Trump amenaza con desaparecer a Irán de la faz de la tierra

Trump, presidente de una de las tres superpotencias, se da el lujo barbárico de amenazar con un ominoso tuit cavernícola: “Si Iran desea combatir, eso será el fin oficial de Irán. Nunca amenacen a EU de nuevo (https://bit.ly/2HDT4Ve)”.

A lo que replicó el canciller Javad Zarif: “Incitado por el equipo B, Trump espera conseguir en lo que Alejandro Magno, Gengis Kan y otros agresores fracasaron. Los iraníes se han erguido durante milenios mientras los agresores fueron expulsados. El terrorismo económico y las burlas genocidas no podrán "acabar con Irán". Nunca amenacen a los iraníes. Ensayen ser respetuosos, ¡Si funciona! (https://bit.ly/2LVlhwc)”.

Los persas tienen un enorme complejo de superioridad: sus agresores han sido expulsados y ostentan una civilización de más de 2 milenios, mientras Estados Unidos, desde los cuáqueros del Mayflower, lleva 399 años.

Se trata de un déjà vu de la guerra de Irak de Baby Bush y sus inexistentes "armas de destrucción masiva" mezclado a las bravatas de Trump contra Norcorea antes de sentarse a negociar con el mandatario Kim Jong-un.

El despliegue del portaviones Lincoln y los bombarderos B-52 en el Golfo Pérsico lo justificaron la dupla bélica del bushiano John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, y Mike Pompeo –confeso "evangelista sionista" y hoy secretario de Estado–, como medida preventiva ante los "futuros (sic)" ataques de Irán y/o sus aliados –Hezbolá en Líbano, las milicias chiítas en Irak, Jihad Islámico en Gaza y los hutis en Yemen– que huelen a "falsa bandera".

Bolton y Pompeo son los “chivos de Trump en la cristalería iraní (https://bit.ly/2VIqVpG)”.

Trump promete un día no desear la guerra y otro amenaza con borrar a Irán de la faz de la tierra, lo que significa lanzar un abanico de bombas nucleares que quizá no tenga en cuenta que afectará con su "radiactividad" a las 15 fronteras (terrestres y marítimas: ¡incluida Rusia!) al país persa, entre ellas las petromonarquías aliadas a Trump (https://bit.ly/19CPKjm).

Suena cronológica y cognoscitivamente disociativa y absurda la bravata nuclear de Trump para "destruir a Irán", por lo menos de aquí a finales de junio, cuando el talmúdico Jared Kushner –yerno de Trump que "maneja" simultáneamente las agendas de México e Israel–, patrocina una cumbre para la "prosperidad y paz(sic)" del 25 al 26 de junio sobre un "taller económico" para que los gobiernos, la sociedad civil y los empresarios "compartan ideas, discutan estrategias y galvanicen apoyo para las potenciales inversiones económicas e iniciativas que puedan ser posibles para un acuerdo de paz" que pretende resolver el conflicto de Palestina e Israel en Manama (Bahréin).

Irán puede ser un "megaVietnam" para Trump, que en dado caso descarrilaría su anhelada relección (https://bit.ly/2YFFZl6).

Queda(rá) la duda si es Trump o Netanyahu, o los dos, quien(es) desea(n) la desaparición de Irán cuando New York Times, rotativo cercano a la dupla de la banca Rothschild/Soros, fue acusado por el grupo de Netanyahu de "antisemitismo" –vacuo término faccioso que no tiene valor semántico por carecer de aplicación universal y que ha llegado al grado de ser un antónimo sin tomar en cuenta la definición verdadera de “semita (https://bit.ly/2VhugqM)”– por haber publicado una caricatura en la que el premier israelí aparecía como canino jalando al "ciego" Trump (https://bit.ly/30e2Aqp)”.

¿No será que la amenaza apocalíptica de Trump representa un jaque para paralizar a Irán y a sus aliados, en vísperas de la Cumbre de Bahréin del 25/26 de junio?

Como que no cuadra realizar una cumbre "radiactiva" de "paz" en el mero Golfo Pérsico y en medio de tantos átomos esparcidos.

Una cosa es promover la anhelada paz y otra es imponer la claudicación del pueblo palestino despojado de sus territorios, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, y no a los caprichos autistas del eje Trump/Jared Kushner/Sheldon Adelson/Netanyahu.

Los agraviados palestinos no asistirán a la "Cumbre Económica de la Paz (sic)" en Baréin (https://bit.ly/2Wgbc0A)”.

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El exjefe negociador de las FARC: “Fue un grave error haber entregado las armas”

Iván Márquez, en paradero desconocido, arremete contra el Gobierno por el caso de Jesús Santrich, recapturado por cargos de narcotráfico

Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno, ha ahondado este lunes la crisis política e institucional en torno a la frágil implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En paradero desconocido desde agosto del año pasado, ha lanzado una carga de profundidad al asegurar en una carta divulgada a través de su cuenta de Twitter que el paso más trascendental de ese proceso, el desarme para convertirse en un partido político, fue un “grave error”, pues los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpliera lo pactado.


La incendiaria misiva con la que reaparece Luciano Marín –el verdadero nombre de Iván Márquez– se origina en el caso de Jesús Santrich, el excomandante guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos. Santrich fue recapturado el viernes en la propia puerta de la cárcel, bajo nuevos cargos de la justicia ordinaria relacionados con narcotráfico, cuando se disponía a salir en libertad tras un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego de haberse cortado los brazos en prisión, Santrich fue trasladado la madrugada del sábado a una clínica en medio de versiones contradictorias sobre su estado de salud. La decisión del tribunal de paz ha provocado hasta ahora las renuncias del fiscal general, la vicefiscal y la ministra de Justicia, mientras el presidente Iván Duque ha respaldado la decisión de la procuraduría de apelar el fallo.


“Ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente –como ocurrió con Santrich-, puede ser legal”, se lamenta Márquez en la misiva, haciendo eco de las sospechas de miembros de las FARC de que en la cárcel sedaron a Santrich antes de su fugaz salida, y esa fue la razón de su ingreso a cuidados intensivos. Márquez le pide al presidente Duque –un crítico de los diálogos– que “no dinamite la independencia de los poderes con ese odio sordo que solo busca hacer trizas y dejar sin efecto el acuerdo de paz”.


En el pasaje más preocupante, atribuyéndose la vocería de los comandantes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, “impactados por la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”, Márquez se dirige directamente a los miles de excombatientes que hacen su tránsito a la vida civil en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). “Les reiteramos autocríticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”. Son reclamos que el exjefe negociador de la insurgencia ha hecho en el pasado, pero ahora aterrizan en el momento más delicado desde que Duque asumió el poder el pasado agosto.


La antigua guerrilla ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el paradero desconocido de Márquez y otros líderes que abandonaron los espacios de reincorporación alegando inseguridad física y jurídica ya había encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes. Los mayores temores, avivados por el rocambolesco caso Santrich, apuntan a que esos líderes alimenten el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones.


Mientras Duque ha reiterado le necesidad de hacer correcciones a lo pactado –una promesa de campaña–, especialmente en lo relativo a la extradición, su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha enfatizado el compromiso “inquebrantable” del Gobierno para acompañar, apoyar y proteger a los excombatientes en proceso de reincorporación. La JEP ya decidió reactivar la orden de captura contra otro excomandante que abandonó sus responsabilidades con la reincorporación, Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa.


La carta de Márquez contrasta con la respuesta de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos, que ratificó el fin de semana su compromiso con lo pactado en otra carta enviada a sus militantes. “Nos encontramos en un momento en el que no podemos flaquear. Nos corresponde, más que nunca, fortalecer la unidad de nuestro partido como garante de la implementación de lo acordado”, declaró Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido.


A pesar de su alejamiento del partido, Márquez es un líder emblemático. No solo negoció con el Gobierno, llegó a ser la figura pública más relevante de las FARC junto con Timochenko, y el número dos de la organización. Sin embargo, renunció a su escaño como senador y se internó en el ETCR de Miravalle, en el Caquetá, tras la captura de Santrich hace poco más de un año. Desde agosto no se conoce su paradero. Su sobrino, Marlon Marín, es el informante clave de la DEA en el caso por narcotráfico, aunque la fiscalía colombiana ha dicho que no tiene una orden de captura en contra del exjefe negociador. La incertidumbre sobre el futuro de la paz se acrecienta.

Por Santiago Torrado
Bogotá 20 MAY 2019 - 14:54 COT

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Fuerzas de seguridad afganas montan guardia cerca de lugar del ataque en Helmand, Afganistán.

Al menos 17 policías murieron y otros 14 resultaron heridos tras un bombardeo de Estados Unidos en la insegura provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, informaron ayer fuentes oficiales que, dijeron, están investigando cómo fueron causadas las bajas.

Según fuentes del Gobierno regional, las muertes fueron provocadas por un ataque de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que por error bombardearon un puesto de control de las fuerzas afganas. “Anoche, las fuerzas estadounidenses atacaron por error a las fuerzas de seguridad afganas matando a 17 policías e hiriendo a otros 14 oficiales”, dijo el jefe del Consejo Provincial de Helmand, Attaullah Afghan. Los ataques aéreos, dijo Afghan, “se llevaron a cabo anoche alrededor de las 20.00 en el distrito de Nahr-e-Saraj de la provincia durante un enfrentamiento entre la Policía y los talibanes”.


La operación aérea de las fuerzas de apoyo de Estados Unidos fue una respuesta a un ataque acometido por los talibanes contra un puesto de control de seguridad en una carretera de la provincia. Según el jefe del Consejo Provincial, la Policía había llegado antes del bombardeo para hacer retroceder a los insurgentes. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre las causas de las muertes o el número total de bajas.


Durante los intensos combates con los talibanes en Lashkar Gah, en la provincia de Helmand, “nuestros socios afganos pidieron un apoyo aéreo de precisión”, indicó el portavoz del ejército estadounidense en Afganistán, el coronel David Butler. Explicó que una “unidad de coordinación afgana había señalado y confirmado que las zonas estaban libres de fuerzas amigas”, pero que “desgraciadamente no era así y ocurrió un trágico accidente”.


“Fuerzas de seguridad afganas y combatientes talibanes murieron durante estos bombardeos”, añadió sin adelantar un balance. “Lamentamos estas trágicas pérdidas de vidas de nuestros socios” y “examinamos el malentendido para asegurarnos que no se repita”, añadió el coronel Butler. El portavoz del gobernador de Helmand, Omar Zwak, confirmó.... los enfrentamientos entre la Policía y los talibanes, así como los ataques aéreos en apoyo de la Policía. “Todavía estamos investigando cómo murieron los policías. De momento no se puede confirmar que el 100 por ciento de los oficiales haya muerto por el bombardeo”, dijo. El portavoz de Ministerio de Interior, Nasrat Rahimi, informó del ataque a través de su cuenta en Facebook confirmando la versión de que el ataque aéreo fue hecho en apoyo a los agentes del puesto de control.


Helmand es una de las provincias más inseguras de Afganistán, en la que los atentados o ataques a objetivos militares son frecuentes.

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Al borde de la catástrofe humanitaria en la Franja

La agencia especializada de la ONU precisa U$S 1200 millones al año para mantener sus escuelas, clínicas y bancos de alimentos para cinco millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Siria, el Líbano y Jordania.

Gaza está al borde de una “catástrofe humanitaria” y un millón de palestinos pronto podrían pasar hambre, advirtieron las Naciones Unidas. Se espera que el presupuesto de la agencia de refugiados palestinos de la ONU (Unrwa) se agote “en un mes” y que necesite desesperadamente fondos adicionales, dijeron los funcionarios de la ONU. Cerca de 2.000 habitantes de Gaza que fueron baleados por el ejército israelí también pueden perder sus extremidades debido a la crisis de financiamiento. En total, Unrwa necesita 1.200 millones de dólares al año para mantener sus escuelas, programas médicos y de alimentos y apoyo financiero para cinco millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. El verano pasado se vio obligado a pedir donaciones adicionales de Europa y el Golfo después de que Estados Unidos, su mayor financiero, decidió recortar todos los fondos, dejando un déficit presupuestario de más de U$S 440 millones.


Sin nuevas donaciones, el golpe más duro será sobre Gaza, un enclave de 25 millas que alberga a casi dos millones de personas y está sujeto a un asedio de 12 años impuesto por israelíes y egipcios. La ONU estima que se necesitarían U$S 20 millones adicionales para tapar una crisis de salud que de otra manera sería inminente. “El peor escenario es que no podríamos continuar alimentando a la mitad de la población de Gaza”, dijo Elizabeth Campbell, directora de la oficina de UNWRA en Washington DC. “Tendremos que cerrar las escuelas, las personas no tendrían acceso a nuestros sistemas de atención médica. Tendremos que recortar empleos “. Después de la Autoridad Palestina, Unrwa es el mayor empleador de personas en Gaza. Campbell advirtió que una Gaza desestabilizada también representaría una amenaza directa para Israel. “Habrá una gran catástrofe humanitaria que se propagará fácilmente a través de los territorios”, dijo. “Estamos profundamente preocupados por las implicaciones de seguridad. Sus adevertencias tuvieron eco en Jamie McGoldrick, coordinador humanitario de la ONU para el territorio palestino ocupado, quién dijo el miércoles que sin fondos inmediatos hasta 1,700 personas en Gaza podrían perder sus extremidades en los próximos dos años.


Unas 29,000 personas en el enclave han resultado heridas por disparos israelíes en protestas y enfrentamientos cerca de las cercas fronterizas durante el año pasado. Al menos 7.000 personas han sufrido heridas de bala, principalmente en las extremidades inferiores. Cientos de ellos necesitan un tratamiento urgente proporcionado por la ONU para salvar sus extremidades. “Estas son personas que recibieron disparos durante las manifestaciones y que necesitan rehabilitación, y una cirugía de reconstrucción ósea muy, muy grave y compleja durante un período de dos años antes de que comiencen a rehabilitarse”, dijo McGoldrick. Sin tales procedimientos, estas personas corren el riesgo de necesitar una amputación, advirtió. Hay temores adicionales de salud si el programa de vacunación de la ONU en Gaza se ve obligado a detenerse.


Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ya ha tenido que recortar la ayuda para 193.000 personas este año en Cisjordania y Gaza, que tendrá que reducirse aún más si es probable que la agencia enfrente una crisis de flujo de efectivo en junio. Las advertencias se producen cuando Israel y Gaza se tambalean en la cúspide de otra guerra en medio del estallido más violento de la violencia desde el conflicto de 2014. Los combates estallaron el sábado por la mañana cuando facciones armadas dentro de la franja dirigida por militantes lanzaron casi 700 cohetes al sur de Israel, lo que llevó a las fuerzas israelíes a atacar a cerca de 350 objetivos en el enclave. La violencia fue provocada por la muerte de cuatro palestinos, incluidos dos militantes, a lo largo de la frontera por el fuego israelí el día anterior, después de que un incidente de disparos dejó a dos soldados israelíes heridos. Al final del fin de semana, los ataques aéreos y los cohetes habían matado a 25 personas, incluidas dos mujeres y dos niños en Gaza. Cuatro civiles fueron asesinados en Israel. Egipto y la ONU lucharon para negociar un frágil alto el fuego que aún se mantiene. Pero muchos temen que solo será temporal ya que se espera que Estados Unidos entregue su tan esperado plan de paz el próximo mes. El llamado “acuerdo del siglo” ya ha sido rechazado por los palestinos por considerarlo pro israelí.


Los palestinos cortaron relaciones diplomáticas con Washington, un mediador histórico en la región, el año pasado, después de la decisión de Donald Trump de reconocer a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel.


El plan de paz de Trump, si se considera que favorece a un lado, puede ser el detonante para iniciar nuevos combates en el mismo mes en que Unrwa realizará una conferencia sobre promesas de contribuciones para cubrir su enorme déficit de fondos. La presión sobre la situación volátil es la crisis financiera de la Autoridad Palestina. En febrero, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció que había cesado toda asistencia a Cisjordania y Gaza. La Autoridad Palestina también se ha negado a recibir remesas de impuestos de Israel. Además, deduce el cinco por ciento de los impuestos que recauda en nombre de los palestinos para se entregárselos a las familias de las personas relacionadas y encarceladas por Israel por delitos de seguridad.


Bel Trew: De The Independent de Gran
Bretaña. Especial para PáginaI12
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Un misil a la negociación de paz con Norcorea

Mientras Corea del Norte dijo que había probado un arma de largo alcance, Seúl y Washington optaron por seguir moderando el tono para no malograr el diálogo.

 

Pyonyang publicó imágenes ayer de los misiles lanzados un día antes que parecen acreditar nuevos y peligrosos avances del programa armamentístico norcoreano, mientras Seúl y Washington optaron por seguir moderando el tono para no malograr el diálogo.


Corea del Norte dijo que había probado un arma de largo alcance, un anuncio que probablemente aumentará las tensiones en la península y que contradice las afirmaciones del Sur y de Estados Unidos que apuntaban a que se trató de misiles de corto alcance. La agencia de noticias estatal norcoreana KCNA anunció que Kim Jong Un supervisó el ensayo armamentístico del jueves, el segundo en menos de una semana y en un contexto de tensión con Estados Unidos debido a las dificultades para alcanzar un acuerdo con el que Pyongyang abandone su arsenal nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.


“En el puesto de mando, el líder supremo Kim Jong Un fue informado sobre un plan de ensayo de varios medios de ataque de largo alcance y dio la orden de realizar el ejercicio”, informó KCNA, asegurando que la prueba fue un éxito. La agencia no especificó qué tipo de arma se disparó y evitó usar las palabras “misil”, “cohete” o “proyectil”.


Estas nuevas informaciones se suman a la creciente tensión con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump consideró el jueves que Kim no estaba preparado para negociar una desnuclearización. Desde la Casa Blanca, Trump dijo que observa el lanzamiento de misiles “muy seriamente”. “Eran misiles más pequeños, misiles de corto alcance. Nadie está contento con eso”, dijo el presidente a periodistas. “La relación continúa. Pero veremos qué pasa”, apuntó.


En la histórica cumbre con Trump en junio de 2018 en Singapur, el líder norcoreano se comprometió a “trabajar por la desnuclearización completa de la península coreana”. Pero las conversaciones se atascaron tras el fracaso de un segundo encuentro entre ambos en febrero pasado en Hanói. Entonces Kim pidió infructuosamente que se levantaran las sanciones que padece su país, a cambio de iniciar una desnuclearización que el presidente estadounidense consideró demasiado tímida.


Corea del Norte “disparó lo que podrían ser dos misiles de corto alcance” desde Kusong, en la provincia de Pyongan del Norte, indicó el jueves el jefe del Estado mayor surcoreano en un comunicado. Agregó que los misiles, que recorrieron 270 y 420 kilómetros, respectivamente, eran analizados por militares surcoreanos y por sus aliados estadounidenses.


La edición de ayer del Rodong Sinmun, el órgano oficial del partido en el poder en Pyongyang, dedicaba toda su portada y parte de la segunda página al lanzamiento de la víspera, ilustrado con 16 fotos, una de ellas de Kim observando el disparo.


El lanzamiento del jueves se produce además días después de que Corea del Norte llevara a cabo un ejercicio militar y lanzara varios proyectiles el sábado, entre ellos un misil de corto alcance, según los expertos.


Oficialmente, Corea del Norte no ha disparado ningún misil desde noviembre de 2017, poco antes de una reducción de tensiones que llevó a la cumbre histórica de Kim y Trump. Entonces probó un misil intercontinental capaz, según Pyongyang, de alcanzar el territorio estadounidense.


El ministro japonés de Defensa, Takeshi Iwaya, dijo ayer que Tokio “llegó a la conclusión” de que los últimos lanzamientos eran misiles balísticos de corto alcance. “El lanzamiento de misiles balísticos es una violación clara de resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo ante la prensa.


Los lanzamientos del jueves tuvieron lugar apenas unas horas después de que el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, llegara a Seúl para mantener conversaciones con representantes surcoreanos sobre el enfoque a adoptar en las negociaciones nucleares con Pyongyang.


El presidente surcoreano, Moon Jae-in, dijo que Pyongyang estaba “muy molesto” porque la cumbre de Vietnam terminó sin acuerdo y que su última postura tenía un “elemento de protesta” y “de presión para redirigir las conversaciones nucleares en la dirección que desea”.


Pero señaló: “Cualesquiera que hayan sido las intenciones de Corea del Norte, advertimos que podría hacer que las negociaciones sean más difíciles”. Corea del Sur y Estados Unidos trabajan juntos en la estrategia negociadora ante Pyongyang.


Con el disparo de este jueves, “Corea del Norte está enviando un claro mensaje de que no se contentará con una ayuda humanitaria” procedente de Seúl, según Hong Min, investigador del estatal Instituto Coreano para la Unificación Nacional. Pyongyang “está diciendo: ‘queremos garantías de seguridad a cambio de un proceso de desnuclearización’” agregó.
A inicios de la semana pasada, Pyongyang advirtió a Estados Unidos de un “resultado indeseable” si no ajustaba su posición para finales de año, después de tres meses de parálisis en las negociaciones sobre el programa balístico y nuclear de Corea del Norte.


Estados Unidos insiste en que las sanciones solo se levantarán después de que Corea del Norte haya eliminado completamente sus programas armamentísticos. Por otro lado, autoridades estadounidenses anunciaron desde Nueva York la incautación del carguero norcoreano “Wise Honest” –una mole de 17.000 toneladas– por violar las sanciones internacionales al exportar carbón e importar maquinaria.

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“Ni una gota de sangre en Mapiripán fue casualidad”, dicen líderes comunales

Un relato de la primera travesía de la Comisión de la Verdad por este municipio del suroriente de Meta

Llegaron a la 1 de la tarde del 4 de mayo de 1998. Entraron en volquetas, camiones y camionetas lujosas. Iban acompañados de los que se decían legales. Eran casi 200 hombres, “pero en un caserío tan pequeño como Puerto Alvira parecían mil”, cuenta Carmen*, una campesina de la zona. Le disparaban al que se les atravesara por el camino y al que quedara medio vivo le pasaban las llantas de las volquetas por la cabeza para rematarlo. Algunos estaban de botas y camuflado; otros estaban de civil, pero encapuchados. Entraron gritando, dando órdenes, escupiéndole en la cara y disparándole a los pies al que se atreviera a mirarlos a los ojos. Sacaron a la gente de sus casas. La llevaron a la pista de aterrizaje de las avionetas y a la cancha de fútbol. Allí la organizaron en filas. Hicieron formar hasta a los bebés. Sacaron una lista. “Las siguientes personas, un paso al frente”. Gritaron los nombres y los apellidos de 29 campesinos. A esos 29 los amarraron. A unos los degollaron y a los demás los llevaron al pie del puerto, donde estaban los surtidores de gasolina. Le dispararon a uno de los tanques. La gasolina se derramó sobre las víctimas, que estaban heridas pero vivas. Les prendieron fuego. Sus cuerpos ardieron toda la tarde. “Los finados quedaron pequeñitos de lo chamuscados y oliendo a un olor que a uno no se le borra jamás”, dice Carmen, quien sobrevivió y lo vio todo. “Lo que los paramilitares hicieron en Mapiripán en cinco días, aquí, en Puerto Alvira, lo hicieron en cinco horas”, cuenta.

 

La ruta del terror


La masacre de Puerto Alvira, un caserío ubicado en el suroriente de Meta, a orillas del río Guaviare, fue una de las matanzas que paramilitares perpetraron en un recorrido del terror que inició diez meses atrás en el casco urbano de Mapiripán y que se extendió por varias veredas, inspecciones y caseríos.


“Las comunidades de estos pueblos soportaron todas las crueldades posibles. Fueron prácticamente exterminadas. En algunos lugares no quedaron sino las ruinas de las casas incendiadas, pero sus historias de dolor quedaron eclipsadas por la masacre de Mapiripán de julio de 1997, que solo fue un capítulo de la política de exterminio que vivimos en el sur de Meta”, dice Juan, defensor de derechos humanos.


En una travesía de varios días, un equipo de la Comisión de la Verdad recorrió las trochas y las sabanas que a finales de los noventa se convirtieron en rutas de dolor y muerte y que, desde entonces, han sido escenario de masacres, torturas, asesinatos selectivos, despojos de tierras, desplazamientos y desapariciones forzadas.


La Comisión estuvo en Mapiripán y en otros cuatro caseríos de la zona, donde escuchó los relatos de algunos de los pobladores que decidieron regresar a sus casas después de años de destierro. Aún parecen pueblos fantasmas: casas abandonadas, techos pudriéndose, escuelas y centros de salud en ruinas, paredes perforadas por balas, calles y patios destruidos por bombas y cilindros, locales ahogados en maleza. Y en esa desolación, 10 o 20 familias que volvieron, sin ninguna garantía, para reclamar las tierras que les quitaron cuando los obligaron a irse.


No somos ‘efectos colaterales


“Al país le contaron por televisión que vinieron a matarnos por guerrilleros, por raspachines y por cocaleros; le dijeron que merecíamos morir, que éramos una plaga. Así justificaron la muerte de mucha gente inocente. Lo que a nadie le han contado es que ni una pizca del horror que vivimos fue chiripa; que cada tortura y cada masacre tenían un propósito concreto: sacarnos de nuestras tierras para dárselas a otros”, dice Francisco, un líder comunal de la región.


“Si de algo sirve desenterrar la verdad –anota Francisco– es para que la gente entienda que en este conflicto nada ha sido casualidad y que ni un solo campesino torturado, desaparecido o asesinado fue un “efecto colateral”, anota el líder.


No fueron casualidad los asesinatos de 50 campesinos en el matadero municipal de Mapiripán, donde los torturaron, los castraron y los degollaron para luego botarlos al río Guaviare. Tampoco lo fue la primera matanza de la inspección de La Cooperativa, que fue simultánea a la de Mapiripán. “No les bastó con matarlos. También los despedazaron y les dieron de comer a los perros los cuerpos desmembrados de sus víctimas”, dice una sobreviviente de ese caserío.


No fueron ‘efectos colaterales’ las personas que murieron en la masacre de Puerto Siare –las botaron en canecas y en lonas con arena para incinerarlas–, ni lo fueron los campesinos sobrevivientes a los que los obligaron a cargar los cadáveres de sus propios vecinos para botarlos, con el estómago lleno de piedras, en el río Meta.


No fueron casualidad las masacres de Tillavá, del Mielón, del Pororio, de Guacamayas y del Rincón del Indio, a donde los masacradores llegaban, mataban, se iban y volvían para seguir matando. No quemaron todas las casas del Anzuelo porque sí, ni cerraron por azar las trochas que conectaban todas las veredas con el centro poblado de Mapiripán. “Andar por cualquier camino era una pena de muerte. Hubo una época en la que ningún civil podía entrar al casco urbano y las remesas solo llegaban, por río, desde Venezuela”, cuenta un campesino de la región.


No fue casualidad que hayan tomado el control casi absoluto del Danubio, Santa Helena, San Antonio, El Alto del Águila, Merecure y otras veredas para fundar grandes haciendas. “O me firma la escritura de la finca o lo mato”, “me dice dónde está el enemigo o lo pico a pedazos”, “se largan a otra parte o se van para la fosa”, les decían.


Lo lograron. Aterrorizaron a las comunidades. Los que no murieron, huyeron. Vaciaron veredas y caseríos. Despojaron fincas campesinas enteras. Se quedaron con buena parte de las tierras de los indígenas y, al final, a esas tierras les aparecieron nuevos dueños.


Tenemos muchas preguntas


“Veinte años después del horror –dice Francisco–, estas tierras, vaciadas de comunidades, están forradas en palma. Hace poco llegaron unos señores a explorarlas. Dicen que todo el tiempo vivimos encima de miles de pozos de petróleo y que no nos dimos cuenta. En los periódicos anuncian que esta tierra es apta para grandes industrias, que en buena parte de Mapiripán se ‘consolidará’ el futuro agroindustrial y petrolero de Colombia”.


“Vivir de suposiciones cansa –señala Francisco–. Los sobrevivientes solo queremos la verdad y tenemos muchas preguntas: ¿Qué tiene ver lo que nos pasó hace 20 años con lo que nos pasa ahora? ¿A quién le reclamamos las tierras que nos quitaron? ¿Para consolidar qué cosas nos querían tan lejos, tan asustados, tan desaparecidos, tan muertos?”.

Por Comisión de la Verdad
Prensa Rural

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Imposible esconderse detrás de falsas identidades

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Ha continuado la amenaza contra la vida y la integridad de nuestra Comunidad y la violación de los derechos fundamentales del campesinado de nuestro entorno. Cada día el campesino es obligado a someterse, contra su voluntad, al control y a las normas que quieran imponerle los paramilitares. Ya el campesino no puede trabajar su propia tierra sin que los paramilitares le cobren altos impuestos; tiene que tener permiso de los paramilitares para sembrar y tiene que pagar impuestos hasta por sus siembras de pan-coger

Según muchas informaciones que pobladores de la zona le han transmitido a nuestra Comunidad, en los últimos días los paramilitares están coordinando reuniones en las veredas, en las cuales obligan a los campesinos a participar en ellas y allí les ordenan someterse a sus normas, a sus proyectos y a sus planes sobre la región y al mismo tiempo les hablan en contra de nuestra Comunidad de Paz, la estigmatizan y anuncian nuevamente su próximo exterminio. Siempre hemos dejado constancia sobre la identidad de los líderes paramilitares alias “René” desmovilizado del 58 frente de las Farc-Ep durante el Proceso de Paz, hoy comandante de los paramilitares en las veredas de San José de Apartadó, alias “Caballo”, alias “Bruja” y alias “Majute” comandantes paramilitares en la vereda Arenas de San José de Apartadó, encargados de reunir y someter contra su voluntad a los campesinos de las demás veredas, toda una estrategia de control y de exterminio.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

El sábado 20 de abril de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían los paramilitares para seguir asesinando en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, pues, según los mismos paramilitares, habían tenido que suspender los asesinatos desde el 16 de enero del presente año, cuando asesinaron al joven Deimer Úsuga, cerca del caserío central de San José, según ellos porque nuestra Comunidad de Paz había denunciado el crimen y todo se estaba complicando, pero ahora, pasados ya varios meses, van a retomar el control realizando nuevas ejecuciones.

Del miércoles 24 al sábado 27 de abril de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo por las veredas Mulatos, Resbalosa y La Esperanza, de San José de Apartadó, con el fin de poder visibilizar más concretamente el control paramilitar que existe en toda esa zona y que cada día oprime más nuestra región.

El jueves 25 de abril de 2019, en horas del día, dos paramilitares conocidos como alias “Santiago” y alias “Arcadio” le prohibieron a un campesino de la vereda La Cristalina de San José de Apartadó sembrar un lote de maíz y le advirtieron que si tumbaba monte le cobrarían $ 5.000.000 (cinco millones) de pesos. Es de recordar que alias Arcadio y alias Alfredo son dos paramilitares de los 5 que participaron en el atentado contra nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre de 2017 donde intentaron asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y a otros miembros de nuestra Comunidad, de esta manera los paramilitares están extorsionando y controlando a los campesinos, pues se aprovechan de la necesidad para prohibirles sembrar, con la intención de someterlos a sus proyectos y quitarles dinero o animales domésticos, como ganado o caballos, a cambio de dejarles tumbar y sembrar sus lotes de pan coger.

El sábado 4 de mayo de 2019, en horas de la tarde, pobladores de la zona informaron a nuestra Comunidad de Paz sobre una serie de reuniones que realizarán los paramilitares alias “Rene”, alias “Caballo” y alias “Bruja” en las veredas de San José de Apartadó, a las cuales convocan de manera obligatoria al campesinado de cada vereda. Según las informaciones, las reuniones tendrán lugar en las dos semanas siguientes.

El martes 7 de mayo de 2019, en horas de la tarde un paramilitar de nombre Domingo Antonio Herrera conocido en la zona como “Chirrí” abordó a miembros de nuestra Comunidad de Paz que se encontraban sembrando un cultivo de maíz en la vereda Resbalosa del corregimiento San José de Apartadó, allí este paramilitar manifestó en tono amenazante diciendo: está prohibido para los campesinos sembrar pan coger y tumbar montañas sin permiso hasta nueva orden, a la vez que amenaza diciendo, en el transcurso de los dos días siguientes llegará una comisión paramilitar a esta vereda y ellos darán las ordenes, yo solo cumplo órdenes y por eso estoy aquí.

El control paramilitar es cada vez más fuerte en la zona pues cobran grandes vacunas o impuestos, someten a la población a reuniones forzadas, ubican puntos de informantes en las casas de los civiles y ahora están prohibiéndole al campesinado sembrar y trabajar sus tierras heredadas de sus padres y abuelos, todo esto como una estrategia de exterminio y control territorial donde hay que obedecer y someterse al paramilitarismo y si algún campesino no lo hace no puede trabajar su tierra.

El miércoles 8 de mayo de 2019, a las 17:00 de la tarde llegó un grupo armado no identificado a la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó, de esta presencia aún no tenemos más informaciones, nos preocupa pues el día martes 7 de mayo el paramilitar alias “Chirri” amenazó a miembros de nuestra Comunidad de Paz con que llegaría una comisión paramilitar a la vereda en los próximos dos días siguientes.

En el discurso oficial del gobierno y de las instituciones estatales, el paramilitarismo “no existe”. Sin embargo, la experiencia del campesinado en muchas regiones del país, como en nuestro territorio, evidencia que su presencia y su dominio es total. Como no es un fenómeno de hoy ni de ayer sino que lo hemos sufrido en más de 22 años y conocemos sus identidades y sus prácticas, nadie podrá convencernos de que son grupos “fuera de control” del Estado. Si la fuerza pública no los tolerara y los patrocinara y si el gobierno y sus instituciones administrativas, judiciales, disciplinarias y políticas no se hicieran “de la vista gorda”, como lo ha hecho en todas estas décadas, no podrían funcionar ni existir. Para nosotros continúan siendo una política de Estado.

Desde nuestro territorio amado agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, pues contar con todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 09 de 2019

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El canciller iraní Mohamad Yavad Zarif se reunió con su colega ruso, Serguéi Lavrov. Imagen: EFE

El gobierno iraní anunció ayer que dejará de cumplir algunos de los compromisos del acuerdo nuclear internacional firmado en 2015. En su discurso televisado, el mandatario de Irán, Hasan Rohani, explicó que desde ahora no van a vender el uranio enriquecido ni el excedente de agua pesada y que además producirán estos elementos de forma ilimitada. Según explicó Rohani, su acción es en respuesta a la decisión unilateral de Estados Unidos de retirarse de ese pacto el año pasado y reestablecer, consecuentemente, las sanciones al país islámico. Como parte del anuncio, Rohani también afirmó que da un plazo de 60 días al resto de los firmantes del pacto, China, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania, para que cumplan con las exigencias de Irán. 

Al poco tiempo de hacerse pública la decisión iraní, Estados Unidos reaccionó anticipando nuevas sanciones para al país islámico que apuntan a los sectores del hierro, acero, aluminio y cobre, al tiempo que advirtió a Europa sobre “las consecuencias de ceder al chantaje iraní”. Un rechazo similar mostró por su parte el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Irán, sin embargo, tuvo el apoyo de China y Rusia.


“Desde este miércoles la República Islámica de Irán no se considera comprometida a respetar parte de lo acordado”, explicó Rohani y señaló que estas medidas se enmarcan en el acuerdo de Viena que permite a las partes firmantes suspender parcial o totalmente algunos de sus compromisos en caso de incumplimiento de otro de los integrantes. El año pasado luego de retirarse unilateralmente del acuerdo, Washington volvió a imponer sanciones a Irán en el sector bancario y petrolero.


“Si durante estos 60 días se mantienen nuestros principales intereses, especialmente la venta del petróleo y la eliminación de sanciones bancarias, volveremos a las condiciones anteriores”, lanzó Rohaní. De no ser así, advirtió, tomarán otros dos pasos: por un lado dejarán de comercializar uranio y por el otro dejarán de vender agua pesada. Estos dos caminos que abrió Irán ante la imposibilidad de acordar posiciones con Estados Unidos permitirán al país islámico una elevada producción de uranio con fines nucleares, algo que en el acuerdo estaba regulado, y una concentración sin límites de agua pesada otro material usado para la fabricación de bombas nucleares.


“El acuerdo sigue en pie. Anunciamos nuestra reducción, no nuestra salida (...) El acuerdo necesita una cirugía pero para salvarlo no para destruirlo”, explicó el presidente iraní. Luego insistió en que su país no abandonó la mesa de negociaciones, dejando en claro que está dispuesto a dialogar. “Hoy estamos empezando la negociación con un nuevo lenguaje. Ahora es jurídico, mientras que ayer era diplomático y amistoso”, finalizó Rohaní. “Este es un intento de chantaje bastante flagrante”, dijo en tanto Tim Morrison, director para Armas de Destrucción Masiva en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “Europa debería resistirse a esto y presionar a Irán para que vuelva a la mesa negociadora para llegar a un acuerdo nuevo”, opinó Morrison quien además insistió en retomar la política de mano dura contra Teherán. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo viajó al Reino Unido donde dio una conferencia junto al emisario estadounidense para Irán, Brian Hook. Allí los ingleses le advirtieron a Teherán que no tome más medidas porque aseguraron que de lo contrario sufrirá consecuencias. Francia, en sintonía, también le pidió a Irán que siga respetando el total de sus obligaciones nucleares y le exigió que se abstenga de aplicar cualquier medida que viole los compromisos asumidos.


El presidente ruso denunció que el país islámico es víctima de una presión internacional. Horas más tarde, el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y ambos coincidieron en denunciar el comportamiento “irresponsable” de Estados Unidos. “Rechazamos las acciones estadounidenses que lleven a una escalada de tensión en torno al acuerdo nuclear con Irán”, dijo por su parte el portavoz del ministerio chino de Asuntos Exteriores, Geng Shuang.

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Sanciones punitivas contra el pueblo de Venezuela

Los medios televisivos del mundo transmiten el mensaje de que el gobierno de Nicolás Maduro ha provocado una crisis humanitaria. La narrativa es que la mala gestión de la economía que acompaña cualquier proyecto socialista conduce al caos. En muy pocas ocasiones se habla de la historia del régimen que comenzó con Hugo Chávez y de la larga lista de intentos para sabotearlo y derribarlo, comenzando con el frustrado golpe militar de 2002, apoyado por el gobierno estadunidense, como revelan muchos estudios bien documentados.

Venezuela tiene hoy las reservas probadas de petróleo más importantes del planeta: más de 300 mil millones de barriles. Es un crudo pesado, caro de extraer y refinar, pero Estados Unidos no le quita la vista de encima a este recurso. Las exportaciones de crudo generan 98 por ciento de las divisas extranjeras utilizadas por esa economía.

Durante años a nadie pareció preocuparle cuál era el destino de la renta petrolera en Venezuela. El monto del gasto social como proporción del PIB promedió 8 por ciento entre 1990-1998. Cuando accedió Chávez al poder, en 1998, el gasto social se incrementó hasta alcanzar 14.7 por ciento del PIB en 2005. Para entonces todas las alarmas en Washington se habían activado. Desde el principio Chávez fue visto como un enemigo peligroso, en especial porque tuvo apoyo popular masivo.

En 2017 el gobierno de Washington impuso una primera serie de sanciones económicas contra Venezuela. El componente más importante consistía en la prohibición de realizar operaciones financieras en el mercado estadunidense. Como resultado, Venezuela no podía emitir bonos en ese mercado y no podía restructurar su deuda externa. La deuda de la empresa estatal petrolera PDVSA estaba siendo renegociada, pero la restructuración se interrumpió. La empresa venezolana Citgo, con más de 5 mil gasolineras en Estados Unidos, fue impedida de remitir sus ganancias a Venezuela. Se cerraron cuentas de instituciones venezolanas en bancos y entidades financieras estadunidenses, y se terminaron las líneas de crédito. La falta de crédito frenó las operaciones de mantenimiento, compra de refacciones e inversiones que se necesitan para mantener la producción. Estas medidas y sus efectos pasaron casi desapercibidas por el gran público, lo que permite transmitir ahora la impresión de que fue la mala gestión económica del gobierno lo que provocó la crisis. En especial, la caída del flujo de divisas impactó la capacidad de comprar medicinas y alimentos, lo que trajo aparejado un fuerte aumento de la inflación.

El castigo más brutal vino en enero de 2019, cuando Washington cerró a Caracas su mercado más importante de petróleo. Estados Unidos compró un promedio de 586 mil barriles de crudo diariamente en 2018, pero para el 15 de marzo de este año esa cifra se redujo a cero. Y Washington presionó a otros países y empresas para que cancelaran sus operaciones con Venezuela o se hicieran acreedores a sanciones adicionales.

En Venezuela la producción de crudo se colapsó, porque no se puede comercializar el producto y porque ese país carece de instalaciones para almacenar este gigantesco inventario. Pero tanto CNN y MSNBC, como el New York Times y el Washington Post, insisten en que la caída de la producción de crudo revela la incompetencia de Maduro y su gobierno.

Debido a las sanciones de enero de 2019 los activos de PDVSA en Estados Unidos fueron incautados. Con el reconocimiento del señor Juan Guaidó como presidente interino, Washington intensificó la presión y tomó el control de los recursos de Citgo en Estados Unidos. Otras ramificaciones incluyen el embargo de recursos venezolanos por el gobierno de Reino Unido y la suspensión de la cuenta de derechos especiales de giro de Caracas por el Fondo Monetario Internacional.

La falta de divisas impide comprar medicinas y muchos artículos de primera necesidad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), administrada por tres universidades venezolanas, revela que entre 2017 y 2018 hubo un incremento de 31 por ciento en la tasas de mortalidad general. Este es el resultado directo de la guerra económica contra Venezuela.

Una pregunta clave: ¿son legales las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela? La respuesta es negativa. La Carta de la Organización de Estados Americanos prohíbe en sus artículos 19 y 20 la interferencia en los asuntos internos de otro país y la imposición de medidas coercitivas. Las sanciones son también ilegales desde otro punto de vista: la Ley de Emergencias Nacionales de Estados Unidos establece que para imponer sanciones debe haber una emergencia nacional en ese país. Pero nada de lo que ha sucedido en Venezuela entraña una emergencia para Estados Unidos.

Toda guerra está basada en el engaño, dice Sun Tzu en su Arte de la guerra. El objetivo de las sanciones en contra del gobierno de Caracas no es iniciar una negociación. Lo que busca esta guerra es castigar a la población para doblegar al gobierno.

Twitter: @anadaloficial

 

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 Luz Marina Monzón. Camilo Rozo

La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, surgida de los acuerdos de paz, calcula cerca de cien mil casos

Luz Marina Monzón (Villavicencio, 1964) lleva media vida dedicada al tema de los desaparecidos en Colombia. Desde que comenzó a trabajar con la Comisión Colombiana de Juristas, hace más de 20 años, ha representado algunos de los casos más emblemáticos. Abogada con especializaciones en ciencias penales y criminológicas y derechos humanos, dirige desde hace poco más de un año la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la entidad encargada de atender las estremecedoras dimensiones del fenómeno en medio del conflicto armado que durante más de medio siglo ha asolado Colombia. Con cerca de cien mil casos, la cifra supera a todas las dictaduras del Cono Sur.


Surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, la Unidad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que dos años y medio después de la firma del pacto aún enfrenta resistencias en algunos sectores del Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque. En este contexto, Monzón comienza este lunes una gira para fortalecer relaciones con autoridades, organizaciones de derechos humanos y familiares en el exilio en Madrid, Berlín y Barcelona.


Pregunta. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha dicho que la búsqueda de desaparecidos es el reto de más largo aliento para Colombia


Respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Por un lado, la dimensión del problema es gigantesca. Nosotros estamos teniendo una aproximación a un universo que no está definido en el país, que es más o menos cien mil personas. La gran deuda es determinar cuántos y quiénes son los desaparecidos en Colombia. El período durante el cual ha tenido lugar la desaparición es extenso, eso indica que el desafío de la búsqueda implica abordar distintos escenarios históricos, geográficos… ¿Vamos a encontrar a todos los desaparecidos? No necesariamente. El desafío es de largo aliento. Si esta búsqueda se hace con la responsabilidad, con el respeto y con la entereza científica, personal y humanitaria que demanda este mandato podemos construir muchas bases de convivencia y paz.


P. Usted tiene una extensa trayectoria que precede a la Unidad. ¿Recuerda alguna historia en particular que ilustre el drama de la desaparición en Colombia?


R. La desaparición colectiva de 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Urabá [en 1990]. Pensar en una experiencia de un corregimiento de muy pocos habitantes, donde una noche se llevan 43 hombres de esa comunidad, cómo queda devastada no solamente la familia sino toda la población. Destruye no solamente la vida de esos familiares que se dedican a buscar, sino la seguridad de esa comunidad y los lazos que se construyeron de confianza, de progreso, de proyección. De la noche a la mañana llegaron y sometieron a estas personas, se las llevaron y nunca más volvieron a saber. Cómo se transformó esa vida colectiva de ese corregimiento me impactó bastante. Haber escuchado a los familiares decir que durante meses dormían en los potreros porque temían que si dormían en las casas iban a llegar nuevamente. Eso es atroz.


P. ¿Qué es lo más difícil de buscar personas desaparecidas en Colombia?


R. El mayor obstáculo es la información. Cuando emprendes la búsqueda deberías planificar, luego hacer los hallazgos y luego emprender lo que es todo un proceso de identificación. Todas esas actividades están sustentadas en algo común, que es la información. Qué calidad de información tienes disponible, qué tan actualizada está, qué tan completa, es lo que te permite llegar a conclusiones en cualquiera de esas fases. Eso no se ha consolidado en Colombia. La fiscalía tiene la información de la investigación penal; Medicina Legal la de su trabajo de necropsias sobre cuerpos; el Centro de Memoria Histórica la que le da su mandato de hacer memoria en este país; la Unidad de Víctimas, un registro dirigido a la reparación. Son pedacitos de información, valiosísimos, pero no completos. Ese es el gran desafío de la búsqueda.


P. ¿Cómo se articula el trabajo de la Unidad con la Comisión de la Verdad y la JEP?


R. Ha sido un gran desafío. El concepto es interesante, pero el diseño es retador. Es importante que se piense un sistema en el que una sola institución no sea encargada de la satisfacción de todos los derechos, sino que se divida el mandato. Sin embargo, las instituciones no tienen la misma vigencia. Hay una Comisión de la Verdad de tres años, una JEP que tiene 15 años (prorrogables otros cinco), y una Unidad de Búsqueda que tiene 20 años. La búsqueda no tiene el mismo dinamismo que tiene la construcción de un proceso de verdad, y mucho menos la construcción de un proceso judicial. La sincronía está siendo unos de los retos más grandes.


P. ¿Teme que algún sector se oponga a la búsqueda de víctimas?


R. No debería pasar, es un acto humanitario para darle alivio al sufrimiento de tanta gente que vive en la incertidumbre. Pero hay circunstancias que pueden ser un riesgo para la Unidad. Por ejemplo, la persistencia del conflicto armado.


P. ¿Que le pediría al presidente Duque para poder desarrollar su labor?


R. Que pusiera en su agenda prioritaria la búsqueda de los desaparecidos. Que comprendiera la necesidad que tiene el país de reconocer no solamente una reparación en los términos económicos en los que se ha implementado hasta ahora, sino en los términos de reconocimiento y dignificación de quienes buscan a tantas personas sobre las cuales no se conoce su paradero.


Son sufrimientos muy distintos. La Unidad no solamente va a buscar a las personas desaparecidas forzadas, va a tener que buscar a quienes fueron secuestrados, donde las familias dieron quizás mucha plata por su rescate y no supieron nunca más de ellos. Familias a las que un día les arrebataron a sus hijos de sus casas, de sus fincas, y nunca más volvieron a saber de ellos porque fueron reclutados. Todos están buscando, pero las vivencias son distintas. Todo eso conspira contra una convivencia pacífica. El reconocimiento y el respaldo a la búsqueda de los desaparecidos tiene que ser la perspectiva de la construcción de paz en este país.


P. ¿Ha llegado a sentir falta de recursos, o de voluntad política?


R. Sí. No tengo los recursos que deberían haberse dispuesto para este año por parte del Gobierno. No veo en algunos momentos la disposición a darle lugar a este tema en la agenda política, y creo que eso dificulta aún más la tarea.


P. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


R. Un momento de un gran desafío, de una gran responsabilidad y de una gran oportunidad.


P. ¿El país está experimentando una batalla por la memoria y el relato del conflicto?


R. Sí, pero justamente me parece que esa es una gran oportunidad. Estamos dando una batalla por la memoria y no una batalla por la vida.

Por Santiago Torrado
Bogotá 6 MAY 2019 - 01:31 COT

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