Lunes, 17 Septiembre 2018 05:45

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

Catalogado como “presidente de los ricos”, el líder francés se dedica ahora a los pobres con un ingreso universal de actividad, un subsidio aún por definirse, entre otras medidas dirigidas a los sectores más vulnerables.

Macron paga en los sondeos tanto los magros resultados de su política como sus intervenciones displicentes.


La nueva súper producción política del presidente francés Emmanuel Macron está en pleno rodaje. Luego de que, apenas inició su mandato en 2017, fue catalogado como “el presidente de los ricos”, el jefe del Estado se dedica ahora a los pobres con una serie de disposiciones destinadas a combatir las crecientes carencias de la sociedad. En plena pérdida de popularidad el macronismo sale a corregir una inusual sinfonía de sarcasmos contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde su ya famoso “los galos son refractarios a los cambios”, pasando por las ayudas sociales “cuestan una guita monstruosa” o su última salida ante un desempleado a quien le dijo “cruzo la calle y encuentro un trabajo”, Macron ha concentrado sus intervenciones con posiciones antagónicas hacia los pobres y hasta culpabilizado a los excluidos del sistema. Ayer, el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) se preguntó “Macron invita a seis millones de personas a cruzar la calle para encontrar un trabajo. Para él, los desocupados son culpables de su desempleo. ¿Dónde vive este hombre?”. Como lo recuerda un editorial publicado este fin de semana por el matutino Libération, nunca ha dicho una palabra sobre los directores de empresas “que cobran millones en indemnizaciones cuando se van mientras sus resultados son malos, los banqueros que especulan sobre el volcán”.


“Presidente de los ricos” cuya retórica envuelve “un desprecio de casta”, Macron paga en los sondeos tanto los delgados resultados de su política como sus intervenciones displicentes. Con los meses ha logrado que su perfil sea el de un hombre “indolente” ante el sufrimiento social y no el del centrista extremo que arropa a todo un país. El plan contra la pobreza desplegado ahora constituye la primera ofensiva en ese campo en un momento delicado donde la caída en los sondeos de opinión, las denuncias contra varios ministros y el enfrentamiento con la prensa han enturbiado su gestión. Macron se presentó como el promotor de un “Nuevo Estado de bienestar” que busca desmontar el círculo de “la fatalidad social”. El eje de la iniciativa gira en torno a la capacitación, la infancia, la juventud, la manera de renovar los circuitos del reparto de los subsidios y, sobre todo, una idea hurtada a los socialistas (fue presentada en la campaña electoral de 2017 por el candidato socialista a la presidencia, Benoît Hamon): la instauración de una suerte de “ingreso universal de actividad”. Se trata de un subsidio aún por definirse que garantice un ingreso mínimo y ayuda sociales a todas las personas. Su plan, como casi todo lo que hace, es una pincelada del social reformismo tan defendido por los social demócratas y otra inspirada de la filosofía social de la derecha. La palabra “universal” toca el corazón de la izquierda. El hoy analista y ex director del vespertino Le Monde, Jean-Marie Colombani, comentó en los medios la “habilidad” de Macron cuando “evoca un slogan de la izquierda y una realidad que evoca reivindicaciones clásicas de la derecha”.


La situación social francesa privilegiada en comparación con sus vecinos. Por un lado, es el país del Viejo Continente que consagra más recursos que ningún otro a los respaldos sociales con un 32,1% del Producto Interno Bruto mientras que su porcentaje de pobreza llega al 13 6?%. En el seno de la Unión Europea Francia es, sin lugar a dudas, el país con políticas de redistribución e igualdad más profundas. En este contexto, la red imponente de subsidios sociales respalda a los cerca de nueve millones de personas que viven con ingresos por debajo del promedio nacional (1.150 dólares).


Como lo señaló el mandatario, su dispositivo no consiste en “ayudar a los pobres a vivir mejor en la pobreza, sino ayudarlos, acompañarlos para que salgan de ella”. En síntesis, según su idea, no se busca que sean menos pobres sino que haya menos pobres. El costo de las medidas macronistas asciende a unos 8000 millones de euros. No cambia tanto el monto sino la forma en que se encamina el problema. Por ejemplo, el ingreso universal de actividad estará condicionado por “derechos y deberes suplementarios”. Con ello se apunta a romper el círculo de la dependencia inactiva permanente en la que suelen caer muchas de las personas que se benefician con los subsidios. Ya hay en Europa un modelo de reforma semejante: hace más de diez años, tanto el ex primer ministro británico Tony Blair como el canciller alemán Gerhard Schröder emprendieron transformaciones similares con la misma mezcla de social reformismo y liberalismo atenuado. La proyección pública de “Macron presidente de los pobres” recién acaba de comenzar. El jefe del Estado aún arrastra la etiqueta de la película que el mismo diseñó como “Macron presidente de los ricos”.
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Domingo, 16 Septiembre 2018 05:44

Almagro amenazó con invadir Venezuela

Almagro viajó a Cúcuta, Colombia, para dialogar con los emigrantes venezolanos.

En respuesta, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, adelantó que denunciaría a Almagro, por lo que consideró como acciones intervencionistas. A su vez el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo en Twitter.

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ayer que no descarta una intervención militar en Venezuela, ante la crisis social y política que vive el país. En respuesta, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, adelantó que denunciaría a Almagro por lo que consideró como acciones intervencionistas. A pocas horas de conocerse las declaraciones del secretario, el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo en Twitter.


En rueda de prensa del lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, que separa la frontera con Venezuela, Almagro aseveró que no descarta ninguna opción para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. “Las acciones diplomáticas están en primer lugar, pero no se pueden descartar otras”, afirmó. Ante esas declaraciones, Rodríguez respondió que Almagro, busca revivir las peores épocas de intervención imperialista en la región. “Almagro pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas en nuestra Región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la OEA”, aseveró la vicepresidenta de Venezuela y afirmó que denunciará ante la ONU, y otras instancia internacionales, “la forma vulgar y grotesca que ostenta la dirección la Secretaría General del órgano internacional”.


El secretario de la OEA viajó ayer a la cuidad fronteriza de Cúcuta (este de Colombia) para dialogar con los miles de venezolanos que emigran a diario en búsqueda de mejores condiciones de vida. “Definitivamente el régimen de Nicolás Maduro está perpetrando crímenes de lesa humanidad contra su población, está incurriendo en violaciones de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, está impulsando un éxodo inducido”, consideró Almagro ante las preguntas de periodistas. El secretario, que estuvo acompañado en su rueda de prensa por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lamentó el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. “Un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta, incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente; en este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo”, afirmó. A renglón seguido declaró no haber visto nunca un gobierno tan inmoral que se niegue a aceptar la ayuda internacional, en medio de lo que definió como una crisis humanitaria. “Eso es absolutamente inadmisible y no lo podemos permitir, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Venezuela”, subrayó, mientras emigrantes venezolanos se acercaban a escucharlo. El secretario general de la OEA evaluó que Venezuela no es una república democrática, por lo que sugirió la inminencia de una ayuda de la comunidad internacional, en especial financiera, para contribuir a frenar el éxodo de ciudadanos a otros países de Sudamérica. “La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto, la comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado”, concluyó.


Desde la red social Twitter, el presidente de Bolivia manifestó el repudio a la sugerencia de Almagro de intervenir militarmente el país centroamericano. “Así confirma que dejó de ser secretario general de la OEA para convertirse en un agente civil del golpismo de Donald Trump. Atentar contra Venezuela es atentar contra AmericaLatina”, denunció Morales. No es la primera vez que el mandatario boliviano acusa al secretario de la OEA de coincidir con las propuestas de Trump.
Cerca de 2,3 millones de venezolanos huyeron de su país en los últimos años, según informó la ONU, que atribuyó las causas a la falta de alimentos y medicinas. La mayor parte de estos exiliados se dirigieron a Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, lo que provocó medidas proteccionistas de esos países hacia los migrantes, como por ejemplo, el pedido de pasaportes para realizar el ingreso. Además, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó que en Venezuela más de 100.000 pacientes del VIH-sida están en riesgo por falta de acceso a los medicamentos necesarios y que han vuelto enfermedades previamente erradicadas como el sarampión, la malaria, la tuberculosis y la difteria. En un intento de repatriar a sus ciudadanos exiliados, Maduro lanzó el Plan Vuelta a la Patria, con el que ya volvieron, según el gobierno, casi 3000 venezolanos en micros y aviones que salen desde los países que los alojan. Para ello, Venezuela actúa junto a la Organización Internacional para las Migraciones.

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Domingo, 16 Septiembre 2018 07:55

Cerca del golpe

Marcha organizada por el Comité de Desarrollo Campesino en Ciudad de Guatemala el 12 de setiembre exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y la renovación del mandato de la misión anticorrupción de la Onu

Cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que investiga la corrupción, persisitó en sus acusaciones contra el presidente Jimmy Morales, éste llenó las calles de militares, anunció la expulsión de la agencia de la ONU y le cerró las fronteras a su jefe. Morales ya anunció un posible quiebre institucional al declarar que no respetará una decisión de la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto su embestida contra el comisionado.

 

Seguramente no resulte sorprendente informar que en algún país centroamericano hay señales de que podría haber un nuevo golpe de Estado. En buena medida ello es el resultado de la forma rápida y habitual con la que se asocia el acontecer político de los países del istmo al vago concepto de “repúblicas bananeras”. El término, acuñado en 1904 en una novela ambientada en Honduras, describía a un pequeño país políticamente inestable cuya economía era dominada por intereses extranjeros. Aunque los historiadores renegamos de esas simplificaciones, la crisis institucional que atraviesa Guatemala actualmente habilita interpretaciones de ese tipo.


Los hechos se desencadenaron hace dos semanas, cuando el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que investiga la corrupción en el país y que ha acusado a Morales, entre otros, de cometer ese delito.


Pero las tensiones y disputas tienen, por supuesto, una historia más larga, y en ese conflicto se enfrentan dos grandes frentes claramente divididos. De un lado están el presidente junto a sus ministros, la mayoría de los diputados del Congreso, las cámaras empresariales, los gobernadores departamentales, varios medios masivos de comunicación, buena parte del Poder Judicial, el Ejército, la Asociación de Militares en retiro y la peligrosa Fundación Contra el Terrorismo, una expresión radical del anticomunismo contrainsurgente centroamericano, que en Guatemala jugó un papel destacado durante la Guerra Fría. Del otro se encuentra la CICIG –presidida por Iván Velásquez, un abogado colombiano y duro opositor de Álvaro Uribe–, el procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, numerosos periodistas, activistas de derechos humanos y defensores del ambiente, el Comité de Desarrollo Campesino y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ABOGADO NO GRATO.

Un año atrás el presidente declaró persona non grata al comisionado de la CICIG y buscó su expulsión. La Corte de Constitucionalidad, la movilización popular y la embajada de Estados Unidos detuvieron en esa ocasión tal medida. Desde entonces se libra una lucha de poderes. El objetivo del gobierno y de quienes lo sostienen ha sido extremadamente claro: deshacerse de Iván Velásquez para impedir el avance de sus investigaciones. Esto forma parte de una estrategia más amplia de recomposición de la impunidad que ha sido seriamente erosionada por una CICIG que ha obligado a un sector importante del empresariado a reconocer y pedir disculpas públicas por financiar ilícitamente a los partidos políticos.


Uno de los partidos que recibieron dinero ilegalmente durante las últimas elecciones de 2015 fue el Frente de Convergencia Nacional, del actual presidente, quien como secretario general de ese frente ocultó tal información a los organismos de contralor correspondientes. Cuando se pidió una vez más su desafuero, a los efectos de continuar las investigaciones, el presidente Morales descargó una vez más su furia contra la comisión.

PUESTA EN ESCENA.


Fue el pasado viernes 31 de agosto que el presidente Morales anunció por televisión que había notificado al secretario general de la ONU que no renovaría el mandato de la CICIG en Guatemala. Sus argumentos no sorprendieron: acusó a la comisión de practicar una “persecución penal selectiva”con un “sesgo ideológico evidente” que la llevó a sembrar el “terror judicial en Guatemala”. De hecho, sostuvo que dicha “justicia selectiva” fue empleada para “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. Lo que sí sorprendió fue la cuidada puesta en escena de la alocución: para su breve y por momentos mal leído discurso, el otrora actor de televisión decidió acompañarse de 60 militares y policías, además de autoridades de su gobierno. Y paralelamente, mientras el anuncio era trasmitido, tropas del Ejército guatemalteco, helicópteros y jeepsrodearon la sede de la CICIG y tomaron las calles. La detención de Velásquez parecía inminente, ya que su nombre, el del procurador de Derechos Humanos, y los de varios periodistas y profesores universitarios circularon profusamente como algunos de los instigadores del supuesto proceso de desestabilización nacional que denunciaba el gobierno. En respuesta al escenario que se instaló en las calles, comenzó a circular en las redes sociales una foto fechada en 1982, de cuando el general –y más tarde genocida– Efraín Ríos Montt se hizo con el poder en el país.


Los hechos no terminaron en eso: pocos días más tarde, aprovechando un viaje de trabajo ya planificado del jefe de la CICIG a Estados Unidos, el presidente Morales cursó una orden a los puestos fronterizos para impedir el regreso del colombiano a Guatemala.

CON EL APOYO DE WASHINGTON.

La historia de la región obliga a considerar el siempre activo y protagónico papel de Estados Unidos en Guatemala. Aquel país es uno de los garantes y promotores financieros de la labor de la CICIG, y en febrero de este año el embajador estadounidense se fotografió con Velásquez posando junto a un cartel de apoyo a la comisión. El espaldarazo era necesario y llegaba en un momento crucial: cuando Morales viajaba a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump. La agenda del encuentro fue secreta, aunque sí trascendió el agradecimiento del mandatario estadounidense por el traslado a Jerusalén de la embajada de Guatemala en Israel.


La reacción del secretario de Estado, Mike Pompeo, ante la decisión de Morales de poner fin al trabajo de la comisión de la ONU en Guatemala indicaría que en ese encuentro el mandatario guatemalteco habría obtenido luz verde de la Casa Blanca para quitarse de encima al jefe de la CICIG. Pompeo coincidió con la interpretación de Morales al expresar que es necesario respetar la soberanía guatemalteca y bregar de ahora en adelante por una CICIG “reformada”.


Morales agradeció públicamente las manifestaciones de Pompeo, pero aún está pendiente de la resolución de un fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre un recurso de amparo que busca dejar sin efecto la decisión de impedir el retorno de Velásquez al país. Y he aquí el riesgo de un inminente quiebre institucional, pues Morales ha adelantado que no respetará pronunciamientos de la Corte que él considere “ilegales”.

 

CRECIENTE HOSTILIDAD.


En Guatemala se vive un polarizado y creciente clima de hostilidad hacia el mandatario y sus funcionarios. Las movilizaciones se suceden y las expresiones de rechazo día a día se generalizan, trascendiendo ampliamente a la capital del país. Sostenidos cortes de rutas y movilizaciones de miles de personas, en su mayoría indígenas, confluyen en torno a dos objetivos: la renuncia del presidente y su gabinete; y evitar que se trabe la labor de la CICIG. En el horizonte de las reivindicaciones también aparece –aunque en un mediano plazo– la necesidad de un conjunto de reformas profundas en el sistema de partidos y una nueva Constitución en la que se vean expresados y garantizados los derechos de las grandes mayorías.


En el contexto de las movilizaciones que nutren desde hace tiempo las expresiones populares a favor de estos cambios políticos, merece destacarse la “recuperación”, el año pasado, por los jóvenes universitarios, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tras un largo período de cooptación estatal. Desde setiembre del año pasado la secretaria general de esa asociación es la estudiante Lenina García, la primera mujer en ocupar el cargo, un hecho particularmente relevante en una sociedad que presenta números alarmantes de violencia de género. Días atrás, una multitudinaria asamblea estudiantil presidida por García exigió que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala declarase no gratos al presidente y al vicepresidente de la república, Jafeth Cabrera Franco –este último ex rector de dicha casa de estudios superiores–. El martes pasado, pese a un amenazante despliegue militar, la universidad respaldó esa exigencia estudiantil.

 

Por Roberto García
14 septiembre,

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Domingo, 16 Septiembre 2018 07:50

Espadas sobre la cabeza de Maduro

Nicolás Maduro junto al general en jefe, Vladimir Padrino, quien ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza / Foto: Afp, Juan Barreto

El espectro de una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro sobrevuela Venezuela, en la forma de una sublevación militar animada por Washington, de un atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque de fuerzas extranjeras. Un artículo en “The New York Times” reveló reuniones de militares disidentes venezolanos con diplomáticos de Estados Unidos.

 

Después de que en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, en una de sus declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”, militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro contactaron a responsables de Estados Unidos para solicitar ayuda concreta para sus propósitos.
Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 oficiales.


Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.


El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense como evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.


Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de Venezuela amplían un panorama de disidencia militar y búsqueda de deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio gobierno.


El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y promociones –oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas del Estado– de los más leales. Para la oposición política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.


GOLPES FRUSTRADOS.


El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.


Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas también abortaron el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002. Los actuales dirigentes venezolanos conocen muy bien la importancia de desmontar cualquier disidencia en ese nivel castrense.


Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave para el combate en el centro-norte del país.


También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.


El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición, cuyo registro oficial ha sido cancelado. Hubo una abstención récord, de más del 50 por ciento, en los comicios presidenciales. Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún jefe militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses finales de 2017 y primeros de 2018.


La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron “detenidos secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes.


El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


ATENTADO CON DRON.


El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido detenido y luego torturado, y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que el gobierno no reconoce), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partido centrista Primero Justicia.


En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos en su contra.


DESCONTENTO Y LEALTAD.

En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de Maduro. “La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender ninguna misión. Hay casi 2 mil generales, más generales que coroneles. La pirámide está invertida. Y todo el mundo desconfía de todo el mundo”, según Alcalá.


El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX latinoamericano. En Venezuela, que vive la mayor hiperinflación conocida en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios esenciales, más impuestos, multiplicación por 35 del salario mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y un enfermero, un teniente y un general…


El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de Maduro. Ya hace meses, los miles de oficiales firmaron un compromiso público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.


Otro componente en este juego de poder son los mecanismos de control derivados de una zonificación en regiones militares, acompañada de una integración de esfuerzos en una sola fuerza armada con cinco componentes: Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional y Milicia, esta última integrada principalmente por personas de más de 40 años. Detractores del gobierno sostienen que en todo el cuerpo castrense actúan agentes de inteligencia cubanos que trabajan para información y asesoría del “alto mando político-militar de la revolución”, una instancia a veces referida por el presidente Maduro.


UNA RADIO, POR FAVOR.


El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados, pues necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien “creer que un golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por parte de Estados Unidos es un chiste, por decir lo menos”.


El “detalle” nutrió también la posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: Estados Unidos “no debería estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la intervención”.


Sube el tono

Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como “número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del “ala militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Onu. Haley acusó a Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que“Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia”.
El senador republicano Marco Rubio, considerado un influyente consejero de Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia”; en julio expuso que “siempre he apostado a una salida pacífica y no militar para Venezuela, pero las circunstancias han cambiado. Les dije a mis colegas que Trump no avisará si decide actuar contra Nicolás Maduro”, y más recientemente aseveró que “el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región e incluso de Estados Unidos”. La “amenaza a la seguridad estadounidense” ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos de Washington.


Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”, en su criterio “Estados Unidos es el primero en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino” para encarar el tema venezolano.


Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia…

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“Minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad”

Es dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y candidato del Partido Socialismo y Libertad, la formación más a la izquierda del espectro político brasileño nacional. A pesar de no poder aspirar al cargo de presidente (tiene una intención de votos en torno al 1 por ciento), Guilherme Boulos prometió que un gobierno suyo indultaría al encarcelado ex presidente Lula. Respondió a preguntas de Brecha1 sobre su respaldo y críticas al PT.

 

A los 20 años comenzó su militancia en el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (Mtst). Es miembro de la Coordinación Nacional de dicha organización, pero sobre todo se habla hoy de Guilherme Boulos en Brasil como el candidato presidencial más joven de las próximas elecciones, el 7 de octubre. En ellas representará al Partido Socialismo y Libertad (Psol), que fue creado por una escisión del Partido de los Trabajadores, y al que pertenecía la concejala y militante feminista asesinada Marielle Franco.


Además de ser activista, Boulos es profesor y escritor, graduado en filosofía, especializado en psicología clínica y tiene una maestría en psiquiatría. Es la primera vez que se presenta a un cargo electivo y lo hace en fórmula con la activista indígena Sônia Bone Guajajara.


—¿Cuál es su lectura del actual mapa político-electoral de Brasil?


—La elección se produce dos años después de que Michel Temer y sus aliados empujaron al país a una profunda crisis económica, social y de esperanza. Este grupo, cuya agenda no fue refrendada por la población en las elecciones de 2014, se metió con el derecho de los trabajadores, congeló las inversiones en educación y salud por 20 años, y generó 14 millones de desempleados. Con estas y otras medidas desastrosas contribuyeron a la profundización de la incredulidad popular en la política y en los políticos. En este escenario de inestabilidad, reforzaron la persecución al ex presidente Lula pues sabían de la dificultad que tendrían para vencerlo en las urnas. El proceso que lo condenó, según observó incluso la Onu, está lleno de ilegalidades, empezando por el simple hecho de que no existen pruebas concretas. El caso del tríplex (en el que Lula fue condenado por haber recibido de la constructora Oas un apartamento de lujo en el balneario brasileño de Guarujá) es extremadamente frágil y no cumple con los mínimos requisitos jurídicos, al punto de que los fiscales, al presentar el caso, destacaron su “convicción”, en detrimento de las pruebas que no presentaron. Lamentablemente, lo que estamos viendo es un Poder Judicial partidario. Esto quedó más que patente en el apuro que tuvo en condenar a Lula para impedir su candidatura, más aun si lo comparamos con el trato que se le dio a políticos de otros partidos que, incluso con muchas pruebas en su contra, no fueron ni acusados. Perdieron tanto la democracia como el pueblo brasileño.


—¿Cuál ha sido la relación de los movimientos sociales brasileños, de los que usted proviene, con los gobiernos del PT?


—Hubo mayor apertura que con otros gobiernos, pero también límites. El principal fue la insistencia en la “política de consenso”, que evitó la ruptura con las estructuras tradicionales. Los avances, desde el punto de vista de los programas sociales, de acceso al consumo de los más pobres, de reorientación del presupuesto con mayor inversión social, son innegables y los defendimos antes y ahora en la elección. Pero también fueron insuficientes, porque no alteraron la relación de fuerzas. Esconder o minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad y crea la idea de que todo ascenso es individual, y no fruto de un proceso de disputa política. Es tarea de los movimientos sociales exponer y combatir esa lógica.


—Usted es el candidato presidencial del Psol, un partido creado por desencantados del PT. Por otro lado, Lula expresó públicamente el apoyo a su candidatura. ¿Cuál es su opinión sobre el PT y el manejo del Lava Jato? ¿Cuál es la relación del Psol con el PT?


—Tengo mucha admiración por la trayectoria del ex presidente Lula y es innegable que Brasil avanzó mucho durante los años de gobierno del PT. Sin embargo, tanto mi partido como yo tenemos críticas hacia la política conciliadora de alianzas que el PT promueve hasta hoy, asociándose a sectores ultraconservadores y partidos “fisiológicos” (expresión brasileña para referirse a los partidos que sólo buscan cargos políticos), como el Movimiento Democrático Brasileño (Mdb, el partido del presidente Michel Temer) y los de “centro”. Incluso después del golpe (N de E: se refiere al juicio político con el que el Congreso depuso a la presidenta petista Dilma Rousseff y le entregó la presidencia a Temer), el ahora candidato del PT, Fernando Haddad, subió a un escenario con miembros del Mdb. Para nosotros, esto es inadmisible. Demuestra que no aprendieron nada con el golpe de 2016. El PT, a pesar de haber tenido la oportunidad, no enfrentó temas esenciales como la reforma política, la democratización de los medios de comunicación, la reforma tributaria y el combate a los privilegios. Son críticas que yo, como miembro del Mtst, así como el Psol, hemos hecho públicamente desde hace algún tiempo. Es, incluso, con base en esa insatisfacción que el Psol se creó y consolidó.


—Usted ha afirmado que la desigualdad social es el principal problema en Brasil. ¿Cómo se visibiliza como un problema y cómo se enfrenta?


—Es necesario, por encima de todo, voluntad política. Brasil es el país con la mayor concentración de ingresos en el mundo: el 30 por ciento está en manos de sólo el 1 por ciento, según la encuesta Desigualdad Mundial 2018. La riqueza de los seis principales multimillonarios brasileños equivale a la de los 100 millones más pobres. La renta mensual del 0,1 por ciento más rico equivale a 19 años de trabajo para un trabajador con salario mínimo. Todos estos datos alarmantes demuestran que el abismo social es profundo en nuestras ciudades y en el campo. Lo vemos también cuando analizamos la falta de acceso a derechos básicos como vivienda, educación, salud y saneamiento. El Estado no puede seguir manteniendo los privilegios de esa elite y hay varias tareas por cumplir. Una es acabar con la “bolsa (subvención)empresarial” que representan las exoneraciones fiscales a las grandes empresas y que sólo este año ascendieron a 288.000 millones de reales (69.000 millones de dólares). Nuestro programa también prevé el fin a la “fiesta de los bancos”, reduciendo los intereses y promoviendo la regulación del flujo de capitales especulativos. Proponemos también una reforma tributaria progresiva, con aumentos de los impuestos a la renta, al patrimonio, las ganancias y los dividendos.


—¿Es posible hacer una reforma tributaria en Brasil? ¿Cuáles serían sus principales elementos?


—El sistema tributario brasileño es una de las principales expresiones de la desigualdad social brasileña. Para dar algunos ejemplos: quien tiene un automóvil debe pagar un impuesto anual (el Ipva), mientras que los dueños de yates y jets no pagan ni un real. Puede parecer improbable, pero hoy un profesor universitario paga la misma parte alícuota que Neymar. Esta tasa, extremadamente asimétrica, hace que las clases baja y media sostengan el aparato estatal, mientras que los súper ricos no pagan o pagan muy poco en impuestos. Es posible hacer una reforma tributaria progresiva, con un aumento de la imposición sobre la renta, el patrimonio, las ganancias y los dividendos. Nuestro objetivo es simple: hacer que quien tenga más, pague más, y quien tenga menos, pague menos. Tenemos que gravar la renta y el patrimonio para crear condiciones con el fin de reducir gradualmente la tributación sobre el consumo y la producción. Vamos a aplicar el impuesto sobre las grandes fortunas (Igf), un tributo ya previsto en la Constitución brasileña. También, crear una nueva franja de impuesto a la renta. Finalmente, volveríamos a introducir el impuesto a las ganancias y los dividendos, que se dejó de cobrar bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.


—Usted es uno de los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, ¿cómo describe el problema de la vivienda en Brasil?


—El problema de la vivienda en Brasil está atravesado por la enorme concentración de riquezas en manos de unos pocos, y se manifiesta tanto en las ciudades como en el campo. Los datos del último censo agropecuario mostraron el aumento de la concentración de tierras rurales; la mitad de la tierra agrícola son latifundios. No es diferente en las ciudades: en San Pablo, por ejemplo, el 25 por ciento de los inmuebles está en manos del 1 por ciento de los propietarios. Hay más de seis millones de familias sin hogar en Brasil y más de siete millones de inmuebles ociosos. Es decir que hay más casas sin gente que gente sin hogar. Si además se toma en cuenta la falta de infraestructura y de servicios en los barrios, la situación resulta peor. La Constitución brasileña asegura tanto el derecho a la vivienda como la función social de la propiedad, e ilegaliza todas aquellas que estén ociosas, vacías o abandonadas. Los mecanismos para expropiar y recalificar esos inmuebles ya están previstos en el Estatuto de la Ciudad, de 2001. Pero en Brasil las leyes que no se cumplen son aquellas que favorecen a la mayor parte del pueblo.


—Existe una gran dispersión en la oferta electoral y ningún candidato tendría mayorías para gobernar. ¿Cómo se asegura la gobernabilidad del que resulte electo? ¿Con quiénes podrían establecer alianzas poselectorales?


—No podemos seguir apostando al modelo de gobernabilidad de canje de votos en el Congreso por cargos en el Ejecutivo o favores. La política no puede ser un mostrador de negocios. El Mdb es uno de los principales ejemplos de esa forma de hacer política, pues estuvo en todos los gobiernos sin haber sido nunca elegido. Vamos a construir nuestra gobernabilidad con la población, haciendo consultas populares, como plebiscitos y referendos, y alentando la formación de consejos comunitarios para aproximar las decisiones nacionales a los ciudadanos. Esta herramienta está prevista en la Constitución, pero desgraciadamente se utilizó sólo dos veces desde 1988.


1. Esta entrevista fue hecha por email.

 

Por Alejandro Ferrari
14 septiembre,

 

 

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El jefe de campaña de Trump se declaró culpable

Manafort firmó un acuerdo de cooperación con Mueller para reducir los cargos que surgieron del trabajo no declarado que realizó como consultor para las fuerzas políticas pro rusas en Ucrania por el que recibió pagos millonarios.

 

Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, se declaró ayer culpable en un nuevo juicio en su contra, después de haber sido condenado por fraude fiscal, informaron ayer medios locales.


El asesor político Rick Gates se declaró culpable el pasado febrero de los delitos de conspiración y mentir al FBI, y decidió cooperar con Mueller. Es algo que también hicieron el exconsejero de seguridad nacional Michael Flynn, y el exasesor electoral George Papadopoulos, quien trató de concertar una cita entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Papadopou

los fue condenado el pasado viernes a 14 días de prisión por mentir al FBI sobre sus contactos con intermediarios rusos durante la campaña electoral de 2016.
Un representante de la parte demandante aseguró que Manafort firmó un acuerdo para cooperar con el asesor especial Robert S. Mueller III como parte de un trato en el que se declaró culpable para reducir los cargos que surgieron del trabajo que realizó como consultor para las fuerzas políticas pro rusas en Ucrania sin haberlo declarado. Los ingresos obtenidos por ese trabajo, de varios millones de dólares, fueron lavados a través de varias empresas dentro y fuera de EstadosUnidos, indicó la demanda.


A primera hora de la mañana de ayer, el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, registró un nuevo escrito de acusación contra Manafort de un delito de conspiración contra Estados Unidos por fraude y otro de conspiración para obstruir la Justicia, de acuerdo a documentos judiciales, de los que se declaró culpable.
El exasesor de Trump, acusado de delitos que podrían acarrearle pasar el resto de su vida en prisión, alcanzó así un acuerdo con la Fiscalía especial de la trama rusa en busca de una reducción de la condena final.


Poco después, la fiscalía anunció que el juez había cambiado el motivo de una audiencia sobre el caso prevista esta mañana, pasando de ser preparatoria del juicio del 24 de septiembre a versar sobre un acuerdo entre ambas partes.


Al declararse culpable Manafort cambia su estrategia judicial y aumenta los riesgos para Trump, que lo ha defendido y elogió porque no se declaró culpable inicialmente aunque también ha tratado de minimizar su papel en la campaña electoral. La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar y desvinculó a Trump de la causa de Manafort. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el presidente o con su exitosa campaña presidencial de 2016. No está relacionado en absoluto”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.


Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de Inteligencia acusan de interferir en los comicios de 2016.


Manafort supuestamente trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), y para oligarcas rusos, a los que ayudó a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo a las autoridades, lo que constituye un crimen.
El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre marzo y agosto de 2016 en la campaña de Trump, donde llegó a ser el jefe hasta que se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones procedentes de Yanukóvich.


De los 32 imputados por Mueller, Manafort es el que tiene los lazos más estrechos entre el entorno de Trump y Rusia que tanto interesa al fiscal especial. Su principal objetivo es determinar si hubo algún tipo de coordinación entre la campaña del republicano y la sofisticada estrategia de piratas informáticos y espías rusos para ayudar a Trump a ser presidente mediante la difusión de propaganda e información robada al Partido Demócrata.


Manafort dirigió entre junio y agosto de 2016 la campaña de Trump y estuvo presente en el congreso del Partido Republicano en el que fue nominado el hoy presidente. En sus cinco meses como jefe de campaña de Trump, incluida la convención republicana en la que fue designado candidato a la Casa Blanca, Manafort tuvo contacto con varios oligarcas cercanos al Kremlin. Y participó en la misteriosa reunión de junio de 2016, a cinco meses de los comicios, que mantuvieron miembros de la campaña de Trump con una letrada rusa que les había ofrecido material comprometedor sobre su rival electoral, Hillary Clinton.

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El paradero desconocido de líderes de las FARC despierta la preocupación en Colombia


La justicia para la paz exige conocer las actividades de Iván Márquez y otros miembros de la cúpula de la exguerrilla


El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.


El requerimiento está relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a Márquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.


La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.


Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí".


En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.


El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.


En busca de Iván Márquez


Una comisión de senadores –entre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo– viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporación, el de Miravalle en San Vicente del Caguán, para revisar el estado de la implementación e indagar en particular por el paradero de Iván Márquez y Hernán Velázquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidió públicamente que "se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situación de incertidumbre".


Los testimonios recogidos, explicó por su parte el senador Roy Barreras –un férreo defensor del acuerdo que incluso viajó a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno–, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad física, jurídica y económica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posición de Fiscalía y la DEA. Tanto Márquez como El Paisa, según versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.


Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupación, el caso de Iván Márquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro años de diálogos en La Habana y su liderazgo en la FARC competía con el de Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido. Márquez –cuyo verdadero nombre es Luciano Marín–, renunció al escaño como senador que la garantizaba el acuerdo y se internó en Miravalle tras la captura de Jesús Sántrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. El sobrino de Márquez, Marlon Marín, es informante de la DEA en el caso de Sántrich, aunque la Fiscalía colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.


Otros dos de los líderes de las FARC de los que se temía se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Romaña- y Fabián Ramírez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque también hicieron reclamos sobre la implementación. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de Márquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.

Bogotá 13 SEP 2018 - 16:18 COT

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Viernes, 14 Septiembre 2018 06:23

Crisis sin salida del gobierno Macri

Crisis sin salida del gobierno Macri

La crisis económica y política provocada por la presión de los especuladores financieros sobre la cotización del dólar, ha llevado a numerosos analistas y a una parte de la población a comparar la situación actual con la de 2001. Aquella crisis fenomenal provocó una revuelta que estalló el 19 y 20 de diciembre, coronando un ciclo de luchas que se prolongaba desde 1997 y tenía a los desocupados (piqueteros) como principales protagonistas.

La revuelta, o pueblada, o levantamiento forzó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa que debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero mientras la policía disparaba fuego real para contener a los manifestantes. Fue el fin de un ciclo neoliberal privatizador que dio paso a un ciclo progresista.

En lo personal, comparto el deseo de muchos argentinos de que hechos similares vuelvan a repetirse para poner fin al insoportable gobierno de Macri. No es un deseo utópico. Se apoya en la experiencia viva de los trabajadores argentinos a lo largo del siglo XX, en el que protagonizaron insurrecciones, levantamientos y puebladas desde la Semana Roja de 1909. Las dos acciones populares más importantes fueron el 17 de octubre de 1945, que desarticuló a la oligarquía agro-ganadera, y el Cordobazo del 29-30 de marzo de 1969, cuando los obreros y los estudiantes de la ciudad industrial derrotaron a la policía en una fenomenal batalla callejera que forzó la intervención del ejército pero colocó a la defensiva a la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Para hacerse una idea del peso de los levantamientos populares en el imaginario de los argentinos, vale recordar que entre mayo de 1969 y octubre de 1972 hubo por lo menos 15 desbordes desde abajo en una decena de ciudades (Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza, Corrientes y Tucumán, entre otras), en los que hubo numerosos combates callejeros y se tomaron e incendiaron dependencias estatales, incluyendo algunos asaltos masivos a comisarías policiales.

Sin embargo, creo que más allá de los deseos se han registrado por lo menos tres cambios de fondo que pueden neutralizar –aunque no invalidar– esta historia de protagonismos populares y que harán muy difícil que vuelvan a repetirse ese tipo de levantamientos.

La primera son los cambios en las clases medias, que sienten repulsión por el "pueblo" y apuestan al bienestar individual (goo.gl/JkY8aH). Cambios en la conciencia, en el comportamiento cotidiano y en las opciones políticas. El rechazo al kirchnerismo manifiesta un rechazo a los pobres, que no es nuevo en la historia argentina. Ahora los sectores medios han encontrado en el consumismo un modo de vida que los diferencia de los sectores populares. Apelan a un orden impuesto desde arriba y tienden a separarse cada vez más de los que sufren la crisis, salvo en algunas iniciativas como la despenalización del aborto.

La segunda es el perfeccionamiento de los aparatos represivos, muy visible en las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. En aquellas jornadas la represión fue muy fuerte, quizá la más brutal y masiva desde diciembre de 2001. Hubo cientos de heridos y detenidos, pero no hubo muertos. Creo que este es un punto importante porque muestra un aprendizaje del aparato represivo respecto de 2001, cuando el asesinato de manifestantes enardeció la calle. Esto va en paralelo con la masificación: en 20 años la policía bonaerense duplicó sus efectivos, de 45 a 100 mil uniformados.

La tercera es que las bases sociales de los movimientos están atrapadas ("contenidas", dicen los gobiernos) por una red de políticas sociales de control ("protección", dicen ellos). En el anterior ciclo de luchas (1997-2002), los pobres sólo contaban con sus familias y vecinos, y activaron esas solidaridades erigiendo potentes movimientos. Esa fue la clave del primer levantamiento posterior a la centralidad de la clase obrera industrial. Hoy el Estado paga 8 millones de asignaciones mensuales, entre familiares y universales por hijo, a 20 por ciento de la población.

Las clases dominantes renunciaron a la hegemonía y apuestan a dominar con una combinación de coerción y domesticación, abusando del marketing político. "La represión causa beneplácito en el sector de la sociedad a la cual considera su clientela y en sectores que cree que pueden llegar a convertirse en su clientela", señala el periodista Ricardo Ragendorfer (goo.gl/dPJwkA).

Esto es nuevo en Argentina, porque incluye a camadas de los sectores populares que casi siempre tuvieron una actitud anti-represiva. Un cambio tributario del modelo extractivista: esos jóvenes no tienen futuro, ni la menor esperanza de conseguir un empleo decente. Los adultos temen a los jóvenes que no estudian ni trabajan, ya que los consideran delincuentes reales o potenciales, y no condenan ni la represión, ni los feminicidios.

Pero esa juventud es el futuro. Los que no tienen nada que perder. O se los disputamos al narco y al sistema, o los que no tendremos futuro seremos los anticapitalistas.

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Viernes, 14 Septiembre 2018 06:10

La izquierda en el límite

La izquierda en el límite

En la pasada década, en diversas partes del mundo, la izquierda ha emprendido múltiples y disímbolos intentos por figurar el enigma de cómo gobernar en tiempos tan inclementes. Tiempos cifrados por las secuelas de lo más cercano (que nos ha tocado vivir) a una depresión (la crisis financiera de 2008), por el ascenso de las versiones más exóticas (e inalienables) de la derecha (Trump, Rajoy, Temer…), por la restauración (casi en copycat) de los mecanismos que llevaron a la propia crisis y por el súbito giro, en los años recientes, que recomienda amurallar mercados y naciones. Un recorrido más detallado por cada una de estas experiencias mostraría las gigantescas dificultades para hacer política de izquierda desde los andamiajes del Estado, cuando éste representa hoy la zona más acosada y disputada por los poderes globales. Toda la retórica conservadora sobre el Estado como sitio de la degradación, la inoperancia, los excesos y el dispendio no hace más que ocultar que, por debajo de la mesa –y a veces no tan debajo–, esos poderes han hecho del Estado su principal fuente de ingresos y utilidades –mediante el endeudamiento–, su guardián policiaco –para garantizar el extractivismo y las obras de estructura– y su niñera o su pastor –como una metáfora medieval– de almas y cuerpos de poblaciones que viven siempre bajo el azoro de la criminalidad.


De esta breve y reciente historia de la izquierda quedan éxitos inesperados –casi nunca reconocidos–, repliegues forzados, caídas bruscas, fracasos abismales (y hasta fatales) y catástrofes –como la tragedia de Nicaragua–. Pero sobre todo: intentos apenas advertidos por desarrollar estrategias impensadas –inverosímiles hace pocos años– para hacer de la vida cotidiana algo menos inclemente en tiempos tan bizarros. Y acaso es este límite el que fija sus máximas expectativas en la actualidad. Enumero sólo unas cuantas estaciones de este pasado reciente.


Brasil, el caso más paradigmático. Bajo los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil acabó por consolidarse como una asombrosa subpotencia, la única en América Latina. Nadie se los puede negar. Gobiernos siempre realistas, enfrascados frecuentemente en alianzas descorazonadoras (basta con recordar que Michel Temer fungió como vicepresidente de Dilma Rousseff) que hicieron posible hacer frente al desafío número uno de cualquier orientación de izquierda en la actualidad: propiciaron un veloz crecimiento durante años –hasta que llegó la crisis de 2015. Sólo así, bajo condiciones de maduración, fue posible emplear estrategias sociales destinadas a hacer un poco menos pobre la pobreza. Sin crecimiento, intentar distribuir el ingreso conduce a la locura. ¿La clave brasileña?: no permitir la escalada del endeudamiento. Tal vez, el desafío más complejo de la actualidad. No hay nada que prenda más los focos rojos en el mundo global que un Estado que renuncia a endeudarse. La razón es sencilla: hoy no es necesario bloquear naciones, basta con cortarles el suministro de préstamos. En el primer momento en que el gobierno del PT mostró una debilidad, comenzó la cacería de los halcones bancarios. Fue el momento del desafuero de Dilma. Pero la respuesta del PT, lejos de enfrentar la crisis con violencia –como en el caso de Nicaragua– siguió los compromisos de las instituciones que él mismo ayudó a forjar. Nunca hay que despreciar la distinción entre una izquierda democrática y una autoritaria y clientelar, si se quiere entender a la izquierda en general.


Portugal, la sociedad manda. Bajo la coalición de Antonio Costa, Portugal parece haber sorteado muchos de sus dilemas tradicionales. Se ha convertido en un centro tecnológico, una economía próspera y una sociedad cada vez menos desigual. La fórmula ha sido distinta a la brasileña: situar al Estado como un soporte de la sociedad y entregar a ésta toda la iniciativa. Tal vez sea la fórmula idónea para el siglo XXI.


Grecia, la zona de la ambigüedad. La mayoría de los analistas apuntan que abandonar el euro habría sido la mejor opción para el país mediterráneo. La sociedad griega no se recobra, la degradación de la vida continúa, la vida precaria se extiende. Y sin embargo, Tziriza, al que hace algunos años se acusó de capitulación, ha logrado tranquilizar a la angustia europea. Todo a costa de su propia identidad. ¿Valió la pena? Si no hay condiciones para realizar el mínimo de una estrategia de izquierda, ¿por qué no dejar que gobierne el centro? Un síndrome de las franjas políticas de este ámbito es no reconocer el momento en el que hay que replegarse. Esta ambición no mata, pero termina con cualquier identidad.


Uruguay, un caso singular. Nadie más exitoso que el Frente Amplio que gobierna desde Montevideo. La fórmula ha sido insertar a las inversiones extranjeras estrictamente en el mundo productivo –y contener su paso en la esfera financiera. Inversiones de riesgos calculables, ecológica y socialmente ecuánimes, sobre todo en el desarrollo de la infraestructura.


Todas estas fórmulas pasan por una y la misma pregunta: cómo domesticar a las fuerzas globales y mantener, en casa, un Estado disciplinado.

 

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Hay 12 mil 800 menores migrantes en detención, cifra sin precedente en EU

La detención de niños migrantes alcanzó índices jamás vistos: 2 mil 400 menores estaban detenidos en mayo de 2017, cifra que subió a 12 mil 800 este mes, informó este lunes el diario The New York Times.

El incremento que ha puesto a prueba la capacidad de los refugios, no se debe al aumento de menores entrando por la frontera, sino a una reducción en el número de infantes que son liberados, sugiere una investigación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Trabajadores sociales aseguran que el cuello de botella está poniendo demasiada tensión lo mismo en los menores migrantes que en el sistema que cuida de ellos.

Actualmente, los refugios operan a 90 por ciento de su capacidad; en mayo de 2017 operaban a 30 por ciento.

Muchos cruzaron la frontera sin sus padres y fueron enviados a más de 100 refugios distribuidos principalmente en el suroeste de Estados Unidos.

Los datos recopilados y reportados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos al Congreso dan cuenta de que a pesar de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para desalentar la migración de centroamericanos, no ha variado el flujo de menores que cruzan la frontera; la única diferencia es que ahora menos familiares y responsables de los menores acuden para hacerse cargo de ellos por miedo a la estricta aplicación de las leyes migratorias, derivada de la política de tolerancia cero dispuesta por Trump.

En tanto, la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), advirtió en un informe publicado este miércoles que el muro que la administración de Trump pretende construir en la frontera con México aumentará la cifra de muertes de indocumentados, pero no reducirá el flujo migratorio.

En el informe Muerte, daño, fracaso: Impactos pasados y futuros de los muros en la frontera México-Estados Unidos, la ACLU destacó que la construcción de más bardas fronterizas "sería un tremendo derroche de dólares provenientes de los impuestos, agravaría el daño a las comunidades vecinas y al medio ambiente, y aumentaría la tasa anual de muertes de migrantes".

En tanto, el senador Jeff Merkley, de Oregon, dio a conocer documentos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que muestran que la administración Trump desvió 9.8 millones de dólares de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias hacia la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas para incrementar la detención de migrantes.

El senador Merkley calificó el hecho de "escandaloso", y añadió "no fue suficiente con separar a miles de menores de sus padres, el gobierno eligió pagar por este horrendo programa a cambio de disminuir su capacidad de respuesta ante la devastadora temporada de huracanes que se avecina".

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