Organizaciones de derechos humanos, víctimas de guerra, grupos opositores, intelectuales y exguerrilleros se han pronunciado contra la reciente embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra los acuerdos de paz que hace 29 años y liderados por Naciones Unidas pusieron fin a la cruenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en El Salvador, pero que para el controvertido mandatario son una “farsa”, un “negocio” de élites y un “pacto entre corruptos”. El viernes, un grupo de organizaciones sociales y de víctimas del enfrentamiento armado exigieron a Bukele que respete los acuerdos y mantenga el compromiso del Gobierno a favor de los derechos humanos, mientras que un centenar de académicos salvadoreños y extranjeros hicieron pública una carta en la que rechazan las declaraciones del presidente y piden respeto por la verdad y la memoria histórica.
La indignación creció en el país centroamericano el 16 de enero, cuando por segundo año consecutivo el mandatario rechazó conmemorar la firma de los acuerdos de paz, pero también ordenó a golpe de decreto anunciado por Twitter que esa fecha se convierte en un día para recordar a las víctimas del conflicto. “De ahora en adelante, por decreto presidencial, el 16 de enero será el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”, escribió Bukele en la red social, su medio favorito para comunicar sus decisiones presidenciales. “Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados”, insistió.
Para Bukele “la firma de los acuerdos de paz no representó ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos”, sino que se tradujo en “el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”, en referencia a los integrantes del Gobierno de la época y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que sellaron los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Ese pacto permitió poner fin a una de las más cruentas guerras que sufrió América, con episodios terribles como la masacre de El Mozote de 1981 cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño —muchos formados en la Escuela de las Américas— asesinaron a al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas; todos campesinos) en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista.
Fue precisamente en El Mozote donde Bukele expresó sus mayores críticas a los acuerdos de paz a finales de diciembre, en un acto público en el que participaron víctimas de aquella matanza. El presidente dijo que la guerra fue una farsa, así como el pacto auspiciado por la ONU. “¡Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas o ¿qué beneficios le trajo al pueblo salvadoreño?”, cuestionó. Bukele ya había desatado una crisis política en El Salvador al impedir que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza de El Mozote, después de desobedecer una orden judicial emitida por un juez para inspeccionar los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa pobre comunidad salvadoreña.
Tras las críticas de Bukele, agrupaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto han protestado en San Salvador. El viernes, representantes de varias organizaciones sociales leyeron un comunicado en el que exigen al mandatario cumplir con las “responsabilidades” en materia de derechos humanos que dejaron los acuerdos de paz. “Existen responsabilidades fundamentales que el mandatario debe cumplir, fundamentalmente dejar de proteger a victimarios, como sucedió en la negativa de cumplir la orden judicial de acceso a los archivos militares en el caso El Mozote”, dijo David Ortiz, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Además, 107 historiadores, académicos y personalidades de El Salvador y otros países hicieron pública una carta en la que rechazan “enfáticamente” las declaraciones de Bukele. “Nos preocupa que en su calidad de presidente trate con ligereza temas tan importantes”, critican y hacen un llamado a respetar la verdad y la memoria histórica. El documento, publicado por el medio digital El Faro, lleva la firma de personalidades que participaron en el proceso de pacificación que concluyó con la rúbrica del pacto en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México.
También han criticado a Bukele exintegrantes de las guerrillas, como Ana Guadalupe Martínez, quien representó en los acuerdos al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los grupos cercanos al FMLN. “Prácticamente pocas familias de este país han de haber quedado sin ser tocadas, lesionadas o partícipes de esa confrontación tan larga. Por ello, no solo fue sorpresa, sino que me causó dolor, porque el presidente no tiene empatía para los cientos de miles de salvadoreños víctimas, no solo con los que fallecieron, también con los que todavía estamos vivos. Y obviamente me pareció no solo irresponsable, sino totalmente fuera de lo que podía ser la mentalidad de un jefe de Estado. Yo, dije: ‘Bueno, esa declaración retrata exactamente lo que es él, humo. No tiene nada en la cabeza”, dijo la exguerrillera en declaraciones a la cadena Focos TV.
Amanda Castro, hija de víctimas de guerra, dice que Bukele mantiene una “línea negacionista” que atenta contra la memoria histórica de El Salvador. “Es muy grave, son narrativas malintencionadas y perversas que parten de una profunda ignorancia”, afirma Castro a EL PAÍS por entrevista telefónica. “El presidente aprovecha esta fecha [la conmemoración de los acuerdos] para negar la historia. Aunque existan desafíos, no podemos negar los avances que hubo en relación con los acuerdos, porque de ellos surge una institucionalidad en el país, se crea la Procuraduría de Derechos Humanos y se supedita las fuerzas armadas a los poderes civiles”, agrega. Para Castro, el presidente salvadoreño demuestra “claros signos autoritarios y dictatoriales”, que ponen en riesgo los derechos humanos en El Salvador. “Con sus declaraciones negacionistas, burlescas, el presidente coloca otra vez al país en bandos al país, cuando los acuerdos de paz son logros de toda la sociedad salvadoreña, más allá de partidos políticos. Hay que defender esos acuerdos, que hoy las declaraciones de Bukele ponen en peligro”, concluye la también activista.
México - 25 ene 2021 - 22:59 UTC
Los proyectos mineros dirigidos principalmente por grupos ilegales en Colombia son los que más afectan a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de este país.
De las 52 comunidades afectadas por proyectos, 20 son impactadas por actividades mineras mediante 9 proyectos que representan el 47% de los proyectos registrados, entre 2017 y 2019, de acuerdo a un estudio de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.
Seis de estos nueve proyectos mineros son dirigidos por grupos ilegales, que también lideran otros 3 proyectos de agroindustria.
De ahí que Colombia sea también el país que registre la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica con 17 personas asesinadas.
Así lo informa la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).
Según la plataforma, Colombia registra 19 proyectos en total. De ellos, 9 corresponden al sector minero, 4 al de infraestructura y 3, tanto al de hidrocarburos (gas o petróleo) como al de agroindustria.
Esto guarda relación con el número de comunidades afectadas: 52 en total. De estas, 20 son afectadas por proyectos mineros; 18 por infraestructura; 11 por hidrocarburos y 3 por agroindustria.
Como se aprecia, existe una predominancia de proyectos mineros. Seis de los nueve casos identificados en este sector son actividades ilegales que generan deforestación y contaminación, por el uso del mercurio.
En los tres casos formales de minería, todas son de extracción de carbón mineral, siendo una de ellas la mina El Cerrejón, ubicada dentro del territorio del pueblo indígena Wayúu, en el departamento de La Guajira.
Esta comunidad ha denunciado que, desde que comenzó la explotación de carbón en los años 70, ha perdido miles de hectáreas de sus tierras, lo que afecta su supervivencia.
Otro aspecto que se destaca es el impacto de las obras de infraestructura como Hidrotuango, un proyecto hidroeléctrico que afecta a comunidades campesinas en los municipios de Ituango y Briceño.
Las comunidades que se resisten al proyecto tienen documentados 152 casos entre los que registran asesinatos, amenazas, acoso por parte de grupos armados paramilitares, entre otros.
La plataforma revela que los derechos a un medio ambiente saludable (63.2%) y a participar en la vida pública (59.9%), fueron las violaciones de derechos más frecuentes denunciadas en los conflictos registrados en Colombia.
El derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la defensa de la tierra ancestral fueron otros derechos vulnerados en más del 30% de casos.
En tanto, los ataques más frecuentes fueron los asesinatos, las amenazas, la limitación de la libertad de expresión y la invasión al territorio colectivo.
De las 52 comunidades afectadas, 33 personas sufrieron ataques individuales; de ellas, 17 fueron asesinadas, lo que convierte a Colombia en el país con la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica.
Por otro lado, el impacto ambiental mayor fue la contaminación del agua, registrándose en el 68% de los casos; mientras que el impacto social más frecuente fue la alteración de medios de vidas tradicionales en 24 comunidades
22 enero 2021
Un país ‘W’ que ocupa ilegalmente una parte de la nación ‘X’, critica al país ‘Y’ por su ocupación ilegal de una parte de la nación ‘Z’ y le suministra armas para que ‘Z’ acabe con ‘Y’ , ya que "la integridad territorial es sagrada". Un país ‘V’ que por décadas ignora resoluciones de Naciones Unidas que censuran su ocupación ilegal de un país ‘U’ −durante la cual acapara su tierra y transfiere su población civil allí−, apoya a la nación ‘Z’ cuyos oficiales usan en contra del país ‘Y’ el mismo tipo de argumentos que la nación ‘U’ −y sus defensores− habitualmente dirigen en contra del país ‘V’. Una nación ‘Y’ que enfrenta el ataque del país ‘Z’ −apoyado por las naciones ‘W’ y ‘V’− hace a la luz del derecho internacional cosas muy parecidas que el país ‘V’ en territorios ocupados de la nación ‘U’, o −hasta cierto punto− el país ‘W’ en territorios de la nación ‘X’. Un país ‘V’, perteneciente a una nación-víctima de un genocidio, le vende armas al país ‘Z’, el enemigo acérrimo de la nación ‘Y’ que pertenece a otro país-víctima de un genocidio y que además enfrenta la alianza del país ‘Z’ con la nación ‘W’, dos pueblos étnicamente cercanos, de los cuales el segundo cometió aquel genocidio.
Si al lector ya le dio vértigo, no se preocupe.
En la reciente guerra en Nagorno-Karabaj, un enclave montañoso mayoritariamente armenio en el Cáucaso del sur, pero que les pertenece a los azeríes −y que desde la década de los 90, tras otra sangrienta guerra, estuvo bajo la ocupación armenia en forma de "republiqueta" de Artsaj−, abundaba toda una serie de ironías y paradojas. Algunas de tipo −como se suele decir por mis tierras− "el cerebro se para" (tras dar 100 mil vueltas).
Curiosamente, Rusia, el país no mencionado en la letanía inicial −"la fuente de todos los males en el mundo" (basta leer la prensa liberal)− salió la mejor parada. O "más congruente". No sólo al imponer la tregua entre Armenia (país ‘Y’) y Azerbaiyán (nación ‘Z’) se posicionó como un hegemón regional frente al expansionismo de Turquía (país ‘W’). O convirtió lo que Azerbaiyán no recuperó de Artsaj en su semicolonia. Sino que hizo lo que ya de por sí venía haciendo: recuperar la influencia tras el colapso de la URSS: apoyar irredentismos (Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, Dontesk/Lugansk) o anexar ilegalmente territorios (Crimea). Aunque el hecho de que la nación que les vende armas tanto a Ereván como a Bakú o que oficialmente rehabilitó a Stalin, el responsable por transferir de modo desafortunado a Nagorno Karabaj a Azerbaiyán y no a Armenia, acabara de "salvador de los armenios" no deja de ser una ironía.
¿Pero qué decir de Turquía que ocupando ilegalmente la parte norte de Chipre (país ‘X’) fustigaba a Armenia por su "criminal ocupación de Nagorno Karabaj" o que solidarizándose con el lado azerí (su hermano pueblo túrquico) y mandándole armas (drones, etcétera), asesores militares y mercenarios sirios, se refería despectivamente a los armenios −víctimas del genocidio perpetrado por ella en tiempos del imperio otomano (1.5 millón de víctimas)− como "sobras de la espada" ("kılıç artığı"), insinuando que "aún hay cosas inacabadas" en referencia a los descendientes de los sobrevivientes?
¿O de Israel (país ‘V’) que nunca reconoció el genocidio armenio para no quitarle la excepcionalidad al Holocausto aunque, según sus perpetradores (sic) y estudiosos fue justo el antecedente armenio que posibilitó el genocidio judío, y que no tiene ningún reparo moral en armar −a mano con Turquía que igual niega aquel genocidio− a los azeríes en contra de los armenios con armas (drones, munición loitering, bombas de racimo, vehículos, sistemas de vigilancia) "testeadas" durante la ocupación sin fin de Palestina (nación ‘U’), facilitando si no otro genocidio, sí −bueno, de esto sabe− una nueva limpieza étnica?
¿O de la propia Armenia que en efecto ocupaba de manera ilegal a Nagorno Karabaj y transfería su población civil allí−práctica prohibida por la Convención de Ginebra− "emulando" lo que hace Israel en Cisjordania y apoyándose, igual que Israel, en su diáspora mundial invocaba "el derecho al retorno" para asentar colonos en Artsaj haciéndolo, igualmente, "a fin de proteger vidas" dada la historia de pogromos históricos a manos de los azeríes?
¿O de Azerbaiyán que invocando el derecho internacional usaba argumentos parecidos en contra de la ocupación y asentamientos armenios que los palestinos fútilmente emplean en contra de Israel y sus asentamientos ilegales o usaba la argumentación milenaria (“quién estuvo allí ‘primero’”) para justificar su "derecho" a aquella tierra −esto ya emulando a Israel− rescribiendo la historia y cambiando incluso burdamente inscripciones en sitios arqueológicos armenios bajo su control?
Los rusos diciendo lo mismo de siempre. Los turcos mintiendo descaradamente. Los israelíes, bueno, al menos mantenían la boca cerrada (su apoyo a Azerbaiyán era un secreto a voces). Los armenios actuando (casi) como israelíes. Los azeríes hablando como palestinos. Encima los kurdos perdiendo la guerra en la que no han participado al acabar ante el triunfo del pan-turquismo más expuestos a ataques de Ankara, la misma que hace un siglo, de forma trágica, los hizo coperpetradores del genocidio armenio... (o cuales, décadas más tarde, Israel trató de usar como "quinta columna" en contra de varios países de la región). Ironías. Paradojas. Hipocresías. El mundo patas arriba. ¿O a poco no ha estado así siempre?
EEUU acaba de traspasar la protección de Israel del área de responsabilidad del Comando estadounidense para Europa (EUCOM) al Comando Central de los Estados Unidos (US-CENTCOM). Esta decisión de última hora del presidente Donald Trump, que cambia la arquitectura militar de EEUU-Israel para Oriente Próximo, sucede cuando 1) el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo acusa a Irán, sin prueba alguna, de ser la nueva sede de Al Qaeda y de que está desempeñando un papel "peor" que Afganistán antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la misma afirmación de la CIA (la agencia del que él fue director) sobre Iraq y Afganistán antes de convertirlos en montañas de cadáveres y cenizas; y 2) los medios israelíes informan de tres "planes de emergencia" para frenar el programa nuclear de Irán que incluyen los ataques aéreos a las instalaciones militares de este país, y 3) un submarino nuclear israelí y tres portaviones estadounidenses merodean el Golfo Pérsico.
El Comando Central de EEUU nació en 1980 para sustituir de las Fuerzas de Despliegue Rápido que defendía los intereses de EEUU en Medio Oriente, Norte de Africa y Asia Central y Sur, y es uno de los seis comandos de EEUU cuya misión consiste en hacerse con el control geográfico del mundo: La área de responsabilidad (AOR) del Comando Norte, el NORTHCOM, es vigilar el propio territorio de EEUU, Puerto Rico, Canadá, México y Bahamas; el Comando del Sur, SOUTHCOM, América Central y América del Sur; el INDOPACOM espía la región del Indo-Pacífico, y AFRICOM a las naciones africanas.
A como ‘Artsaj’. Hasta que en septiembre estallara la guerra entre Azerbaiyán y las fuerzas étnicas armenias de esta "republiqueta" de facto (bit.ly/3hSpw89), pocos ubicaban este nombre. Pero allí nació la guerra moderna y la táctica militar pasó del siglo XX al XXI. El uso masivo e innovador de drones armados (turcos e israelíes), empleados hasta ahora más en operaciones de inteligencia o asesinatos extrajudiciales, le dio la superioridad al lado azerí por encima de las viejas doctrinas postsoviéticas armenias e inauguró una nueva época, confirmando de paso la relevancia para la izquierda del análisis militar del que en su tiempo fue pionero Engels −el "cumpleañero" de 2020 (bit.ly/3ofsV33)−, con su mirada de como el avance tecnológico moldea el moderno campo de batalla (véase: W. Streeck bit.ly/3hO6W0z).
B como ‘biopolítica’. Hablando de "la invención de una pandemia" (bit.ly/3oinvEs) −a punto de ser acusado de negar su gravedad (bit.ly/3hF0n0t)− G. Agamben logró poner la luz a la enorme capacidad del Estado de restaurar los disciplinamientos (M. Foucault) y dominios perdidos en años recientes al sustituir el "terrorismo" por una "amenaza médica" (bioseguridad) y miedo al virus que despolitiza/paraliza la acción mediante el permanente "estado de excepción" (C. Schmitt).
B como ‘#BlackLivesMatter (BLM)’. El asesinato de George Floyd, en mayo, por un policía en Minneapolis ("¡No puedo respirar!") ha sido una chispa que encendió las protestas a los largo de Estados Unidos (y el mundo), dando a luz todo un movimiento en contra de la brutalidad policiaca, el racismo sistémico y la asfixiante −literalmente (véase: A. Mbembe, bit.ly/38a9xyU)− pandemia que mata de manera desproporcionada a las personas de color (bit.ly/2Xbn9Dz).
C como ‘colonialismo’. Si bien al principio el coronavirus fue tildado como "un gran igualador" (sic), pronto resultó que no todos sentían sus efectos por igual y que las poblaciones de color, marginadas o los refugiados eran los más vulnerables. La pandemia demostró también la persistencia del colonialismo −"todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales" (véase: B. de Sousa Santos, bit.ly/2Ydmm6S)−, y de la “línea abisal que separa los cuerpos racializados y ‘blancos’” ( Ibíd., bit.ly/3cXZdtq), siendo Palestina el mejor ejemplo de cómo la pandemia, acelerando incluso el proyecto colonial de asentamientos israelíes, agravó aún más la precariedad de los cuerpos colonizados/ocupados palestinos y el trato desigual entre ellos y los ocupantes desde lockdown (bit.ly/2LmckvR) hasta el acceso a vacunas (bit.ly/2JNPtsN).
E como ‘esperanza’. En medio de la pandemia hubo también buenas noticias: la recuperación de la democracia en Bolivia y la arrasadora victoria del MAS, el triunfo del plebiscito que abrió la puerta para remplazar la Constitución pinochetista en Chile o la legalización del aborto en Argentina, pero abrazar la esperanza para 2021 implica también reconocer las fallas como las de Sanders o la incapacidad de construir un verdadero "bloque nacional progresista" en Estados Unidos (véase: M. Davis, bit.ly/3rT977P).
M como ‘monumento’. Los manifestantes que tiraban en el año pandémico a lo largo del mundo las estatuas de esclavistas, colonizadores y genocidas −un impulso inducido por el #BLM y un claro reclamo por el espacio público ( bit.ly/2MtEvcL)−, han sido acusados de "borrar la historia", pero en realidad lo que hacían era permitir que ésta sea contada por fin "desde el punto de vista de las víctimas" (W. Benjamin) y que se viera "más claramente" (véase: E. Traverso bit.ly/2JPXPAb).
M como ‘metáfora’. Junto con la pandemia llegó la infección del lenguaje: una avalancha de analogías sin ningún rigor que ocasionó "una verdadera infestación, contaminación y destrucción de la semántica" que más que explicar lo que acontecía, ayudaba sólo "a aislar el significado y trivializar la crisis" ( bit.ly/3bqRXc7); igualmente el uso de metáforas bélicas −alusiones a la Segunda Guerra, etc.− tendía más bien a "amenazar y limitar nuestras libertades" (véase: C. Ginzburg bit.ly/35eLU6s).
P como ‘pandemia’. Sin lugar a duda la palabra del año (bit.ly/3n3Aclc). El mundo −y nuestras vidas− quedaron "patas arriba" cuando el trabajar desde casa o el distanciamiento social se volvieron "la nueva normalidad". Cambió el año (el calendario gregoriano). Pero aún no se perfila una salida clara (bit.ly/38jj5Yv) y lo que arrancó con él −ahora en medio de la segunda ola de contagios, la re-imposición de las restricciones y el inicio de la vacunación− sigue. Y continuará.
Z como ‘Zoom’. Aunque al principio el traslado masivo, debido a las medidas del confinamiento, de actividades laborales, educativas y sociales a plataformas privadas en línea, se vislumbraba como "una gran explosión de la creatividad" y "una muestra de adaptación", pronto empezó a parecer lo que realmente era: el triunfo del "capitalismo de la vigilancia" (S. Zuboff), la extensión del control ejercido a través de las cámaras de video a cargo de la industria hightech y bigdata (Google, Facebook etc.), el avance de la "celularización social", despolitización, y −en el caso de la educación superior− la aceleración de la muerte de la universidad presencial (véase: G. Agamben, bit.ly/38Xlpn2).
La guerra de Yemen suscita una larga serie de ambiciones en distintos países de Oriente Próximo, desde Arabia Saudí a los Emiratos Árabes Unidos, desde Irán a Israel. En la víspera del cambio de presidente en Estados Unidos, los distintos agentes tratan de acceder a posiciones ventajosas, mientras que Joe Biden tendrá que ocuparse pronto de este conflicto catastrófic
La brutal explosión que tuvo lugar hace unos días en el aeropuerto yemení de Adén, en la que murieron 26 personas y dejó decenas de heridos, fue atribuida inicialmente a los hutíes aunque nadie la ha reivindicado todavía. Fue otro azote en un país que sufre una guerra terrible desde hace más de un lustro que ha traído un sinfín de calamidades, especialmente para la gente corriente.
Es obvio que el momento del ataque fue coordinado puesto que ocurrió coincidiendo con la llegada al aeropuerto del nuevo gobierno yemení que con anterioridad había prestado juramento al presidente Abdel Rabbu Mansur Hadi, exiliado en Riad, la capital de Arabia Saudí.
El nuevo gobierno se formó un año después de que se firmara el acuerdo de Riad entre el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y la organización separatista del sur del país, el Consejo de Transición del Sur, que persigue la independencia de la zona bajo su control y que en abril pasado anunció unilateralmente el establecimiento de una región autónoma.
Algunos medios recibieron con satisfacción el acuerdo, dando la impresión de que ha comenzado una nueva etapa en la sangrienta historia moderna de Yemen. Sin embargo, el acuerdo no es entre los rebeldes hutíes y el gobierno de Yemen, sino entre el gobierno y los separatistas que decidieron separarse del gobierno y combatirlo.
La limitada satisfacción también es prematura puesto que hay sectores dentro del mismo Consejo de Transición del Sur y distintas tribus locales, que están disconformes al considerar que el acuerdo atiende a los intereses de las tribus del norte y al control de los campos de petróleo y gas del sur.
Además, el acuerdo, que garantiza una generosa ayuda económica de Arabia Saudí, no prevé la evacuación de la presencia de los Emiratos Árabes Unidos de Socotra, donde los Emiratos planean establecer bases militares que permitirán a Israel controlar el acceso al mar Rojo. De hecho, distintos medios árabes y hebreos han indicado que en la zona ya se encuentra personal israelí.
El cruce de acusaciones por la explosión del aeropuerto se ha visto incrementado con la publicación en varios medios de una fotografía, inicialmente aparecida en el diario yemení Watan al Gad, del agregado militar de Yemen en los Emiratos, el general Shalal Ali Shaye, responsable de la seguridad de Adén, abandonando el aeropuerto precipitadamente en un vehículo blindado instantes antes de que se produjera el ataque.
Según la información inicial, la explosión tuvo lugar mediante un ataque coordinado de morteros, misiles y drones, material que tienen en su poder los hutíes. No obstante, ese mismo material ha sido entregado por los Emiratos Árabes Unidos al Consejo de Transición del Sur.
También se ha argumentado que los hutíes tienen que estar detrás porque son los más perjudicados por el acuerdo entre el gobierno y el Consejo de Transición del Sur. En realidad, también Irán, Qatar y Turquía han expresado su disgusto con el acuerdo, y los iraníes especialmente mantienen relaciones con los hutíes.
Se da la circunstancia de que Irán, Qatar y Turquía se enfrentan a los Emiratos de una manera clara en distintos frentes de Oriente Próximo, y que los Emiratos apoyan y arman al Consejo de Transición del Sur con el objetivo de conseguir la independencia del sur y plantar allí una presencia militar estable.
De entrada hay dos partes sospechosas de provocar la explosión de Adén, los hutíes y los emiratíes. Pero en los días siguientes al ataque algunos medios yemeníes señalaron también a Arabia Saudí, un país que está metido hasta el cuello en el conflicto y cuyos intereses son ahora distintos a los de los Emiratos, a pesar de que los dos países entraron en la guerra de la mano.
En resumen, es difícil determinar quién llevó a cabo el ataque puesto que sobran candidatos, los rumores de conspiración están a la orden del día y no faltan motivos para justificarlos. En este contexto, el presidente electo Joe Biden tomará posesión del cargo el 20 de enero y esto está alterando la sensibilidad de las potencias regionales.
Tanto los hutíes como los emiratíes y los saudíes están aprovechando los últimos días de Donald Trump para asentar sus posiciones. Aunque nadie sabe cuáles serán sus primeros pasos, Biden ya ha dejado caer que no simpatiza mucho con el príncipe saudí Mohammad bin Salman y lo más probable es que esté trazando un plan para poner fin a la guerra de Yemen.
En 2015, tras la entrada militar de Arabia Saudí en Yemen, todavía bajo el mandato de Barack Obama, el general americano Lloyd Austin declaró ante el Congreso: “Desconozco cuáles son los fines y objetivos específicos de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, y debería conocerlos para valorar las perspectivas de éxito”. Un lustro después, podría repetir esas palabras.
El diario Haaretz se hizo eco esta semana de que Israel tiene mucho interés en lo que está sucediendo en Yemen, una circunstancia que ya han señalado numerosos medios árabes pero también hebreos. El responsable de los servicios de inteligencia hutíes, Abdullah Yahiya al Hakim, ha advertido que, tras su propio fracaso, Arabia Saudí "ha solicitado la intervención de los sionistas".
La situación de Yemen es cada día más compleja, y si Biden decide castigar a los saudíes, los emiratíes, estrechos aliados de Israel, pueden ser los más beneficiados, permitiendo que se restablezca el viejo Yemen del Sur que existió hasta la unificación ocurrida en 1990.
Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN
Esta semana, después de tres años de bloqueo, Qatar y la coalición árabe rival han firmado la reconciliación en Arabia Saudí. Todavía es pronto para saber las consecuencias que tendrá esa escenificación, debido a sus intereses dispares. Frente a la moderación de Qatar, se encuentra el extremismo de la coalición árabe espoleada por Israel.
Es probablemente el efecto Joe Biden el que está detrás de la reciente normalización de relaciones entre los países del Golfo y Egipto, por un lado, y Qatar por el otro, después de más de tres años de bloqueo de este país, una normalización que ha llegado solo unos días antes de que el ganador de las elecciones americanas acceda a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.
Está claro que la victoria de Biden no ha sentado nada bien a países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein o Egipto, pero al ver las orejas del lobo no les ha quedado más remedio que dar ese paso, y eso pese a haberse puesto al cobijo de Israel, otro país donde está costando asumir las inciertas consecuencias del recuento de votos en EEUU.
La ruptura de relaciones de los países mencionados con Qatar fue un disparate. La prueba es que los países moderados del Golfo, Kuwait y Omán, no la secundaron. Al final, las duras sanciones impuestas por la coalición no han conseguido los objetivos que se marcaron los príncipes Mohammad bin Zayed y Mohammad bin Salman.
La coalición exigía el fin de las emisiones del canal de televisión Al Jazeera que emite desde Doha, el desmantelamiento de la base militar que Turquía tiene en Qatar, la persecución de los Hermanos Musulmanes y el enfriamiento de relaciones entre Qatar e Irán. En resumen, el bloqueo ha sido un fracaso que al final emiratíes y saudíes han tenido que comerse con patatas.
Al Jazeera, especialmente en el canal árabe, es una emisora moderna y de una calidad excepcional que ocupa el primer lugar del podio en cuanto a difusión en Oriente Próximo. Cansados de emisoras anquilosadas y reaccionarias que se limitan a reproducir las ideas de los gobernantes, la población de la región concede más credibilidad a Al Jazeera que a todos los demás medios juntos.
Los regímenes de la zona hace años que quieren cerrarla, y este fue uno de los motivos centrales del boicot a Qatar. Sin embargo, en el acuerdo de normalización que se alcanzó esta semana en Arabia Saudí, cuyo texto no se ha hecho público pero puede deducirse de las declaraciones de los interesados, no se hace ninguna mención a Al Jazeera, por lo que es de desear y esperar que la cadena siga informando como hasta ahora.
En cuanto a la base militar turca, se debe señalar que Qatar también alberga la principal base americana en la región, y pese a ello mantiene unas excelentes relaciones con Teherán. Junto con Qatar, los turcos son los principales defensores del islam político, una ideología que ha sido proscrita en los Emiratos y Arabia Saudí como "terrorista".
Después del acuerdo de reconciliación, Qatar ha dicho que la vuelta a la normalidad con la coalición hasta ahora enemiga, no va a repercutir en sus relaciones con Turquía e Irán. La coalición ha tenido que tragarse este otro sapo y ahora espera con inquietud lo que decida la administración Biden respecto al programa nuclear iraní.
El acuerdo nuclear, que fue negociado arduamente por el presidente Barak Obama y firmado en 2015, fue cancelado por Donald Trump unos años después siguiendo instrucciones de Israel. La ruptura del acuerdo no ha logrado ninguno de los objetivos declarados, al contrario, ha llevado más tensión a Oriente Próximo, de manera que solo ha beneficiado a Israel y a sus recientes aliados árabes, cuya política de confrontación se ha puesto incondicionalmente al servicio de Israel.
Cabe preguntarse qué repercusiones tendrá la firma de la reconciliación. El tiempo dirá si cuaja o no, algo que todavía es pronto para ver. Una indicación de que podría ser una falsa reconciliación o una reconciliación puramente táctica puede verse en el hecho de que varios mandatarios árabes no acudieron a su firma en Arabia Saudí.
El caso más notorio es el del príncipe emiratí Mohammad bin Zayed, cuya ausencia no pasó desapercibida. Bin Zayed es el principal agente desestabilizador en la región, solo por detrás de Israel, y anda metido en prácticamente todos los saraos militares de la zona y del norte de África, bien directamente o bien por medio de intermediarios que no hacen asco a sus abundantes dólares.
Uno de los pecados originales de Qatar, que nunca se le perdonó, fue precisamente salirse de la coalición árabe que participó en la guerra de Yemen dirigida por el emiratí Bin Zayed y el saudí Bin Salman, un conflicto terrible que ha causado grandes calamidades y al que la nueva administración Biden debería poner punto y final cuanto antes.
Son muchas las cuestiones que quedan en suspenso para creer que el abrazo que esta semana se dieron los mandatarios de Arabia Saudí y Qatar sea realmente sincero y no falso, y que el bloqueo de tres años que ha sufrido Qatar a partir de 2017 vaya a terminar solo porque los aviones qataríes puedan sobrevolar el cielo de Arabia Saudí y los Emiratos.
En 2017 los cálculos de Riad y Abu Dabi eran que muy pronto Qatar se pondría de rodillas y volvería sumiso a la coalición, algo que nunca ocurrió. La economía qatarí sufrió, pero resistió con valor las presiones y el bloqueo, y esto ha sido una nueva lección para Riad y Abu Dabi en el sentido de que todo el dinero del mundo, las armas occidentales más sofisticadas y el amparo de Israel no siempre bastan para que se cumplan los planes de uno.
10/01/2021 12:25 Actualizado: 10/01/2021 12:27
Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN
Vaya por delante la condena. Pero de allí a lanzar loas a la democracia estadunidense es una falta de respeto. Menos aun señalar su ejemplaridad. Azuzados por el presidente Donald Trump, sus seguidores no dudaron en asaltar el Capitolio bajo la consigna de haber sido víctimas de fraude y robo en las elecciones presidenciales. Son muchos quienes le siguen, dentro y fuera de las instituciones. Cien representantes en la Cámara y siete senadores han negado validez al triunfo de Biden. Para ellos, América se encuentra secuestrada por vendepatrias. Por consiguiente, la sociedad estadunidense es víctima de una conspiración de negros, latinos, minorías sexuales, comunistas y socialistas, cuya finalidad es destruir el país.
Las imágenes de ciudadanos trepando paredes, rompiendo ventanas, invadiendo despachos, son un jarro de agua fría para quienes han aupado a Estados Unidos como salvaguarda de la democracia mundial. Analistas políticos, especialistas en relaciones internacionales, corresponsales, hacen piña. Sólo hay un responsable de la violencia: Donald Trump, un desequilibrado que no asume su derrota. Las cadenas de radio y televisión informan en tiempo real y a la par dan a conocer tuits de jefes de Estado y gobierno occidentales mostrando su rechazo a la toma del Capitolio y su reconocimiento a Joe Biden. El momento era relevante, se estaba validando formalmente, en sesión plenaria, la designación de Joe Biden como presidente. Penúltimo acto para el traspaso de poderes en la Casa Blanca el 20 de enero. Pero el ícono del poder legislativo, el Capitolio, era víctima de un ataque, según diría Hillary Clinton, perpetrado por terroristas nacionales. El acto protocolario se veía empañado, suspendiéndose la votación que ratificaba a Joe Biden como presidente. La "invasión" se cobraba la primera víctima, una mujer era abatida mientras trataba de colarse en la sala de sesiones.
Definir el sistema político estadunidense como una democracia, salvo que el concepto quede restringido a la mínima expresión, resulta poco serio. De ser así, son hechos auténticamente democráticos morirse de hambre o no tener cobertura médica. Pero vayamos a deshacer el entuerto. Esos senadores y diputados, reunidos en sesión plenaria, salvo excepciones, son los que, independientemente de su partido, han avalado anexiones territoriales, guerras, invasiones, golpes de Estado, bloqueos a terceros países, consolidado tiranías y financiado gobiernos autocráticos, lo cual contradice su respeto y apego a los valores democráticos. En América Latina, Asia y África hay ejemplos que harían enrojecer a cualquier demócrata. Sin olvidar que Trump no ha sido el primer presidente en mentir. Desde el genocidio de los pueblos originarios, la anexión de los territorios pertenecientes a México, la guerra contra Cuba, Vietnam y más recientemente la guerra contra Irak se fundan en mentiras. ¿Acaso se encontraron las armas de destrucción masiva? Ésa es la historia de Estados Unidos. Howard Zinn, Charles W. Mills, Sheldon Wolin o Noam Chomsky, entre otros, han cuestionado el sistema político que prevalece en Estados Unidos, tras sus actuaciones en Vietnam, Centroamérica, Chile e Irak, además de las leyes emergentes con posterioridad al 11 de septiembre de 2001. Totalitarismo invertido es la definición de Wolin para referirse al orden político en Estados Unidos, nacido de los atentados a las Torres Gemelas.
Presidentes como Kennedy, Nixon, Carter, Ford, Clinton, Reagan o Bush, padre e hijo, con todos los matices, se han saltado preceptos democráticos como la no intervención, el derecho de autodeterminación o el respeto a los derechos humanos. Además, durante sus administraciones, han utilizado mecanismos poco ortodoxos, democráticamente hablando, como avalar la tortura, crear noticias falsas, contratar mercenarios o desvalijar países enteros de sus riquezas. Sin despreciar la persecución a periodistas y aplicar la censura en las informaciones sobre las actividades de espionaje en su propio país o a sus aliados. Julian Assange y Edward Snowden son un ejemplo de lo dicho.
Crímenes y criminales de guerra, cuya impunidad está garantizada al no reconocer el Tribunal Internacional Penal, campan por su territorio, dan conferencias y reciben premios Nobel. Henry Kissinger, sin ir más lejos. Ninguna administración estadunidense está libre de haber patrocinado guerras, vender armas, traficar con estupefacientes, derrocar gobiernos democráticos y torcer el brazo a quienes se enfrentan y rechazan sus políticas unilaterales de corte autoritario. Pero si no es suficiente, debemos recordar que en su política doméstica Trump no ha sido una anomalía, al margen de sus excentricidades. Obtuvo más de setenta millones de votos. Además, las organizaciones supremacistas, neonazis, llevan décadas existiendo. La Asociación Nacional del Rifle y lobby, que van desde las farmacéuticas, compañías de seguros, multinacionales de la alimentación y las empresas tecnológicas de Silicon Valley, cuentan con un apoyo bipartidista. El Ku Klux Klan, el Tea Party, White Power, Skin Heads o Metal Militia no han sido creados por Trump, otra cosa es que los condene. Por otro lado, fue Barack Obama, premio Nobel de la Paz, quien aceleró la construcción del muro fronterizo con México, y según José Manuel Valenzuela Arce en Caminos del éxodo humano, durante su presidencia las deportaciones sumaron "2 millones 800 mil personas". En resumen, definir el sistema político bipartidista que rige Estados Unidos como un orden democrático es un despropósito si se trata de caracterizar el régimen político. Otra cosa es defender el imperialismo estadunidense, sus estructuras de poder y dominación y adjudicarles el papel de guardián de los valores occidentales, dizque democráticos. Pero ya sabemos, democracia y capitalismo son incompatibles.
Enormes zonas del mundo, sin incluir a China ni a unos pocos países más, se enfrentan a un virus descontrolado que no se ha detenido a causa de la incompetencia criminal de los gobiernos.
El hecho de que estos gobiernos de países ricos dejaran de lado cínicamente los protocolos científicos básicos publicados por la Organización Mundial de la Salud y por las organizaciones científicas revela sus prácticas mezquinas. Todo lo que no sea centrar la atención en la gestión del virus mediante pruebas, rastreo de contactos y aislamiento -y si esto no es suficiente, entonces imponer un confinamiento temporal- es una temeridad. Es igualmente preocupante que estos países más ricos hayan seguido una política de “nacionalismo de vacunas” al acumular candidatos para las vacunas en lugar de una política para la creación de una “vacuna popular”. Por el bien de la humanidad, sería prudente suspender las normas de la propiedad intelectual y desarrollar un procedimiento que promueva vacunas universales para todos los pueblos.
Aunque la pandemia es el principal problema que ocupa nuestras mentes, hay otras cuestiones importantes que amenazan la longevidad de nuestra especie y de nuestro planeta. A saber:
Aniquilación nuclear
El 23 de enero de 2020, el Bulletin of the Atomic Scientistsestableció el Reloj del Juicio Final peligrosamente cerca, a 100 segundos para la medianoche. El reloj, creado dos años después de que se desarrollaran las primeras armas atómicas en 1945, es evaluado anualmente por la Junta de Ciencia y Seguridad del Bulletin, que decide si mover el minutero o mantenerlo en su lugar. Para cuando vuelvan a ajustar el reloj, bien podríamos estar aún más cerca de la aniquilación. Los tratados para el control de armamentos, que son ya bastante limitados, no son más que papel mojado en la medida en que las principales potencias poseen cerca de 13.500 armas nucleares (más del 90% de las cuales están solo en manos de Rusia y Estados Unidos). La producción de este armamento podría hacer fácilmente que este planeta sea aún más inhabitable. La Armada de los Estados Unidos ha desplegado ya ojivas nucleares tácticas W76-2 de bajo rendimiento. Es urgente incluir en la agenda mundial una serie de pasos inmediatos hacia el desarme nuclear. El Día de Hiroshima, que se conmemora cada año el 6 de agosto, debe convertirse en una fecha más sólida de meditación y protesta.
Catástrofe climática
Un artículo científico publicado en 2018 llevaba un titular sorprendente: “La mayoría de los atolones serán inhabitables a mediados del siglo XXI porque el aumento del nivel del mar intensificará las inundaciones provocadas por las olas”. Los autores descubrieron que pueden desaparecer todos los atolones desde las Seychelles hasta las Islas Marshall. Un informe de las Naciones Unidas de 2019 estimaba que 1 millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción. Agreguen a esto los catastróficos incendios forestales y el severo blanqueamiento de los arrecifes de coral, y está claro que ya no podemos perder más tiempo con clichés sobre una cosa u otra como canarios en la mina de carbón de la catástrofe climática; el peligro no está en el futuro, sino en el presente. Es esencial que las grandes potencias -que no quieren sacudirse los combustibles fósiles- se comprometan con el enfoque de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. Es revelador que países como Jamaica y Mongolia ajustaran sus planes climáticos a las prescripciones de la ONU antes de finales de 2020, como exige el Acuerdo de París, a pesar de que estos países producen una pequeña fracción de las emisiones globales de carbono. Los fondos comprometidos con los países en desarrollo para que participen en el proceso están prácticamente agotados y la deuda externa se ha disparado. Esto demuestra una falta de seriedad fundamental por parte de la “comunidad internacional”.
Destrucción neoliberal del contrato social
Los países de América del Norte y Europa han aniquilado su función pública en la medida en que el Estado se ha entregado a los especuladores y las fundaciones privadas han mercantilizado la sociedad civil. Esto significa que las vías de transformación social en estas partes del mundo se han visto obstaculizadas grotescamente. La terrible desigualdad social es el resultado de la relativa debilidad política de la clase trabajadora. Es esta debilidad la que permite a los multimillonarios establecer políticas que hacen que aumenten las tasas del hambre. Los países no deben ser juzgados por las palabras escritas en sus constituciones sino por sus presupuestos anuales; Estados Unidos, por ejemplo, gasta casi 1 billón de dólares (si se suma el presupuesto estimado de inteligencia) en su maquinaria de guerra, al tiempo que dedica una fracción de esa cantidad a bienes públicos (como atención médica, algo que se ha puesto en evidencia durante la pandemia). Las políticas exteriores de los países occidentales parecen estar bien lubricadas por acuerdos de armas: los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos acordaron reconocer a Israel con la condición de que compraran 23.000 millones y 1.000 millones de dólares, respectivamente, en armas fabricadas en Estados Unidos. Los derechos de los palestinos, los saharauis y el pueblo yemení no influyeron en estos acuerdos. El uso de sanciones ilegales por parte de Estados Unidos contra 30 países, entre ellos Cuba, Irán y Venezuela, se ha convertido en parte normal de la vida incluso durante la crisis de salud pública de la COVID-19. Es un fracaso del sistema político que las poblaciones del bloque capitalista sean incapaces de obligar a sus gobiernos, que en muchos aspectos son democráticos sólo de nombre, a adoptar una perspectiva global ante esta emergencia. Las crecientes tasas del hambre revelan que la lucha por la supervivencia es el único horizonte de miles de millones de personas en el planeta (siempre que China sea capaz de erradicar la pobreza absoluta y eliminar en gran medida el hambre).
La aniquilación nuclear y la extinción debido a la catástrofe climática son amenazas gemelas para el planeta. Mientras tanto, para las víctimas del asalto neoliberal que ha asolado a la generación pasada, los problemas a corto plazo para sustentar su mera existencia desplazan preguntas fundamentales sobre el destino de nuestros hijos y nietos.
Problemas globales a tal escala requieren de cooperación global. Las principales potencias, presionadas por los Estados del Tercer Mundo en la década de 1960, acordaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de 1968, aunque rechazaron la muy importante Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional de 1974. Ya no existe el equilibrio de fuerzas necesario que impulse esa agenda de clase en el escenario internacional; las dinámicas políticas en los países de Occidente en particular, pero también en los Estados más grandes del mundo en desarrollo (como Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica) son necesarias para que cambie la naturaleza de los gobiernos. Es necesario un internacionalismo sólido que preste una atención adecuada e inmediata a los peligros de la extinción: por guerra nuclear, por catástrofe climática y por colapso social. Las tareas que tenemos por delante son abrumadoras y no pueden aplazarse.
Por Noam Chomsky, Vijay Prashad | 08/01/2021 |
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Noam Chomskyes un lingüista, filósofo y activista político legendario. Es profesor laureado de lingüística de la Universidad de Arizona. Su libro más reciente es Climate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es compañero de redacción y corresponsal-jefe de Globetrotter. Es editor-jefe de LeftWord Books y el director del Tricontinental: Institute for Social Research. Asimismo, es miembro destacado no residente del Chongyang Institute for Financial Studies, Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets, con una introducción de Evo Morales.
Emmanuel Macron es la última víctima de Oriente Próximo, una víctima ingenua que se propuso resolver la situación de Líbano jugando a la política no con los actores implicados directamente sino con los políticos libaneses. Desde principios de agosto, el presidente francés se emplea a fondo en negociar con destinatarios equivocados que ni pinchan ni cortan.
Aunque no es el único líder europeo que se ha ensuciado las manos con todo lo tocante a Oriente Próximo, Emmanuel Macron va siempre un paso por delante de sus colegas Angela Merkel y Boris Johnson. En cualquier caso, ninguno de los tres parece sufrir de remordimientos por lo que hacen y dejan de hacer y da la impresión de que duermen a pierna suelta.
El último capítulo de sus enredos se inició tras la terrible explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto, cuando como si tuviera pocos quebraderos de cabeza dentro y fuera de Francia, Macron se empeñó en resolver la caótica situación de Líbano con una diplomacia no exenta de amenazas que a la postre solo ha servido para demostrarle que ha topado con un muro infranqueable.
Todos los conflictos de la región están ligados a la cuestión palestina, y casi todos están vinculados directamente a Israel, empezando por Irán, pasando por Yemen, y terminando por Egipto. Es una cuestión básica que Macron y sus socios europeos conocen perfectamente pero que prefieren ignorar para no ponerse a tiro del estado judío.
Esto les lleva a situaciones cómicas y de una hipocresía considerable que les obliga a responder de manera cínica a las políticas israelíes en Oriente Próximo, un mal de grandes proporciones que sigue creciendo porque los líderes europeos se niegan a enfrentarse a la raíz del problema: la ocupación israelí y la exportación del problema de la ocupación de los territorios palestinos y el Golán a otras zonas de la región.
Todavía están en la retina las imágenes de un Macron sonriente y satisfecho recibiendo con cara de circunstancias un baño de masas en Beirut. ¿Es posible que el presidente francés realmente creyera que podía solucionar la enquistada crisis libanesa y formar un gobierno a su medida sin acabar con la ocupación israelí? Da la impresión de que así fue, que Macron se lo creyó, y también da la impresión de que ahora está sorprendido de que su encomiable esfuerzo no haya dado resultados.
Le Monde recuerda que Macron visitó Beirut dos días después de la explosión, el 6 de agosto, y que prometió regresar el 1 de septiembre para verificar que los líderes libaneses estaban dispuestos a colaborar. Incluso llamó por teléfono a Vladimir Putin y a Hassan Rouhani para pedirles ayuda, un mal enfoque puesto que el único que podía ayudarle era Benjamin Netanyahu poniendo fin a la brutal ocupación militar.
Incluso se permitió organizar el 9 de agosto, y al amparo de la ONU, una conferencia internacional de donantes para Líbano que comprometió más de 250 millones de euros, poniendo, eso sí, la condición de que el dinero se canalizaría a través del ejército y no a través de un estado corrupto en el que absolutamente nadie cree.
Por si esto fuera poco, una semana después de su primera visita a Beirut, la administración de Donald Trump, teledirigida desde Tel Aviv, impuso sanciones contra dos exministros de Hizbola con el fin de meter un palo entre las ruedas de Macron, y acto seguido el secretario de Estado Mike Pompeo escribió una columna en Le Figaro cortando por lo sano la iniciativa del despistado presidente francés.
Como había prometido, Macron volvió a Beirut a principios de septiembre cargado con declaraciones pomposas sobre Líbano. Su presión condujo a la propuesta de formar un gobierno tecnócrata presidido por el independiente Mustafa Adib, quien enseguida tuvo que dimitir sin siquiera llegar a gobernar debido a las disputas internas, exacerbadas por las sanciones de EEUU.
Ahora Líbano espera como agua de mayo la salida de Trump de la Casa Blanca. Dirigida desde Tel Aviv, la administración americana se ha convertido en el primer problema de Oriente Próximo, incluso por delante de la cínica Europa, cuya pasividad letal viene acompañada de tanto en tanto por actitudes quijotescas e inútiles como la de Macron con Líbano.
La política exterior de Macron, por lo que se refiere al Mediterráneo y el Sahel, es la de alguien que quiere y no puede, sometido siempre a arrebatos puntuales y personales, en lugar de dejar que sean los expertos europeos quienes diseñen y ejecuten una política razonable por el bien de Europa y no en función de lo que ahora interesa o no interesa a París.
Esperando a Joe Biden, los libaneses pueden estar seguros de que sus problemas no se van a resolver pronto, como tampoco se va a resolver pronto la situación en Yemen. Todo está relacionado con la ocupación israelí y nada indica que Biden vaya a hincarle el diente a ese asunto, y menos teniendo como socio a una Europa anestesiada y sin iniciativas para lograrlo.
Pues bien, Macron regresó a Beirut a finales de septiembre, y su siguiente viaje, programado para el 22 de diciembre, se canceló debido a que el presidente se contagió de Covid-19. Es posible que más adelante vuelva a Beirut, pero eso no servirá de mucho, puesto que los problemas de Oriente Próximo estarán en el aire hasta que no se confronte la realidad y se resuelva la ocupación israelí, algo por lo que Macron y sus socios europeos no han hecho nada.
Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN
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