Miércoles, 05 Mayo 2021 06:37

Frankenstein revisitado

Frankenstein revisitado

 Con angustia, el paciente expresa: "Busco a la mujer ideal". Acuciosa, la terapeuta inquiere: "¿La real le da miedo?"

Ahora bien. ¿Cambiaría la pregunta si el paciente angustiado dijera que anda buscando la "sociedad ideal"? De mi lado, creo que si el paciente fuese mujer, ambas inquietudes hubieran tenido otra formulación. Porque de lo que llevo aprendido, los devaneos masculinos raramente han sido de su interés. Moraleja (tentativa): la mujer, el hombre y la sociedad "ideales", nunca existieron.

Obviamente, sería pueril concluir que luchar por ideales es un error. A no ser, claro, que los anhelos de cambiar la realidad naufraguen en meras declaraciones ideológicas.

La noción moderna de ideología empezó a tomar forma durante la Gran Revolución (1789-99). Desde entonces, con disímiles connotaciones, gravita en la política, la economía, la sociedad y la cultura, usándose para señalar emociones, conciencia, intereses, proyectos, ilusiones, programas políticos… siga usted.

Implícita y sugestivamente, el vocablo ideología aparece con los primeros indicios de una sicología social: “Todo lo síquico tiene su origen en la sensio (sensibilidad, percepción)”, apunta el filósofo inglés Thomas Hobbes en Sobre el hombre (1658). Una sicología social que los protagonistas de la Gran Revolución encendieron al rojo vivo.

Con ligereza binaria, se ha dicho que los términos izquierda y derecha provienen de la ubicación de los asambleístas franceses con respecto al centro del presídium. A la izquierda, "los de abajo" (jacobinos); a la derecha, "los de arriba" (girondinos).

No obstante, en su biografía Fouché, el genio tenebroso (1929), Stefan Zweig señala que en las bancas de arriba estaban "los de abajo" (o jacobinos: Danton, Marat, Robespierre), y en las de abajo "los de arriba" (o girondinos: Brissot, Condorcet, Roland).

Mientras que "afuera", faltaba más, estaban los sans coulottes (sin calzones). Es decir, la plebe que tomó La Bastilla y derrocó a la monarquía, para luego ser tropa en los ejércitos de la revolución y, con Napoleón, eficaces verdugos de los pueblos de Europa.

La Gran Revolución quedó consagrada en los magníficos óleos "ideales" de David. Y en los "reales" de Goya, o en la novela Los dioses tienen sed (Anatole France, 1912), devorando a sus hijos. O hijas. Entre ellas, Olympia de Gougés (1748-93), autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (1791), quien para escándalo de "los de abajo" y "de arriba" decía que el matrimonio era "la tumba de la confianza y el amor".

Vertientes ideológicas de la cultura y la filosofía política occidental, que con Lord Byron y el Che alcanzaron cotas máximas de expresión. El poeta tenía una goleta llamada Bolívar, admiraba al general José Antonio Páez (1790-1873) y estuvo a punto de enrolarse en la guerra de independencia de Venezuela. Bueno, murió en la de Grecia, aunque de sepsis (1824). Y en México, el Che se incorporó a la lucha victoriosa de Cuba, peleó sin suerte en el Congo colonial y murió asesinado por la CIA, tras ser abandonado por los comunistas bolivianos (1967).

¿A partir de cuándo buena parte de los pensadores y luchadores sociales de América Latina le dieron las espaldas a nuestra historia, y emulando liberales y conservadores empezaron a razonar con matrices ideológicas eurocéntricas que se pretenden universales?

Pero ahí siguen y ahí están: pendientes del pensador de moda europeo, y remachando sus ideas bajo las formas del colonialismo ideológico y la dependencia intelectual.

Junto con Manuela Sáenz y Eva Perón (a las que ya dediqué breves ensayos), siempre regreso con Mary Shelley. Una mujer que recurrió a la imaginación, para dar cuenta de la realidad. ¿Acaso Frankenstein (1818) no es una metáfora del delirio masculino cuando se olvida que "ciencia sin conciencia es ruina del alma"?

La Gran Revolución abrió de par en par las puertas del romanticismo y el idealismo modernos. Y con Frankenstein, Mary Shelley dio cuenta de los errores y horrores de las ideologías que subestiman (o de plano pierden) la brújula política.

El invaluable legado de la Gran Revolución, mujeres como Olympia de Gougés y personajes como el poeta Lord Byron y el Che, muestran con claridad que ideología y política son dedo y uña, o están predestinadas a naufragar cuando se aventuran en el mar de los sargazos.

Publicado enSociedad
Sábado, 17 Abril 2021 06:34

Opuestos, pero no tanto

Pedro Castillo en campaña electoral en Lima AFP, GIAN MASKO

Castillo versus Fujimori

El maestro rural de provincia y la hija del último dictador de Perú, que se disputarán la presidencia de ese país, tienen planes económicos contrapuestos, pero coinciden en dos aspectos: su conservadurismo social y su magra votación.

Un 45 por ciento del electorado peruano no votó por ninguno de los 18 candidatos presidenciales el 11 de abril, cuando dos políticos conservadores pasaron a la segunda vuelta con el menor porcentaje de votos que haya registrado el país andino: con el 19 por ciento el dirigente magisterial de izquierda dura Pedro Castillo y el 13 por ciento la candidata derechista Keiko Fujimori, a quien el Ministerio Público ha acusado de lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la Justicia, luego de dos años de investigar aportes de campaña electoral no declarados, procedentes de Odebrecht y del principal grupo financiero peruano.

Los comicios han ocurrido en la fase más severa de la pandemia –con cifras diarias de muertes más altas que en la primera ola–, así como en un contexto de grave crisis económica: la reducción del producto bruto interno el año pasado fue de 11 puntos, debido a las medidas para contener la transmisión de la covid-19. Este contexto de precarización y pugna por la supervivencia podría ser una clave para comprender por qué Castillo y Fujimori disputarán el balotaje aun con esos bajos porcentajes de votación. Antes de la pandemia era un 20 por ciento de la población el que estaba por debajo de la línea de pobreza. Aún no hay cifras oficiales sobre los nuevos pobres y es esta población la que ambos candidatos han priorizado en sus discursos de campaña. En lo que va de la crisis sanitaria, además, unos 300 mil escolares han dejado las clases, debido a la imposibilidad de conectarse a Internet o a la carencia de radio y televisión para educarse a distancia, y han fallecido más de 151 mil personas debido al nuevo coronavirus, según el Sistema Nacional de Defunciones.

Una alta cantidad muere en sus casas, por evitar morir sin contacto familiar ni oxígeno en los hospitales: desde enero el país tiene un déficit semanal de 100 toneladas de dicho insumo médico. Gran parte del personal de salud aún no ha recibido los bonos que el gobierno aprobó por trabajar en la pandemia y labora hace un año con tensión por la insuficiencia de camas de cuidados intensivos, así como de ventiladores artificiales y oxígeno. El cuadro es de agotamiento para el personal sanitario y miedo para los pacientes y sus familiares. Sin dinero, quienes no alcanzan un espacio en los hospitales tienen más posibilidad de morir, pues tienen que comprar cilindros de oxígeno o concentradores de este gas en el sector privado.

LA HORA DEL MAESTRO

Castillo se hizo conocido en 2017 como cabeza de una huelga de profesores que duró dos meses y tuvo alcance nacional. Los docentes se oponían a someterse a una evaluación periódica si el Ministerio de Educación no aprobaba un alza salarial y mejores condiciones de trabajo. Durante la campaña electoral, una estudiante universitaria que participó en las protestas de noviembre contra la corrupción del Congreso y fue herida durante la violenta represión policial (véase «Tiempos turbulentos», Brecha, 20-XI-20) comentó a esta periodista que la primera vez que vio tanta brutalidad de los agentes contra manifestantes pacíficos fue durante la huelga de maestros que lideró Castillo.

El dirigente sindical se ha postulado por el partido Perú Libre, que preside Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba que fue gobernador de la región Junín y fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción. Ambos promueven nacionalizar el gas de Camisea –el principal yacimiento de ese combustible en el sur de Perú–, que las empresas extractivas reinviertan sus ganancias en el país e impulsar las empresas estatales –que el fujimorismo eliminó al inicio de los años noventa–. Esta candidatura quitó votos a Verónika Mendoza, de izquierda moderada, quien proponía abiertamente una agenda de derechos sociales –incluidos los de la población LGTBI–, además de la defensa del medioambiente y de un mayor acceso a la salud y la educación.

«No más pobres en un país rico» es el eslogan que ha repetido sin aburrimiento el profesor Castillo durante su campaña hecha a ras de tierra, a diferencia de los otros candidatos, que viajaron menos que él –debido a las restricciones de bioseguridad por la pandemia– e invirtieron tiempo y recursos en campañas en Tiktok y otros medios sociales. Cuatro candidatos a la presidencia se contagiaron durante la campaña electoral. Castillo tiene una cuenta de Twitter, que usó muy poco: no estaba buscando allí a sus votantes.

COINCIDENCIAS: FAMILIA Y MANO DURA

La excongresista Fujimori, quien se postula por tercera vez a la presidencia, hizo una campaña distinta a la de 2016 (véase «El fujimorismo social», Brecha, 10-VI-16), cuando quiso distanciarse de la imagen del padre, quien cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción, robo y crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Esta vez reivindicó los supuestos logros de los dos gobiernos de Alberto Fujimori, usando un discurso que el fujimorismo ha asentado en 30 años: el de que salvó al país de la crisis económica y venció al terrorismo. Ello pese a que el grupo especial de inteligencia policial que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso trabajaba sin apoyo gubernamental y enfrentado al jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori.

La lideresa del partido Fuerza Popular ha dicho que el fujimorismo volverá a rescatar al país de la crisis económica y enfrentará con mano dura la pandemia y la delincuencia. Además, ha destacado su identificación con los grupos que se oponen al aborto –salvo el previsto en la ley, el aborto terapéutico– y al enfoque de género en el currículo educativo. También ha dicho que, si bien «tiene amigos» de la comunidad LGTBI, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario.

El profesor Castillo, en una entrevista en la principal radio de noticias peruana, respondió sobre esos temas pocos días antes de las elecciones, pues no se mencionan en el plan de gobierno de Perú Libre, de 77 páginas. El periodista le recordó que el líder de su partido dijo en alguna entrevista: «Nuestro pueblo, lleno de valores familiares, jamás podrá aceptar el enfoque de género». Y le preguntó si él es «profamilia». «No sólo somos profamilia: hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestro, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarla», contestó.

Esta posición coincide no sólo con la de Fujimori, sino con la de otros sectores de ultraderecha, que a partir del 28 de julio, cuando sea el cambio de gobierno, tendrán por primera vez escaños en el Congreso, de la mano del grupo político Renovación Popular. Desde 2016 un movimiento llamado Con mis Hijos No te Metas se ha opuesto, con marchas, plantones y un constante litigio judicial, al enfoque de género en las escuelas, pues señala que con él se promueve la homosexualidad en los niños. En dicho movimiento se encuentran seguidores de grupos ultracatólicos y sectas escindidas de los evangélicos.

En la misma entrevista radial, a la consulta de si legalizaría el aborto, Castillo respondió: «Para nada. Trasladaría el tema a una asamblea constituyente. Personalmente, no estoy de acuerdo». ¿Y sobre la eutanasia?: «Para nada». ¿Matrimonio igualitario?: «Peor todavía: primero la familia. La familia y la escuela: estas dos instituciones tienen que ir de la mano», añadió el candidato de la izquierda.

En tanto, así como la hija mayor de Fujimori ha usado desde 2016 el populismo penal en campaña y los congresistas de su partido lo usan constantemente en el debate parlamentario (pidiendo, por ejemplo, la pena de muerte en caso de violación y, por tanto, exigiendo que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José), también Castillo y Cerrón apuestan por esa retórica. «Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y analice el Pacto de San José», manifestó Castillo en un reciente debate. El candidato de Perú Libre, que ha hecho campaña con un lápiz como símbolo, dice que la pena de muerte servirá para eliminar las lacras de la sociedad peruana.

Sin embargo, en el plan de gobierno que representa Castillo y firma Cerrón, la motivación para apartarse del sistema legal interamericano es distinta a la del fujimorismo: Perú Libre, desde una proclamada posición marxista y anticapitalista, señala que la Organización de los Estados Americanos es un mecanismo de dominación e injerencia en la Justicia de los países del continente, y por ello la rechazan. Castillo no menciona ese motivo en sus intervenciones públicas, pero este está plasmado en el documento inscrito por su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además de ser maestro de escuela primaria rural en la provincia de Chota, en la región de Cajamarca –en los Andes del norte del país–, Castillo ha sido dirigente rondero. Las rondas de Cajamarca fueron fundadas por campesinos a mediados de los años setenta para librarse de los ladrones de ganado –los abigeos– y se convirtieron en un sistema de administración de justicia paralelo al tradicional. El látigo es una de las herramientas de los ronderos. El candidato ha ofrecido trasladar esa experiencia a la lucha contra la delincuencia. «Convocaremos a las rondas campesinas para organizar a los barrios y hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas para consolidar una sola fuerza», señaló en el debate presidencial oficial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, con los 18 candidatos. La idea de que quienes hicieron el servicio militar o han sido militares se sumen al trabajo contra la inseguridad ciudadana es compartida hace años por congresistas y dirigentes del fujimorismo, así como por el candidato más votado de Renovación Popular, un oficial retirado de la Marina.

LAS DIFERENCIAS

En la primera vuelta, Castillo ha enfrentado –al igual que Mendoza– la fuerte contracampaña de los grupos políticos de derecha y la prensa tradicional, que alientan el miedo a que Perú se convierta en Venezuela o Cuba si ellos llegan a la presidencia. Pero, en el caso de Castillo, han ido más allá, al repetir alegaciones no comprobadas de que estaba vinculado a una organización de fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso, llamado Movimiento por los Derechos Fundamentales (Movadef). En Perú, los maestros que han cumplido una condena por terrorismo no pueden volver a ejercer la docencia. Sin embargo, en la huelga magisterial de 2017 la prensa indicó que algunos agitadores pertenecían al Movadef y cuestionaban a Castillo por esa presencia. Los remanentes actuales de Sendero Luminoso son una columna pequeña dedicada al narcotráfico y la extorsión, en un valle cocalero entre las montañas de las regiones Ayacucho, Junín y Huancavelica, y el propio Movadef, que intenta infiltrarse en sindicatos y universidades. Castillo se ha deslindado muchas veces de esa agrupación. Es más: los ronderos combatieron a Sendero Luminoso en las décadas del 80 y el 90 e impidieron su entrada en la región de Cajamarca.

Pese a esto, ese será el mejor blanco de los ataques de la campaña del fujimorismo a la segunda vuelta, que está habituado desde 2000 a buscar votos promoviendo o alentando el miedo al terrorismo e insistiendo en que el padre de la actual candidata fue quien acabó con Sendero Luminoso. Sin embargo, en los años noventa, Alberto Fujimori usó la lucha antisubversiva como pretexto para que un destacamento del Ejército, el llamado Grupo Colina, desapareciera y asesinara a estudiantes de universidades públicas y a dirigentes campesinos y sindicales que denunciaban la corrupción de su gobierno y los retrocesos en los derechos laborales causados por la nueva Constitución de 1993 –aprobada luego del autogolpe de abril de 1992–, que cambió el modelo económico peruano y que hoy defiende Keiko Fujimori.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular ha invocado este miércoles a sus seguidores a «no abrir heridas» y no hacer campaña contra Castillo ligándolo al terrorismo. «Es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de lucha de clases, odio y confrontación, pero no voy a terruquear a nadie», anunció. El terruqueo es la ofensa a una persona o grupo llamándolo terrorista cuando no lo es: la palabra viene de terruco, la forma como se denominaba en el campo a los subversivos en la década del 80. «Propongo generar riqueza, no estatizar; que Perú sea un país de primer mundo, no Corea del Norte. Proponemos una economía social de mercado, no marxismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases», añadió en un pronunciamiento público cuando el escrutinio llegó al 99 por ciento de las cédulas de votación. Además, ha encarado a Castillo diciéndole que no se atribuya la representación de los pobres, porque «el fujimorismo fue el gobierno que más trabajó por ellos». El candidato aún no ha respondido. Sin embargo, en cierto modo, su vida y su trayectoria hablan por él. Es maestro rural desde 1995 en una de las regiones con mayor pobreza extrema y menos acceso a la salud, pese a que en Cajamarca se ubica la mina con mayor producción de oro de Sudamérica.

El maestro ofreció ahora convocar en los primeros seis meses de su gobierno una asamblea constituyente y pretende que la educación y la salud sean derechos constitucionales, «y no servicios, como ahora», mientras que Fujimori defiende el modelo neoliberal. «Yo no necesito disfrazarme de paisano para llevar una propuesta a mis hermanos agricultores. Soy chacrero, obrero, rondero, agricultor y profesor a mucha honra», afirmó en una entrevista anterior a los comicios. El voto «por el lápiz, por el lapicito», como decían algunos electores días pasados, puede haber sido no sólo por una necesidad de orden en una sociedad caótica e impredecible por causa de la pandemia, sino también por un personaje ajeno al repertorio de políticos visibles desde 2016, cuando se ha agudizado la corrupción en la política y en el sistema judicial.

En Cajamarca, Castillo fue dirigente entre 2005 y 2017 de Perú Posible, el partido que fundó el expresidente Alejandro Toledo. Es decir, navegó en el sistema formal de la política, pero no saltó a la escena nacional desde esa plataforma. Todos los presidentes que asumieron de 1990 en adelante, con la excepción del presidente de transición Valentín Paniagua, están presos, investigados o enjuiciados por corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Y Alan García se suicidó en abril de 2019, cuando llegaron a su casa un fiscal y la Policía con una orden de prisión preliminar por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El politólogo Arturo Maldonado destacó recientemente en conversación con la emisora radial Radioprogramas que tanto Castillo como Fujimori tienen muy poca legitimidad debido al bajo porcentaje de votos que obtuvieron, a lo que debe sumarse que hubo un 5 por ciento de votos nulos y un 12 por ciento de votos en blanco, además de un alto ausentismo, de un 28 por ciento, aun cuando el voto es obligatorio. Quizás ese 28 por ciento se explica por las múltiples desconfianzas y dificultades de ir a votar en pandemia, el temor a las colas y el consiguiente contagio, la obligación de ir con mascarilla, la necesidad de cuidar a un pariente enfermo y el hecho de estar en una ciudad distinta a la del lugar de votación: en mayo, miles de peruanos se desplazaron de los centros urbanos al campo porque se quedaron sin trabajo en las ciudades (véase «Los caminos del hambre», Brecha, 8-V-20). En ciertos casos es más barato pagar la multa que costear un pasaje interprovincial. Tampoco los cuidados sanitarios son accesibles para todos: una radio reportó el domingo que una mujer se acercó a votar en Lima sin cubrebocas porque no tenía dinero para comprarlo, un policía sacó dinero de su bolsillo y compró uno, y la mujer pudo ejercer su derecho.

Lo cierto es que el próximo presidente (o presidenta) peruano, sea de izquierda o de derecha, será conservador y populista. Pero no fue esa la voluntad de un amplio sector del electorado.

Por Jacqueline Fowksdesde Lima 
16 abril, 2021

Publicado enInternacional
Castillo vs. Fujimori: una «extraña» izquierda contra la vieja derecha

Las elecciones presidenciales del 11 de abril mostraron la profunda crisis del sistema político peruano y la implosión de los partidos políticos. En ese contexto, dos candidatos que quedaron por debajo del 20% -el sindicalista del magisterio Pedro Castillo y la persistente Keiko Fujimori- se enfrentarán en un incierto balotaje.

 

La última encuesta de Ipsos publicada en el diario El Comercio una semana antes de las elecciones generales peruanas mostró un quíntuple empate técnico en el primer lugar en la intención de voto presidencial. Se trataba de los candidatos Yohny Lescano (12,1%), Hernando de Soto (11,5%), Verónika Mendoza (10,2%), George Forsyth (9,8%) y Keiko Fujimori (9,3%). Como bien ha señalado el politólogo Carlos Meléndez, el escenario nos presentaba a «minicandidatos»: políticos que se disputaban la Presidencia de la República con menos de 10% del respaldo del electorado.

Los votos del 11 de abril, sin embargo, pusieron en primer lugar al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con 19,085%, seis puntos por encima de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien obtuvo 13,37% (con más de 98% de las actas procesadas). Este ex-sindicalista del magisterio fue la gran sorpresa de la jornada. Su alza se produjo desde inicios de abril, pero alcanzó al pelotón que pugnaba por la segunda vuelta en los días previos a los comicios, según fueron retratando varias encuestas que no pudieron ser publicadas por los medios de comunicación debido a restricciones normativas.

La campaña electoral peruana se ha dado en medio de una crisis política, sanitaria y económica. Una gran parte de la población siente que, nuevamente, debe elegir el «mal menor» para investirlo como presidente. Diversos factores han sido determinantes en este panorama.

La desafección política

Si bien la disolución constitucional del Congreso de la República de mayoría fujimorista, impulsada por el ex-presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2019, hizo creer a la población –que mayoritariamente apoyó la medida– que la etapa de confrontación entre poderes llegaba a su fin, ello estuvo lejos de suceder. En noviembre de 2020, el nuevo Congreso destituyó a Vizcarra del cargo de presidente de la República, después de que se difundieran por diferentes medios de comunicación acusaciones de que había recibido sobornos durante su gestión en el gobierno regional de Moquegua. 

La inestabilidad política del país ha sido extrema. En un quinquenio, lo normal es que Perú tenga un presidente y un Congreso, pero en el último lustro el país ha tenido cuatro presidentes y dos Congresos. Además, dentro de ese mismo periodo, varios líderes políticos y ex-presidentes han sido involucrados en casos de corrupción, sembrando en la ciudadanía un manto de sospecha en la política.

Los casos más sonados son los de Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido preliminarmente en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, y Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos, prófugo de la justicia peruana. Sin embargo, los ex-presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala y la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori también tienen procesos activos con la justicia; en el caso de esta última, la fiscalía pidió para ella 30 años de cárcel por presunto lavado de activos

El último en incorporarse en la lista ha sido Martín Vizcarra. Varios escándalos de corrupción cayeron sobre él desde mediados de 2020, cuando aún era presidente. Vizcarra fue uno de los políticos más populares de los últimos años. Cuando dejó el cargo, ya cuestionado, contaba con una aprobación de 77%. Fue un político que, sin partido político ni alianzas, supo gobernar únicamente con el apoyo popular, al levantar la promesa de que mejoraría la clase política eliminando la corrupción. 

En las protestas de noviembre de 2020, después de su salida, se escuchó una y otra vez el grito de «que se vayan todos». Una encuesta de opinión pública muestra que, durante ese ciclo de manifestaciones, aproximadamente 60% de la población sentía que ningún político la representaba. Al mismo tiempo, la demanda de cambiar la Constitución –hasta entonces planteada por sectores sociales reducidos– fue creciendo y, en diciembre de 2020, fue avalada por 97% de los peruanos (entre quienes reconocían la necesidad de modificarla y los que apostaban por redactar una nueva). La ciudadanía pidió cambios estructurales que el nuevo gobierno de transición no supo atender. «No tenemos ni la legitimidad ni el tiempo para hacer cambios a la Constitución» fue una de las primeras declaraciones de Francisco Sagasti como jefe de Estado, tras ser nombrado en reemplazo de Vizcarra. 

Por otro lado, ningún aspirante al sillón presidencial pudo posicionarse políticamente y convencer de que su programa solucionaría los problemas de una ciudadanía afectada por la pandemia y la inestabilidad política. La candidata de izquierda Verónika Mendoza y Julio Guzmán, del partido de Sagasti, fueron dos políticos que tuvieron grandes oportunidades de crecimiento los últimos meses, pero por distintas razones no repuntaron. 

La desafección política se hizo evidente en febrero de 2021. Para entonces, las encuestas ya nos pintaban a los «minicandidatos». En febrero de 2020, el único aspirante a la Presidencia de la República que superaba el 10% de intención de voto era George Forsyth, un ex-futbolista y ex-alcalde municipal. Tenía 11% de intención de voto, pero este porcentaje fue en bajada con cada encuesta. Si bien buscó posicionarse como una cara fresca y alejada de la política, el escaso contenido del discurso que planteó en los debates y entrevistas, en donde su principal oferta era una carrera alejada de la política, hizo que la población perdiera el interés que en un inicio le había despertado.

En este contexto, con un respaldo de 19% del electorado, Castillo fue el candidato más apoyado del país. Desde que la Constitución Política de 1979 instauró la segunda vuelta en las elecciones para la Presidencia de la República, el ganador de la primera vuelta electoral siempre obtuvo más de 30% del apoyo popular. Pero en un contexto de enorme fragmentación, se convirtió en el ganador de la primera vuelta con menor respaldo electoral de la historia (que baja aún más si se considera que ese 19% es sobre votos válidos y votantes efectivos: la abstención llegó casi a 30%, y los votos nulos y blancos superaron el 17%). Este candidato sorpresa se perfila como el que propone los cambios más ambiciosos, al apostar por el término de las tres décadas de política neoliberal en el país.

La palabra del maestro

La primera vez que los medios de comunicación de alcance nacional se refirieron a la campaña de Castillo fue el 10 de marzo pasado. Faltaba un mes para los comicios y el candidato contaba con 3% de intención de voto, según la encuestadora Ipsos. Había sido retenido por la Policía por generar una aglomeración de personas durante un mitín político en la plaza de Armas de Mazuko, en la región selvática de Madre de Dios. Con esa anécdota, los grandes medios volvían a mirar al protagonista de la huelga del magisterio de 2017 que durante 75 días fue acatada por aproximadamente 250.000 maestros de un servicio público total de 340.000 docentes. El paro de maestros que Castillo lideró como dirigente del Comité de Lucha de las bases regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), en contra de la dirección del sindicato, no consiguió algún beneficio concreto para el gremio, pero se convirtió en una de las manifestaciones sociales más grandes de los últimos años. 

Castillo es profesor de primaria en una escuela pública ubicada en la provincia de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde nació. Es parte, además, de las rondas campesinas, las organizaciones autónomas que nacieron en los años 70 en los lugares más alejados del país, como respuesta a la falta de la presencia institucional del Estado, para impartir justicia en cada comunidad, y que en el caso de Cajamarca limitaron la entrada de grupos armados como Sendero Luminoso.

Si bien militó durante varios años en el partido Perú Posible, del ex-presidente Alejandro Toledo, Castillo se postuló por el partido Perú Libre, un partido político fundado en 2007 como movimiento regional, que se autodefine como «de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática (...) que no solo cuestiona el centralismo forjado por los partidos de derecha, sino también la indiferencia de algunos partidos de izquierda capitalina que, con su neutralidad ‘democrática’, permitieron la consolidación del neoliberalismo en nuestra patria». Dicen ser una «izquierda provinciana» contra la «izquierda caviar».

A pesar de la pandemia, Castillo realizó una campaña bastante tradicional, basada en discursos en plazas de distintos pueblos del país. El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre apostó por una estrategia territorial para su candidato e hizo que este se desplazara por distintas regiones hasta llegar a Lima. Como sostiene el analista Gonzalo Banda, fue una «campaña de manual, como la campaña que un antiguo marxista peruano hubiera soñado: del campo a la ciudad». O desde el «Perú profundo» a la capital costeña.

A pesar de que varios periodistas y algunos analistas plantearon en varias ocasiones que la candidatura de Pedro Castillo le restó votos a la de Verónika Mendoza, la realidad es que los seguidores de los dos candidatos de izquierda presentan varias diferencias. La última encuesta de Ipsos, publicada en El Comercio el 4 de abril, muestra que Mendoza concentra votos en los niveles socioeconómicos A y E y en la zona oriental del país; por su parte, Castillo tiene no tiene prácticamente intención de voto en el nivel socioeconómico A, su voto se aglutina en los sectores D y E, y en las zonas del centro y sur del país. En el mismo sentido, un seguimiento a la intención de voto de Mendoza permite ver que desde enero se mantiene entre 7% y 8%. Es recién en la última encuesta donde el porcentaje crece hasta 10,2%, mientras que Castillo lograba crecer a su vez 3,5 puntos porcentuales. Y es que más allá de la apuesta por un modelo económico alternativo que ofrezca mayor justicia social, algunas de las propuestas ofrecidas por Castillo y Mendoza terminan siendo opuestas, lo que puede sugerir a electores con necesidades y prioridades diferentes. 

Parte esencial del discurso de Mendoza es la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, la despenalización del aborto y el enfoque de género. Además, por más que siempre remarcó la necesidad de «nuevas reglas de juego», ha insistido en el respeto de la institucionalidad, lo que le ha valido el reconocimiento de ser una alternativa de «izquierda democrática».

Por su parte, Castillo, en una entrevista con un programa periodístico de gran audiencia, después de su evidente subida en la última encuesta del 4 de abril, brindó declaraciones que lo perfilaron como una opción socialmente conservadora e incluso antiinstitucional. Aquella entrevista fue clave, ya que la teleaudiencia lo veía por fin como un candidato con posibilidades de ocupar el sillón presidencial. En ese espacio, el candidato, que hizo campaña con un lápiz gigante, manifestó ante todo el país su postura «profamilia» y su rechazo a causas como la despenalización  del aborto, el matrimonio igualitario y la inclusión del enfoque de género en el currículo escolar.

«Hay que defender a la familia en la escuela. Pensar en otra cosa es quebrar a la familia. Como maestros, respetamos los valores de la familia y hay que profundizarlos», sostuvo. Asimismo, indicó que, de lograr la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional sería desactivado «en el acto». «Hoy la gran corrupción es constitucional en el Perú. Todas las demandas del pueblo, de los jóvenes, de los agroexportadores, de los médicos, de los maestros se han ido al Tribunal Constitucional. O el Congreso ha aprobado normas por insistencia y, a pesar de que las aprueba por insistencia, se lo da al gobierno que dice que, como choca con su Constitución y la economía, pide una demanda de constitucionalidad»: estas palabras le valieron varios titulares el día siguiente. 

En ese encuentro, y en otros que se repetirían los días siguientes, entrevistado y entrevistador parecieron hablar distintos lenguajes. Los periodistas creían ponerlo en aprietos con sus cuestionamientos, mientras Castillo veía dos grandes oportunidades: primero, demostraba a sus seguidores y simpatizantes que no moderaría su discurso al llegar al gobierno y, segundo, conseguía hablarles a sectores que no se sentían representados con algunas de sus ofertas electorales. Esto último ha sido clave para obtener el apoyo popular. 

El candidato de Perú Libre ha sabido conectar con sectores con necesidades específicas. Cuando mencionaba su repudio al papel del Tribunal Constitucional, en realidad conectaba con la población que a lo largo de los años se ha sentido perjudicada por los fallos de esa institución. Por mencionar algunos: Castillo aludió a los miles de ronderos campesinos que en noviembre del año pasado se movilizaron en todas las regiones del país en rechazo a una sentencia que prohibía seguir administrando la justicia comunal en centros poblados y caseríos; a los maestros que vieron frustrada su lucha contra la Ley de Reforma Magisterial cuando el Tribunal Constitucional emitió un fallo que ratificó la constitucionalidad y legalidad de la norma; y a los  miles de afiliados al Sistema Nacional de Pensiones: el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley, aprobada por el Congreso, que autoriza la devolución de aportes a los afiliados.

Por otro lado, el candidato de Perú Libre conectó con un electorado antisistema y conservador que Mendoza no supo cautivar por levantar esencialmente banderas progresistas. Un estudio de opinión realizado en abril de 2019 mostró que 67% de la población se declaraba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, Castillo no ha desdeñado por completo esas propuestas, sino que se ha adueñado del concepto «voluntad popular», señalando que aquellos temas serían discutidos en la Asamblea Constituyente que impulsaría desde el Ejecutivo. 

De igual manera, parece que en esos temas Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, no están del todo alineados. En el programa de ese partido –elaborado por Cerrón– se muestra una posición más liberal: «Según las estadísticas mundiales, los países que han despenalizado el aborto lograron que el número de los mismos bajaran; permitió salvaguardar la vida materna al ser atendida institucionalmente; redujo prácticas ilícitas de personal médico, paramédico y no médico; disminuyó la mortalidad infantil; y evitó prácticas genocidas como la esterilización forzada en el Perú».

El viejo fujimorismo renovado

Otra sorpresa de las últimas elecciones es el pase a la segunda vuelta de Keiko Fujimori después de su impopular actuación en el Congreso disuelto, que la mayoría de la población calificó como obstruccionista. Esta es, sin embargo, una «victoria» para la candidata de Fuerza Popular que se solo explica centralmente por la hiperfragmentación de los votos. En las elecciones de 2016, Keiko Fujimori tuvo el apoyo de 39,86%, mientras que en estas su porcentaje se ha reducido, como señalamos, a 13,3%.

Un factor importante en la caída del fujimorismo ha sido la nueva oferta electoral que ha sabido cuajar con el electorado de derecha. Hasta 2016, el fujimorismo había albergado todos los matices de la extrema derecha. De esta manera, en su bancada hubo candidatos conservadores con una agenda «provida» y antiderechos LGBTI. Algunos de ellos, como el pastor Julio Rosas, cercano al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, terminaron alejándose de Fuerza Popular porque sentían que no existía un respaldo consistente de Keiko Fujimori a estos principios.

En estas elecciones, el sector más conservador vio en el candidato de Renovación Popular, el empresario de extrema derecha Rafael López Aliaga, un líder más genuino. Por otro lado, producto del descrédito del fujimorismo, una derecha con un discurso económico ultraliberal se agrupó en torno de la candidatura del candidato de Avanza País: el veterano Hernando De Soto. Estas tres candidaturas juntas suman 36,5% de los votos, porcentaje muy similar al alcanzado por Keiko Fujimori en 2016. El candidato Marco Arana, del Frente Amplio, los denominó «las nuevas cepas del fujimorismo».

Keiko Fujimori era consciente de que contaba con una maquinaria desgastada en esta campaña. Por lo tanto, decidió dar un giro. En las elecciones anteriores la candidata fujimorista se había esforzado por desmarcarse discursivamente del gobierno de su padre, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, en 1992 dio un autogolpe de Estado y actualmente cumple una condena de 25 años por delitos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales realizadas durante su mandato. Si en 2016 ensayó algunas críticas, para este proceso no solo reivindicó el decenio fujimorista, sino que también ha prometido que, de llegar al gobierno, indultará al ex-presidente.

Otro punto importante de su estrategia fue convertir un recurrente reclamo de la población en un eslogan y estrategia de campaña: la «mano dura» contra la delincuencia. De esta manera, Keiko Fujimori quería activar el recuerdo del gobierno de su padre, explotando la idea de que fue el presidente que venció a la subversión. «Así como derrotamos al terrorismo, derrotaremos a la delincuencia», ha repetido la candidata durante toda la campaña.

¿Le funcionó la estrategia? Es difícil de saber y se tendría que recurrir a la conocida paradoja del vaso medio lleno o medio vacío. En el medio lleno veremos que pasó la segunda vuelta y que, paradójicamente, está mucho más cerca que antes de ponerse la banda presidencial; en el medio vacío, tendríamos que apreciar la estrepitosa caída del respaldo del electorado. En todo caso, sí le alcanzó para detener su caída de popularidad e incluso para subir algunos puntos, que terminaron por ser suficientes. Hay que tener en cuenta, también, que el antifujimorismo bajó la guardia ante la creencia de que Fuerza Popular ya no iba a tener ninguna opción en estas elecciones. En Perú se dice que el principal partido político es el antifujimorismo, pero que en esta campaña estuvo ausente. Veremos qué ocurre en la segunda vuelta.

El camino al balotaje

Se dice que la segunda vuelta electoral es una elección completamente diferente: los postulantes suelen matizar su discurso para conquistar al electorado que no les dio su voto. En este caso, ambos candidatos presentan dificultades para hacer llegar su discurso por la contracampaña que inevitablemente tendrán por parte de diferentes sectores de la población. 

Keiko es una de las políticas con mayor rechazo del país. En enero, 71% de los consultados indicó que definitivamente no votaría por ella. En la actualidad, no son solo los recuerdos del gobierno de su padre los que generan el rechazo de gran parte de la población, sino también el comportamiento de su bancada cuando fue mayoría en el Congreso. 

«Sobre Ollanta Humala hay dudas; sobre Keiko Fujimori hay pruebas» fue la famosa frase de Steven Levitsky, politólogo de Harvard, en 2011, cuando Fujimori y Humala se enfrentaron en la segunda vuelta electoral. «Hay más pruebas en 2021 que en 2011» escribió en sus redes sociales un día después de esta última contienda. 

La estrategia que Keiko ha mostrado estos días ha sido la de acercarse a las fuerzas políticas que apuestan por el modelo económico vigente. «Aquí no está en juego una persona, un nombre, un apellido o un partido político. Lo que se va a elegir es un modelo de país. Hago una invocación a los que creen en un modelo de inversión privada y no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela» dijo después de que el conteo rápido la ubicara en la segunda vuelta. 

Por su parte, Castillo y los voceros de Perú Libre han sido enfáticos en que no plantearán una hoja de ruta hacia el centro como lo hizo Ollanta Humala en 2011 y en que la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política no es negociable. Sin embargo, han manifestado su apertura al diálogo con diferentes fuerzas políticas para «llegar a una concertación». No queda claro cuál será su estrategia en esta segunda etapa. Castillo tiene como adversario claro al gran sector empresarial, que ve un peligro en su postura desafiante frente a la ortodoxia económica y en sus propuestas antineoliberales, como la nacionalización del gas. Por otro lado, si bien sus propuestas convencieron a sectores específicos, no responden a los intereses de una gran parte de la población peruana que, en las marchas de noviembre, demostraron respetar la institucionalidad y se movilizaron ante lo que consideraron un golpe de Estado.

Mientras pasan los días, los ataques de algunos medios que lo vinculan a grupos subversivos han ido creciendo; hasta ahora, sin mucho eco entre la población. Parte de los ataques contra Castillo se basan en sus supuestos vínculos con sectores ex-senderistas en el sindicalismo del magisterio, sobre todo en la huelga de 2017. Su respuesta ha sido que «terrorista es el hambre y la miseria».

Lo que queda claro es que no se vienen años más calmados en la política peruana y que el próximo Congreso será hiperfragmentado y polarizado. Establecer alianzas será indispensable para no repetir la historia, esta vez como una farsa. Queda por ver quién logrará quitarse más de encima sus aspectos negativos y ampliar sus alianzas rumbo a la segunda vuelta del próximo 6 de junio.

Publicado enInternacional
Kyle Glenn - https://unsplash.com/photos/IFLgWYlT2fI

La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

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Publicado enEdición Nº276
Kyle Glenn - https://unsplash.com/photos/IFLgWYlT2fI

La coalición entre el autodenominado “centro” político y la izquierda representada por Gustavo Petro, se ve obstaculizada por diferencias ideológicas de fondo. El “centro” no parece estar dispuesto a resolver las demandas sobre reformas estructurales acalladas durante la guerra, que emergieron con el proceso de paz y fueron representadas por Petro en 2018.

Parece a destiempo, pero no es así. Las disputa por la presidencia empezó a agitarse desde mediados de diciembre con la reunión del expresidente Uribe y representantes del llamado “clan Char” en la hacienda El Ubérrimo. Los detalles del encuentro no trascendieron al ámbito público, pero la noticia fue suficiente para que otros actores iniciaran sus apuestas de cara a la contienda electoral. Así, el 28 de enero de 2021, en un club del norte de Bogotá, se dieron cita varios sectores del autodenominado “centro” político.

Allí concurrieron Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano; Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, con trayectoria en el Partido Liberal; representantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, y Jorge Robledo del movimiento Dignidad, la divisa electoral del Moir. Aunque no parece ser un consenso, algunos de ellos, como Fajardo y Lozano, se pronunciaron contra una consulta popular que incluya a Gustavo Petro, de Colombia Humana, para forjar una candidatura presidencial unificada, argumentando que su propósito es ofrecer una alternativa a la “polarización”, supuestamente producida por el antagonismo entre el uribismo y el excandidato presidencial.

De cerrarse la posibilidad de una coalición entre los sectores “alternativos” para la primera vuelta presidencial, a realizarse en mayo de 2022, podría repetirse el escenario de 2018, cuando los votos se dividieron entre Petro y Fajardo, forzando a una segunda vuelta con el candidato del uribismo, Iván Duque, que le dio el tiempo suficiente para alinear contra Petro la totalidad de las fuerzas políticas tradicionales.

En la exclusión de Petro se expresa el temor a que el candidato pueda imponerse en la eventual consulta, especialmente sobre su anterior contrincante, Sergio Fajardo. Sin embargo, los obstáculos que enfrenta la coalición hunden sus raíces en profundas diferencias ideológicas, producto de los diversos intereses que cada alternativa representa. Si bien entre los sectores “alternativos” puede existir una oposición común al uribismo, tienen posiciones distintas e incluso antagónicas sobre la construcción de paz y el modelo neoliberal, entre otros.
El “centro”

En años recientes se ha discutido si existe un centro político en Colombia e incluso si es posible su existencia. En términos generales, tal centro puede referirse a dos fenómenos: al posicionamiento de determinados actores hacia el medio en el continuo ideológico izquierda-derecha o a una identidad política particular.


En el primer caso, los actores se ubican en relación con principios filosóficos entre dos extremos de naturaleza típico-ideal. Así, por ejemplo, se asume que determinado actor es de centro si adopta una posición moderada entre una robusta intervención del Estado en la economía para garantizar los derechos sociales (izquierda) y la absoluta “autorregulación” del mercado por la competencia individual (derecha). Desde esta perspectiva, en Colombia la mayoría de los actores políticos tienden al centro del espectro ideológico. Esta es una constante en la historia política del país. A partir del Frente Nacional los partidos tradicionales, Conservador y Liberal, tendieron a converger en el centro.

La excepción, coincidente con el declive del bipartidismo, fue el uribismo, que ha configurado una opción claramente de derecha. Pero incluso las propuestas más “radicales” de la izquierda se mantuvieron en reivindicaciones socialdemócratas: reforma urbana, redistribución de la propiedad de la tierra, apertura política, etcétera. De hecho, con posterioridad a la caída del Muro de Berlín, la izquierda de partidos y movimientos tendió hacia el centro hasta el punto de erigir la defensa de la Constitución de 1991 en su principal objetivo.

En el segundo caso, el centro como identidad política alude a un posicionamiento concreto, un proyecto que diferencia a un actor o conjunto de actores ubicándolos en una cartografía en relación ya no con principios sino con los demás actores en disputa en un campo político. El posicionamiento en el continuo izquierda-derecha es necesario pero no suficiente para determinar la existencia de una identidad política. Se requiere un discurso político que establezca las fronteras para articular unos actores excluyendo otros. Por ejemplo, el “uribismo” es una identidad política que se ubica a la derecha del espectro ideológico, pero que además ha establecido claramente unas fronteras discursivas, de antagonismo y de diferencia, con los demás actores del escenario político colombiano.

Los actores del “centro” han tenido grandes dificultades para construir una identidad, un discurso consistente que establezca dichas fronteras frente a lo que rechazan: el uribismo y la izquierda, y se exprese en un proyecto común. Pueden tender hacia el medio en el espectro ideológico, pero no configuran una identidad análoga, por ejemplo, al “uribismo” o, incluso, al llamado “petrismo”. Esa identidad ni siquiera tomó consistencia tras la elección de Claudia López, del Partido Verde, como alcaldesa de Bogotá, puesto que su proyecto no se distinguió sustancialmente de su antecesor, Enrique Peñalosa, ni de los intereses socioeconómicos que este representó, mientras en la práctica su gobierno ha dado cabida a actores de todo el espectro ideológico, incluyendo la derecha uribista.

De hecho el “centro” se convirtió en lo que popularmente se llama un “escampadero”, con propósitos meramente electorales y sin preocupación por la construcción de un proyecto alternativo de país. Su principal disputa política es por representar los intereses de la parte de la clase dominante que hoy representa el uribismo. Por eso su consigna preferida, al igual que el de los uribistas, es contra la “polarización”. Allí convergen personalidades de los partidos tradicionales que buscan reinventarse como “alternativos”, muchos de los cuales hicieron hasta no hace mucho parte activa del uribismo, junto con herederos del capital político de Antanas Mockus, reencauchando su electoralmente exitosa “antipolítica” como lucha contra la “polarización”, y una parte de la izquierda.


La “polarización”

La autoidentificación de “centro” apareció en las elecciones presidenciales en 2018, con el claro objetivo de tomar distancia de Petro, y está necesariamente ligada a un rechazo de la “polarización” del escenario político. La convergencia de “centro”, formada por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático, tuvo inicialmente como eslogan fundamental la lucha contra la corrupción. Pero una vez se produjo el ascenso de Petro en las encuestas se utilizaron dos grandes consignas. Primero, Fajardo era el único que podría vencer a Duque, candidato del uribismo, en segunda vuelta. Segundo, Petro y Duque eran dos extremos que, literalmente, acabarían con el país de llegar al gobierno.

Tal estrategia pretendía atraer el electorado de Petro hacia Fajardo. Sin embargo, terminó por descuidar la frontera discursiva entre el “centro” y el uribismo, por ejemplo, al abandonar la lucha contra la corrupción. Incluso es probable que, ante la vehemencia con que se denunció el peligro de que Petro, asimilado al “castrochavismo”, llegara al gobierno, muchos votantes derechistas de Fajardo se decidieran al final por el uribismo. Así pues, la estrategia demostró que la incipiente identidad política del centro y su diagnóstico de “polarización” más que en un proyecto alternativo de país se basaba en el “antipetrismo”.

No obstante, las diferencias entre los actores “alternativos” no se reducen a cálculos electorales, sino que comprometen diferencias ideológicas de fondo, que hoy vuelven a obstaculizar la posibilidad de una coalición. Las propuestas de Petro no son radicales en términos de su posición en el continuo izquierda-derecha. Su “capitalismo humano”, incluso con la reconversión del modelo extractivista hacia uno basado en el “conocimiento”, a lo sumo podrían ubicarse en la centro-izquierda, puesto que ni siquiera cuestionan de fondo el rol pasivo del Estado en la economía.

¿Por qué Petro “polariza” o produce “odio de clases”, como se dijo en 2018? La respuesta tiene que ver menos con sus principios y propuestas explícitas que con aquello que llegó a representar. En efecto, ante la progresiva fragmentación y posterior huida hacia el centro del partido mejor organizado en la izquierda, el Polo Democrático, fue Petro quien, a pesar de sí mismo y de muchas de sus propuestas explícitas, representó políticamente la diversidad de demandas que emergieron con ocasión del proceso de paz.

Se trata de reivindicaciones sobre problemas estructurales aplazados por la guerra que, simultáneamente, están en la raíz de los ciclos de violencia política: redistribución de la propiedad agraria, respuestas consistentes contra la pobreza y desigualdad extremas, terminar con la exclusión política vía genocidio, garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras, blandidas por los actores populares en las grandes protestas que tuvieron lugar durante el gobierno Santos.


La coalición

Así las cosas, uno de los principales obstáculos para la coalición es el rechazo del “centro” no solo a Petro sino a lo representado por él, pues permite inferir que entre los “alternativos” existen concepciones muy distantes sobre la construcción de paz. La premisa que haría posible la coalición hacia 2022 es que tanto el “petrismo” como los sectores del “centro” comparten el antiuribismo y propuestas básicas como la implementación del Acuerdo de Paz, que el gobierno Duque sistemáticamente ha obstaculizado.

El problema, no obstante, es ponderar el compromiso con la construcción de paz por parte del “centro”: ¿es posible construir paz cuando varias de las demandas que justificaron el Acuerdo son concebidas como “extremas”, “polarizantes” o generadoras de “odio de clases”?

Claramente, estos sectores abanderan una concepción minimalista de la paz, que se conforma con una situación de ausencia de combates pero que no necesariamente resuelve los problemas que están en la raíz de los ciclos de violencia. Si bien esa concepción puede corresponder con lo que se pactó en La Habana, dista de las expectativas que el proceso de paz creó y no responde a las reivindicaciones que emergieron en tal coyuntura.

Por consiguiente, el rechazo del “centro” es en últimas a la posibilidad de que un gobierno de Petro implemente reformas estructurales que afecten los intereses de sectores sociales y económicos que este sector representa, esto es, una parte de la clase dominante que ya no comparte los medios con que el uribismo hace política. Muchas de las decisiones de Petro como Alcalde de Bogotá, empezando por recobrar para el Distrito la gestión del sistema de recolección de residuos, afectaron esos intereses. De hecho, la homologación de Petro con el “castrochavismo” se basa en la burda analogía entre la conservación y fortalecimiento de las empresas públicas y las políticas de nacionalización implementadas por el chavismo en Venezuela.

Eso muestra otro gran obstáculo para una eventual coalición: el “centro” no está dispuesto a tocar el modelo socioeconómico neoliberal sobre el que se basan los privilegios e intereses de los sectores que representa, ni siquiera cuando las propuestas de Petro en ese orden son tímidas.


La izquierda

Debido en gran medida a la necesidad de desmarcarse de la “lucha armada”, en las últimas décadas la izquierda colombiana se movió hacia el centro del espectro ideológico. Como consecuencia, las demandas de amplios sectores sociales han quedado sin representación política, teniendo que expresarse por vías como la protesta social. Además, dichas demandas, que emergieron durante el proceso de paz y que en otro contexto se verían como reformas modernizantes, se perciben como “extremas”. Así, el costo del desplazamiento de la izquierda hacia el centro ha sido la conservadurización del escenario político.

La fragmentación del Polo Democrático, con la separación de Dignidad, que ha pasado a engrosar las filas del “centro”, es un efecto de esa tendencia de largo plazo. Sin embargo, en la coyuntura electoral tal tendencia se profundiza. El Polo Democrático por un lado apuesta a una coalición entre el “centro” y Petro, y por otro está comprometido con el gobierno de Claudia López. De ahí que sus líderes eviten toda crítica pública que pueda comprometer la posibilidad de tal coalición.

Pero incluso las cabezas visibles de Colombia Humana parecen haber aceptado el diagnóstico según el cual el escenario político está “polarizado” y, por lo tanto, hacen esfuerzos por desmarcarse del estigma de “castrochavistas”, moviéndose hacia el centro del espectro ideológico y apostando por obtener así mejores dividendos electorales. Como consecuencia, las demandas sobre problemas estructurales de la sociedad colombiana, que emergieron con las grandes protestas en el marco del proceso de paz y que representó Petro en 2018, tiendan a quedar nuevamente sin representación política.

El diagnóstico que hoy justifica ese posicionamiento de la izquierda se basa en la premisa de que es necesario evitar otro gobierno uribista y posibilitar la implementación del Acuerdo de paz. Este imperativo relega una agenda más amplia de reformas, entre las cuales debería ubicarse el abandono del modelo neoliberal, ante la necesidad de encontrar una alianza para las elecciones presidenciales. El gobierno uribista ha tenido un efecto perverso sobre la implementación del Acuerdo y, como consecuencia, la generación de un nuevo ciclo de violencia política, que se expresa fatalmente en el genocidio político en ciernes. Por lo tanto, es comprensible que el principal propósito de la izquierda, en una situación de repliegue táctico, sea evitar otro gobierno del mismo tipo.

Sin embargo, la construcción de la paz, e incluso la implementación del Acuerdo, por tímido que haya resultado, pasan necesariamente por resolver las demandas que emergieron durante el proceso de paz referentes a los problemas estructurales que generan cíclicamente la violencia política. Por consiguiente, ese debería ser el núcleo de un acuerdo programático entre el “centro” y la izquierda, más allá de todo cálculo electoral.

 

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Lunes, 11 Enero 2021 06:48

Imperativos categóricos burgueses

Imperativos categóricos burgueses

De por qué el habla petulante de los oligarcas y el origen de su violencia léxica

No se requiere un gran esfuerzo para identificar al autoritarismo ideológico burgués. Basta y sobra con exhibirles sus contradicciones y aparecerá, volcánica, una verborrea pagada de sí y exultante en argumentos de baja estofa pero escupidos con gran confianza y seguridad. Todo ello con tonito didáctico y cierta benevolencia dulzona propia de aquellos que se compadecen de los seres inferiores y los conducen con “mano firme”, y generosa, por el sendero de sus “razonamientos” univalentes, frecuentemente improbables y siempre autoritarios. Infernal y nauseabundo producto ideológico burgués que nos acecha a diario. Hay que oír a Claudio X. González y sus secuaces empresarios travestidos como “políticos” (dicen). Es metástasis de la corrupción, el perfil demagógico de empresarios que, “metidos en política”, adoptan vociferaciones mesiánicas. Y las propagan por todos sus “medios”. 

Operan como “predicadores” dispuestos a dar por verdad categórica los eslóganes que memorizan en cualquier almanaque de ferretería. Y a fuerza de repetir, con aires de grandeza, su colección de palabrerío inflamado, llegan a creerse “inteligentes”. Algunos, incluso, secuestran academias y organizaciones donde se hacen acompañar por trotamundos demagogos iguales a ellos. Ostentan títulos académicos y se premian entre sí y con frecuencia. Se creen “autoridades”. 

Uno reconoce esos soberbios cuando los mira manotear, desesperadamente, cualquier sofisma que sirva para no admitir sus equivocaciones. Encaramados en el reino de las verdades auto-conferidas, no conciben un milímetro de autocrítica y menos aún la posibilidad de pensar cómo piensan “los otros”. Dan por válidas sus consignas más escleróticas y tiemblan de terror si hubieren de admitir sus torpezas. Entonces redoblan la “superioridad” de sus “certezas”. Como si no conociesen la duda, decía Borges. Derrochan “imperativos categóricos” confiados en vencer al oponente a fuerza de imponerle necedades histriónicas antes que admitir yerros. No hay peor cosa que un ignorante soberbio decía Lope de Vega. Y razón le asiste. 

También la vida burguesa, cuando se infiltra en la cabeza del proletariado, suele producir engendros ideológicos patéticos. Produce, por ejemplo, víctimas reverenciales cuya libido se explaya repitiendo frases hechas y consignas prefabricadas para anestesiar la realidad propia en contextos y épocas muy diversos. Las víctimas aprenden las reglas del opresor: Todo antes que interrogar sus premisas y sus conclusiones. Todo antes que reconocer las diferencias y las diversidades. Todo para incensar sus preceptos y sus egos infectados de mediocridad leguleya. De eso viven las palestras burguesas y de eso aprenden mucho (a sabiendas o no) sus discípulos. Son ejércitos de la ideología de la clase dominante en acción cotidiana. Metidos aquí y allá, infiltrados en los medios y en los modos. Todos van armados, y armadas, con espadas lenguaraces convencidos de que deben convencernos. Imponernos su autoritarismo de egos histéricos y vendernos su mediocridad maquillada como si fuese un logro civilizatorio. 

Son incapaces de razonar con evidencias (de hecho las excluyen o las tergiversan). Son incapaces (literalmente) de pensar de manera “compleja”, considerando la integración dinámica de cinco o más variables, cada una de ellas portadora de vectores de clase en pugna, de historia, de matices y de identidades no subordinadas a la estrechez de la ideología mercantil, lineal y rígida como los intereses de la acumulación del capital. Sus razonamientos más humanos son refritos del vocabulario filantrópico más banal, difundido en seminarios de auto-ayuda o “coaching” empresarial. Mediocridad sublimada. Piensan que el centro del mundo son ellos. “Entre esos tipos y yo hay algo personal” Serrat dixit.

En algunos “informativos” los “periodistas”, arrodillados ante la burguesía, aprendieron a leer en público “noticias” (manipuladas desde las oficinas -gubernamentales o privadas- de espionaje e inteligencia) pero con tono patronal. Asimilaron como “estilo exitoso” la locución “categórica” y a los gritos, como si eso construyera verosimilitud y confianza en las audiencias, (cada día más hartas de falacias y exageraciones mercantiles). Hablan como “patrones de estancia”, terratenientes o señores feudales; hablan como hablan los gerentes a sus vendedores, como hablan los generales a sus soldados, como se le habla a quienes se piensa ignorantes, infradotados, tontos o simplemente incapaces de producir los “méritos” necesarios para vivir con éxito burgués. Hablan como el jefe le habla a sus asalariados. Hablan con autoridad burguesa. Como habla Trump, ídolo de mercachifles. 

Nos urge una Guerrilla Semiótica de acción directa, por todos los medios, para producir los anticuerpos culturales indispensables que exterminen, en plazos cortos, las influencias tóxicas de los medios y los modos burgueses para manipular consciencias. Al pie de la letra, palabra por palabra. Y además de las «vacunas culturales emancipadoras», necesitamos organizar las ideas y los valores producidos en las luchas por liberarnos de la explotación laboral, la sujeción al Estado que ha servido para reprimirnos, la pandemia de los anti valores que nos acomplejan, que nos excluyen estigmatizan… Guerrilla Semiótica contra las humillaciones burguesas proferidas, por ejemplo, en forma de iglesias, entretenimientos y chistes. Contra la estulticia bajo palabra. No somos lo mismo.

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Miembro de Red Verdad. Miembro de la Internacional Progresista. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

Por Fernando Buen Abad Domínguez | 11/01/2021

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https://razonpublica.com/elecciones-2018-empezaron-las-coaliciones/

El tiempo pasa y nos marca de diversas maneras con sus acontecimientos, unos más fuertes, otros no tanto. De unos y otros escritos en desdeabajo en su debido momento. Hoy, en época de balances, los retomamos y les invitamos a su relectura.

 

La emergencia de demandas populares reprimidas por la guerra, expresadas en las protestas sociales y en el fenómeno electoral de Gustavo Petro, ha producido una coyuntura similar al establecimiento del Frente Nacional: igual que tras la pacificación de Rojas Pinilla (1953-57), las clases dominantes buscan conjurar la potencial articulación del pueblo como sujeto político y, ante el declive del uribismo, parecen encontrar un nodo articulador en el “centro”.

 

La aparente contradicción entre violencia endémica y continuidad de las instituciones de la democracia liberal, característica de la historia colombiana, tal vez se explica por un tercer elemento que también le es singular: la sistemática exclusión del pueblo del ámbito público-político. Siempre que el sujeto político pueblo se intentó articular para intervenir en esa esfera fue expulsado, muchas veces de forma violenta, por los agentes que se autoperciben como sus naturales y exclusivos ocupantes: las clases dominantes o élites.

La Junta de notables de Santafé se impuso sobre los chisperos de Carbonell en 1810, la coalición de “constitucionales” que vinculó liberales y conservadores derrocó a Melo y desterró sus bases artesanales en 1854. Aquí no hubo grandes reformas como en el México decimonónico, ni revoluciones liberales a principios del siglo XX como las de Alfaro en Ecuador o Pando en Bolivia. El populismo, que amplió sustancialmente las comunidades políticas e incluyó los sectores populares en Brasil con Vargas, México con Cárdenas y Argentina con Perón, no echó raíces en estas tierras: el pueblo articulado por Gaitán fue convertido en una masa informe el 9 de abril de 1948 y, una vez aniquiladas las guerrillas gaitanistas, sobre ella se erigió el régimen excluyente del Frente Nacional.

En su momento, la exclusión de las terceras fuerzas –el MRL, la Anapo, etcétera– y el carácter ultrarepresivo de los gobiernos bipartidistas alimentaron la violencia revolucionaria. Una vez finalizado formalmente el pacto, la exclusión se prolongó en la práctica del genocidio agenciado por el Estado y el paramilitarismo, en particular pero no exclusivamente contra la UP, incluso con posterioridad a la Constitución de 1991. La mano dura de Uribe, auspiciada por las clases dominantes con el fin de apacigüar el país tras el escalamiento de la guerra desde mediados de los noventa, es en cierto sentido análoga a la pacificación operada por Rojas Pinilla a partir de 1953, de manera que hoy nos encontramos en un escenario similar al que enfrentaron las élites en 1957-58, cuando el dictador dejó de ser funcional a sus intereses, su creciente autonomía se conviritó en un problema y hubo que acordar una manera de monopolizar nuevamente el poder político.

Aunque los resultados electorales de 2018 apuntaban a la formación de un bloque hegemónico alrededor de Iván Duque, cuya victoria fue posible por la coalición de las fuerzas políticas tradicionales en contra de la articulación de demandas populares representada por Gustavo Petro, hoy el uribismo aparece como una fuerza en declive –con divisiones internas que se profundizan a medida que Uribe resta popularidad y suma rechazo en las encuestas–, mientras repunta como posible nodo articulador de los intereses de las clases dominantes el denominado “centro”.

Los avatares del centro político

Como acaba de mostrarse, las élites colombianas han sido más liberales que demócratas, pero la mayoría del tiempo la dominación de clase, descontando el filofascismo de un Laureano Gómez, ha adoptado una posición de centro. De hecho, la política en Colombia prácticamente no ha presentado experiencias radicales de izquierda ni de derecha: las reivindicaciones de las guerrillas, vistas por muchos como lo más radical, eran de cuño socialdemócrata. La única razón por la que nunca se formó una identidad política de centro, es porque no fue necesaria. En el contínuo izquierda-derecha, ése fue de facto y sin necesidad de proclamarlo el cómodo lugar de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, hasta su declive. La reivindicación del centro político se produce con ocasión de un fenómeno inédito en la historia reciente: la “polarización” posterior al Acuerdo de paz.

El cierre del prolongado conflicto armado motivó la emergencia de aquellas demandas proscritas del ámbito público-político tanto por la guerra, que exterminó la posibilidad del debate político, como por el predominio del centrismo entre las fuerzas políticas gobernantes. Entre 2012 y 2016, de la mano con el inusitado auge de las protestas y movimientos sociales, en la agenda pública se posicionaron una serie de demandas nunca resueltas que están en la raíz de los recurrentes ciclos de violencia: detener el despojo violento de la tierra y redistribuir su propiedad; resolver la pobreza y la desigualdad social extremas; acabar con la exclusión política vía genocidio; verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes en el marco de la guerra, entre otras. En últimas, es este conjunto de demandas reprimidas por el conflicto las que se perciben, principalmente por sectores de derecha y de centro, como causantes de la “polarización”.

Para las elecciones presidenciales de 2018, el abanderado de muchas de estas demandas fue el candidato Gustavo Petro, no como una estrategia conciente sino por el hecho de que, ante la coalición del Polo Democrático con Sergio Fajardo y su fórmula, Claudia López, que se reclamaron como el centro, no hubo otra opción que las representara. De hecho, una de las tácticas de campaña del centro consistió en hacer equivalente a Petro con la derecha uribista de Iván Duque: ambos representaban los males de la “polarización”, que no solo impedía avanzar al país sino que amenazaba con destruirlo. Aunque inicialmente Fajardo y López erigieron una frontera discursiva con el uribismo, principalmente mediante la denuncia de la corrupción, con el tiempo se concentraron en combatir a Petro, quizás creyendo que allí estaba el electorado en disputa, afirmando que solo Fajardo podría ganarle al uribismo en segunda vuelta.

Los resultados indirectos o no buscados de esa táctica electoral fueron desastrosos. Tanto la etiqueta de cuño uribista “castrochavismo” como el rechazo de la “polarización” terminaron por estigmatizar y desplazar paulatinamente de la agenda pública las demandas sociales irresueltas y aplazadas por décadas de guerra. Pero, sobre todo, al expulsar de la agenda pública esas demandas, se frustran las expectativas creadas en amplios sectores populares por el Acuerdo, se erosiona su legitimidad y se crea un marco discursivo propicio para que se instale en la agenda una paz minimalista, que ni siquiera satisface lo acordado en la mesa de negociaciones y que mucho menos tocará mediante potenciales reformas los privilegios de las clases dominantes. En fin, el clima ideológico creado, un reencauche de la doctrina contrainsurgente del “enemigo interno” propia de la Guerra Fría, ha legitimado indirectamente el genocidio político, que ya deja más de mil líderes sociales y desmovilizados asesinados.

El resultado electoral tampoco fue el esperado: al erigir a Petro como la mayor amenaza para el país, en lugar de atraerse el potencial electorado de izquierda, el centro terminó por empujar parte de su propio electorado hacia el uribismo: muchos votantes de centro-derecha prefirieron la mano dura conocida del uribismo para conjurar esa gran amenaza a la desconocida del centro, tanto en primera como en segunda vuelta. A corto plazo la construcción de una identidad política de centro aparecía truncada debido a la imposibilidad de darle un contenido positivo, un proyecto, que trascendiera el antagonismo con Petro.

La crisis endémica de la izquierda

Sin embargo, las elecciones regionales y locales en 2019, en particular a la Alcaldía de Bogotá, mostrarían que el centro estaba en mejor posición para “acumular” capital político que la izquierda. El Polo Democrático, dominado internamente por el Moir, persistió en su alianza con el centro y, por tanto, cerró la posibilidad de coalición con otros sectores de izquierda. La plataforma con que Petro participó como candidato presidencial, Colombia Humana (CH), no alcanzó a consolidarse cuando se fragmentó en plena campaña, incluso aunque consiguió un importante número de cargos tanto en la Capital como en algunas otras regiones. Aunque el detonante de tal fragmentación fueron las denuncias por violencia intrafamiliar contra el candidato a la Alcaldía, Hollman Morris, ese es apenas el desenlace de problemas más profundos.

CH no pudo en esa coyuntura, y no ha podido, crearse una identidad como colectivo y organización política, que trascienda el carácter de plataforma electoral de Petro, a pesar de haber trabajado en un completo y alternativo programa de gobierno. En varios momentos se ha planteado en su interior una discusión sobre la forma organizativa, pero el problema no ha sido resuelto más allá del rechazo a formas tradicionales de organización como el partido. En consecuencia, su funcionamiento reproduce el caudillismo y el personalismo que, incluso a pesar de sí mismo, le ha impreso Petro. Si existiera alguna estructura organizativa, estaría basada en las redes de activistas y/o clientelas nucleadas por alguna personalidad individual con reconocimiento, lo que dificulta el seguimiento de procedimientos institucionalizados y el alcance de consensos en torno a decisiones colectivas, como la elección de candidatos o el rendimiento de cuentas.

La fragmentación se empezó a producir precisamente en torno a la elección de una candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Debido a la carencia de personería jurídica, CH hizo coaliciones con el movimiento MAIS, entre otros, para las elecciones de 2018. A fines de ese año, Hollman Morris obtuvo el aval de dicho movimiento como candidato a la Alcaldía. Fue una decisión inconsulta en el interior de CH que levantó resquemores en otras personalidades, a lo que se adicionaron las denuncias en su contra por maltrato intrafamiliar en el marco de su divorcio, denuncias que no fueron procesadas internamente porque no existía en ese momento una instancia, como un comité de ética, que lo hiciera. Desde ese momento hasta fines de julio de 2019, cuando finalmente es elegido como candidato de CH, el movimiento se debate internamente por la elección de un candidato.

Durante todo ese tiempo Petro, líder “natural” de la colectividad, osciló indeciso entre dos actitudes: dejar que el propio movimiento escogiera un candidato pero, simultáneamente, establecer contactos con personalidades como el exministro Alejandro Gaviria y la misma Claudia López, candidata del centro. En marzo de ese año, en el marco de la asamblea distrital, Jorge Rojas, quien había obtenido el aval de la UP, no consigue proclamarse como candidato de CH, según afirmó, porque Ángela María Robledo lo impidió*. Para ese entonces había un descontento con el apoyo que una parte del movimiento le brindaba a Morris, sobre todo entre uno de los sectores feministas que lo componen liderado por Robledo. Pero ese sector no apoyó una candidatura de CH porque paralelamente también buscaba un acuerdo con Claudia López

La estructura organizativa de CH ni siquiera permitió una negociación ordenada con López pues, como Jorge Rojas comenta en la entrevista citada, había tres negociaciones al mismo tiempo: una de Petro, otra de Ángela María Robledo, ambas a puerta cerrada, y una más que derivó en un apoyo abierto de Rojas a la coalición de sectores alternativos en torno a la candidatura de López. El acuerdo programático no se consiguió, primero, por diferencias fundamentales en torno al modelo de ciudad, cuya manzana de la discordia fue la persistencia de López en continuar el proyecto de metro elevado del alcalde saliente Enrique Peñalosa, y segundo, porque la misma López lo obstruyó al proclamar, en el acto de inscripción de su campaña, la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, que no fue consultada con ninguno de los integrantes de la inicial coalición a la Alcaldía.

La asamblea distrital había facultado a Petro y a Robledo para establecer coaliciones electorales, razón por la cual, incluso tras el portazo en la cara dado por López, la posibilidad de un acuerdo programático no se cerró. A fines de julio, Petro escogió finalmente a Morris como candidato de CH, no tanto porque fuese el candidato de su predilección sino para tener con qué hacer presión a la hora de negociar un acuerdo con López. No obstante, la manera como se lo invistió de candidato, a dedo en lugar de mediante una asamblea, le restó legitimidad. De cualquier forma, el lance fue infructuoso debido a la fragmentación del movimiento, pues en los meses siguientes Robledo consiguió un acuerdo, ya no en nombre de CH sino del sector particular que ella lidera, para apoyar a López. En suma, el funcionamiento basado en personalidades individuales no le permitió a CH hacer frente a la campaña por la Alcaldía y terminó más fragmentada que al comienzo, comprometiendo así la posibilidad de articular una alternativa popular para las elecciones de 2022.

Lo que se cocina en Bogotá

La victoria en Bogotá ha tenido consecuencias insospechadas para la política nacional: el centro, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, se ha proyectado como el potencial nodo articulador de un bloque hegemónico favorable a los intereses de las clases dominantes tras el lento declive del uribismo. En campaña, López no propuso en rigor un proyecto alternativo de ciudad. La retórica de centro, basada en el rechazo a la “polarización” se ofreció como una estrategia “apolítica” de hacer política enfatizando en los aspectos técnicos y de gestión sin tocar el modelo de ciudad neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas.

El triunfo se explica por la confianza que suscitó la personalidad “alternativa” de Claudia López en comparación con los otros dos candidatos opcionados: Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, ambos de la entraña de la oligarquía y la clase política tradicional. Pero sobre todo por su capacidad para articular, por la vía de la cooptación clientelar como se ha visto a la postre, los más disímiles sectores políticos, desde personalidades en otro tiempo afines al uribismo hasta parte de la izquierda, pasando por políticos reencauchados de la clase política tradicional. En efecto, la posición de centro le permitió a López capitalizar el respaldo de una parte importante de la clase dominante, que no quiso o no pudo articularse en torno a uno de los candidatos tradicionales, pero también de una parte de los sectores “alternativos”, que inicialmente abrazaron su propuesta como “la menos peor”.

La renuencia a revisar el proyecto del metro elevado, aún cuando se encuentra en una fase inferior al metro subterráneo que dejó diseñado la alcaldía de Petro y no ofrece los mismos beneficios pero sí costos superiores, así como la decisión de implementar obras nocivas e impopulares como la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, muestran claramente que López ha procurado ganarse la confianza de los agentes políticos y económicos con intereses en ese tipo de grandes proyectos, con un capital político y mediático capaz de incidir en su gobernabilidad, como demostraron boicoteando políticas clave en la administración Petro.

Por su parte, para los sectores de la clase dominante que manejan directa o indirectamente los grandes negocios en la Capital, el liderazgo de López es fundamental porque les permite desarrollar su agenda y salvaguardar sus intereses, lo que haría cualquiera de los candidatos tradicionales, pero además les brinda una mayor gobernabilidad al haber cooptado y dividido parte de la izquierda y a los llamados sectores alternativos, es decir, a sus potenciales críticos. La crítica de la “mermelada”, las gabelas clientelistas que tradicionalmente prodigan los gobiernos a cambio del apoyo electoral, pasó a segundo plano frente a la necesidad de garantizar esa gobernabilidad y los distintos sectores que apoyaron a López han recibido sus compensaciones en cargos y contratos, en lo que constituye la reactivación de una estrategia característica del Frente Nacional para desactivar el descontento y el debate ideológico.

La virtual ausencia de crítica por parte de los sectores cooptados frente a hechos que en otras circunstancias se rechazarían al unísono como la represión policial, de la que la alcaldesa López ha usado y abusado en los meses que lleva su administración, es un ejemplo notorio de este fenómeno, pero no el único. Los dobles raseros a la hora de evaluar las medidas para atender la emergencia provocada por la pandemia, criticando por ejemplo los $3.000 millones que invirtió Duque para publicidad en redes sociales pero, al mismo tiempo, guardando silencio frente a los $6.000 millones que invirtió López en contratos con los grandes medios de comunicación para hacer “pedagogía”, han estado a la orden del día.

La crisis ha sido el escenario para confirmar a Claudia López como la líder del centro, incluso llegando a postularla como eventual candidata presidencial. Frente a un presidente que ha aprovechado la coyuntura para beneficiar hasta el descaro los grandes capitales financieros y privilegiado los intereses de los ricos, se ha erigido en una aparente alternativa. Sin embargo, las políticas de la Alcaldesa en medio de la emergencia no se alejan sustancialmente del enfoque neoliberal que implementa el gobierno nacional, basado en subsidios, créditos y otras políticas focalizadas, y conservando como eje del sistema de salud a las EPS, entre otras cosas. López y Duque no son, por consiguiente, antagonistas respecto a la forma de atender la emergencia. López, empero, está mejor posicionada porque puede descargar la responsabilidad en Duque, quien fija el marco general de las políticas. Más que nada, la articulación con parte de la clase dominante, en particular con gran influencia en los medios masivos de comunicación, la han ubicado en ese lugar de liderazgo.

¿Hacia una nueva hegemonía?

El fenómeno Petro en 2018 parece haber sido un llamado de atención: al menos potencialmente, las demandas reprimidas de los sectores sociales excluídos que están en el origen de la violencia cíclica podrían articularse políticamente. Fue un llamado de atención para las clases dominantes, que no dudaron en rodear al candidato presidencial del uribismo y que ante su declive no dudarán en apoyar cualquier otra alternativa a lo que representó Petro, pero también lo fue para los sectores “alternativos” y para una parte de la izquierda renuente a emprender transformaciones políticas de algún calado, esto es, que necesariamente producirán “polarización”, o recelosas del caudillismo y del personalismo que perciben en Petro.

El triunfo de Claudia López en Bogotá ha empezado a dotar la identidad política de “centro” de un contenido positivo, más allá del “antipetrismo” que definió sus fronteras discursivas en la campaña de 2018. Por su parte, Petro continúa siendo la figura de la izquierda con mayor capital político, pero no con el suficiente para imponerse como alternativa. Así pues, existe una relación de suma cero entre la apuesta del centro y la de los sectores representados por Petro. A menos de que éstos se vuelquen a movilizar la población tradicionalmente apática y abstencionista por distintas razones, se empeñen en construir un sujeto político popular, lo que haría necesaria la consolidción de una apuesta organizativa como CH, tendrá que disputar con el centro una franja de apoyos y bases sociales con miras a los comicios de 2022.

Paradójicamente, los críticos del caudillismo de Petro no han tenido otra alternativa que construir otro liderazgo personalista para hacerle contrapeso: Claudia López se presenta hoy como la líder del centro, incluso relegando personalidades como Sergio Fajardo. El problema radicará en resolver si el capital político acumulado por López es finalmente transferible hacia una identidad colectiva, el centro, o si es personal e intransferible. En éste último caso, no habría que descartar que López opte por un curso de acción igual al de uno de sus mentores, Antanas Mockus, quien renunció en 1997 a la Alcaldía para presentarse a las elecciones presidenciales. Pero sea cual sea la opción del centro, tendría en su favor el interés de las clases dominantes de refrenar la “polarización”: las demandas sociales que emergieron tras el Acuerdo de paz, para alcanzar una paz minimalista que deje intactos sus privilegios, y que tiene en la administración de López en Bogotá una experiencia para replicar a nivel nacional.

 

* Ver: ‘Creo que hay déficit de democracia en Colombia Humana’: Jorge Rojas” https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/jorge-rojas-habla-de-la-relacion-de-gustavo-petro-y-claudia-lopez-400310

 

 

 

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Donald Trump. Foto de Brian Copeland

Analizar su legado en torno a cuatro de los más importantes mitos de excepcionalidad que le rodean sirve para entender el futuro de esta gran potencia: la mala educación, su intención de recuperar el estatus económico de los blancos en zonas desindustrializadas, una gobernanza caótica y el mito de que es, simplemente, un Mussolini o un Hitler preparado para concentrar todo el poder y arrestar a sus adversarios.

 

Roy William Cobby

3 nov 2020 06:00

Tras cuatro años, ¿qué legado concreto podemos atribuir a Trump, y qué es mera inercia histórica en una gran potencia como Estados Unidos? Trump es leído muchas veces como una figura sin precedentes. Por ejemplo, el pensador Slavoj Zizek generó una gran controversia en 2016 cuando mostró su rechazo ante una victoria de Hilary Clinton. En su caso, era preferible que ganase Donald Trump a la candidata demócrata, cuyo programa suponía un continuismo con el legado moderado de Barack Obama. Por supuesto, Zizek realizó esta afirmación en un contexto parecido al actual, en el que la victoria de Trump parece inalcanzable. A la vista de la primera derrota del socialista Sanders en las primarias demócratas, su hipótesis era que sólo la presidencia de un líder improbable como el magnate inmobiliario causaría suficiente caos como para reactivar a la izquierda estadounidense.  Algunos verán en el auge de figuras como Alexandria-Ocasio Cortez una confirmación de esta hipótesis; otros argumentarán que el filósofo estaba frivolizando con las serias consecuencias de las políticas del candidato ultraconservador.

Mas allá de la polémica, hay un hilo común a derecha e izquierda en determinar que Trump es algo único en la historia estadounidense. Analizar su legado en torno a cuatro de los más importantes mitos de excepcionalidad que le rodean sirve para entender el futuro de esta gran potencia. En primer lugar, que sus formas maleducadas, su racismo desenmascarado y su rechazo a condenar a la extrema derecha son un caso único en el mayoritariamente moderado Partido Republicano. En segundo lugar, que su versión de la derecha populista apuesta por recuperar el estatus económico de los blancos en zonas desindustrializadas. En tercer lugar, que su gobernanza ha sido caótica o totalmente impotente a la hora de conseguir sus objetivos. Finalmente, el cuarto mito que rodea al magnate es que es simplemente un Mussolini o un Hitler preparado para concentrar todo el poder y arrestar a sus adversarios. ¿Qué hay de cierto en estas lecturas sobre el 45º presidente de los Estados Unidos de América?

Trump, historia y mito en el siglo estadounidense

Tras la imagen de estrella de programa de telerrealidad del patriarca, la saga Trump está profundamente conectada a la historia reciente de Estados Unidos. En concreto, al auge y caída del consenso del New Deal en los 30 y de la Great Society en los 60. Ambos programas, iniciados respectivamente por los demócratas Franklin Roosevelt (FDR) y Lyndon Johnson, fueron lo más parecido a la socialdemocracia europea en el contexto estadounidense. Fred Trump Sr., el padre de Donald Trump, hizo en parte su fortuna construyendo vivienda pública promovida por el Gobierno federal de FDR. En sus últimos años, el trovador Woody Guthrie, que fue un artista apoyado también por el New Deal, acabó de inquilino de Trump senior. Le dedicó una canción nunca grabada criticando la política racista de su imperio inmobiliario, que evitaba alquilar viviendas a los afroamericanos. En tiempos en que el joven Donald comenzaba a gestionar negocios familiares, el éxito demócrata post-Kennedy llevó a Nueva York a tener los mejores servicios públicos del país. Además de su conocido metro, sucesivas administraciones locales expandieron clínicas públicas, escuelas, bibliotecas y todo tipo de programas sociales. 

Como narramos en este medio, todo llegaría a su fin con la famosa crisis fiscal de Nueva York. En su obra, Fear City, Phillips-Fein contextualiza esta crisis fiscal en detalle. En Nueva York, la inversión federal aumentada de los años 70 llevo a políticas ejemplares y que hoy parecen de ciencia ficción, como la universidad gratuita. Pero la crisis económica por la subida del precio del petróleo en 1973 y la reducción en los ingresos fiscales, añadidos al fin del apoyo federal, llevaron a la ciudad a una crisis de deuda en 1975. El resultado fue la imposición de austeridad y la venta desesperada de activos, como el primer hotel de lujo que Trump adquirió a precio de saldo en la isla de Manhattan. Seguramente, fue el momento en que el joven Trump entendió la importancia de Washington y la política en general. Muchos de los consejeros que guiaron al presidente Ford en la pionera gestión neoliberal de esta crisis tuvieron carreras ilustres. Ahí estaban Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa con Ford y promotor de la invasión de Iraq con Bush junior; o Alan Greenspan, seguidor de Ayn Rand que luego presidió la Reserva Federal (el banco central estadounidense). Este último admitiría durante la crisis financiera de 2008 un “fallo” en su ideología laissez faire y su desastrosa gestión, basada en la creencia que los mercados se autorregularían

Lo cierto es que estos mercados supuestamente “autorregulados” (en realidad, regulados en favor de unos pocos) generaron muchos Trumps, que no necesitan presentarse a las elecciones para influir en política. Algunos ejemplos incluyen los hermanos Koch, cuyo patriarca inventó un método revolucionario para refinar petróleo. Sus descendientes, promotores de multitud de think tanks y organizaciones conservadoras, seguramente encuentren irónico que su padre hiciese fortuna como ingeniero en la URSS de Stalin. Los Koch, el programador financiero Robert Mercer, el inversor en Silicon Valley Peter Thiel, el antiguo promotor de Eurovegas en Madrid Sheldon Adelson y el “corporate raider” Carl Icahn son figuras que llevan medio siglo financiando campañas conservadoras para desregular las finanzas, bajar impuestos a los ricos, recortar en derechos sociales y promover una visión fundamentalista cristiana de los derechos individuales. También apoyan a Trump y a sus aliados. El gabinete Trump tenía una riqueza combinada de más de cinco mil millones de dólares (prácticamente el doble que la del gabinete Obama). 

En 2016, en los periódicos moderados existía una percepción que los conocidos como “republicanos moderados” estaban horrorizados ante la victoria de Trump y jamás colaborarían con él en el Senado. Lo cierto es que llevan aceptando dinero de donantes con visiones igual o más conservadoras que las del propio Trump durante décadas. El mayor símbolo de esta ilusoria resistencia, el excandidato presidencial y senador Mitt Romney, aceptó recientemente confirmar lo antes posible a la candidata ultraconservadora al Tribunal Supremo Amy Coney Barrett; con el objetivo último de prohibir el derecho al aborto.  Tanto en la cercanía del joven Trump con el grupo de poder republicano de los años 70 y 80, como su capacidad de ganar votaciones clave en el Senado una y otra vez, demuestran que el Partido Republicano lo ha aceptado como uno de los suyos.

Desnudando el obrerismo del populismo de derechas

Si hay tantos ricos detrás de Trump, ¿qué hay de aquellos ecos de obrerismo y reindustrialización del Trump de 2016? Las preferencias culinarias del magnate por la comida rápida y otras aficiones populares lo han hecho parecer incluso más campechano que la estrella de Hollywood Ronald Reagan. Como con este último, sin embargo, la apariencia sencilla esconde también aficiones elitistas como el golf, las fiestas con celebridades y la asistencia a eventos deportivos en cabinas VIP. En la práctica, es la segunda faceta de Trump la que ha determinado sus políticas. El Economic Policy Institute recogía 50 medidas del presidente contra los trabajadores. Por ejemplo, la supresión de reglas que protegían pensiones privadas ante cambios en sus empresas y leyes que garantizaban el pago de horas extra en sectores informales; la relajación de inspecciones de seguridad en minas y otros lugares; o la eliminación de moratorias a la contratación pública de empresas que hayan infringido leyes contra el acoso sexual o el derecho a sindicarse

Respecto al mito obrero de Trump, hay que recordar el hecho de que los demócratas reciben la mayoría de los votos de los más pobres. En 2016, Trump sólo ganó en el importante sector de trabajadores blancos no cualificados.  ¿Se debió esto a un apoyo auténtico, o a la errada candidatura de Clinton? Hay otra hipótesis: mediante los ataques a China y a otros competidores, Trump ha logrado recuperar un discurso desvirtuado pero atractivo de lucha de clases; mientras que su adversario se centra en cuestiones identitarias y de derechos civiles.  La vía trumpista al corazón de los trabajadores blancos no cualificados podría ser una combinación sencilla de elitismo e incompetencia demócrata y xenofobia republicana, construida por los evangélicos que auparon a Reagan en los 80. Sin embargo, al igual que las victorias conservadoras en la Inglaterra desindustrializada, no ha generado ninguna estrategia económica consistente. Que el populismo de derechas es más de lo mismo ha quedado claro durante la pandemia cuando, mientras Wall Street alcanzaba cifras de récord, los americanos de a pie luchaban por sobrevivir. De momento, los republicanos pueden agradecer que los demócratas no hayan descubierto esta oportunidad tan obvia de recuperar su apoyo en zonas post-industriales.

Ante esta y otras inconsistencias, ¿podemos afirmar que la gestión de Trump ha sido caótica? Volviendo al ejemplo inicial de la crisis fiscal de Nueva York, es útil recordar la conceptualización de Naomi Klein de la doctrina del shock: el uso de situaciones de excepción para aprobar políticas impopulares para la mayoría de la población.  Los gestores como Trump y su gabinete de millonarios no experimentan las crisis como la mayoría. Al contrario de lo que parece, la tendencia cada vez mas frecuente del capitalismo a incurrir en crisis, como detalla Philip Mirowski, ofrece oportunidades para ajustar aquellas políticas económicas que ralentizan o reducen las tasas de ganancia. Efectivamente, de acuerdo con un análisis reciente de Taylor y Ömer, tanto Reagan como Trump tienen en común la capacidad de atacar el consenso del New Deal. Sus agendas económicas han permitido reducir o mantener los salarios, aumentar el valor de activos (como las propiedades de Trump) y suprimir aquellas instituciones estatales que reequilibran ganancias. Por supuesto, la colaboración de muchos demócratas y su negativa a cuestionar este consenso han sido fundamentales para mantener esta redistribución hacia las élites de la riqueza generada en Estados Unidos. 

Finalmente, en política exterior, la estrategia de Trump ha sido mucho mas coherente de lo que se le atribuye. Inspirado en las narrativas de auge y caída de los imperios, el presidente cogió el relevo con la percepción de que Estados Unidos estaba perdiendo su lugar en el mundo. El falso papel de policía global no había servido para impedir la recuperación de Rusia e Irán, el auge de China y la extensión de gobiernos escépticos a los EE. UU. en Latinoamérica. Además, el proceso de integración europea había permitido al viejo continente ganar asertividad, si no en el terreno militar, al menos en el económico. Trump sigue las tesis de Paul Kennedy, que asoció en el pasado siglo la capacidad histórica de los imperios a sobrevivir mediante su expansión geopolítica y comercial. La intención de Trump es, como un hombre de negocios acosado por la competencia, actuar en todos los frentes al mismo tiempo para que el caos impida reaccionar a los adversarios. Su apoyo abierto al Brexit, la ofensiva “lawfare” contra los líderes de izquierda en Latinoamérica, la guerra comercial contra China, su negativa a corroborar el acuerdo nuclear con Irán, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel…  La alianza de su figura y sus consejeros con la extrema derecha mundial al estilo de Bolsonaro, VOX o el Front Nacional surge también del deseo de un mundo más conflictivo, donde la supremacía militar y tecnológica de los norteamericanos recupere la importancia que merece. 

¿Es Trump fascista? Habrá que esperar al 3 de noviembre

Muchos de los mitos que rodean a Trump carecen de base real. Ni es un republicano excepcional, ni su conservadurismo es de alguna manera obrerista o sus políticas se deciden de manera caótica. Sin embargo, qué hay del ultimo mito: ¿es Trump un fascista? Trump presenta muchos rasgos como mínimo fascistoides. La criminalización del movimiento antifascista y la aceptación del apoyo tácito del neofascismo es el más evidente; hay más ejemplos: poner en duda la legitimidad del proceso electoral, contar con consejeros como Bannon, la prohibición de entrada a los musulmanes, los insultos a mexicanos e hispanos… Paradójicamente, y al contrario de lo que piensan algunos progresistas, no es en su política económica donde Trump se distancia del fascismo: Mussolini comenzó su gestión como un campeón del libre mercado y la desregulación; y Hitler no habría llegado jamás al poder de no ser por el apoyo de varios líderes industriales. Al mismo tiempo, colocarlo al mismo nivel que Hitler o Mussolini supondría banalizar el fascismo histórico de los años 30. En el mundo hoy, hay países donde apenas existe separación de poderes; hay periodistas y disidentes en prisión; ONGs y asociaciones son vistas como agentes extranjeros; sagas familiares se reparten las administraciones del Estado... Nada de esto sucede en los EE. UU. Como máximo, podríamos decir que Trump no es fascista, pero que muchos de sus apoyos sí lo son.

Pero por mucho que pese a los demócratas, la presidencia Trump no ha sido más o menos inconstitucional que otras. Recordemos que Obama, por ejemplo, presidió sobre el uso de la tortura, el envío de drones militares a países sin autorización, el espionaje a supuestos aliados como Merkel; y ni si quiera fue capaz de cerrar Guantánamo, que Trump ha confirmado estará abierto de manera indefinida. El mito de la conspiración rusa tampoco se ha podido constatar: pese a que existen evidencias de interferencia extranjera, no está probada ni la colusión del Kremlin ni que sus efectos fuesen definitivos. Resulta llamativo que el liderazgo demócrata pasase cuatro años esforzándose en derrotar “constitucionalmente” a Trump, en lugar de en trabajar por una agenda política alternativa. El 3 de noviembre, si estos últimos consiguen ganar con el candidato “por defecto” Joe Biden, el mundo podrá comprobar si Donald Trump es verdaderamente un fascista. Por otro lado, si es capaz de abandonar la Casa Blanca por su propia voluntad, los norteamericanos tendrán que acostumbrarse a una incómoda realidad: que el magnate inmobiliario es efectivamente hijo natural de las peores tendencias del sistema político estadounidense

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Lunes, 02 Noviembre 2020 06:18

El eje

El eje

Sobra decir que los tiempos que corren son convulsos. La pandemia lo ha cambiado todo, exige un constante acomodo para atender la salud de la gente, preservar los sistemas de atención médica y sostener un cierto nivel de actividad económica. La sociedad está en jaque.

El equilibrio es precario por necesidad; depende de las condiciones políticas y sociales de cada país y, cada vez más de la voluntad de la población para acatar las disposiciones oficiales: desde las prácticas de protección individual, hasta una nueva ola de restricciones para el confinamiento voluntario, o el impuesto por disposiciones punitivas. Las provocaciones en contra de la acción gubernamental aparecen en diversos lugares del mundo. Para muchos no hay más opción que trabajar y tener ingresos en medio del contagio y eso define lo precario que puede ser la situación, como ocurre en México.

Hay también una inercia de los procesos sociales que estaban encaminados antes de la pandemia. Para nosotros, en México, el conflicto político-electoral en Estados Unidos es un fenómeno cercano, relevante y llamativo.

Está culminando un periodo de gobierno que ha tensado las condiciones políticas internas y externas, ha extendido la desigualdad social, fracasado en la gestión de la pandemia y expuesto de modo maniqueo las condiciones económicas generadas en los últimos cuatro años.

Ha fomentado, también, el resurgimiento de los grupos de la ultraderecha, los supremacistas blancos, en un entorno de rudo enfrentamiento racial y étnico. Mañana serán las elecciones y el panorama político es incierto, sobre todo por el cuestionamiento que el presidente puede hacer de los resultados de la votación.

El fenómeno estadunidense expresa buena parte de las contradicciones políticas que, con las recurrentes crisis económicas, enmarcan el curso del siglo XXI. Se exponen de modo fehaciente las contradicciones inherentes al eje social básico compuesto en uno de sus extremos por la necesidad de crear mayor bienestar social y, en el otro, la reconstrucción de los procesos de generación de una mayor riqueza por medio de la producción y el empleo y su más equitativa distribución. En esto es necesaria la clara definición de las responsabilidades del Estado y los gobiernos.

Trump no es una mera casualidad histórica, expresa un extremismo de múltiples dimensiones al que los políticos republicanos se han sometido por conveniencia, más que por convicción. Entre el ejercicio del poder y las potestades de los ciudadanos ha de haber una correspondencia funcional más allá del voto emitido periódicamente.

Se trata, asimismo, de la manifestación del cambio en la operación del capitalismo global y la predominancia de los procesos e intereses financieros. A ello se ha sumado un trabajo largo y tenaz de gran cantidad de centros de divulgación ideológica, compatible con el quiebre al que ha llegado el sistema político de ese país.

Este proceso fue ideado de manera consistente y puesto en marcha en términos académicos, entre otros, pero de modo reconocido, por James M. Buchanan, quien desarrolló la teoría de la elección pública desde principios de la década de 1960, creó la llamada Escuela de Economía Política de Virginia (por la universidad donde trabajó) y recibió el Nobel de Economía en 1986.

Una parte sustancial de ese proyecto, que se ha extendido por los centros académicos y profesionales de ese país, ha sido financiado por los muy conocidos y multimillonarios hermanos Charles y David Koch. Éstos fueron descritos con tino por la revista Rolling Stone señalando que han "acorralado el mercado de la política republicana", con un claro objetivo por el control del Congreso y de la Casa Blanca.

Financiaron el otrora movimiento populista y conservador del Tea Party, surgido en 2009 en plena crisis financiera y que postulaba frenar la ley de salud de Obama, controlar el déficit público y evitar que el gobierno decidiese qué partes de la economía debían ser rescatadas.

La influencia de los Koch y las numerosas organizaciones afiliadas a su proyecto han ido afirmándose durante varias décadas en el seno académico, en la definición de las políticas públicas y la configuración y el trabajo del Partido Republicano.

El pensamiento conservador en Estados Unidos tiene una larga trayectoria y diversas vertientes. Es una ideología que ha creado una gestión política a escala estatal y federal, ciertamente compatible con el desenvolvimiento del capitalismo global y los antagonismos que lo definen, lo que implica la restructuración de los intereses internos y externos del poder estadunidense.

Esta ideología –y sus expresiones prácticas en materia de inversiones, trabajo, gestión fiscal y monetaria y, también, en las acciones de la política social– ha sido muy eficaz para ejercer el dominio de las cosas públicas y privadas. En eso ha sobresalido más que cualquier movimiento de raigambre liberal en ese país, de los grupos hoy considerados de izquierda y de los movimientos progresistas. El tradicional liberalismo de esa sociedad está contra las cuerdas.

Todo esto ocurre cada vez más en otras partes del mundo.

La noción y el contenido práctico de la democracia, cualquiera sea su apellido, están en un proceso de recomposición, lo que exige un reacomodo eficaz de las distintas fuerzas políticas.

El entorno hoy es el de un capitalismo dañado por su propio funcionamiento, tensado hasta el extremo y ahora bajo el embate de la pandemia. El eje está quebrado. No es un escenario alentador.

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Iglesias evangélicas, transnacionales antiderechos en América Latina

La fe y las congregaciones evangélicas, pentecostales y neopentecostales crecen en todo el mundo mientras colocan líderes políticos de extrema derecha en las instituciones e instalan una “agenda social anti-derechos”

 

“Tú eres mi dios, todo glorioso, en quien coloco toda mi confianza, toda mi esperanza, señor. Por qué por aquel que cree, todo es posible”, exclama el pastor Misael Tenorio de la Iglesia Evangélica Manantial De Vida En Cristo, en una pequeña caseta hecha de guadua y bareque de una comunidad rural del norte del Cauca. Quince personas están a su alrededor, con los ojos cerrados, las manos levantadas, dos de ellas arrodilladas en el seulo. Una escena que se reproduce cada domingo, y a veces a diario, aquí y en miles y miles de comunidades de todo el mundo, sobre todo de América, pero también de África y de Asia. “Para mí ser evangélica es algo muy grande y allá donde vayamos tenemos la obligación de llevar la palabra del señor”, asegura Gloria Ortega, feligresa de la iglesia Unión Misionera Colombiana.

Se calcula que hay más de 900 millones de personas que profesan esta creencia en el mundo, entre las de corrientes evangélicas, pentecostales y neopentecostals, una cifra en crecimiento constante desde hace cuatro décadas. El caso de América Latina es paradigmático y llama la atención de pensadoras y activistas que luchan por la defensa de la vida. Y es que una de cada cinco latinoamericanas es miembro de una congregación evangélica según una encuesta del Latinobarómetro del año 2017 realizada en 18 países. Más de 100 millones de personas seguidoras de una fe que no está llegando solo a las comunidades más remotas de la Amazonas o en los pueblos más elevados de los Andes, también ha llegado a la mayoría de parlamentos latinoamericanos.

Estas congregaciones han demostrado ser capaces de ofrecer a una sociedad caracterizada por la desigualdad social y la ausencia de prestaciones públicas de lo que en occidente han llamado Estado del Bienestar, un tejido comunitario al que acogerse, un apoyo a veces emocional, a veces económico. Su discurso, sin embargo, viene acompañado de postulados conservadores como la oposición al matrimonio homosexual o el aborto y toda una batería de valores tradicionales que según los colectivos y organizaciones preocupados, amenazan los derechos sexuales y reproductivos e incluso los derechos humanos.

“Su concepción de cómo tiene que ser la sociedad busca entre comillas volver a un orden natural moral, es decir un orden heterosexual, de género conservador, un orden que limite libertades y que garantice que ellos mismos puedan gobernar”, explica Diana Granados, antropóloga feminista colombiana e investigadora de los fundamentalismos religiosos. Habla de libertades como la eutanasia, el acceso a métodos anticonceptivos o la prohibición de la pena de muerte. “Y lo más peligroso es que estas concepciones tienen una conexión global y que son compartidas por personas religiosas que ocupan altos cargos del poder político”, asegura Granador refiriéndose a la mayoría de gobiernos de América Latina o mecanismos interestatales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) o el Parlamento Europeo.

Después de la espada y la cruz

Para entender el origen de estas religiones, empezando desde la raíz, tenemos que irnos 500 años atrás y recordar dos momentos clave: el inicio de la evangelización católica del “Nuevo Mundo” que denominaron América, en 1492, y el inicio de la reforma protestante por el fraile Martin Luthero, en 1517 en Alemania. La fe evangélica, rama de la protestante, tiene por características la no representación en imágenes de las figuras bíblicas, la ausencia de culto a los santos y a la virgen María y la posibilidad de que quien quiera pueda abrir su franquicia evangélica en su barrio o comunidad, pues no existe una instancia centralizada de dirección como por ejemplo el papado del Vaticano, a pesar de que sí que existen unos liderazgos locales y regionales claves.

El inicio de la presencia de iglesias protestantes en América Latina se da con la independencia de los diferentes países latinoamericanos de la España católica, apostólica y romana, proceso que brindó cierta apertura religiosa. La primera oleada se da con la llegada de migrantes europeos a inicios de siglo XIX. En la segunda oleada, en torno a 1850, sociedades misioneras de los Estados Unidos llegan para anunciar su evangelio protestante. Empieza aquí un proceso de recolonización espiritual, activo hasta hoy entre los pueblos latinoamericanos. El filósofo caucano Diego Jaramillo asegura que ésta colonización, “se ha dotado siempre de unos espacios para cooptar culturalmente las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, desde el punto de vista religioso y político, como son hasta hoy los Cuerpos de Paz de Estados Unidos.”

A inicios del siglo XX surge en Kansas y California el movimiento pentecostal entre las protestantes de las clases más humildes de estos estados y con un importante componente anticomunista. Congregaciones que tendrán su explosión demográfica durante los años 60 en Norteamérica y que, como contraataque a la influencia social de la Teología de la Liberación, durante la década de los 70 se harán fuertes en el sur. Para continuar contraatacando, durante los años 80 crece en los Estados Unidos y se expande por el mundo la Teología de la Prosperidad, según la cual la prosperidad financiera y física de las creyentes depende de la voluntad de Dios y de sus oraciones y donaciones a las congregaciones evangélicas.

Jaramillo apunta a que a partir de la declaración de estados laicos -en el caso de Colombia, por ejemplo, en 1991, en Guatemala a partir de 1985-, se consigue “cierta distanciación entre la política y la institución católica pero a la vez se amplía la libertad religiosa que hace que los movimientos evangélicos y pentecostales crezcan”. “Volver América a Dios” proclamaron estos movimientos durante el V centenario del llamado “Descubrimiento de América”, en 1992. A partir de aquí, “lo que se propusieron es llegar no solo a sus creyentes sino a toda la sociedad. Y efectivamente obtienen un lugar de incidencia y de influencia política más decidida y activan una remodernización de su culto que hace que se expandan”, explica Diana Granados.

Demografía evangélica

Con más de 600 millones de habitantes, América Latina se continúa considerando un continente eminentemente católico. Sin embardo, en la mayoría de países durante los últimos 30 años, iglesias evangélicas, pentecostales y neopentecostales han crecido de manera significativa. “Después de este pentecostalismo clásico, surge lo que denominamos neopentacostalismo, ahora en auge, que son confesiones que sobresalen de las congregaciones tradicionales, son nuevos actores relacionados con poderes concretos”, explica Granados. Menos en México y en Paraguay –donde un 80 y 90% de sus poblaciones respectivamente se siguen considerando católicas- y Chile y Uruguay –donde lo que ha crecido es el ateísmo-, en el resto de países se lee una considerable migración religiosa, del catolicismo a la fe evangélica.

A pesar de que es complicado contabilizar este tipo de variables, según censos y estudios regionales, en Guatemala un 41% de la población se considera evangélica, un 32% en Nicaragua y un 28% en El Salvador, siendo América Central una de las regiones donde estas congregaciones han cogido más fuerza. Con su crecimiento y el espaldarazo del voto de sus comunidades, han llegado o se han mantenido al poder líderes populistas ultra conservadores como Jair Bolsonaro, Iván Duque o Juan Orlando Hernández, pero también líderes considerados progresistas como Andrés Manuel López Obrador. La realidad es hace ya algunos años que toda candidatura a una presidencia de la región se ve obligada a reunirse con la comunidad evangélica como actor estratégico.

En Brasil, casi un 30% de población profesa el culto evangélico. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, mientras en 2000, 26,2 millones de brasileños se identificaban con el culto evangélico, en 2010 esta cifra pasó a 42,3 millones, un crecimiento del 61%. Y según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), este crecimiento es más acentuado en las comunidades indígenas de todo el continente. Siguiendo con el caso de Brasil, si en 1991 había 20 indígenas evangélicos por cada 100 católicos –dejando de lado los que conservan su propia espiritualidad-, en 2010 eran 60 evangélicos por cada 100 católicos.

Según el sociólogo boliviano Julio Córdoba, experto en el impacto del culto evangélico en las comunidades aimara y quechua de Bolivia, “sobre todo cuando las comunidades se desestructuran debido a la penetración de relaciones capitalistas y surge una élite de campesinos más ricos, comerciantes, transportistas, las iglesias evangélicas emergen como una alternativa para los campesinos más pobres”. En estos casos, los servicios, la atención e incluso el afecto que no brindan los sistemas de prestaciones públicas precarias o inexistentes en las regiones empobrecidas de América, los ofrecen las comunidades evangélicas. La transformación de católica a evangélica para muchos también es una evolución moral: “en la vida católica seguimos bailando, bebiendo, hablando mal de la gente en la espalda, pero gracias al evangelio ya nos hemos dado cuenta que todo esto ofende a Dios y no lo tenemos que hacer”, asegura Gloria Ortega.

La agenda social antiderechos

Esta migración religiosa ya es ampliamente interpretada como un fenómeno que sobrepasa el campo espiritual y atraviesa el político y el social debido a la instalación de lo que consideran una “agenda social antiderechos” que está creciendo exponencialmente. Cómo afirma la feminista comunitaria y lideresa maya q’eqchi y xinca Lorena Cabnal, “ellos juegan no sólo con la posibilidad de un mandato que consideran divino, sino con la responsabilidad de administrar a los pueblos” utilizando precisamente este poder divino. El portal web La Mala Fe, impulsado por organizaciones como el Consorcio Latinoamérica contra la Aborto Inseguro (CLACAI), hace años que recoge noticias e investigaciones sobre el avance de estas congregaciones que denomina “cruzadas antigénero”. A título colectivo desde La Mala Fe aseguran que “los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ, y el desarrollo de una educación libre de prejuicios y violencia están en riesgo”.

Neoliberalismo, ultraconservadorismo, fundamentalismo religioso, des-democratización. Modelos y procesos por los que la mayoría de fuentes consultadas para este reportaje consideran que pasa América, la del sur y la del norte, y en los que el crecimiento de las iglesias y la fe evangélica  tienen un papel capital. Según la investigadora costarricense Gabriela Arguedas, se trata de una “erosión gradual del tejido democrático de la política que potencialmente transforma la arquitectura institucional de regímenes democráticos en simulacros”, como afirma en su estudio, publicado en el Observatorio de Sexualidad y Política, sobre el “fundamentalismo neopentecostal” y “la ideología de género”, un invento conceptual usado ya en muchas campañas políticas de toda la región.

Según Granados, este crecimiento tiene lugar gracias a todo un despliegue de figuras claves de las congregaciones en varios campos de la sociedad, “tienen centros de estudios, universidades, grupos de abogados, cadenas radiofónicas, canales de televisión, de youtube: hay una diversificación de su presencia que se fortalece durante los 90s con la entrada del neopentecostalismo”. Un despliegue que tiene más presencia en los países del sur global pero que sigue teniendo su principal centro de poder en los Estados Unidos y que cuenta con cómplices también en Europa. En el Estado español, por ejemplo, la Universidad de Navarra, fundada por el líder del Opus Dei José María Escrivá, se ha dedicado a publicar artículos “científicos” que han ayudado a legitimar y posicionar el concepto de “ideología de género” y trabajos académicos sobre “la homosexualidad como condición patológica que puede ser tratada”. Dentro de su oferta académica podemos encontrar un Máster en Matrimonio y Familia o seminarios sobre cómo prevenir divorcios.

«Existe un flujo continuo de financiación de agencias gringas hacia las congregaciones evangélicas de América Latina. Es una nueva forma de imperialismo”, asegura Fabio Py, doctor en teología brasilero y autor del libro Cristofascismo. Por ejemplo, según afirma este pensador de Rio de Janeiro, “el cuerpo más grande del aparato misionero que hay en el mundo después del Vaticano, es la Convención Bautista del Sur, de los Estados Unidos. Es una gran estructura que destina muchos recursos hacia el exterior y su principal foco es América Latina. Por otro lado, Cabnal recuerda que “la viabilidad económica de las iglesias evangélicas es sostenida por miles y miles de personas a partir del diezmo.”

Aun así, en los últimos años, “se han ido autonomatizando los poderes económicoreligiosos, es decir que ya no actúan siempre como franquicias transnacionales que salen de Estados Unidos y se expanden por todo el mundo sino que ya hay nuevos poderes que empiezan a crear sus propios emporios: ya no se tienen que defender de la casa matriz gringa, tienen sus propios tentáculos”, asegura Diana Granados desde Colombia. Misión Carismática Internacional, Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, el Avivamiento, Ríos de Vida, Unión Misionera Evangélica, según el sociólogo argentino Javier Calderón existen más de 19.000 versiones de estas congregaciones.

Objetivos políticos y económicos

La lista de líderes políticos de confesión evangélica en América lo encabezan, por orden de poder, el vicepresidente y el secretario de estado de la primera potencia mundial. Mike Pence y Mike Pompeo han protagonizado reuniones opacas con presidentes latinoamericanos y pastores evangélicos del norte y conjuntamente patrocinan Capitol Ministries, una organización religiosa que según su presentación “crea discípulos de Jesucristo en la arena política alrededor del mundo”. Se trata de evangelizar líderes políticos para que legislen según los principios bíblicos. “Leyes que vetan luchas y resistencias históricas de las comunidades, de la pluralidad”, según la feminista comunitaria guatemalteca. “A través de estas relaciones intencionales de poder, se consigue una jerarquía en la toma de decisiones ultraconservadoras de como ordenar la vida de las comunidades y de este modo se violentan las relaciones de vida y los derechos humanos”, continúa Cabnal.

Y del campo político, al mediático y por tanto al imaginario colectivo de la sociedad. En las campañas electorales de Jair Bolsonaro en Brasil o de Iván Duque en Colombia y muy concretamente durante la campaña por el “no” al plebiscito que buscaba ratificar los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, el concepto de “ideología de género” jugó un papel clave en la retórica mediática. Pastores evangélicos erigidos como referentes de opinión hablaban cómo si fuera una enfermedad e insistían en “luchar contra” ella, lo que se podía traducir como una lucha contra las políticas de género y los activismos feministas y LGTBI, presentes en algunos congresos y ministerios en la búsqueda de transformar la manera en que la iglesia cristiana ha entendido tradicionalmente el género y la sexualidad.

Lorena Cabnal conecta el crecimiento de las iglesias evangélicas con el modelo extractivista instalado en la que denomina Abya Yala. Según ella, “el empobrecimiento, las políticas de tierra arrasada, los altos niveles de feminicidios, de violencias, de emigración, son las condiciones que generan estos fundamentalismos neoliberales y estas interpretaciones de la Teología de la Prosperidad”. Interpretaciones que, según ella aprovechan la vulnerabilidad emocional de los pueblos para hacer creer que “para crear economía y por la sostenibilidad del país, tienen que vender sus recursos naturales, se tienen que explotar los bosques, los ríos, los minerales: aquí hay una perversidad en que las comunidades llegan a legitimar a los líderes evangélicos que plantean este tipo de prosperidad como uno de los caminos de la Salvación”. Según Cabnal, en su país las organizaciones evangélicas han acabado “vinculándose también con otras relaciones complejas de poder y de control territorial que tienen que ver con el narcotráfico.”

“La tendencia en nuestro continente es pensar que la religión tiene que estar en la política y en el mercado. Entonces las disputas entre iglesias, la capacidad de captar personas, no están ya tanto ligadas a propósitos de fe; éstos son hoy instrumentalizados y los propósitos más grandes tienen que ver con hacer crecer la participación de estas iglesias en política para que ésta de réditos económicos y viceversa”, explica Diana Granados.

“Aquello más oscuro de toda esta tendencia ideológica conservadora a nivel mundial es que ésta casa con valores de la derecha y la extrema derecha”, continua la antropóloga. La xenofobia, el discurso antiinmigración, el sexismo o la homofobia se popularizan. Mientras en el ámbito local y comunitario esta fe confiere a muchas personas estabilidad moral y emocional e incluso soluciones a sus problemas cotidianos, a nivel nacional y regional “se están construyendo pánicos morales, pánicos a quién es sexualmente diverso, pánico al migrante, pánico al pobre, pánico a las mujeres con un pañuelo morado…”, comenta Granados. Pánicos que fortalecen estas iniciativas políticoreligiosas que lo que están haciendo es “retroceder en derechos y en la secularidad del estado”. Y no tan solo en América, también en la Europa blanca””, concluye Diana Granados. Tenemos el ejemplo de Polonia, donde 80 municipios se han declarado como “zonas libres de LGTBI”. Sin duda, las migraciones masivas o desplazamientos forzados desde América Latina hacia Europa –o más concretamente hacia sus principales exmetropolis, España y Portugal- hacen que la presencia de congregaciones evangélicas también esté empezando a aumentar en el norte global.

2 octubre 2020

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