Una bomba nuclear estadounidense tipo 'Fat Man', que se utilizó en el bombardeo de Nagasaki

En agosto de 1945 la Alemania nazi ya había sido derrotada, pero EEUU necesitaba mandar un mensaje de supremacía al mundo, y así lo hizo.

 

Fue Harry Truman, presidente norteamericano, el encargado de dar la orden de utilizar armas de destrucción masiva contra Hiroshima y Nagasaki, llevando así a cabo un proyecto anhelado durante varios años por los Gobiernos de EEUU y Gran Bretaña.

En 1940, antes del ataque japonés a Pearl Harbor, la investigación científica para la guerra unió a EEUU y Gran Bretaña, y muchos de sus logros militares provienen de esa alianza, ya que al amparo de la misma se inició la investigación para desarrollar la bomba atómica.

Por cuanto que en ese momento Gran Bretaña estaba expuesta a ataques aéreos constantes y estaba amenazada por una posible invasión nazi, el primer ministro Churchill y el presidente Roosevelt acordaron que era prudente llevar a cabo el proyecto nuclear en EEUU.

La inteligencia soviética sabía que desde 1939 los científicos de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países habían comenzado a tratar de cerca el problema de la fisión del núcleo atómico y trataban de obtener una nueva fuente de energía atómica.

Los informes sobre la intensificación del desarrollo de una nueva temible arma fue transmitida a la URSS en septiembre de 1941 por un miembro del famoso grupo de agentes prosoviéticos Cambridge Five, John Cairncross, quien logró obtener un informe secreto para el primer ministro británico Winston Churchill sobre los planes de crear armas atómicas de destrucción masiva, junto con EEUU.

 

Estudios secretos y víctimas silenciadas

 

La biblioteca de Truman cuenta en sus archivos digitales con un documento titulado Evaluación sobre bombardeos estratégicos de los Estados Unidos: los efectos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, aunque no se detallan muchos aspectos, en especial el referido a los efectos de la radiación en los sobrevivientes.

Luego de la rendición japonesa, EEUU implantó una política del silencio sobre cualquier cosa relacionada con los bombardeos o los efectos de la radiación. La única investigación autorizada era realizada por la comisión sobre las víctimas de la bomba atómica —Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC)—. Si bien dicha comisión realizó exámenes médicos, no suministró atención médica porque su misión tenía un mandato de no realizar curaciones o tratamiento, afirma Atomicheritage.

Según dicha organización el tratamiento en sí se convirtió en un problema político porque, a la vista del público, tratar y curar a los hibakusha (como se les llama a las víctimas de los bombardeos atómicos norteamericanos) podría haber constituido una expiación estadounidense por los bombardeos atómicos, es decir un reconocimiento del crimen masivo.

En una publicación del diario oficial de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, se relata sobre los estudios epidemiológicos y genéticos de los sobrevivientes y de sus hijos por parte de la ABCC y su sucesora, la fundación de investigación de efectos de la radiación (RERF). Pero las víctimas afirman que la información fue distorsionada y ocultada por parte de la ABCC y que nunca recibieron tratamiento, y solo fueron fotografiados y luego enviados a casa.

Peor aún, las víctimas estaban restringidas por su propia autocensura. Muchas se ocultaron durante años, sentían vergüenza por sus deformaciones, sus heridas, sus enfermedades y, sobre todo, un deseo de olvidar el pasado.

 

El ignominioso escuadrón japonés 731

 

La humanidad tampoco debe olvidar algunas acciones del Ejército imperial japonés, en especial las referidas a sus proyectos de creación de armas biológicas de destrucción masiva, para lo cual utilizaron seres vivos: humanos y animales.

La película Men Behind the Sun, controversial por sus crueles escenas, relata que presos chinos, coreanos y soviéticos eran sujeto de experimentos inhumanos a cargo del Escuadrón 731 del Ejército imperial japonés. 

Tales hechos serían difíciles de creer si hoy no conociéramos los registros del proceso de Jabárovsk llevado a cabo por los soviéticos en 1949 y por los documentos desclasificados por los norteamericanos.

El Mengele nipón, Ishii Shiro, a la cabeza del Escuadrón 731, tenía como misión desarrollar armas biológicas para su Gobierno, en la región de Harbin al norte de China, ocupada por los japoneses. Así lo relató durante el juicio en Jabárovsk, Yoshio Shinozuka, miembro del escuadrón, quien afirmó que habían criado pulgas infectadas de tifus en ratas, ántrax, peste y cólera para usar contra el Ejército soviético.

La Unión Soviética logró enjuiciar por crímenes de guerra a 12 militares japoneses del Escuadrón 731, pero no pudo enjuiciar a Ishii Shiro, porque simplemente se había esfumado.

Durante muchos años se negó la actividad de dicho escuadrón, pero EEUU fue desclasificando cientos de documentos que dan cuenta de los "experimentos de guerra biológica". El proceso de Jabárovsk permitió a los soviéticos conocer detalles dolorosos, inmorales y de altísima peligrosidad.

Uno de los enjuiciados fue K. Kawashima, jefe del departamento de producción en el destacamento 731, quien reconoció que "el departamento de producción estaba muy bien equipado para el cultivo de bacterias, lo que nos permitió producir mensualmente en forma pura hasta 300 kilogramos de bacterias de peste, o hasta 500-600 kilogramos de bacterias de ántrax, o hasta 800-900 kilogramos de bacterias tifoideas, paratifoideas o disenterías o hasta 1.000 kilogramos de bacterias del cólera".

A pesar de los intentos, los soviéticos no pudieron nunca capturar ni enjuiciar al cabecilla del escuadrón, Ishii Shiro. ¿Por qué? El hecho es que, la información sobre las armas biológicas que el Imperio japonés había acumulado durante los experimentos, fue utilizada posteriormente como herramienta de negociación con EEUU.

La potencia norteamericana decidió otorgar libertad e inmunidad a Ishii Shiro y a otros miembros del nefasto Escuadrón 731, a cambio de la información que poseían. Toda una canallada histórica e inmoral.

 

La relación entre EEUU y Japón

 

EEUU a lo largo de estas décadas ha sabido manejar y construir con Japón una relación compleja pero muy favorable a sus intereses. Entre los acuerdos y tratados firmados se puede destacar el Tratado de cooperación mutua y seguridad entre Japón y EEUU que otorgó a EEUU el uso de áreas e instalaciones japonesas por parte de sus fuerzas terrestre, aéreas y naval.

Las bases en Japón son relevantes para la estrategia estadounidense. El portaaviones USS Kitty Hawk con sede en Yokosuka participó en los conflictos en Afganistán e Irak. Los aviones de combate estacionados en Misawa y Kadena también se desplegaron en Irak a partir de 2003. Las bases en Okinawa en particular son cruciales para sus acciones en el océano Índico y Oriente Medio y durante la guerra de Vietnam jugaron un rol estratégico y logístico importante.

En mayo de 2016 cuando el presidente norteamericano Barack Obama visitó Hiroshima afirmó que los hechos en Hiroshima y Nagasaki "demostraron que la humanidad poseía los medios para destruirse a sí misma", es decir, atribuyó a toda la humanidad la posesión de esos medios de destrucción masiva, lo cual es un embuste.

Evidentemente, la presencia militar norteamericana en territorio japonés es una piedra angular para los intereses de EEUU en Asia y han sabido construirla de manera sostenida y firme a pesar de toda la historia precedente.

La amenaza del uso de armas de destrucción masiva se ha incrementado
Mientras tanto, hoy, en el mundo hay unas 22.000 armas nucleares y se han llevado a cabo más de 2.000 ensayos nucleares.

Los países han firmado varios tratados multilaterales para detener la carrera armamentista nuclear, entre ellos, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y en 2017 se avanzó hacia el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, donde cada Estado firmante se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia, desarrollar, ensayar, producir, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares y a no usar o amenazar con usar armas nucleares.

Este tratado representa el único compromiso vinculante de desarme en un tratado multilateral por parte de los Estados poseedores de armas nucleares. Los países signatarios por ahora suman 82, pero sólo 40 lo han ratificado y para entrar en vigor necesita de 50.

Este año 2020 debía celebrarse la Conferencia Examen del Tratado de No Proliferación TNP, pero debido a la pandemia del COVID-19 lamentablemente debió posponerse hasta 2021.

Cuba por su parte nos recuerda y alerta que "las 1.750 ojivas nucleares desplegadas son más que suficientes para destruir la civilización varias veces. De ellas, más del 46% está en manos de EEUU".

La Segunda Guerra Mundial ha dejado muchas lecciones y eventos cruentos que no debemos olvidar ni permitir que las jóvenes generaciones desconozcan. Es importante refrescar la memoria para que no se repita.

2 agosto 2020 | 3

(Tomando de Sputnik)

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Viernes, 31 Julio 2020 06:01

La nueva Guerra Fría

La nueva Guerra Fría

La semana pasada se realizó una cumbre virtual de once cancilleres de América Latina y el Caribe con su par chino, Wang Yi (foto). China anunció allí un fondo de mil millones de dólares para la región y garantizó accesibilidad a tratamientos y medicinas: el gigante asiático considera a su potencial vacuna como un "bien público mundial". Esa idea, que había sido planteada por el presidente de ese país, Xi Jinping, durante la Asamblea Virtual de la Organización Mundial de la Salud en mayo pasado, fue ahora retomada por Wang Yi: el canciller remarcó que la vacuna que CanSino Biologics está desarrollando junto al Instituto Científico Militar será un bien público de acceso universal.

China parece estar apuntando a varias bandas en simultáneo: América Latina, Asia y África como lugares donde llegar prioritariamente con su vacuna. Es parte de una estrategia general post pandemia: achicar los "costos" de que el Covid 19 haya surgido en Wuhan. Por eso implementó la famosa "diplomacia de los barbijos": Xi Jinping le mandó materiales sanitarios a más de 150 países cuando este planeta tiene 193, según la propia ONU. Un globalismo y multilateralismo del que Washington hoy reniega, enfrascado en las múltiples crisis internas.

También días atrás, Donald Trump anunció un acuerdo con Pfizer. 1950 millones de dólares es la cifra que el gobierno estadounidense abonará a esta farmaceútica que está trabajando en conjunto con la alemana Fiontech. ¿Qué compra Trump con esos casi dos mil millones de dólares? Unas 100 millones de dosis para el mercado local. Pero tiene la posibilidad de adquirir hasta 500 millones de dosis más. "Creo que tenemos un ganador ahí" fueron las palabras elegidas por el Jefe de Estado de la principal potencia mundial para dar cuenta de las novedades. Como con la compra del 95 por ciento del stock de remdesivir, el fármaco que sirve contra el Covid, realizada semanas atrás, Trump se focaliza en el plano interno: tratar de resolver la crisis del Covid-19 dentro de Estados Unidos. Por ello tampoco miraría con malos ojos si hay avances de Moderna y Astrazeneca, los otros grandes laboratorios occidentales que han hecho sustantivos avances en esta carrera de tiempo: también servirían para abastecer el mercado estadounidense en caso de que todo empeore aún más.

Mientras Trump anunciaba el "histórico acuerdo" con Pfizer se producía un duro discurso de Mike Pompeo, Secretario de Estado de los EE.UU., en relación a China. Pompeo habló de los supuestos planes hegemónicos del Partido Comunista de ese país a nivel mundial y dijo que "no se puede tratar a esta encarnación de China como un país normal como cualquier otro". A la par que Pompeo, ex hombre de la CIA, pronunciaba "el mundo libre ha de triunfar sobre esta nueva tiranía", el consulado chino en Houston era cerrado por la administración Trump, aduciendo que allí se desarrollaban tareas de espionaje. Xi Jinping contestó casi al instante: cerró y luego ocupó el consulado de EEUU. en Chengdu. La sobreideologización en las palabras de Pompeo -China parece más dispuesta a "disputar" dentro del capitalismo que fuera de él, independientemente del ideario "socialismo con características chinas"- pueden tener como interlocutor a los cancilleres de la Unión Europea. Y también, claro, a un sector de los votantes norteamericanos: dos de cada tres ciudadanos expresan su desconfianza en el gigante asiático, de acuerdo a estadísticas del Pew Research Center.

Espionaje cruzado

Las acusaciones mutuas de espionaje parecen sacar a flote lo obvio: ambas potencias se están espiando en simultáneo, como parte de la escalada que ya lleva años y deteriora aún más el vínculo bilateral. La detención de Tang Juan, una científica china a la que EE.UU. acusa de fraude y que permanecía en el consulado chino de San Francisco, es parte de esa estrategia. Si la vacuna de la segunda potencia mundial está siendo elaborada por el Ejército de ese país, ¿el objetivo de esta detención sería obtener información en torno al estado de situación de esa vacuna? Son especulaciones que no habría que descartar, visto y considerando lo tarde (muy tarde) que llegó la administración Trump a las noticias sobre el Covid-19 y su expansión durante los primeros tres meses del año en Asia. Más allá del hermetismo de Beijing, Washington parece estar admitiendo cierta ceguera sobre lo que allí sucede: conoce menos de lo que quisiera.

El presidente de EE.UU. encuentra incentivos lógicos para que la vacuna esté lo antes posible. El principal tiene que ver con las elecciones de noviembre: todas las encuestas lo muestran muy por debajo de Joe Biden, el poco carismático candidato del Partido Demócrata que aprovecha la crisis sanitaria, económica y social de EE.UU. y se encamina a ser favorito en las presidenciales. Si Trump concreta la vacuna antes, o al menos pone una fecha posterior al 8 de noviembre pero cercana, demostrará estar en competencia, con posibilidades de revalidar, o al menos de disputar en el escenario de tormenta perfecta que le tocó vivir.

China tiene varios incentivos para que la vacuna esté lo antes posible. Uno es ampliar su influencia como articulador global, como aspirante a líder del multilateralismo disperso. En la reunión de cancilleres que mencionamos, China juntó a los Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Cuba, por poner dos ejemplos de países cuyas conducciones políticas son antagónicas en su orientación ideológica. México fue el articulador de este encuentro, en el que participó también la Argentina; ambos países forman el eje progresista en la región y tienen fluidos vínculos con Beijing. El segundo incentivo de China tiene que ver con limpiar aún más su imagen ante el mundo, tras haberse originado el Covid 19 en Wuhan. Xi Jinping tiene un escenario que Trump envidiaría: ninguna elección por delante, luego de haber sido reelecto por la Asamblea Nacional Popular hasta el año 2023 y de haber ingresado a la Constitución de su país al nivel de Mao.

La puja por la vacuna esconde otra contienda, decisiva, estructural: quién va a ser la principal potencia de este planeta en las próximas décadas. En eso no hay grieta entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata: sea quien sea el presidente de EE.UU. el año próximo, China seguirá siendo la principal preocupación de la política exterior del todavía hegemón. Con espionaje y aranceles cruzados, más disputa tecnológico-científica en pleno desarrollo, la pandemia reforzó las tensiones. Y la nueva Guerra Fría, como el Coronavirus, ya está entre nosotros.

Analista internacional. Politólogo-UBA

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Jueves, 23 Julio 2020 06:30

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

 

Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia. El texto de la Carta es el siguiente:

En la medida en que la pandemia del coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse.

La lentitud del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.

Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira.

 Él promovía la paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y de campesinos pobres, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en sus territorios.

Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante los primeros seis meses de 2020, fueron asesinados en Colombia 153 líderes y defensores sociales.

 Para poner fin a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:

  • • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.
  • • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.
  • • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
  • • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
  • • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.
  • • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
  • • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.

Por último, le instamos a que continúe brindando la valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico”.

[La Carta es firmada por 94 miembros del Parlamento de los Estados Unidos y encabezada por los Congresistas James Mc Govern y Mark Pocan]

Como Comunidad de Paz agradecemos de todo corazón a todas las personas y comunidades del país y del mundo que nos han acompañado en este duro camino que lleva más de 23 años de resistencia civil, los invitamos a seguir presionando con este tipo de peticiones a este Gobierno ciego y sordo que poco le ha importado la vida de quienes pensamos diferente en este país.

                                             Comunidad de Paz San José de Apartadó

                                                                  Julio 20 de 2020  

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Fuente: ‘Territorios vigilados’ de Telma Luzzani. Diseño: Alejandro Acosta Hechavarría / Granma.

En los últimos años hemos visto cómo se integra cada vez más el ejército estadounidense en las estructuras militares de América Latina y el Caribe. Las operaciones multinacionales en la región son apenas la punta del iceberg, que raya en el espectáculo, de una organización transnacional cuyo epicentro se encuentra en las oficinas del Pentágono, en Virginia, Estados Unidos.

Uno de los 10 comandos del ejército estadounidense, el llamado Comando Sur, está encargado de preservar militarmente los intereses de la Unión y de las diferentes industrias y grupos de poder que controlan el aparato político-económico-cultural del angloimperio en lo que en Washington consideran el “patio trasero” de Norteamérica.

Sudamérica, bajo el dominio de la dependencia estadounidense, ha sido un territorio para el reposicionamiento de Estados Unidos en su despliegue militar unilateral, con más de 70 bases en los países de la región, siendo Panamá (con 12) y Colombia (con 9) los que mayor cantidad tienen. Sin bases no hay imperio.

La integración del ejército estadounidense a las estructurales militares de algunos estados en Sudamérica a través del Comando Sur se profundiza, al punto de que algunos ejércitos nacionales parecen prestos a abandonar cualquier resquicio de soberanía e independencia de sus bases fundamentales.

Lo confirma la visita del magnate presidente Donald Trump a los cuarteles generales del Comando Sur en Doral, estado de Florida, acompañado por el secretario de Defensa, Mark Esper, en donde se le dio un balance oficial de la supuesta “lucha contra las drogas” en la región.

En su participación ante Trump, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, decidió presentar a dos altos oficiales sudamericanos, uno colombiano y otro brasileño, señalándolos de empleados directos de su oficina castrense: “Trabajan para mí”.

Colombia, lo sabemos, se ha sumergido en la dependencia militar estadounidense, prestando y adjudicando territorios y bases locales a los altos oficiales de Estados Unidos para su despliegue y apresto operacional. Además, es socio global de la OTAN, la principal alianza mundial militar liderada por el Pentágono, lo que el Comando Sur en su postura de este año felicita ya que la nación latinocaribeña, junto con Brasil y Chile, “continúan aumentando sus contribuciones a la seguridad global”.

Aparte de asistir de primera mano al Comando Sur en su “lucha contra el narcotráfico”, el ejército colombiano también aporta asistencia a seis países de Centroamérica en el marco de un plan de educación militar y policial redactado por el Pentágono.

Por otro lado está Brasil, cuyo ejército, desde que llegó la derecha y extrema derecha al poder con Michel Temer vía golpe y luego Jair Bolsonaro a través de las urnas, ha decidido trabajar de cerca con los estadounidenses, al punto de unirse, junto a Colombia y Perú, el Grupo de Trabajo Aéreo-Terrestre Marino del Cuerpo de Infantería de la Marina liderada por oficiales del Pentágono, que operan en todo el hemisferio.

Esos mismos países sudamericanos forman parte de las misiones del USS Comfort, el buque hospital militar insignia de Estados Unidos en la región.

“Recientemente designado como un importante aliado no perteneciente a la OTAN y el socio más nuevo en el Programa de Asociación Estatal (SPP), trabajamos en estrecha colaboración con Brasil en una gama de misiones prioritarias”, dice el Comando Sur en la declaración de postura 2020.

En ese mismo documento destaca que el Comando Sur junto con Brasil están en la vanguardia regional “para exponer actividades maliciosas por parte de partidarios de grupos terroristas como el Hezbollah libanés”, al lado de Chile, Argentina y Paraguay.

El mismo Jair Bolsonaro ofreció una base militar a Trump el año pasado. La Base de Alcántara podría pasar a manos estadounidenses. De esta manera Brasil pasaría a formar parte de la confirmación de hegemonía en la región y en un país con alcances geopolíticos, aunque malogrados por Bolsonaro, en los BRICS.

Estados Unidos autoriza a Brasil y a Colombia usar cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tengan partes tecnológicas desarrolladas por su complejo industrial-militar. En sus contratos existen cláusulas que protegen la tecnología estadounidense y establecen normas para los técnicos brasileños y colombianos respectivamente en cuanto al uso de las bases y a la circulación en su perímetro. Colombia y Brasil ya han sido invadidos y conquistados por esa parte del capital monopolista que encuentra su negocio en la guerra y carrera armamentística.

Por esa misma condición es que son descritos como subalternos que trabajan personalmente para uno de los representantes clave del complejo industrial-militar bajo el uniforme de jefe del Comando Sur.

Aquello no se entiende sin la dimensión geopolítica que significa el ascenso global de China y su Iniciativa del Cinturón y la Ruta en América Latina más la alianza estratégica de Rusia con Venezuela y otros países anti-imperialistas y bloqueados por Washington, una dimensión que funge de alternativa a la unilateralidad militarista de Estados Unidos.

El cerco del Comando Sur sobre nuestros países es la otra cara de la moneda que domina la doctrina militar estadounidense, como amenaza sobre los estados aún soberanos que quedan en la región y como muestra de fuerza ante el bloque emergente anti-hegemónico. En ese marco, Brasil y Colombia son dos factores que el Pentágono prefiere de lacayos que asumidos soberanos.

22 julio 2020

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El presidente sirio Bashar al-Assad y su esposa Asma se registran para emitir su voto durante las elecciones parlamentarias. / Europa Press

Tras las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, y cuyos resultado no tendrán ninguna incidencia, Siria vuelve a la realidad cotidiana de las sanciones internacionales. Estos días se cumplen veinte años del ascenso al poder de Bashar al Asad, y tras casi una década de guerra civil, nadie alberga ninguna esperanza de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

 

Veinte años después de su ascenso al poder, el presidente Bashar al Asad participó el domingo a unas nuevas elecciones parlamentarias, las terceras desde el inicio del conflicto en 2011, elecciones que lo ratifican al mando de Siria pese a la enorme presión y las innumerables sanciones de Estados Unidos, Israel y la comunidad occidental en general. 

En el verano de 2000, a la edad de 34 años, Asad, un oftalmólogo educado en el Reino Unido, alcanzó el poder tras la muerte de su padre Hafez al Asad. Él mismo declaró entonces que planeaba liberalizar hasta cierto punto la política y la economía, pero enseguida tuvo que dar marcha atrás y consolidar la autocracia que heredó.

Un país como Siria, de una enorme complejidad étnica y religiosa, es casi ingobernable. Una liberalización de la política habría entregado el poder a islamistas de todo pelaje y condición, y habría sido un paso importante en la dirección de una cruenta guerra civil.

A los visionarios americanos que azuzaron el caos en Oriente Próximo obedeciendo a los intereses y consignas de Israel, no les importaba un rábano esa posibilidad, como demostraron en Irak. No es de extrañar que el último embajador americano en Damasco, Robert Ford (2010-2014), recorriera el país excitando a la población para que se rebelará contra Asad. Las consecuencias llegaron pronto y son las que todos conocemos.

A día de hoy está claro que no hay ni nunca ha habido libertad política en Siria y que eso debe achacarse básicamente a las ambiciones de las fuerzas islamistas de crear un estado islámico mucho más sectario que el de Asad, ambiciones que el gobierno ha reprimido sin contemplaciones para poder subsistir. Ciertamente, el gobierno de Asad no es el ideal, pero las alternativas que se ofrecen fácilmente podrían ser mucho peor.

Las cárceles siempre han estado llenas de islamistas. En los ochenta los islamistas echaban ácido en la cara de las jóvenes que no se cubrían el rostro, y cometían toda suerte de atentados. La matanza de Hama en 1982, ejecutada por el tío de Asad, fue el momento más álgido de la represión. Hoy Rifaat al Asad, el más proamericano del régimen, en su dorado exilio europeo, contrata abogados israelíes vinculados al gobierno de Benjamín Netanyahu para defenderse de los cargos de corrupción, según ha recogido la prensa hebrea esta semana con nombres y apellidos y sin que los interesados lo hayan desmentido.

El lector puede hacerse una idea de las cárceles sirias leyendo El caparazón. Su autor, Mustafa Khalifa, es un cristiano que por error fue encarcelado en la notoria prisión de Tadmor, especializada en islamistas. Khalifa cuenta sin cortarse un pelo sus experiencias hasta que años después, descubierto el error, fue trasladado a una prisión para no islamistas, donde había desde disidentes comunistas hasta liberales que vivían en unas condiciones más relajadas que los presos de cualquier prisión europea, con sus juergas, buena vida y alcohol incluidos.

Naturalmente, hay grupos liberales, especialmente en Occidente, pero también dentro de Siria, que aunque son minúsculos piensan que todo sería mucho mejor si se descabalgara a Asad. Las cosas irían de rositas y todos seríamos felices y comeríamos perdices. En esta gente han encontrado una excusa los gobiernos occidentales para implicarse directamente en el conflicto. Por eso muchos países occidentales y de la región han apoyado a los yihadistas más radicales que rebanaban cuellos con armas, dinero y logística, para acabar con el gobierno de Damasco.

Pero la realidad ha sido tozuda. Cuando empezaron las injerencias occidentales tras las llamadas primaveras árabes, algunas voces locales poco sospechosas de radicalismo ya advirtieron que lo que se estaba cociendo era un colosal error, pero nadie les hizo caso. Una de esas voces, la del patriarca maronita (católico) de Líbano, Bishara al Rai, puso el grito en el cielo a causa de la brutal injerencia que ponía en peligro la estabilidad y la convivencia logradas a través de los siglos, en Siria, en Irak y más allá. Nadie lo escuchó.

Las potencias regaron con armas y dólares a la "oposición moderada", es decir a grupos presuntamente liberales cuyos miembros podían contarse con los dedos de una o dos manos, y que no representaban a nadie más que a ellos mismos. Pero también regaron de armas a grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda que rebanaban cuellos y que eran la verdadera "oposición". Residuos importantes de estos grupos perviven en la provincia de Idlib sin que nadie los combata.

En la tesitura actual, Asad no tiene más remedio que aferrarse al poder. Al principio, cuando estallaron las revueltas, muchos creían que iba a poner tierra por medio y se iba a apartar, y que el país descendería al caos. El caos llegó de todas maneras impulsado por dirigentes extranjeros, y ahora hay que aceptar la nueva realidad y no seguir soñando con lo que sería lo ideal, como hacen los cuatro liberales que quedan.

El problema es que Occidente no va a aceptar la realidad, como no la aceptó en Irak o Afganistán, como no la acepta estos días en Libia ni en otras partes. En lugar de influir en la región de una manera positiva, los europeos se mantienen al margen cuando se les necesita o participan en los conflictos persiguiendo ideales irrealizables o intereses económicos, principalmente venta de armas. Las duras sanciones impuestas harán la vida mucho más difícil para la población siria en general y no resolverán ningún problema.

JERUSALÉN

21/07/2020 07:49

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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“Podía vivir con eso”: cómo la CIA hizo Afganistán seguro para el opio

La producción de opio en Afganistán aumentó espectacularmente al amparo de la política exterior de Estados Unidos, que se sustentó en el apoyo y la financiación a los grandes traficantes y productores de la región.

 

La primera imagen indeleble de la guerra en Afganistán para muchos estadounidenses fue probablemente la del periodista de la CBS Dan Rather, envuelto en las voluminosas ropas de un luchador muyahidín, con el aspecto de un pariente saludable de Lawrence de Arabia —aunque con pelo que parecía recién secado con secador, como algunos espectadores señalaron rápidamente—. Desde su ladera de montaña secreta “en algún lugar en el Hindu Kush”, Rather descargó sobre su público un cargamento de sinsentidos sobre el conflicto. Los soviéticos, confió Rather portentosamente, habían puesto un precio a su cabeza de “muchos miles de dólares”. Continuó: “Fue el mejor regalo que me podían haber dado. Y que mi cabeza tenga precio era un pequeño precio a pagar por las verdades que contamos sobre Afganistán”.

Cada una de estas observaciones resultaron completamente falsas. Rather describió al Gobierno de Hafizullah Amin como un “régimen marioneta instalado por Moscú en Kabul”. Pero Amin tenía vínculos más cercanos con la CIA que con el KGB. Rather llamó a los muyahidines “los luchadores por la libertad afganos… que participaban en una lucha a muerte profundamente patriótica por su hogar”. Los muyahidines apenas estaban luchando por la libertad, en cualquier sentido con el que Rather hubiera estado cómodo, sino más bien por imponer uno de los estilos de fundamentalismo islámico más represivos conocidos en el mundo, bárbaro, ignorante y notablemente cruel para las mujeres.

Era un “hecho”, anunció Rather, que los soviéticos habían usado armas químicas contra aldeanos afganos. Esta era una afirmación promovida por el Gobierno de Reagan, que hizo la acusación de que la extraordinariamente precisa cifra de 3.042 afganos habían muerto a causa de esta lluvia química amarilla, una sustancia que había conseguido gloriosas victorias propagandísticas en su manifestación en Laos unos años antes, cuando la lluvia amarilla resultó ser excrementos de abeja altamente cargados con polen. Como Frank Broadhead señaló en el London Guardian, “su composición: una parte excrementos de abeja, más muchas partes de desinformación del Departamento de Estado mezcladas con credulidad de los medios”.

Rather afirmó que los muyahidines tenían una escasez severa de equipamiento, haciéndolo lo mejor que podían con rifles kalashnikov tomados de soldados soviéticos muertos. De hecho, los muyahidines estaban extremadamente bien equipados, al ser los receptores de armas proporcionadas por la CIA en la guerra encubierta más cara que la Agencia había jamás montado. Llevaban armas soviéticas, pero llegaron por cortesía de la CIA. Rather también mostró imágenes periodísticas que, según él, eran bombarderos soviéticos ametrallando pueblos afganos indefensos. El “bombardero soviético” era en realidad un avión de la fuerza aérea paquistaní en una misión de entrenamiento sobre el noroeste de Pakistán.

CBS afirmó haber descubierto en áreas bombardeadas por los soviéticos animales rellenos de explosivos soviéticos, diseñados para hacer volar en pedazos a niños afganos. Estos juguetes trampa de hecho habían sido fabricados por los muyahidines con el único propósito de estafar a CBS News, como un entretenido artículo en el New York Post aclaró posteriormente.

Rather recorrió de forma heroica el camino hasta Yunas Khalis, descrito como el líder de los guerreros afganos. En tonos de admiración que normalmente reserva para huracanes en el Golfo de México, Rather recuerda en su libro La cámara nunca parpadea dos veces, “la creencia en que lo correcto crea el poder puede haber estado desvaneciéndose en otras partes del mundo. En Afganistán estaba sana y salva, y golpeando a los soviéticos”. Khalis era un despiadado carnicero, con sus tropas presumiendo con cariño de su matanza de 700 prisioneros de guerra. Pasó la mayor parte de su tiempo luchando, pero las guerras no eran principalmente con los soviéticos. En vez de eso, Khalis combatía contra otros grupos rebeldes afganos, siendo el objeto de los conflictos el control de los campos de amapola y las carreteras y senderos desde ellos a sus siete laboratorios de heroína cerca de su cuartel general en la ciudad de Ribat al Ali. El 60% de la cosecha de opio de Afganistán se cultivaba en el Valle de Helmand, con una infraestructura de irrigación garantizada por USAID.

En sus informes desde el frente Rather mencionaba el comercio local de opio, pero de una forma notablemente falsa. “Los afganos”, dijo, “habían convertido Darra en una ciudad en auge, vendiendo su opio de cultivo local a cambio de las mejores armas disponibles, y después regresando a luchar a Afganistán”.

Darra es una ciudad en el noroeste de Pakistán donde la CIA había instalando una fábrica para producir armas de estilo soviético que estaba repartiendo a todos los afganos que llegaban. La fábrica de armas estaba dirigida bajo contrato por la Dirección de Inteligencia Inter-Services de Pakistán. Gran parte del opio transportado en camiones a Darra desde Afganistán se vendía al gobernador paquistaní del territorio del noroeste, el teniente general Fazle Huq. Desde este opio la heroína se refinaba en laboratorios en Darra, se colocaba en camiones del Ejército paquistaní y se transportaba hasta Karachi, para después ser embarcada a Europa y Estados Unidos.

Rather menospreciaba la reacción del Gobierno de Carter al golpe respaldado por los soviéticos en 1979, con la acusación de que la respuesta de Carter había sido tibia y tardía. De hecho, el presidente Carter había reaccionado con una gama de movimientos que deberían haber causado envidia a los halcones de Reagan que, un par de años después, le estaban atacando por ser un cobarde de la Guerra Fría. Carter no sólo retiró a Estados Unidos de los Juegos Olímpicos de 1980, sino que cortó las ventas de cereales a la Unión Soviética, para gran angustia de los granjeros del medio oeste; detuvo el tratado SALT II; se comprometió a aumentar el presupuesto de defensa de EE UU en un 5% al año hasta que los soviéticos salieran de Afganistán; y reveló la doctrina Carter de contención en el sur de Asia, sobre la que el historiador de la CIA John Ranelagh dice que llevó a Carter a aprobar “más operaciones secretas de la CIA de lo que Reagan hizo más tarde”.

Carter confesó posteriormente en sus memorias que estuvo más agitado por la invasión de Afganistán que por cualquier otro acontecimiento de su presidencia, incluida la revolución iraní. La CIA convenció a Carter de que podía ser el comienzo de un impulso de los soviéticos hacia el Golfo Pérsico, un escenario que llevó a que el presidente seriamente considerara el uso de armas nucleares tácticas.

Tres semanas después de que los tanques soviéticos llegaran a Kabul, el secretario de Defensa de Carter, Harold Brown, estaba en Beijing, acordando una transferencia de armas de los chinos a las tropas afganas apoyadas por la CIA reunidas en Pakistán. Los chinos, a los que se compensó generosamente por el acuerdo, aceptaron e incluso consintieron en enviar consejeros militares. Brown consiguió un acuerdo similar con Egipto para comprar 15 millones de dólares en armas. “EE UU me contactó”, Anwar Sad recordaba poco antes de su asesinato. “Me dijeron: ‘Por favor abre tus almacenes para nosotros para que podamos dar a los afganos el armamento que necesitan para luchar’. Y les di el armamento. El transporte de armas a los afganos empezó desde El Cairo en aviones estadounidenses”.

Pero pocos en el Gobierno de Carter creían que los rebeldes tuvieran alguna posibilidad de derrotar a los soviéticos. Bajo la mayor parte de los escenarios, la guerra parecía destinada a ser una matanza, con civiles y rebeldes pagando un precio importante. El objetivo de la doctrina Carter era más cínica. Era desangrar a los soviéticos, con la esperanza de entramparles en un atolladero al estilo Vietnam. El alto nivel de bajas civiles no perturbó a los arquitectos de la intervención encubierta estadounidense. “Decidí que podía vivir con eso”, recordaba el director de la CIA de Carter, Stansfield Turner.

Antes de la invasión soviética, Afganistán apenas suponía un tema de interés para la prensa nacional, apareciendo en sólo un puñado de historias anuales. En diciembre de 1973, cuando la distensión estaba cerca de su cénit, el Wall Street Journal publicó una extraña historia en la portada sobre el país, titulada “¿Codician Afganistán los rusos? Si es así, es difícil figurarse por qué”. El reportero Peter Kann, que después se convertiría en presidente y editor de Journal, escribía que “los grandes estrategas del poder tienden a considerar Afganistán como una especie de eje sobre el que se mueve el equilibrio mundial de poder. Pero de cerca, Afganistán parece menos un eje, dominó o paso intermedio que una inmensa expansión de desierto baldío con unos pocos bazares llenos de moscas, un buen número de tribus enemistadas y mucha gente miserablemente pobre”.

Después de que la Unión Soviética lo invadiera, este páramo adquirió rápidamente el estatus de un precioso premio geopolítico. Un editorial del Journal tras la entrada soviética decía que Afganistán era “más serio que un mero paso intermedio” y, en respuesta, pedía el estacionamiento de tropas estadounidenses en Oriente Medio, el aumento de gastos militares, la expansión las operaciones encubiertas y el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Drew Middleton, en aquel momento corresponsal del New York Times en el Departamento de Defensa, presentó un temible análisis post-invasión en enero de 1980: “La sabiduría convencional en el Pentágono”, escribió, “es que en términos puramente militares, los rusos están en una posición frente a Estados Unidos mucho mejor que como estaba Hitler contra Gran Bretaña y Francia en 1939”.

La máquina de agitprop del Pentágono y la CIA subió de marcha: el 3 de enero de 1980, George Wilson, del Washington Post, informó de que líderes militares esperaban que la invasión “ayudara a curar la resaca ‘nunca más’ de Vietnam del público estadounidense”. Newsweek dijo que el “impulso soviético” representaba “una severa amenaza” para los intereses de EE UU: “El control de Afganistán pondría a los rusos a 350 millas [563 km] del Mar Arábigo, el salvavidas petrolífero de Occidente y Japón. Los aviones de guerra soviéticos situados en Afganistán podrían cortar el salvavidas a voluntad”. The New York Times apoyó la petición de Carter de mayor gasto militar y defendió los programas de misiles Cruise y Tridente, “investigación más rápida sobre el MX o algún otro misil de tierra móvil”, y la creación de una fuerza de despliegue rápido para la intervención en el Tercer Mundo, llamando a esta última una “inversión en diplomacia”.

En resumen, Afganistán demostró ser una gloriosa campaña tanto para la CIA como para el Departamento de Defensa, una fulgurante ofensiva en la que olas de crédulos y sumisos periodistas fueron enviados para promulgar la grotesca proposición de que Estados Unidos estaba bajo amenaza militar. Para cuando Reagan tomó posesión, él y su director de la CIA William Casey recibieron apoyo para su propio plan afgano intensificado desde un origen improbable, el Congreso controlado por los demócratas, que estaba presionando para duplicar el gasto en la guerra. “Fue un beneficio imprevisto [para el Gobierno de Reagan]”, dijo un miembro del personal del Congreso al Washington Post. “Habían recibido tanta oposición a la acción encubierta en Centroamérica y aquí viene el Congreso a ayudar y a lanzarles dinero, y ellos dicen ‘¿Quiénes somos nosotros para decir que no?”.

Mientras la CIA aumentaba su respaldo a los muyahidines —el presupuesto de la CIA para Afganistán alcanzó finalmente los 3.200 millones de dólares, la operación secreta más cara de su historia—, un miembro de la Casa Blanca del Consejo Estratégico del presidente sobre Abuso de Drogas, David Musto, informó a la administración de que la decisión de armar a los muyahidines fallaría: “Dije al Consejo que estábamos yendo a Afganistán a apoyar a los cultivadores de opio en su rebelión contra los soviéticos. ¿No deberíamos intentar evitar lo que habíamos hecho en Laos? ¿No deberíamos intentar pagar a los cultivadores si erradican su producción de opio? Hubo silencio”.

Tras lanzar esta advertencia, Musto y un colega en el consejo, Joyce Lowinson, siguieron cuestionando la política de EE UU, pero vieron sus indagaciones bloqueadas por la CIA y el Departamento de Estado. Frustrados, recurrieron a la página de opinión del New York Times y escribieron, el 22 de mayo de 1980: “Nos preocupa el cultivo de opio en Afganistán o Pakistán por miembros de tribus rebeldes que aparentemente son los principales adversarios de las tropas soviéticas en Afganistán. ¿Nos estamos equivocando al hacer amistad con estas tribus igual que hicimos en Laos cuando Air America (fletada por la Agencia Central de Inteligencia) ayudó a transportar opio crudo desde ciertas zonas tribales?”. Pero Musto y Lowinson chocaron con el silencio de nuevo, no sólo de la administración sino de la prensa. Era una herejía cuestionar la intervención encubierta en Afganistán.

Más adelante en 1980, Hoag Levins, un escritor del Philadelphia Magazine, entrevistó a un hombre al que identificaba como un cargo de seguridad de “alto nivel” en el Departamento de Justicia del Gobierno de Carter y le citaba así: “Tienes al Gobierno caminando de puntillas alrededor de esto como si fuera una mina terrestre. El tema del opio y la heroína en Afganistán es explosivo… En el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente mencionó el abuso de drogas pero fue muy cuidadoso en evitar mencionar Afganistán, aunque Afganistán es donde las cosas están pasando ahora… ¿Por qué no estamos adoptando una mirada más crítica hacia las armas que estamos enviando ahora a bandas de narcotraficantes que obviamente van a usarlas para aumentar la eficiencia de su operación de tráfico de drogas?”.

La DEA era bien consciente de que los rebeldes muyahidines estaban profundamente involucrados en el comercio de opio. Los informes de la agencia de drogas en 1980 muestran que las incursiones rebeldes afganas desde sus bases de Pakistán contra posiciones soviéticas estaban “en parte determinadas por la plantación de opio y las estaciones de cosecha”. Los números eran crudos e imponentes. La producción afgana de opio se triplicó entre 1979 y 1982. Había pruebas de que para 1981 los productores afganos de heroína se habían hecho con el 60% del mercado de la heroína en Europa occidental y Estados Unidos (éstas son cifras de la ONU y la DEA).

En 1971, en el momento álgido de la participación de la CIA en Laos, había alrededor de 500.000 adictos a la heroína en Estados Unidos. Para mediados y finales de los 70 este total había caído a 200.000. Pero en 1981 con la nueva afluencia de heroína afgana y los consiguientes bajos precios, la población adicta a la heroína aumentó hasta 450.000. En la ciudad de Nueva York, sólo en 1979 —el año en que empezó el flujo de armas a los muyahidines—, las muertes relacionadas con la heroína se incrementaron un 77%. Las únicas víctimas estadounidenses públicamente reconocidas en los campos de batalla afganos fueron algunos musulmanes negros que viajaron al Hindu Kush desde Estados Unidos para luchar en nombre del profeta. Pero las víctimas de la droga dentro de EE UU desde la guerra secreta de la CIA, particularmente en las ciudades del interior, se contaban por miles, además de la indecible desgracia y sufrimiento social.

Desde el siglo XVII las amapolas de opio han sido cultivadas en el así llamado Creciente Dorado, donde convergen las tierras altas de Afganistán, Pakistán e Irán. Durante casi cuatro siglos este era un mercado interno. Para la década de 1950 se producía muy poco opio tanto en Afganistán como en Pakistán, con quizás 2.500 acres bajo cultivo en estos dos países. Los fértiles campos de cultivo del valle de Helmand en Afganistán, para los 80 bajo intenso cultivo de amapola de opio, estaban cubiertos con viñedos, campos de trigo y plantaciones de algodón.

En Irán, la situación era claramente diferente a principios de los 50. El país, dominado por empresas petrolíferas y agencias de inteligencia británicas y estadounidenses, estaba produciendo 600 toneladas de opio al año y tenía 1,3 millones de adictos al opio, solo superado por China donde, en el mismo momento, los imperialistas occidentales del opio todavía dominaban. Entonces, en 1953, Mohammed Mossadegh, el equivalente nacionalista de Irán del chino Sun Yat-sen, ganó las elecciones e inmediatamente buscó suprimir el comercio de opio. En unas pocas semanas, el Secretario de Estado de EE UU John Foster Dulles estaba llamando loco a Mossadegh, y el hermano de Dulles, Allen, dirigente de la CIA, envió a Kermit Roosevelt para organizar un golpe contra él. En agosto de 1953 Mossadegh fue derribado, el shah fue instalado por la CIA, y los campos de petróleo y opio de Irán estaban de nuevo en manos amigas. La producción siguió inalterada hasta la toma del poder en 1979 del ayatolá Jomeini, punto en el cual Irán tenía un problema muy serio con el opio en términos de la adicción de su propia población. A diferencia de los caudillos muyahidines, el ayatolá era un constructivista estricto de la ley islámica en el tema de los intoxicantes: los adictos y los traficantes se enfrentaban a la pena de muerte. La producción de opio en Irán cayó drásticamente.

En Afganistán en los 50 y 60, el relativamente escaso comercio de opio estaba controlado por la familia real, encabezada por el rey Mohammed Zahir. Todos los grandes estados feudales tenían sus campos de opio, principalmente para satisfacer el consumo doméstico de la droga. En abril de 1978 un golpe populista derribó al régimen de Mohammed Daoud, que había formado una alianza con el shah de Irán. El shah había enviado dinero en dirección a Daoud —2.000 millones de dólares según un informe— y se trajo a la policía secreta iraní, el Savak, para entrenar a la fuerza de seguridad interna de Daoud. El nuevo Gobierno afgano estaba dirigido por Noor Mohammed Taraki. El Gobierno de Taraki hizo movimientos hacia la reforma agraria, por lo tanto un ataque contra los estados feudales cultivadores de opio. Taraki fue a la ONU, donde solicitó y recibió préstamos para sustitución de cosechas para los campos de amapolas.

Taraki también presionó con dureza contra la producción de opio en las zonas fronterizas dominadas por fundamentalistas, ya que éstos estaban utilizando los ingresos del opio para financiar ataques contra el Gobierno central afgano, al que veían como una encarnación malsana de la modernidad que permitía a las mujeres ir al colegio e ilegalizaba los matrimonios concertados y el precio de la novia.

Para la primavera de 1979 el protagonista de los héroes de Dan Rather, el muyahidín, también estaba empezando a surgir. The Washington Post informó que a los muyahidines les gustaba “torturar a sus víctimas primero cortando sus narices, orejas y genitales, después quitando un trozo de piel tras otro”. Durante ese año los muyahidines manifestaron particular animosidad hacia los occidentales, matando seis alemanes del oeste y un turista canadiense y golpeando con severidad a un agregado militar estadounidense. Es también irónico que en ese año los muyahidines estuvieran consiguiendo dinero no sólo de la CIA sino de Muamar el Gadafi de Libia, que les envió 250.000 dólares.

En el verano de 1979, más de seis meses antes de que los soviéticos entraran, el Departamento de Estado de EE UU produjo un memorándum que dejaba claro cómo veía las apuestas, sin importar lo moderno de mente que pudiera ser Taraki, o lo feudales que fueran los muyahidín: “El mayor interés de Estados Unidos… se vería satisfecho por la muerte del régimen Taraki-Amin, a pesar de cuales fueran los reveses que esto podría significar para futuras reformas sociales y económicas en Afganistán”. El informe continuaba: “El derrocamiento de la RDA [República Democrática de Afganistán] mostraría al resto del mundo, concretamente al Tercer Mundo, que la visión de los soviéticos del curso socialista de la historia como inevitable no es correcta”.

Muy presionado por las fuerzas conservadoras en Afganistán, Taraki apeló a los soviéticos en busca de ayuda, lo que declinaron en base a que eso era exactamente lo que sus mutuos enemigos estaban esperando.

En septiembre de 1979 Taraki fue asesinado en un golpe organizado por responsables militares afganos. Hafizullah Amin fue instalado como presidente. Tenía impecables credenciales occidentales, habiendo estado en la Universidad de Columbia de Nueva York y la Universidad de Wisconsin. Amin había sido presidente de la Asociación de Estudiantes Afganos, que había sido financiada por la Fundación Asia, un grupo intermediario, o fachada, de la CIA. Tras el golpe Amin empezó a encontrarse regularmente con responsables de la Embajada de EE UU en un momento en el que EE UU estaba armando a rebeldes islámicos en Pakistán. Temiendo a un régimen fundamentalista respaldado por EE UU presionando contra su propia frontera, la Unión Soviética invadió Afganistán por la fuerza el 27 de diciembre de 1979.

Después comenzó la expansión de la CIA iniciada por Carter que tanto preocupó al experto sobre drogas de la Casa Blanca David Musto. En una réplica de lo que ocurrió tras el golpe apoyado por la CIA en Irán, los estados feudales pronto volvieron a la producción de opio y el programa de sustitución de cosechas terminó.

Debido a que Pakistán tenía un programa nuclear, EE UU tenía una prohibición de ayuda exterior sobre el país. Pronto fue levantada a medida que el desarrollo de una guerra próxima en Afganistán se convertía en política prioritaria. De forma bastante rápida, sin ninguna desaceleración discernible en su programa nuclear, Pakistán se convirtió en el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense a nivel mundial, justo detrás de Israel y Egipto. Las armas llegaban a Karachi desde EE UU y eran enviadas a Peshawar por la Célula Nacional de Logística, una unidad militar controlada por la policía secreta de Pakistán, el ISI. Desde Peshawar esas armas que no eran simplemente vendidas a todo tipo de clientes (los iraníes consiguieron 16 misiles Stinger, uno de los cuales fue utilizado contra un helicóptero de EE UU en el Golfo) eran repartidas por el ISI a las facciones afganas.

Aunque la prensa de EE UU, con Dan Rather en primer plano, retrataba a los muyahidín como una fuerza unificada de luchadores por la libertad, el hecho —nada sorprendente para cualquiera con idea de historia afgana— era que los muyahidin consistían en al menos siete facciones en guerra, todas combatiendo por territorio y control del comercio de opio. El ISI dio la mayor parte de las armas —según un cálculo el 60%— al fundamentalista particularmente fanático y enemigo de las mujeres Gulbuddin Hekmatyar, que hizo su debut público en la Universidad de Kabul matando a un estudiante izquierdista. En 1972 Hekmatyar voló a Pakistán, donde se convirtió en agente del ISI. Instó a sus seguidores a lanzar ácido a las caras de las mujeres que no llevaran velo, secuestró a líderes rivales y acumuló un arsenal nutrido por la CIA para el día en que los soviéticos se marcharan y la guerra por el dominio de Afganistán realmente estallara.

Uno de los principales rivales de Hekmatyar en los muyahidin, Mullah Nasim, controlaba los campos de amapolas de opio en el valle de Helmand, produciendo 260 toneladas de opio al año. Su hermano, Mohammed Rasul, defendía esta iniciativa agrícola afirmando: “Debemos cultivar y vender opio para luchar en nuestra guerra santa contra los no creyentes rusos”. A pesar de este pronunciamiento bien calculado, pasaban casi todo su tiempo luchando contra sus hermanos creyentes, utilizando las armas enviadas por la CIA para intentar conseguir la ventaja en estas luchas internas. En 1989 Hekmatyar lanzó un asalto contra Nassim, intentando hacerse con el control del valle de Helmand. Nassim luchó contra él, pero pocos meses después Hekmatyar maquinó con éxito el asesinato de Nassim cuando ostentaba el puesto de viceministro de Defensa en el Gobierno provisional afgano post-soviético. Hekmatyar ahora controlaba el opio que crecía en el valle de Helmand.

Los agentes estadounidenses de la DEA estaban totalmente informados del control de la droga por los muyahidin concertados con líderes de inteligencia y militares paquistaníes. En 1983 el enlace de la DEA con el Congreso, David Melocik, dijo a un comité del Congreso: “Puedes decir que los rebeldes hacen su dinero de la venta de opio. No hay ninguna duda sobre ello. Estos rebeldes mantienen su causa mediante la venta de opio”. Pero hablar sobre que “la causa” dependía de ventas de droga no tenía sentido en ese momento en concreto. La CIA estaba pagando por todo de todas maneras. Los ingresos del opio estaban acabando en cuentas offshore en el Banco Habib, uno de los mayores de Pakistán, y en las cuentas de BCCI, fundada por Agha Hasan Abedi, que empezó su carrera bancaria en Habib. La CIA estaba utilizando simultáneamente el BCCI para sus propias transacciones secretas.

La DEA tenía pruebas de que más de 40 organizaciones de heroína funcionaban en Pakistán a mediados de los 80 durante la guerra afgana, y había pruebas de más de 200 laboratorios de heroína funcionando en el noroeste de Pakistán. Aunque Islamabad alberga una de las mayores oficinas de la DEA en Asia, nunca se tomó ninguna acción por agentes de la DEA contra ninguna de estas operaciones. Como un responsable de Interpol dijo al periodista Lawrence Lifschultz, “es muy extraño que los estadounidenses, con el tamaño de sus recursos, y el poder político que tienen en Pakistán, no hayan conseguido romper un solo caso. No se puede encontrar la explicación en una falta de adecuado trabajo policial. Han tenido algunos hombres excelentes trabajando en Pakistán”. Pero trabajando en las mismas oficinas que esos agentes de la DEA estaban cinco responsables de la CIA que, así lo contó uno de los agentes de la DEA posteriormente al Washington Post, les ordenaron retirar sus operaciones en Afganistán y Pakistán durante la duración de la guerra.

Esos agentes de la DEA eran muy conscientes del perfil marchado por la droga de una compañía que la CIA estaba utilizando para suministrar efectivo a los muyahidines, de nombre Shakarchi Trading Company. Esta empresa de propiedad libanesa había sido objeto de una larga investigación de la DEA sobre lavado de dinero. Uno de los principales clientes de Shakarchi era Yasir Musullulu, quien en una ocasión había sido agarrado intentando entregar un cargamento de 8,5 toneladas de opio afgano a miembros del sindicato del crimen de Gambino en Nueva York. Un informe de la DEA apuntó que Shakarchi mezclaba “el dinero de los traficantes de heroína, morfina base y hachís con el de los joyeros que compran oro en el mercado negro de los traficantes de Oriente Medio”.

En mayo de 1984 el vicepresidente George Bush viajó a Pakistán para conferenciar con el general Zia al Huq y otros miembros de alto rango del régimen paquistaní. En ese momento, Bush era el dirigente del Sistema Nacional de Interdicción de Narcóticos en la Frontera. En esta última función, uno de los primeros movimientos de Bush fue expandir el papel de la CIA en operaciones de drogas. Dio a la Agencia la principal responsabilidad en el uso de, y el control sobre, los informadores de droga. El dirigente operativo de este grupo de trabajo era el almirante retirado Daniel J. Murphy.

Murphy impulsó el acceso a la inteligencia sobre organizaciones de droga pero se quejó de que la CIA siempre estaba dando largas. “No gané”, dijo más tarde al New York Times. “No conseguí tanta participación efectiva de la CIA como yo quería”. Otro miembro del grupo de trabajo lo dijo sin rodeos: “La CIA podría ser de valor, pero necesitas un cambio de valores y actitud. No sé de una sola cosa que jamás nos hayan dado que fuera útil”.

Bush ciertamente sabía bien que Pakistán se había convertido en el origen de la mayoría de la heroína de alta calidad que entraba en Europa occidental y Estados Unidos y que los generales con los que estaba tratando estaban profundamente involucrados en el comercio de drogas. Pero el vicepresidente, quien proclamó más tarde que “nunca negociaré con traficantes de droga en EE UU o en suelo extranjero”, utilizó su viaje a Pakistán para alabar el régimen de Zia por su inquebrantable apoyo a la Guerra contra las Drogas. (Entre estas excursiones retóricas encontró tiempo, hay que decir, para extraer de Zia un contrato para comprar 40 millones de dólares en turbinas de gas fabricadas por General Electric).

Como era predecible, durante los 80 los gobiernos de Reagan y Bush hicieron todo lo posible por cargar la culpa del auge en la producción de heroína paquistaní sobre los generales soviéticos en Kabul. “El régimen mantiene una absoluta indiferencia ante cualquier medida para controlar la amapola”, declaró el fiscal general de Reagan, Edwin Meese, durante una visita a Islamabad en marzo de 1986. “Creemos firmemente que en realidad hay estímulo, al menos tácitamente, sobre la creciente amapola de opio”.

Meese sabía del tema. Su propio Departamento de Justicia había estado rastreando la importación de drogas desde Pakistán desde al menos 1982 y era muy consciente de que el comercio estaba controlado por rebeldes afganos y el Ejército paquistaní. Pocos meses después de un discurso de Meese en Pakistán, la Oficina de Aduanas de EE UU detuvo a un hombre paquistaní llamado Abdul Wali mientras intentaba descargar más de una tonelada de hachís y una cantidad más pequeña de heroína en Estados Unidos en Port Newark (New Jersey). El Departamento de Justicia informó a la prensa de que Wali dirigía una organización de 50.000 miembros en el noroeste de Pakistán, pero la vicefiscal general Claudia Flynn se negó a revelar la identidad del grupo. Otro responsable federal dijo a Associated Press que Wali era un líder de los muyahidin.

También era conocido para los responsables de EE UU que personas con estrechas relaciones con el presidente Zia estaban haciendo fortunas con el comercio de opio. La palabra “fortuna” aquí no es ninguna exageración, ya que uno de estos asociados de ZIA tenía 3.000 millones de dólares en sus cuentas de BCCI. En 1983, un año antes de la visita de George Bush a Pakistán, uno de los médicos del presidente Zia, un herbalista japonés llamado Hisayoshi Maruyama fue arrestado en Ámsterdam empaquetando 17,5 kilos de heroína de alta calidad producida en Pakistán con opio afgano. En el momento de su arresto estaba disfrazado de boy scout.

Interrogado por agentes de la DEA tras su arresto, Maruyama dijo que él sólo era un correo para Mirza Iqbal Baig, un hombre a quien los agentes de aduanas describían como “el traficante de droga más activo en el país”. Baig tenía estrechas relaciones con la familia Zia y otros altos oficiales del Gobierno. Había sido dos veces objetivo de la DEA, a cuyos agentes se les dijo que no realizaran investigaciones sobre él debido a sus vínculos con el Gobierno de Zia. Un importante abogado paquistaní, Said Sani Ahmed, contó a la BBC que éste era el procedimiento estándar en Pakistán: “Podemos tener pruebas contra una individuo concreto, pero aun así nuestras agencias de seguridad no pueden poner las manos encima de gente así, porque sus superiores les prohíben actuar. Los verdaderos culpables tienen suficiente dinero y recursos. Francamente, están disfrutando de algún tipo de inmunidad”.

Baig era uno de los magnates de la ciudad paquistaní de Lahore, dueño de cines, centros comerciales, fábricas y una planta textil. No fue procesado por cargos de drogas hasta 1992, tras la caída del régimen de Zia, cuando un tribunal federal estadounidense de Brooklyn le procesó por tráfico de heroína. EE UU finalmente ejerció la suficiente presión sobre Pakistán como para arrestarle en 1993; en la primavera de 1998 estaba en la cárcel en Pakistán.

Uno de los socios de Baig (como describió Newsweek) en sus negocios con la droga era Haji Ayub Afrid, un aliado cercano del presidente Zia, que había formado parte de la Asamblea General Paquistaní. Afridi vive a 35 millas [56 km.] de Peshawar en un gran complejo sellado por muros de seis metros de alto con alambre de concertina en la parte de arriba y con defensas que incluyen una batería antiaérea y un ejército privado de hombres de su tribu. Se decía que Afridi estaba a cargo de comprar opio crudo de los señores de la droga afganos, mientras Baig cuidaba de la logística y el envío a Europa y los Estados Unidos. En 1993 presuntamente ofreció dinero para acabar con la vida de un agente de la DEA que trabajaba en Pakistán.

Otro caso próximo al Gobierno de Zia implicó el arresto por cargos de droga de Hamid Hasnain, el vicepresidente de la mayor entidad financiera de Pakistán, el Banco Habib. El arresto de Hasnain se convirtió en la pieza central de un escándalo conocido como el “asunto de la Liga Paquistaní”. La banda de narcotraficantes fue investigada por un tenaz investigador noruego llamado Olyvind Olsen. El 13 de diciembre de 1983 la policía noruega requisó 3,5 kilos de heroína en el aeropuerto de Oslo en el equipaje de un paquistaní llamado Raza Qureishi. A cambio de una sentencia reducida Qureishi aceptó dar los nombres de sus suministradores a Olsen, el investigador de narcóticos. Poco después de su entrevista con Qureishi, Olsen voló a Islamabad para destapar a los otros miembros de la organización de heroína. Durante más de un año Olsen presionó a la Agencia de Investigación Federal (AIF) de Pakistán para arrestar a los tres hombres que Qureishi había señalado: Tahir Butt, Munawaar Hussain y Hasnain. Todos eran asociados de Baig y Zia. No fue hasta que Olsen amenazó con condenar públicamente el comportamiento de la AIF que la Agencia realizó alguna acción: finalmente, el 25 de octubre de 1985 la AIF arrestó a los tres hombres. Cuando los agentes paquistaníes atraparon a Hasnain fueron asaltados por un aluvión de amenazas. Hasnain habló de “terribles consecuencias” y afirmó ser “como un hijo” para el presidente Zia. Dentro del maletín de Hasnain los agentes de la AIF descubrieron registros de las extensas cuentas bancarias del presidente Zia además de las de la esposa e hija de Zia.

Inmediatamente después de conocer el arresto de Hasnain, la esposa de Zia, que estaba en Egipto en ese momento, telefoneó al jefe de la AIF. La mujer del presidente demandó imperiosamente la liberación del “banquero personal” de su familia. Resultó que Hasnain no sólo atendía los asuntos financieros secretos de la familia presidencial, sino también de los altos generales paquistaníes, que estaban robando dinero de las importaciones de armas de la CIA y haciendo millones del tráfico de opio. Pocos días después de la llamada de su esposa, el presidente Zia mismo estaba al teléfono con la AIF, exigiendo que los investigadores explicaran las circunstancias respecto al arresto de Hasnain. Zia pronto consiguió que Hasnain saliera bajo fianza a espera de juicio. Cuando Qureishi, el correo, subió al estrado para testificar contra Hasnain, el banquero y su coacusado pronunciaron amenazas de muerte contra el testigo en pleno juicio, suscitando una protesta del investigador noruego, que amenazó con retirarse de los procedimientos.

En última instancia el juez del caso tomó medidas, revocando la fianza de Hasnain y dándole una dura condena a prisión tras su condena. Pero Hasnain era sólo un pez relativamente pequeño que fue a la cárcel mientras generales culpables salieron libres. “Se le ha convertido en un cabeza de turco”, dijo Munir Bhatti al periodista Lawrence Lifschultz: “La CIA estropeó el caso. Las pruebas estaban distorsionadas. No hubo justificación para dejar escapar a los culpables reales que incluyen importantes personalidades en este país. Había pruebas en este caso que identificaban a esas personas”.

Esos eran los hombres a quienes la CIA estaba pagando 3.200 millones de dólares al año para dirigir la guerra afgana, y no hay persona que mejor personifique esta relación que el teniente general Fazle Huq, quien supervisó operaciones militares en el noroeste de Pakistán para el general Zia, incluyendo el armamento de los muyahidin que estaban utilizando la región como una base para sus ataques. Fue Huq quien se aseguró de que su aliado Hekmatyar recibió el grueso de los envíos de armas de la CIA, y también fue Huq quien supervisó y protegió las operaciones de los 200 laboratorios de heroína dentro de su jurisdicción. Huq había sido identificado en 1982 por la Interpol como un jugador clave en el comercio de opio afgano-paquistaní. Los líderes de la oposición paquistaní se refirieron a Huq como el Noriega paquistaní. Había sido protegido de investigaciones sobre droga por Zia y la CIA y posteriormente presumió de que con esas conexiones podía escapar “de cualquier cosa”.

Como otros narco-generales en el régimen de Zia, Huq también estaba muy relacionado con Agha Hassan Abedi, el jefe del BCCI. Abedi, Huq y Zia cenaban juntos casi todos los meses, y trataron varias veces con el director de la CIA de Reagan William Casey. Huq tenía una cuenta en el BCCI de tres millones de dólares. Después de que Zia fuera asesinado en 1988 por una bomba colocada (probablemente por importantes cargos militares) en su avión presidencial, Huq perdió algo de su protección oficial, y pronto fue arrestado por ordenar el asesinato de un clérigo chií.

Después de que la primera ministra Benazir Bhutto fuera depuesta, su sustituto Ishaq Khan liberó rápidamente a Huq de prisión. En 1991 Huq murió de un disparo, probablemente en venganza por la muerte del clérigo. El general del opio recibió un funeral de estado, donde fue elogiado por Ishaq Khan como “un gran soldado y competente administrador que jugó un encomiable papel en el progreso nacional de Pakistán”.

Benazir Bhutto había llegado al poder en 1988 entre fieras promesas de limpiar la corrupción bañada en droga de Pakistán, pero no pasó mucho tiempo hasta que su propio régimen fuera el centro de serias acusaciones. En 1989 la Administración para el Control de Drogas de EE UU encontró información de que el marido de Benazir, Asif Ali Zardari, podía haber estado financiando grandes envíos de heroína desde Pakistán a Gran Bretaña y Estados Unidos. La DEA asignó uno de sus agentes, un hombre llamado John Banks, para que trabajara clandestinamente en Pakistán. Banks era un antiguo mercenario británico que había trabajado clandestinamente para Scotland Yard en grandes casos de droga internacionales.

Mientras estaba en Pakistán, Banks afirma que se presentaba como un miembro de la Mafia y que se había encontrado con Bhutto y su marido en su casa de Sind. Banks afirma también que viajó con Zardari a Islamabad, donde grabó secretamente cinco horas de conversación entre Zardari, un general de la fuerza aérea paquistaní y un banquero paquistaní. Los hombres discutían la logística de transportar heroína a EE UU y Gran Bretaña: “Hablamos sobre cómo iban a enviar las drogas a Estados Unidos en un cúter metálico”, dijo Banks en 1996. “Me dijeron que el Reino Unido era otra zona donde habían enviado heroína y hachís de forma regular”. La Oficina de Aduanas Británica también había estado vigilando a Zardari por tráfico de drogas: “Recibimos inteligencia de tres o cuatro fuentes, sobre su presunta participación como financiero”, contaba un responsable británico de aduanas retirado al Financial Times. “Se informó de todo esto a la inteligencia británica”. El oficial de aduanas dice que su Gobierno no actuó en base a este informe. De igual forma, Banks afirma que la CIA detuvo la investigación de Zardari. Todo esto surgió cuando el Gobierno de Bhutto cayó por segunda vez, en 1996, bajo cargos de corrupción presentados principalmente contra Zardari, que está ahora en prisión por su papel en el asesinato de su cuñado Murtaza. Zardari también sigue acusado de malversar más de mil millones de dólares en fondos del Gobierno

En 1991 Nawz Sharif dice que mientras ejercía como primer ministro se le acercaron dos generales paquistaníes —Aslam Beg, jefe de personal para el Ejército, y Asad Durrani, jefe del ISI— con un plan para financiar decenas de operaciones encubiertas mediante la venta de heroína. “El general Durrani me dijo: ‘Tenemos un proyecto preparado para su aprobación”, explicó Sharif al periodista del Washington Post John Ward Anderson en 1994. “Estaba totalmente atónito. Tanto Beg como Durrani insistieron en que el nombre de Pakistán no sería citado en ningún lugar porque toda la operación sería llevada a cabo por terceros de confianza. Durrani después continuó mencionando una serie de operaciones militares encubiertas que tenían una desesperada necesidad de dinero”. Sharif dijo que rechazó el plan, pero cree que fue puesto en práctica cuando Bhutto recuperó el poder.

El impacto de la guerra afgana en las tasas de adicción de Pakistán fue incluso más drástico que el auge en la adicción a la heroína en EE UU y Europa. Antes de que empezara el programa de la CIA, había menos de 5.000 adictos a la heroína en Pakistán. Para 1996, según Naciones Unidas, había más de 1,6 millones. El representante paquistaní en la Comisión de la ONU sobre Narcóticos, Raoolf Ali Khan, dijo en 1993 que “no hay rama del gobierno donde no esté extendida la corrupción de la droga”. Como ejemplo señaló el hecho de que Pakistán se gaste sólo 1,8 millones de dólares al año en esfuerzos antidroga, con una asignación de mil dólares para comprar gasolina para sus siete camiones.

Para 1994 el valor del tráfico de heroína en Pakistán era el doble del presupuesto gubernamental. Un diplomático occidental dijo al Washington Post en ese año que “cuando llegas a la fase en la que los narcotraficantes tienen más dinero que el Gobierno, van a ser necesarios notables esfuerzos y notables personas para darle la vuelta”. La magnitud del compromiso que se requiere es ilustrada por dos episodios. En 1991 la mayor redada antidroga en la historia del mundo ocurrió en la carretera de Peshawar a Karachi. Los funcionarios de aduanas paquistaníes se hicieron con 3,5 toneladas de heroína y 44 toneladas de hachís. Varios días después la mitad del hachís y la heroína se habían desvanecido junto con los testigos. Los sospechosos, cuatro hombres con vínculos con la inteligencia paquistaní, habían “escapado misteriosamente”, por usar los términos de un funcionario de aduanas paquistaní. En 1993 guardas fronterizos paquistaníes requisaron ocho toneladas de hachís y 1,7 toneladas de heroína. Cuando el caso se pasó a la junta de control de narcóticos paquistaní, todo el personal se fue de vacaciones para evitar verse involucrado en la investigación. Nadie fue castigado o molestado de alguna forma y los narcotraficantes salieron impunes. Incluso la CIA se vio eventualmente obligada a admitir en un informe al Congreso de 1994 que la heroína se había convertido en “la savia de la economía y el sistema político paquistaní”.

En febrero de 1989 Mijaíl Gorbachov sacó las tropas soviéticas de Afganistán, y pidió a EE UU que aceptara un embargo sobre la provisión de armas para cualquiera de las facciones muyahidines afganas, que estaban preparándose para otra fase de la guerra interna por el control del país. El presidente Bush se negó, asegurando así un período de continuación de la miseria y el horror para la mayoría de afganos. La guerra ya había convertido a la mitad de la población en refugiados, y generado tres millones de heridos y más de un millón de muertes. Las inclinaciones de los muyahidin en este punto se ilustran con un par de anécdotas. El corresponsal en Kabul de la Far Eastern Economic Review informó en 1989 sobre el tratamiento por los muyahidin de los prisioneros soviéticos: “Un grupo fue asesinado, despellejado y colgado en una carnicería. Un cautivo se convirtió en el centro de atracción en una partida de buzkashi, esa forma ruda de polo afgano en la que normalmente la pelota es una cabra sin cabeza. En su lugar se utilizó al cautivo. Vivo. Fue literalmente despedazado”. La CIA también tenía pruebas de que sus luchadores por la libertad habían drogado a más de 200 soldados soviéticos con heroína y les había encerrado en jaulas de animales donde, informó el Washington Post en 1990, llevaban “vidas de horror indescriptible”

En septiembre de 1996 los talibanes, fundamentalistas nutridos originariamente en Pakistán como criaturas tanto del ISI como de la CIA, tomaron el poder en Kabul, donde el mulá Omar, su líder anunció que todas las leyes incompatibles con la sharia musulmana se cambiarían. Se obligaría a las mujeres a asumir el chador y quedarse en casa, con segregación total de los sexos y las mujeres fuera de los hospitales, escuelas y baños públicos. La CIA continuó su apoyo de estos fanáticos medievales que, según Emma Bonino, la comisaria de la Unión Europea para Asuntos Humanitarios, estaban cometiendo “genocidio de género”.

Una ley en conflicto con la sharia que los talibanes aparentemente no tenían interés en cambiar era el mandato del profeta contra los intoxicantes. De hecho, los talibanes instaron a sus granjeros afganos a aumentar su producción de opio. Uno de los líderes talibanes, el “zar de la droga” Abdul Rashid, apuntó: “Si intentamos parar esto [el cultivo de opio] el pueblo estará en nuestra contra”. Para finales de 1996, según la ONU, la producción de opio afgano había alcanzado 2.000 toneladas métricas. Se estimaba que había 200.000 familias en Afganistán trabajando en el comercio de opio. Los talibanes tenían el control del 96% de toda la tierra afgana con cultivo de opio e impusieron un impuesto sobre la producción de opio y un peaje sobre los camiones que llevaban la cosecha.

En 1997 un granjero de opio afgano dio una respuesta irónica a la amenaza de Jimmy Carter sobre usar armas nucleares como parte de una respuesta a la invasión soviética de Afganistán en 1979. Amhud Gul dijo a un reportero del Washington Post: “Estamos cultivando esto [el opio] y exportándolo como una bomba atómica”. La intervención de la CIA había agitado su varita de nuevo. Para 1994, Afganistán, según el programa de control de drogas de la ONU, había sobrepasado a Burma como el suministrador número uno del mundo de opio crudo.

Por Jeffrey St. Clair

Traducción: Eduardo Pérez

20 jul 2020 06:00

Artículo original

Artículo publicado en CouterPunch y traducido para El Salto por Eduardo Pérez

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El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. EFE/Archivo

Los recientes movimientos militares de Egipto junto a Libia constituyen un pésimo augurio. Las maniobras confirman las amenazas que lanzó hace tres semanas el presidente Sisi. En un conflicto en el que están implicadas distintas potencias, en un momento dado cualquiera de ellas podría lanzar a los egipcios contra los turcos en territorio libio con el fin de dar una lección al presidente Erdogan y evitar que florezca un gobierno islamista en Trípoli.

 

En los últimos días Egipto ha llevado a cabo unas importantes maniobras militares cerca de la frontera con Libia, maniobras que han incluido el envío de aviones de guerra de fabricación francesa a las bases Mohammad Naguib y Sidi Barani. Esta inusual concentración de tropas junto a Libia confirma que Egipto se está preparando para un conflicto armado con Turquía.

Por su parte Ankara va a realizar sus propias maniobras navales y aéreas en aguas internacionales del Mediterráneo oriental cercanas a Libia, una decisión que ha alarmado a los numerosos países implicados en esa guerra y que pone el acento en la disposición turca a defender sus intereses en la región con tanto ahínco como los países rivales.

Tanto los movimientos militares de Egipto como los de Turquía están cargados de mensajes políticos. Los dos países juegan a fondo sus bazas y ninguno de ellos ha dado muestra de querer echarse atrás. Mientras Egipto participa en el conflicto de la mano de Rusia y sobre todo de los Emiratos Árabes Unidos, y también contando con el respaldo de Francia e Israel, Turquía no cuenta con el apoyo de nadie desde el punto de vista militar.

Hace solo tres semanas el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, amenazó con llevar a Libia a su ejército para apoyar a su aliado, el controvertido general Khalifa Haftar, que recientemente ha experimentado una serie de reveses militares en su afán por conquistar Trípoli. El gobierno de la capital libia, que cuenta con el respaldo militar de Turquía, ha avanzado hacia el este pero no ha conseguido conquistar la estratégica ciudad de Sirte.

Libia es un país divido territorialmente y tal como están las cosas es muy posible que la partición acabe de consumarse por muchos años. En el oeste, basado en Trípoli, la dominación recae sobre formaciones con querencia islamista integradas en el gobierno del Acuerdo Nacional, mientras que en el este Haftar cuenta con el apoyo de distintas potencias que no aceptan ninguna clase de islamismo, por moderado que sea.

En principio pudiera pensarse que la decisión de librar una batalla con Turquía depende exclusivamente de Sisi, el gobernante que accedió al poder tras un golpe de estado contra los Hermanos Musulmanes en 2013. Sin embargo, existe un buen puñado de factores externos que podrían empujar a Sisi en esa dirección, elementos volátiles que no son fáciles de evaluar a corto y medio plazo.

En un momento dado, Sisi, que gobierna un Egipto ingobernable y tiene serios problemas con Etiopía debido a la presa que este país ha construido en el Nilo, podría precisar de solo un ligero empujoncito para entrar en una aventura militar que difuminara otros problemas.

Desde hace semanas los medios egipcios están destacando la imponente capacidad de su ejército, lo que no es una buena señal si tenemos en cuenta que los medios egipcios está prácticamente intervenidos por el Gobierno. Esos mismos medios han recordado que las fuerzas aéreas egipcias disponen de capacidad para alimentar a aviones en vuelo, y han recordado otras capacidades del ejército creando en el país un ambiente prebélico.

Para dar el empujoncito que Sisi necesita no faltan candidatos. Podría hacerlo Rusia, Israel, los Emiratos Árabes Unidos o hasta Francia, países todos ellos metidos en el conflicto, directamente o por interposición, y cargados de las más diversas razones para dar una lección al presidente Recep Tayyip Erdogan y arrancar de una vez por todas las veleidades islamistas en el norte de África.

Fuentes militares citadas por Al Akhbar han indicado que Egipto y Francia están preparando otras maniobras para muy pronto, en las que participarían aliados como Italia, Chipre y Grecia. Además, se ha publicado que Sisi está a punto de anunciar una importante adquisición de armas cuyos detalles se desconocen aunque lo más probable es que sean los insaciables Emiratos Árabes Unidos quienes paguen la factura.

En las recientes maniobras cercanas a la frontera con Libia se han reconstruido modelos de guerra basados en algunas áreas de Libia que se disputan las partes en conflicto, así como el suministro de ayuda militar a las fuerzas del Haftar, con quien los egipcios coordinarían el esfuerzo militar si se acaba de dar ese paso.

El papel de Francia en el conflicto ha cobrado importancia con el paso del tiempo. Mientras el presidente Emmanuel Macron se desgañita pidiendo el cese de la intervención extranjera en Libia, es decir de Turquía, recientemente se hallaron misiles franceses de fabricación estadounidense en manos de las tropas de Haftar.

Macron exige un respaldo total de la Unión Europea contra Turquía, si bien en este caso los intereses de Macron no se identifican con los de la UE, y es evidente que países como Alemania ven con recelo la deriva anti-Erdogan de París. Pero al mismo tiempo Alemania y otros países europeos están bajo la presión de Egipto y sus aliados para dar una lección definitiva a Erdogan.

Egipcios y franceses están coordinando a muy alto nivel sus acciones y siguiendo de cerca los movimientos de Turquía en Libia. Al mismo tiempo, Egipto está coordinando sus acciones con Haftar. Los aviones Rafale franceses de Egipto están en alerta y sus pilotos están listos para operar tan pronto como reciban la orden, según han publicado medios de Oriente Próximo.

Todos los datos apuntan a que nos encontramos en un ambiente prebélico que ha ido creciendo en las últimas semanas y que podría conducir a una guerra. Un conflicto de esa naturaleza no serviría para garantizar una mejor vida a los libios sino para satisfacer las ambiciones de un puñado de países. Además, las guerras casi siempre se sabe cómo comienzan pero pocas veces se sabe cómo van a terminar.

jerusalén

13/07/2020 22:51

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas

EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional

 

La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.

Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.

Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.

Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.

Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.

La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.

Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a ‎hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a ‎sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”. ‎

La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.

Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.

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Una jueza ordena que la brigada de EE UU desplegada en Colombia suspenda sus actividades

El presidente Iván Duque debe remitir al Senado toda la información sobre los militares extranjeros que asesoran al Ejército en operaciones antinarcóticos

 

El presidente de Colombia, Iván Duque, debió haber pedido autorización al Congreso para la llegada de una brigada estadounidense que se encuentra desde el mes pasado en el país brindando asesoría el Ejército en operaciones antinarcóticos. Así por lo menos lo determinó una jueza del departamento de Cundinamarca, en el centro del país, al ordenar que los militares extranjeros suspendan sus actividades y el mandatario remita al Senado de la República, en un plazo de 48 horas, “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia” de la brigada en cuestión.

El Senado podrá ejercer así su función de control político, señala el fallo de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante una acción interpuesta por un grupo de congresistas de diversos partidos. Los demandantes, que consideraban vulnerado su derecho a la participación política, incluyen a Iván Cepeda, del Polo Democrático; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; el izquierdista Gustavo Petro, rival de Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, o varios miembros del partido FARC, con representación en el legislativo por cuenta del acuerdo de paz. “Me complace enormemente que la justicia en Colombia restaure nuestros derechos y nuestra soberanía”, celebró Cepeda. “Esperamos que el Congreso esté a la altura, y que niegue esa presencia invasora y hostil en nuestro territorio”, añadió.

En un escueto pronunciamiento, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que el Gobierno es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de poderes, y “en consecuencia se dará cumplimiento a la orden judicial”. Anunció, sin embargo, que impugnarán la decisión, ya que consideran que la presencia estadounidense en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento “no requiere el permiso del Senado de la República”.

A finales de mayo, la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa informaron de la llegada a Colombia de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), “para ayudar a Colombia en su lucha contra narcóticos”. De acuerdo con la embajada, el despliegue de esa unidad especializada, que comenzó a principios de junio, se extendería por varios meses. “La misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”, declaró en su momento el almirante Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.

Desde el anuncio, la llegada de las uniformados activó recelos y suspicacias. Acrecentadas además por la estrategia de la Casa Blanca de intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en la vecina Venezuela. Varios congresistas se quejaron de no haber sido informados, y el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namen, recordó que el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución, exige la intervención de diversas autoridades. El Ejecutivo defendió que el papel de los militares estadounidenses se enmarcaba en la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y por tanto no equivalía al tránsito de tropas ni a una brigada de combate.

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. Después de haber alcanzado máximos históricos de 171.000 hectáreas, los narcocultivos comienzan a mostrar una tendencia a la baja en el Gobierno Duque, marcado por un regreso al prohibicionismo. La superficie total destinada a la hoja de coca, materia prima de la cocaína, pasó de 169.000 a 154.000 hectáreas al cierre del año pasado, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI).

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2020 - 21:24 COT

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La ONU pide una tregua mundial por la pandemia

Después de más de tres meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanzó hoy un acuerdo y aprobó una resolución que apoya el pedido del secretario general António Guterres de una tregua mundial durante la pandemia.

Hasta ahora, la división entre Estados Unidos y China -enfrentados por la gestión y los orígenes de la pandemia- había hecho imposible la aprobación del texto, que finalmente salió adelante gracias a una nueva versión de compromiso impulsada en los últimos días.

La resolución fue aprobada por unanimidad y reclama un “cese de las hostilidades general e inmediato” en todos los conflictos que figuran en la agenda del Consejo de Seguridad y llama a las partes a facilitar una tregua humanitaria de al menos 90 días para que todas las personas puedan protegerse y tratarse en medio de la pandemia.

El texto, sin embargo, deja claro que la tregua no se aplica a las operaciones militares contra grupos considerados terroristas por los miembros del Consejo de Seguridad, como el Estado Islámico, Al Qaeda o el Frente al Nusra, una antigua filial de Al Qaeda en Siria.

Hace más de una semana, una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución similar en la Asamblea General, el órgano deliberativo de Naciones Unidas que, a diferencia del Consejo de Seguridad, incluye a todos los países miembro, aunque sus decisiones no son vinculantes.

En una declaración conjunta, los 170 firmantes -entre los que además de naciones también se encontraban organizaciones de la sociedad civil y el Papa Francisco- apoyaron el mensaje de paz de Guterres y pidieron al mundo entero que concentre sus esfuerzos en la “lucha común” contra la pandemia de la Covid-19 en vez de continuar con conflictos armados que agravan las condiciones sanitarias.

El llamado a una tregua mundial está dirigido a la guerra en Siria, en Yemen, en Libia y conflictos de intensividad más baja e intermitentes en África, Asia, Medio Oriente y América Latina, con Colombia.

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