Es sano dialéctica y mentalmente aportar válidas antítesis, como la de Finian Cunningham, anterior editor científico de la Royal Society of Chemistry de Cambridge (Inglaterra), quien refuta el "juego de guerra" de Rand en el que Rusia y China propinan una paliza a Estados Unidos (EU) (https://bit.ly/2TKL1yB).

Finian Cunningham no toma en serio los "juegos de guerra" de Rand, "íntimamente vinculada al Pentágono", y juzga que en caso de enfrentar una derrota militar "los gobernantes de EU y sus jefes del Pentágono no vacilarían en presionar los botones nucleares", lo cual pudiera "quizá presagiar el fin del planeta".

El químico irlandés Finian Cunningham levanta las cejas sobre el timing del escenario de la Rand cuando "Trump propone en forma coincidente un nuevo presupuesto federal para 2020 y el Pentágono busca una mayor rebanada del pastel fiscal de lo que usualmente devora": Trump planea elevar el gasto militar anual a 750 mil millones de dólares (¡muy cercano al PIB de México!), con un “incremento récord de 34 mil millones de dólares, cuya mayor parte de su financiamiento adicional pertenece al rubro de "defensa misilística".

Según Cunningham, el "alarmismo" de la Rand "intenta aterrorizar a la opinión pública de EU para aceptar otra inyección colosal de dinero al complejo militar industrial del Pentágono" y a los "inversionistas de Wall Street".

En forma significativa, la Rand se (con)centra en los misiles hipersónicos de Rusia y China, lo cual juzga como "risible repetición de un viejo ardid".

Cunningham rememora que la Rand fue establecida hace 71 años al inicio de la guerra fría con la ex URSS con uno de sus fundadores: el general Curtis LeMay, quien fue el jefe del Comando de la Fuerza Aérea de EU y estuvo a cargo del "bombardeo estratégico" de Japón que llevó al lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki.

La insanidad mental del general LeMay llegó a grados de desear bombardear Cuba durante la crisis de los misiles de 1962, además de ser ferviente promotor de lanzar bombas nucleares "preventivas" (sic) contra la URSS.

El general LeMay no distaba mucho de la sicosis, desde el punto de vista humanista, del general McArthur quien pregonó lanzar una alfombra de bombas nucleares en Norcorea.

La Rand suele vender la idea de la "brecha de misiles y bombas" que supuestamente tenía EU con la ex URSS: una "completa ficción (sic) que reconoció el mismo ex presidente Johnson".

Según Cunningham, "EU siempre ha tenido mayor poder de fuego cuantitativo (sic) que la URSS o China" y hoy "casi tres décadas después de la guerra fría nada ha cambiado mucho" cuando lo "absurdo ha llegado al grado de que EU gasta más dinero en su rubro militar que el resto de los otros 15 principales países combinados": el "presupuesto anual del Pentágono es tres veces mayor a la asignación de China y 10 veces más a lo gastado por Rusia".

Igual que el estratega ruso Andrei Martyanov (https://bit.ly/2CbHXjy), Finian Cunningham asienta que el "desarrollo militar de Rusia y China es más eficiente (sic) que el de EU". ¡La mega corrupción del complejo-militar de EU es legendaria!

Finian Cunningham arguye que en una "hipotética guerra convencional", Rusia o China serían un tremendo desafío para EU y concluye que "la mayor amenaza a la seguridad nacional de EU no es Rusia ni China", sino su "propia maquinaria de guerra parasitaria, insaciable e incompetente (sic) que es fundamental para el capitalismo trasnacional de EU".

Justamente entre los "inversionistas de Wall Street" se encuentra Boeing que acaba de sufrir un descalabro bursátil con sus averiados aviones vendidos a Indonesia y Etiopía.

En coincidencia con el reporte de la Rand y su desestimación por Finian Cunningham, el portal trotskista WSWS desmenuza que el nuevo presupuesto de Trump está destinado para librar una "plena guerra" mediante su incremento de 4.7 por ciento, en particular, en el rubro de Operaciones de Contingencia Foránea (OCO, por sus siglas en inglés): casi 100 mil millones de dólares más (un total de 164 mil), lo que "seguramente encenderá la alarma (sic) en Teherán, Moscú y Pekín" (https://bit.ly/2TJ5iEO).

¿Cuál será la "plena guerra" que prepara Trump: Venezuela, Irán o Norcorea?

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Las presiones diplomáticas y económicas se renovaron este lunes y ayer con la ocupación de tres sedes diplomáticas.

Donald Trump repitió en Washington lo que ya es el clásico “todas las opciones están sobre la mesa” al referirse a Venezuela. A su lado estaba Jair Bolsonaro, quien había dicho que era necesario “liberar a Venezuela” pero ratificado lo que ya se sabía, la negativa a enviar soldados en una eventual intervención militar. 

Durante el mismo día desde Roma, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, también afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa”. Agregó luego: “Decimos que EE.UU. ha elegido el camino para ejercer presión diplomática y económica sobre el régimen para el futuro pacífico de Venezuela”. Sus declaraciones se dieron luego de la reunión con el viceministro de relaciones exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, donde, como se preveía, no hubo acuerdo entre ambas partes.

Las presiones diplomáticas y económicas se dieron durante este lunes y martes. En el primer caso tuvo lugar la acción ilegal de ocupaciones de tres sedes diplomática de Venezuela en EEUU, en Washington y Nueva York. En simultáneo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió a la enviada por Juan Guaidó, a quién reconoció como embajadora y recibió sus credenciales.

En la cuestión económica el Departamento del Tesoro norteamericano sancionó ayer a la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) encargada del oro, un bien que fue nacionalizado en el año 2011. Las sanciones aplicadas prohíben a cualquier persona o compañía estadounidense realizar negocios con Minerven. Así se cumplió la amenaza de Abrams del 12 de marzo, al afirmar que EE.UU. preparaba “nuevas y significativas sanciones contra Venezuela”.

El nuevo ataque se enmarca dentro de la cronología de los ataques contra Venezuela, que, como señala la investigadora Pascualina Curcio, han generado U$S 114.302 millones de pérdidas. De ese total, 21.450 millones han sido producidos por las medidas coercitivas unilaterales, como, entre otras cosas, los bloqueos financieros, embargos comerciales, y el robo de activos de Citgo anunciado por John Bolton en el mes de enero. Los 92.852 restantes corresponde a lo que se ha dejado de producir como consecuencia del ataque a la moneda y su impacto sobre la inflación y la producción nacional.
Trump afirmó al lado de Bolsonaro que habrá “sanciones más duras”, y reiteró su llamado “a los miembros del ejército venezolano de terminar su apoyo a Maduro, que en realidad no es más que una marioneta de Cuba”.

“Todas las opciones” ha resultado hasta el momento la profundización del ataque sobre la economía, la conformación de un gobierno paralelo construido desde Washington, la demonización mediática coordinada entre grandes medios, el intento de ingresar a territorio venezolano el 23 de febrero, ataques paramilitares a cuarteles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), el saboteo eléctrico que dio lugar al apagón que duró más de 72 horas en algunas partes del país. ¿Qué otras opciones? Esa es la pregunta a la que buscan respuesta quienes conducen el proceso golpista, es decir los hombres designados por Donald Trump.

Hasta el momento no se han dado tres elementos que podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos a favor de su objetivo: un quiebre de la Fanb, un levantamiento popular inducido por las dificultades económicas y actos como el saboteo, y el apoyo masivo, policlasista, a Guaidó. El “cese de la usurpación” no parece posible sin esas variables.

Significa que para avanzar en el objetivo del derrocamiento necesitan implementar otro tipo de acciones, de opciones, junto a las que ya están en proceso permanente de ejecución y continuarán, en particular la económica y el intento de quebrar la Fanb. Es en ese punto donde ingresa la hipótesis bélica. El factor armado que podría tomar varios formatos.

Se puede pensar en una combinación de grupos armados que realicen acciones de saboteo sobre la industria petrolera con el fin de dinamitar la producción, el intento de desestabilizar un territorio particular –como el estado Táchira o Zulia–. Las posibilidades son varias, los actores también: bandas criminales paramilitarizadas, estructuras paramilitares importadas de Colombia, fuerzas mercenarias privadas previamente formadas en guerras de Medio Oriente.

Estas opciones serían “inorgánicas”, es decir dirigidas desde EE.UU. sin ser reconocidas como tales. La opción de una intervención abierta asumida como tal, resulta menos probable por el momento, tanto por falta de consenso dentro de EE.UU., como en la región. Tampoco es probable la conformación de una coalición continental, un peso que recaería mayoritariamente sobre Colombia, tomando en cuenta las declaraciones de Bolsonaro, que expresan la negativa de las Fuerzas Armadas de Brasil, que ya habían trascendido.

Una hipótesis es que este final de mes sea utilizado para agotar las opciones que ofrece Guaidó, quien prometió recorrer el país y regresar con una movilización nacional a Caracas. Si no logra un mayor apoyo ni conmoción interna, entonces podría comenzar la fase anteriormente analizada. Eso sería en caso de que los operadores norteamericanos mantengan la decisión de acelerar el ataque para buscar la caída o el acorralamiento de Maduro. La otra opción, a la cual parecen proclives, por ejemplo, en el partido demócrata, es no ir más allá de los ataques económicos y el aislamiento diplomático/comunicacional. En ese caso el escenario se prolongaría en estas variables actuales.

En un reciente panel en el Center for New American Security (CNAS), analistas del cotizado think tank Rand revelaron que en sus "juegos de guerra" contra Rusia y China, EU sufría una paliza brutal con severos descalabros en todos (sic) los cinco dominios del campo de batalla: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio (https://bit.ly/2u8XFbo).

David Ochmanek, analista de Rand, confesó: "perdimos mucha gente. Perdimos mucho equipo. Fracasamos en conseguir nuestro objetivo de prevenir la agresión del adversario" (https://bit.ly/2UrW8J2).

Según el estudioso, las "cosas que dependen en sofisticadas infraestructuras de base como pistas y tanques de combustible tendrán tiempos difíciles. Las cosas (sic) que navegan en la superficie de los mares tendrán duros tiempos", mientras que "Rusia y China desarrollan cazas de quinta generación y misiles hipersónicos". Remember el Avangard hipersónico de Putin (https://bit.ly/2CnYFwT).

Con la ciberguerra, Ochmanek consideró que los satélites de EU y sus redes inalámbricas podrían ser inefectivas en caso de que las fuerzas militares chinas emplearan "su sistema de destrucción de guerra" ya que "el cerebro y el sistema nervioso que conecta todas estas piezas no sólo está suprimido, sino hecho pedazos".

Robert Work, anterior vicesecretario de Defensa y experimentado "jugador de guerras simuladas", señaló que si bien el “ F-35 domina los cielos cuando se encuentra en el aire. En el suelo es prácticamente aniquilado en gran número” (https://bit.ly/2TL6Hdi).

Robert Work agregó que "tales son las cosas (sic) que los juegos de guerra muestran una y otra vez" por lo que EU necesita "una nueva manera de hacer la guerra" y juzga que un conflicto mayor no es probable que acontezca en los próximos 10 o 20 años, por lo que EU tiene tiempo para reforzar sus fuerzas militares en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial.

Los barcos de guerra fueron hundidos en otros escenarios, mientras las bases de EU fueron hechas añicos debido a su carencia de suficiente capacidad defensiva misilística y antiaérea para contrarrestar los ataques.

Tanto las bases de la fuerza aérea de EU como sus portaviones fueron el objetivo de misiles guiados de precisión de largo alcance, mientras las brigadas de tanques del ejército fueron aporreadas por misiles crucero, drones y helicópteros.

Según Sputnik, la más reciente simulación de guerra es posterior a la publicación del Reporte de National Defense Strategy Commission de noviembre/2018 (https://bit.ly/2QPFUYI), donde los expertos sentencian que en caso de que EU fuese a una guerra contra Rusia o China, "podría enfrentar una amenaza militar decisiva". La guerra se pudiera desatar en la región del Báltico o en Taiwán.

Según el reporte de marras, Rusia y China “poseen capacidades de golpes precisos, defensas aéreas integradas, cruceros y misiles balísiticos, capacidades antisatelitales y ciberguerra avanzada, fuerzas navales y aéreas significativas y armas nucleares –un conjunto de capacidades avanzadas hasta ahora poseídas sólo por EU”.

Según National Defense Strategy Commission, "el ejército de EU podría perder su próxima guerra" contra Rusia y/o China, ya que "enfrentaría desalentadores desafíos para establecer una superioridad aérea o un control marítimo, así como recapturar tempranamente el territorio perdido en un conflicto" cuando sería "enorme" combatir a un "enemigo equipado con capacidades avanzadas de antiacceso/área de negación (A2/AD)" concomitante al “desgaste de los activos capitales de EU –barcos, aviones, tanques”.

Los estrategas militares de Rusia y China leen obsesivamente los juegos de guerra de la Rand y no es improbable que se inspiren en ellos o hasta los mejoren.

¿No sería más saludable para los estrategas consagrados a simulaciones de juegos de guerra de la Rand sentarse a negociar la arquitectura de un nuevo orden mundial tripolar de EU/Rusia/China antes de que sea demasiado tarde y evitar al género humano epílogos apocalípticos que cesarían de ser lúdicos?

¿Cuándo empiezan los "juegos armónicos de negociación tripolar" de la Rand?

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Cinco años atrás –con lo que unos llaman incorporación de Crimea a la Federación Rusa y otros califican de anexión rusa de la estratégica península de Ucrania– comenzó el deterioro de esa suerte de matrimonio de interés que contrajeron Rusia y Estados Unidos, bajo el signo de su simbólica alianza contra el "terrorismo internacional", que al día de hoy, consumado el divorcio, tiene al mundo cada vez más cerca de una hecatombe nuclear, todavía en su fase preliminar de una ya inevitable espiral armamentista.

Evaporado el golpe de efecto que en el plano interno reinyectó popularidad al Kremlin, quedan más dudas que certezas, mientras los únicos beneficiados son los de siempre: empresarios del primer círculo presidencial que se reparten los megaproyectos federales (puentes, carreteras, hoteles, etcétera), mientras todos los habitantes del país, incluidos ancianos y menores de edad, tienen que renunciar a recibir 10 mil rublos por persona, que es su cuota del dinero destinado por el gobierno ruso para mantener Crimea estos cinco años.

En la época soviética, los responsables del aparato de propaganda inventaron los quinquenios para resaltar los avances de la economía; ahora, ningún politólogo habla de éxitos en el primer lustro posterior a Crimea, cuyo costo económico –al sumar subvenciones a la península y sanciones contra el país– sitúa a Rusia, con poco menos de 2 por ciento anual, en el lugar 176 de 193 en la clasificación mundial que elabora Naciones Unidas en materia de crecimiento económico, en tanto los ingresos reales de la población sufrieron una caída del orden de 11 por ciento.

Muchos se preguntan si valió la pena el costo político de la anexión/incorporación, sobre todo cuando ésta se escuda en un referéndum, que por ley se niega a los ciudadanos de cualquier otra región rusa.

Hay quienes creen que con la incorporación de Crimea se evitó una eventual masacre de los ucranios de origen ruso y que la alianza noratlántica ya no tendrá una base naval ahí, además de que Rusia incrementó en 0.15 por ciento (27 mil kilómetros cuadrados) su territorio, así como añadió 2 millones y medio de habitantes a su decreciente población.

Otros sostienen que, al margen de hipotéticos escenarios, Rusia sola se colocó al borde del enfrentamiento frontal con otras potencias nucleares.

El 10 de marzo, el Presidente Duque anunció seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y la presentación de una reforma para modificar el acto legislativo que la crea.

Bogotá D. C., 11 de marzo de 2019.

Señor

António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

Nueva York

Apreciado señor Secretario:

El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado

El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”[1].

De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”[2].

En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”[3].

A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.

El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”[4].

Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.

Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.

Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.

Señor Secretario:

Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.

PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Atentamente,

Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz

– Humberto de la Calle Lombana

Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República

– Sergio Jaramillo

Exalto comisionado de paz

-Oscar Adolfo Naranjo Trujillo

Gral (r) y exvicepresidente

– María Ángela Holguín

Exnegociadora de paz y excanciller de la República

– Juan Fernando Cristo Bustos

Exnegociador de paz y exministro del Interior

-Luis Carlos Villegas

Exnegociador y exministro de defensa

– Rafael Pardo

Exnegociador de paz y exministro

– Frank Pearl

Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz

– Roy Leonardo Barreras Montealegre

Exnegociador de paz y senador Partido U

Equipo Negociador de FARC en los Diálogos por la Paz

– Rodrigo Londoño Echeverri

Presidente del partido FARC

– Pablo Catatumbo

Exnegociador de paz y senador del partido FARC

– Pastor Alape

Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC

– Julián Gallo Cubillos

Exnegociador de paz y senador partido FARC

– Victoria Sandino

Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC

– Marcos Calarcá

Exnegociador de paz y representante del partido FARC

– Rodrigo Granda Escobar

Exnegociador de paz y dirigente partido FARC

Otras personalidades que suscriben:

– Abad Colorado Jesús

Periodista y fotógrafo documental

-Agudelo Yasmín

Veedora nacional REDEPAZ

-Alhach Ocampo Julián

Empresario

-Angarita Robles Mayerlis

Representante legal Narrar para Vivir

– Antequera José

Activista defensor de derechos humanos

-Aragón María Inmaculada

Socióloga

-Ardila Carlos

Representante Partido Liberal

– Arenas Ana Isabel

Consultora

– Argote Muñoz Álvaro

Presidente Polo Democrático

– Arias Cano MariaLeón

Actriz y Gestora

– Arévalo Julián

Decano Facultad de Economía Universidad Externado

-Arias Luis Fernando

Consejero mayor Organización Nacional Indígena de Colombia

– Arias Wilson

Senador Polo Democrático Alternativo

– Arias Fernández Mónica

Representante Legal Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz OIAP*,

-Aristizabal Ricaute Gladys

Coordinadora Colectivo Nacional Restableciendo Derechos

– Avella Esquivel Aida Yolanda

Senadora Coalición Lista de la Decencia

– Ávila Martínez Ariel

Subdirector Fundación Paz y Reconciliación

– Barrios Alejandra

Directora Misión de Observación Electoral (MOE)

-Bedoya Betancur Yenny Astrit

Coordinadora Colectivo de Mujeres Tejiendo Red

– Bejarano Guzmán Ramiro

Columnista de opinión y abogado

– Bernal Luz Marina

Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’

-Bibiana Berrío

Redepaz Antioquia

-Bibliowicz Azriel

Escritor

– Bolívar Gustavo

Senador Coalición Lista de la Decencia

-Bonilla Edna

Profesora Universidad Nacional

-Bonnet Piedad

Escritora

– Borja Díaz Wilson Alfonso

Exrepresentante a la Cámara y dirigente político

– Botero Catalina

Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada

-Caballero Argaéz Carlos

Exministro de minas y energía

– Cabrera Mauricio

Economista

-Caicedo Carlos

Exalcalde de Santa Marta

– Cala Suarez Jairo Reinaldo

Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

-Calle Noreña Andrés

Profesor Universidad de Manizales

-Colón Rafael

Gral (r) y exdirector Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

-Camacho Adriana Gladys

Consultora proyectos socioambientales

-Cano Arango Rosa Stella

Escuela de Paz del Eje Cafetero

– Cárdenas Jhon Jairo

Representante Partido U

– Carrascal Mafe

Activista política

-Carreño Carlos

Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

-Carvajal María Eugenia

Educadora

– Castilla Alberto

Senador Polo Democrático Alternativo

– Castillejo Alejandro

Docente Universidad de Los Andes

– Celis Luis Eduardo

Analista en temas de paz y conflicto armado

– Cepeda Castro Iván

Senador Polo Democrático Alternativo

– Cerón Ángela

Directora Iniciativa de Mujeres por la Paz

-Córdoba Marino

Presidente Afrodes

-Correa Gómez Humberto

Secretario de derechos humanos CGT

– Cristo Bustos Andrés

Senador Partido Liberal

-Cuervo Fernando

Presidente, Corporación Nuevo Arco Iris

– De Gamboa Camila

Profesora universitaria

-De la Hoz Yoemis Paola

Presidenta Asociación para el Desarrollo de la Mujer Urbana y Rural

– Díaz Uribe Eduardo

Exministro de salud y exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos

-Díaz Fabio Andrés

Investigador, Universidad de Rhodes, Sudáfrica

-Díaz Jaime

Director, Corporación Podión

– Duque Lisandro

Director de cine y columnista de opinión

– Dussan Jaime

Exsenador de la República y dirigente político

-Duzán María Jimena

Columnista Semana y directora Semana en Vivo

– Escobar Ángela María

Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales

-Escobar Luis Montero

Red Nacional en Democracia y Paz

– Estupiñan Liliana

Profesora universitaria

-Fajardo Sergio

Excandidato presidencial

– Fries Martínez Bertha Lucia

Víctima del atentado al Club El Nogal

– Galán Juan Manuel

Exsenador y dirigente político

-Gallego Marina

Coordinadora nacional Ruta Pacífica de Mujeres

– Garcés Córdoba Mariana

Exministra de cultura

– García Lidio Arturo

Senador Partido Liberal

– García Peña Daniel

Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión

– García Realpe Guillermo

Senador Partido Liberal Colombiano

-Garzón Luis Eduardo

Exalcalde de Bogotá

– Gaviria Alejandro

Exministro de Salud

– Gil Andrés

Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

– Gil Laura Gabriela

Directora Portal La Línea del Medio

-Girón Claudia

Defensora de derechos humanos

– Goebertus Estrada Juanita María

Representante Partido Alianza Verde

-Gómez Andrei

Director, Rodeemos el Diálogo

– Gómez Londoño Luis Ernesto

Exviceministro del Interior

-Gómez Yiya

Viva la Ciudadanía

-González Jorge Iván

Profesor Universidad Nacional

– González Arana Roberto

Historiador y profesor universitario

– González Benedicto de Jesús

Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

– González Posso Camilo

Exministro de salud e investigador

– González Roberto

Profesor universitario

-Guerrero Luis Guillermo

Director, CINEP

-Guerrero Rodrigo

Exalcalde de Cali

– Henao Juan Carlos

Expresidente de la Corte Constitucional

-Hernández Gerardo Andrés

Director, Transparencia por Colombia

– Herrera Botta Adriana

Empresaria

-Herrera Duque Diego

Presidente, Instituto Popular de Capacitación

– Hommes Rudolf

Exministro de Hacienda y columnista de opinión

– Hurtado María Cristina

Consultora

-Jaramillo Diana

Redepaz, Tolima

-Jiménez Álvaro

Campaña Colombiana contra las Minas

– Juviano Catherine

Periodista y activista social

– Kohon Mariela

Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia

– Lara Salive Patricia

Escritora y columnista

– Leal Buitrago Francisco

Profesor e investigador universitario

-Lenis Luis Fernando

Empresario

– León Magdalena

Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional

– Leyva Durán Álvaro

Exministro y exconstituyente

– López Alexander

Senador Polo Democrático Alternativo

– López Montaño Cecilia

Exministra de salud, exministra de medio ambiente

– López Obregón Clara

Exministra de Trabajo

– López Claudia

Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora

– Lozada Vargas Juan Carlos

Representante Partido Liberal Colombiano

– Lozano Correa Angélica Lisbeth

Senadora Partido Alianza Verde

– Mantilla Ignacio

Exrector de la Universidad Nacional de Colombia

– Márquez Mina Francia Elena

Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente

– Martínez Diego

Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

– Marulanda Gómez Luis Iván

Senador Partido Alianza Verde

– Medina Uribe Henry

General (r)

– Medina Fernando

Académico y Consultor

-Medina Gallego Carlos

Profesor Universidad Nacional

-Mejía Claudia

Directora Sisma Mujer

-Mesa John Fernando

Redepaz, Antioquia

– Miranda Peña Katherine

Representante Partido Alianza Verde

– Mockus Antanas

Senador Partido Alianza Verde

– Monsalve Darío de Jesús

Arzobispo de Cali

-Moreno Néstor

Director, Corporación Córdoba Diversa

-Múnera Ruiz Leopoldo

Profesor, Universidad Nacional

– Muñoz Lopera León Fredy

Representante Partido Alianza Verde

-Murillo Luis Gilberto

Exministro de medio ambiente

– Navarro Antonio

Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador

– Navarro Xinia

Concejal de Bogotá

– Navas Talero Germán

Representante Polo Democrático Alternativo

-Nieves Herrera Celio

Concejal de Bogotá, Polo Democrático

– Orejuela Libardo

Exrector de la Universidad Libre del Valle

-Orgulloso Alberto

Director, Escuela Nacional Sindical

-Ossa Escobar Carlos

Excomisionado de paz y excontralor

– Pardo Alberto

Director MundiPaz

-Parra Ernesto

Director, Corfas

– Paz Carlos Arcesio

Empresario

– Parra Gabriela

Periodista

–Petro Gustavo

Senador Coalición Decentes

– Pizarro Rodríguez María José

Representante Coalición Decentes

– Quintero Calle Daniel

Exviceministro

-Quintero Criado Ufley

Director Ejecutivo Corporación Colombiana de Investigaciones Jurídicas, Económicas y Sociales – RESARCIR

– Racero Mayorca David Ricardo

Representante Coalición Decentes

– Ramírez Sandra

Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

– Restrepo Álvaro

Director del Colegio del Cuerpo

-Restrepo Juan Camilo

Exministro de agricultura

-Restrepo Laura

Escritora

– Restrepo Manuel

Profesor Universitario UPTC

– Reyes Alvarado Yesid

Exministro de Justicia

– Ríos José Noé

Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN

– Rivera Flórez Guillermo

Exministro del Interior

– Robledo Gómez Ángela María

Representante Colombia Humana

– Robledo Jorge Enrique

Senador Polo Democrático Alternativo

– Robledo Patricia

Docente Universitaria

– Rodríguez Roosevelt

Senador Partido de la U

– Rojas Jorge E.

Exsecretario de Integración Social

– Romero Marco

Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes

– Rozo Rengifo Juan Sebastián

Exministro de TICS

– Sáez de Ibarra María Belén

Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional

– Salcedo Doris

Escultora

– Saldarriaga Óscar

Académico e investigador de la Universidad Javeriana

– Saldias Carmenza

Docente y Consultora

– Sanabria Luis Emil

Director de Redepaz

– Sanguino Páez Antonio

Senador Partido Alianza Verde

-Sánchez César Emilio

Mesa de derechos humanos y territorios del César

– Sánchez Gonzalo

Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario

– Sánchez María Eugenia

Casa de la Mujer

– Sánchez Olga Amparo

Casa de la Mujer

– Sanín José Luciano

Director de Viva la Ciudadanía

– Santiago Enrique

Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

-Sarmiento Clara

Redepaz, Valle

– Sarmiento Manuel

Concejal de Bogotá

– Serpa Horacio José

Senador Partido Liberal

-Serpa Uribe Horacio

Exconsejero de paz y exministro del interior

– Socarrás Reales Fredys Miguel

Exviceministro de Trabajo

-Toloza Campuzano Amparo

Representante legal ASOMUTCO Mujeres víctimas y trabajadoras del César

– Toloza Francisco Javier

Exvocero de paz

-Trujillo Guillermo

Empresario

– Ungar Bleier Elizabeth

Exdirectora de Transparencia por Colombia

– Valencia Agudelo León

Director Fundación Paz y Reconciliación

-Valencia Fernando

Director Conciudadanía

– Vargas Velásquez Alejo

Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional

-Velandia Nelly

Presidenta ANMUCIC

– Velasco Luis Fernando

Senador Partido Liberal

-Velásquez Fabio

Presidente, Foro Nacional por Colombia

-Villa Martha

Directora, Corporación Región

-Wills María Emma

Exasesora del Centro Nacional de Memoria Histórica

[1] Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad, Nueva York, 24 de enero de 2019: https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia.

[2] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16689738.

[3] Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.

[4] Comunicado 019 de 2019: “Corte Penal Internacional insiste en que JEP tenga un marco legal definido”: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.

Los medios de comunicación de masa suelen dividir la historia de las mujeres afganas en el “antes y después de los talibanes” y con dos objetivos: a) presentar a la OTAN como la salvadora de las mujeres, y b) ocultar el hecho de que los grupos terroristas “islámico-sunnitas” han sido creados por EEUU y sus aliados, y que el daño que afligen algunos miles de individuos de extremaderecha religiosa con escopeta a las mujeres es mayor que el de una alianza de 29 países con armas más mortíferos del planeta.

Que Afganistán “fue un refugio para los terroristas” y que la OTAN tenía la “misión de salvar a las mujeres” estaban al servicio de la agresión a este país: si por un lado, los terroristas no necesitan un país-refugio y se organizarse en un piso en cualquier país del mundo, por otro, la segunda farsa parecía más a una mala imitación del argumento de La Ilíada, en el que los griegos, bajo el pretexto del rescatar a Helena, secuestrada por el Príncipe de Troya, la invaden con la intención de saquearla, sembrar el terror y la muerte: Resulta que Afganistán es el país más estratégico del mundo para EEUU.

¿Cómo podían acabar con la violencia machista si la propia guerra es la máxima expresión de dicha violencia?

Cronología de una lucha por el progreso

1920: la monarquía “progresista” de Amanullah y Soraya, funda en el marco de los proyectos modernizadores para el país a Anchuman-E-Himayat-E-Neswan (Organización para la Protección de las Mujeres) para luchar contra el analfabetismo y los malostratos, y publica el cuaderno Ershad-E-Neswan (Orientación para las mujeres), la primera revista feminista del país.

1929: Gran Bretaña, molesto por las relaciones amistosas de Kabul con la Unión Soviética, incita a los señores feudales y religiosos, y juntos derrocan a los monarcas.

1933: el nuevo rey, Zahir Shah, influido por las reformas que tienen lugar en Irán y Turquía, abre las primeras escuelas para niñas, introduce en la Constitución del 1964 la igualdad entre los sexos y reconoce el derecho al voto de la mujer.

1964: Se funda el Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA), y la Organización Democrática de la Mujer. Este año se celebra por primera vez el 8 de marzo.

1973: Zahir Sha es derrocado por los nacionalistas. Se proclama la República de Afganistán. El asesinato de Mir Akbar Khyber, escritor y dirigente marxista en 1978, de autoría desconocida, desata la protesta de miles de afganos que termina en un golpe de estado por el PDPA contra el presidente Mohammed Daud.

.Abril del 1978: PDPA instala La República Democrática de Afganistán (RDA). Es un duro golpe a EEUU, que sin recuperarse de la derrota en Vietnam, sufre el mismo año la caída del Sha en Irán y el triunfo del sandinismo en Nicaragua. Por lo que organiza a los “Yihadistas” y a “Los contras” para contener a las fuerzas de izquierda. Así, pone en marcha la «Operación Ciclón» en Afganistán enviando a decenas de miles de terroristas armados desde Pakistán, forzando a la URSS a intervenir.

La época dorada del feminismo afgano

Las reformas realizadas por la RDA en favor de las mujeres incluyen:

Construir escuelas, ambulatorios, hospitales, viviendas sociales, y declarar la sanidad y educación gratuitas y universales.

Crear el Consejo de Mujeres, que pronto tendrá 150.000 miembros, y que ofrece servicios sociales y asistencia gratuita a las mujeres por primera vez en la historia del país.
Separar la religión del Estado, y reemplazar los tribunales religiosos por civiles, liberando a las mujeres de las leyes arcaicas.

Luchar contra el analfabetismo y promover cursos de formación profesional, desde peluquería, y costura, hasta mecánica de automóviles.

Nombrar a la doctora Anahita Ratebzad (1931-2014) embajadora de Afganistán en Yugoslavia, quien ocupará después la vicepresidencia del gobierno y el Ministerio de Asuntos Sociales. Ratebzad, en 1965, fue diputada del parlamento.

Crear miles de puestos de trabajo para las mujeres, con guarderías incluidas, y establecer el permiso de maternidad de tres meses con salario.

Elevar la edad nupcial para las niñas de 8 años a 16; declarar nulos los matrimonios forzosos, y prohibir el ”baad“, la entrega de una hija para solucionar una disputa o deuda de la familia.

Legalizar la libertad de no llevar el velo.

En 1986, cerca de la mitad del personal sanitario y educativo, y el 15% de los periodistas eran mujeres. Hubo 7 mujeres diputadas, y miles en las fuerzas armadas y en las Brigadas de Defensa de la Revolución, protegiendo sus conquistas de los ataques de los Muyahedines financiados con 3.000 millones de dólares de la CIA.
1987: la RDA empieza un giro a la derecha, creyendo que así bajaría la agresividad de los “Muyahedines”. Paraliza las “desamortizaciones”, restaura el islam como la religión oficial del Estado, subvenciona la construcción de mezquitas, y paraliza las medidas feministas.

Empieza una interminable pesadilla

La unidad anticomunista de los Muyahidines, divididos en una docena de grupos, se rompe y el caos reinante perjudica a los planes de EEUU que necesita la seguridad para llevar a cabo sus proyectos militares y económicos en el país.

1992: una vez desaparecida la URSS, la CIA reconduce la situación y crea a otro grupo yihadista, el pro saudí Talibán-Al Qaeda. Adoctrina en Pakistán a miles de lumpenproletariado en el anticomunismo y antifeminismo y les envían a Afganistán: se ponen en marcha las patrullas de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio para imponer el burka a todas las mujeres. Cierran los colegios de niñas, expulsan a las trabajadoras de sus puestos y les prohíben salir de casa sin un hombre de la familia. Aplican la lapidación y otras formas brutales de ejecución como espectáculos públicos del terror. Se disparan las violaciones, secuestros, asesinatos, y también el suicido de niñas y mujeres.

1996: Los Talibán llegan a la capital y después de brutales torturas (como castración) asesinan al presidente Nayibulá. Desatan un terror sin precedente en el país, como lanzar a los gays de las montañas o aplastarles con los buldóceres. Pero, nada de eso sale en los medios occidentales, que les apodan “Luchadores por la libertad”.

Los Talibán firman su propia pena de muerte al prohibir el cultivo de la adormidera (con cuyo negocio, la CIA pagaba a sus mercenarios), y no alcanzar un acuerdo económico sobre el gaseoducto Trans-afgano (TAPI) con Washington, quien decide acabar con ellos y tomar el control del país de forma directa, tras organizar una amplia campaña televisiva sobre la barbarie de sus viejos cómplices.

2001: Con el 11S, EEUU intentará ejecutar sus objetivos, ocupando el país. Sólo entre el octubre de 2002 y el abril del 2003, los cazas anglonorteamericanas soltaron unas 10.000 toneladas de bombas ( como “Daisy cutters”) sobre 35 millones de afganos, dejando a miles de civiles sepultados bajo los escombros. Contaminaron aguas y tierras, destruyeron cultivos y el ganado, provocando una catástrofe humanitaria. Durante el 2002 UNICEF advirtió de que 100. 000 niños podrían morir de hambre y frío. En junio del 2005, en el servicio de maternidad del hospital de Kabul nacieron 150 niños con malformaciones severas, afirmaba el doctor Mohammed Daud Miraki, Director de la Asociación Afghan DU & Recovery Fund. Se dispararon la muerte de las mujeres en el parto y sus recién nacidos.

Bush instaló una República Islámica en Afganistán, repartiendo el país entre la OTAN y los Talibán. El resultado:

La huida de millones de familias de sus hogares a causa de los bombardeos, violaciones, torturas y el asesinato de sus seres queridos por el dúo Islamistas-OTAN.

El 87% de las mujeres afganas son analfabetas, y la mayoría no tienen acceso a la atención médica.

El 60% de las menores de 15 años son forzadas a casarse.

Cerca del 90% de las mujeres y niñas sufren de depresión o trastorno por ansiedad, de las que unas 2.000 intentan quitarse la vida cada año, la mayoría inmolándose.

“La violación es la forma más habitual de la agresión contra la mujer“, afirma el Tribunal Supremo de Afganistán (marzo del 2019). Los soldados de la OTAN (que cuentan con varias bases militares y también cárceles como el Guantánamo en Afganistán), la policía, hasta el presidente de la Federación Nacional del Fútbol femenino son los acusados.

El 80% de los suicidios son cometidos por mujeres hartas de una violencia generalizada y estructural, según el gobierno afgana (2014): Nadia de 16 años, se autoinmoló a lo bonzo para liberarse de la violencia de su marido y sus suegros: sobrevivió con gran parte del cuerpo quemada; a Masumeh, de 18 años su marido le cortó ambas orejas tras una discusión; a Royá su padre le mató tras descubrir que habia sido violada por su tío; Nasrin de 20 años murió por un bombardeo de la OTAN en su casa; Gulnar de 15 años fue violada por una turba de chavales en el camino al colegio. Su cuerpo fue hallado en un río de Kabul. Samira, quería estudiar y ser médica, pero la casaron a los 11 años. Intentó quitarse la vida con matarratas por las continuas violaciones de su marido y las brutales palizas, y al no conseguirlo a los 17 años se roció con el petróleo que se usa para la cocina, y se prendió fuego. El Código Penal del 2009 estipula que los esposos pueden privar de alimentos a las esposas si se niegan a tener relaciones sexuales: o sea, matarlas de hambre.

Decenas de miles de mujeres viudas con hijos se ven forzadas a prostituirse o a mendigar. El 65% de ellas considera el suicido como una solución para acabar con su miseria, afirma un informe del Fondo para las Mujeres de la ONU.

Las callas del país están llenas de niñas y niños huérfanos de la guerra, que en vez de estar en el colegio mendigan, estando expuestos al secuestro y abusos de todo tipo. El Observatorio de Derechos Humanos decía que 2017 “cerca de dos tercios de las niñas afganas no van a la escuela“.

El 75% de las niñas y adolescentes se enfrentan a un matrimonio forzado.

Una mujer maltratada no puede huir: será acusada de adulterio por la familia y se enfrentará al “crimen de honor”: ser castigada con mutilaciones faciales o la muerte.
El 90% de los partos se realizan en el hogar, sin asistencia de profesionales, y el 17% de madres mueren durante el parto.

En agosto del 2010, y con el fin de neutralizar la decisión de Barak Obama de retirar parte de las tropas de Afganistán, la revista Time puso en su portada la imagen de la joven afgana Aisha de 18 años, con la nariz y las orejas cortadas por el consejo tribal como castigo a desobedecer a sus suegros, con el texto “¿Qué pasa si salimos de Afganistán?”.
¡Pero, si esta barbarie ha ocurrido en presencia de 300.000 soldados de la OTAN!

En febrero del 2018, Afganistán eliminó el capítulo del borrador del código penal que penalizaba la violencia contra las mujeres. Las mujeres y los hombres afganos constituyen la segunda nacionalidad más grande de la población de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial: sólo en Irán y Pakistán viven 6 millones. En Europa son invisibles.

En octubre del 2018, la ONU informó que entre enero y septiembre, al menos 2.798 civiles murieron por ataques de la OTAN y Talibán y más de 5.000 resultaron heridos.

Hoy, bajo el pretexto de “negociaciones de paz” con Talibán, EEUU pretende entregar el poder a los mismos hombros que lapidan a las mujeres y queman escuelas. Una paz para los hombres en la que sin duda los derechos de ellas son el objeto de regateo. “Los problemas de las mujeres son importantes, pero no son nuestra principal prioridad ” en las negociaciones, dice la portavoz de la embajada de EEUU en Kabul, Monica Cummings.

Dieciocho años después y 2.000 millones de dólares supuestamente invertidos por la USAID para liberar a las afganas, este país es uno de los peores lugares del mundo para nacer mujer.

No hay duda de que las valientes mujeres afganas junto con los hombres progresistas escribirán el nuevo capítulo de esta historia.

8 marzo 2019

El debate no es menor y la Corte parece querer asumir la petición del gobierno para «modular» su decisión. En Audiencia pública celebrada este 7 de marzo la magistratura mayor del Estado escuchó argumentos en contra y a favor de su decisión.

En seguimiento de la sentencia T-236 de 2017 a través de la cual la Corte Constitucional decidió suspender las aspersiones aéreas de glifosato para la erradicación de cultivos de coca fundamentándose en el principio de precaución, el día 7 de marzo se realizó una Audiencia Pública para escuchar los argumentos en contra y a favor de su decisión. Personajes como el mismo presidente Duque, el expresidente Santos, ahora miembro de la Comisión global de Políticas de Drogas, el Fiscal General, el expresidente Gaviria, gobernadores de Putumayo, Nariño y Antioquia, así como expertos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, fueron citados para ofrecer sus puntos de vista al respecto. El debate, aunque lleno de eufemismos y lugares comunes, pareció indicar una posibilidad de parte del Despacho Sustanciador para atender la solicitud del gobierno nacional de modular la Sentencia.

La discusión no es menor, toda vez que los diversos estudios hechos en laboratorios indican la efectividad del herbicida, aunque el debate aún carece de mayores estudios realizados en campo sobre los efectos nocivos en materia de salud pública y ambiental, además de la terrible la línea regresiva para las comunidades por parte de la Corte, expresada ésta en su decisión sobre las Consultas Populares anti extractivismo, las cuales ha dejado en suspenso .

Pues bien, como sostiene el mandatario de los colombianos, el debate “no es sobre un herbicida”, y la mayor cantidad del glifosato usado en el territorio nacional no se dirige a esta práctica de erradicación sino a la fumigación de otros cultivos como el arroz, los argumentos favorables a dicha modulación estuvieron plenos de eufemismos y falacias. Sólo el 5% del herbicida se usa en aspersiones contra la coca . En primer lugar, para Duque los daños ambientales de la producción de cocaína en el territorio no se restringen al uso del herbicida, sino también a la utilización de gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento. Argumento que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, consideró de un nivel criminal ajeno a las lógicas de un Estado de Derecho, por cuanto si bien ello resulta cierto no se puede pretender que la solución de la problemática sea igualar daños, los de estos insumos y los del glifosato, pues por esa vía el país sólo se estaría encaminando a empeorar la situación en una lógica también criminal contra el ambiente y contra las economías de subsistencia. No obstante, la problemática en el debate público ha tenido implicaciones sociopolíticas que han sido desconocidas en la argumentación de diversos funcionarios quienes abogaron por un uso integral de todas las herramientas, noción desconcertantemente similar a la idea perversa de la combinación de las formas de lucha, tan cara ésta a los derechos fundamentales de los colombianos desde hace al menos cincuenta años.

Duque, en su cínico ánimo conciliador, sostuvo ante la magistratura que no pretendía un “choque de poderes” sino “un diálogo fraterno”. No obstante éste reportero considera que esa línea tiene grandes posibilidades de imponerse en una futura decisión de la Corte, toda vez que las preguntas de los magistrados se encaminaron a indagar acerca de las posibilidades de mantener las aspersiones aéreas controlando sus efectos nocivos a las poblaciones y sus posibilidades financieras. En ello también debe considerarse el antecedente de las consultas populares, las cuales desde el pasado 11 de octubre de 2018 se hallan en vilo por su decisión dejarles sin alcance para frenar el extractivismo minero-energético y, de hecho, ya el Consejo de Estado frenó la consulta que estaba programada en el municipio cundinamarqués de Une al considerar que “las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales” (El Espectador, 2018), en un manifiesto conflicto entre el poder local y el nacional que atraviesa este periodo pos-acuerdo.

El mandatario de los colombianos acudió a un argumento falaz al sugerir que “la presencia de cultivos ilícitos” es una amenaza a los líderes sociales, por cuanto en los territorios de cultivos de uso ilícito los homicidios contra estos sujetos son mayores, ocultando la responsabilidad jurídica del Estado en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la asociación y a la expresión, por una parte y, por otra, aludiendo a una causalidad mecánica que despolitiza estos homicidios, por lo demás estigmatizados por funcionarios de su gobierno, al considerar que sólo el narcotráfico y no el abandono estatal fungen como causas de estos homicidios que además SÍ son sistemáticos y generalizados.

Pues bien, más allá de la habitual retórica de los funcionarios, la problemática no es menor y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante otros problemas se han ido agravando. Durante la última década al menos 154 detonaciones de minas y 163 hostigamientos han sufrido los diferentes erradicadores manuales, con un promedio de 59 eventos dañinos de este talante cada año, en los cuales murieron 33 funcionarios y otros 268 fueron heridos. También las afecciones a los cultivos de pancoger y a la salud de los pobladores han sido evidenciadas desde la implementación del Plan Colombia por Ong’s, organizaciones sociales y líderes comunitarios. De hecho la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ha sido la organización social más afectada por homicidios políticos en el pos-acuerdo . Sin embargo, la pretendida solución integral anunciada por Duque a través del uso de “la combinación de muchas herramientas” o la del Fiscal General acerca de la apelación a “todos los instrumentos disponibles“, o bien la del Viceprocurador de “hacer presión en todos los frentes”, recuerdan la macabra lógica de la combinación de todas las formas de luchan en una práctica en la cual el brazo contrainsurgente de la política se ha encaminado a profundizar la represión a uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, éste el más societal en un Estado cuya ausencia denota la viabilidad para los cultivadores y jornaleros para cultivar la hoja. En últimas, son éstos los directamente afectados por las aspersiones así los funcionarios simulen bañarse con el herbicida que ha sido catalogado por la misma OMS como cancerígeno.

Esta argumentación, sino argucia, se encamina más que a la atención de los derechos económicos, sociales y políticos de los pobladores, a la atenuación de las externalidades de la práctica de aspersión aérea yal control de los efectos nocivos para el entorno, no al desarrollo y democracia de los pobladores locales. Sin embargo, el también interviniente General Jorge Luis Ramírez, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue enfático en sostener que otras tecnologías alternativas no alcanzaban por mucho la efectividad de las aspersiones aéreas ya realizadas en gran parte con su presupuesto y gracias al aporte de la cooperación internacional para la materia. Entonces, si no son efectivas otras alternativas tecnológicas ¿cuáles externalidades pueden corregirse?.

Pues bien, como lo sugirió el expresidente Santos, en los momentos de mayor uso de aspersiones la producción de coca no disminuyó y antes bien las áreas cultivadas aumentaron, así como en los momentos de utilización de sustitución voluntaria las aéreas cultivadas sí disminuyeron. Aunque durante su gobierno las violaciones a los derechos de estas comunidades tampoco cesó. Contrariamente a todos estos argumentos efectivistas, para los representantes de las comunidades de Nóvita, Chocó, por quienes la Corte a través de la Sentencia T-236 tomó su decisión, “el principio de precaución aplica porque las comunidades no pueden reclamar, por el costo de la aspersiones sobre la salud” denotando con ello una prioridad social más que económica, toda vez que la economía de cultivo de coca sucede en regiones periféricas de la República donde no existe ni inversión social ni infraestructura que permita la viabilidad de economías legales frente a la coca. Para el delegado ante el Consejo de Comunidades Étnicas de Nóvita, Víctor Dario Luna, “el desconocimiento y el abandono estatal llevó a esa comunidad a hacerlo”, a cultivar coca. Para el Fiscal General, por su parte, “7,5% de estudiantes declaran haber consumido cocaína”, en una alusión moral que si bien es efecto de la problemática no puede tomarse como causa, toda vez que ambos problemas, el del consumo interno de cocaína y el del abandono estatal, son responsabilidad estatal y su solución no está en optar por uno o por otro: falacia de falsa dicotomía que medió toda la discusión por parte del gobierno. El debate, pues, no es sobre la efectividad del herbicida sino sobre la prioridad en las políticas para la solución de esta problemática tan intrincada y violenta.

Al final, la diligencia que procuró el debate público dejó abierta la posibilidad de dicha modulación. La cuestión no es menor, pues obedece a políticas que desde el gobierno Barco vienen integrando todas las formas de lucha y los efectos son, tal como lo sugirió Santos, como andar en una bicicleta estática: por más esfuerzo que se haga, se mira a derecha y a izquierda y se observa que se sigue en el mismo punto de inicio: Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante !Colombia también es uno de los países más desiguales en el globo! Entonces la cuestión alude a otro sentido en la discusión: ¿sofisticar la aspersión o solucionar el problema?

El asunto queda ahora en manos de una Corte que ha señalado una línea regresiva y que coqueteó con las argucias del gobierno nacional durante la audiencia. Entonces que venga el diablo y escoja: o Estado Social y Democrático de Derecho para estos contextos de tanta violencia estructural, o bien continuidad de una política que por más efectiva que parezca no ha resuelto el lío y más bien prefiere seguir montando todas las bicicletas estáticas disponibles para la represión.

El Espectador. (2018). Consejo de Estado frena consulta minera en Une, Cundinamarca. Bogotá, abril 25. En la web: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consejo-de-estado-frena-consulta-minera-en-une-cundinamarca-articulo-752044

UN Periódico Digital. (2019). ¿Quién controla el glifosato?. Febrero 26. Bogotá. En la web: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/quien-controla-el-otro-glifosato/

Cinep, Iepri-Universidad Nacional, Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, Ascamcat, Movimiento Rios Vivos, Confederación Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2019). ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá.

Pekín prevé crecer entre un 6 y un 6,5% este año, y aumentar su presupuesto de Defensa un 7,5%

China ha moderado sus objetivos de crecimiento económico y de gasto militar para este año, en medio de un clima que describe como “más grave y más complicado”. En su informe anual sobre las tareas de gobierno —similar al discurso sobre el Estado de la Nación—, el primer ministro chino, Li Keqiang, anunció una meta de crecimiento para este año entre el 6 y el 6,5%, con una inflación que rondará el 3%. El año pasado, el crecimiento fue del 6,6%, el más modesto en 28 años. La partida presupuestaria de Defensa, que hasta 2016 superó los dos dígitos anuales, aumentará un 7,5% en 2019, frente al 8,1% de 2018.

“Debemos estar preparados para una dura lucha. No hay que subestimar las dificultades que encaramos, pero nuestra confianza no debe debilitarse”, ha subrayado el primer ministro en su discurso, que inaugura la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el Legislativo chino, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Pero, ante los cerca de 3.000 delegados venidos de toda China, Li también ha dejado claro que el Gobierno chino no se plantea ningún giro radical, y continuará las políticas que ha venido poniendo en práctica hasta ahora. “Con el telón de fondo de un clima internacional complejo y que está cambiando rápidamente, debemos mantener nuestro foco estratégico y llevar a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los planes y metas que ya nos habíamos trazado”.

Ante los vientos en contra de una guerra comercial con Estados Unidos, un crecimiento más débil y un complicado clima global en el que crecen los populismos y el proteccionismo y disminuye la demanda, el Gobierno chino prevé aumentar su gasto público este año un 6,5%, hasta los 23 billones de yuanes (3,03 billones de euros). También, como medidas de estímulo, promete reducir la carga fiscal de las empresas —especialmente mediante rebajas en el IVA y sus contribuciones a la Seguridad Social— en unos 2.000 millones de yuanes (260 millones de euros). El déficit presupuestario crecerá ligeramente, un 0,2%, para quedar en el 2,8%.

Durante su sesión anual, que continuará hasta el 15 de marzo, la ANP tiene previsto debatir y aprobar una nueva ley de inversiones extranjeras, como parte de las medidas para intentar resolver la guerra comercial. Estados Unidos exige a China un mayor equilibrio de la balanza comercial, el fin de la transferencia forzosa de tecnología y garantías sobre la protección de la propiedad intelectual.

En una rueda de prensa para presentar los principales objetivos de la sesión legislativa, el portavoz de la ANP, Zhang Yesui, recordó que desde hace meses los equipos negociadores de los dos países han mantenido rondas de conversaciones para intentar llegar a un acuerdo. “Esperamos que las dos partes continúen sus consultas y consigan un acuerdo que beneficie a todos”, declaró.

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 4 MAR 2019 - 21:44 COT

“Si no fueran tan temibles 

nos darían risa, 

si no fueran tan dañinos 

nos darían lastima. 

Porque como los fantasmas,

sin pausa y sin prisa,

no son nada

si se les quita la sábana”¹

¡Muerte a guerrilleros infiltrados en la universidad! ¡Muerte a los mamertos que apoyan al terrorismo! Son consignas que irrumpen desde voces subrepticias para amedrentar a las organizaciones sociales movilizadas y anunciar la cruzada del restablecimiento del “orden natural de la sociedad”, según la “verdad” de los sectores más recalcitrantes del país que pretenden convocar a la “unidad nacional” contra el enemigo interno y la amenaza del enemigo externo.

Construir la representación del enemigo común culpable de todo, es un recurso de histrionismo político, en esencia, una sucia farsa que, producto de una campaña sistemática, trastoca la realidad para generar miedo, odio y, en consecuencia, posicionar al salvador que es el mismo agitador del odio y del miedo. Con retórica efectista, este salvador aviva la falsa contradicción existente desde la Colonia en el inconsciente colectivo entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, y él en representación de la “gente de bien”, como suelen decir en causa propia, con una hoja de vida “impoluta, proba y transparente” es decir, sin tacha, ni pecado. Con la antigua sentencia inquisidora de “muerte a los pecadores e impíos”, pretenden unir en la fe de la política mesiánica a todos los sectores vulnerables al discurso del miedo y llevarlos a actuar con odio contra aquellos señalados en un abanico muy amplio y diverso de ser parte de ese enemigo común.

Su concepción providencial sobre la propiedad privada (que no fue tocada en los diálogos de La Habana, valga la aclaración), les hace ver el “fantasma del comunismo” en las reformas liberales pactadas en los acuerdos de paz con las Farc, acuerdos cuyo cumplimiento e implementación son exigidos por la población de todas las regiones afectadas por el abandono del Estado, población que demanda el fin de la violencia selectiva contra quienes exigen condiciones para el bien común y respeto a los derechos comunitarios.

Este reverdecer de la estrategia del enemigo interno y externo, tiene como contexto y pretexto dos sucesos que en esta coyuntura han engranado de tal manera que “ni mandados a hacer”: el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander y la arremetida “diplomática” para tumbar el gobierno venezolano.

La reivindicación del atentado por parte del Eln –atentado que concitó repudio, rabia y dolor ante las terroríficas escenas de jóvenes que estudiaban para ser policías y que murieron desmembrados– solo trajo una claridad en medio de la confusión: su autoría. Los efectos de la inexcusable acción fueron el desconcierto y la dispersión generalizada en la llamada, por ellos mismos, “sociedad civil”, que experimentaba un auge en la movilización elevando su nivel de indignación y conciencia, con demostrada creatividad en las convocatorias y sus mecanismos decisorios y de representación, como es el caso del movimiento estudiantil a nivel nacional. Todo esto haría suponer que, a la luz de los acontecimientos, el Eln sea el primer sorprendido por el precario y parcial análisis con el cual justificó su accionar en la compleja realidad política que vive al país.

Dar por terminado el proceso de dialogo con el Eln, tal como se estableció, parecería una obvia y justificada determinación de autoridad frente al atentado, pero terminar con un dialogo inexistente y cerrar la mesa de negociación a la que nunca asistió una delegación oficial del gobierno a dialogar, solo deja interrogantes. Son de conocimiento público los reparos, condiciones y exigencias del presidente Duque sobre el proceso de negociación que inició su antecesor, ¿por qué entonces, no se le puso fin a este proceso desde antes, si de ningún modo hubo condiciones para nombrar la comisión negociadora producto del reiterado “desacato” a las exigencias y condiciones del gobierno por parte del Eln? ¿Acaso estaban esperando la fecha de activación del plan internacional contra al gobierno de Maduro (10 de enero) para encontrar el pretexto que uniera y posicionara la idea de la complicidad del enemigo interno con el enemigo externo?

Exigirle “respetuosamente” a Cuba que capture y extradite a los miembros del Eln que permanecen en su territorio desconociendo los protocolos firmados para el caso de la ruptura de la negociación, sabiendo de antemano que el gobierno de Cuba debe cumplir con su aplicación, deja entrever que su interés no está en la anhelada captura de los miembros insurgentes. En esta coyuntura geopolítica, el cálculo que salta a la vista es acusar a los gobiernos de Cuba o Venezuela de proteger terroristas. Si Cuba no captura y extradita a los miembros del Eln podría ser denunciada por el gobierno de Colombia como un país que protege a los grupos terroristas, y si los países garantes en cumplimiento del protocolo (numeral 7) dejan en territorio venezolano a la delegación guerrillera para desde allí entrar a Colombia, el gobierno de Venezuela, o más bien Maduro, sería acusado de protector de terroristas, alentando así la idea del triángulo del mal (Cuba, Maduro y Eln “versión Duque”, o Cuba, Maduro y Nicaragua “versión Trump”). Esta representación ya anunciada, ha sido utilizada en los preámbulos del intervencionismo norteamericano en alianza con potencias europeas en territorios de su interés. Indudablemente, Noruega y Cuba como países garantes, reconocidos por ejercer una diplomacia de alto nivel, no actuarán sin acuerdo y coordinación con el Estado colombiano y en consecuencia, como es de conocimiento público, no van a traicionar lo pactado en los protocolos.

Después de pasados 20 días de la encrucijada planteada a Cuba por el gobierno colombiano y de no tener nada nuevo por decir, es evidente que este incidente hace parte del plan de intromisión para supuestamente “restaurar la democracia en Venezuela” sacando del poder a Maduro, y desestabilizando a Cuba. Sin embargo, el plan no se consolidó en el tiempo previsto, tal como lo evidencia el pronunciamiento del embajador Francisco Santos en su llamado a no perder la esperanza: “El plan diplomático está dando resultado. Esto apenas está comenzando, y no es fácil. Quienes creen que un abrir y cerrar de ojos el dictador iba a salir, pues no”², reflexión que contrasta con lo dicho por el presidente Duque quien sentenció: “A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando, gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países”. Independientemente de los tiempos del “plan diplomático” de intromisión en los asuntos internos de Venezuela, en Colombia quedó cerrada toda posibilidad de una salida negociada con el Eln según lo contenido en la Política de Defensa y Seguridad del gobierno Duque.

La enajenación de sí mismo del presidente Duque al sentir la gloria temprana por su vertiginoso ascenso como mandatario con la mayor votación de la historia, unida a su posicionamiento como líder regional en esta coyuntura con Venezuela –de la mano de un “adulto mayor”, el secretario de Estado de los EEUU, Pompeo–, y con el atentado del Eln jugando a su favor, de seguro hará que crea superado el rechazo mayoritario, igualmente histórico, reportado en las encuestas. La vehemente retórica con la cual niega el derecho internacional y cierra toda posibilidad para una salida negociada con la guerrilla, hace prever que sus políticas frente al conflicto interno y externo sean más delirantes.

Con el frenesí que el partido de gobierno y sus aliados hacen “trizas” el Acuerdo de Paz con las Farc –saboteando, dilatando y deshaciendo–, es evidente que no solo pretenden negar la persistencia de las causas estructurales que reproducen la eterna violencia política, sino lo útil que resulta para sus intereses el maniqueo discurso del enemigo interno y externo, bajo cuya sombra esconden el temor a su verdadero enemigo: el pasado y presente de la verdad histórica.

A pesar del renacer impetuoso de la cruzada de la “gente de bien” que pretende mantener por todos los medios el viejo orden, hay que afirmar y afirmarse en que este país ya no es el mismo del periodo de la “seguridad democrática” aunque quieran volver a legitimarla e implementarla con la actual Política de Defensa y Seguridad del gobierno Duque. Ahora son múltiples las voces que se manifiestan desde diversas realidades con ejemplar valentía, expresando la necesidad histórica de cambiar las costumbres políticas y así transformar el viejo orden, no por viejo, sino por tramposo, corrupto, excluyente y violento, en síntesis, por ser un orden antidemocrático.

Nota: En estos tiempos azarosos no basta la dignidad y el coraje frente a tanta agresión, es necesario que todas las organizaciones agredidas se conecten con el mundo, las “alertas tempranas” lleguen al tiempo a todas las entidades, personas del mundo comprometidas en la defensa de la vida por medio de las redes, constituyendo grupos globales. Toda denuncia tiene que tener eco y respuesta en el mundo.

1 Estrofa de la canción “Los Macarras de la Moral”. Letra y Música: Joan Manuel Serrat. Álbum: Sombras de la China
2 Periódico El Tiempo 12-Feb-2019

Líderes internacionales y venezolanos están solicitando una intervención militar contra Maduro basada en el concepto de la "Responsabilidad de proteger" (R2P)

El concepto, aprobado en 2005 por la ONU, exige la autorización del Consejo de Seguridad para una intervención militar, como la que se dio en Libia en 2011

En el caso de Venezuela, Rusia vetaría dicha intervención, pero sus defensores se apoyan en una corriente no consolidada que defiende que esta autorización no es necesaria en el caso de violaciones de derechos humanos muy graves

Nicolás Maduro logró el sábado su objetivo: impedir el acceso de la ayuda humanitaria solicitada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó y enviada por sus aliados. Un mensaje que para algunos opositores venezolanos, políticos estadounidenses, exmandatarios de varios países –entre ellos José María Aznar– e influyentes centros de política exterior internacionales justifica una intervención militar de acuerdo con el principio de la responsabilidad de proteger (R2P).

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 2005 este concepto, definiéndolo como "la aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente".

Traducido de forma más sencilla: el Consejo de Seguridad puede aprobar una intervención militar en un país donde se esté cometiendo genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad y en el cual el Gobierno no esté protegiendo a la población o sea el responsable de estos crímenes. En la práctica, este concepto no introduce ningún cambio revolucionario ya que a excepción de la legítima defensa, el Consejo de Seguridad debe autorizar siempre el uso de la fuerza contra otro Estado.

El 17 de marzo de 2011 se utilizó por primera vez el concepto R2P en una resolución del Consejo de Seguridad para autorizar una intervención militar contra un gobierno. Rusia y China, que a menudo han vetado otras propuestas alegando el principio de no injerencia, se pusieron de perfil, se abstuvieron y permitieron la intervención de EEUU y la OTAN en Libia. Muamar al Gadafi fue asesinado y el resto es de sobra conocido. "Vinimos, vimos, murió", bromeó la entonces secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, parafraseando el famoso "vine, vi y vencí" de Julio César.

El senador estadounidense Marco Rubio se acordó de Maduro y le mandó un mensaje claro tan solo un día después de que este bloquease la entrada de ayuda humanitaria. Su mensaje era una foto de Gadafi moribundo. Rubio no es cualquier senador, es uno de los grandes impulsores de la estrategia de Trump en Venezuela. Un día antes de que Guaidó se proclamase presidente y estallase la crisis, Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart se reunieron con el presidente. Por la noche escribía el siguiente tuit: "Mañana será un día muy bueno (e importante) para la democracia y el orden constitucional en Venezuela".

Mientras Trump y su gobierno insisten en la baza de "todas las opciones están sobre la mesa" y Guaidó y su equipo hablan sobre uso de la fuerza sin hacer una petición expresa, el término R2P cada vez está más presente.

"Quiero dirigirme en público tal y como he hecho en privado a nuestro presidente Juan Guaidó para pedirle que hoy mismo, sin titubeos, haga el planteamiento que corresponde en el Grupo de Lima y dirigido a toda la comunidad internacional. Ya es hora de invocar el principio de injerencia humanitaria conforme al concepto de responsabilidad de proteger aprobado el 16 de septiembre de 2005 en la ONU. Presidente Guaidó, actúe. Tiene nuestro respaldo", afirmó el destacado opositor Antonio Ledezma poco antes de la reunión del Grupo de Lima.
El opositor Julio Borges, cercano a Guaidó, afirmó: "Vamos a presentar posiciones firmes que signifiquen una escalada en medidas diplomáticas, políticas y de uso de la fuerza en contra del régimen por bloquear la ayuda humanitaria y generar una violencia sin presentes en la frontera".

Llegado su turno en la reunión del Grupo de Lima este lunes, Guaidó señaló: "Hemos ejercido todas las vías institucionales políticas y diplomáticas. Estamos buscando una salida a la crisis y por eso es el momento de toda la región de actuar con determinación y seguir construyendo esas capacidades con todos los escenarios internacionales posibles en respeto a la constitución de Venezuela toda la fuerza para que cese esa situación dramática en nuestro país. Dada la crisis, hoy no podía ser sutil con los términos".

Este martes, 16 expresidentes de varios países, entre ellos José María Aznar y Felipe Calderón (México), han pedido a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la UE, a los integrantes del Grupo de Lima y a la Asamblea Nacional de Venezuela "disponer de las distintas medidas colectivas que contemplan el derecho internacional y la obligación conocida como responsabilidad de proteger".

Richard Haass, presidente del think tank Council of Foreign Relations, entre los 10 más influyentes de EEUU y entre los 15 de todo el mundo, también ha solicitado una intervención. "Lo que el régimen de Maduro está haciendo al pueblo de Venezuela es contradictorio con las obligaciones que supone ser un Estado soberano. Ha llegado la hora de que la ONU, la OEA o el Grupo de Lima consideren cómo aplicar la doctrina de la responsabilidad de proteger".

Sin embargo, ninguno de estos defensores de la intervención militar hace referencia a la responsabilidad de proteger tal y como la definió la ONU en 2005, sino a una corriente nacida desde entonces que alega que se está gestando una nueva excepción al uso de la fuerza (como la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad) en el que no hace falta autorización del todopoderoso órgano de la ONU para iniciar una intervención militar –en el caso de que la intervención militar en Venezuela llegase al Consejo, Rusia ejercería su derecho a veto por su alianza con Maduro–.

Dentro de esta corriente, académicos y expertos en derecho internacional público como Antonio Cassese, primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y primer presidente del Tribunal Especial para el Líbano, sostienen que para aplicar la R2P sin autorización de la ONU se deben dar varios criterios: ha de existir una situación de violación muy grave, masiva y reiterada de los derechos humanos fundamentales; el Consejo de Seguridad ha de haber conminado repetidamente al fin de dicha situación sin resultados; han de haberse demostrado inútiles todos los intentos de solución diplomática del conflicto; el empleo de la fuerza ha de realizarlo un conjunto de Estados; la mayoría de los miembros de la ONU no se ha de oponer al uso de la fuerza.

En definitiva, la responsabilidad de proteger sugiere que la soberanía no es solo el derecho a controlar un estado sin injerencias externas, sino que conlleva unas obligaciones básicas para con la población. Sin embargo, la R2P no está lo suficientemente desarrollada para determinar con claridad qué ocurre si el Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba el uso de la fuerza.

A día de hoy, la legislación internacional no recoge la posibilidad de intervenciones militares sin la autorización del Consejo de Seguridad (a excepción de la legítima defensa). Aunque pudiesen ser legítimas en el plano moral, no lo son de acuerdo con la legalidad vigente. Sin embargo, que una intervención militar no esté amparada explícitamente en el derecho internacional no significa que no se haga, tal y como ocurrió con la campaña de bombardeos de la OTAN en 1999 contra el régimen de Milosevic en el marco de la guerra de Kosovo.

26/02/2019 - 20:22h