con 72 años de edad, el extitular de la Sedena detenido hace unas horas en Estados Unidos, comenzó su carrera en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional y obtuvo el grado de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional y cursó estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Guerra.

Nació el 14 de junio de 1948 en la Ciudad de México e ingresó la Ejército el 23 de enero de 1964. Estuvo activo durante 54 años.

Fue oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante de la VII Región Militar en Chiapas, comandante de la I Región Militar en la Ciudad de México, comandante de la IX Región Militar en Guerrero, comandante de la V Región Militar en Jalisco, comandante de la 15/a Zona Militar en Jalisco, comandante de la 14/a Región de Infantería de Jalisco.

También fue subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, como director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar y jefe de la Sección Pedagógica del Heroico Colegio Militar.

Obtuvo Condecoraciones de Perseverancia institucional, extraordinaria, especial, de primera hasta quinta Clase, de Perseverancia por la patria, al Mérito facultativo de primera y segunda Clase, al Mérito Docente y Legión de Honor.

El 20 de septiembre del 2018, en el ocaso de su mandato y en medio de escándalos y acusaciones de flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, Cienfuegos Zepeda, como titular de la Sedena, recibió en Washington un premio por su “liderazgo en la defensa hemisférica”.

Otorgada por el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica William J. Perry por su contribución a la seguridad estratégica del continente, la presea le fue entregada por Sergio de la Peña, subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los escándalos de Cienfuegos

La madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares del 102 Batallón de Infantería, a bordo de un vehículo oficial, circulaban por la carretera Dederal número 2. Habían sido incorporados por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto, al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir al narcotráfico.

Esa noche se detuvieron en una bodega en obra negra, sin puertas, en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Se registró un enfrentamiento entre militares y personas armadas que, según versiones, se rindieron.

Sin embargo, casi al amanecer, más militares llegaron al lugar, obligaron a los detenidos a hincarse, decir su apodo, edad y ocupación antes de ejecutarlos. Se contaron 22 cuerpos, según versiones de testigos de los hechos.

Cienfuegos Zepeda trató de ocultar un crimen de lesa humanidad, pero las presiones del gobierno de Estados Unidos lo orillaron a admitir que los militares a su cargo cometieron graves actos contra el derecho humano internacional.

Desde el teniente encargado hasta Cienfuegos Zepeda ocultaron las ejecuciones extrajudiciales, y aunque después aceptó que los militares cometieron exesos, no quiso investigar ni castigar a los responsables, solo removió al comandante del Batallón, el coronel Raúl Castro Aparicio, y le quitó mando operativo al comandante de la 22 Zona Militar, el general de brigada José Luis Sánchez León.

En cuanto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aunque no existe aun evidencia clara sobre la participación de miembros del Ejército durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando policías municipales desaparecieron a los estudiantes, Cienfuegos Zepeda hizo una defensa intensa del 27 Batallón de Infantería destacado en Iguala, pues no estuvo de acuerdo en que fueran interrogados como recomendó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en 2015.

“No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber? ¿Qué saben mis soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, alegó entonces.

(Con información de Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel)

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Tensión en Haití por un enfrentamiento entre policías y militares que dejó al menos dos muertos

Un grupo de oficiales ataca un cuartel en exigencia de mejores condiciones laborales y las autoridades hablan de “una situación de guerra

La tensión vuelve a reinar en Haití tras un enfrentamiento el domingo entre policías y militares después de que un grupo de oficiales de la policía local intentara asaltar un cuartel del Ejército en el centro de Puerto Príncipe, cerca del Palacio de la Presidencia, en demanda de mejoras laborales. El tiroteo entre las dos fuerzas de seguridad ha dejado al menos dos muertos y una docena de heridos. La tensión se mantiene el lunes en la capital, con barricadas levantadas en las principales arterias y la actividad comercial paralizada, por lo que el Gobierno calificó los hechos como “una situación de guerra” y decidió suspender el carnaval local, cuyo inicio estaba previsto para el martes, “para evitar un baño de sangre”. El Ejecutivo que encabeza el polémico presidente Jovenel Moïse acusó a los oficiales rebeldes de rechazar el diálogo para encontrar una solución a la crisis.

“Estamos bajo asalto. Estamos bajo fuego de todo tipo de armas, rifles automáticos, cócteles molotov, gases lacrimógenos. Debido a que somos atacados, ha habido respuesta”, justificó Jodel Lessage, general de las Fuerzas Armadas, en declaraciones difundidas por France Presse. El cuartel atacado está cerca de la céntrica Place du Champs de Mars, localizada a pocos metros del Palacio Nacional. “A pesar de los ataques, las autoridades militares mantuvieron una postura defensiva para evitar un baño de sangre”, agregó el Ministerio de Defensa en un comunicado. La tarde del domingo también fue atacada la sede de Radio Television Caraibes, en lo que el Ejecutivo ha tildado de ataques “contrarios a los ideales democráticos”.

Los policías han encabezado varias protestas desde inicio del año en exigencia de mejoras laborales y la creación de un sindicato para garantizar sus derechos frente a la jerarquía policial. Hasta ahora el Gobierno no ha hecho caso a estas demandas, lo que ha llevado a los oficiales a tomar medidas drásticas, como quemar los escenarios en los que se realizaría el carnaval. El sábado Moïse anunció una serie de medidas para evitar una escalada de la crisis, que incluían nuevos beneficios como préstamos hipotecarios a tasas bajas, seguros de vida y la creación de un fondo para beneficiar a las familias de policías muertos en el ejercicio de sus funciones, informó la prensa local. Los policías, sin embargo, consideraron estas medidas insuficientes y convocaron a una protesta que terminó el domingo con el ataque al cuartel del Ejército.

El Gobierno de Moïse estalló en cólera. “¿Por qué rechazar el diálogo y la mano tendida para resolver los problemas difíciles que enfrenta la patria, preferir el camino de la anarquía y ofrecer a la población más dolor y lágrimas que tal situación no dejará de causar?”, afirmó en un comunicado difundido por EFE. La Policía de Haití cuenta con al menos 15.000 oficiales, frente a los 500 soldados del Ejército formado en 2017, después de que el expresidente Jean-Bertrand Aristide decidiera disolver las Fuerzas Armadas en 1995, aduciendo que estas organizaban golpes de Estado, controlaban el 40% del miserable presupuesto del país y violentaban los derechos humanos.

Haití es un país en perpetua crisis. Desde el terremoto que devastó a la nación caribeña hace 10 años y dejó 300.000 muertos, la economía del país es de miseria, con 3,6 millones de personas de sus 11.000.000 de habitantes viviendo en situación de emergencia alimentaria, ha afirmado a EFE Dominique Burgeon, director de Emergencia y Resiliencia de la FAO. "Esto significa que el 40% de los haitianos necesitarán asistencia", ha dicho. A esto se unen tragedias como el incendio ocurrido el pasado 14 de febrero en un orfanato en Kenscoff, al sur de la capital, que dejó 15 niños muertos. El año pasado estallaron nuevas propuestas contra el Gobierno, que fue señalado de corrupción. Los haitianos han demostrado su hartazgo ante la incapacidad de su mandatario de atajar la fuerte crisis económica, crear empleos y mejores condiciones de vida. Las protestas, reprimidas con violencia, dejaron al menos 77 muertos y decenas de heridos, según estadísticas de Naciones Unidas. Acorralado por el descontento social, el mandatario ha sido incapaz de nombrar un primer ministro y las elecciones legislativas previstas para octubre no se han podido celebrar debido a la inestabilidad política. La semana pasada la ONU instó al Gobierno y la oposición a resolver este callejón sin aparente salida y evitar un mayor deterioro político en el país caribeño.

México 24 FEB 2020 - 22:05 COT

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El sepelio de Edison Lexander Lezcano, primer cuerpo identificado por la Justicia Especial para la Paz, en Dabeiba. JEP

Los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales comparecen ante la justicia transicional, que avanza en la prospección de una nueva fosa común

Colombia, donde la guerra ha dejado hasta 200.000 desaparecidos, se asoma a una verdad tan dolorosa como reparadora. A lo largo de esta semana, el tribunal de justicia transicional surgido de los acuerdos de paz volvió a escudriñar fosas comunes en el cementerio católico de Dabeiba, un paraje montañoso en el noroeste del país, a unas cuatro horas de Medellín, donde ya ha recuperado más de medio centenar de cuerpos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que los militares presentaron como bajas en combate para mostrar resultados.

Las ramificaciones de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen miles de asesinatos perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe (de 2002 a 2010), siguen siendo una fuente permanente de conmoción en una sociedad que, sin esquivar la verdad, busca pasar la página de la violencia. Los últimos días no son una excepción. La semana anterior, en medio de enormes expectativas, el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército en algunos de los años en que más casos se presentaron, compareció ante este tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz, en una audiencia a puerta cerrada. Las víctimas sintieron esas jornadas como una nueva afrenta, pues en sus respuestas el militar diluyó la responsabilidad de la cadena de mando, según las transcripciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Incluso han pedido que lo excluyan de la jurisdicción.

Montoya rechazó asumir responsabilidades y no mostró arrepentimiento, lo que es la primera condición del tribunal de paz colombiano para evitar penas alternativas a la cárcel. Dijo que no hay pruebas que lo vinculen con falsos positivos y atribuyó a la escasa formación e incluso a la clase social de los soldados el origen de este fenómeno. "Los muchachos que van al Ejército son de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos", señaló en referencia a la repartición de las clases sociales por estratos.

A pesar de todo, las indagaciones avanzan. Desde que le asignaron el caso 03, el que aborda las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, el magistrado Alejando Ramelli ha entrevistado a más de 200 militares. Las versiones voluntarias aportadas por algunos involucrados han detallado las presiones por obtener resultados a cambio de recompensas. Esta semana también se conoció un video en el que un coronel –Álvaro Amórtegui– denuncia irregularidades en la inteligencia militar y asegura que Montoya pedía ejecuciones para exhibir un mayor número de bajas.

A la investigación de este caso se sumó en los últimos días la sorpresa por el relevo de Claudia García, la directora del Instituto de Medicina Legal que coordina las exhumaciones. En una de sus primeras decisiones, el nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, destituyó sin mayores explicaciones a García, quien llevaba 24 años en la entidad. Ella fue la funcionaria que sacudió al país al elevar hasta 200.000 el cálculo del número de cuerpos sin exhumar e identificar.

Las montañas y selvas de Colombia están llenas de cadáveres de víctimas enterradas sin sus nombres. Las dimensiones del fenómeno son estremecedoras. Hay por lo menos 2.248 casos de falsos positivos, de acuerdo con los informes de la fiscalía, pero representan un porcentaje pequeño del universo de desapariciones forzadas. Hay otros 18 sitios a lo largo y ancho de Colombia donde el tribunal de paz presume que se encuentran personas dadas por desaparecidas, víctimas de los diferentes actores armados, bien sea agentes del Estado, guerrillas o paramilitares. Solo en la zona rural de Dabeiba ya ha identificado cinco puntos donde habría víctimas de las FARC. El caso de los falsos positivos y otro por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son los dos frentes en los que se esperan mayores avances en un año decisivo para la justicia transicional.

Cuerpos recuperados

Entre los hallazgos dados a conocer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esta semana sobresalen los cuerpos de una familia con prendas militares, varias mujeres, dos niños, cadáveres con botas de caucho y cráneos donde se encuentran las ojivas de heridas causadas por armas de fuego. Esos indicios se suman a los testimonios de comparecientes y testigos que llevaron a los investigadores a ese municipio de unos 20.000 habitantes en el departamento de Antioquia, uno de los escenarios del más avanzado de los siete macrocasos, o grandes procesos, que ha abierto la JEP.

El operativo no tiene precedentes. En su segunda visita de inspección y exhumación, la JEP recuperó 37 cuerpos de víctimas de ‘falsos positivos’, como se conoce en Colombia el asesinato de civiles inocentes por miembros de las fuerzas militares. Guiados por varios testimonios, los antropólogos, forenses y funcionarios se concentraron en las 16 fosas donde encontraron los cuerpos. El pasado diciembre, cuando se conoció el hallazgo, la JEP, en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el Instituto de Medicina Legal, ya había recuperado otros 17 cuerpos, para un total de 54.

La labor del tribunal de paz aún no ha concluido en Dabeiba, y más adelante habrá nuevas jornadas. Entre los hitos de esta semana también está la entrega a sus familiares, en el parque principal del municipio, del primer cuerpo identificado, el de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un joven agricultor de 23 años, padre de tres hijos, desaparecido hace 18 años.

Su padre, Gustavo de Jesús Lezcano, denunció en 2002 que había sido raptado y asesinado por militares. Después de una emotiva misa y un sepelio, sus restos, encontrados en diciembre en una fosa junto a otro cuerpo vestido de camuflado, ambos con disparos en la cabeza, reposan por fin en una bóveda con su nombre.

"SIN ACUERDO DE PAZ, ESTOS CASOS QUEDARÍAN EN LA IMPUNIDAD"

Alejandro Ramelli es el magistrado que instruye el caso sobre falsos positivos en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional que esta semana entregó a sus familiares uno de los cuerpos hallados en el cementerio de Dabeiba e identificado como víctima de ejecución extrajudicial de militares.

“Se hizo en un tiempo muy breve”, destaca Ramelli al explicar que no se trata solo de entregar el cuerpo, también de realizar una investigación criminal. “Este es un caso emblemático que nunca se hubiera sabido. Sin acuerdo de paz, sin JEP, sencillamente nunca se hubiera conocido, seguramente esto habría quedado en la impunidad completa porque la justicia ordinaria no había hecho nada”, explica este doctor en derecho por la Universidad de Salamanca sobre un expediente que se encontraba archivado desde el año 2003.

“Tenemos fuertes esperanzas para que el resto sean plenamente identificados”, apunta sin desconocer las complejidades técnicas, como por ejemplo que algunos cadáveres están tan descompuestos que es difícil extraerles las muestras de ADN, o la necesidad de tener a mano las muestras de los familiares de desaparecidos.

Son resultados notables con un enorme peso simbólico. Con un amplio respaldo de la comunidad internacional, el tribunal avanza a pesar formidables obstáculos en un país que se propone reparar a más de ocho millones de víctimas de un conflicto de más de medio siglo que involucró a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también ha llamado la atención sobre este fenómeno, uno de los mayores escándalos de las Fuerzas Armadas en décadas de campaña contrainsurgente.

Bogotá 22 FEB 2020 - 22:06 COT

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Venezuela se muestra preparada ante posibles amenazas

En todo el país se realizaron ejercicios militares que fueron televisados

Pudo verse el despliegue de soldados, del sistema antiaéreo, el disparo de misiles desde buques de guerra, así como una operación para establecer centros de resistencias en Caracas en una hipótesis de ataque.

Los militares se desplegaron en Venezuela. No solamente en Caracas, donde pudieron verse armamento, soldados y milicianos, sino en todo el país. Cada uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue activado: la Guardia Nacional Boliviana, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, y la Milicia Bolivariana.

Se trató del ejercicio Escudo Bolivariano 2020 con la activación de 2.300.000 combatientes, anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes. La última operación de características similares había tenido lugar en el mes de septiembre, centrada en las zonas de fronteras, bajo el nombre de ejercicios Soberanía y Paz.

“El comando estratégico operacional de la FANB, las ocho regiones estratégicas de defensa integral, las veinte ocho zonas operativas de defensa integral, las noventa y nueve áreas de defensa integral, los agrupamientos y las bases populares de defensa integral, y las unidades populares de defensa integral, están todos desplegados en el territorio nacional”, afirmó el comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos.

Los ejercicios fueron televisados y mostraron cómo sería un despliegue militar ante un escenario de agresión. Así pudo verse el despliegue de soldados, del sistema antiaéreo, el disparo de misiles desde buques de guerra, así como una operación para establecer centros de resistencias en Caracas en una hipótesis de ataque de bombardeo y tropas.

Uno de los elementos significativos dentro del Escudo Bolivariano fue la activación de la Milicia. El General en Jefe, Vladimir Padrino López, resaltó la importancia de ese componente: “la incorporación de la Milicia como componente especial de la FANB otorga un valor agregado a la defensa de la Nación (…) ellos son combatientes regulares, no son civiles armados”.

La Milicia Bolivariana ha sido objeto de diferentes ataques por parte de la oposición venezolana, quien ha oscilado entre ridiculizar a quienes forman parte de la Milicia y, por el otro lado, mostrar su preocupación por el incremento del número y formación de milicianos y milicianas.

Se trata de uno de los rasgos más distintivos del proceso político venezolano, que permite e incentiva la participación de la población en el proceso de defensa de la Nación bajo el artículo 130 de la Constitución. La Milicia integra en su mayoría a hombres y mujeres de los sectores populares, barriadas, zonas rurales, trabajadores, identificados con el chavismo y la necesidad de prepararse ante las amenazas actuales.

Esas amenazas están en un momento determinante en Venezuela luego de la gira que Estados Unidos le creó a Juan Guaidó, con las escenas centrales de su presencia en el discurso del estado de la unión, así como la reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump.

No se trata únicamente de fotografías: un sector de la derecha venezolana pide de manera abierta que sean ejecutadas acciones de fuerza contra el gobierno venezolano. El trabajo de esa ala opositora es lograr esa operación a través del lobby que vienen realizando en Estados Unidos donde un sector del partido republicano y del Estado profundo trabaja sobre esa línea.

En ese marco el Escudo Bolivariano 2020 fue una acción de demostración de fuerzas, de apresto militar, y de disuasión tanto hacia Estados Unidos como hacia países vecinos, en particular Colombia y Brasil, con los cuales han existido escenarios de fuerte tensión.

No se trata de la única acción de defensa desarrollada por el gobierno, en particular dentro de las hipótesis de conflicto donde la de una acción militar regular parece la menos probable. El cuadro de posibilidades sugiere que las operaciones posibles se centran en maniobras vía paramilitares, mercenarios, con intentos de disparos quirúrgicos -como asesinatos o extracciones- o atentados que busquen conmociones sociales.

El ejercicio fue también una nueva reafirmación del mando de Nicolás Maduro y de la ficción de la presidencia de Juan Guaidó que, luego de su regreso, no ha dado anuncios concretos ni contundentes.

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