Una pancarta con la frase "Aceptamos el bitcóin, libre, rápido y sin contagios" en una cafetería en una playa, La Libertad, El Salvador, el 25 de abril de 2021Jose Cabezas / Reuters

El presidente salvadoreño anunció este sábado que planea convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enumeró este domingo las ventajas de la vida en El Salvador, un día después de anunciar sus planes para convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

Como primer punto en la lista, el mandatario mencionó "buen tiempo, playas para hacer surf de clase mundial, propiedades frente a la playa en venta". Además, destacó a través de su cuenta en Twitter que El Salvador es "uno de los pocos países en el mundo sin impuestos a la propiedad".

Otros dos puntos en la lista están relacionados con la intención de las autoridades de usar al bitcóin como moneda de curso legal. De esta manera, Bukele reiteró que no habrá "impuestos sobre la ganancia de capital para el bitcóin", ya que será una moneda legal en el país, mientras los criptoemprendedores podrán contar con "la residencia permanente inmediata".

El presidente señaló este sábado que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley para darle al bitcóin un nuevo estatus. "A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proporcionar la inclusión financiera de miles [de personas] fuera de la economía formal", indicó.

Publicado: 7 jun 2021 01:32 GMT

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El ministro de Finanzas de Japón Taro Aso y el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe. — REUTERS

Los ministros de Finanzas de siete superpotencias occidentales acuerdan apoyar un impuesto de mínimo y planetario "de al menos el 15%" que, a falta de mayor concreción, aspira a sentar las bases para comenzar a regular la tributación del capitalismo global, aunque mantiene las incógnitas sobre sus efectos reales en las haciendas estatales y los consumidores.

 

La reunión de ministros de Finanzas del G-7 cumplió las expectativas y solventó con un anuncio tan ambiguo e inconcreto como solemne la sesión preparativa de la cumbre de jefes de Estado de la semana que viene: el ministro británico, Rishi Sunak, fue como anfitrión el encargado de explicar al mundo que su país, EEUU, Canadá, Japón, Alemania, Francia e Italia, las siete principales potencias económicas del mundo siempre que se obvie a China e India, han acordado apoyar el establecimiento de un impuesto global sobre los beneficios empresariales “de al menos el 15%”.

Irónicamente, el mundo se enteraba del acuerdo "histórico" para "reformar el sistema fiscal global" y adaptarlo a la era del capitalismo tecnológico a través de un tweet, es decir, mediante los servicios de uno de esos "gigantes tecnológicos" de los que el ministro considera "crucial" asegurar que "pagan el impuesto adecuado en el lugar correcto", algo que, matizó, tiene "un precio enorme para el contribuyente británico".

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se pronunció en términos similares cuando aseguró que "esta tasa mínima global pone fin a la carrera a la baja del impuesto de sociedades y garantiza justicia para la clase media y los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo".

La ambigüedad de ambos anuncios, a la espera de que los jefes de Estado de esos siete países amplíen su posicionamiento, resulta tan esperanzadora como inquietante, tanto por lo que dicen como por lo que no.

La ambigüedad como baza de la geopolítica tributaria

Lo que dicen es que esos siete países apoyan que el Impuesto de Sociedades tenga en todo el mundo un tipo mínimo del 15%, y que se trata de una medida que va a resultar positiva para sus respectivas públicas.

Lo que no dicen es cuál va a ser la letra pequeña de esa norma, de lo que dependen en la práctica su eficacia y su equidad.

Y lo que ya estaba dicho de antemano es que se trata de un pronunciamiento de siete países, para nada actores secundarios en el concierto internacional pero que han participado en un foro informal, sobre un asunto que, en todo caso, no comenzará a ser trasladado al terreno práctico antes de los próximos plenarios del G-20 y la OCDE, que sí disponen de capacidad normativa, y que después tendrán que poner en marcha otros como la UE.

La falta de concreción sobre la medida responde, aparentemente, a dos claves lógicas: la reserva de la zona central de la escena para los jefes de Estado y la certeza de que ese posicionamiento de los siete no es el final de un camino sino una de sus primeras etapas, a falta de posteriores negociaciones en eso foros, y eso requiere disponer de un margen para negociar. Siempre que uno esté dispuesto a hacerlo, claro.

Y así está uno de los aspectos clave: el promotor de la iniciativa, el estadounidense Joe Biden, que está trabajando en un tipo del 28% para su país, comenzó en abril proponiendo uno global del 21% que ya se ha quedado en el 15%. Y eso, a falta de que entren en la sala actores como Singapur, Holanda e Irlanda, que han hecho de los impuestos low cost un componente clave de su negocio-país. Todo, mientras otros como China mantienen un estruendoso silencio.

Esa inconcreción impide al mismo tiempo, y más allá de la previsible cantinela liberaloide sobre el riesgo de que las empresas repercutan en sus precios sus costes impositivos, atisbar las consecuencias que una medida de este tipo puede tener para unos ciudadanos convertidos en el principal objeto de negocio de unos gigantes digitales que les dan la apariencia de usuarios. "Si es gratis, es porque el producto eres tú", reza el máximo aforismo de la mercadotecnia virtual.

¿Cuál era el problema a resolver?

La combinación de los paraísos fiscales y los países de baja tributación han servido en las últimas cuatro décadas como base para la generalización de una serie de tinglados societarios que permiten a los grandes emporios canalizar sus beneficios hacia los estados de baja tributación a base de que sus sedes regionales les facturen a las locales cifras millonarias como servicios cuando, en realidad, se trata de meras transferencias.

El impuesto de sociedades global tiene como objetivo evitar ese escaqueo tributario y hacer que las empresas transnacionales paguen impuestos a las haciendas locales en función del negocio realizan y de los beneficios que obtienen en cada territorio.

Esa es la teoría. La práctica dependerá de la letra pequeña, que debe establecer si el impuesto se aplica sobre los beneficios contables o sobre las bases impositivas una vez aplicadas las deducciones, algo que en España permite bajar de un teórico 25% de los beneficios a un 8.3%; cómo será el cobro en cada país y qué parte del negocio puede transferirse a la sede de la empresa, y qué ocurre con los impuestos actuales, ¿Irlanda subirá su 12,5% actual y Suiza su 8,5% al 15%? ¿España restará diez puntos su 25% y Francia bajará a la mitad su 30%?Esos detalles están pendientes de lo que salga del G-20 y la OCDE, y de cómo se interprete esa partitura en la UE o Mercosur amén de las versiones locales, aunque estudios como el reciente de Simulaciones para la UE del cobro del déficit tributario de las multinacionales, elaborado por el Tax Observatory de Gbriel Zucman, dan pistas: los principales beneficiarios de un impuesto global sobre los beneficios empresariales serían los miembros del G-7, con EEUU la cabeza (164.000 millones de euros de 460.000 con un tipo del 25%), mientras que con niveles como el anunciado (15%), otros como España ingresarían 700, que son menos de los estimados para las polémicas tasas Tobin (850) y Google (1.200).

"Sin acuerdo no se puede imponer un tributo a las multinacionales no residentes"

Julio López Laborda, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y uno de los principales expertos del país en materia tributaria, destaca que "se está dando mucha importancia al establecimiento de un tipo mínimo pero también es relevante el segundo componente, que pretende atribuir a los países el derecho de gravar parte de los beneficios de las multinacionales generados en su territorio", algo que permitiría "avanzar bastante en la limitación de la competencia fiscal y la deslocalización ficticia de los beneficios o profit shifting hacia territorios de baja tributación como los paraísos fiscales, así como en el reparto más justo de la recaudación del IS entre los países".

En este sentido, anota, EEUU ha pasado de rechazar ese segundo componente, el de la presión local, a apoyarlo "esperando que también se traduzca en un aumento de ingresos tributarios para el país", aunque "es importante advertir de que los resultados dependerán mucho de la ambición de las medidas que se acuerden: por ejemplo, no es lo mismo un tipo mínimo del 12,5% que del 21%".

La implementación del impuesto no resultaría, en cualquier caso, sencilla, ya que los Estados pueden "adoptar el Pilar 2 e imponer a sus multinacionales residentes un impuesto equivalente a la diferencia entre el tipo mínimo acordado y la tributación efectiva de las mismas en otros países", pero, al mismo tiempo, "sin acuerdo no puede imponer a las multinacionales no residentes que tributen por los beneficios generados en España, porque no lo permiten las normas vigentes de fiscalidad internacional, en particular, los denominados convenios de doble imposición". Las primeras serían Telefónica, Iberdrola o ACS; las segundas, Amazon, Twitter o Facebook.

"El listón queda tan bajo que cualquier empresa podrá saltárselo"

Así, apunta, "los acuerdos no podrán ser muy ambiciosos, ni en la determinación de las empresas afectadas (sectores, tamaños) ni en el importe del tipo mínimo que se fije. Pero, en todo caso, será un avance con respecto a la situación actual".

Por último, López Laborda rechaza que pueda hablarse de un intento de "armonización global" del Impuesto de Sociedades, aunque sí considera que "las propuestas en las que está trabajando la OCDE a instancias del G20 pueden tener efectos de largo alcance". Entre otras causas, añade, porque "los países más grandes han estado desde el principio detrás de los trabajos de la OCDE, en especial, Francia y Alemania, y ahora tienen más interés que nunca en que salgan adelante, porque les pueden proporcionar ingresos adicionales que precisan para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia".

Por su parte, Íñigo Macías, responsable de Investigaciones de Oxfam-Intermon, calificó de "decepcionante e incluso absurdo que el G-7 declare que esto es una ‘transformación integral’ del sistema fiscal internacional", ya que "un mínimo global del 15% se queda corto, no marcará ese punto de inflexión para acabar con el uso abusivo de los paraísos fiscales ni en la competencia fiscal".

"Nos hubiera gustado poder reconocer que este era el gran momento histórico de la reforma del sistema fiscal impulsado por las grandes economías del mundo para que las grandes corporaciones lleguen a pagar los impuestos que les corresponde donde les corresponde", anotó, pero "con este 15% en realidad no hacen más que alinearse con los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza o Singapur. El listón queda tan bajo que casi te tropiezas con él y cualquier gran empresa se lo saltará".

05/06/2021 18:03

Eduardo Bayona@e_bayona

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Manuela Beltrán, la comunera, rompió el edicto de nuevos impuestos en 1781

La mujer campesina, cultivadora de tabaco, revolucionaria, con cierto grado de educación que contó con la ventaja de poder leer y transmitir a la gente el contenido del edicto con los nuevos impuestos que notificaba el Visitador regente Juan Gutiérrez de Piñeros, representante del rey en la Real Hacienda, en la recaudación de los impuestos, que impuso varios, en especial uno llamado de Armada de Barlovento a los artículos de primera necesidad, algo así como el IVA de la época; era un impuesto a las ventas y por lo tanto recaía sobre todo el pueblo.

El texto que rompió Manuela Beltrán era donde se imponía el de armada de Barlovento, que la enfureció gritando: “Muera el mal gobierno, y no pagaremos la Armada de Barlovento”. La comunera socorrana de 57 años liderando la primera protesta frente a la alcaldía, las más de 2.000 personas que estaban en la plaza de mercado escucharon a Manuela y su arenga desató la rebelión. Se cree que Manuela Beltrán, después de participar en la insurrección, murió fusilada por las tropas realistas, aunque no se sabe la fecha.

Esa fue la chispa que hizo explotar la ira del pueblo, acumulada tras tantos impuestos, dando lugar a la insurrección de Los Comuneros el 16 de marzo de 1781. De una población de 759.000 habitantes, en el ejército revolucionario se organizaron 40.000 y participaron en la insurrección más de 100.000 personas, entre mujeres y hombres.

No solo fue una cascada de impuestos vigentes por años sino también exenciones, por ejemplo a los “consulados” o derechos de los pudientes para tener privilegios de todo tipo, e incluso exenciones para los cabildantes y por ser profesor de universidades. Una de las talanqueras que colocaron las autoridades del virreinato era la comprobación de derechos de sangre a judíos, indígenas, afros, mestizos pobres, etcétera.

La Nueva Granada pagaba unos impuestos demasiado altos, los que golpeaban al pueblo en sus diversas castas, sectores y clases sociales, con un régimen tributario más para países como Inglaterra –capitalista mercantil– que para este país –colonial, feudal-esclavista y mercantil–. De los 2.6 millones de pesos en recaudo para la corona, en solo estanco de tabaco y aguardiente eran 770.000 pesos, en impuesto a la sal, naipes y otros eran 861.000 pesos y fuera de esos se destinaban 600.000 pesos para gastos militares en la defensa de Cartagena y administración y avituallamiento militar. Los recaudos eran el 11 por ciento del PIB, algo absurdo. Y ese 11 por ciento era para la defensa militar de Cartagena, pagar la burocracia colonial y para administrar los estancos. A la corona le correspondían entre 200.000-500.000 pesos, una gran suma para la época y una verdadera expoliación para el pueblo.


¿Cuáles eran los impuestos?

 

1. Alcabala: impuesto a compra y venta de muebles e inmuebles, incluyendo a los esclavos.
2. Almojarifazgo: impuesto a la importación y exportación de productos.
3. Media Annata: impuesto a los funcionarios del estado por trabajar o para trabajar. También existía la Annata completa.
4. Quiento real al oro del 20 por ciento y a la plata del 10 por ciento, o impuesto minero.
5. Estanco: impuesto a productos de lujo, como el tabaco, aguardiente y juego de naipes.
6. Tributo: impuesto a los indígenas por ser súbditos de la corona. Se pagaba en trabajo, especie o dinero.
7. Diezmo: los Reyes Católicos lo impusieron, y era el 10 por ciento de la producción de la tierra para la Iglesia.
8. La Avería: impuesto a los productos que llegaban de o salían para España.
9. Cabezón: impuesto a la tierra que no se trabajaba.
10. Cobos: impuesto a las barras fundidas en quinto para hacer monedas del 1 al 1,5 por ciento.
11. Derrama: impuesto a los súbditos en tiempos de guerra.
12. Gabella: impuesto a la venta de sal.
13. Armada de Barlovento: impuesto a las ventas de los artículos de primera necesidad.
14. Valimentos: impuesto a los sueldos de los empleados.
15. Gracia del Sagar: era un impuesto pagado a la corona en agradecimiento por su dominio.
16. Mesada Eclesiástica: el 12 por ciento de lo recaudado en el año para los curas.
17. Escolios: tributo de los arzobispos a la corona.
18. Las vacantes mayores: renta que recibía la corona mientras se hacia la sucesión de obispos fallecidos..
10. Estancos: monopolios de los productos más importantes.
20. Bula de Santa Cruzada: tributo impuesto por el papa Gregorio VIII a las principales ciudades del virreinato.
21. Mayorazgo al vino: impuesto a las ventas de vino.
22. Sinodo: tributo de la feligresía al cura doctrinero.
23. Aduanilla: impuesto al derecho a usar puertos, bodegas y carreteras.
24. Barajas: impuesto al juego de naipes.

Como puede observarse, estaban dadas las condiciones para los levantamientos, protestas, motines por esta onerosa carga impositiva como los sucedidos antes de la rebelión comunera, en Mogotes, Simacota, Barichara, Charalá, Onzaga y Tunja. La rebelión estaba más que justificada.

 

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El coste de los derechos: ¿por qué la libertad depende de los impuestos?

Hay muchos libros que, concebidos en el fragor de la contienda ideológica, no logran conciliar la urgencia de su presente con la perspicacia y la profundidad de una labor intelectual que deje poso para el futuro. The Cost of Rights logra conjugar ambos extremos y eso es mucho decir en una época marcada por la ofensiva neoconservadora de los años 80 y 90 en Estados Unidos, desde Ronald Reagan hasta George W. Bush.

Llegué a este libro a través de una breve nota a pie de página en El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech. Publicado en 1999, no existe traducción al castellano y, sin embargo, resulta muy pertinente en el contexto de la España de hoy. Un texto realmente útil para el debate político concerniente a las políticas redistributivas, a la extensión de los derechos y a la fiscalidad progresiva.

Conviene aclarar que no se trata de una recopilación de las justificaciones más manidas de la tradición de la izquierda, sino, más bien, una reordenación de sus fundamentos argumentativos para dotarlos de mayor consistencia. El propio título del libro tiene ya de por sí solo un punto de provocación. Para muchos, sin duda, resultaría peligroso asociar dos términos como costes y derechos, o, más aún, considerarían que esa asociación implica una claudicación de partida.

Derechos positivos

Es cierto que los discursos neoconservadores denuncian habitualmente el gasto presupuestario “desproporcionado” que originan los derechos sociales desplegados en forma de servicios y prestaciones públicas: sanidad, educación, pensiones, etc. Ahora bien, lo que parecen olvidar es que esto puede aplicarse a todos los derechos y libertades reconocidos hasta el día de hoy. No hay ningún derecho que no origine costes financiados por la sociedad en su conjunto. El derecho de propiedad sería imposible de sostener sin una legislación que la respaldara, sin un sistema judicial que velara por ella y sin unos cuerpos de seguridad del Estado que la protegieran. Es más, los derechos y libertades pueden originar costes no solo presupuestarios sino sociales. Difícilmente alguien puede negar que el acceso desigual al derecho de propiedad favorece a unos individuos frente a otros promoviendo enormes desigualdades sociales.

Los costes que originan los derechos y libertades reconocidos legalmente son asumidos y gestionados desde las Administraciones Públicas. Pese a la retórica antiestatal de la derecha, lo cierto es que todos aquellos derechos y libertades que dicen defender dependen fundamentalmente de la intervención estatal. La tradicional distinción entre derechos positivos y negativos, entre derechos que requieren la acción del Estado y derechos que requieren su inacción es sencillamente un timo. Todos los derechos son positivos, todos entrañan costes, todos requieren la intervención estatal.

Un modo particularmente eficaz de demostrar que los derechos se afirman a través de y no contra el Estado es recordando que la propiedad privada no solo está protegida por la ley, sino que es la regulación estatal la que define la propiedad privada y, de ese modo, es también quien la crea. Es el Estado el que otorga títulos de propiedad, quien regula cómo pueden transferirse y en definitiva el que asigna qué le pertenece a quien. Jeremy Bentham dijo que “la propiedad y la ley nacen unidas y mueren unidas” y David Hume señaló que la propiedad privada es un monopolio garantizado y conservado por la autoridad estatal a expensas de lo público. Es decir que la propiedad privada es ante todo una institución política y en modo alguno preexiste a la ley y al Estado que son los únicos capaces de otorgar carta de legitimidad a aquello que un individuo particular reclama como suyo. Más aún, es fácil observar en términos históricos que la propiedad privada ha sido permanentemente subsidiada por el Estado que ha asumido como propios los costes que permiten a los individuos ejercer un dominio pleno sobre su propiedad.

Los mercados

Del mismo modo, tampoco puede trazarse una divisoria nítida entre los mercados y el gobierno. Son los Estados quienes han hecho posible el funcionamiento moderno de estos: unificando pesos y medidas, emitiendo una moneda nacional, regulando las relaciones económicas mediante el derecho mercantil, estableciendo un vasto sistema judicial y funcionarial que da estabilidad y seguridad a los intercambios, construyendo infraestructuras que permiten el transporte de mercancías, etc. Los mercados modernos no pueden funcionar fuera del perímetro de la ley. Sin gobierno lo que queda es un sistema económico derruido por la fuerza, el monopolio, la intimidación y la fragmentación. El funcionamiento de los mercados necesita a un Estado apoyado en los impuestos y el gasto público. Como el propio Hayek reconocía, la cuestión no es si el Estado debería actuar o no, él mismo era un crítico de la noción ambigua y confusa de ‘laissez-faire’, la verdadera cuestión es: ¿Qué tipo de gobierno para qué tipo de mercados?

Las razones esgrimidas por los neoconservadores para reclamar un Estado dirigido a proteger el monopolio de la propiedad privada y puesto al servicio de (quienes dominan) los mercados, son fundamentalmente de tinte moralista. Su explicación es que la extensión de los derechos fomenta la irresponsabilidad de los individuos. Sin embargo, nuestros derechos no solo no entran en tensión con nuestros deberes, sino que, de hecho, son correlativos. Al aceptar vivir en sociedad renunciamos a actuar de forma unilateral por fuera de las reglas que la sociedad ha establecido. Por ejemplo, renunciamos a poder tomarnos la justicia por nuestra mano para depositar esa potestad en la administración de justicia. El individuo, al salir del estado de naturaleza hobbesiano para integrarse en la sociedad política, asume sus normas. Esa renuncia es el germen de la responsabilidad y la disciplina en la vida social.

El argumento con el que los discursos reaccionarios tratan de respaldar ese discurso es que el derecho al bienestar desincentiva el trabajo productivo. Sin duda para mucha gente esa es una afirmación razonable, pero podemos examinar el argumento opuesto tal como lo planteaba nada menos que Adam Smith: “No parece muy probable que los hombres en general trabajen mejor si están pobremente alimentados que si están bien alimentados, si están descorazonados mejor que si están de buen humor, si están constantemente enfermos mejor que si gozan de buena salud”. Siguiendo ese razonamiento, el derecho al bienestar es una condición necesaria para el desarrollo de cualquier actividad, incluido el trabajo. La garantía del derecho al bienestar personal por parte del Estado no desincentiva el trabajo; en todo caso, lo que permite es que las personas puedan rechazar la explotación laboral y aquellos empleos incompatibles con su dignidad como seres humanos.

El declive moral

Desarrollando el hilo conductor del discurso neoconservador, la extensión de derechos fomenta una cultura del relativismo moral que conduce a los individuos a percibirse a sí mismos como víctimas y a buscar el amparo del gobierno promoviendo la dependencia, la autocompasión y la falta de iniciativa. Es una argumentación que consigue un doble efecto: por un lado, estigmatiza a los sectores subalternos y, por el otro, culpa a los programas sociales del gobierno de perpetuar el problema.

La alegoría de la libertad representada por un hombre fuerte, autosuficiente y orgulloso tiene en realidad muy escaso recorrido en cuanto se admite que las personas somos seres sociales. Un ciudadano libre es, de hecho, especialmente dependiente. La libertad se fundamenta en el reconocimiento de que todos dependemos unos de otros, por eso fijamos unas reglas comunes de modo que esa relación de dependencia no derive en comportamientos arbitrarios de unos contra otros.

¿De qué modo se garantiza la libertad de una persona con diversidad funcional? El discurso del orgullo y la autosuficiencia no da para mucho. Lo que ofrece garantías es el derecho a acceder a los medios que necesite, a estar acompañado por profesionales que le permitan vivir de forma autónoma, a tener infraestructuras adaptadas a su movilidad, etc. Pero esto no es algo restringido a un colectivo concreto, es un patrón general. Cualquier persona es más libre si ha podido instruirse a través del sistema educativo o si puede recibir asistencia médica cuando lo necesite. Por eso, podemos ser más libres precisamente a partir del reconocimiento de que somos seres dependientes.

Por su propia naturaleza, los derechos dan lugar a responsabilidades y viceversa. La sociedad reconoce derechos cuando asume la responsabilidad de que le está fallando al conjunto de sus miembros o a una parte de ellos. Al mismo tiempo, cuando se reconoce un derecho todos los miembros de la sociedad, empezando por quienes se benefician de ellos, tienen que adaptar su comportamiento a la regulación introducida por el Estado.

A menudo los derechos emergen cuando la sociedad falla. Si las normas sociales funcionan eficazmente y para el conjunto de la sociedad, los derechos pueden volverse innecesarios o redundantes. Pero, además, también hay reglas morales que pese a existir, se incumplen, y hay otros ejemplos de reglas morales, que, pese a cumplirse, son discriminatorias o perversas. Históricamente ha habido personas que no podían acceder a determinados puestos de responsabilidad por razón de su raza o su género. Que esas mismas personas luchen porque el Estado reconozca sus derechos y los garantice no es una prueba de pasividad, de dependencia o de conformismo, es todo lo contrario.

La redistribución

Tanto desde la derecha como desde la izquierda se tiende a alimentar la simplificación según la cual el Estado toma recursos de los contribuyentes para financiar programas sociales. Esto nos impide adoptar una perspectiva más amplia. El Estado es siempre redistributivo, no puede evitar serlo. Todas las actuaciones del Estado desplazan recursos de un lugar a otro y, por tanto, los redistribuyen. Cuestión distinta es qué dirección tome esa reasignación de recursos que, en términos sociales, puede beneficiar a los más pobres en detrimento de los más ricos, pero también puede provocar todo lo contrario.

No solo puede haber redistribución de arriba abajo y viceversa. Hay que recordar que la expansión de las llamadas clases medias fue posible precisamente al calor del desarrollo del Estado de bienestar y algunos de sus programas sociales más exitosos han fomentado la reproducción intergeneracional de este mismo estrato social. Aunque la educación sea un derecho universal en España, el acceso a la educación superior suele ser mucho mayor a partir de un determinado umbral de renta familiar. Los jóvenes de esas familias, aunque no sean ricos, pueden acceder a la universidad y completar sus estudios sin tener que pagar matrículas excesivas y sin cargar con la enorme deuda de los créditos de estudios.

Aunque los derechos sean universales, el acceso a los servicios y a las prestaciones que ofrece el Estado no está igualmente distribuido. Primeramente, porque aquellos individuos con una posición social privilegiada pueden hacer un uso más intensivo de determinados servicios públicos, pero también porque gracias a su capacidad económica pueden aprovecharlos mejor. No es solo que alguien más acomodado tienda a recurrir más a la administración de justicia para hacer valer sus intereses, es que también puede contratar a los mejores abogados para hacerlo de la forma más eficaz.

Un gobierno democrático, aunque quiera, no siempre lo tiene fácil para igualar la capacidad de todos los ciudadanos para ejercer todos sus derechos, pero sin lugar a duda debe evitar que el Estado se convierta en una máquina de (re)producción de desigualdades sociales que actúe exclusivamente en beneficio de los más ricos.

La escasez

De nuevo, es habitual, tanto desde la derecha como desde la izquierda, concebir los derechos como imperativos morales de obligado cumplimiento y, por lo tanto, como inviolables, innegociables y concluyentes. Sin embargo, los derechos son también un reflejo de las metas que la sociedad quiere alcanzar y, por lo tanto, son necesariamente aspiracionales y abiertos.

Como nos recuerda el título del libro, los derechos tienen costes, y nada que tenga costes puede ser absoluto, los derechos pueden garantizarse solo en la medida en que se asignen los recursos necesarios para ese fin. Por ese motivo, para tomarse en serio los derechos es necesario tomarse en serio el problema de la escasez. Además, no todos los derechos están perfectamente alineados en cada contexto, sino que, de hecho, pueden colisionar entre ellos de modo que el Estado tenga que escoger entre priorizar unos en detrimento de otros. Todo ello no significa que los derechos sean papel mojado, pero sí que supone que el mero reconocimiento de un derecho no implica que quede automáticamente asegurado, o al menos, no en su totalidad.

Por supuesto los derechos deben estar protegidos en su conjunto, pero hasta qué punto lo estén cada uno de ellos por separado depende de decisiones de quienes gestionan los distintos aparatos del Estado. Es por eso por lo que la lucha por los derechos no puede limitarse al terreno de las reivindicaciones sociales, sino que requiere también una traslación a la esfera institucional. No se trata solo de exigir reconocimiento sino de hacer política para decidir cuáles son las prioridades y qué metas merecen el esfuerzo conjunto de la sociedad.

 

Economista y diputado por Podem en las Cortes Valencianas

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Cae la reforma tributaria: Colombia ¡Triunfo popular!

 

La noticia se veía llegar. En el curso de la última semana de abril desde la Casa de Gobierno se anunció, en una declaración del 27 de abril, con clara pretensión de contener el llamado a la protesta ciudadana, que se retiraban del articulado de reforma tributaria los componentes relativos al IVA del 19 por ciento para los servicios públicos, a los funerales y a las pensiones.Tres días después, una nueva concesión: no aplicar el IVA a productos y servicios, no tocar la canasta básica familiar, no aplicar el IVA a los servicios públicos.

 

Decisiones tomadas a la luz de un alzamiento social que a pesar de la violenta represión desatada en contra de una sociedad indignada y desarmada copaba calles y plazas de docenas de ciudades del país.

Sin embargo las concesiones parciales no bastaron para desestimular la protesta, la que seguía por todas las coordenadas nacionales con una consigna básica: retirar todo el texto de reforma tributaria de su trámite parlamentario.

Y aunque parecía que no cederían, seguramente tras álgidas contradicciones en la Casa de Gobierno -que implica, si tiene algún grado de vergüenza, la renuncia del jefe de la cartera de Hacienda-, la orden llegó el 30 de abril, cuando Duque declaró:

“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado”.

Mientras esto ocurría las balas de la “fuerza pública” impactaban decenas de personas, en especial en Cali, pero también en otras ciudades, dejando un saldo de asesinados aún por precisar pero que hasta el día 1 de Mayo sumaban más de 10 personas, y decenas de heridos. Los detenidos, quienes sufrieron garroteras sobre sus cuerpos, las mujeres violentadas en su intimidad, las y los jóvenes que perdieron por lo menos uno de sus ojos, quienes padecieron el allanamiento de sus hogares, en fin, todas aquellas personas víctimas del autoritarismo vigente en Colombia, sumaban centenares. Una realidad desconocida por el establecimiento que en sus declaraciones sobre el desarrollo de la protesta nacional solo informaba de policías heridos por los manifestantes.

A pesar de esa realidad, a pesar de la ola de terror, la ira popular seguía en aumento, encabezada por un mar de juventud, una generación de relevo que desconfía profundamente de una institucionalidad creadora y soporte del paramilitarismo. Una Colombia otra es su sueño y aquí tienen su primer triunfo, que no es menor.

Para ellas y ellos, esas nuevas juventudes que se tomaron calles, avenidas y plazas, arriesgando su salud y vida ante el posible contagio por covid-19, la realidad es clara: “Si el pueblo marcha en pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus”.

Ahora se abren las compuertas, según el gobernante, para negociar con toda la sociedad un nuevo cuerpo de reforma tributaria, y desde este lado de la sociedad, desde los/as negados/as y oprimidos/as, un aspecto fundamental tiene que alimentar esa discusión: ¡Que la crisis la paguen los ricos!

 

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Reforma tributaria. El futuro es de otros

Después de la presentación de la nueva Reforma Tributaria, tercera en lo corrido del actual gobierno, se revivió una ola de inconformismo social congelada desde inicios del 2020 por efectos de la pandemia generada por el covid-19. No es casual que así sucediera, pues tal pretensión económica, política y fiscal no atina a cobrar más impuestos a quienes más tienen sino que, consecuentes con un gobierno de ricos y para ricos, descarga el peso impositivo sobre la clase media y los sectores populares en general, una y otros golpeados por el desempleo, la informalidad y, además, ahora impactados por los efectos de económicos y sociales de la crisis pandémica.

Una realidad que da motivo para que retome aliento la agenda de acción y exigencia social por vida digna y transformación social, que desde el Comando Nacional de Paro alimentó jornadas de moviliación durante el 2019, y contenida por efectos de la crisis de salud pública que golpea al Sistema Mundo Capitalista desde el 2020.

Es así como desde el mismo Comando Nacional de Paro se efectúo hace dos meses el llamamiento a la sociedad colombiana para retomar el reclamo callejero, con agenda similar a la del 2019 (https://cut.org.co/pliego-nacional-estatal-2021) aunque con el foco inmediato dirigido sobre la reforma tributaria, para que sea hundida en el debate en el Congreso de la República.

El llamamiento es para que el 28 de abril, sabiendo resguardar la protección individual y colectiva que demanda la necesaria contención del covid-19, la voz de la inconformidad se haga sentir por todo el país.

Para revisar los motivos que dan pie a este llamado, hablamos con Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Según Orjuela; La reforma contiene medidas que resultan muy nocivas para múltiples sectores de la sociedad, ya que, se añadirán impuestos a los servicios de los estratos 1, 5 y 6, a la vez que el IVA para la gasolina se incrementará al 19 por ciento impactando en los bolsillos de toda sociedad colombiana ya bien sea directa o indirectamente.

Un punto fundamental que atenta contra los intereses del pueblo colombiano, puntualizado por el mismo secretario de la CUT, es el de la gradualidad, pues de entrada en esta RT comienzan a pagar IVA por el consumo de los servicios públicos los estratos más altos, lo que sienta un precedente para que a futuro impongan igual medida a los estrato 3, 2 e incluso poner a tributar al estrato 1, el más vulnerable de todos.

Sucede similar con otras medidas, como la declaración de renta, ahora ampliada a quienes devenguen más de dos salarios mínimos mensuales. En palabras del secretario de la CUT “3 millones de nuevos colombianos comenzarán a tributar en plena crisis por la pandemia, por eso invitamos a todos a marchar este 28 en protesta pacífica y democrática” aseveró Diógenes Orjuela, quien también catalogó de perverso al IVA del 19 por ciento, y el cual es un impuesto que pagamos todos los colombianos por igual.

Ante las numerosas críticas, en el pliego de demandas disponible en la pagina de la CUT, se plantea la importancia y necesidad de una tributación en equidad, es decir, que aquellos que acumulan grandes cantidades de capital tributen en relación a sus ganancias y quienes ganan menos tributen en concordancia con sus ingresos, teniendo así menor presión tributaria.

Una reforma totalmente lesiva para las mayorías sociales, y que demandaría un conocimiento a detalle de cada uno de sus componentes, pero no es así, como quedo al desnudo por propia aceptación de Iván Duque al reconcoer en una entrevista al no tener claridad sobre lo incluido en la reforma, pues cuando se le preguntó sobre el impuesto a la realización de ceremonias fúnebres, aseguró que ese tipo de prácticas no deberían tener impuestos y apeló a no tener idea de por qué esa medida se “coló” en el documento oficial de la RT. ¿Alguién le creerá?

La mesa está servida y el gobierno ha movido sus fichas, es hora de que la ciudadanía entienda su rol en el tablero y mueva las suyas acudiendo a la movilización social como principal herramienta, pues de otra forma, sin gente en las calles, el establecimiento continuará tranquilo, gobernando exclusivamente para unos cuantos, aquellos que desde siempre han tenido el futuro en el bolsillo.


Aspectos sutanciales de la RT

  1. Las tres reformas tributarias de la administración Duque (2018-2022) tienen un común denominador: beneficios para las grandes empresas y mayor carga tributaria sobre el 80 por ciento de la población pobre y vulnerable a través de un mecanismo que exprime por partida doble: de una parte, mayores impuestos a los ingresos personales y, de otra, al consumo en la compra de la canasta básica familiar.

La recién radicada en el Congreso reforma tributaria es la tercera del actual gobierno, que alega que es necesaria por el déficit fiscal acumulado por el país producto de los gastos sociales que debió cubrir para poder atender la crisis de salud pública y económica generada por la pandemia del covid-19. Gastos efectivos pero que no son la causa real de tal déficit, el que fue generado por la dádivas otorgadas por el gobierno Duque a través de su segunda RT.

Como podrá recordarse, en la segunda de estas reformas (2019), la llamada ‘Ley de Crecimiento Económico’, se redujeron gradualmente los impuestos sobre la renta a las grandes empresas del 33 al 30 por ciento, de manera progresiva. El costo para el fisco de esta condescendencia significó un menor recaudo de $1,3 billones en el primer año; para el segundo de $ 2,7 billones y para 2022, de mantenerse, la reducción del recaudo alcanzará los $ 4,3 billones. Además, en la adquisición de bienes de capital se rebajó el 100 por ciento en la tarifa del IVA.

  1. El artículo 15 de la RT3D propone crear el Programa Ingreso Solidario como una renta básica, el cual será un programa de carácter permanente que corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza así como las brechas de ingreso en el país. Sus beneficiarios serán los hogares que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema (art. 17). Para el año 2021 la transferencia para una persona indigente o pobre se estima en $80.000; en un hogar indigente compuesto por 6 personas la transferencia alcanza la cifra de $366.101 y en uno pobre de $252.142 (art. 18).

Como debe recordarse, una cosa es una renta básica, sin condiciones y otra un subsidio, como el propuesto por este gobierno con otro nombre, mecanismo de administración del hambre y de la pobreza, mecanismo de control y sometimiento social

  1. En otro de sus tópicos, el gobierno nacional destinará anualmente recursos para el aporte al pago parcial o total del valor de la matrícula de los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad de las instituciones de educación superior públicas, en programas de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria (art. 30), dando así continuidad a la concepción de subsidiar la demanda en lugar de promover un sistema universal gratuito, dejando, a la vez, que las instituciones públicas continúen aumentando sus déficits presupuestales que las está conduciendo a la insolvencia.  
  2. Adicional a estos programas, se busca mejorar la cobertura del sistema de compensación del IVA, con el que se haría una transferencia mensual de $45.000 a unos 4,7 millones de hogares.
  3. También pretenden con esta reforma6. aplicar un impuesto a las pensiones más altas. La idea inicial es empezar a gravarlas a partir de percibir 4 millones/mes.
  4. Para que no quede dudas sobre a quién afecta la reforma y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, en este frente el Gobierno busca “preservar la competitividad del país”, por lo que una primera medida dentro del articulado será reducir la tarifa de renta a las Personas Jurídicas, que sería de 24 por ciento para las empresas pequeñas y tendría una tarifa máxima de 31 por ciento en 2022 y que disminuiría al 30 a partir de 2023.
  5. También se anunció que se mantendrán hasta 2022 los beneficios tributarios que están relacionados con economía naranja y turismo y hasta 2025 los relacionados con la construcción de hoteles. Así mismo, se mantendrá el descuento del IVA a los bienes de capital.
  6. El artículo 156 da poder a los alcaldes de las ciudades capitales para instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentren a su cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta.
  7. Poder para imponer

El proyecto de la extrema derecha en Colombia ha consistido en apoderarse y controlar todas las ramas de poder: legislativo, ejecutivo y judicial, sin dejar de lado los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo). El proyecto de reforma tributaría trae un mico escondido que pretende darle poder omnímodo a Duque, es decir, un sin límites ni contrapeso, lo que le garantizaría al actual gobernante dar rienda suelta a sus deseos y actuar de acuerdo con los intereses de su clase y el proyecto político que imponen, sin preocuparse por las consecuencias en los demás grupos o clases sociales. El artículo 34 señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la CP, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la reforma, expida normas con fuerza de ley para:

  • Suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.
  • Disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional.
  • Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades escindidas, suprimidas, fusionadas, reestructuradas, modificadas o disueltas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley.

Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.


Los pobres, los más afectados

No hay que olvidar que en Colombia los pobres no solo son los que viven en evidentes condiciones de precariedad en sus viviendas, o mal trajeados. El amplio espectro de los mismos está integrado por la población rural (campesinos y comunidades étnicas), los desempleados (16,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) durante lo corrido de 2021), los que tienen pleno empleo pero salarios bajos (el 80% de los trabajadores devenga menos de 2 SML), los que tienen jornadas parciales o son trabajadores transitorios o informales (dos terceras partes de los ocupados), los mayores de 65 años sin pensión (de cada cinco viejos, cuatro no lograron beneficiarse del sistema de pensiones), los inactivos desalentados (trabajadores que abandonaron el mercado laboral), los jóvenes que hacen parte de la PEA, los hogares con jefe de familia mujer y las familias cuyo jefe de hogar ha quedado incapacitado para trabajar.

La protesta te espera

Estos son algunos de los componentes de la RT, hay más, pero con estos es más que suficiente para revisar y comprender que es necesario actuar como un solo cuerpo, solidario, para enfrentar la pretensión oficial de gravar más a un amplio segmento de nuestra sociedad. Pero también, como está explicado, para contar con manos libres para hacer y deshacer, que de así ser veremos vendidos los pocos bienes públicos de carácter estratégico con que aún cuenta nuestra sociedad. Bienes de todas y de todos, conseguidos fruto del trabajo de todas y de todos. Pensar colectivo es una necesidad fundamental ante un gobierno que solo es “garantista” para unos cuantos.

 

Artículo relacionado:

Reforma tributaria. El futuro es de otros
David Villalobos, 27 de abril de 2021

Publicado enColombia
El FMI propone una 'tasa covid' temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura de la crisis

La institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de la covid-19 para lo que plantea que en los países avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones.

"Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza", señala el Fondo en la última edición de su informe Monitor Fiscal.

En este sentido, la institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El FMI recuerda que este tipo de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente durante circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013).

Asimismo, el Fondo considera que un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, ha subrayado la necesidad de obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección, añadiendo que los países deberán abordar este problema de diferentes formas.

"En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza", ha explicado. 

De este modo, Mauro ha apuntado que en las economías avanzadas existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. "Hay muchas opciones disponibles", ha añadido.

En este sentido, el funcionario del FMI ha señalado que una opción específica sería "una contribución para la recuperación de la covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad". 

MADRID

07/04/2021 16:29

Europa Press

Publicado enEconomía
Cuánto se pierde por los paraísos fiscales

Informe del Panel FACTI, creado hace un año por Naciones Unidas

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal, unos 7 mil billones de dólares.

 

Alrededor del 10 por ciento del PBI mundial está escondido en jurisdicciones con opacidad fiscal. Se trata de una riqueza de 7 mil billones de dólares canalizada a través de paraísos fiscales. Solamente teniendo en cuenta el flujo de fondos derivado de la operatoria de las multinacionales con jurisdicciones cuyos sistemas impositivos son reducidos o nulos, el costo para los países en términos de pérdida de recursos fiscales asciende a unos 500 a 600 mil millones de dólares por año. Se calcula que un 2,7 por ciento del PBI global es lavado de dinero que proviene del crimen.

Los datos del párrafo anterior constituyen la principal señal de alarma que plantea el informe del Panel FACTI (Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financiera), creado hace un año en el marco de Naciones Unidas. “El panel propone un acuerdo global en el cual todos los países acepten adoptar medidas para fortalecer la integridad financiera para el desarrollo sostenible”, dice el trabajo, presentado este jueves mediante videoconferencia.

Entre las recomendaciones del informe, sobresale la propuesta de aplicar una tasa mínima global para las empresas de entre el 20 y el 30 por ciento sobre las ganancias, "lo cual ayudaría a limitar los incentivos a la operatoria de las empresas con los paraísos fiscales y a la competencia entre países para bajar impuestos".

"Está demostrado que la competencia fiscal y la reducción de los tipos del impuesto de sociedades no traen inversión como tal. Sólo trae flujos financieros, sin más actividad y empleo en el país que ha reducido los impuestos. Pero sí provoca una reducción de los ingresos fiscales para todos los países", indicó José Antonio Ocampo, Profesor de la Universidad de Columbia y uno de los autores del informe.

¿Cómo se mide?

Los flujos ilícitos de dinero o los artilugios financieros para evadir impuestos están confeccionados para escapar a los organismos de control, por lo cual son naturalmente muy difíciles de medir. El informe del FACTI explica que una de las formas utilizadas para realizar estimaciones es medir los desvíos entre la información de comercio exterior: si Argentina en teoría exportó por 100 millones a Estados Unidos, el país del norte debiera haber importado por la misma cuantía desde el territorio nacional. Sin embargo, esto no es así.

El informe detalla que, por ejemplo, los estudios sobre el intercambio comercial de Japón arrojan discrepancias de 31 mil millones de dólares todos los años, mientras que entre 2006 y 2015 se calcula que el margen de error es de 44 mil millones de dólares en Costa Rica.

Otro capítulo está vinculado al esquema de desviación de ganancias de parte de multinacionales en favor de los países con alta opacidad fiscal. “La pérdida de recursos fiscales derivada de esta práctica se calcula a partir de las desviaciones entre las ganancias de las empresas y la actividad económica real”, indica el documento.

¿Cuánto es?

En el caso de Canadá, esa pérdida de la recaudación se calcula en 5,7 mil millones de dólares por año, mientras que para Tailandia, es de 1,1 mil millones de dólares. El Estado alemán pierde 35 mil millones de dólares por año en elusión fiscal y en Sudáfrica la pérdida anual de recursos a partir de la planificación fiscal nociva por parte de los multinacionales es de 3 mil millones.

En el caso de Brasil, la pérdida de recaudación se calcula en 15 mil millones de dólares al año, lo cual serviría para construir hogares para 8 millones de familias de bajos ingresos. Si bien el informe no presenta estimaciones para el caso argentino, se puede calcular lo siguiente: si el grado de perjuicio para las finanzas públicas es proporcional al caso brasileño, en 2019 los recursos en juego hubieran más que alcanzado para financiar el déficit fiscal primario de 95 mil millones de pesos.

¿Quiénes son?

"La mayor responsabilidad radica en los centros financieros tradicionales de los países desarrollados, donde se encuentran los mercados más grandes y los servicios profesionales de las empresas", indica el informe, aunque aclara que "todas las jurisdicciones, incluyendo aquellas que tratan de construir nuevos centros financieros, deben asumir la responsabilidad de lo que sucede en su territorio". 

"Banqueros, abogados y contadores son actores importantes en la organización de los negocios y al igual que los asesores, facilitadores, negociadores y mediadores, están en su derecho de cuidar por los intereses de los clientes. Sin embargo, esto no los excluye de actuar de forma ética y en línea con los valores y las normas globales", agrega

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En el ranking de paraísos fiscales, Luxemburgo ocupa el sexto lugar, detrás del primer lugar de las Islas Vírgenes Británicas y mucho antes que Andorra. En la imagen, una sucursal de la Banca Privada de Andorra. Foto tomada de Internet

Le Monde y otros 16 medios detonaron el OpenLux sobre el paraíso fiscal de Luxemburgo (http://bit.ly/3aKsBEY): "caja fuerte" de la Unión Europea donde “cerca de la mitad de los negocios comerciales registrados son “ holdings financieros”: sociedades off shore, que totalizan 7.9 trillones (en sistema anglosajón) de dólares.

Con tal suma colosal, el paraíso fiscal de Luxemburgo vendría detrás del PIB nominal de China y antes del de Japón y Alemania. Le Monde juzga que “detrás de esos sabios montajes y filiales en cascada ( sic)” identificó a las principales empresas del índice bursátil de Francia, así como a las "grandes fortunas" y "tenencias" de celebridades y "criminales de cuello blanco".

Le Monde reagrupó una amplia base de datos de los verdaderos dueños de “140 mil ( sic) sociedades matriculadas” con sus activos financieros”, lo que hace de Luxemburgo "un actor clave de la evasión fiscal en Europa", cuyas "prácticas cuestan a sus vecinos billones de euros en evasión fiscal", lo cual se ha vuelto "insostenible" debido a la crisis de Covid-19, que "ha exacerbado las desigualdades", a juicio del economista francés Thomas Piketty (TP; http://bit.ly/2ZG6tFG).

Sus límites geográficos singulares permiten sus ósmosis financieras con Bélgica (130 kilómetros de frontera) y con dos potencias geoeconómicas del G-20: Alemania (128 kilómetros de transfrontera) y Francia (69 km).

El diminuto Luxemburgo, con 2 mil 586 kilómetros cuadrados, cuenta con una población exigua de 639 mil 589 habitantes y ostenta un raquítico PIB nominal de 68 mil 613 millones de dólares –lugar 70 del PIB nominal global–: ¡la décima parte que lo que mueve como capitales golondrinos!

En forma impactante, Luxemburgo detenta el primer lugar del ranking del PIB nominal per cápita con 109 mil 602 dólares, según el FMI (datos de 2020). En el ranking de 64 paraísos fiscales del Corporate Tax Haven Index (http://bit.ly/3aGp4ru ), Luxemburgo ocupa el sexto lugar, detrás del primer lugar de las Islas Vírgenes Británicas (http://bit.ly/2OTWz0U) y mucho antes que Andorra (sitial 51; http://bit.ly/2MfAWaz).

Haber descubierto las cuentas offshore de Miguel de la Madrid Hurtado en Luxemburgo mientras fungía como director del Fondo de Cultura ( sic) Económica valió mi expulsión de una revista local (https://youtu.be/281s-w0fjlk).

TP –quien merece el Premio Nobel de Economía mucho más que los parásitos monetaristas neoliberales que han acaparado la presea en forma asimétrica, pues se ha encumbrado como el apóstol del combate a la desigualdad– escudriñó los hallazgos de OpenLux y avanza dos luminosas propuestas: 1) "la primera prioridad debe ser la recuperación social, ambiental y de salarios"; y 2) el “mayor atesoramiento privado de riqueza tendrá que ser usado en algún punto ( sic) para financiar la recuperación social y reducir la deuda pública”, lo que requiere "mayor transparencia financiera", con el fin de poner en marcha un "sistema de contribuciones más justo".

Juzga que el Laboratorio de Desigualdad Mundial (https://bit.ly/3kk5x3d) ha propuesto "modelos de tablas" que pueden ser mejorados.

TP comenta en forma sarcástica que "la idea general es sencilla: los multimillonarios se encuentran en todos lados en las revistas y ya es tiempo de que aparezcan en las estadísticas de los impuestos". ¡Uf!

Aporta como ejemplo "histórico" el alemán Lastenausgleich (sistema de repartición de cargas), óptimamente analizado por Michael Hughes, adoptado por la mayoría democratacristiana (http://bit.ly/3bx7iG7) en 1952, que constituyó un "éxito de la reconstrucción europea de postguerra", lo cual amerita un próximo escrutinio.

Ya en el año 594 aC, el inconmensurable poeta y legislador Solón de Atenas, uno de los Siete Sabios de Grecia, impulsó la derogación de "la esclavitud por deudas" que hoy, 2 mil 615 años después, la insolente ciberplutocracia ha impuesto a 99 por ciento de la humanidad. La "democracia" nació 86 años después de la abolición de la "esclavitud por las deudas", con Clístenes, familiar de Solón.

La verdadera "democracia" atiende ante todo la esclavizante desigualdad.

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Informe Cómo pagar por la pandemia y una transición justa, elaborado por el TNI

Un informe del Transnational Institute detalla diez medidas para recaudar los suficiente para financiar la salida de la crisis del covid, lograr los objetivos de desarrollo sostenible, una transición climática y reparaciones para la esclavitud.

 

Recaudar 9,4 billones de dólares al año durante los próximos diez años mediante diez medidas a tomar de manera global para financiar otras diez acciones que cubrirían los costos de la pandemia, combatir el cambio climático, pagar reparaciones por la esclavitud y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que detalla el informe Cómo pagar por la pandemia y una transición justa de la organización con sede en Países Bajos Transnational Institute (TNI) publicado hoy.

Las diez propuestas de financiación progresista para recaudar dicha cantidad han sido elaboradas anteriormente por organizaciones internacionales, grupos de estudio, académicos y movimientos sociales. Impuestos nuevos a la riqueza y las ganancias de las empresas, reformando los subsidios a los combustibles fósiles, gravando el carbono, reencauzando el gasto militar, cancelando la deuda y emitiendo DEG, el planeta podría recaudar más de nueve billones de dólares al año durante los próximos 10 años. “Como colectivo”, ha dicho el investigador y autor del informe, Ben Tippet, “podemos permitirnos la construcción de un futuro mejor, siempre que los ricos y poderosos lo paguen”. Sobre el informe ha explicado que demuestra que es perfectamente posible “mediante unas pocas medidas de política abordar la pandemia y construir un futuro vivible que trate a la humanidad con equidad y dignidad”, matizando que “avanzar hacia un mundo justo depende del poder político y no de la disponibilidad de recursos financieros”.

 “El informe no deja dudas de que los Gobiernos tienen una variedad de opciones para recaudar los fondos necesarios para la una mejor reconstrucción”, ha declarado Lavinia Steinfort, otras de las investigadoras del TNI que ha participado en el informe. “Es hora de centrar nuestros esfuerzos en adoptar medidas colectivas comunitarias a nivel mundial para lograr finanzas públicas que sirvan a la sociedad”, ha matizado.

1. Un impuesto mundial a la riqueza

Basándose en la propuesta del economista francés Thomas Piketty, el informe plantea un impuesto progresivo según los niveles de riqueza. Como no existe una autoridad fiscal internacional, explica el texto, esta propuesta debería plantearse a nivel nacional y redistribuirse en todo el mundo. 

Aplicando una tasa del 1,5% a todas las fortunas que superen los mil millones de dólares, tal y como ha propuesto Oxfam, podría recaudar entre 70.000 millones y 100.000 millones de dólares por año. Aplicando una tasa impositiva del 1% a toda la riqueza neta superior a un millón de dólares, podríamos recaudar más de un billón de dólares al año. Si la tasa se elevara al 5 %, se podrían recaudar 5,795 billones.

2. Gravar la renta del capital de la riqueza privada en el extranjero

Se calcula que la riqueza que particulares mantienen en el exterior oscila entre 7,6 billones y 32 billones de dólares. Si se gravara a las tasas actuales todo ese patrimonio oculto, el informe calcula que se podría recaudar hasta 125.000 millones de dólares al año. “No es una política para aplicar un impuesto nuevo, sino para dejar de brindar oportunidades para que los ricos escondan su riqueza en el extranjero”, explican desde la organización.

Con el fin de aplicar este impuesto y el de la riqueza, los activistas abogan por un registro de activos internacional donde quede constancia de quiénes poseen activos y en qué cantidad, al que podrán acceder todos los países del mundo. El registro global de activos beneficiaría particularmente al Sur Global, al cerrar “los posibles flujos de capital financiero ilícito de los plutócratas que ocultan su patrimonio en el Norte”.

3. Un impuesto a las ganancias extraordinarias

Solo imponiendo un impuesto a las 32 empresas más rentables del mundo y a sus ganancias extraordinarias durante el covid-19 se podría recaudar 104.000 millones de dólares al año, según los cálculos de Oxfam. Las ganancias extraordinarias son aquellas que una empresa obtuvo durante la pandemia por encima del promedio de los últimos cuatro años, de 2016 a 2019. Gravando el 95% de ese beneficio extra de tan solo una treintena de empresas, se recaudaría dicha cantidad, pero la recaudación si se apliara a todas las empresas que han obtenido beneficios extras gracias a la pandemia sería muy superior. 

Los Estados Unidos impusieron un Impuesto a las Ganancias Excesivas en las dos guerras mundiales a las empresas que se enriquecían en la guerra y la posterior crisis. Gran Bretaña también lo aplicó, llegando en ambos países a tasas del 80% y el 95%.

4. Gravar las ganancias de las empresas en el extranjero

Si se eliminaran las oportunidades de traslado de ganancias a los paraísos fiscales y las empresas tuvieran que pagar impuestos en los países donde contratan a sus empleados y venden sus productos, según los cálculos del informe, se recaudaría entre 200.000 y 600.000 millones de dólares al año.

Un mecanismo para acabar con el traslado de ganancias empresariales es armonizar el impuesto de sociedades con una tasa mínima común en todos los países. La OCDE ya ha propuesto una tasa del 12,5%, que recaudaría 100.000 millones de dólares al año, pero dicho porcentaje haría bajar su impuestos de sociedades a la mayoría de los países al ser más bajo que el que cobran actualmente. En cambio, el informe recomienda un impuesto mínimo del 28%. Solo en el caso de las empresas estadounidenses, dicho impuesto recaudaría 758.000 millones de dólares entre 2021 y 2030.

5. Impuesto a las Transacciones Financieras

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), popularmente conocido por Tasa Tobin, recauda dinero al aplicar una pequeña tasa a la compraventa de acciones, bonos y derivados. Las tasas de este cálculo surgen de la propuesta que la sociedad civil presentara en 2011 para implementar un impuesto a las transacciones financieras en la Unión Europea, denominado “impuesto Robin Hood” (0,1 % a la compraventa de instrumentos de acciones y bonos y 0,01 % a las transacciones de derivados). Aunque las tasas que pretendían los activistas eran bajas, y aunque tuvo cierto apoyo inicial de varios gobiernos de la UE, el impuesto aún no se ha instrumentado debido a fuertes presiones del sector financiero. En el Estado español se ha aprobado recientemente dicho impuesto, pero no gravará los productos derivados, solo las acciones de empresas españolas que superen los 1.000 millones de euros de valor bursátil, lo que mengua enormemente su poder recaudatorio.

6. Impuestos a la contaminación

La eliminación de los subsidios públicos a la industria de los combustibles fósiles y la aplicación de un impuesto sobre el costo de la contaminación podrían recaudar 3,2 billones de dólares adicionales por año, según el informe. En la actualidad, gobiernos de todo el mundo subvencionan los combustibles fósiles con una suma de entre 296.000 a 478.000 millones de dólares al año. La cifra de 3,2 billones por año incluye cuánto costaría reencauzar esos subsidios directos, además de implementar un impuesto al carbono.

7. Reencauzar el 10 % del gasto militar mundial

El gasto militar mundial en 2019 ascendió a 1,917 billones de dólares. Corea del Sur, por ejemplo, anunció que recortará un 2 % (738 millones de dólares) su presupuesto de defensa del próximo año, y Tailandia lo reducirá un 8 % (557 millones). El dinero se destinaría a un fondo de ayuda en casos de desastre y a un paquete de estímulo, respectivamente. Reencauzar el 10 % del gasto militar mundial hacia la lucha contra las verdaderas crisis de seguridad podría recaudar entre 143.700 y 191.700 millones de dólares por año en todo el planeta, según los cálculos del TNI.

8. Condonación de la deuda al Sur Global

Más de 30 países se enfrentan actualmente al incumplimiento de pago de su deuda internacional. En 63 países empobrecidos, el promedio de pagos de la deuda externa pública aumentó del 5,5 % (como parte de los ingresos públicos) en 2011 al 12,4 % en 2019, y se estima que crecerá claramente en los próximos años.

En abril, el FMI anunció un alivio de la deuda de aproximadamente 214 millones de dólares para 25 de los países más pobres del mundo, y el G20 acordó una moratoria bilateral del pago de la deuda para los países de bajos ingresos hasta finales de 2020. Sin embargo, como han argumentado grupos activistas, el cese del servicio de la deuda no es lo mismo que la cancelación de la deuda. Y en total, ese alivio solo asciende a 20 000 millones de dólares, una reducción insignificante cuando se calcula que el Sur Global pagará 3,9 billones de dólares por el servicio de la deuda este año. La condonación de la deuda, de la magnitud que pide la UNCTAD, podría liberar el equivalente a 100.000 millones de dólares por año para el Sur Global durante los próximos 10 años.

9. Derechos Especiales de Giro

Los derechos especiales de giro (DEG) son la “moneda” internacional del propio FMI. Los DEG son activos seguros cuyo valor está determinado por una canasta multipolar de monedas. Los países pueden cambiar DEG por monedas, brindándoles así a los países que carecen de reservas de divisas sustento de liquidez internacional durante una crisis. La emisión se puede comparar con la financiación monetaria en el sentido de que el FMI les da a los países dinero nuevo sin ninguna expectativa de pago. De esta forma, los estados adquieren dinero y dejan de endeudarse. Los DEG, además, tampoco vienen acompañados de acuerdos de condicionalidad, como los préstamos actuales del FMI.

En el sistema de asignación actual, los DEG se distribuyen según el poder de voto en el FMI, que está injustamente dominado por los países más ricos del mundo.113 Por ejemplo, si se crearan 4 billones de dólares en DEG, solo 250 000 millones les llegarían a los países africanos. Si bien los países ricos, que ya tienen acceso a la liquidez internacional, podrían donar sus DEG restantes a los países que los necesiten, eso no estaría garantizado.

10. Un nuevo Plan Marshall

Para pagar los costes de la pandemia y una transición justa se necesitará tanto la redistribución de recursos del sector privado hacia el sector público (como lo hacen en gran medida las propuestas anteriores), como la redistribución de recursos dentro del sector público del Norte Global al Sur Global. Este plan Marshall en forma de donaciones adopta esta última estrategia. Un nuevo Plan Marshall, del monto solicitado por la UNCTAD, podría recaudar el equivalente a 50.000 millones de dólares por año para el Sur Global durante los próximos 10 años. 

¿Cómo se financiará? El informe propone que los bancos centrales y los bancos de desarrollo recauden el dinero de esas donaciones. Eso ayudaría a retener los fondos en la esfera pública, que podrían reinvertirse en proyectos sociales en el futuro.

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