Viernes, 01 Mayo 2020 06:40

Maduro camina en un campo minado

Disturbios y saqueos en Upata, Venezuela. / Foto: RRSS

¿Se avecina una insurrección popular en Venezuela?

 

Con la crisis petrolera y el desplome de las remesas que los emigrantes venezolanos envían a su país, el presidente Nicolás Maduro ve temblar el piso bajo sus pies. Saqueos y protestas, ocasionados por el aumento del costo de los alimentos y la escasez de combustible, desafían la cuarentena.

Desde Caracas

No sólo Trump y Bolsonaro están en aprietos. El gobierno venezolano ha entrado en un campo minado que podría explotar sin necesidad de intervención extranjera alguna. Durante los últimos días se registraron protestas en diversos lugares de la geografía nacional: Upata (suroriente), Cumaná y Margarita (oriente), Maracaibo y Barquisimeto (occidente) y Valles del Tuy (centro norte). El aumento del costo de los alimentos parece ser el principal factor de descontento. Por las redes sociales se pueden observar marchas, saqueos, enfrentamientos con policías y militares, heridos de bala y otras situaciones tumultuarias. Todo ello a pesar de las restricciones de movimiento debido a la cuarentena, decretada el 17 de marzo y vigente hasta el 12 de mayo.

SIN GASOLINA NI REMESAS.

A fines de marzo, cuando la pandemia comenzaba a azotar Estados Unidos, Donald Trump decidió radicalizar el régimen de sanciones contra Venezuela y poner precio a las cabezas de Maduro y varios funcionarios de su gobierno. Washington movilizó incluso una flota militar cerca de las costas venezolanas para “combatir el narcotráfico”.

Por la misma fecha y de forma súbita, la petrolera rusa Rosneft se fue de Venezuela, obligada por las sanciones estadounidenses. Aunque la empresa simplemente traspasó sus acciones a otra estatal rusa, el mayor problema para Moscú y Caracas estriba en los precios internacionales del crudo: ya en esas fechas –y antes de la histórica caída de los precios a valores menores a cero registrada la semana pasada– la mayor parte del petróleo venezolano se vendía a apenas 10 dólares el barril, como consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudí antes de la expansión mundial del coronavirus.

La impresionante baja de los precios internacionales del crudo acentúa los problemas de liquidez del Estado y podría ocasionar así un colapso de la política de asistencia alimentaria desarrollada por el gobierno, de la que viven los sectores más empobrecidos. Por si fuera poco, mientras afuera sobra petróleo, adentro falta combustible: en las últimas semanas la escasez de gasolina sacudió Caracas y vastos sectores productivos se paralizaron. La producción de combustible apenas alcanza para mantener en marcha lo poco de transporte público que sigue en funcionamiento a pesar de la cuarentena. Lo que es peor, Venezuela carece de un sistema ferroviario a la altura de sus necesidades y es fuertemente dependiente del transporte de camiones a gasolina para llevar comida y enseres básicos a las ciudades.

A esto se suma el problema de las remesas. Desde que en 2016 se disparó la emigración de venezolanos de todas las clases sociales, el envío de dinero de los trabajadores en el exterior permitió aligerar la situación económica de muchas familias, especialmente en los sectores de menores recursos con parientes en Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Según estimaciones como la de la consultora económica venezolana Ecoanalítica, el año pasado las remesas eran el principal ingreso no petrolero de Venezuela. Economistas como Jesús Casique esperaban que el monto para 2020 ascendiera a los 6,000 millones de dólares (véase “¿Estabilización o desmantelamiento?”, Brecha, 13-III-20). Comenzadas las cuarentenas y otros mecanismos sanitarios similares en la región, miles de emigrantes venezolanos que formaban parte del eslabón más débil de la cadena laboral perdieron su empleo y en algunos casos su hogar, lo que disminuye, cuando no anula, su capacidad para enviar remesas.

EL CORONAVIRUS COMO PANTALLA Y AMENAZA.

A pesar de estos factores, la pandemia permitía que Maduro se mostrara como garante de la gobernabilidad en contraposición a Juan Guaidó. El presidente autoproclamado nunca supo cómo enfrentar la coyuntura sanitaria y económica actual, obligado como está por sus impulsores internacionales a simular una presidencia que no puede llevar a la práctica por carecer del aparato estatal. El lugar de un jefe opositor que cree una estrategia para aglutinar el malestar y avanzar hacia la toma del poder político permanece vacío.

Maduro ha jugado entonces a sobreexponer en sus discursos la amenaza planteada por el coronavirus, aprovechando la alarma mundial. Pero, tras seis semanas de cuarentena general y con poco más de 300 casos y apenas diez muertos confirmados, el coronavirus aparece en la calle como un tema mediático, mientras que el hambre ya es real. Según un informe de fines de febrero del Programa Mundial de Alimentos de la Onu, un 32,3 por ciento de la población venezolana padecía entonces de inseguridad alimentaria. Un 7,9, más de 2 millones de personas, sufría de inseguridad alimentaria severa. Con la cuarentena y el desplome del petróleo y las remesas, la situación empeora de forma alarmante.

Todavía puede haber algo peor: tras el regreso masivo de venezolanos desde los epicentros de la pandemia en la región (Brasil, Ecuador y Perú), el coronavirus podría escaparse del control de las autoridades justo cuando el sistema de salud venezolano se encuentra en una situación de crisis estructural (véase “Al borde del desastre”, Brecha, 2-IV-20). Si bien el gobierno ha activado importantes protocolos de cuarentena para neutralizar esta amenaza, la larga frontera terrestre con Colombia y Brasil, salpicada de cruces ilegales, es un factor de peligro justo en momentos en que los sectores más desfavorecidos piden flexibilizar las medidas y “reabrir” la economía. Ya han comenzado a sucederse medidas en este sentido, como la autorización oficial del viernes pasado de que niños y ancianos salgan a la calle una vez a la semana, y la tolerancia oficiosa de algunos sectores laborales no esenciales.

LA GRAN PREGUNTA.

Jugados todos esos numeritos, surge la pregunta de hasta cuándo aguantarán los sectores sociales más perjudicados por la crisis y si es posible un estallido que cambie el balance de poder en Venezuela. Sin embargo, las protestas y los saqueos de los últimos días han ocurrido de manera descoordinada, sin mayor planificación, y no existe, por el momento, ningún actor político que pueda aprovechar la situación.

Por otra parte, Maduro ya ha demostrado ser un maestro en desactivar terrenos minados. Primero, debe tenerse en cuenta que aún recibe ayuda internacional, así sea coyuntural, de aliados como Irán y Rusia para enfrentar la escasez de gasolina e incluso intentar reabrir algunas refinerías. Segundo, la eventual apertura poscuarentena de las economías de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil permitiría la reinserción de los emigrantes venezolanos y el consecuente repunte de las remesas. Tercero, la actual cotización al alza del oro, un nuevo ingreso importante para el país, también favorece al gobierno.

En circunstancias similares, como las de las crisis de 2014 y 2017, la estrategia de Maduro para permanecer en el poder ha sido ganar tiempo y mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. En esto último cuenta a su favor el aumento de los ataques internacionales, las sanciones y la criminalización (ahora como narcotraficantes) contra quienes podrían romper la cadena de mando.

Es muy factible, sin embargo, que en los próximos meses veamos un aumento de los saqueos y las protestas, un aumento de las demostraciones de malestar militar y policial, e incluso nuevas y más duras sanciones estadounidenses. De todos modos, las insurrecciones por goteo no se han mostrado suficientes para desalojar al gobierno. De hecho, pueden convertirse, como sucedió en 2017, en tan sólo una válvula de escape para el malestar de la población. Al desechar, por tardía, la oportunidad de canalizar este malestar para negociar la fecha de nuevos comicios para dentro de uno o dos años, la oposición parece alejar un posible cambio de régimen. Por su parte, si Maduro logra sortear esta crisis de forma exitosa, le quedará el camino abierto para permanecer en el poder hasta al menos las presidenciales de 2024. Claro, la coyuntura siempre nos trae sorpresas y los factores explosivos mencionados pueden ser alcanzados por una chispa suicida.

30 abril, 2020

Publicado enInternacional
Manifestantes en las escaleras de la mezquita Mohammed Al Amin, en la Plaza de los Mártires de Beirut, en las protestas a favor de la dimisión en bloque del gobierno de Hariri y por la formación de un Gobierno de tecnócratas independientes. Joan Cabasés Vega

El descontento con la formación de un ejecutivo al que muchos consideran atado a los partidos tradicionales e incapaz de solucionar las crisis del país saca a la calle a decenas de miles de libaneses mientras las protestas suben de tono y acumulan heridos.

El Líbano tiene nuevo gobierno y al primer ministro que lo lidera, Diab Hassan, le ha faltado tiempo para intentar acercar posiciones con los manifestantes que llevan meses pidiendo cambios estructurales. Hassan asegura que su gabinete representa las aspiraciones de los manifestantes y avanza que él y el resto de ministros trabajarán para cumplir con las demandas expresadas en la calle, como redactar una nueva ley electoral, garantizar la independencia judicial o recuperar los fondos públicos saqueados por la clase política. Pero el saludo que Diab Hassan mandó expresamente a los que están secundando las revueltas no le ha sido devuelto.

“¿Cómo se supone que debemos dar apoyo a este gobierno? Nos dicen que les demos una oportunidad, ¡pero es que ya han empezado mal!”. Aline, trabajadora de unos 50 años de edad, está plantada enfrente del cordón policial que protege el parlamento libanés, en Beirut. Llueve y no lleva paraguas, pero dice que no se moverá de la protesta. Y añade: “¿Has visto cómo se han repartido los ministerios entre ellos? Dos para tí, tres para mí... ¡Es lo mismo de siempre!”.

Aline y muchos otros en el Líbano desaprueban el nuevo Gobierno, al que consideran “una falta de respeto hacia nosotros y hacia nuestras demandas”. Desde el pasado 17 de octubre, el mayor consenso de las protestas ha sido deshacerse de la clase política que lleva décadas ocupando el poder y reemplazarla por un gabinete de especialistas independientes. Según los manifestantes, un ejecutivo formado por expertos a los que se elija por su conocimiento y no por su afiliación a los partidos tradicionales podría mejorar el futuro y reparar el pasado: acercaría el país a las políticas públicas necesarias para superar la grave crisis en la que se encuentra, y tendría la capacidad de rendir cuentas con los antiguos hombres de la guerra, en el poder desde el final de la guerra civil en 1990 y a quienes la mayoría responsabiliza del mal momento por el que pasa el país. Se les acusa de ineptos y de corruptos hasta el punto de haber dejado el Líbano en la bancarrota.


Hassan Diab, el nuevo primer ministro de un equipo que pone fin a tres meses de gobierno en funciones, asegura que el reclamado gabinete de expertos independientes es ya una realidad: “Este es un gobierno que no aspira a participar de tratos de favores y que no se verá afectado por la lucha política de los partidos”. Muchos se preguntan, sin embargo, hasta dónde puede llegar la libertad de movimientos de unos ministros que han sido elegidos a dedo por los partidos tradicionales.

Durante las negociaciones para formar gobierno, los seis partidos que han dado apoyo a la candidatura de Hassan Diab se repartieron la nominación de ministros para el nuevo ejecutivo. Las formaciones eligieron directamente a sus candidatos y ahora hay dudas de que estos puedan ejercer su función de forma independiente, anteponiendo los intereses de la nación a los de sus avaladores. Declaraciones como las del nuevo ministro de Obras Públicas, Michel Najjar, refuerzan esos temores: sus primeras palabras tras asumir el cargo las dedicó a Sleiman Frangieh, su avalador, antiguo líder militar durante la guerra civil y actual cabeza del partido derechista y cristiano Marada, agradeciéndole que lo hubiera nominado durante las negociaciones.

Los manifestantes pedían un gobierno con caras nuevas, y en cierta manera las han tenido. Pero que vengan patrocinadas por la misma clase política a la que se le pide que se vaya, hace temer que trabajen con las manos atadas y que no tengan la habilidad de rendir cuentas con los que habrían saqueado el estado durante 30 años.

Un gobierno con poca esperanza de vida

Puede que los ministros del Gobierno de Hassan Diab no tengan la posibilidad de actuar libremente —hay quien los define como empleados de los partidos tradicionales—, pero este nuevo ejecutivo tiene otras características que de buen comienzo le hacen prever un camino inestable. Muchos ven su mayor escollo en su composición: las seis formaciones que han acordado impulsar este Gobierno —y que han nominado a los supuestos ministros independientes— son parte de un único lado del dividido espectro político libanés. Es la vertiente liderada por Hezbolá, grupo político y militar de confesión musulmán chií, en alianza con otras formaciones, tanto chiíes como de otras confesiones.

Al Gobierno anterior, que pasó a estar en funciones cuando el 29 de octubre su primer ministro Saad Hariri renunció ante las primeras semanas de protestas, se le conocía como un gobierno de unidad. Contaba con representación de Hezbolá y de sus aliados, que de hecho llevaban la voz cantante del ejecutivo, pero también de formaciones que ahora han quedado fuera y que pertenecen a la otra gran alianza. Con la exclusión de partidos como el Movimiento Futuro o el Partido Socialista del Progreso, el nuevo Gobierno de Hassan corre el riesgo de perder apoyos tanto dentro como fuera del país. Internamente, muchos ciudadanos de confesión musulmana sunní y drusa pueden dejar de respaldar un Gobierno en el que ya no participan los partidos con los que se sienten identificados. De puertas afuera, el Líbano puede perder conexión con Occidente y Arabia Saudí, zonas hacia donde proyectan su influencia algunos partidos salientes.


Este puede ser un hecho determinante en un momento en el que las autoridades libanesas reclaman una inyección extranjera de varios miles de millones de dolares para que el país tire para adelante. Con la tensión entre Estados Unidos e Irán todavía en un punto alto, se percibe difícil que Washington se anime a colaborar con un gobierno liderado —hoy todavía más que antes— por Hezbolá, grupo político inspirado en Teheran.

De todos modos, muchos manifestantes se niegan a pedir ayuda a donantes internacionales. “¿Ahora queréis traer dinero de fuera después de habérnoslo robado?”, decía un hombre de unos 40 años en unas protestas recientes. “No queremos dinero extranjero, ¡queremos que nos devuelvan el nuestro!”. A finales del mes de diciembre saltó una noticia que no ayudó a calmar los ánimos: el poder judicial libanés iniciaba una investigación para comprobar si es cierta una supuesta transferencia por valor de dos mil millones de dólares a una cuenta suiza. La notificó un funcionario suizo asegurando que iba a cargo de “nueve políticos libaneses”. De confirmarse el movimiento, el capital transferido sería la mitad de los cuatro mil millones de dólares que el nuevo Gobierno libanés pide hoy a la comunidad internacional para financiar la compra de trigo, combustible y medicamentos.

La economía del Líbano, mientras tanto, va en caída libre: en los últimos meses, la lira libanesa ha perdido un 40% de su valor en relación al dólar y los trabajadores del sector privado han dejado de percibir alrededor de la mitad de su salario. Los bancos aplican control de capitales —se pueden extraer 300 dólares semanales como máximo— y el Banco Mundial advierte que de seguir así las cosas, la cantidad de libaneses que viven por debajo del umbral de la pobreza podría escalar del 30% al 50%.

Y un dato más: según la Base de Datos de la Desigualdad Mundial, el 0,1% de ciudadanos libaneses tiene el mismo dinero que la mitad más pobre del país.

Las protestas suben el tono

El sábado 25 de enero, las fuerzas de seguridad y el ejército se desplegaron ampliamente y volvieron a disparar gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes para dispersarlos tanto en el centro como también en otros puntos de Beirut. En su cuenta de Twitter, y ante la presencia de algunos disturbios, la policía libanesa advirtió que “los manifestantes pacíficos” debían abandonar la zona donde se celebraba la concentración “por su seguridad”, para más tarde anunciar que cualquier persona que permaneciera en el lugar sería arrestada.

La tensión alrededor del nuevo Gobierno llega justo después de lo que podría ser un punto de inflexión en las calles. En el pasado fin de semana se dieron las escenas de más violencia desde que las manifestaciones empezaron hace tres meses. La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma directamente contra manifestantes, mientras que muchos de estos asistían a las protestas con piedras y palos. El domingo terminó con más de 400 personas heridas y organizaciones como Amnistía Internacional documentaron “diversas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad: uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y otro tipo de maltratos”. Entre las personas heridas hubo asfixias y extremidades rotas y al menos dos personas perdieron la visión en un ojo.

Los periodistas también denunciaron. Durante esos mismos días anteriores al anuncio del nuevo Gobierno, organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Samir Kassir Eyes o el Comité de Protección de Periodistas, registraron una veintena de ataques contra periodistas y fotógrafos que estaban cubriendo las protestas. La entonces ministra de Interior en funciones del anterior ejecutivo, Raya El Hassan, aseguró que no había dado ordenes de atacar a los manifestantes ni a la prensa y que tampoco sabía quién lo había hecho. Tal cosa preocupa a los sindicatos periodísticos, ya que aseguran que “refuerza el temor relacionado con la ausencia de atribución de responsabilidades en un país en el que la impunidad de los perpetradores de crímenes contra periodistas es la norma”.

Los que se manifiestan tampoco comparten una misma visión y eso podría complicar las cosas. Algunos dicen que no dejarán de protestar hasta que el Líbano sea un estado civil; otros están descontentos con la banca porque la acusan de aplicar el control de capitales para aumentar la tensión contra Hezbolá y sus aliados; hay quien está disconforme porque su partido ha quedado fuera del nuevo Gobierno y aún hay diversas sensibilidades más.

Lo dice el analista Heiko Wimmen en su publicación en Crisis Group: “Que unas fuerzas de seguridad cabreadas y con un sueldo a la baja tengan que controlar multitudes de ciudadanos cabreados y con un sueldo también a la baja —especialmente después de los recientes enfrentamientos que han encendido el resentimiento mutuo— es una receta para el desastre”.

Por Joan Cabasés Vega

2020-01-27 10:09

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Cinco apuntes sobre el paradójico tiempo político latinoamericano

2020, ¿dónde están los horizontes?

Después del declive del período progresista, 2020 revela la evolución de un convulso y amenazante nuevo tiempo político para América Latina. Pero este tiempo particular es lo menos cercano a un tiempo lineal y predecible. Es en cambio, un tiempo extraño, amorfo, fragmentado, volátil. Y también paradójico, porque al mismo tiempo, de esta extraordinaria crisis que vivimos brotan nuevas subjetividades, solidaridades, pulsiones de vida y emancipación, nuevas formas de hacer política. Proponemos cinco apuntes preliminares que, sin pretensión de completud o prescripción, buscan sumar al crucial debate latinoamericano.

El lustro que se va cerrando en este 2020 revela la evolución de un convulso y amenazante nuevo tiempo político para América Latina, después del declive del período progresista. Tiempo en el que se ven agudizarse las contradicciones sociales, económicas, políticas, geopolíticas, territoriales y ambientales. ¿Quién no fue estremecido, de una u otra forma, por el 2019? No estamos sólo ante una ‘tormenta’; se nos están moviendo las placas tectónicas. Todo, a escala global, se mueve bajo nuestros pies. Y seguirá pasando. Los inicios del 2020, con cosas como los incendios en Australia o las confrontaciones bélicas en Irán, dan muestras de cómo nos la estamos jugando entre puntos de inflexión y eventos límite.

Pero este tiempo particular es lo menos cercano a un tiempo lineal y predecible. Es en cambio, un tiempo extraño, amorfo, fragmentado, volátil. Y también paradójico, porque al mismo tiempo, de esta extraordinaria crisis brotan nuevas subjetividades, nuevas solidaridades, nuevas pulsiones de vida y emancipación, nuevas formas de hacer política. El que ha sido entendido como un tiempo ‘distópico’, es en realidad uno profundamente paradojal.

Aún retumba la pregunta: ¿qué hemos aprendido de la experiencia progresista reciente? Son reflexiones necesarias, vitales. Pero el frenético cambio de época actual nos desborda y en la marcha nos exige también tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo ahora; hacia qué escenarios nos estamos insertando; cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos, y con qué potencialidades y posibilidades contamos.

Proponemos algunas reflexiones, que en realidad son parciales, preliminares, experimentales y en cierta forma fragmentadas sobre los actuales tiempos en América Latina. Buscan sumar al debate, sin ninguna pretensión de completud o prescripción. Son cinco apuntes que apenas buscan cartografiarnos, y que se unen a una cadena de voces, pensares y sentires que navegan este bravo río nuestroamericano.

  1. Nuevo tiempo político: inestabilidad y neoliberalismo de tercera generación

Algunos en los últimos meses/años han anunciado lo que sería el surgimiento de un “nuevo ciclo” o “ nueva ola ” progresista (en buena medida motivado por la llegada de AMLO en México y Fernández en Argentina, junto a otras figuras político-partidistas emergentes en otros países); otros en cambio, plantearon la llegada de una ola arrasadora de las derechas, que propinaría una prolongada derrota a los progresismos y restauraría el viejo orden previo a este período. Sin embargo, el nuevo tiempo latinoamericano no parece estacionarse en una matriz ideológica dominante, en una discursividad y simbología hegemónica, o en una correlación de fuerzas consolidada. Lo que parece determinar este tiempo es la alta inestabilidad e hibridación.

Esto de ninguna manera supone decir que nos encontramos ante un nuevo ‘fin de la historia’, un vacío político o una especie de tiempo ‘post-ideológico’, pero sí nos permite pensar en al menos tres aspectos:

  1. a) que la política se ha vuelto mucho más contingente, y que esto está relacionado con diversos factores materiales y simbólicos que están en profunda crisis. El creciente descontento social, la crisis hegemónica y el descrédito de la política en general; los límites histórico-estructurales de las economías dependientes de la región; la profunda crisis de la economía global; la inestabilidad ambiental y climática. Estos y otros factores, precarizan la perdurabilidad política;
  2. b) que, en este sentido, los factores que producen conflictividad se maximizan, potenciando la actual situación; y
  3. c) que el agotamiento, descrédito y la insostenibilidad de los proyectos políticos que han sido dominantes están haciendo prevalecer un pragmatismo, sin mayores distinciones, que desdibuja aún más la diferenciación binaria izquierda/derecha y progresismo/neoliberalismo. Esto le da prevalencia a una política cortoplacista, del acontecimiento, de lo instrumental. A esto se le puede atribuir que hoy, hablemos de tiempos de ‘confusión’.

El tiempo híbrido e inestable que vivimos es por tanto un tiempo de enorme incertidumbre, atomizante, accidentado, de efectos dominó. Pero no por ello se evaporan los formatos políticos dominantes. Mutan, se fusionan, se camuflan. El progresismo no desaparece, más bien re-aparece, con la forma propia del tiempo que vivimos. Mientras Alberto Fernández afirmaba en 2019 que inauguraba la rama del “ liberalismo progresista peronista ”, el Foro de Sao Paulo se descafeína y más que hablar de la revolución, en ese año revindica en su lema cosas como la “Prosperidad” (término más propio de liberales y neoliberales).

Pero similar cosa ocurre con el neoliberalismo. Varias voces han propuesto, a raíz de las protestas contra políticas neoliberales que se han suscitado en varias partes del mundo durante 2019, que estaríamos ante el fin del neoliberalismo . Sin embargo, el hecho que este esté siendo tan contestado –en realidad lo es prácticamente desde que se comenzó a imponer– no implica necesariamente su fin, sino que también revela el terreno que ha ganado previamente, y lo que podría ser su potencial radicalización.

Esto último podría estar configurando un neoliberalismo de tercera generación: si desde los años 80 y 90 (primera generación), se logra imponer la receta ortodoxa del llamado ‘Consenso de Washington’, el cual genera grandes estallidos sociales y caídas de gobiernos; si desde la década de 2000, se abre el camino a lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’ (segunda generación), que en cambio presenta un modo heterodoxo, híbrido, más versátil y flexible de ejecutar sus políticas, combinando, por ejemplo, corporativización, desregulación o financiarización, con formas de intervención estatal, algunos mecanismos de distribución social de excedentes y formas de inclusión cultural; en la actualidad, ante la clara agudización de las tensiones y contradicciones sociales, políticas y geopolíticas de la época, y el alto nivel de contestación que genera este formato capitalista contemporáneo, se configura un cierto agotamiento de los mecanismos de poder de imposición/hegemonía neoliberal, lo que nos coloca ante la potencial conformación de un neoliberalismo extremo que, sin renunciar a sus lógicas privatizantes, mercantilizantes, desregularizadoras y corporativizantes, recurra a mucho mayores niveles e intensidades de violencia organizada y sistemática. En este sentido, queda la interrogante de si la restauración y el mantenimiento de la tasa de ganancia capitalista, la apropiación de recursos estratégicos y el control de mercados neoliberal, se posibilitaría a costa de la instalación de un régimen de guerra permanente.

  1. Regímenes de gubernamentalidad y descontento social: ¿polarización entre el estado de excepción y la revuelta?

El agotamiento de algunos mecanismos tradicionales de intermediación (estados de bienestar y políticas de asistencia social masiva, sistema de partidos e instituciones electorales, marcos jurídicos de derechos civiles), sea por el socavamiento de su legitimidad o por representar un obstáculo ante la necesidad que tiene el capital de un ajuste radical, ha abierto canales importantes a expresiones más extremas para dirimir los asuntos políticos: explosiones sociales, para-política y crimen organizado, migraciones masivas, militarización de la sociedad, estados de guerra y suspensión fáctica de derechos.

Además de pulsiones de libertad y rebeldía, las revueltas y movilizaciones sociales masivas del año 2019 en América Latina son también el síntoma de estas y las varias contradicciones descritas en este artículo, llevadas a un punto de ebullición. Están a flor de piel, a la vuelta de la esquina, pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en los menos pensados (como ocurrió en Chile y Colombia). Son coyunturales, ciertamente, pero llegados a este punto, son también constitutivas de este particular tiempo político.

La contracara de ello se evidencia con el desarrollo de un escenario de “situación extraordinaria” o de “emergencia”, que sirve de pilar a la normalización y permanencia de regímenes de excepción en la región . Desde hace varios años, tanto en gobiernos conservadores como en progresistas (desde el Gobierno de Bolsonaro en Brasil, pasando por el de Lenin Moreno en Ecuador, hasta el de Nicolás Maduro en Venezuela), han comenzado a proliferar normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados; aumento dramático de la militarización de la vida, así como narrativas beligerantes aludiendo al combate al ‘enemigo público’ (o cualquier otra categoría que tipifica ‘amenazas’, como la de ‘terrorista’). Las protestas de 2019 sacaron a relucir de formas más explícitas la centralidad del estado de excepción en este período político, algo que hay que entender en su más amplio sentido: no sólo como un decreto gubernamental particular para una coyuntura determinada, sino un modo de gobernabilidad permanente estructurado fundamentalmente por lógicas de guerra –y valga recordar la ya famosa frase de Sebastián Piñera en octubre de 2019 ante las protestas en Chile, “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. ¿Puede ser el estado de excepción permanente una marca del neoliberalismo de tercera generación?

Todo estos factores, y sobre todo en la medida en la que se agudicen estas contradicciones, podría configurar una polarización entre el estado de excepción y la revuelta popular. Esto no debe ser entendido como un nuevo binarismo; más bien representa los puntos de fuga extremos (desbordamiento y beligerancia) propios de estos escenarios. Tampoco nos debe remitir a pensar esto como procesos homogéneos. El estado de excepción hoy en América Latina se está desarrollando como un complejo ensamblaje de políticas, articulaciones, territorializaciones, discursos diferenciados y estados afectivos, que varía dependiendo del país y la coyuntura. Del mismo modo, la revuelta hoy se compone de actores bastante heterogéneos, con motivaciones, emocionalidades y métodos muy diferentes que no podemos sólo interpretarlos romántica y abstractamente como la ‘revolución de los pueblos’.

La cuestión es que, sea un plan o una tendencia, el estado de excepción no es una modalidad irresistible, sino que también depende de su propia viabilidad en el tiempo y de la correlación de fuerzas del momento. Y en esto es crucial el rol que han jugado la revuelta y las movilizaciones, en la medida en la que, en primera instancia rechazan directamente en las calles la opresión y el sistema de cosas imperante, y en segunda instancia, ejercen fuerza para revertir la suspensión de la democracia, abriendo camino más bien para posibilitar a esta, para expandirla y potenciarla.

  1. La condición insurrecta del nuevo tiempo: hartazgo, desobediencia y nuevas subjetividades

En medio de las diferentes formas, motivaciones e intensidades de las masivas movilizaciones latinoamericanas de 2019, podemos hallar algunos elementos compartidos a escala regional, que además son respuesta al avance de los procesos de neoliberalización y conservadurismo (propio tanto de gobiernos de derecha como de izquierda) en este nuevo tiempo político.

Un factor compartido en las protestas es una sensación de profundo hartazgo. Hartazgo de las políticas empobrecedoras neoliberales, de una corrupción absolutamente generalizada, de la imposibilidad de construir futuro para los jóvenes, de gobiernos y élites difíciles de reemplazar, de las enormes dificultades para ver materializado un cambio social. Pero es un hartazgo que debe ser entendido no sólo como uno de carácter coyuntural, sino también de más largo alcance. Es difícil poder determinar el peso diferenciado de otros factores más históricos, y mucho más en la vasta diversidad de los sujetos y grupos que se movilizan; sin embargo, es importante valorar aspectos como el efecto de desencanto producto del largo desgaste de la izquierda (proceso que podríamos ubicar a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín), lo que incluye a la fallida experiencia del período progresista latinoamericano reciente; o la sensación de colapso y pérdida de horizonte ante la crisis ambiental/climática global (que afecta principalmente a las generaciones recientes). Estos y otros aspectos más, componen este particular espíritu de hartazgo del tiempo político actual, un hartazgo que, por tanto, lo entendemos como cualitativamente diferente a aquellos del pasado.

De estas movilizaciones también se desprenden, emergen y/o evidencian nuevos códigos de lo político y nuevas subjetividades, que en muchos casos no están adscritos ni necesariamente se articulan con las narrativas y organizaciones tradicionales de las izquierdas, pero que igualmente revelan una particular e interesante politicidad de insubordinación, viralidad, contagio social y disposición al cambio (además de otras formas de organizarse, mirar y sentir la política). Estas nuevas subjetividades están presentes en mayor medida entre los grupos de jóvenes (algunos muy jóvenes); desbordan las convocatorias de los grupos de izquierda tradicional (como por ejemplo ocurriera en Colombia o Ecuador con los sindicatos) y se movilizan con dinámicas de ‘auto-convocados’ (recurriendo en buena medida a las redes sociales); y actúan con frecuencia bajo un fuerte espíritu de desobediencia, pudiendo registrarse una pérdida de miedo a la represión (lo que resalta por ejemplo en el caso de Colombia, con su brutal historial represivo; o en el caso de Chile, en donde a medida que el Gobierno arreciaba la violencia de los cuerpos de seguridad, las movilizaciones de vigorizaban más).

Todo este hartazgo generalizado puede ser muy significativo si, más que un sentir coyuntural, es la expresión del espíritu de la época. Lo es porque con la persistencia de su fuerza va agotando, socavando y haciendo caducar los modos de gobernabilidad política dominantes, las formas en las que se ejerce el poder (planteando el potencial escenario de cambio en el estado de cosas); lo es porque parece negado a subordinarse a lo mismo. No obstante, su fuerza positiva es muy heterogénea, en muchos sentidos contingente, y presenta enormes desafíos para conformar un proyecto amplio, articulado y sostenido de lo común. Está atravesada por la fragmentación propia de esta época. Y sobre todo, posee un poderoso componente nihilista, que si bien es desafiante puede también ser atomizante. Esta condición es también una expresión el paradójico tiempo político latinoamericano.

En todo caso, esta enorme diversidad del descontento también ha conseguido elementos aglutinadores en narrativas, prácticas y códigos de movimientos sociales, principalmente desde los diferentes movimientos feministas, que han logrado no sólo posicionar en los debates y políticas la defensa de derechos de las mujeres en la sociedad, y transversalizar la crítica al patriarcado en numerosos temas políticos centrales, sino también lograr, en varios países, masividad en la convocatoria y movilizaciones, convirtiéndose en referente y a la vez en horizonte de muchas de estas perspectivas de cambio que están en juego. Del mismo modo, los diferentes ecologismos latinoamericanos y las luchas de los pueblos indígenas y campesinos también han logrado permear en los imaginarios y narrativas de las demandas sociales, imprimiendo además valores y dimensiones socio-ecológicas clave para pensar la política, y visibilizando las luchas en los territorios y por los bienes comunes, que en variados casos se convierten en banderas y emblemas de las movilizaciones sociales en un país.

La gran pregunta que ha surgido, es si luego del declive del período progresista estamos ante un nuevo ciclo de luchas sociales en América Latina. Así lo parece, y de hecho, también parece estar conectado, en ciertas dimensiones constitutivas, con movilizaciones y revueltas ocurridas en otras partes del mundo como Hong Kong, Francia, Irak, Líbano, Catalunya, entre otras. Si pudiésemos hablar de un levantamiento de carácter mundial, el punto de inicio de este ciclo corto de movilizaciones podríamos ubicarlo en 2011, cuando brotaron protestas en el Sur Global, como las llamadas ‘Primaveras Árabes’, y en el Norte Global, como la de los Indignados, Occupy Wall Street entre otros. Lo que se comparte en el conjunto de estas luchas es la resistencia al efecto neoliberalizador provocado después de la Crisis Económica Mundial 2008-2009; la ampliación y fortalecimiento de una diversidad de luchas identitarias y de mecanismos de organización y acción más descentralizados (una especie de movimiento post-altermundialista), y la disposición a una comunicación viralizada y reticular que propone otra relación espacio-tiempo en las movilizaciones sociales.

  1. El malestar en la globalización tardía: ¿hacia dónde puede converger el descontento social?

El descontento masivo es prácticamente condición propia del régimen neoliberal y la globalización. Es amplio, cada vez más amplio. Pero este descontento no necesariamente garantiza, como lo pensara Marx en el siglo XIX, la inevitable revolución social y el derribo del capitalismo. Así como ocurriera en Italia, el período de enorme crisis económica en Alemania, después de la Gran Depresión de inicios de la década de los 30 del siglo XX, sería capitalizado por el nazismo, con las devastadoras consecuencias que ya conocemos. Así que, una ola de descontento puede también catapultar procesos reaccionarios.

El gran hartazgo social y la profunda crisis económica global desencadenada desde 2008/2009, allana el camino para una abierta disputa por la capitalización y canalización de todo este descontento. A pesar de que los poderes, grupos y rostros tradicionales también se mantienen en competencia, destacamos de manera general y panorámica otros actores que tienen y tendrán trascendencia en esta disputa regional:

  1. a) Iglesias evangélicas y fundamentalismos religiosos : con un notable trabajo de expansión, difusión y captación, las iglesias evangélicas y pentecostales han registrado un extraordinario crecimiento en América Latina (en unos países más que en otros), fundamentalmente entre las clases populares. Bolsonaro se catapulta a la presidencia de Brasil, a partir del apoyo de estas iglesias; la vanguardia del golpe consumado después de la renuncia de Evo Morales en Bolivia en noviembre de 2019, anuncia el regreso de la biblia al Palacio Quemado; y Nicolás Maduro en Venezuela declara en diciembre de ese año, sin pudor, su alianza con el sector evangélico y propone la creación de “ un poderoso Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela ”. La iglesia evangélica refresca al capitalismo individualista con una nueva teología de la prosperidad, mientras promueve una teocratización de la política, es decir, una penetración de lógicas religiosas en las prácticas de poder y organización. El tiempo de auge de diversos fundamentalismos parece evidenciar cómo podrían llenarse los vacíos que ha dejado el debilitamiento de la política secular, y su creciente incapacidad para construir horizontes emancipadores y prometedores.
  2. b) El crimen organizado : ha evolucionado notablemente en los últimos lustros, mejorando y versatilizando notablemente su disposición de armamento, tecnologías, entrenamiento y financiamiento en comparación con las fuerzas de seguridad de los gobiernos; al mismo tiempo, se ha expandido geográficamente, ha transnacionalizado su accionar, ha incrementado sus volúmenes de ingreso y se ha diversificado económicamente, y ha penetrado considerablemente instituciones estatales (en grados diversos dependiendo del país). En este marco, el crimen organizado ha ampliado notablemente su capacidad para ofrecer ingresos a la población en las economías ilícitas, ha conformado en algunos territorios sistemas de protección y asistencia social (lo que se ha dado a llamar ‘ Estados sustitutos ’) y proporciona acceso a los símbolos de status social (dinero, armas, autos, mujeres), sobre todo en la población más joven. Su expansión sobre los tejidos sociales se ha producido tanto en lugares donde el Estado ha dejado más en el abandono a la población, como en los territorios donde ha logrado penetrar más al Estado y a la política en general (principalmente en países de Centroamérica, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia). Esto último revela no sólo la relevante dimensión política del crimen organizado, sino también su potencial para producir nuevas formas de estatalidad.
  3. c) ‘Nuevas derechas’ y extremas derechas : del seno de la política latinoamericana ha surgido con fuerza un nuevo perfil de extrema derecha, que tiene en Jair Bolsonaro su principal figura. Bolsonaro, que pasó de ser un outsider a ganar rápidamente popularidad y convertirse en Presidente de Brasil, se ha caracterizado por una postura nacionalista conservadora, partidario de un Estado religioso (antisecularista), defensor de las armas y el militarismo, ultra-liberal, anti-comunista y anti-izquierda, anti-feminista y de la diversidad sexual, racista y con posiciones alineadas a los Estados Unidos. El descontento social, los errores de la izquierda, el discurso populista, el uso del miedo y el apoyo de sectores poderosos tanto económicos como religiosos, han posibilitado este vertiginoso y significativo ascenso. En numerosos países de la región, emergen figuras de similar perfil, como el empresario boliviano Luis Fernando Camacho, quien se asumió a la cabeza del movimiento para derrocar a Evo Morales en noviembre de 2019 y que es en la actualidad candidato presidencial para 2020; el ex-candidato presidencial chileno, José Antonio Kasty su movimiento Acción Republicana, quien obtuvo 8% de votos en las elecciones de 2017; u otros grupos y dirigentes que buscan crecer, aunque siguen siendo minoritarios. Cabe destacar también que una parte de las derechas latinoamericanas (que no son sólo sectores partidistas, sino también económicos, comunicacionales, académicos, etc.) se ha vuelto, en general, más flexible y adaptable a los nuevos escenarios políticos y el electorado; planteando nuevas figuras políticas (algunas de ellas jóvenes), otorgando algunas concesiones sociales, culturales y hasta ambientales (sea en el discurso o en políticas puntuales) y relaciones geopolíticas más abiertas. Estas ‘nuevas derechas’, que también se presentan como la alternativa para salir de la ‘amenaza’ del progresismo, buscan traducir y captar, de maneras más moderadas, el descontento social.
  4. d) Las izquierdas : después de la debacle del período progresista, las izquierdas buscan renovación y refrescamiento. Ciertamente, experiencias como la de Colombia Humana, el liderazgo de Gustavo Petro y diversas coaliciones locales y regionales, han logrado sumar voluntades y electores para la toma del poder del Estado en ese país; podríamos también mencionar los esfuerzos del movimiento Nuevo Perú bajo el liderazgo de Verónica Mendoza, o la oficina colectiva ‘Gabinetona’ encabezada por la diputada Áurea Carolina (Cámara Municipal de Belo Horizonte, Brasil), como otras expresiones de ese intento de refrescamiento. Coaliciones como estas y otras similares pueden ser potenciadas, en la medida en la que logren capitalizar el descontento social, traducir las nuevas expectativas o bien que se logren presentar como la ‘salida’ a lo establecido (como pasó con Alberto Fernández, quien logró concentrar parte de los votos del descontento con Macri). Sin embargo, hemos mencionado que profundos cambios también están ocurriendo en las perspectivas sociales y culturales en la región y que las izquierdas están enfrentado un importante proceso de agotamiento que tiene que ser discutido y asumido. El entrampamiento permanente en el reformismo (cuando estas fuerzas llegan a gobernar), que en plazos más largos tiende siempre a socavar y mermar los procesos de cambio impulsados previamente por el descontento popular y la emergencia de nuevos movimientos políticos, ha dejado a lo largo del tiempo profundas decepciones y sensaciones de hartazgo en parte de sus seguidores. Por otro lado, las izquierdas dominantes han sido muy determinadas por un talante desarrollista, verticalista, personalista, autoritario, patriarcal, dogmático y anti-ecológico que se encuentra muy arraigado y que se ha expresado tanto en sus prácticas de organización interna, como en sus relaciones políticas y sus gestiones de gobierno. Estos patrones generan profundos distanciamientos con corrientes político-culturales que promueven miradas y accionares alternativas en, e incluso fuera, de las izquierdas. Como si fuese poco, estas izquierdas dominantes tendieron a criminalizar esta otredad en el seno de estos sectores críticos, ridiculizándola o señalándola como promotores del imperialismo estadounidense, por el hecho de tratar de poner sobre la mesa temas fundamentales que debían ser enfrentados. ¿Qué es la izquierda hoy? ¿Son AMLO y Fernández los referentes de la izquierda hoy en América Latina? ¿Sigue siendo el Gobierno de Maduro un punto de honor para las izquierdas? ¿Están estas logrando comunicar y posicionar un proyecto político emancipador en el grueso de la población? Estas son preguntas ineludibles. Sectores de la sociedad e incluso movimientos sociales ya no ven sentido, pertinencia y pertenencia en el binarismo izquierda/derecha. Otros perciben que la izquierda es sólo una variante del mismo formato de poder dominante. Esto no debe ser interpretado necesariamente como un ‘neutralismo’, ‘centrismo’ o una forma de apoliticidad. En cambio, muestran otros entramados de pensamiento político, otras coordenadas, otras epistemes de la transformación que no deberían ser desmeritadas. Efectivamente, las izquierdas son diversas y también existen disputas entre sus sectores; pueden transformarse y crearse corrientes novedosas, aunque siguen siendo marcadas por los sectores tradicionalmente dominantes (generalmente concentrados en los partidos políticos). Sin embargo, es necesario resaltar que estas se encuentran ante una encrucijada histórica, no sólo ante la posibilidad de condensar el descontento social, sino también de materializar una transformación favorable a los pueblos y la naturaleza. Sin poder resolver mínimamente este dilema, podrían también ser absorbidas en el descrédito y hartazgo generalizado que atraviesa a la política tradicional.
  5. e) Movimientos sociales, organizaciones populares de base y plataformas de articulación : como ya hemos mencionado, diversos movimientos han logrado incidir políticamente en procesos reivindicativos, de ejercicio de derechos, de defensa de territorios y comunidades, y de posicionamiento de temáticas particulares en los debates públicos. Entre estos están la defensa de los derechos de igualdad de género y diversidad sexual, derechos de la naturaleza, negativa a grandes proyectos extractivistas como los mineros e hidroeléctricos, derechos de los pueblos indígenas y consultas populares, entre otros. La insistente movilización, que varía dependiendo de los países, ha logrado instalar y fortalecer conceptos, demandas sociales y políticas que, además de tener un profundo impacto cultural, conforma condiciones y correlaciones de fuerza para pedir más democracia. Más que transformar el descontento en la toma del poder del Estado, estos sectores de la sociedad promueven formas de apropiación de los procesos políticos a escala local y regional, y la consolidación de pilares políticos desde abajo, para la conformación de una base de disputa desde donde afrontar este complejo tiempo latinoamericano. Sin embargo, es también importante resaltar que estos sectores son también atravesados por las paradojas y tensiones propias de este tiempo político. Por ejemplo, la creciente violencia generada desde las estructuras de poder estatal y territorial, así como las condiciones de precariedad socio-económica, merman sus capacidades y potencialidades transformadoras; por otro lado, se generan grandes dificultades para poder trascender, incidir y articular más allá de una política local, sin tener que ser absorbidos por la política tradicional de partidos. Dilemas como estos son significativos al momento de pensar cuáles han sido y/o podrían ser los alcances de la transformación a partir de la política ‘desde abajo’.
  6. Estamos al interior del ‘futuro’: repensarnos lo común en tiempos paradójicos

América Latina está hoy, de nuevo, en el punto de mira mundial, pues ha sido la región dónde han brotado la mayor cantidad de estas movilizaciones recientes a nivel planetario. Estas expresiones populares han representado un gran refrescamiento del clima político regional, aunque parecen insertas en el escenario de lo que podría ser un largo período muy contradictorio y conflictivo.

Las paradojas de estos tiempos que corren, probablemente se desarrollen entre aperturas y clausuras de oportunidades, procesos, posibilidades. Cada ámbito, espacio, escala en disputa es y será vital: derechos laborales, mega-proyectos extractivos detenidos, expansión de economías locales comunitarias, bosques conservados, transiciones hacia energías renovables, tierras recuperadas, políticas climáticas globales, revisión y moratorias del pago de la deuda externa, organización popular para las luchas, y un muy largo etcétera.

Sin embargo, cuando pensamos no sólo en la imperiosa necesidad de un cambio civilizatorio, de trascender el sistema histórico capitalista, sino también en los dramáticos escenarios que podrían cambiar drásticamente las condiciones de vida en el planeta Tierra, se hace necesario reconocer que nos encontramos ante una extraordinaria paradoja temporal reflejada en el central dilema transición/ruptura (transformaciones paulatinas/cambio radical), dilema que parece llegar a un punto de tensión máxima. Por un lado, la transformación de una serie de patrones, infraestructuras, cosmovisiones, sistemas, estructuras de poder, instituciones y tecnologías dominantes requieren de tiempos relativamente prolongados para materializarse; por el otro, la posibilidad de que se desate tanto un colapso sistémico como un planeta socio-ecológicamente hostil, exige un muy rápido viraje en relación a las tendencias actuales. Las izquierdas y la amplia diversidad de movimientos sociales, organizaciones populares y pueblos movilizados trazan diferentes rutas para la transformación (locales, a través del Estado, orientado a lo simbólico, territorializando, etc); sin embargo, todas se debaten, implícita o explícitamente, entre estas diferentes temporalidades. Las opciones y caminos a tomar serán cruciales en el desenlace de los acontecimientos próximos.

Esta época de confusión y desasosiego, nos deja con muchas más preguntas que respuestas, y con una carga muy grande de incertidumbre. Los horizontes se difuminan, su visualización parece bloqueada. ¿Qué es el futuro? ¿Cómo nos imaginamos el curso de la extraordinaria crisis actual? ¿Cómo nos imaginaríamos el colapso del sistema global? ¿Qué pasa si pensamos que ese colapso, antes que una ola gigante arrasando una ciudad (al estilo hollywoodense), antes que la idea religiosa y literaria del “fin del mundo” o el “fin de los tiempos”, es un largo período de crisis en la historia reciente de la humanidad en el que cambian drásticamente las estructuras sociales y las condiciones de vida; pero en el que sigue la vida bajo otras condiciones?

Creemos que estamos ya al interior de esta crisis. Estamos al interior del ‘futuro’, del cambio climático, de los límites del planeta, de la extraordinaria crisis de los patrones energéticos y los metabolismos sociales. Se trata de un proceso continuo, que sigue en desarrollo, aunque lográramos en 10 años disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesario, vital, asumir esta interioridad nuestra en el ‘futuro’, aprender a lidiar con ello, y repensarnos desde ahí. Algo que de ninguna manera implica que transitaremos pasivamente una senda que ya está trazada. Más bien conviene recordar que la muy alta carga de incertidumbre que determina al sistema global, supone también que hay un camino abierto para la creación, para la producción de lo nuevo.

Las inesperadas e inspiradoras movilizaciones en Chile, al igual que las de Colombia, por mencionar dos buenos ejemplos, muestran, por un lado, que las predicciones lineales y deterministas se quedan cortas; el factor sorpresa desborda incluso a los propios actores que están impulsando esos procesos. Por otro lado, reflejan cómo en la propia insubordinación social, cómo desde el propio seno del conflicto, se producen también nuevos marcos de relacionamiento y solidaridad, nuevas subjetividades, cargadas con potentes pulsiones de vida e irreverencia. Incluso en los escenarios más adversos, se evidencia la sustancia y emergen los factores constitutivos de lo común.

El nuevo tiempo político latinoamericano, en el que la fragmentación se vuelve normalidad, en el que se revelan con mucha claridad los límites de los proyectos dominantes de las izquierdas, en el que los grandes referentes se encuentran en crisis, y se avizoran enormes obstáculos, parece señalarnos la vital importancia de re-centrar la política en torno a lo común. Esto es, colocar en el centro, en el punto de partida, una política en consonancia con la reproducción de la vida humana y no humana en el planeta Tierra, con la expansión de redes de solidaridades y resiliencia; de celebración de la otredad, de la diversidad; de la simbiosis y el mutualismo; de la defensa de una cosmovisión complementaria, holística, inmanente y reproductiva; pero también de desafío colectivo al estadocentrismo y a los inviables proyectos políticos dominantes.

No parece que el tiempo turbulento que nos toca transitar pueda ser sorteado con éxito sin privilegiar una política del cuidado. Cuidar del otro (humano y no-humano), de esa otredad, en defensa de la vida.

Antes que en el ‘fin de los tiempos’, estamos ante una particular historia que apenas empieza.

Por Emiliano Teran Mantovani*

Rebelión

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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El capitalismo hace "más daño que bien", según una encuesta realizada en 28 países

Los autores del estudio, publicado en vísperas del Foro de Davos, aseguran que los resultados de su sondeo, con un universo de 34.000 personas, demuestra que la población mundial "empieza a tener dudas más fundamentales sobre las democracias capitalistas de Occidente". 

 

Una mayoría de personas en todo el mundo cree que el capitalismo en su forma actual está haciendo más daño que bien, según una encuesta realizada antes de la reunión de líderes empresariales y políticos de Davos de esta semana.

Este año es la primera vez que el Barómetro de Confianza Edelman, que durante dos décadas ha encuestado a decenas de miles de personas sobre su confianza en las instituciones mundiales, trata de comprender cómo es percibido el capitalismo.

Los autores del estudio afirman que las encuestas anteriores, que mostraban un creciente sentido de desigualdad, los llevó a preguntarse si los ciudadanos ahora estaban comenzando a tener dudas más fundamentales sobre las democracias capitalistas de Occidente.

"La respuesta es sí", dijo David Bersoff, investigador principal del estudio producido por la agencia estadounidense de comunicaciones Edelman.

"La gente se pregunta a ese nivel si lo que tenemos hoy, y el mundo en que vivimos hoy, está preparado para darles un buen futuro".

La encuesta preguntó a más de 34.000 personas en 28 países, desde democracias liberales occidentales como Estados Unidos y Francia hasta aquellas basadas en un modelo diferente como China y Rusia, con un 56% de acuerdo en que "el capitalismo tal como existe hoy hace más daño que bien en el mundo".

A nivel nacional, la falta de confianza en el capitalismo fue mayor en Tailandia e India con el 75% y el 74% respectivamente, seguidos de cerca por Francia con un 69%. Las mayorías prevalecieron en otros estados asiáticos, europeos, del Golfo, africanos y latinoamericanos.

Sólo en Australia, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong y Japón la mayoría no estuvo de acuerdo con la afirmación de que el capitalismo actualmente hace más daño que bien.

La encuesta confirmó una serie de preocupaciones familiares que van desde asuntos sobre el ritmo del progreso tecnológico y la inseguridad laboral, hasta la desconfianza en los medios y la sensación de que los gobiernos nacionales no estaban a la altura de los desafíos del día. 

LONDRES

20/01/2020 15:07 ACTUALIZADO: 20/01/2020 17:33

MARK JOHN (REUTERS)

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 Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para América Latina y el Caribe. UN

El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD) en América Latina y el Caribe destaca la relación entre desigualdad y gobernanza como diagnóstico para afrontar los desafíos de la región

 

América Latina atraviesa por una etapa de convulsión. Las crisis políticas de la región, las protestas, las demandas de cambio y las reivindicaciones de los ciudadanos llevan meses evidenciando debilidades estructurales y forzando a algunos Gobiernos a mirarse en el espejo. Detrás de estas turbulencias, que se han dado de forma casi paralela aunque responden a especificidades distintas, hay una premisa común: la desigualdad. Pero la brecha social, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Por lo que cabe preguntarse, ¿por qué ahora? Luis Felipe López-Calva, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cree que, antes de nada, "hay que entender mejor la relación entre gobernanza y desigualdad".

El economista mexicano, que presenta este lunes en Bogotá el informe anual sobre desarrollo humano elaborado por el organismo de la ONU, incide en la importancia de ese vínculo en conversación con EL PAÍS, ya que "la relación entre desigualdad y gobernanza puede generar este de tipo de procesos de mucha conflictividad y eventualmente, lamentablemente, de violencia". En su opinión, se dan tres factores de tensión. "Desde el punto de vista económico, la desaceleración". Este es el punto de partida que alentó, por ejemplo, las protestas en Chile, en Colombia y en cierta medida en Ecuador. "La economía latinoamericana tuvo un proceso muy importante de crecimiento para estándares latinoamericanos", razona. "Se redujo la pobreza monetaria del 44% al 24%, de acuerdo con datos del Banco Mundial. No es un logro menor. Y ahora las expectativas crecientes de la población latinoamericana se ven afectadas por un proceso de paro económico. No recesión, pero sí desaceleración. La pobreza multidimensional, con más del 30% de la población, se redujo mucho pero los retos son muy grandes. Ese proceso que tenía Latinoamérica de ir hacia convertirse eventualmente en una sociedad de clase media, fuerte, se interrumpe".

El vendaval económico expone a la región y la hace más vulnerable a fenómenos como la migración. Colombia, concretamente, aplicó una política de puertas abiertas ante éxodo de venezolanos. Millones de personas huyen del régimen de Nicolás Maduro y en el país vecino ya se han instalado más de 1,5, camino de dos. "No esperábamos que en la región crecieran los flujos migratorios de la manera en que lo están haciendo, que por cierto es una forma extrema con la que las personas procesan su desencuentro con la gobernanza. En muchos casos por razones de violencia, económicas o por razones aspiracionales la gente simplemente decide que tiene que moverse. Ese es un segundo aspecto que genera también tensión social", reflexiona López-Calva, que añade un tercer elemento: "Es el tema ambiental. Solo este año hemos visto los incendios en la Amazonia, la Chiquitanía en Bolivia y un huracán de dimensión inusitada en el caso de Bahamas. Esta situación demanda que la gobernanza responda de una manera efectiva".

"Cuando hablamos de gobernanza", continúa el responsable del PNUD para Latinoamérica, "estamos hablando de acuerdos entre actores". "Y hay dos acuerdos básicos: de políticas públicas, como salud, educación e infraestructuras, y acuerdos respecto a las reglas del juego, sobre cómo cambiamos de Gobierno, cómo votamos". "La desigualdad puede afectar la capacidad de esos actores de estar en esa mesa. En Chile, es muy interesante ver que después de las movilizaciones, el Gobierno responde diciendo 'aquí está un nuevo paquete de políticas'. Pero la ciudadanía dice que no, que eso no es suficiente y quiere un cambio en las reglas del juego. Por eso tenemos que relacionar desigualdad con gobernanza".

En cualquier caso, según este funcionario de Naciones Unidas, "es muy importante diferenciar los procesos que están llevándose a cabo". Es decir, no es lo mismo lo que ocurrió en Chile, en Ecuador que lo que pasa en Colombia, aunque siempre existen lineamientos comunes. "El aspecto aspiracional es importante tenerlo ahí, en el sentido de que las aspiraciones de muchos grupos no se ven satisfechas. Veamos el caso de la violencia, por ejemplo. Latinoamérica y en el Caribe tienen el 8% de la población global, pero al mismo tiempo el 36% de las muertes violentas a nivel global. Catorce de los 20 países más violentos están en nuestra región y es algo a lo que la sociedad tiene que reaccionar. Según el Latinobarómetro más reciente, más del 75% de los ciudadanos dijeron que el sistema político está al servicio de los más poderosos. Estamos hablando de que esa desigualdad ha minado la confianza en las instituciones. Y por tanto la capacidad de las instituciones de procesar esos acuerdos", mantiene López-Calva. Y corrupción, por supuesto, es uno de los determinantes de la caída en la confianza en los Gobiernos.

Por eso, recalca, "hay que recuperar la noción básica de legitimidad". Y para eso quizá América Latina tenga que ir más allá en el fortalecimiento de los controles al poder. "Hay un poder muy fuerte centralizado y débiles controles a ese poder centralizado y eso dificulta la construcción de acuerdos. Hay otras democracias que buscan la legitimidad no solamente en las urnas sino también en la forma en la que se construyen los acuerdos". La rendición de cuentas es el primer paso. Pero, por encima de todo, según el responsable del PNUD, se trata de profundizar la relación entre desigualdad y buen gobierno. Un asunto que tiene que ver con todos los desafíos de la región y del que, en buena medida, dependen las oportunidades de futuro.

Por FRANCESCO MANETTO

Bogotá 9 DIC 2019 - 00:16 COT

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Tras seis días de protestas, el presidente conservador Sebastián Piñera se vio obligado a revocar el aumento en las tarifas del Metro en Santiago. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron a varias ciudades y derivaron en reclamos contra el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La prohibición de salir aplica de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Al amparo del estado de emergencia impuesto tras los violentos disturbios del viernes, los militares volvieron a las calles después de 19 años. La imagen, en Santiago, donde ayer el Metro continuaba cerrado. Foto Afp

Movilizaciones se extienden a todo el país // El hashtag#chiledesperto se multiplica en redes sociales

Santiago. Manifestantes desafiaban anoche en esta capital el toque de queda impuesto luego que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, se vio obligado a revocar un aumento en las tarifas del Metro en Santiago, tras seis días de protestas que el viernes se intensificaron y sembraron el caos en prácticamente toda la ciudad.

A pesar de la revocación de las tarifas, las movilizaciones continuaron aquí y se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Coquimbo, entre otras, en las mayores protestas en décadas en Chile.

En las primeras horas de este domingo fue impuesto el toque de queda en Valparaíso y el estado de excepción en Concepción.

Convocadas inicialmente en redes sociales bajo la consigna #EvasionMasivaTodoElDia en rechazo al alza del pasaje del Metro, miles de personas –en su mayoría estudiantes– se congregaron desde el lunes pasado para derribar las rejas de acceso y saltar los torniquetes del ferrocarril metropolitano.

La evasión de pago derivó en reclamos contra un modelo económico heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas, con una fuerza que sorprendió al gobierno de Piñera y a la clase política.

Al amparo del estado de emergencia decretado antenoche por Piñera tras los disturbios del viernes en la capital, los militares volvieron a las calle desde que el país recuperó la democracia en 1990.

Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, anunció Piñera en una declaración desde el presidencial Palacio de La Moneda, en un discurso en el que afirmó escuchar con humildad y atención la voz de mis compatriotas. Pero amenazó: los responsables, los violentistas van a pagar por sus culpas.

En el contexto del estado de emergencia, el general Javier Iturriaga decretó toque de queda en la capital de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La medida, anunciada con apenas dos horas de anticipación, fue desafiada por grupos de personas que al cierre de esta edición marchaban por las calles y continuaban instalando barricadas, muchas con fuego.

A mediodía se inició un cacerolazo en Santiago, con miles de personas haciendo sonar ollas y sartenes. Se reportaron más tarde enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas especiales de la policía en la céntrica Plaza Italia, el frontis de la casa de gobierno y la plaza de armas de Maipú.

El detonante de estas protestas, en las que destaca el hashtag en redes sociales #chiledesperto, fue el alza de 800 a 830 pesos (de 1.12 a 1.17 dólares) en las tarifas del Metro.

En la Plaza Italia, escenario de algunas de las peores protestas del viernes, se desplegaron decenas de militares, incrementando la molestia de los manifestantes, algunos de los cuales los increparon directamente o les arrojaron fotografías de desaparecidos durante la dictadura pinochetista, que se saldó con más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

El caos se extendió el viernes por todo Santiago, con enfrentamientos en varios puntos, saqueos e incendios. Al menos 167 heridos, en su mayoría policías, 308 personas detenidas y 78 de las 136 estaciones del Metro vandalizadas fue el saldo preliminar de las manifestaciones en la capital chilena, se informó ayer.

El Metro permanecerá cerrado este domingo y las autoridades no saben cuándo volverá a estar completamente operativo.

La sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades. La compañía, de capital italiano, indicó que manifestantes atacaron el inmueble poco antes del siniestro.

Además, al menos 20 autobuses del transporte público fueron quemados ayer en los alrededores de la Plaza Italia, lo que llevó a la empresa Transantiago a la suspensión temporal de todo el servicio, lo que dejó a la capital prácticamente sin transporte público.

A pesar de llevar 24 horas cerradas al público, nuevos incendios se reportaron en las estaciones de San Pablo, Elisa Correa, Las Rejas y Macul. Otros incendios se registraron en casetas y comercios durante la noche. También se reportaron saqueos en diferentes partes de la ciudad y ciudades del interior.

Las protestas se extendieron a otras partes, como las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde los vecinos salieron pacíficamente a las calles para hacer sonar sus ollas, al igual que en otras regiones y ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Incendian El Mercurio

En Valparaíso las oficinas del diario El Mercurio y un supermercado, antes saqueado, fueron incendiados.

En Iquique manifestantes sustrajeron cañones de una intendencia militar.

En Coquimbo se incendió la Cruz del Tercer Milenio, principal monumento de la ciudad.

Una fotografía de Piñera comiendo pizza con su familia en un restaurante capitalino en el mismo momento en que Santiago ardía, azuzó aún más la furia en un país con un largo historial de protestas violentas, pero que en años recientes se mantenía en relativa calma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.

Con casi 140 kilómetros, el Metro es el de mayor extensión de Sudamérica. En América Latina sólo es superado por el de la Ciudad de México. Es el eje central del transporte público, con 3 millones de pasajeros diarios.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.

El Metro sube el valor de los pasajes cuando se suman factores como el alza del dólar, del petróleo y el desgaste del material del subterráneo. El pasaje subió a comienzos de mes en casi 4 por ciento, aunque el costo para adultos mayores y escolares no fue incrementado.

Con el ingreso per cápita más alto de América Latina, un crecimiento estimado para este año de 2.5 por ciento del producto interno bruto y una inflación de 2 por ciento, el malestar en la sociedad chilena creció a la par de sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas pensiones y una crónica –y elevada– desigualdad social.

La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de oasis en la región, y que se prepara para ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre.


La olla de presión revienta en el oasis chileno

El aumento del costo de la vida y la desconexión de los políticos con la ciudadanía explicarían en parte el estallido social que tiene el país bajo el control de los militares

 

El País

Rocío Montes

Santiago de Chile 20 OCT 2019 - 04:04 COT

Aparentemente Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada, como dijo hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera. Pero entre jueves y viernes explotó una especie de olla de presión con violentas protestas sociales que este sábado tienen la capital bajo control militar, como no sucedía desde la dictadura. Las movilizaciones se originaron por el alza del precio del pasaje del metro, pero parece existir cierta coincidencia en que lo de la tarifa del boleto se trata apenas de la expresión de un descontento mayor de la sociedad chilena. La acción del Ejército apoyado por los carabineros no ha logrado aplacar la protesta en diferentes zonas de Santiago de Chile, donde este sábado se han seguido produciendo enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos en el comercio. Las manifestaciones comienzan a irradiarse a otras regiones del país, lo que obligó al Gobierno a decretar un toque de queda.

Por las redes sociales circula una imagen que intenta explicar el problema. Como punta del iceberg –se muestra–, aparecen las protestas por el alza de la tarifa del metro, que comenzaron la semana pasada con entradas masivas de jóvenes saltando los accesos del metro sin pagar. Pero de acuerdo al dibujo, existe una parte profunda del iceberg que no se ve: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”. En definitiva, que lo que ocurre tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores han logrado apaciguar.

La economía crece en torno a un 2,5%, menor a lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los vecinos de Chile en la región. Pero vivir se ha vuelto caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.

El mes pasado se anunció que las cuentas de luz aumentarán hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificadas por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumenta es el precio del billete del metro en horario punta, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus lugares de trabajo.

Para la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, las protestas que estallaron en Chile son “un fenómeno que se ha incubado por mucho tiempo”. “De partida, es protagonizada por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura, abiertos para expresar sus angustias y que, desesperanzados, sienten que no tiene nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”. Dammert destaca, a su vez, “la relación carnal” entre la elite política y económica, que les impide ver lo que está ocurriendo en los sectores medios. “Existe mayor conexión hacia arriba que hacia abajo”, señala la experta en seguridad, en referencia a todos los últimos mandatos (desde el de Michelle Bachelet de 2006 en adelante). “A este escenario se suma una policía que ha actuado con falta de profesionalismo y la indolencia de las actuales autoridades”.

De acuerdo al abogado y cientista político Carlos Huneeus, “existe una falla brutal de liderazgo del presidente Piñera, porque tiene cero sensibilidad política para controlar lo que ocurre”. “En un régimen presidencial en que el presidente está inmovilizado y de paso inmoviliza a todos, el gobernante se transforma en un obstáculo para el restablecimiento democrático. Lo mismo que la oposición, que no existe”, indica Huneeus.

Las revueltas actuales eran difíciles de predecir, según indica el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez, porque la chispa podría haber explotado por cualquier asunto. "En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener de los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría". La gente quiere mantener este progreso, explica Méndez, "pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos". Se trata de una paradoja del crecimiento que no se sabe cómo combatir, dice el analista. Sobre si los chilenos quieren un cambio de modelo económico, Méndez no tiene dudas: "Aunque probablemente un sector de la política chilena volverá a malinterpretar las protestas, la ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino que una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos".

Para Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, “este estallido violento tiene un apoyo del resto de la sociedad que es interesante de analizar”. Según el académico y escritor, se trata de “una clase media que vive mejor que lo que vivía antes, pero que está frustrada ante sus aspiraciones y, sobre todo, tiene una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado. "Los sueldos se consideran bajos, existe una percepción de abusos y todo estalla con medidas como el alza del pasaje”. Pero para Ottone, "el sector social que aplaude y toca las cacerolas en señal de apoyo, anhela las mejoras, pero a la vez es tremendamente individualista”. Si a este cuadro se le suman todos los escándalos recientes –graficados en la figura del iceberg que circula por las redes– y “un Gobierno y una oposición ineptos”, se desata la tormenta perfecta.

El sociólogo Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile, señala que las protestas se explican “por el nivel extremo en que en Chile se ha privatizado la reproducción de la vida cotidiana, lo que crea una cantidad de fuentes de incertidumbre que –al menos en este nivel– no existen en otras sociedades del mundo”. Han salido a las calles niños y jóvenes apoyados por sus familias, opina Ruiz, que considera que estas protestas son la continuación de las que han explotado en Chile desde 2006 a la fecha. “Es una ola que arrasa con moros y cristianos. Con los Montesco y los Capuleto. Es la razón por la que la política queda muda”.

Para Ruiz, "se trata un malestar inorgánico y carente de representación política que ninguna fuerza se puede atribuir, ni siquiera el Frente Amplio" de izquierda, que se formó luego de las protestas estudiantiles de 2011 y actualmente tiene 20 parlamentarios en el Congreso, otras de las instituciones con el prestigio por el suelo. "La única organización que sigue siendo bien valorada en Chile son los bomberos", explica.

Publicado enCrisis Chile
Lunes, 20 Mayo 2019 05:43

Bolsonaro mejor que Guaidó

Bolsonaro mejor que Guaidó

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, en Buenos Aires alertó que una victoria electoral de Cristina Kirchner supondría el riesgo de que Argentina se convirtiera en Venezuela. Curiosamente, se expresó mientras su padre está consiguiendo lo que no puede Guaidó… sólo que al revés: por todas partes, surgen levantamientos y oposición creciente contra el actual mandatario. En estos momentos, hay fuertes chances de que la presidencia Bolsonaro se convierta en una gestión exprés. La palabra impeachment ya forma parte del léxico corriente en medios de comunicación y redes sociales. 

La histórica marcha del miércoles 15 de mayo, cuando cerca de dos millones de personas salieron a la calle a protestar contra el recorte en educación en alrededor de 200 ciudades de Brasil, fue un punto de inflexión de un cúmulo de rechazo a su figura, a los de sus hijos y a las figuras más cercanas al presidente. Quienes en la campaña electoral pensaron, seguramente, que su estilo violento y belicoso constituía una estrategia electoral para atacar a sus opositores, están percibiendo que constituye una faceta de su personalidad. Da la impresión de que su capacidad de diálogo es nula, y sólo sabe expresarse en forma agresiva –aun cuando puede no ser su intención–. Sobre esto, pareciera que con sus hijos procuró fortalecer su figura en una relación directa con su base electoral, desprestigiando a sectores que formaban parte de la coalición de gobierno, como militares (que ocupan varios cargos del vicepresidente para bajo) y partidos políticos aliados. Además, económicamente, cerró con su “superministro” Paulo Guedes en una opción extremadamente neoliberal y cien por ciento subalterna a capitales estadounidenses que incluye la entrega de la explotación extrema de los recursos naturales, de las instituciones financieras estatales y empresas como Petrobras. En esta estrategia, Guedes colocó todas las fichas a que se apruebe una brutal reforma previsional como necesaria para evitar la catástrofe económica, que encuentra resistencias dentro y fuera del parlamento.


Esta estrategia de sumisión a la actividad privada es completada con la gestión del Ministro de Educación Weintraub que, al ser convocado en medio de la protesta estudiantil por el Congreso, dejó bien en claro que el objetivo no era el recorte del presupuesto educativo, sino la extinción del sistema educativo público. En línea con el presidente, descalificó a los estudiantes y afirmó que los egresados de las universidades públicas no sabían nada. La realidad es lo contrario; no sólo son las públicas las que ocupan los primeros puestos en ranking nacionales –con sólo dos o tres privadas–, sino que incluso están entre los primeros puestos en mediciones de países emergentes, y algunas públicas tienen respetables colocaciones incluso a nivel internacional. Así, quedó en claro el proyecto gubernamental de desmantelar la educación pública, en beneficio de la privada, que el ministro elogió sin fundamento alguno.


De modo similar, el canciller Ernesto Araújo alineó la política externa de Brasil a Estados Unidos en una cruzada moralista que identifica la “globalización” como un proceso manejado por el “marxismo cultural” y los riesgos climáticos una “conspiración comunista”, aun a costa de perder mercados externos importantes. Mientras tanto, la economía se paraliza, la bolsa cae y el dólar se dispara. Además, la consultora A.T. Kearney sacó a Brasil, por primera vez, de los 25 principales destinos para los inversores de Estados Unidos. Durante el gobierno de Dilma Rousseff estaba en tercer lugar.


Bolsonaro fue perdiendo apoyos propios en la última semana. Incluso su “gurú” el astrólogo Olavo de Carvalho anunció que dejará de participar en la política de Brasil. El Movimiento Brasil Libre, gran participante de la caída de Rousseff y de la onda anti-PT, también anunció su ruptura. Los estudiantes ya convocan una movilización mayor para el 30 de mayo, y, además, sumarse a la Huelga General del 14 de junio contra la reforma previsional. Los tres medios principales, O Globo, y en San Pablo, Folha y Estado, en sus editoriales son muy críticos del manejo político del presidente y de sus ataques a la democracia. Las investigaciones de corrupción y asociación ilícita sobre otro de sus hijos, Flavio, crecen cada día y afectan a casi 100 personas que estuvieron contratadas en su despacho o movieron dinero, incluyendo la esposa del actual mandatario.


La respuesta de Bolsonaro parece ser jugarse a todo o nada. Las redes convocan a una gran marcha en su favor el 26 de mayo, luego que el presidente diera el puntapié a la divulgación por whatsapp de una carta que lo coloca como víctima de los conspiradores en el poder, y cuasi proponiendo un cierre del Congreso y de la Corte. Ante la denuncia de que más del 60% de los perfiles que lo apoyan en redes son falsos, habrá que esperar si las tendencias en Twitter en su apoyo tienen base social o no. Por la dudas, el influyente columnista Reinaldo Azevedo afirmó: “después de la carta, la salida es suicido o renuncia. Sugiero la segunda”. Si llega ser el caso, al menos su presidencia habrá durado más que la de Guaidó.
* Profesor Ufrgs (Brasil).

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Lunes, 18 Febrero 2019 05:53

La segunda implosión de Centroamérica

La segunda implosión de Centroamérica

Décadas después de las guerras de revolución y contrainsurgencia en Centroamerica, la región otra vez está al borde de una implosión. El istmo ha estado sumido en una reanudación de las luchas de masas y la represión estatal, el desmoronamiento de los sistemas políticos, la corrupción, el narcotráfico y el despojo y migración forzada de millones de trabajadores. Detrás de esta segunda implosión –reflejo de la crisis galopante del capitalismo global– está el agotamiento del desarrollo capitalista tras las convulsiones de los años 80 al ritmo de la globalización.

Los movimientos revolucionarios de masas entre 1970 y 1980 lograron desalojar del poder a las dictaduras y abrir los sistemas políticos a la competencia electoral. Pero no alcanzaron la justicia social sustancial ni democratizar el orden socioeconómico. La globalización desplazó a millones, agravando pobreza, desigualdad y exclusión social, y dañó el ambiente, ocasionando una oleada de emigraciones y más movilizaciones de masas entre quienes se quedaron. Las raíces del conflicto regional han persistido: la concentración de la riqueza y del poder político en manos de élites al lado de la pauperización y la impotencia de una mayoría desposeída.


Con el golpe de Estado en Honduras (2009), la masacre de manifestantes en Nicaragua (2018) y el regreso de los escuadrones de la muerte en Guatemala la ilusión de paz y democracia, tan pregonada por la élite trasnacional, ha sido destrozada. Los regímenes centroamericanos ahora enfrentan crisis de legitimidad, estancamiento económico y colapso del tejido social.


El modelo de acumulación implementado hacia finales del siglo XX y en adelante abarcó la introducción de actividades que integraron la región a las cadenas trasnacionales de producción y servicios, parte de la globalización capitalista que ha involucrado una expansión de la minería, la agroindustria, el turismo, la extracción energética y los megaproyectos de infraestructura a lo largo de América Latina, alimentando una economía global voraz y desbordando las arcas de las trasnacionales.


La evolución de la economía política centroamericana refleja la de la economía global. La mundial pasó por un periodo de prosperidad entre los 50 y 60, seguido por crisis, el estancamiento y la transición en las décadas de 1970 y 1980, para luego pasar al auge de la globalización en los 1990 y principios del siglo XXI. El istmo experimentó una tasa de crecimiento anual promedio de 5.7 por ciento (1960-70), tasa que cayó a 3.9 entre 1970-80, y luego desplomó a apenas 0.8 en la década de 1980-1990. Pero luego, en sincronía con la economía global, el crecimiento se recuperó a un promedio anual de 4 porciento durante la globalización entre 1990-2008, según la Cepal. Tras la crisis de 2008, la tasa de crecimiento descendió a 3.7 en 2012, a 3.5 en 2017, y a un estimado 2.6 en 2018.


El orden social de la globalización sólo podía ser sostenido mientras expandía la economía y los despojados podían emigrar. La reanudación del crecimiento desde los 90 ha dependido de: fuerte incremento del flujo de la inversión corporativa trasnacional, aumento constante de la deuda externa y las remesas de los migrantes.


La inversión extranjera directa bajó a partir de 2016, mientras la deuda externa pasó de 33 mil millones de dólares en 2005 a 79 mil millones en 2018. Pero sobre todo los 20 mil millones que envían los migrantes se han convertido en un salvavidas para la economía regional, mientras la emigración contiene las explosiones políticas.


Las remesas aportan 18-19 por ciento del PIB en El Salvador y Honduras; es 10 por ciento para Guatemala y Nicaragua. Las remesas representaron la mitad del crecimiento del PIB en esos países en 2017. La economía regional colapsaría sin ese dinero.


La población centroamericana creció de 25 millones (1990) a 40 millones (2017), según la Cepal, pero el mercado laboral no absorbe a la mayoría de los entrantes, lo que explica el repunte de la emigración: casi se duplicó de 2000 a 2017: 4.3 millones.


El capitalismo global enfrenta una crisis estructural de la polarización social y la sobreacumulación. La continua expansión de la economía global en años recientes ha sido alimentada en el consumo basado en el endeudamiento, la especulación en el casino global que ha inflado una burbuja tras otra, y la militarización impulsada por los estados en tanto el mundo entra a una economía global de guerra. Hoy la economía global está al borde de otra recesión. El sistema enfrenta una crisis política de la hegemonía y una escalada de tensiones globales. Esta crisis subyace a la segunda implosión de Centroamérica.


Se desarrolla en el istmo otra ronda de protesta popular de masas; los regímenes locales pierden legitimidad, se vuelven más corruptos y amenazan la constitucionalidad, como ha sucedido en Honduras y Nicaragua y podría ocurrir en Guatemala.


Las comunidades más vulnerables han sido identificadas como chivos expiatorios para la crisis, sobre todo los refugiados y los migrantes. Esto ayuda a entender la respuesta hasta fascista de Trump hacia los refugiados centroamericanos.


El futuro de Centroamérica dependerá de la capacidad de las fuerzas populares en Centro y Norteamérica de movilizarse para preservar el estado de derecho e impulsar la agenda de la justicia social que pudiera paliar la crisis. De lo contrario, una recesión económica podría tumbar el castillo centroamericano de naipes.

Por William I. Robinson, profesor de sociología, Universidad de California en Santa Bárbara

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Detenidos en Francia más de 700 estudiantes de secundaria por protestas

Más de 700 estudiantes de secundaria fueron detenidos para ser identificados por la policía en Francia, al cumplirse la cuarta jornada consecutiva de movilización, con incidentes en todo el país, indicó una fuente en el Ministerio de Interior.


Cerca de 280 institutos de secundaria se vieron perturbados, de los cuales 45 fueron totalmente bloqueados por los estudiantes, según la misma fuente.


El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, redoblaba sus esfuerzos este jueves para evitar un nuevo estallido de violencia en las protestas de los “chalecos amarillos” previstas para el sábado, en un clima de descontento general que se extiende a otros sectores.


Las convocatorias a manifestar el sábado proliferaban en las redes sociales, despertando temores entre las autoridades de que se repitan las escenas de caos que dieron la vuelta al mundo el fin de semana pasado.


Para prevenir nuevos desmanes, las autoridades instaron a todas las tiendas y restaurantes de la avenida de los Campos Elíseos a cerrar sus puertas el sábado. La Torre Eiffel, la ópera de París y una decena de museos de la capital, incluyendo el Grand Palais y las Catacumbas, tampoco abrirán al público.


Los cierres preventivos no se limitaban a la capital. En Burdeos, donde se produjeron también choques violentos la semana pasada, la Alcaldía anunció el cierre de una decena de museos.


Gobierno de Francia moviliza medios excepcionales ante manifestaciones


El primer ministro francés, Edouard Philippe, instó esta jornada a mantener la calma en todo el país y anunció la movilización de medios excepcionales para controlar las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos el próximo sábado.


Según precisó, los efectivos y recursos se sumarán a los más de 65 mil agentes desplegados en la nación europea, escenario de multitudinarias manifestaciones contra la gestión del presidente Emmanuel Macron.


Philippe pidió realizar los esfuerzos necesarios “para preservar la República” y solicitó a los chalecos amarillos no realizar demostraciones en París, donde -dijo- grupos extremistas promueven la violencia.


Al acercarse el cuarto sábado consecutivo de demostraciones, el Gobierno intentó aplacar a los ciudadanos con la suspensión de medidas como el alza de los precios del combustible.
No obstante, según medios locales, las convocatorias a nuevas acciones aumentan en las redes sociales.


Además, continúan paralizados cientos de colegios, cuyos estudiantes y maestros exigen el respeto a sus derechos y un mayor acceso a la educación .


Bajo presión desde el 17 de noviembre, la dirección del país teme que las protestas no puedan ser controladas y que se repitan los sucesos de los últimos días, cuando cientos de personas fueron arrestadas y más de 200 resultaron heridas.


En un inicio, las manifestaciones fueron organizadas para denunciar el incremento de los costos del combustible, pero después se convirtieron en tribuna de otras demandas como la reducción de los impuestos en general, el acceso igualitario a la seguridad social y el aumento de los pagos por jubilación.


Los participantes también piden el respeto a los derechos de los trabajadores, el fin de la política de austeridad y la protección a los migrantes.


Un estudio divulgado por el diario Le Fígaro apunta que Macron cuenta con el respaldo de sólo el 21 por ciento de los ciudadanos, frente al 64 registrado al comienzo de su mandato.


(Con información de AFP/ Prensa Latina)

6 diciembre 2018 

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La izquierda francesa se vuelca con el movimiento de los 'chalecos amarillos'

Centenares de bloqueos en las carreteras y una nueva manifestación en los Campos Elíseos son organizadas este sábado en Francia en el tercer sábado de protestas de los automovilistas indignados.

Tarjeta amarilla para Emmanuel Macron. Campeón de la impopularidad desde hace meses, el presidente francés ha visto cómo el malestar provocado por la ineficacia de sus reformas y su arrogancia burguesa se veía reflejado en el movimiento de los “chalecos amarillos”. Dos semanas después de la primera movilización de los automovilistas indignados, los bloqueos de carreteras se repiten en Francia. Las concentraciones y la manifestación de este sábado en los Campos Elíseos servirán de termómetro del futuro de esta movilización que amenaza con ampliarse o bien conformarse con ser la primera advertencia seria ante la ofensiva neoliberal de Macron.


Además de centenares de bloqueos de carreteras por toda Francia, otra manifestación se celebrará este sábado en los Campos Elíseos de París, bajo un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. Unos 5.000 agentes de policía controlarán el acceso de los manifestantes e impedirán la circulación de vehículos. Tras las reticencias iniciales en la izquierda francesa, el sindicato Sud-Solidaires —una de las organizaciones sindicales menos mansas en Francia— apoya esta convocatoria. También lo hacen los dirigentes de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, partido referente de la izquierda francesa, a pesar de sus fuertes divisiones internas.


La CGT ha convocado para este sábado manifestaciones por toda Francia contra la precariedad y las políticas del gobierno de Macron. El sindicato con un mayor número de afiliados, sin embargo, continúa sin apoyar al movimiento de los “chalecos amarillos”, en un ejemplo más de las reticencias de las direcciones sindicales ante las nuevas formas de lucha. Las organizaciones universitarias también organizan para este sábado protestas contra el aumento de las tasas universitarias en Francia para los estudiantes de fuera de la Unión Europea. Estas aumentarán hasta 2.770 euros en las matrículas de Grado (actualmente cuestan 170 euros) y hasta 3.770 euros en los másteres (ahora son 240 euros).
Apoyo mayoritario de los franceses


Finalmente, ¿se producirá la ansiada convergencia de luchas entre múltiples frentes de protesta, que caracterizaría hace 50 años el Mayo del 68? Esta hipótesis resulta, de momento, muy improbable. Pero las protestas de este sábado representarán seguramente otro capítulo en el divorcio entre Macron y los franceses.


A diferencia de otras movilizaciones sindicales contra la reforma laboral o de la compañía ferroviaria SNCF, el movimiento de los “chalecos amarillos” cuenta con el apoyo mayoritario de los franceses. Y este no ha dejado de aumentar pese a los intentos del ejecutivo de criminalizarlo, con el argumento de las dos desgraciadas muertes relacionadas con las protestas y los más de 400 heridos, la mayoría de ellos leves. Según un sondeo del instituto Odoxa, publicado el miércoles en el diario conservador Le Figaro, el 84% de la población considera “justificada” esta movilización, siete puntos más que la semana pasada.


“Los chalecos amarillos representan los galos, la Francia ordinaria, el espíritu rebelde de la Francia contestataria”, asegura en declaraciones Público el sociólogo Michel Fize, autor de Mai 68 n’a jamais existe! (¡El Mayo del 68 jamás existió!). Este movimiento expresa una “crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales”, explica este investigador jubilado del prestigioso CNRS, que observa una continuidad entre el movimiento de los chalecos amarillos y la Nuit Débout, que ocupó la plaza de la República en París en la primavera de 2016. “Pero a diferencia de la Nuit Débout, que básicamente estaba formada por jóvenes urbanitas con estudios superiores, los chalecos amarillos son un movimiento más transversal formado por hombres, mujeres, jóvenes, jubilados”, asegura Fize.


“Ahora, se produce una paradoja evidente. El movimiento de los chalecos amarillos está presente en Albert, Flixecourt o Abbeville —ciudades pauperizadas del norte de Francia a causa de la desindustrialización—, pero mucho menos en París”, aseguró el diputado de la Francia Insumisa François Ruffin, figura emergente de la izquierda francesa. Uno de los impulsores hace dos años de la Nuit Debout, organizó este jueves un mitin en la Plaza de la República de París para movilizar a los “indignados” de la capital francesa y las otras grandes ciudades francesa en apoyo al movimiento de los “chalecos amarillos”.


Fiasco en el intento de diálogo del gobierno francés


“El aumento de los impuestos sobre el carburante ha sido la gota de diésel que ha colmado el vaso de agua”, afirma Jean-Baptiste Voltuan, un activista francés presente en el mitin organizado este el jueves por simpatizantes de la Nuit Debout. Apoyado mayoritariamente por los votantes de la Francia Insumisa (64%) y del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (66%), esta movilización expresa el malestar por la pérdida de poder adquisitivo de los franceses y el orden fiscal injusto favorecido por Macron con una reducción de más de 6.000 millones de euros de impuestos a los más ricos y un aumento de las tasas indirectas para los más modestos. El principal punto en común de los manifestantes de este movimiento transversal y apartidista es el rechazo hacia Macron.


Aunque el presidente francés descartó el jueves desde Buenos Aires “cualquier retroceso” en sus reformas, la realidad es que el gobierno francés ha multiplicado desde principios de noviembre sus gestos para intentar calmar la indignación de los “chalecos amarillos”. Además de doblar, hasta 4.000 euros, la prima para cambiar un coche viejo por otro de menos contaminante, el ejecutivo centrista renunció a introducir peajes urbanos para acceder al centro de las grandes ciudades o prohibir en 2040 la venta de vehículos de gasoil y gasolina.
No obstante, estas medidas que no parecen apaciguar la cólera de los automovilistas. En cierta forma, reflejan que el gobierno francés no termina de comprender, o aceptar, que la oposición al aumento de los impuestos sobre el combustible se trata de un pretexto.


De hecho, la operación diálogo de este viernes resultó un fiasco. En la reunión organizada por el primer ministro francés, Édouard Philippe, con “representantes” de los “chalecos amarillos”, solo acudió uno de los miembros de este movimiento. Después de que el “premier” francés se negara a que el encuentro fuera grabado para ser retransmitido en las redes sociales, este no se celebró.


“Macron es incapaz de comprender a su pueblo”, asegura Katarina, A., una militante de la Francia Insumisa, de 55 años, que acudió al mitin de este jueves en la Plaza de la República de París equipada con un chaleco amarillo. Como el 84% de los franceses, esta defensora del ecologismo, que “siempre viaja en bicicleta”, asegura estar decepcionada con el discurso de Macron del martes. En su primera intervención pública para responder al malestar de los “chalecos amarillos”, el presidente francés propuso establecer un mecanismo para adaptar la fiscalidad del combustible en función del precio del petróleo.


Acusados de “incoherentes” y de “desorganizados” por los medios generalistas franceses, los “chalecos amarillos” le respondieron con una treintena de reivindicaciones. Por ejemplo, aumentar en más de 200 euros del salario mínimo hasta 1.300 euros netos, establecer un salario máximo de 15.000 euros, tratar dignamente a los refugiados, fijar un salario mediano para los representantes políticos, establecer un referéndum popular que permita votar una proyecto de ley a partir de 700.000 firmas. La mayoría de ellas eran de carácter social y destituyente. Unas propuestas que mantenía unas similitudes evidentes con lo reivindicado por el 15-M en 2011, exceptuando un par de medidas conservadoras en materia de inmigración. Y que difícilmente podría ser impulsadas por Macron.

 

Por ENRIC BONET
@EnricQuart

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