Lunes, 06 Abril 2020 06:18

Pandemia neoliberal

Camiones de refrigeración que se utilizan como depósito temporal de cadáveres quedaron estacionados ayer afuera del hospital Bellevue, en Nueva York.Foto Afp

Ya sabemos que no tenía que ser así, que este desastre no tenía que tener estas dimensiones, que la ciudad de todos en el mundo, Nueva York, no tenía que estar sobre las rodillas gravemente herida, con lágrimas y llanto en sus más de 200 idiomas, que todo Estados Unidos no tenía que estar bajo sitio, con los más pobres y desprotegidos sufriendo las peores consecuencias, como siempre. No tenía que ser así.

Trump "tiene sangre en sus manos", concluyó el Boston Globe en su editorial la semana pasada, argumentando –al igual que un coro cada vez más amplio de expertos, investigadores, doctores y líderes sociales– que gran parte del impacto de la pandemia en este país "era prevenible" y que vale recordar que "el alcance del virus aquí no es atribuible a un acto de Dios o una invasión extranjera, sino un fracaso colosal de liderazgo". (https://www.bostonglobe.com/2020/ 03/30/opinion/president-unfit-pandemic/).

Pero la culpa no es sólo de Trump. Se sabía en lo más alto desde hace años que este y otros países estaban en riesgo de exactamente algo así (las agencias de salud pública desde la previa amenaza de un coronavirus en 2004, el Pentágono había pronosticado precisamente algo así desde 2017, entre otras) y no se hizo lo necesario. El fracaso es bipartidista; no son sólo los Reagan y los Bush, sino los Clinton y los Obama quienes prepararon el camino para llegar a esto hoy día.

Y aunque se contaba desde hace años con el conocimiento y los pronósticos científicos sobre lo que ahora está sucediendo, "la patología del orden socioeconómico contemporáneo" impidió que se hiciera algo, por la sencilla razón de que "no hay ganancias en prevenir una catástrofe en el futuro", comentó Noam Chomsky hace unos días. En entrevista con Truthout subrayó que para superar esta crisis primero se tiene que entender que "Trump llegó al poder en una sociedad enferma, afligida por 40 años de neoliberalismo", el cual incluye un sistema de salud privatizado.

Ahora todos estamos amenazados, con amigos y familiares enfermos o que han fallecido, con colegas en el sector de salud agotados y devastados por lo que están viviendo bajo condiciones injustificables en el país más rico del mundo, resultado del desmantelamiento del sistema de salud y su subordinación al libre mercado. Ni hablar de la clausura de la economía más grande del mundo con millones de desempleados y la anulación de la vida cotidiana, incluyendo escuelas y centros de trabajo, toda la cultura y el deporte. Y no tenía que ser así.

Con las consecuencias del Covid-19 queda claro que lo que existe no es sustentable, casi de la misma manera en que con el cambio climático. Guste o no, como resultado de esta pandemia empezó un cambio, tal vez estructural. Qué tipo de cambio será depende, como siempre, de una lucha entre los que desean "regresar" a otra versión de más de lo mismo y los que argumentan que ya no se debe restablecer lo que antes se definía como "normal", porque ese "normal" era justo el problema.

Es un virus, pero al mismo tiempo es una enfermedad que podría llamarse la pandemia neoliberal. Además de su feroz y temible expresión física de salud, tal vez esta crisis social, económica y política también está produciendo los anticuerpos requeridos para salvarnos de la infección neoliberal.

“Los habitantes, finalmente liberados, nunca olvidarán el periodo difícil que los hizo enfrentar lo absurdo de su existencia y la precariedad de la condición humana… Lo que es verdad de todos los males del mundo es también verdad de la peste. Ayuda a los hombres elevarse sobre sí mismos”, escribió Albert Camus. En su obra La peste, el protagonista, el Dr. Rieux, comenta que "podría parecer una idea ridícula, pero la única manera de luchar contra la peste es con la decencia".

Es un virus, pero al mismo tiempo, es una pandemia neoliberal. Además de su expresión como tragedia de salud, tal vez la crisis social, económica y política que está desatando producirá los anticuerpos requeridos para poder hacer lo más decente: salvarnos a todos de la infección neoliberal.

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Netanyahu negó que sus advertencias sobre colapso en el sector salud busquen apanicar a la gente en Israel para retener su cartera de primer ministro.Foto Ap

En un abordaje multidimensional/plural/dialéctico, impactaron dos declaraciones incendiarias del primer ministro israelí Bibi Netanyahu –con cargos criminales a cuestas(https://bit.ly/34f9wpU)–, debido a sus estrechos lazos con el eje Trump/Kissinger/Jared Kushner, además de sorprendentes juegos de poder en Israel, que en su conjunto reflejan la dinámica de los "nuevos órdenes" locales/regionales/global.

Dejo para otra ocasión el artículo de Kissinger al WSJ –dislocado, a mi juicio– sobre el nuevo orden mundial post-Covid-19 (https://on.wsj.com/2wTuRZO).

Algo muy fuerte debió haber ocurrido tras bambalinas para que el general y ex jefe del Estado mayor, Benny Gantz (BG), seleccionado por el presidente Reuven Rivlin para formar el nuevo gabinete, haya preferido presidir el Congreso. Quienes conocemos el Medio-Oriente, a sus países y actores, entendemos que no es común que un general, de la talla de BG, haya sucumbido a muy fuertes presiones del eje Trump/Kissinger/Jared Kushner cuando Israel y su complejo militar industrial son tan dependientes de la ayuda de EU.

El mismo eje "nacionalista" Trump/Kissinger/Jared Kushner, en franca confrontación con los banqueros globalistas Rothschild y George Soros, fustigan a los respectivos “ Deep State” de EU e Israel.

El hijo de Trump ha comentado que “solamente un ‘loco (sic)’ niega al “ Deep State” (https://bit.ly/3aLjUb4)”.

Netanyahu –cuyo hijo expuso el control globalista de George Soros(https://bit.ly/39KdS9B)–, comentó a puerta cerrada que en Israel "no existe democracia" ya que está controlado por el “ DeepState”: un "gobierno de burócratas y juristas", según el rotativo opositor Haaretz, muy cercano a Soros, que se burla de sus “teorías conspirativas (https://bit.ly/39Cbemc)”.

Días antes de su espectacular arreglo con BG, Netanyahu lo instó a "salvar a Israel" conforme los "países se hunden como Titanics".

Esta declaración no es menor, debido a los lazos estrechos de Netanyahu con el eje Trump/Kissinger/Jared Kushner y, también, debido a la omnipresencia de sus servicios secretos en varias naciones de Latinoamérica y Europa, en estrecha alianza con su diáspora que lo mantiene muy bien informado.

Netanyahu advirtió que "los sistemas de salud de los países en el mundo (sic) enfrentan un inminente colapso (sic)" cuando planea la "mayor amenaza a la humanidad desde la Edad Media (sic)".

Su rival, líder de la oposición, BG del partido "Azul y Blanco" finalmente sí escuchó la imploración de Netanyahu para formar un "gobierno de unidad de emergencia".

En su entrevista al Canal 12, Netanyahu emitió "una serie de predicciones terribles sobre el posible (sic) impacto global del virus", cuya precisión no puede ser definitivamente determinada en esta fase, pero negó que estaba intentando apanicar al público israelí para retener su cartera de primer ministro, según The Times of Israel (https://bit.ly/34bcpYx).

A diferencia de los diletantes funcionarios de otros países que tardaron "en cerrar sus fronteras", Netanyahu considera que "Israel, que cerró sus fronteras, se encuentra en una mucho mejor situación".

Juzga que "nadie sabe" –y nadie es nadie– los alcances devastadores del virus y aceptó que "como van las cosas, estamos destruyendo la economía", por lo que su "objetivo es realizar el máximo número de pruebas, para establecer que las personas que desarrollen anticuerpos para resistir el virus sean liberadas del aislamiento".

Cuando fue cuestionado de exagerar el peligro para permanecer en el poder, Netanyahu adujo que estaba “navegando entre icebergs” y que “detrás de él, habían otros países hundiéndose como Titanics”. !Qué fuerte!

Llama profunda y perturbadoramente la atención que hable del hundimiento de muchos países como Titanics con sus alcances simbólicos y metafóricos, naciones indestructibles en el papel y que acabaron por desaparecer, lo cual converge con la afirmación del ideólogo ruso Alexander Dugin, muy cercano al zar Vlady Putin y a los militares, quien advirtió sobre la extinción de muchos países (https://bit.ly/39GcdSs). ¿Será?

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El irresistible retorno de los militares en América Latina

En América Latina sonó la hora de las Fuerzas Armadas. En todos los países han recuperado protagonismo en ancas de la pandemia de coronavirus, acelerando una tendencia que se venía perfilando en los últimos años, con seguridad desde la crisis financiera de 2008.

Una tendencia que ahora se agudiza con el anuncio de Donald Trump de lanzar una vasta "operación de gran alcance contra el narcotráfico en el hemisferio occidental con el despliegue en el mar Caribe y el Pacífico sur de refuerzos militares de la armada y la fuerza aérea"

La excusa de la Casa Blanca es que los cárteles de la droga pueden aprovechar la situación para avanzar en su negocio, por lo que dispuso la movilización del Comando Sur, con sus 22 países aliados, y de la Guardia Costera para detener cargamentos ilegales. Sin embargo, también movilizó sus enormes buques-hospitales para atender la epidemia en Nueva York y Los Ángeles.

No estamos ante una tendencia que pueda reducirse a los objetivos estratégicos del Pentágono, ya que involucra a todos los gobiernos, a la oposición de izquierda o de derecha e, inclusive, abarca a sectores amplios de la población que sienten que los uniformados pueden aportarle la seguridad que la pandemia pone en riesgo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, militante de izquierda (Frente Amplio), reclama la presencia de las Fuerzas Armadas para asegurar la "distancia social" en supermercados y bancos, ya que se han producido algunas aglomeraciones en esos establecimientos.

En Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia se ha cobrado cientos de víctimas, se militarizó la ciudad para intentar recomponer una situación caótica, en la que todas las mañanas aparecen cadáveres abandonados en las calles y las morgues y cementerios están colapsados.

El clima de caos crece sin cesar, aunque en ninguna ciudad llega al extremo de Guayaquil. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, se pueden ver trapos rojos en las ventanas que representan pedidos de auxilio ya que la familia que la habita, no necesariamente pobre, no tiene recursos para enfrentar la situación.

Sucede que el coronavirus está llegando a una región donde más de la mitad de la población, o sea más de 300 millones, viven en la informalidad: venden en mercados y calles, recogen basura, escombros y cartón para revender, ofrecen servicios del más diverso tipo, desde reparto a domicilio hasta traslado de personas y mercancías. Esos millones no pueden estar ni una semana sin trabajar, ya que no tienen ahorros, viven en casas precarias y, por supuesto, no cuentan con seguridad social.

En contra de la voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno de Brasil se vio obligado a conceder un subsidio mensual de 120 dólares a 30,6 millones de trabajadores informales, durante tres meses, ya que no perciben ningún ingreso. Aunque Brasil luce como potencia emergente, hay tantos trabajadores formales como informales, algo que sucede en todos los países de la región.

 

La presencia militar llegó incluso a un país como Argentina, donde los uniformados tienen un muy bajo prestigio social luego de la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). En las villas miseria del conurbano de Buenos Aires, se registraron días atrás escenas de aplausos masivos cuando llegan los camiones militares cargados de alimentos para los más pobres.

En Brasil se hablaba abiertamente de golpe de Estado para apartar a Bolsonaro, porque rechaza la cuarentena y mantiene una política errática y desafiante. El 30 de marzo, los comandantes de las FFAA decidieron que el general del Ejército

Braga Netto, que había sido nombrado por Bolsonaro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), se haga cargo de coordinar el Gobierno de Bolsonaro con una nueva función, la de "Jefe de Estado Mayor de Planalto", y lo denominan como un "presidente operacional", que tomará las principales decisiones y que puede, incluso, contrariar las declaraciones de Bolsonaro. En otros tiempos, se hablaría claramente de golpe de Estado.

¿Por qué los militares están ocupando un lugar tan destacado en la política latinoamericana?

Creo que hay que observarlo desde diferentes ángulos.

En primer lugar, para las élites económicas y políticas el mayor temor en una coyuntura como la actual es la posibilidad de un enorme estallido social si llegaran a desbordarse hospitales y hubiera una gran mortandad por la pandemia. Esto es posible por la acumulación de pobreza, precariedad del sistema sanitario y una tradición de luchas sociales muy importante en el continente.

Téngase en cuenta que en 2019 hubo estallidos sociales en Haití, Chile, Ecuador y Colombia, concentrados en el último trimestre, además de gigantescas protestas sociales protagonizadas por las mujeres contra los feminicidios y por el derecho al aborto, a las que deben sumarse demandas de casi todos los sectores, en particular contra la minería, las políticas neoliberales y las condiciones de vida.

En suma, un estallido en medio de una pandemia no sería nada extraño, ya que el clima social de revuelta esta muy presente en la región. Por eso, los militares cada vez juegan un papel más importante como guardianes de la estabilidad social.

En segundo lugar, un sector las clases medias de la región viven una situación de gran precariedad, con el enorme temor de caer en situación de pobreza o de perder parte de su estilo de vida. Esto ya lo vivieron las extensas clases medias argentinas en la crisis de 2001 y las brasileñas en 2013, aunque unas y otras se expresaron políticamente en sentido opuestos.

En tercer lugar, para una parte de los sectores populares los militares pueden ayudarles a paliar los problemas de sobrevivencia más aguda, o bien son referentes de orden como sucede en Brasil, Colombia y Venezuela, en todos los casos con opciones políticas divergentes.

En síntesis, las FFAA están siendo visualizadas, por las élites económicas y amplios sectores de las clases medias y de la población más pobre, como un principio de orden. En una situación compleja, eligieron la seguridad antes que la libertad, como venían haciendo en las últimas décadas de forma menos evidente.

19:44 GMT 03.04.2020

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Sábado, 04 Abril 2020 06:04

Perú legaliza la impunidad

Perú legaliza la impunidad

Policías y militares eximidos de toda responsabilidad si abren fuego contra civiles

 

En medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus se metió el viejo virus de la mano dura y del autoritarismo. Hace unos días, con el país militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías suspendidas por el estado de emergencia, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergenci y, exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población “en cumplimiento de sus funciones". Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a alguien, y no se exige que haya proporcionalidad en su respuesta. Es decir, quedan en libertad de disparar contra una persona desarmada. 

Esta ley fue promulgada por el nuevo Congreso unicameral, que entró en funciones hace unos días. Un mal, y preocupante, debut. Desde el gobierno han optado por minimizar la gravedad y los riesgos de esta ley. En cambio, han redoblado su respaldo a las fuerzas armadas y a la policía, ahora empoderadas por el discurso oficial en medio del estado de excepción y el temor por el Covid-19. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigen su derogatoria.

El origen de la ley de gatillo fácil viene del anterior Congreso, disuelto constitucionalmente en septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra. Era un cuerpo dominado por la extrema derecha fujimorista y sus aliados, que la aprobaron con el clásico discurso de la mano dura contra la delincuencia y pensando también en proteger la represión contra las protestas sociales. El Ejecutivo no promulgó la ley en ese momento, pero tampoco la había observado cuando el Congreso fue cerrado. El asunto quedó en el limbo. 

El nuevo Parlamento, donde ya no domina el fujimorismo, pero otros partidos de derecha son mayoría y el presidente Vizcarra no tiene bancada porque no tiene partido propio, decidió estrenarse promulgando esta ley. El argumento fue que al no haber sido observada por el Ejecutivo, el Congreso quedaba habilitado para ponerla en vigencia. Así lo hizo, para escándalo y preocupación de muchos.

El presidente peruano hace presentaciones televisadas diarias  junto a sus ministros en las que responde preguntas enviadas por internet. Un pregunta fue sobre esta ley y sus consecuencias de impunidad en violaciones a los derechos humanos. Vizcarra evadió el asunto y pasó la palabra a su primer ministro y a su ministro de Justicia. Ambos coincidieron en hacer algunos “cuestionamientos técnicos” a la ley en poner el énfasis en respaldar a las fuerzas de seguridad. “Existe un respeto irrestricto de las fuerzas armadas y la policía a los derechos fundamentales”, dijo el titular de Justicia, Fernando Castañeda, tratando de sonar convincente. Palabras que los hechos de la historia reciente no respaldan. Todo lo contrario.

Las fuerzas armadas han tomado las calles junto a la policía para vigilar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, que se inició el 16 de marzo y debe concluir el 12 de abril, y del toque de queda, que ahora va de seis de la tarde a cinco de la mañana. En veinte días de cuarentena hay más de 40 mil detenidos por violar la restricción de salir. Hasta ahora no ha ocurrido ningún caso de algún herido o fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad. Lo que sí ha habido son denuncias de abusos a detenidos.

Un caso de abuso especialmente notorio ha sido el de un capitán del ejército que golpeó repetidamente en el rostro a un muchacho que fue detenido en la calle, mientras lo insultaba y amenazaba a gritos. La agresión se conoció por la difusión de un video. El gobierno reaccionó separando del patrullaje al oficial. Pero días después, en declaraciones a un medio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, salió en apoyo del capitán, justificó el abuso cometido y anunció que el oficial sería repuesto para volver a las calles. En el gobierno hubo silencio. Las fuerzas armadas han difundido un amenazante video en el que recuerdan que están autorizadas a usar sus armas.

Esta ley que abre las puertas para los abusos y la impunidad se ha metido cuando toda la atención y el temor están puestos en el avance del coronavirus. Los contagios llegan a 1595 y las muertes a 61. La curva se acelera hacia arriba. En los últimos tres días los nuevos casos sumaron 530. El presidente Vizcarra ha admitido que hasta ahora la cuarentena no ha dado los resultados esperados, pero ha asegurado que sin ella la situación sería mucho peor. Los expertos coinciden con eso. Frente a esta situación, el gobierno ha reforzado las restricciones y ha anunciado que se endurecerán las acciones para hacerlas cumplir. 

Desde ayer se ha separado por género las salidas permitidas para comprar alimentos, medicinas o ir al banco: los hombres lo pueden hacer los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado. Los domingos no sale nadie. Todos los que salgan ahora están obligados a usar mascarillas para cubrirse la boca y nariz. Con estas nuevas medidas se espera bajar el crecimiento de los contagios, que si continúa al ritmo actual en unos diez días podría rebasarse la capacidad del precario sistema de salud.

Siempre ha habido sectores que apuestan por la represión como solución a todo. Pero con el miedo por el Covid-19 encima, los aplausos -y también los silencios- suicidas por esta ley de gatillo fácil se sienten con más fuerza que en otras circunstancias. El presidente Vizcarra ha dejado peligrosamente abierta la puerta a la posibilidad de que las fuerzas armadas sigan en las calles después que se levante la cuarentena por el coronavirus. 

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Al borde del desastre. Venezuela entre el conflicto político y la crisis del sistema de salud.

El sistema de salud venezolano llega a la coyuntura actual en una situación dramática. Mientras, el régimen y la oposición dejan escapar otra oportunidad para lograr una tregua y Estados Unidos recrudece sus ataques.

Desde Caracas.El coronavirus estuvo a punto de lograr lo impensable: un acuerdo entre la oposición y el gobierno venezolanos. En pleno escándalo mundial por la pandemia, Henrique Capriles, excandidato presidencial, abrió, el 25 de marzo, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre oposición y gobierno para enfrentar la situación. Esa misma noche hubo dos reacciones casi paralelas. Nicolás Maduro aceptó: “Estoy de acuerdo con el planteamiento de Capriles”. Y entonces pidió al nuncio apostólico que sirviera de mediador y prestara la sede del Vaticano en Venezuela para entablar una reunión, lo más pronto posible, con los diferentes actores de la oposición. Pocos minutos más tarde, Juan Guaidó dijo estar dispuesto a hacer todo lo necesario, en un reconocimiento implícito de la necesidad de llegar a un acuerdo, aunque mantuvo reservas y planteó condiciones en torno a la distribución de la ayuda humanitaria, que, según él, debe ser realizada por organismos multilaterales y no por el gobierno de Maduro.

Previamente había habido gestos de distensión. Henry Ramos Allup, presidente de Acción Democrática, el principal partido de oposición, anunció el 10 de marzo que abandonaría la línea radical y abstencionista seguida hasta el momento y acudiría a las elecciones parlamentarias de este año. También en el ámbito internacional se vislumbra un nuevo panorama: el 23 de marzo la Unión Europea hizo público su pedido de que el Fondo Monetario Internacional financie a Venezuela e Irán en esta coyuntura y cesen las sanciones estadounidenses contra Caracas y Teherán. Sanciones que, en palabras de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, “les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”. El secretario general de la Onu, António Guterres, también pidió que se ceda en las medidas coercitivas. Hasta allí parecía sobrevenir un apaciguamiento en la escalada de ataques y un posible escenario de diálogo, aunque fuera mientras durara esta coyuntura mundial.

Trump, otra vez 

A pocas horas de abierto ese escenario, el día 26 de mañana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, en una conferencia de prensa del fiscal general William Barr, la presentación en tribunales de cargos contra el presidente Maduro y algunos de sus colaboradores por delitos de “narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y tenencia de armas y otros artefactos destructivos”. Acto seguido, puso precio a la cabeza del mandatario venezolano y a las de otros funcionarios y exfuncionarios. Como era de esperarse, la declaración del fiscal, luego corroborada por Trump en pleno vendaval viral, canceló cualquier intento de negociación y disparó discursos radicales de las partes enfrentadas en Caracas.

El gobierno de Trump pasó así de activar su radar financiero para bloquear a Venezuela en recursos, compras y ventas de petróleo, a dar luz verde a todo tipo de acción violenta que busque asesinar o capturar a Maduro y los suyos. Más que una salida militar, se trata de revivir las opciones parapoliciales a las que nos acostumbran las películas de la industria cultural más comercial. Esto sucede al lado de Colombia, un país sembrado de fuerzas irregulares, y a pocos días de que el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones confesara a las autoridades colombianas (luego del decomiso de un arsenal en el noreste de ese país) que planeaba invadir Venezuela junto con asesores estadounidenses para derrocar a Maduro. Paradójicamente, el general aparecía en la lista de personeros buscados por el Departamento de Justicia y a los pocos días viajó bajo arresto de Colombia a Estados Unidos.

A riesgo de que la situación resulte aún más esquizoide, a los pocos días, el 31 de marzo, con un planteo más civilista pero igual de prepotente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso la conformación en Venezuela de un consejo de Estado conformado por el chavismo y la oposición, sin Guaidó ni Maduro, que se encargue de fijar nuevas elecciones. La figura no está contemplada en la Constitución venezolana y ya ha sido rechazada por el canciller Jorge Arreaza.

La respuesta de Miraflores no se ha hecho esperar. La fiscalía venezolana citó a Guaidó para que declare el jueves 2 de abril. Es posible que el líder opositor quede preso bajo sospecha por el caso de las armas incautadas en Colombia. Con Guaidó detenido sólo cabría esperar una escalada mayor entre Caracas y Washington.

No debe perderse de vista que, aunque la actitud belicosa de la administración Trump luce desproporcionada en la actual coyuntura sanitaria mundial, la campaña presidencial en Estados Unidos sigue en marcha. El tema Venezuela es clave en el voto latino del estado de Florida, un territorio relevante en cuanto a lo electoral.

En ese contexto deben leerse las palabras de Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, quien ha dicho en los últimos días que Venezuela es un riesgo para la región y puede convertirse en un foco de la pandemia y un peligro para los países vecinos. Es un discurso llamativo en boca de una representante del gobierno estadounidense si se tienen en cuenta los datos oficiales sobre el covid-19: al cierre de esta edición, Venezuela tenía 150 casos y tres muertes por coronavirus, mientras que Estados Unidos tiene 240 mil casos y 5.600 muertes.

Colapso del sistema de salud

De todos modos, estos enfrentamientos se producen no sólo en el marco de las elecciones estadounidenses, sino también con un telón de fondo marcado por la objetiva debilidad de Venezuela en materia de salud pública. La salud venezolana ya estaba en una profunda crisis y podría verse desbordada rápidamente con la propagación del coronavirus.

Algunas relatorías de la Onu, como la publicada en noviembre de 2019 por el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, plantean que “el sistema de salud venezolano está al borde del colapso y muchos hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad”. “Los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que adquieren mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y de-sinfección básicas. Esto se agrava por la falta de medicamentos y la escasez de médicos y enfermeras para administrarlos. Enfermedades prevenibles, como el paludismo y la difteria, han vuelto con mucha fuerza. Las personas con enfermedades crónicas están entre las más vulnerables.”

En ese escenario, la Federación Médica Venezolana y otras organizaciones sociales alineadas con la oposición han señalado que los 46 hospitales públicos designados por el gobierno para encargarse de los casos de coronavirus no cuentan con las condiciones necesarias para atender a los pacientes. Lo cierto es que, por más que el gobierno se vanaglorie de una supuesta fortaleza en la esfera de la salud debido al apoyo de sus aliados (Cuba y China, entre ellos), el sistema sanitario sufre un gran deterioro. Si extrapolamos a Venezuela el nivel de demanda médica generada por el coronavirus en España e Italia, ya no estaremos hablando de un colapso, sino de un desastre en todos los planos de la vida nacional.

2 abril, 2020

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326 colombianos en riesgo de morir por cuarentena en Perú

Cerca de 326 colombianos y colombianas están atrapados en Perú, y en alto riesgo de perder su vida. Sobreviviendo en dificiles circunstancias, no cuentan con óptimas condiciones para protegerse del Covid-19. Además, y como resultado de las medidas de control social ordenadas allí para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, y que eximen de responsabilidad penal a los militares que maten o hieran a quienes no cumplan con el encierro en casa.

“Yo tengo un trabajo regular en Colombia. Me dieron 3 meses de vacaciones y decidí viajar para alejarme de la cotidianidad. Tomé la motocicleta y empecé a viajar, destino: la Patagonía. No alcancé a llegar hasta mi destino y desde Chile empecé a retornar a Colombia. Subiendo por el Cusco, me sorprendió la medida de cuarentena y cierre de fronteras. Rápidamente, una noche, manejé durante 2 días en toque de queda y llegué a una población cerca a Cañete, por la costa peruana, porque el virus tiene una probabilidad de supervivencia menor en climas cálidos. Y además la costa me servía para estar alejado de la gente. Pero luego, cuando aumentaron la cuarentena en Perú, arranqué para Lima para mejorar el abastecimiento y poder contactarme con el consulado colombiano para cualquier oportunidad de repatriación, oportunidad que ya considero improbable”.

Así empezó el relato Esteban Jiménez, colombiano, atrapado a partir del 16 de marzo en Perú, cuando empezó la medida de cuarentena. Una noche alarmado, porque no podría estar con su madre de 68 años y su hija de 6 años, tuvo una crisis, y en la alcoba de su cuarto, su mente a mil buscando soluciones, pensó en coger la moto y manejar rumbo directo hacía Colombia rompiendo cualquier bloqueo fronterizo para poder ver a su familia. “Hay días de días” me cuenta Esteban, pero yo estoy bien, podré aguantar hasta el 13 de abril. Pero sé que hay otros colombianos que la están pasando muy mal, por ejemplo, los que están en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez en Lima, o los que estaban hospedados en hoteles en ciudades del sur, y como cerraron los hoteles: “pa’ fuera”, dice el viajero que nunca pensó que una cuarentena lo tomara por sorpresa en otro país.

Al llegar a Lima y lograr abastecerse de comida, Esteban empezó a contactarse con el consulado de Colombia en Lima, también con la embajada de Perú en Colombia, y con la Cancillería y Procuraduría colombiana pidiéndoles mecanismos de repatriación. Como eran tantos los connacionales haciendo lo mismo, decidieron hacer un censo por iniciativa propia. Y la suma dio alrededor de 326 colombianos en Perú, que no han recibido ningún apoyo estatal colombiano. Y son “alrededor” porque el mismo Esteban afirma que “[…] puede existir colombianos que por distintos motivos no estén en el censo, tal vez por no tener internet y por ello no poder ingresar al grupo de WhatsApp que tenemos todos acá, o contactarse con el consulado”.

¿Pero cómo así que el gobierno nacional no les ha ayudado?, le pregunto a Esteban quien me envía un audio por WhatsApp y dice lo siguiente con indignación: “Les estamos hablando de un vuelo que nos lleve de vuelta a Colombia. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que el gobierno nacional, a través de la Cancillería y el consulado respondan con su obligación, porque por eso mismo pagamos impuestos”.

¿Y qué les respondió oficialmente el consulado colombiano en Perú? “Las primeras respuestas, cuando no habían activado los protocolos de respuesta, fue que no tenían presupuesto ni plan de contingencia. Yo mismo tengo esa respuesta (ver comunicado del consulado), y después empezaron a diligenciar cuatro formularios diferentes para intentar hacer un censo, creo que eso solo lo han hecho para que pase el tiempo y se acabe la cuarentena en Colombia, y así no tener que tomar ninguna medida. Solo están dilatando el asunto”.

 

 

“Es que hombre –prosigue Esteban–, estamos en una situación muy difícil. De un momento a otro 326 colombianos, que estábamos en tránsito en Perú como turistas, haciendo negocios o en escalas, quedamos encerrados. Y ni el gobierno colombiano ni el peruano ofrecieron prórrogas para poder repatriarnos, en silencio nos cerraron las puertas. Y acá, ahora, hay colombianos a la intemperie, al sol y al agua por las calles de Perú, hay adultos mayores, menores de edad, personas enfermas, hay personas en hostales y hoteles, y otras personas en casas de peruanos que de buen corazón los han acogido. Y el problema es que esto no tiene un término definido, ¿y si la cuarentena la extienden?” –se pregunta con preocupación el colombiano que ha sido uno de los líderes en censar a todos los connacionales que quedaron atrapados en el Perú y que han sido abandonados por el estado colombiano–.

Además el peligro es doble para los colombianos y colombianas atrapadas en Perú. Le pregunto a Esteban, ¿Cómo está la situación de la cuarentena y los militares que están eximidos si matan a alguien que la incumpla? “Qué decirle, con zozobra y miedo; siempre el que tiene el arma tiene el poder, y además si esa persona tiene el aval del Estado cualquier cosa puede ocurrir. Acá, en el sector donde estoy, se escuchan sirenas en el día y en la noche donde el ejército peruano dice ‘si no se resguardan en sus casas vamos a tener que tomar medidas’, los militares no estaban diciendo “los que no tengan mercados en sus casas salgan para darles comida” no, estaban amenazando a la población…”, contó quien es uno de los cerca de 326 colombianos que están en peligro de perder su vida efecto de esta medida, como de un virus del que no tienen las condiciones requeridas para protegerse.

Conocedor de esta situación, el gobierno colombiano no ha hecho nada por salvar y rescatar los connacionales. “El consulado colombiano en Perú dijo que nos iba a dar 60 soles –comenta Esteban–, para que cada uno de nosotros pudiera sostenerse hasta el 13 de abril. Eso es un insulto, una bolsa de leche cuesta 5.5 soles, una libra de carne cuesta entre 18 y 26 soles –dependiendo de la carne–, media libra de tomate 6 soles, y un galón de gasolina cuesta unos 11 soles. Me da risa porque al final no lo resultaron haciendo, y es que eran 60 soles para 1 mes. ¡Con eso no se compra nada!

Entonces, Esteban, ¿qué alternativas proponen ustedes? “Nosotros –contesta de manera pausada–, los casi 326 colombianos, porque podemos ser más, proponemos:

1- En el caso de los peruanos que están varados en Colombia, que el gobierno los envíe en un vuelo hacia Perú, y en el de regreso nos devolvamos los colombianos varados acá.
2- Se habiliten mecanismos para envíos terrestres de los vehículos: carros y motos en un conteiner.
3- Podrían enviar un avión militar y haga el trayecto Colombia - Perú ida y regreso”.

Una demanda justa y necesaria de satisfacer, en tanto da cuenta de los derechos humanos así como de compromisos aceptados y refrendado por el Estado colombiano. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; Pactos en los que destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) “Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país”. 

Un Pacto ahora violado y/o desconocido por el decreto 439 de 2020, ratificado por la cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”.

Ante la demanda de estos colombianos atrapados contra su voluntad en territorio distinto al de su país, y ante su demanda de regreso, la sociedad en pleno está ante el dilema, ¿silencio e indiferencia o demanda y presión al gobierno nacional para que cumpla con los deberes desprendidos de la Carta Nacional así como de los Pactos internacionales firmados por el Estado que representa.

Ver artículo –“Un vuelo de rescate” –:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39250-un-vuelo-de-rescate.html

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Suecos disfrutan de los cerezos en flor en un espacio público de Estocolmo durante la epidemia / Foto: Afp, Jonathan Nackstrand

Para desconcierto de sus vecinos, Suecia permanece reacia a las medidas de cuarentena. No ha suspendido las clases ni los torneos deportivos. Tampoco ha cerrado los bares y todavía son comunes las reuniones de amigos. Por detrás de esa decisión, asoma una guerra de epidemiólogos y modelos predictivos.

Mientras las cuarentenas draconianas, los regímenes punitivos y la vigilancia masiva se vuelven la norma mundial frente al coronavirus, Suecia ha tomado un camino mucho más relajado. Lo hace en contraste, sin dudas, con sus primos escandinavos, Dinamarca y Noruega. A nivel general, permanecen intocados los rudimentos de una vida ininterrumpida. La mayoría de los cafés, restaurantes y tiendas permanecen abiertos y abastecidos. También los gimnasios y cines. Se celebran aún vibrantes fiestas, para gran desconcierto y horror en los países vecinos.

El primer ministro, el socialdemócrata Stefan Löfven, ha abrazado el principio de la voluntariedad por sobre la coerción y ha emitido advertencias a los ciudadanos para que mantengan los viajes al mínimo y eviten todo lo que no sea esencial. A los mayores de 70 años se les ha dicho que cuiden sus movimientos y se queden en casa. En palabras del primer ministro durante un reciente discurso televisado, “nosotros los adultos debemos ser exactamente eso: adultos. No propagar el pánico ni los rumores. Nadie está solo en esta crisis, pero cada uno tiene una gran responsabilidad”.

A pesar de esto, las autoridades de Suecia han mostrado que tienen un pie en el freno, aunque uno que aprietan con cautela y lentamente. Las reuniones venían limitándose a no más de 500 personas –ese número se redujo el viernes 27 a no más de 50, una medida cuyo cumplimiento será controlado por el Estado–. Los bares sólo pueden proporcionar servicio de mesa. Los colegios y universidades han adoptado un formato virtual, en línea con las recomendaciones emitidas por el gobierno el 18 de marzo.

De todos modos, la Agencia de Salud Pública ejerce una poderosa influencia e insiste en que una cuarentena general no tendría justificación alguna. No se ha pedido la cancelación de torneos deportivos locales: el ejercicio y los deportes son iniciativas saludables. Los organizadores de eventos y seminarios son responsables de realizar una evaluación de riesgos y proporcionar información “sobre una buena higiene y acceso a instalaciones de lavado de manos para todos los participantes”.

El foco, más bien, está en la iniciativa individual, en minimizar los casos de transmisión mientras se logra la “inmunidad de rebaño” o se encuentra una vacuna. Si usted tiene más de 70 años, evite el transporte público, las idas al supermercado y las aglomeraciones. “En lugar de eso, pídales a sus amigos, familiares o vecinos que hagan las compras por usted, etcétera.” Trabaje desde casa si puede. “Es para disminuir la velocidad de transmisión y la cantidad de personas que necesitan atención hospitalaria.”

La clave de tales recomendaciones está en un juego de modelos predictivos. Y, como en todos los juegos de este tipo, abundan los riesgos. El relajado modelo sueco ha causado poca alarma en la población; en todo caso, le ha dado un gran impulso a la popularidad de los socialdemócratas. En Suecia, la sabiduría de las autoridades se da generalmente por descontado. Se trata de un poder tradicional y hasta asombroso del servicio civil sueco: “Los que saben se están haciendo cargo”.

El problema de los modelos predictivos 

El ejemplo sueco muestra un acercamiento diferente a las mediciones y proyecciones sobre la pandemia, algo que invariablemente implica mirar a través de una especie de bola de cristal. Paul Franks y Peter Nilsson, ambos epidemiólogos de la Universidad de Lund, sugieren que el gobierno hace sus apuestas con base en simulaciones realizadas por las autoridades de salud pública acerca de aumentos repentinos de la demanda hospitalaria. “A partir de estas simulaciones, está claro que el gobierno sueco prevé muchas menos hospitalizaciones por cada 100 mil habitantes que las predichas en otros países, incluidos Noruega, Dinamarca y Reino Unido.”

Las observaciones de Franks y Nilsson están llenas de la característica cautela científica. ¿Qué modelo predictivo prefiere usted? Las variantes de expertos británicos sugieren un mayor número de muertes para Suecia que el estimado por el gobierno de ese país, aunque las autoridades parecen agarrarse de la idea de que la mayoría de las personas infectadas no tendrán síntomas y sólo uno de cada cinco casos irá al hospital. Y, además, Reino Unido no es Suecia.

Nos enfrentamos a la naturaleza traicionera de los modelos predictivos de salud pública. Los de covid-19, por ejemplo, tienden a basarse en los ejemplos de China e Italia, además de datos recopilados durante brotes de ébola, Sars y Mers. Esto pone sobre la mesa la vieja cuestión de la demografía y la necesidad de reunir evidencia sobre la transmisión comunitaria local (hasta ahora, el material disponible en Suecia es bastante incompleto). Un hecho ineludible es que Suecia tiene una sola área metropolitana importante, por lo que cualquier modelo predictivo preciso requeriría material específico para casos de ese tipo. También deberían ser consideradas las formas de interacción entre distintas generaciones. En Suecia, menos comportamiento intergeneracional disminuiría el riesgo para los ancianos. Más de la mitad de los hogares suecos consisten en una sola persona, otro factor relevante.

Los pocos datos disponibles de Suecia tienden a centrarse en ingresos hospitalarios y fallecimientos, un punto subrayado por Franks y Nilsson. “Esto puede usarse para lograr una estimación de segunda mano de la transmisión comunitaria, proporcionando el dato aproximado de cuántas muertes ocurren entre los infectados.” Pero su precisión se ve algo comprometida por la distancia de dos semanas entre los diagnósticos y las muertes, lo que los hace un “instrumento muy grueso” para guiar la política de salud.

Con todo, el número de casos de covid-19 en Suecia no ha sido insignificante. El total, desde el primer caso registrado, el 4 de febrero, hasta el 30 de marzo, asciende a 4.028. Las muertes llegan a 146, aunque un número desproporcionado proviene de una comunidad somalí ubicada en barrios pobres y con familias extensas.

Batalla de epidemiólogos  

A pesar del mayor número de muertes en comparación con los otros países nórdicos, el epidemiólogo estatal Anders Tegnell confía en que la “estrategia” de Suecia funciona bien, pues ha mostrado una curva de infección relativamente plana en relación con Italia y España. “Queremos enlentecer la epidemia hasta que Suecia experimente una especie de pico, y si el pico no es demasiado dramático, podremos continuar así.”

Un gran número de ciudadanos, asumiendo su gran responsabilidad, ha optado por evitar el transporte público: Storstockholms Lokaltrafik (la compañía de transporte público en Estocolmo) anunció una caída del 50 por ciento en el número de pasajeros. Las escuelas están abiertas, pero muchos padres mantienen a sus hijos en casa. Las opciones remotas y de trabajo en casa han sido adoptadas por muchas empresas.

Las advertencias, aunque no estridentes, están a la orden del día. Está tomando forma una batalla epidemiológica. El principal asesor científico de Reino Unido, sir Patrick Vallance, ha elogiado el caso sueco, luego de haber sugerido al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, seguir un camino similar durante el período en que ese país siguió el modelo de “inmunidad colectiva”. Por el contrario, una petición de más de 2 mil médicos, científicos y académicos que cuenta entre sus firmantes con el presidente de la Fundación Nobel, el profesor Carl-Henrik Heldin, ha pedido medidas más agresivas. “Es arriesgado dejar que las personas decidan qué hacer sin restricciones”, opina un paternalista Joacim Rocklöv, epidemiólogo de la Universidad de Umeå. “Como puede verse en otros países, esta es una enfermedad grave, y Suecia no es diferente de otros países.”

La viróloga Cecilia Söderberg-Nauclér, del Instituto Karolinska, no se ha guardado sus puntos de vista y alega con cierta contundencia que el gobierno ha cometido todos los errores posibles en la respuesta a una pandemia. “No estamos testeando lo suficiente, no estamos rastreando, no estamos aislando lo suficiente; hemos dejado suelto al virus.” Al hacerlo, Suecia se habría puesto en el camino a la catástrofe. Para evitar la cuarentena general, sostiene Söderberg-Nauclér, debería adoptarse un sistema de testeo en masa como el de Corea del Sur. El tiempo dirá.

3 abril, 2020

(Publicado originalmente en CounterPunch con el título “The Swedish Alternative: Coronavirus as a Grand Gamble”. Traducción y titulación en español de Brecha.)

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Martes, 31 Marzo 2020 16:34

“Un vuelo de rescate”.

“Un vuelo de rescate”.

Acerca del cierre de fronteras para los colombianos. 

Sometidos al destierro por la negativa del gobierno de Iván Duque de permitir el ingreso de vuelos internacionales, miles de colombianos demandan que pese a las circunstancias en que está sumido el mundo, el Estado colombiano facilite los medios para regresar al país. La polémica está abierta: ¿dónde quedan los derechos humanos en estas circunstancias?

La declaración de confinamiento y cierre de fronteras decretada por diversidad de países los sorprendió allende de su tierra de origen. Son 4.500 colombianos que ahora pasan sus días angustiados, al filo del agotamiento de los recursos que logran apretar día tras días, viviendo al límite en piezas de hoteles o similares.

En su afán por evidenciar las circunstancias que viven y presionar para que el gobierno nacional concrete vuelos de emergencia, se han contactado entre ellos; es así como saben que en Australia suman 200, en la India 70, en Perú 200. En particular el grupo residente en Australia lidera una campaña para lograr su propósito, donde especifican: “[…] somos un grupo de aproximadamente 200 colombianos que nos encontramos "varados" en varias ciudades de Australia debido a la situación mundial que se presenta actualmente” (1). El Gobierno ha dispuesto una página (Migración Colombia) para que todas las personas interesadas en el retorno inmediato se registren y es así como tiene conocimiento detallado del lugar donde pernota cada uno.  

Una exigencia que enfrenta y se golpea contra el decreto 439 de 2020, ratificado por la Cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”. (2)

Una decisión amparada, según tal instancia gubernamental, “[…] en la Constitución (que) les permite restringir la circulación o ingreso al territorio para ‘garantizar el interés público’”. (3).

Una resolución forzada, y para muchos no solo polémica sino contraria a los derechos humanos, además de inconstitucional.

Derecho pisoteado

Prohibir el ingreso de nacionales al territorio nacional, una medida bárbara. Un destierro. ¿Qué debe primar, el derecho (límite) o la política (necesidad)? ¿Los colombianos tenemos patria? 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La misma norma, consagra: 1) Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; y 2) Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

Estos derechos tienen una excepción, la cual se encuentra en el numeral 3, que informa: Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la Ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. Luego, la disposición del numeral 4, no tiene excepción alguna, de suyo, un nacional tiene derecho a ingresar a su país sin restricción ni excepción alguna; cosa diferente respecto de extranjeros. 

Lo anterior no sólo hace parte del Bloque de constitucionalidad, sino que fue, bajo la misma idea, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972, "por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en donde dispuso en su artículo 22 numeral 5 que: 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

De igual manera y según lo enseña la Corte Interamericana de derechos humanos,  la libertad de circulación: “Es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste, inter alia en el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia” y se manifiesta en tres dimensiones: 1. Derechos a salir de cualquier país. 2. Derecho a salir del propio país. 3. Derecho a regresar al país de origen*.

Si se considera que es posible excepcionar tal derecho, debe tenerse en cuenta que la restricción aparte de estar contemplada en la ley, debe ser clara y no genere ambigüedades, dudas que permitan interpretaciones para actuar con arbitrariedad; es decir, que satisfaga los principios de legalidad y necesidad, los que a todas luces se violan con la decisión tomada en el decreto 439/20, y las declaraciones posteriores del gobierno nacional, en tanto atentan contra los derechos humanos, de suyo, fundamentales en nuestro bloque de constitucionalidad.  

De acuerdo con estos antecedentes legales, no puede pretender el estado colombiano que sus ciudadanos no puedan regresar al país, independientemente de la razón que se alegue, pues incluso, se vería afectado no sólo su derecho a la circulación y de ingreso a su propio país, sino que con ello se desconoce el vínculo jurídico político que los une, de suyo, la nacionalidad y la ciudadanía.** 

Lo anterior se agrava cuando se ve en el contexto de derechos fundamentales que se pueden violar con tal determinación, pues no sólo se trata de derechos como los mencionados -libre circulación, ingreso al país de donde se es nacional o la ciudadanía– también se ven amenazados los de la vida y la salud, pues un connacional en el exterior no puede acceder al sistema de seguridad social en salud, aunado a las premuras que supone la demanda de una pandemia como la que actualmente se vive. Es decir, un ciudadano colombiano en el exterior no cuenta con las garantías y prerrogativas del sistema de seguridad social en salud, viéndose afectado en su derecho a la vida por tal razón. 

Es preciso recordar que el Estado colombiano tiene, además, la obligación respecto de sus ciudadano de asistirlos, brindar acompañamiento y repatriarlos de ser necesario al territorio colombiano cuando las condiciones así lo ameriten, luego, el decreto  439 de 2020, que cierra fronteras a los nacionales es, sin duda, contradictorio de tal obligación constitucional. 

EL Estado colombiano, para proteger el interés general y la salud de los connacionales, no puede sacrificar, negando los derechos antes mencionados, en cambio, debe proporcionar no sólo la asistencia, sino abrir las fronteras para permitir el ingreso de sus ciudadanos al país, por supuesto, siguiendo las medidas sanitarias que sean necesarias para satisfacer no sólo el derecho humano de las personas de regresar a su país, sino, el de los demás conciudadanos de mantener niveles básicos de salubridad. 

Además, no debemos olvidar que en lo  relativo a la prohibición de destierro, nuestro país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone, en el artículo 12, que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en el artículo 5º que "nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". Por tanto, es claro que el concepto de destierro está delimitado a la expulsión o prohibición de entrada al territorio nacional.

El trompo en la uña

En este punto del debate, la resolución del pulso entre el gobierno nacional y estos miles de connacionales, ahora depende: 1. De la (in)voluntad política en el seno del Gobierno, 2. De la interpretación de las normas –en lo cual todo puede ser posible de acuerdo a los intereses en juego–, 3. De la presión que ejerzan familiares y amistades de quienes ahora están confinados o dejados a su suerte en otros países, 4. De la sociedad en su conjunto, que debe levantar la exigencia de retorno de todos aquellos que están por fuera –cualquiera sea la circunstancia que los llevó a quedar atrapados en otras tierras–, guardando, claro está, las normas de salubridad requeridas y sometidos a cuarentena una vez ingresados al país.

“¡Queremos regresar!”, claman los colombianos en Australia, y como este grupo de connacionales seguramente así lo imploran los otros más de 4 mil paisanos que sufren en la lejanía los efectos del Covid-19. Qué la sociedad haga sentir su voz y peso, para que el gobierno cumpla con una de sus funciones constitucionales.

No podemos cerrar las puertas del territorio. Es hora de la solidaridad.

Notas

  1. “Presidencia de la República de Colombia: COLOMBIANOS VARADOS EN AUSTRAILIA !QUEREMOS REGRESAR¡”, http://chng.it/wRWcDp4k7D
  2. Oquendo, Catalina, “El drama de los 4.500 colombianos varados en el mundo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html
  3. Id

Referencias

*David Guerra Restrepo. Los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional, aplicables a los inmigrantes y emigrantes en Colombia y su marco normativo.

**Sentencia T-421-17: En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política, precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015, se recordó que la nacionalidad es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un verdadero derecho fundamental, en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el derecho a cambiarla. En tal sentido la SU-696 de 2015, concluyó que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política”.

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html

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Viajeros llevando máscaras en el aeropuerto de Babkok y respetando la distancia de seguridad que indican los carteles, el 25 de marzo del 2020.JACK TAYLOR / AFP

La mitad de ellos piden ser repatriados pero el Gobierno no planea por ahora "excepciones humanitarias”

Con visas a punto de expirar, encerrados en hostales y sin dinero. La situación de colombianos en el exterior mientras el mundo cierra fronteras por el coronavirus, es dramática. Desde el 24 de marzo, cuando el Gobierno cerró la llegada de viajeros, al menos 4.500 colombianos se han reportado en la página de Migración Colombia como atrapados en algún país y 2.300 piden algún tipo de ayuda para regresar.

Pero los mensajes de la Cancillería no son alentadores. Si bien le había informado a EL PAÍS que “la Cancillería solo podrá confirmar la posibilidad de vuelos de retorno cuando estos se concreten” y agregaba que esas posibilidades “dependen de la voluntad de aerolíneas comerciales y de decisiones de distintos gobiernos”; este jueves cambió de opinión y difundió un comunicado en el que asegura que todos los vuelos de llegada al país están prohibidos. En palabras de la Ministra de Transporte, Ángela Orozco, en esa comunicación, la Cancillería está “reiterando que no habrá excepciones humanitarias para nacionales en el exterior”.

La Cancillería afirma que son conscientes de las dificultades que están atravesando los colombianos en el exterior, pero que deben aplicar las medidas de cuarentena de “manera estricta” y que la Constitución les permite restringir la circulación e ingreso al territorio para “garantizar el interés público”. Adicionalmente, los cónsules y embajadores tienen que garantizar un “plan de auxilio económico subsidiario temporal” para atender la necesidades básicas de alimentación y hospedaje de los colombianos mientras termina la restricción de ingreso al pais.

Antes del 23 de marzo lograron llegar 45.595 colombianos que ahora están en cuarentena y el gobierno dejó abierta la posibilidad a negociaciones con gobiernos para el retorno de los restantes solo en casos excepcionales. Pero ahora esa opción quedó cancelada. Este viernes se esperaba la llegada de un grupo de colombianos desde Houston (Texas) pero como advirtió la ministra de transporte a W Radio, “no van a llegar”.

Gritos de auxilio

Los llamados de auxilio se escuchan desde distintos lugares del mundo. En Australia, un grupo de 200 colombianos envió una carta al embajador. “La gran mayoría teníamos vuelos comprados para regresar y fueron cancelados cuando el gobierno anunció que cerraba la llegada de vuelos. Compramos otros para alcanzar a llegar antes de la fecha de cierre y no fue posible”, cuenta Carolina Tafur. Esta colombiana dice que en el grupo hay personas con necesidades médicas, algunas mayores de 60 años y piden que el gobierno colombiano gestione con alguna aerolínea o con la Organización Internacional para las Migraciones.

El caso de Viviana Pieschacon, en Albania, es crítico. Con su esposo y su bebé de 6 meses, está aislada en un Airbn en la ciudad portuaria de Durrés, pero debido a la cuarentena y no tener un documento albanés no puede salir ni a comprar alimentos para la niña. “Nos preocupa que no podemos salir ni a comprar la leche para ella y solo tenemos alojamiento hasta el 3 de abril. Ya llenamos el formulario de Cancillería pero no hemos tenido ninguna respuesta”, contó a EL PAÍS. Habían viajado a Europa en febrero para recorrer Albania, Italia y Madrid. “Por fortuna no llegamos a Italia”, dice Pieschacon. Pero ahora se encuentra desesperada porque no hay colombianos en Albania y el consulado más cercano está en Italia.

En el sudeste asiático, una veintena de colombianos se debate entre regresar o esperar a que pase la tormenta de coronavirus en Colombia, donde hay 536 casos confirmados y 6 muertes. Pero tampoco tienen suficiente dinero y les preocupa el vencimiento de las visas. “Una ruta de vuelo para viajar a Colombia”, es lo que piden en un documento que crearon para solicitar en grupo el retorno desde Tailandia, donde se encuentra la mayoría. Y en Perú, 200 colombianos suplican “un vuelo de rescate”. “Así como han permitido la entrada desde otros países suplicamos nos permitan entrar y cumplir allí la cuarentena y todos los exámenes de rigor que nos exijan”, dice Martha Acosta, atrapada en Cuzco. “La Cancillería nos estaban gestionando un “vuelo humanitario” pero todo cambió ayer cuando decidieron prohibió la entrada de vuelos internacionales”, contó.

Las inconsistencias entre las declaraciones de la Cancillería y el Ministerio de Transporte es otra de las quejas de los colombianos atrapados en el exterior. “La ministra dijo en medios de comunicación que sujetos a un protocolo de bioseguridad que estableció la Cancillería con el Ministerio de Salud y Aerocivil, se puede traer a colombianos de manera puntual, siempre y cuando cumplan unos protocolos, pero ahora la Cancillería publica un comunicado que dice lo contrario”, se queja Carolina Tafur, desde Australia.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 30 mar 2020 - 15:18 COT

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El general venezolano retirado Clíver Alcalá, durante una conferencia de prensa en Caracas en 2016.JUAN BARRETO / AFP

Clíver Alcalá, acusado de narcotráfico por EE UU, se entregó a Washington tras detallar un supuesto complot de la oposición contra Maduro, quien lo califica de “agente estadounidense”

 Un hombre con camisa azul claro y pantalón oscuro camina por la pista del aeropuerto de Barranquilla rodeado de funcionarios colombianos y estadounidenses. Ocurrió el pasado viernes. A media tarde, se formaliza la entrega y Clíver Alcalá Cordones sube a un avión enviado por Washington. Horas antes, el Departamento de Justicia lo había incluido en una lista de 12 dirigentes chavistas acusados de narcotráfico junto a Nicolás Maduro y a la cúpula del régimen venezolano. La Administración de Donald Trump ofrecía 10 millones dólares por su cabeza, aunque según la Fiscalía colombiana todavía “no existía orden de captura ni solicitud con fines de extradición”. Con esta información todo encajaba en el esquema de confrontación entre Estados Unidos y Caracas. Pero las últimas declaraciones de Alcalá antes de pasar voluntariamente a disposición de las autoridades arrojan una historia más nebulosa, y llena de lagunas, en la que se mezclan un arsenal de armas y una supuesta conspiración para derrocar a Maduro. Este lo considera un hecho probado y este lunes, en una carta dirigida a la comunidad internacional, lo calificó abiertamente de “agente estadounidense”.

Clíver Alcalá es un mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB). Tiene 58 años y se mantuvo fiel al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, desde el intento de golpe de Estado de 1992. Rompió con el oficialismo hace al menos cuatro años y llevaba dos afincado en Barranquilla. El exmilitar se declara opositor, reconoce como presidente a Juan Guaidó y, sin embargo, acabó involucrándolo en un complot que, según su relato, se estaba urdiendo desde Colombia.

El pasado lunes agentes de la Policía colombiana de Tránsito dieron el alto a una furgoneta en un control vial en Pueblo Viejo, un municipio de la costa del Caribe ubicado entre Barranquilla y Santa Marta. En el vehículo, conducido por un hombre llamado Jorge Alberto Molinares Duque, hallaron “26 fusiles americanos, 14 cascos blindados con visores nocturnos y tres chalecos blindados”. El conductor fue detenido bajo los cargos de “fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares”. Tres días después, Washington emitió la acusación formal de tráfico internacional de drogas contra la plana mayor del chavismo. Entonces, Alcalá aseguró públicamente estar detrás del transporte de ese arsenal.

Las imágenes de su entrega, adelantadas por el diario colombiano El Tiempo, dejan atrás una serie de dudas sobre su versión de los hechos y su papel en la red de los disidentes del régimen. “Primero”, afirmó el general retirado en un vídeo difundido a través de su perfil de Twitter, “las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando en la conformación de una unidad libertad para Venezuela”. Alcalá no aporta pruebas, pero menciona al consultor Juan José Rendón, al dirigente del partido Voluntad Popular Sergio Vergara y va más allá. Asegura que también estaban al tanto del plan Iván Simonovis, colaborador de Guaidó y hasta 2019 uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, y Leopoldo López, líder opositor refugiado en dependencias diplomáticas españolas en Caracas.

“Acordamos ahí, junto a militares venezolanos, de hacer una unidad militar, que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales del narcotráfico y del desastre que ha generado en nuestro país”, continúa Alcalá, quien dijo asumir su responsabilidad y que el Gobierno de Iván Duque “no está vinculado”. “Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha contra el régimen generaron filtraciones desde el seno de la oposición, aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el Gobierno de Maduro, aquella oposición que no quiere que nada cambie”, mantuvo el general.

La justicia colombiana se enteró de este relato, que Guaidó negó rotundamente, igual que los demás. Esto es, cuando Alcalá decidió hacerlo público. “La Fiscalía General de la Nación generó nuevas actividades investigativas dentro del caso para recolectar evidencia que determine su participación y, como consecuencia, se han llevado a cabo diligencias de allanamiento y registro en varias ciudades del país”, informó el ente acusador. Las autoridades activaron canales de cooperación judicial y, a partir de ahora, solicitarán información a Estados Unidos para avanzar en las indagaciones.

Pero más allá de las consecuencias judiciales en territorio colombiano, el Gobierno de Maduro se remitió a las declaraciones de Alcalá para estrechar el cerco contra Guaidó, que lleva más de un año de pulso para tratar de desalojar al sucesor de Chávez y acaba de proponer conformar un gabinete de emergencia nacional ante la crisis del coronavirus. El fiscal general, Tarek William Saab, informó el viernes de que el Ministerio Público ha iniciado “una investigación contra Guaidó, Clíver Alcalá y demás colaboradores: por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente”.

México - 30 mar 2020 - 13:23 COT

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