No extradición de Santrich y renuncia del Fiscal

La Justicia Especial para la Paz —JEP—, como lo esperaba la mayor parte de los colombianos, decidió no conceder la extradición de Jesús Santrich, porque ese tribunal no encontró los elementos jurídico-probatorios suficientes para conceder la petición hecha por una corte de los Estados Unidos.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en show mediático del 9 de abril de 2018, salió a decir que tenía “pruebas contundentes”, que vinculaban al exnegociador de las Farc en La Habana, con el envío de diez toneladas de cocaína a los Estados Unidos, después de la fecha en que se habían firmado los Acuerdos de Paz entre el gobierno y esa guerrilla. Los juristas y legos en la materia, se quedaron esperando esas pruebas porque el jefe del ente acusador jamás las presentó.

Comoquiera que la JEP no encontró las pruebas que el Fiscal decía tener, ofició a la justicia estadounidense para que se las hiciera llegar. Después de que la carta de solicitud de pruebas durara extraviada más de cuarenta días, la justicia especializada de Colombia insistió en su requerimiento. Pero la justicia norteamericana contestó que no tenía por qué enviar pruebas toda vez que en una política de colaboración entre los dos Estados, Colombia debía aceptar como un dogma lo que USA en su infinita sabiduría ordenara. Hasta ahí los antecedentes del asunto.

El fallo

Pese a todas las presiones que los magistrados de la JEP recibieron por parte del gobierno Duque, del Fiscal Martínez, del Congreso —como se recordará a la presidente Linares la abrieron investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara— y de los medios de comunicación, lo que los más desprevenidos ciudadanos esperaban era un fallo de esta estirpe: no conceder la extradición y ordenar la libertad de Jesús Santrich, por considerar que estaba detenido sin sustento jurídico.

Para quienes conocen la historia política de Colombia, no es extraño ver la manera como reaccionó la cúpula del establecimiento ante el fallo de no extradición. En efecto, las élites de la oligarquía han gobernado aferradas siempre a un hilo conductor caracterizado por tres verbos: excluir-reprimir-exterminar. Para las oligarquías las vías legales están negadas. Por eso, han contestado con violencia al fallo de la JEP. Es una alharaca apresurada, pues se trata de una decisión de primera instancia que bien podría ser revocada por la segunda. El procedimiento legal en vez de la violencia es, pues, el recurso de apelación como lo ha hecho el Procurador General de la Nación.

Al Fiscal Martínez se le apareció la Virgen

La renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, es el hecho más grosero contra la institucionalidad, al promover el desconocimiento de un fallo judicial. El mensaje que le envía a la opinión pública y a la comunidad internacional, que siempre ha apoyado el proceso de paz y la JEP, como herramienta más eficaz de aquel, es el siguiente: “Como la JEP no hace lo que Estados Unidos, el gobierno Duque y yo le pedimos, entonces pateo las instituciones y me voy”.

En realidad el fallo de la JEP fue para Martínez la gran disculpa para renunciar. En los círculos judiciales se venía rumorando que la Corte Suprema de Justicia le pediría la renuncia debido al alto grado de ilegitimidad en el que se encontraba desde el mismo momento en que fue elegido. De ahí, que la decisión de la JEP, adversa al querer de los Estados Unidos, del Fiscal y del propio gobierno Duque, fue para Martínez una bendición. En su carta de renuncia el jefe del ente acusador presenta como argumentos un sartal de mentiras: que el fallo de la JEP viola la Constitución, que avala el maridaje que existe entre narcotráfico y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, y que vuelve trizas la cooperación internacional contra el delito. Ante tan falsas motivaciones bien valdría la pena preguntarle a Martínez, ¿qué hará el día en que la segunda instancia revoque el fallo y ordene la extradición de Santrich? ¿Dirá que retira su renuncia y se reincorpora al cargo?

El presidente Duque, especializado en ir siempre en contravía del sentido común, muy tarde en la noche de este 15 de mayo, declaró en un video que hizo llegar a los medios, que lamentaba la renuncia del Fiscal Martínez. Pero el jefe de Estado no se quedó ahí, centró su discurso en la lucha frontal contra el narcotráfico, dejando en la opinión pública la idea de que la no extradición de Santrich es un claro respaldo a ese delito, cuando ese no era el punto del fallo: el tema aquí es la falta de pruebas. Sin estas, la JEP no podía complacer a los enemigos de la paz. La excepción a la absurda manera de actuar de Duque es que respaldó la decisión del Procurador: la apelación del fallo de la JEP.

La declaración más afortunada sobre la renuncia de Martínez fue la que dio Petro: “Es una excelente noticia que un corrupto se vaya, ojalá que Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto. Se va el fiscal de Odebrech/Sarmiento”.

 

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Chavismo y oposición exploran una vía de diálogo con la mediación de Noruega

Representantes de Maduro y Guaidó mantienen una serie de encuentros para tratar de lograr una salida a la crisis de Venezuela

 Venezuela es un torbellino donde los acontecimientos se suceden a ritmo vertiginoso, casi todos atropellados. Después de la crisis abierta tras la ofensiva frustrada del 30 de abril, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y su jefe político, Leopoldo López, liberado de su arresto domiciliario y la posterior persecución del Gobierno de Maduro a diputados opositores, ambas partes exploran una vía de diálogo con la mediación de Noruega para lograr una salida a la crisis del país caribeño.

En los últimos días han acudido a Oslo representantes de Maduro, entre ellos el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, así como delegados de Guaidó, el exdiputado Gerardo Blyde y Fernando Martínez Mottola, exministro de Carlos Andrés Pérez, a los que se ha unido el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González. Según al menos tres fuentes al tanto de las conversaciones, las reuniones han sido exploratorias, para avanzar en una agenda de temas y una metodología de trabajo. Las mismas fuentes aseguran que las conversaciones han sido por separado con representantes de la Cancillería noruega y niegan que se haya instaurado una mesa de diálogo.

La noticia de las conversaciones, que tienen el visto bueno de Leopoldo López, ha levantado suspicacias en parte de la oposición venezolana. Las reuniones sorprendieron a algunos dirigentes opositores, caso de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá, que aseguró a través de Twitter que tanto él como su partido, Primero Justicia, se habían enterado de la iniciativa cuando se hizo pública a través de varios medios venezolanos. Guaidó trató de minimizar, sin negarlos, los encuentros, con un tuit en el que deslizaba que no era la única iniciativa en marcha: “Grupo de Contacto, Canadá, Reino Unido, Noruega, Grupo de Lima, además de otras iniciativas, nos apoyan para lograr una solución a la crisis. Para los venezolanos la ruta es clara y la mantenemos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, escribió el dirigente de Voluntad Popular.


No es la única vía de diálogo que se ha explorado en las últimas semanas. Representantes de Maduro se han reunido después de la ofensiva del 30 de abril directamente con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y se espera que este jueves y viernes representantes de ambas parte reciban a los delegados del Grupo de Contacto de la Unión Europea para escuchar sus propuestas para lograr una salida a la crisis del país.


Tampoco es la primera vez que las partes recurren a un intento de negociación para tratar de solucionar la enorme brecha institucional en la que está sumida Venezuela. Sin embargo, los ensayos han acabado siempre en un recrudecimiento de la confrontación entre el chavismo y la oposición. La exploración previa a la convocatoria de elecciones presidenciales de 2018, celebrada en República Dominicana, supuso para los representantes de la Asamblea Nacional una ruptura aparentemente insanable con el Gobierno de Maduro debido a su voluntad de imponer las reglas del juego.


Por eso rechazaron concurrir a esos comicios, con la salvedad del exchavista Henri Falcón, y por eso la palabra diálogo se convirtió en un tabú en el entorno de Guaidó. Sin embargo, después de lo ocurrido el día 30 y la demostración de que el régimen aún mantiene el control de las Fuerzas Armadas, en algunos sectores de las filas opositoras empieza a calar la idea de que sin negociación de algún tipo sería imposible lograr una salida de Maduro. El propio jefe del poder legislativo reconoce que, si se iniciara un proceso de transición, se debería incorporar a parte del chavismo en la reconstrucción.


En este contexto, las reuniones bajo el paraguas de Noruega no han surgido repentinamente, sino que son fruto de encuentros que se vienen dando, por separado y desde hace meses, con representantes del país nórdico y que se han intensificado en las últimas semanas. Noruega cuenta con un amplio bagaje en la mediación y resolución de conflictos, caracterizado por el hermetismo. En los últimos años acogió algunas de las reuniones entre el Gobierno de España y la banda terrorista ETA, antes de su disolución y fue, junto a Cuba, país garante del proceso de paz de Colombia, que culminó con un acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.


La madrugada del pasado 30 de abril López abandonó su arresto domiciliario en medio de un operativo liderado por Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, y apoyado un grupo de uniformados entre los que se encontraban miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). El plan buscaba activar una rebelión contra Maduro y un quiebre en la cúpula militar, que fracasó al cabo de pocas horas, lo que obligó a López a buscar refugio en la Embajada de España en Caracas. El líder opositor no ha sido el único que ha tenido que resguardarse en una legación diplomática. En los últimos días, varios diputados han solicitado protección a distintos países –caso de Argentina, Italia o México-, lo que ha generado que la crisis de Venezuela afecte directamente a varios Gobiernos. Esta circunstancia puede ahora repercutir en su implicación en un intento de diálogo.

Por Javier Lafuente
México 16 MAY 2019 - 02:17 COT

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Primera revuelta masiva contra Jair Bolsonaro

En las concentraciones primaron los llamados a la unidad de los gremios, partidos y movimientos para resistir los embates a la enseñanza del gobierno.

Estudiantes y profesores encabezan la primera revuelta masiva contra Jair Bolsonaro en los 27 estados brasileños. Una multitud ocupó más de seis cuadras de la Avenida Paulista, en el centro de San Pablo. Primaron los discursos en favor de la unidad de las organizaciones gremiales, partidos y movimientos para resistir el ataque del régimen contra la educación. Una de las ovaciones fue dedicada a una maestra jubilada de 96 años que saludó al público desde el palco montado junto al Museo de Arte de San Pablo. La consigna “Bolsonaro que papelón hay plata para las milicias y no para la educación” (traducción libre para ajustar la rima) fue coreada en San Pablo y Río de Janeiro. El paro coincidió con un nuevo coletazo del escándalo que vincula a un hijo del presidente con las “milicias” paramilitares. Entre trompetas, carros con altoparlantes y petardos, fueron repudiados el recorte del presupuesto educacional y la reforma previsonal.


Por la mañana se realizó una concentración en la Universidad de San Pablo (USP), la más importante del pais, cuyos participantes luego se trasladaron a pie (7 kilómetros) hasta la Avenida Paulista. “Libros sí, armas no” y “Fuera, fuera (Bolsonaro)”.


El paro tuvo alto acatamiento en la USP, la Universidad Estadual de San Pablo y la Universidad de Campinas. las más importantes del sistema público. También pararon algunas cátedras de la Universidad Católica, privada, con una larga tradición de enfrentamiento a la dictadura militar.


En Río de Janeiro la protesta se concentró, bajo una lluvia persistente, en la plaza de la Candelaria y de allí las columnas se trasladaron a la Central do Brasil.


El primer balance indica que en la mayoría de las provincias hubo cese de actividades en las universidades, escuelas primarias y secundarias sumadas a concentraciones muy concurridas. No fue un día de lucha sectorial sino de defensa de la educación por parte de amplios sectores como lo demostró la presencia de padres de chicos de escuelas primarias y secundarias.


La bronca popular comenzó a crecer desde hace semanas: el seis de mayo estudiantes de colegios secundarios, padres y profesores de colegios secundarios de Río protestaron frente al Colegio Militar donde Bolsonaro prometió abrir más escuelas de ese tipo y ensalzó la formación castrense.


Ayer una de las primeras concentraciones se realizó en Brasilia a partir de las 10 de la mañana cuando miles se reunieron en torno a la estructura semiesférica del Museo de Arte y de allí partieron hacia el Congreso.


“Esta marcha es una victoria para los trabajadores porque es el primera que se le planta de frente a un gobierno debilitado por los escándalos. Salimos fortalecidos para la huelga general del 14 de octubre” declaró a PáginaI12 Claudio Lorenzo, secretario general de la Asociación de profesores de la Universidad de Brasilia.


“Este es un gobierno que tiene todas las características de los fascistas. El presidente y el ministro de Educación (Abraham Weintraub), son dos oscurantistas, están contra el saber crítico, atacan a los universitarios por puro macartismo”.


“Bolsonaro se dio un tiro a sí mismo haciendo provocaciones contra los universitarios que al final unificaron a la izquierda y el centro. Tenemos junto a nosotros profesores que apoyaron el impeachment contra Dilma que ahora están apoyando el paro”, acotó el profesor y gremialista Lorenzo.


La columna donde había banderas de la Unión Nacional de Estudiantes, del PT, y otras fuerzas de izquierda ocuparon los seis carriles de la avenida principal de la capital, el Eixo Monumental, junto al cual se encuentran los ministerios.


“La orden es que nadie se pare frente al Ministerio de Educación porque están las tropas federales, sabemos que el gobierno quiere reprimir y va tratar de infiltrarnos con provocadores”, explica el gremialista Lorenzo.


Bolsonaro y el ministro de Justicia, el ex juez de Lava Jato Sergio Moro, firmaron un decreto para movilizar la Guardia Nacional de Seguridad Pública para ocupar el centro de Brasilia desde las movilizaciones de los pueblos indígenas, de hace dos semanas, hasta el acto de este miércoles.


El capitán retirado y jefe de Estado viajó ayer por segunda vez en menos de dos meses a Estados Unidos. Aterrizó en Dallas poco después del mediodía hora de Brasilia, cuando unos 50 mil manifestantes (según los sindicatos) llegaban al cantero ubicado frente al Parlamento.


Atacó a los estudiantes y profesores con la misma virulencia mostrada hace un mes cuando dijo que las universidades no son lugares para albergar “militantes” y que haría lo posible para que éstos sean expurgados.


Los que participaron en el paro “son idiotas útiles usados como masa de maniobra por una minoría” dijo en Dallas antes de ir a un encuentro con el ex presidente George W. Bush.
Bolsonaro optó por viajar a esa ciudad tejana luego de dejar sin efecto una visita a Nueva York para evitar las protestas de ambientalistas y la comunidad LGBT.


En París unos cincuenta brasileños y algunos estudiantes franceses se sumaron al repudio contra el régimen de extrema derecha. La voz cantante del acto la tuvieron becarios preocupados con la posibilidad de que el ajuste los deje sin recursos para concluir sus doctorados, mayoritariamente en ciencias humanas, el área hacia donde Bolsonaro dirigió sus críticas más desatinadas

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Jueves, 16 Mayo 2019 05:46

EE.UU. no vuela a Venezuela

EE.UU. no vuela a Venezuela

Estados Unidos suspendió ayer todos los vuelos hacia y desde Venezuela. La decisión fue comunicada por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien argumentó que la medida responde a la presencia de situaciones que amenazan la seguridad de los viajeros, las aeronaves y las tripulaciones. 

“Esta determinación se basa en la inestabilidad política en curso y el aumento de las tensiones en Venezuela y el riesgo involuntario asociado a las operaciones de vuelo”, explicó McAleenan. Luego detalló que la suspensión de los vuelos permanecerá vigente por tiempo indefinido e indicó que los Departamentos de Estado, Transporte y de Seguridad Nacional seguirán supervisando las condiciones en el país caribeño y si cambian, dijo, Estados Unidos revisará la medida.


El Departamento de Transporte también ofreció su propio comunicado. “Hoy (por ayer) hemos emitido una orden de suspensión de todo servicio aéreo entre Estados Unidos y Venezuela”, afirmó el titular de la cartera, Elaine L. Chao. El director del departamento explicó que la legislación local autoriza a suspender los servicios de las compañías aéreas foráneas y estadounidenses entre Estados Unidos y un país extranjero, siempre y cuando existan condiciones en los aeropuertos que amenazan la seguridad de los pasajeros, aeronaves, o tripulación.


Según el Departamento de Transporte, esta medida es adicional a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, que prohibía a los operadores de aeronaves y pilotos certificados por Estados Unido que volaran por debajo de los 8000 metros sobre territorio venezolano. Aquella notificación también respondía a razones de seguridad.


Ya a fines de marzo, la aerolínea estadounidense American Airlines anunció la suspensión indefinida de sus vuelos hacia Venezuela. La compañía con sede en Fort Worth (Texas), volaba desde Miami a Caracas y a la ciudad de Maracaibo. American era además la única que sostenía sus vuelos a Venezuela desde Miami, después de que United Airlines y Delta suspendiesen el servicio en 2017.


Estados Unidos y el país caribeño suspendieron sus relaciones diplomáticas después de que la administración Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela.

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EEUU reconoce su responsabilidad en la crisis de Venezuela

El descaro y el robo llevado al rango de política de Estado

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró GrayZone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado.

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal pero rápidamente retirado, hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf).

“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.


Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.

“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.

El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.

“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.

“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.

El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes desde 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.

Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de USD 213 millones en respuesta humanitaria” y “USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar $ 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.

Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.

El capítulo más extenso del boletín son sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.

Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.


Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.

Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.

“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.

“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.


En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja claro qué tanto.

Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.


Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de 1.000 miembros del Ejército” que huyeron a Colombia.

También se ufana de que ahora “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, “aproximadamente 3.2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736.000 barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo de 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro. Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.

“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.


Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.

Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.


Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.


No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.

Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto.

Por Pablo Siris Seade
Caja de Respuestas

 

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Cuba 2018-2019: Coyuntura y perspectiva

El tránsito entre 2018 y 2019 en Cuba tuvo dos peculiaridades. Por un lado, sirvió para rememorar el 60 Aniversario del inicio de un proceso que se propuso transformar el país en cuatro direcciones: independencia nacional, justicia social, buen gobierno y una economía próspera y sustentable. Ese proceso, que ha implicado 60 años de resistencias y sacrificios populares, tomó rápidamente el título que mantiene hasta hoy: la Revolución Cubana.

Si hubiera que hacer un balance sintético, se podría decir que en esos 60 años el país alcanzó por primera vez el ejercicio pleno de su soberanía y se transformó en un actor a nivel global por sus políticas anti-hegemónicas y de solidaridad internacional; avanzó sustancialmente en salud pública y educación, aunque quedaron lagunas en sectores como la vivienda y el transporte público; eliminó los grandes casos de corrupción y creó un sistema político nuevo, más ajustado a la voluntad popular, aunque mediado por la figura y genio de un líder como Fidel Castro, lo que unido al clima de plaza sitiada en el que tuvo que sobrevivir, condujo a un régimen democrático imperfecto con una institucionalidad vertical y autoritaria, en el cual la burocracia estatal y partidista adquirió una excesiva discrecionalidad; no pudo construir un modelo económico próspero y sustentable, independiente del sostén externo, mientras que las fuerzas productivas estuvieron restringidas por un sistema de administración altamente centralizado y poco creativo.


Al analizar las falencias de este proceso siempre habrá que recordar que el gobierno cubano estuvo y está bajo la constante presión de una política persistentemente hostil de un poderosísimo enemigo, otrora socio privilegiado: los Estados Unidos.


En segundo lugar y paradójicamente, 2018-2019 también marcó la primera gran transformación política postrevolucionaria: la transferencia de poder de la generación histórica que dirigió la Revolución a otra más joven compuesta por mujeres y hombres nacidos por lo general después de 1959.


Esa transferencia necesitó de una nueva constitución en la cual el sistema político cubano se reconoce por primera vez como un estado socialista de derecho, con todo lo que ello implica.


El proceso de redacción, discusión, aprobación y proclamación de esta nueva Magna Carta, que no estuvo exento de las tendencias verticalistas de la cultura política cubana, ocupó la atención primaria de la ciudadanía entre julio del 2018 y abril del 2019, incluyendo una consulta popular que fue un gran ejercicio de deliberación democrática.


La última fecha sirvió también para hacer un balance del primer año de gobierno del presidente electo en abril del 2018, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.


Ese balance, pues, desbordó los marcos del calendario formal. Díaz-Canel, ingeniero de formación, pero cuadro político con una amplia trayectoria partidista y gubernamental, recibió como herencia un proceso de reforma económica y política en marcha, diseñado en lo fundamental durante los 12 años de gobierno de su predecesor, el general Raúl Castro.
El objetivo central de esa estrategia es crear lo que la propaganda oficial ha designado como un “socialismo próspero y sustentable” a partir de una “actualización del modelo económico y social” cubano.


Ello no es una ruptura con los logros alcanzados bajo el liderazgo de Fidel Castro, más sin embargo, como afirmara el propio Raúl Castro el 27 de julio del 2007: “Para lograr este objetivo habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.”


Durante su mandato el expresidente y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba insistió más de una vez que el principal enemigo que enfrentaba esta transición era “la vieja mentalidad”, con lo cual quedó evidente lo que muchos analistas, incluyendo el que suscribe, han señalado: bajo el signo de la unidad existe una aguda lucha entre dos tendencias, la que privilegia el cambio y la innovación y la que insiste en el continuismo y la inmovilidad.


Como lo han demostrado los 12 años precedentes, no puede haber continuidad sin transformación y sin adaptación a las cambiantes circunstancias domésticas y externas. Desde el poderoso centro ideológico del Partido se insiste en la consigna de “somos continuidad”, lo que puede socavar en la conciencia y las esperanzas ciudadanas sobre la necesidad del cambio.


En un sistema de partido único siempre hay el peligro de confundir realidad con propaganda; después de todo cualquier constructo ideológico-propagandístico no es más que una interpretación de la realidad y la realidad puede ser muy terca. No hay que olvidar un precepto fundamental del marxismo: la práctica es el criterio de la verdad.


Aunque tanto Raúl Castro como Díaz-Canel, han enfatizado que la batalla principal que enfrenta Cuba es la de la economía, el año que pasó será recordado, sobre todo, por los cambios políticos impulsados por las propias autoridades cubanas, entre los cuales se encuentra una importantísima ampliación del espacio público con el impulso oficial al uso de Internet, a la presencia de las autoridades en las redes sociales y al énfasis en el gobierno electrónico.


En este balance del 2018, sigue siendo deficitario el proceso de transformación económica. Tanto desde el gobierno como en los círculos académicos se reconoce que no se alcanzan las metas propuestas y que quedan muchas políticas aprobadas por implementar.


Hay dos elementos claros: toda la política del presidente Díaz-Canel tiene por objetivo actualizar el modelo socio económico con vistas a crear ese tan ansiado socialismo próspero y sustentable; y el presidente personalmente realiza un enorme esfuerzo de trabajo y comunicativo para lograrlo.


Pero el 2018 terminó en medio de graves escaseces.


Los desafíos que enfrenta el gobierno cubano en materia internacional son enormes debido a la creciente hostilidad de la administración de Donald Trump y los graves acontecimientos en Venezuela. También hay aspectos positivos en que sustentarse pero no siempre se aprovechan todas las reservas con la premura necesaria.


Sin embargo, no se debe olvidar, hoy más que nunca, que economía y política se encuentren indisolublemente imbricadas.


En el futuro no podrá hablarse de un balance político positivo de este período, no importa cuánto se logre en ese terreno, si el devenir económico del país no se encamina firme e irrevocablemente hacia las metas trazadas en los documentos principales conocidos abreviadamente como Lineamientos, Conceptualización y Visión 2030.


Y ahí es donde está el gran déficit de los últimos años, incluido el 2018, y el gran desafío del 2019 y los futuros. Se sabe y está definido lo que hay que hacer, pero no se acaba de lograr que el gobierno en su totalidad implemente con audacia y vigor lo acordado. Y el tiempo se nos está acabando.


Por Carlos Alzugaray

Diplomático, escritor y educador, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

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Lunes, 13 Mayo 2019 06:24

Saludos terribles

Saludos terribles

La famosa escena de la película satírica Dr. Strangelove (El Doctor Insólito, en su rara traducción en México), del director Stanley Kubrick, donde el brillante Peter Sellers en el papel de un ex científico nuclear alemán ahora trabaja para el gobierno de Estados Unidos, una y otra vez tiene que agarrar su brazo para evitar que se extienda en el saludo nazi de nuevo ayuda a ilustrar en parte –más de medio siglo después– la coyuntura en Estados Unidos.

Con el mandatario abiertamente imponiendo un "bloqueo completo contra la rama legislativa" (en palabras del reportero sobre asuntos legales del New Yorker, Jeffrey Toobin) y con ello anulando la supervisión efectiva que es parte esencial de la función del Congreso al negarse a cooperar con las investigaciones de éste, varios en la cúpula política –incluida la presidenta de la Cámara de Representantes– han declarado una "crisis constitucional".

A la vez, la descalificación y amenazas contra cualquier oficial, funcionario o político que se atreva a criticar, cuestionar o contradecir al presidente, ni pensar en investigarlo –sea de la FBI o las agencias de inteligencia, un procurador, generales, jueces federales y hasta, en días recientes, su propio ex abogado de la Casa Blanca– no tiene precedente en tiempos modernos.

Junto con todo eso, Trump no deja de repetir que los medios son "el enemigo del pueblo". La semana pasada, la Casa Blanca revocó las credenciales permanentes de corresponsales como parte de un intento de imponer un nuevo protocolo para tener mayor control. El veterano senador Patrick Leahy comentó que "eso es lo que hacen los dictadores".

Y lo anterior se combina con la promoción de odio racial contra afroestadunidenses y latinos, contra los inmigrantes del sur global, y contra la comunidad musulmana. La ola de temor que esto ha generado dentro de comunidades inmigrantes se nutre cotidianamente con la retórica oficial, así como con los actos de terror de las autoridades migratorias. Un integrante de una milicia en la frontera con México recientemente citó a Hitler y comentó a su colega mientras cazaban a indocumentados: "debemos ponerlos en cámaras de gas". La semana pasada, un fanático de Trump gritó en un mitin que se debería "disparar" contra indocumentados que cruzan la frontera. El presidente se rio.

Este es, vale repetir, el gobierno de niños inmigrantes enjaulados, con una Casa Blanca que incluso contempla enviar a los menores de edad a lo que sería un campo de concentración en Guantánamo.

Los grupos de odio se han multiplicado a más de mil y el mandatario ha justificado y defendido agrupaciones ultraderechistas, incluso después de actos de violencia. Algunos de éstos en su reuniones han usado el saludo nazi en honor a Trump.

La violencia se nutre de este caldo de odio, desde actos racistas cada vez más descarados hasta matanzas aparentemente al azar; en 2018 más estudiantes murieron por armas de fuego en escuelas en este país que militares estadunidenses desplegados en el extranjero.

Y ahora hay creciente preocupación entre opositores que Trump podría negarse a abandonar el poder si es derrotado en las urnas en 2020. Antes y después de su elección en 2016, él cuestionó la legitimidad del sistema electoral, y aún repite que hubiera ganado el voto popular (el cual perdió por casi 3 millones) si no fuera por un magno fraude, que incluye el voto ilegal de inmigrantes. La líder demócrata Nancy Pelosi, al igual que el ex abogado personal de Trump, entre otros, han indicado en días recientes que el presidente es capaz de no permitir una transición pacífica del poder. Él mismo ha jugado con esta idea, dizque en broma.

Nada de esto está oculto. Muchos lo hemos reportado durante más de dos años. Y una vez más, la gran pregunta no es tanto qué harán Trump y sus aliados, sino ¿cómo es posible que tantos, dentro y fuera de este país, lo sigan tolerando?

¿Están esperando hasta ver un brazo levantado en un saludo terrible?

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Viernes, 10 Mayo 2019 06:14

Militares, policías y democracia

Militares, policías y democracia

¿Es posible modificar la cultura política y la actitud concreta hacia la población de las fuerzas armadas y policiales? A la luz de la experiencia reciente en Uruguay y Brasil, la respuesta es negativa. Luego de tres décadas y media de democracia y más de una década de gobiernos de izquierda, los aparatos represivos reafirman su papel tradicional y no están dispuestos a modificarlo.

Me referiré en particular a las fuerzas armadas, ya que tienen alguna especificidad respecto a las policiales. En Uruguay acaba de registrarse una crisis entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el alto mando militar (por el encubrimiento por los mandos de torturadores y asesinos), que se saldó con el relevo en el Ministerio de Defensa y en la cúpula militar. Sin embargo, los problemas a los que me refiero no se relacionan con una u otro persona. Son estructurales.

El nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, ofreció una entrevista en la que explica el inmovilismo por la endogamia de la familia militar. "Las relaciones de los estudiantes militares, los cadetes y los oficiales se dan en entornos familiares que proceden de la misma profesión", explica (https://bit.ly/2GRl8Fi).

Eso explica, en su opinión, la "enorme carga de los militares retirados sobre los oficiales más jóvenes en relación con un relato construido y difundido en los entornos cotidianos de los oficiales. Es imposible o muy difícil romper con el relato construido sobre los hechos de la dictadura, sin romper a su vez con los vínculos de relación familiares".

La izquierda en el gobierno desde 2005, sostuvo la necesidad de modificar la educación en las escuelas militares, algo que tampoco puso en práctica.

En Brasil sucede algo similar. Los militares justifican la dictadura, la niegan o la minimizan. No sólo los retirados que están en el gobierno de Jair Bolsonaro, que son los que pueden hacer declaraciones públicas, sino las propias fuerzas armadas como institución. Ellas jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Dilma Rousseff y en el encarcelamiento de Lula, de la mano del anterior comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas.

La izquierda brasileña critica con dureza a Bolsonaro y al juez Sergio Moro, ahora ministro, lo cual es acertado. Pero no habla de la comunicación del general el día antes del juicio a Lula, el 3 de abril de 2018: "Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el deseo y las ansias de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia" (https://bit.ly/2q4Iwq9). Fue una presión indebida sobre la justicia, pero representaba la opinión de las fuerzas armadas.

Me interesa constatar dos cuestiones centrales: que los aparatos armados del Estado no han cambiado y no tienen ni la intención ni la posibilidad de hacerlo, y que la izquierda no está debatiendo lo que hacer al respecto.

Sobre la primera cuestión, no podemos engañarnos, ya que el papel de los militares en la sociedad (al igual que si hablamos de las fuerzas policiales) no depende de tal o cual oficial, ni siquiera del gobierno de turno, porque responde a una cuestión estructural. Las fuerzas armadas pueden aceptar la democracia y aún las reglas de las instituciones democráticas, pero no van a cambiar sus modos y harán todo lo posible para neutralizar cualquier actitud del poder político que afecte sus intereses.

Coincido con las afirmaciones del ministro Bayardi en el sentido de la "endogamia", como parte de la explicación del continuismo militar respecto a las dictaduras. En Brasil la dictadura terminó en 1985 (casi 35 años de democracia) y el PT gobernó entre 2003 y 2016. En Uruguay la dictadura terminó en 1984 y el Frente Amplio gobierna desde 2005. Ahora se reconoce lo evidente, que no hubo cambios en la mentalidad ni en la actitud de los militares, pese a que ambos gobiernos les han otorgado beneficios materiales importantes, tanto salariales como presupuestales para la modernización de las fuerzas.

La segunda cuestión es la izquierda. El problema es que no debatimos sobre las fuerzas armadas, quizá porque deberíamos entonces discutir sobre las continuidades en la cultura del poder judicial, de la policía, del parlamento, en fin, de todos los estamentos con poder que conforman la sociedad. Y por último terminaríamos debatiendo sobre las y los militantes de izquierda.

Lo más grave, a mi modo de ver, es que no sólo no debatimos sobre los armados sino que tampoco sabemos qué hacer. Los tiempos transcurridos en democracia y bajo gobierno de izquierda son suficientes para hacer balance. La realidad de estos dos países es la misma que la de todo el continente, más allá del color de los gobiernos.

Podemos seguir haciéndonos los distraídos, hasta que la falta de actitud se nos vuelva en contra. El problema de los cuerpos armados, su persistencia en el papel represivo contra los pueblos y poblaciones, nos está hablando de los límites que tiene administrar el Estado.

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Imposible esconderse detrás de falsas identidades

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Ha continuado la amenaza contra la vida y la integridad de nuestra Comunidad y la violación de los derechos fundamentales del campesinado de nuestro entorno. Cada día el campesino es obligado a someterse, contra su voluntad, al control y a las normas que quieran imponerle los paramilitares. Ya el campesino no puede trabajar su propia tierra sin que los paramilitares le cobren altos impuestos; tiene que tener permiso de los paramilitares para sembrar y tiene que pagar impuestos hasta por sus siembras de pan-coger

Según muchas informaciones que pobladores de la zona le han transmitido a nuestra Comunidad, en los últimos días los paramilitares están coordinando reuniones en las veredas, en las cuales obligan a los campesinos a participar en ellas y allí les ordenan someterse a sus normas, a sus proyectos y a sus planes sobre la región y al mismo tiempo les hablan en contra de nuestra Comunidad de Paz, la estigmatizan y anuncian nuevamente su próximo exterminio. Siempre hemos dejado constancia sobre la identidad de los líderes paramilitares alias “René” desmovilizado del 58 frente de las Farc-Ep durante el Proceso de Paz, hoy comandante de los paramilitares en las veredas de San José de Apartadó, alias “Caballo”, alias “Bruja” y alias “Majute” comandantes paramilitares en la vereda Arenas de San José de Apartadó, encargados de reunir y someter contra su voluntad a los campesinos de las demás veredas, toda una estrategia de control y de exterminio.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

El sábado 20 de abril de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían los paramilitares para seguir asesinando en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, pues, según los mismos paramilitares, habían tenido que suspender los asesinatos desde el 16 de enero del presente año, cuando asesinaron al joven Deimer Úsuga, cerca del caserío central de San José, según ellos porque nuestra Comunidad de Paz había denunciado el crimen y todo se estaba complicando, pero ahora, pasados ya varios meses, van a retomar el control realizando nuevas ejecuciones.

Del miércoles 24 al sábado 27 de abril de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo por las veredas Mulatos, Resbalosa y La Esperanza, de San José de Apartadó, con el fin de poder visibilizar más concretamente el control paramilitar que existe en toda esa zona y que cada día oprime más nuestra región.

El jueves 25 de abril de 2019, en horas del día, dos paramilitares conocidos como alias “Santiago” y alias “Arcadio” le prohibieron a un campesino de la vereda La Cristalina de San José de Apartadó sembrar un lote de maíz y le advirtieron que si tumbaba monte le cobrarían $ 5.000.000 (cinco millones) de pesos. Es de recordar que alias Arcadio y alias Alfredo son dos paramilitares de los 5 que participaron en el atentado contra nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre de 2017 donde intentaron asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y a otros miembros de nuestra Comunidad, de esta manera los paramilitares están extorsionando y controlando a los campesinos, pues se aprovechan de la necesidad para prohibirles sembrar, con la intención de someterlos a sus proyectos y quitarles dinero o animales domésticos, como ganado o caballos, a cambio de dejarles tumbar y sembrar sus lotes de pan coger.

El sábado 4 de mayo de 2019, en horas de la tarde, pobladores de la zona informaron a nuestra Comunidad de Paz sobre una serie de reuniones que realizarán los paramilitares alias “Rene”, alias “Caballo” y alias “Bruja” en las veredas de San José de Apartadó, a las cuales convocan de manera obligatoria al campesinado de cada vereda. Según las informaciones, las reuniones tendrán lugar en las dos semanas siguientes.

El martes 7 de mayo de 2019, en horas de la tarde un paramilitar de nombre Domingo Antonio Herrera conocido en la zona como “Chirrí” abordó a miembros de nuestra Comunidad de Paz que se encontraban sembrando un cultivo de maíz en la vereda Resbalosa del corregimiento San José de Apartadó, allí este paramilitar manifestó en tono amenazante diciendo: está prohibido para los campesinos sembrar pan coger y tumbar montañas sin permiso hasta nueva orden, a la vez que amenaza diciendo, en el transcurso de los dos días siguientes llegará una comisión paramilitar a esta vereda y ellos darán las ordenes, yo solo cumplo órdenes y por eso estoy aquí.

El control paramilitar es cada vez más fuerte en la zona pues cobran grandes vacunas o impuestos, someten a la población a reuniones forzadas, ubican puntos de informantes en las casas de los civiles y ahora están prohibiéndole al campesinado sembrar y trabajar sus tierras heredadas de sus padres y abuelos, todo esto como una estrategia de exterminio y control territorial donde hay que obedecer y someterse al paramilitarismo y si algún campesino no lo hace no puede trabajar su tierra.

El miércoles 8 de mayo de 2019, a las 17:00 de la tarde llegó un grupo armado no identificado a la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó, de esta presencia aún no tenemos más informaciones, nos preocupa pues el día martes 7 de mayo el paramilitar alias “Chirri” amenazó a miembros de nuestra Comunidad de Paz con que llegaría una comisión paramilitar a la vereda en los próximos dos días siguientes.

En el discurso oficial del gobierno y de las instituciones estatales, el paramilitarismo “no existe”. Sin embargo, la experiencia del campesinado en muchas regiones del país, como en nuestro territorio, evidencia que su presencia y su dominio es total. Como no es un fenómeno de hoy ni de ayer sino que lo hemos sufrido en más de 22 años y conocemos sus identidades y sus prácticas, nadie podrá convencernos de que son grupos “fuera de control” del Estado. Si la fuerza pública no los tolerara y los patrocinara y si el gobierno y sus instituciones administrativas, judiciales, disciplinarias y políticas no se hicieran “de la vista gorda”, como lo ha hecho en todas estas décadas, no podrían funcionar ni existir. Para nosotros continúan siendo una política de Estado.

Desde nuestro territorio amado agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, pues contar con todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 09 de 2019

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El poder en Francia vive bajo el influjo amarillo

El movimiento dejó una estela poderosa que abrió brechas de debates y cuestionamientos sobre la economía, la solidaridad colectiva y las fallas de la democracia.

Ya no importa saber si son muchos o pocos, si llegan a 50 mil o a apenas unos miles. Los chalecos amarillos se han metido por todos los intercisos de la sociedad y la habitan de forma expandida, más allá de las cifras de sus movilizaciones, los relatos de sus divisiones o la contra propaganda del gobierno y los medios que, con todas las artimañas, intentan expulsarlos de la escena social a través de procesos groseros y violentos de deslegitimación. El movimiento que surgió a mediados de noviembre de 2018 es una pesadilla de un solo color. Este sábado, en lo que fue el acto número XXV de su irrupción callejera, el movimiento reunió en París no más de 2000 personas. Pero el impacto de esa estrecha presencia callejera testimonia una suerte de tensión que rodea todo lo que ocurre en torno al color amarillo. Primero fueron un enigma social, luego un desafío al poder, después un dolor de cabeza político y un cuestionamiento de la desigualdad arraigada en el sistema liberal, más tarde una exigencia de renovación institucional y de justicia fiscal, al fin, un fenómeno cultural a través del cual se interrogan todas las injusticias pasadas y presentes de los liberalismos que gobiernas al mundo. Aún no pasó a la historia y, no obstante, el movimiento amarillo vive en un tiempo presente que se prolonga y ha atraído detrás de él una extraordinaria producción de libros, artículos y ensayos. Es hoy un vasto territorio de papel surgido desde el fondo de un país al que se creía “indiferente” ante la política.


En el libro Le fond de l’air est jaune (El Fondo del aire es amarillo), el periodista Joseph Confraveux (Mediapart) pone de relieve una dimensión fuera de lo común: durante los últimos 30 años de luchas sociales y movimientos de todo tipo, nadie logró instalar en la sociedad el tema de la “injusticia social”. Los chalecos amarillos sí. Se han convertido en una suerte de subconsciente que desvela a quienes tratan de presidir los destinos colectivos de Francia. La presidencia de la República y el gobierno llevan seis meses diseñando respuestas para contener la bronca de esa Francia que no ha perdido su encono hacia el poder. Desde diciembre de 2018, cada paso del poder sigue las huellas amarillas. A finales de abril, el presidente Emmanuel Macron inició un proceso de descontaminación de la imagen que lo persigue desde mayo de 2017 y cuyos rasgos fueron acentuados por los chalecos amarillos. Una suerte de presidente Rey que todo lo hace, todo lo puede y todo lo controla. Macron decidió “compartir” con el primer ministro Edouard Philippe la implementación de las medidas que el mismo Macron anunció unos días antes como resultado del “gran debate nacional” que el macronismo inventó como fórmula para apaciguar la revuelta amarilla cuando esta se encontraba en su máximo nivel. Todo empieza de amarillo y termina con el mismo color. Emmanuel Macron animó en persona ese debate al cabo del cual reconoció que en el país existía “un profundo sentimiento de injusticia fiscal, territorial y social. Y hay que darle una respuesta”. El mandatario decidió mejorar las jubilaciones y bajar los impuestos. No se sabe aún de donde sacará los 5000 millones de euros que ese recorte fiscal implica pero lo cierto es que es una de las respuestas directas al malestar que originó el volcán de los chalecos. Aunque las manifestaciones amarillas de los sábados atraen cada vez menos gente, estas se han institucionalizado y convertido en un “termómetro” al que se consulta como un oráculo. El movimiento dejó una estela poderosa que abrió múltiples brechas de debates y cuestionamientos sobre la economía, las finanzas, la fiscalidad, la democracia, la justicia social, la solidaridad colectiva, la igualdad, los medios de comunicación, las redes sociales, las fallas de la democracia representativa y los muchos mecanismos de sumisión de que cuenta el poder. El llamado “sistema” recibió un golpe de tales magnitudes que, incluso si no perdió el combate, sigue en medio del ring aturdido por los golpes.


Hace un par de días, el diario Libération publicó una columna firmada por más de 1500 actores de la cultura en respaldo a la revuelta amarilla. Bajo el título “Chalecos amarillos, no nos engañamos”, actores, periodistas, científicos, escritores, dibujantes y guionistas escriben que no sólo se trata de un fenómeno “sin precedentes” sino, también, de que los chalecos amarillos constituyen “un movimiento que el poder quiere desacreditar y al que reprime severamente cuando, en realidad, la violencia más amenazadora es económica y social”. Los “chalecos amarillos somos nosotros”, escribe este grupo. Los firmantes impugnan de forma muy firme el extraordinario arsenal legislativo y policial con el que el macronismo se dotó para reprimir a los chalecos amarillos y, por añadidura, a todo aquel que se le ocurra manifestar. Los autores de la columna estiman que esa represión “pisotea nuestras libertades individuales”. Basta con salir a la calle con los chalecos para comprobar la exacerbación y la violencia desmedida con la que actúa la policía. De los palos y los gases, en París, no se salva nadie: hombres o mujeres, jóvenes o de tercera edad, sanos o minusválidos, todos han vivido el violatorio privilegio de verse insultados, agredidos o maltratados por la policía. Y los que fueron arrestados incluso de forma injustificada, con falsas acusaciones policiales, experimentaron la justicia parcial y expeditiva de los tribunales de “comparecencia inmediata”.
El poder vive aún bajo el influjo amarillo, tiene miedo e incurre en una suerte de exceso autoritario que termina por empanar la ética democrática de la cual el país se prevalece ante el resto de los mundo. Sin buscar ese objetivo, los chalecos amarillos mostraron todas las contradicciones de las democracias modernas: desde su desigualdad de raíz, hasta su autoritarismo armado cuando se trata de reprimir y criminalizar a los movimientos sociales. Esa violencia, sumada a la que desparraman los Black Blocs y otros extremistas, fueron poco a poco adquiriendo el protagonismo de las marchas amarillas. Por ello, los autores de la columna publicada en el matutino Libération invitan a renovar la apuesta para resurgir:

“utilicemos nuestro poder, el de las palabras, el de la música, el de la imagen, el del pensamiento y el del arte para inventar un nuevo relato y apoyar a todos aquellos y aquellas que, desde hace meses, luchan en las calles y las rotondas”. Los chalecos amarillos ganaron una batalla objetiva y subjetiva substanciales: empujaron al poder a reflexionar, a trastornar su agenda, a mirar hacia la gente. Luego, reinstalaron temáticas de autonomía, de libertad y de justicia que parecían enterradas. Entonces no importa cuántas personas manifestarán cada sábado. Los chalecos amarillos han impregnado toda la sociedad. Llegaron a ese cielo influyente donde viven los poderes inmateriales.


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