Respaldo a Trump, reflejo de malestar social: Chomsky

Noam Chomsky, uno de los intelectuales estadunidenses más prestigiados en la actualidad, cree que la baja valoración de los políticos a escala mundial no es exclusiva de la cúpula dirigente, sino se extiende a empresas e instituciones como parte de un malestar social general.

La escasa popularidad de los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos no es algo excepcional, sino forma parte de un gran malestar social que amenaza la democracia”, explicó el lingüista y filósofo, de 87 años, en una entrevista en Cambridge.

"Estados Unidos se desarrolló desde una democracia hacia una plutocracia con apéndices democráticos", opinó. "Tres cuartas partes de la sociedad se encuentran simplemente subrepresentadas", subrayó.

Respecto del auge actual del candidato republicano Donald Trump, pese a su discurso polémico y agresivo, el autor de Los guardianes de la libertad cree que se fundamenta en gran medida en el desprecio durante décadas a la clase trabajadora: "Quienes respaldan a Trump no son los pobres. La mayoría son de la clase trabajadora blanca, que en el periodo del neoliberalismo fue marginada. Ahora estas personas están amargadas y tienen rencor".

El profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology (MIT) apuntó como segunda razón un fortalecimiento del populismo y el ultranacionalismo, algo que también se ve en Europa: "Hay correlación directa entre el apoyo a populistas autoritarios y los entusiasmados con Trump".

A diferencia de lo sucedido anteriormente, esta vez a los líderes republicanos no les fue posible impedir el protagonismo de un candidato peligroso. "Trump es singular. Nunca hubo algo como él en naciones industrializadas occidentales", señaló.

Sin embargo, el proceso se enmarca en una transformación más amplia del sistema político estadunidense, que él ve históricamente como de partido único con dos facciones: republicanos y demócratas. "Eso ya no es así. Seguimos siendo un país de partido único, el partido de los negocios, pero ya sólo hay una facción".

De hecho, piensa que quienes apoyaron a Bernie Sanders en la precampaña demócrata podrían formar un nuevo partido, independiente del demócrata, si avanza la transformación del sistema. Sanders se enfrentó desde la izquierda en las elecciones primarias a la actual candidata, Hillary Clinton, pero perdió.

"Si tuviéramos un movimiento trabajador activo y luchador, del estilo del que hubo en Estados Unidos en los años 30, probablemente uniría a los seguidores de Trump con los de Sanders", aseveró el lingüista, quien a nivel político se ha definido como anarquista o socialista libertario.

"Son muy diferentes en muchas cosas, pero comparten centralmente la misma furia por el ataque a la clase trabajadora blanca y a los pobres. Eso podría ser el comienzo de algo totalmente nuevo", concluyó.

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Movimientos sociales y protesta popular en Bogotá.

La coyuntura popular en la Capital de Colombia se caracteriza por una fuerte reactivación y reagrupamiento de los movimientos sociales con el fin de rechazar la brutal política neoliberal del Actual Alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa.

Trabajadores de las empresas de telecomunicaciones, educadores, estudiantes, jóvenes, usuarios, funcionarios del gobierno distrital y redes ambientalistas avanzan en la constitución de un sujeto y una subjetividad empeñada en hacer retroceder el paquete neoliberal consignado en el Proyecto de Plan de Desarrollo (2016-2019) de la actual administración derechista de los grandes grupos económicos, urbanísticos y financieros de Bogotá (http://bit.ly/1TViNKj).


Una subjetividad que salta a la condición de movimiento social con su correspondiente repertorio de herramientas para la protesta implica la determinación de sus marcos de análisis convocantes, la determinación de sus recursos organizacionales, la identificación de sus oportunidades políticas y la determinación de una identidad, pues al decir de Revilla Blanco el movimiento social “es el proceso de (re)constitución de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política institucional. Este proceso dota de sentido a la acción individual y colectiva. El sentido de la acción es lo que permite distinguir al movimiento social del comportamiento colectivo, por cuanto éste es tan solo la agregación de intereses individuales en una coyuntura específica, mientras que en el movimiento social la identidad colectiva constituye en sí un incentivo selectivo para la acción”.


Raschke, en una aproximación ecléctica de tal materia dese nuestro lado, nos propone que “movimiento social es un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social. Lo que supone el desarrollo de determinadas conductas llevadas a cabo por individuos ligados entre sí. Pero esta articulación no implica forzosamente homogeneidad, por el contrario, se puede observar en el seno de un movimiento social una multiplicidad de tendencias, organizaciones y principios para la acción. Por otra parte las metas y objetivos de estos movimientos tienden a ser bastante amplios y, en este contexto, apuntan a cambiar estructuras importantes de la sociedad. En este caso la heterogeneidad del componente social se convierte en el rasgo propio del movimiento, mientras que los objetivos comunes operan como las premisas articuladoras del mismo”.


Todo movimiento posee al menos tres grandes componentes:


a) Una estructura de movilización o sistema de toma de decisiones, de deliberación, de participación, de tareas, procedimientos, de jerarquías y mandos que le permiten llevar adelante sus acciones públicas. Acá se incluyen las palestras de la acción colectiva que son el sistema de procedimientos e instituciones mediante las cuales las fuerzas sociales emplean sus recursos para obtener respuestas a sus demandas.


b) Una identidad colectiva y registros culturales que le permitan diferenciarse colectivamente, articular experiencias pre-existentes, cohesionar a sus miembros, legitimar sus acciones, identificar a sus oponentes y definir sus demandas.


c) Unos repertorios de movilización, o métodos de lucha, mediante los cuales despliega públicamente su escenografía de acción colectiva para hacerse oír, lograr adherentes y lograr sus metas.


Los movimientos sociales pueden tener como oponente y destinatario de su protesta a algún grupo particular de la sociedad (p.e. el empresariado, los terratenientes), o un valor o comportamiento general (el “machismo”). Pero cuando los movimientos sociales tienen como objeto de sus peticiones a las autoridades políticas del Estado para promover en él cambios en determinadas políticas públicas, estamos ante movimientos con dimensión política, y en ese sentido es posible diferenciar movimientos socio-políticos reivindicativos, que pretenden modificar sólo unos aspectos puntuales de la normativa estatal, y movimientos socio-políticos estructurales, en tanto buscan tomar el control del Estado y promover un nuevo orden estatal


Como quiera que se presente en la realidad concreta de la ciudad, la constitución de un movimiento social urbano, como el que observamos actualmente conlleva una articulación de agravios equivalenciales hasta que logre dotarse de un “significante maestro” que lo potencie en sus objetivos principales, que es la derrota del neoliberalismo rampante de Peñalosa.


En tal sentido, el análisis de marcos es clave para dotar adecuadamente de un plan de trabajo y consignas, al movimiento social Bogotano en curso.
Esa subjetividad debe avanzar en varios círculos, según la propuesta de Zemelman, para que se consolide desde los círculos familiar, comunal, urbano, gremial, religioso, partidista, político e institucional.


En tal sentido, este sábado 21 de mayo se realizara una importante Asamblea popular, sindical y social en la sede de la ADE sur, Carrera 8C No. 1 A-35 sur, para coordinar y determinar los aspectos centrales de una movilización que debe llevar hasta un paro cívico distrital para impedir la privatización de la Empresa de Teléfonos, la venta de colegios públicos, la destrucción de reservas ambientales estratégicas de la Sabana y demandar la construcción del Metro ya planteado y no un simple alimentador de Transmilenio.

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Marchan miles en Argentina en demanda de que renuncie el presidente Mauricio Macri

Buenos Aires.

 

Mientras la noche del jueves y hasta las primeras horas de la madrugada de este viernes miles de personas marcharon en esta capital a la plaza de Mayo y también en Mar del Plata y Rosario exigiendo la renuncia del presidente Mauricio Macri, en rechazo a los despidos y otras medidas, entró en vigor el aumento de 100 por ciento al transporte público, lo que causó protestas en estaciones ferroviarias.

 

Las tarifas del transporte en la ciudad de Buenos Aires se duplicaron, incluso para los jubilados, y se anunció que se suprimirá una lista de medicamentos que se entregaban gratuitamente a éstos. Según la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ese listado incluye antibióticos y broncodilatadores, por lo que se prepara una acción penal.

 

La Asociación de Trabajadores del Estado anunció un paro general para el próximo 19 de abril y la instalación de una carpa de jubilados en protesta por las medidas “antipueblo del gobierno de Macri”. El dirigente del poderoso gremio de camioneros, Pablo Moyano, advirtió que irán a un paro general para “frenar el ajuste brutal que aplica el gobierno”. Diputados opositores presentarán un amparo contra el aumento del gas, que será de entre 300 y 500 por ciento.

 

La situación social se deteriora y esto llevó a la unidad de las cinco centrales sinidicales, las cuales marcharán juntas el próximo 29 de abril.

 

El panorama también se agrava para los periodistas, cientos de los cuales han sido despedidos y algunos han sido objeto de amenazas. El jueves, la reportera Gabriela Carchak, del canal C5N, fue amenazada de muerte y atacada cuando cubría una nota sobre un escrache realizado por un grupo de jóvenes ante la casa del juez Claudio Bonadio. Quienes la amagaron incluso difundieron por redes sociales su información privada y fotos de su hija. Ahora la comunicadora tiene vigilancia policial en su casa.

 

El periodista especializado en economía Roberto Navarro, cuyo programa fue sacado del aire por censura cuando iba a denunciar el millonario enriquecimiento de Nicolás Caputo, amigo y asesor de Macri, fue amenazado dos veces en su casa. En uno de esos amagos le dijeron que, “como los zurditos”, iba a aparecer en un río, en referencia a los detenidos-desaparecidos de la dictadura, quienes eran arrojados al mar.

 

Esto ha creado un clima de exasperación, que cada día es más evidente. La respuesta de Macri a la denuncia de Navarro fue nombrar a Caputo como nuevo vicepresidente del Mercado de Valores argentino, según fuentes relacionadas con la institución.

 

Posible orden de detención contra Cristina Fernández

 

El periodista e investigador Raúl Kollman, del diario Página 12, reveló que el juez Bonadio, quien estuvo a punto de ser sometido a juicio político por graves denuncias en su contra, ante fallos y resoluciones sospechosas de corrupción, “utilizó la figura de asociación ilícita para preparar la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien citó a declarar el próximo 13 de abril en el caso de la venta de dólar futuro, que decidió el banco central durante su gobierno.

 

Diversos juristas señalan que esta es una citación absolutamente forzada. Bonadio le tomará declaración indagatoria el miércoles próximo y ese día no va a quedar detenida”, subrayó Kollman.

 

El juez intenta detenerla en los días siguientes a la indagatoria y “ya tiene redactado el procesamiento con prisión preventiva”, anticipó Kollman.

 

Lo mismo decidiría en el caso del ex presidente del banco central, Alejandro Vanoli, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof, aunque este último es diputado y posee fuero. “No es una intuición ni una hipótesis, sino información de quienes están muy cerca de la causa”, agregó.

 

Se refiere a que varios periodistas han denunciado las detenciones arbitrarias, como la del ministro de Transporte del anterior gobierno, Ricardo Jaime, quien fue detenido el pasado domingo en Córdoba, cuando estaba por viajar para declarar ante un juez aquí. Se le obligó a usar un chaleco antibalas y salió rodeado, como si fuera un capo del narcotráfico.

 

Hace dos días el empresario Lázaro Baez, quien llegó en un avión privado con su abogado para presentarse a la indagatoria por otra causa, fue esperado por policías y la televisora amiga del gobierno. Fue trasladado, detenido y esposado. En ambos casos se dijo que se temía que los detenidos “se fugaran”.

 

Los aprehendidos han sido amenazados con la detención de sus hijos para así obligarlos a declarar contra la ex mandataria. Se habla de que “la espectacularidad” utilizada tiene como finalidad mediática encubrir la denuncia contra Macri.

 

En este contexto, frente a la posibilidad de una detención absolutamente arbitraria, las agrupaciones kirchneristas y peronistas convocan a una gran movilización popular para el 13 de abril, a las 8 de la mañana, en la puerta de los tribunales, para acompañar a la ex presidenta y dar una muestra de fuerza frente a la embestida del Poder Judicial.

 

 

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Frente al voto-rebelión: cinco propuestas a la multitud revolucionaria

Hemos pasado por unos de los grandes ejemplos que nos ha dado el pueblo como tal. Muchos años han pasado mientras las vanguardias y pequeñas direcciones que se mueven dentro los laberintos de la vida cotidiana, en su casi totalidad se convirtieron en lugar de extensión de las lógicas burocráticas del Estado. Poco a poco, distanciándose de las luchas reales que por una razón u otra ha de acometer el pueblo desde su contexto de vida, dejo de existir esa imbricación tan bella que existió hace diez o veinte años entre organización politizada de base y contextos comunitarios y clasistas. Años han pasado, y ninguna advertencia fue escuchada. Conclusión: esa masa contentiva de la clase trabajadora dejó de sentirse representada o expresada a través de los núcleos de organización en su inmensa mayoría chavistas. De alguna forma u otra estos se convirtieron en los canales de una opresión clarísima, que millones de seres de esta tierra la hemos percibido a través de la corrupción y el sostenimiento de la misma a través de los grupos que por mucho tiempo han monopolizado la condición de poder popular.

Once años después, me refiero al momento en que toda el impulso revolucionario de base fue paulatinamente absorbido por un jerga gobernante totalmente corrompida (luego del referéndum revocatorio del 2004, momento en que se destruyen las unidades de batalla electoral que autónomamente se formaron por millones), la masa popular no encontró otro mecanismo de aborrecimiento que el voto por una oposición reaccionaria y sin ninguna presencia dentro de las comunidades empobrecidas. Cualquier persona en la calle o el metro de Caracas, le explicará esto mucho mejor que yo.


El voto a favor de la MUD, no es un voto a favor de una alternativa neoliberal y de derecha, es el aborrecimiento generalizado que cualquiera de este pueblo sentimos ante una de las burocracias mas corruptas y mentirosas que han pasado por el poder de Estado. Bien estúpido puede ser aquel que todavía esta creyendo que este pueblo se dejó envilecer por el imperialismo y su manipulación chantajeado por la "guerra económica". Mas bien orgullosos debemos estar de ser el pueblo que somos que por mas sifrinos y modelajes sentimentales con la figura de Chávez, además del realero que soltaron a la calle en este último mes, ese mismo pueblo que una vez le dio todo el apoyo a Hugo Chávez para transformar este país, ya harto reventó a esa burocracia a través del único mecanismo que tenía en mano y es el derecho al voto. Votó por los enemigos de quienes han terminado siendo sus enemigos directos: esta desgraciada burocracia y ni siquiera burocracia, esa mal parida boliburguesía que junto a los viejos amos de este país que están intactos han desfalcado por entero este tierra. Votó por alguien que ni siquiera conocía porque nadie conocía dentro de esas comunidades pobres a los candidatos de oposición, ya que ni campaña hicieron, simplemente les dieron el voto, por lo asqueados que están de este gobierno que se llama "chavista".


Por supuesto después de este acto electoral se torna mas que complejo ya que los elegidos no son precisamente los amantes de las causas justas e igualitarias, la oposición desde el año 2002 es hegemonizada por los segmentos más reaccionarios del ser político nuestro. El "Adios al Chavismo", -siguiendo los argumentos de un texto muy leído- por parte de esa inmensa masa popular, ahora nos pone al filo de perder por completo la causa revolucionaria, que nada tiene que ver con el Estado ni adulancias míticas, sino con la esperada consecución de una vida libre y digna... La reacción "representando al pueblo" buscará enjuiciar y sacar del poder a quienes a estas alturas son aborrecidos, y de allí imponer sus estrategias imperiales y conservadoras, propias de un puñado muy reducido de seres mediáticos que han recibido el favor de los amos del mundo, y de allí su hegemonía política nacional.


La ecuación política por tanto se vuelve nítida: la única forma de salvar la causa revolucionaria es que quienes son sus actores verídicos, en la vida concreta en pueblos; comunidades, fábricas y campos, asuman para sí la inmensa rebelión del voto. Tiren a la basura lo que muchos grupos querrán aún reproducir en un apoyo desesperado a un gobierno que les favorece solo a ellos, y permitan el nacimiento por primera vez en todos estos años de un auténtico poder popular.


Se trata de una visión de momento, que como cualquier otro en condiciones semejantes, son claves al destino de un pueblo, y que afortunadamente ya hemos podido percibir que se multiplica, pero aún sin horizontes claros. Proponemos para acortar este escrito simplemente cinco propuestas a discutir en próximas asambleas en todo el territorio nacional:


1. Disolución de todo los gabinetes nacionales y regionales: configuración de nuevos gobiernos de ancha base progresisista sobre la aprobación de políticas y personajes por parte de los sectores populares organizados.


2. Enjuiciamiento de todos los principales personajes responsables de las políticas de finanzas, tierras, industrias, Cadivi, Banco Central. PDVSA, familiares de mandatarios, y en general de todos y todas los grandes responsables del desfalco nacional, públicos y privados.


3. Constitución del Consejo Nacional de Gobierno Popular que prepare un programa de gobierno para el ejercicio directo del autogobierno de pueblo, produciendo las condiciones políticas necesarias para la existencia de una dualidad equivalente de poderes, cuales sean los nuevos gobernantes de Estado.


4. Mantener el impulso a favor de una auditoría pública cuidadana de todas las instituciones de Estado.


5. Asumir de lleno de ser necesario, la línea por la revocatoria del mandato presidencial, exigiendo la desaparición de la dirección nacional del PSUV del escenario político nacional, sustituido por una nueva plataforma de unidad revolucionaria que proponga un candidado (a) a la presidencia de la república.


¡Que se vayan todos!

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Cuando el tiempo escurre como arena entre los dedos

A cada semana que pasa aumenta en Brasil la sensación de que el gobierno está a la deriva. A cada semana que pasa aparecen más ingredientes para la severa crisis política que sacude al país, con énfasis en las denuncias de corrupción que se multiplican.


A cada semana que pasa surgen nuevas noticias negativas. A cada semana que pasa se agudiza el desgaste del PT. A cada semana que pasa se detecta una nueva distancia en el ya creciente alejamiento entre el principal partido aliado, el PMDB, y el gobierno.


A cada semana que pasa se consolida la imagen de que Dilma Rousseff es una presidenta sin rumbo al frente de un gobierno sin norte. A cada semana que pasa se ofrecen nuevas muestras de torpeza política por parte de ese gobierno sin brújula. A cada semana que pasa se fortalece el malestar generalizado entre los brasileños.


A cada semana que pasa se sigue preguntando la misma pregunta: ¿hasta cuándo una desgastada Dilma Rousseff logrará mantenerse aferrada al sillón presidencial para el cual fue reconducida por las urnas hace menos de 10 meses? ¿Cuánto tiempo logra sobrevivir una mandataria que cuenta con ínfimo 7 por ciento de aprobación popular? Y si no sobrevive, ¿hasta cuándo se mantendrán las importantes conquistas sociales logradas por el PT?


La última semana ha sido pródiga en noticias negativas. En el Congreso aumentó el número de diputados dispuestos a dar inicio a un proceso de juicio político que, supuestamente, podrá resultar en la destitución de la presidenta. Supuestamente porque no hay ninguna razón jurídica y legal para tanto, y también porque uno se anima a suponer que todavía les queda, a la mayoría de los diputados y senadores, un mínimo de sentido de responsabilidad.


El gobierno, por su parte, siguió dando muestras estruendosas de su increíble capacidad de producir desastres. Quizá el mejor ejemplo de eso haya sido el decreto del Ministerio de Defensa quitando a los comandantes de las tres armas (ejército, marina y fuerza aérea) la autonomía para tomar decisiones de ámbito puramente burocrático. La repercusión entre los militares ha sido inmediata, y bastante negativa. Como si todo el resto no bastara, una decisión idiota, tomada por una subalterna a espaldas del ministro, que se encontraba en el exterior, logró algo hasta ahora inexistente: un fuerte malestar castrense con el gobierno encabezado por una ex guerrillera.


La noticia de que la agencia calificadora Standard & Poor's le quitó a Brasil el sello de buen pagador, situándolo como destino especulativo para inversionistas, explotó como una bomba. No por la sorpresa, ya que todos esperaban eso, sino por el momento. El equipo económico de Dilma creía que el rebajamiento ocurriría a principios de 2016 y trataba de correr contra reloj para lograr imponer algunas medidas que lograrían convencer a la S & P de no adoptar la decisión.


De plan, no hubo consecuencias mayores en el escenario económico. Es que ya había tantos nubarrones en el cielo –la estampida del dólar frente al real, que en lo que va del año ya se devaluó poco más de 40 por ciento, las estratosféricas tasas de interés, la recesión proyectada para 3 por ciento del PIB en 2015– que faltó espacio, al menos en ese primer momento, para más tormenta.


Las consecuencias políticas, eso sí, fueron más visibles. ¿La reacción del gobierno? En términos prácticos y concretos, ninguna. Anunció que estudia medidas de corrección. ¿Cuáles? No se sabe.


Por donde se mire, lo que se ve no es nada animador. Y si se mira hacia adelante, menos aún.


Es verdad que el gobierno enfrenta una durísima campaña llevada a cabo por grupos que van de las élites que jamás se conformaron con los cambios sociales surgidos de los gobiernos del PT a lo largo de los últimos 12 años a los cínicos dueños del capital, que se beneficiaron a lo bestia pero siguen criticando sin tregua y especulando con euforia.


Es verdad que los medios hegemónicos de comunicación, dando renovadas muestras de carecer de vestigios elementales de ética, siguen machacando noticias negativas o directamente inventándolas sin pudor alguno.


Es verdad que la oposición no hace más que dar muestras exuberantes de un oportunismo voraz: como no tiene ningún proyecto alternativo, trata de lograr destituir a quien no logró derrotar en las urnas.


Nadie parece, en la oposición oportunista y en los aliados traidores, realmente preocupado con lo que pasará si logran tumbar al gobierno por la vía de un golpe en el Congreso.


Pero lo más alarmante es que igualmente nadie parece, en el gobierno o en el PT, lograr encontrar un camino viable y firme para superar esa crisis que engorda sin parar. Se nota, y eso es un nuevo y explosivo ingrediente, un alejamiento paulatino del PT y, peor, del mismo Lula da Silva en relación con el gobierno. El ex presidente no oculta sus críticas a la política de ajuste neoliberal que Dilma pretende imponer al país, negando todo lo que defendió en la campaña electoral del año pasado y a lo largo de toda su vida.


Nadie lo admite públicamente, pero hasta las mismas relaciones personales entre Lula y Dilma Rousseff viven días de turbulencia.


Y el gobierno sigue inerme. Y el gobierno sigue sin rumbo. Y a cada semana que pasa uno se pregunta, atónito y asustado, qué pasará la semana que viene.

 

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Tras 15 años de operaciones, Transmilenio no da la talla. A pesar de los bombos y platillos con que fue puesto en operación, a pesar de la supuesta novedad del sistema, desde su arranque ya era evidente que no era la solución de transporte masivo para una ciudad del tamaño y población que concentra Bogotá, aunque sí podría funcionar de manera adecuada como parte complementaria de un Sistema Integrado, como sucede en otros países: metro, trenes suburbanos, buses, todos como parte de una sola y única oferta de movilidad.

Estos quince años de operaciones, con su rítmica ampliación, con el sistema de buses complementarios que acercan a los usuarios a sus hogares o lugares de trabajo, han permitido constatar las debilidades de un modelo de transporte que por distintos motivos terminó por ser poco querido por sus usuarios: tarifa costosa, de propiedad privada, con poca oferta de buses, incomodo para abordarlo, hacinamiento y lentitud en su desplazamiento.

Todas estas debilidades, al no haberlas neutralizado, terminaron por producir una ruptura entre ciudadanía y sistema de transporte, hasta el punto hoy dominante, en el cual miles de personas deciden, día a día, negarse a pagar el servicio, colocando en riesgo su vida, o simplemente evidenciando con su resistencia al pago la necesidad que tiene Bogotá de encarar un debate descarnado sobre el sistema de transporte: ¿bien público? ¿negocio privado sobre los hombros de los ahorros colectivos?

La administración de la ciudad insiste en que el sistema está mejorando, pero hay que usarlo para comprender el acumulado de malestar, insatisfacción y odio que despierta este sistema de transporte. Hay que padecer el abordaje de los buses en horas pico, la violencia con que hay que actuar para poder subirse a los mismos, los atropellos de los "vecinos" que también están urgidos por llegar a su lugar de trabajo o de regresar a su hogar, los largos minutos que corren entre la oferta de uno y otro bus; hay que vivir todo esto día a día, mañana y tarde, para saber y comprender por qué la ciudadanía no siente como suyo un sistema de transporte que sabe y comprende que, a pesar de ser un servicio público, rueda como negocio privado.

Hay que saber y sentir lo que significa cancelar cada día, por cada trayecto, $ 1.700, cuando el salario mínimo solamente es de 644.000. Hay que pensar, y multiplicar esos $ 1.700 por varios miembros de una misma familia y varios trayectos por día, para poder comprender por qué miles de miles deciden y buscan la forma de evadir el pago.

Contrario a esta realidad económica y social, la alcaldía, a pesar de socializar una parte de los ingresos de la ciudad vía subsidios en transporte para estratos 1, 2 y 3, y de realizar ofertas para que la ciudadanía opte por viajar en hora no pico, la verdad es que evade el tema central en debate: ¿servicio público o privado? ¿servicio subsidiado o negocio? ¿Control social sobre el transporte público o administración "gerencial"?

Lo decidido hasta ahora está a la vista: no se convoca al debate ciudadano y, contrario a ello, la opción es criminalizar, denunciar, señalar, perseguir, ensayar vías de control (automatización de puertas, encerramiento de vías, más policía) y, como si no fuera peligroso, patrocinar la disputa entre pueblo: que los unos –los que cumplen la norma y cancelan el pasaje– señalen, denuncien y aíslen a los "antisociales", a los que no tienen "cultura ciudadana" (los evadidos, los que no cancelan el pasaje). El empresariado, y con ellos los grandes medios de comunicación, le hacen el juego a esta medida, la cual es impredecible en su desenlace.

Nada más fácil y riesgoso para la convivencia ciudadana.

Ahora, lo que tiene que empezar a entenderse es que existe una relación entre la condición social y el tiempo consumido al interior de un vehículo de servicio público. Son los más pobres los que viven más alejados de sus sitios de trabajo, y los que menos opciones de medios de transporte, diferentes al público, tienen. Comenzando éste año, la prensa daba a conocer un estudio contratado por Planeación Nacional estimaba que los bogotanos pasan 7 millones de horas más al año al interior de un bus (20 días al año), cifra que, aunque subestimada no deja de impresionar por la muestra de irracionalidad que representa el sistema actual de estructuración socio-espacial.

La velocidad de desplazamiento que se estima ha disminuido un 15 por ciento en los últimos siete años, es un efecto del llamado "problema del suelo", pues la ciudad se ha redensificado con el predominio de la construcción en altura (vivienda multifamiliar) sin que la red vial tenga un desarrollo paralelo, dando lugar a una disminución de la dotación vial por persona. Si sumamos a esto el crecimiento más que proporcional del parque automotor privado, completamos un cuadro nada alentador acerca de la movilidad.

El problema que se enfrenta, entonces, es crucial, no sólo visto desde la mira estrecha de la "eficiencia", que nos señala una significativa pérdida de productividad de una sociedad que obliga a sus trabajadores a malgastar su tiempo en largos recorridos, sino porque los efectos colaterales de ese hecho, que tienen su marca de origen en el estrés que provoca, está asociado con manifestaciones de violencia que completan el cuadro negativo de una ciudad que no vive su entorno sino que lo sufre.

Algunas soluciones "ecológicas" como el desplazamiento en bicicleta, por más loables que sean, se limitan a capas muy particulares de la población, como las de los jóvenes estudiantes de clase media que no tienen que cubrir distancias muy grandes entre sus hogares y sus sitios de estudio, pero no lo son para los grupos de trabajadores que tendrían que hacer enormes recorridos (en no pocos casos con topografías de pendientes imposibles), que impiden que esa forma de desplazamiento sea compatible con las necesidades de conservar la fuerza física para el desempeño de trabajos, donde el desgaste muscular es lo más significativo. Un transporte digno se vuelve, entonces, una consigna central de los movimientos sociales de la ciudad que deben decir ¡basta! al abuso a sus derechos en que está convertido el sistema de movilidad.

Así las cosas, el reto que tiene ante sí la actual alcaldía de Bogotá, y que heredará la que le suceda, si de verdad existe interés por solucionar de raíz un problema que afecta a la mayoría de sus pobladores, es la de citar cabildos populares por localidad, para llegar a un gran y masivo debate de ciudad, donde sus habitantes describan, expresen y propongan lo que piensan sobre este sistema de transporte.

Es claro que así hay que proceder porque este no es un problema de especialistas en movilidad urbana, y sí lo es de implementar en sus nuevos ribetes lo que cimenta y da vida a una democracia de nuevo tipo, una donde quienes son los sujetos de la ciudad también son los artífices de la democracia, para que deje de ser delegativa y participativa en asuntos formales, y pase a ser radical y decisoria en asuntos estratégicos. Y éste sí que lo es.

Un debate estimulado, brindando información por parte de quienes la concentran, donde lo evidente y lo que no lo es, donde lo tradicional –lo siempre hecho– y lo no ensayado, pueda y deba pensarse y discutirse. Discutir para resolver.

Las preguntas que animarían un debate de estos podrían interrogar por:

- ¿El transporte masivo en una urbe moderna debe tener como propósito su rentabilidad?
- ¿El transporte masivo de una ciudad como Bogotá debe ser privado o debería ser público?
- Si fuera privado, ¿en qué condiciones debería firmar la ciudad un contrato de estos (porcentajes, compromisos en el mantenimiento de la red vial y del resto de la infraestructura que integra el sistema)?
- ¿Debe tener costo el uso de este transporte?
- Si la respuesta es que lo tenga, ¿la tarifa debe ser menor? ¿cuánto? ¿Debería subsidiarse a menores de edad, estudiantes, ancianos, discapacitados? ¿Otros sectores de la población?
- En relación al salario mínimo y a la realidad de pobreza y bajos ingresos que domina en la ciudad, ¿la tarifa del transporte público deber ser de cuánto?
- ¿Qué hacer para que el sistema de transporte masivo sea cada vez más amable, cómodo, fluido y eficiente?
- Si el transporte masivo fuera de propiedad pública, ¿cómo debería funcionar su administración? ¿Deberían, y podrían, implementarse para ello juntas cívicas por localidad, integradas a un sistema administrativo central colectivo?

Hasta ahora, la presencia de la policía dentro de este sistema de transporte tiene como función controlar el pago del pasaje, ¿tiene sentido que la ciudad pague con sus rentas este servicio, con claro beneficio privado?

Si ha de estar la policía dentro del sistema de transporte, ¿cuáles deberían ser sus funciones?

Acá el trompo. ¿Quién lo coloca sobre la uña?

Publicado enEdición Nº 213
“Lo que iniciamos sobrepasó nuestros cálculos, pero de manera positiva”

"No estábamos preparados para toda la envergadura mediática que esto significaba...", así resume Luis Grubert, presidente de Fecode, la dinámica y gran potencial que despertó el paro docente que durante los últimos días de abril, y primeros de mayo, conmovió a buena parte del país. Para un sector del gremio –que se siente traicionado por la dirección– el paro debió radicalizarse y jugarse a fondo sus reivindiaciones; para otros, el paro dio lo que podía dar, pues había que amarrar los acuerdos al Plan Nacional de Desarrollo. Más allá de unos y otros, los retos por asumir tras el cese de actividades son para el conjunto del movimiento social, aprovechando la oportunidad, como dice nuestro entrevistado, "[...] para convocar a una Mesa Nacional por la Educación".

desde abajo –da–. En el balance que ustedes hacen del paro, hablan de la posibilidad que tuvieron de llegar a un acuerdo en paz laboral sobre el pliego presentado, ¿por qué no se concretó un acuerdo en tales condiciones?, ¿por qué fue necesario llegar al paro?
Luis Grubert Ibarra –LGI–. En paz laboral era en el entendido que el Gobierno respetaba las normas creadas por él mismo, el 160 que abre las puertas para que las partes se sienten a negociar, pero en 56 días que llevábamos discutiendo el resultado era desolador: cero puntos acordados.

da. ¿El Plan Nacional de Desarrollo (PND) marcaba tiempos en esta negociación?
LGI. Sí. El tiempo pasaba y ya faltaba una semana para que aprobaran el PND, el cual se nos volvió una espada de Damocles. Podíamos seguir discutiendo, pero lo que posiblemente acordáramos no quedaría incluido en el Plan. Pero además estaba la cercanía de las vacaciones de mitad de año, las cuales nos bloquean cualquier negociación, pues en caso de paro el Gobierno puede decretar unas vacaciones anticipadas.

da. Ante este escenario, ¿cuál fue el balance que hicieron?
LGI. Vea, la Ministra se sentó con nosotros el día 56, por 40 minutos, y nos afirmó: 10 por ciento, nos afirmó que iría al PND con concurrencia de deuda y que discutiría un aspecto de política educativa con nosotros. Nos pareció interesante, pero nos aseguramos: hago la confrontación con el Director de Planeación y me hace una afirmación contraria a lo dicho por la Ministra, hablo con el Jefe de Presupuesto y el Viceministro de Hacienda y me dicen "no, la chequera está agotada", entonces digo: la Ministra me está haciendo una afirmación falsa.

da. ¿Discuten ese escenario en Fecode?
LGI. En la noche de ese mismo día nos reunimos en la sede de Fecode y votamos la hora cero. Entonces la Ministra se había ido para Panamá, me llamó y dijo: Grubert, ¿qué pasó?, ¿usted es que no cree en mí? Le dije: no, Ministra, yo puedo creerle, pero si pregunto en el Ministerio de Hacienda y me dicen que no, le pregunto a Planeación y me dice que no, ¿cómo puedo creerle? El Gobierno es uno solo, y tenía que haber coherencia con su afirmación, y la respuesta de Hacienda y Planeación no eran coherentes, y como ya nos han hecho conejo Ministra, póngase en mi papel, por eso decretamos la hora cero.

da. ¿Mantuvieron la negociación después de esto?
LGI. Después de esto regresa la Ministra de Panamá, como molesta, y es cuando habla por televisión de sanciones y sueldos irreales, y lo dicho fue lo que hirió y despertó con mayor ahínco la decisión de lucha de los maestros, sus palabras nos unificaron. Pero sus palabras también despertaron la solidaridad de la ciudadanía. Muchos sectores se pronunciaron: 65 parlamentarios firmaron una constancia exigiendo al Gobierno que negociara con Fecode, 35 representantes de todos los matices, sin pedirles nosotros eso, también lo hicieron. Por todas partes había solidaridad. En el ejecutivo de la CUT, a pesar de su diversidad, hubo unanimidad con nosotros. Sin duda cayó sobre nosotros una responsabilidad de liderazgo que los estudiosos de los movimientos sociales deben evaluarla y pensarla. Pero también había un ambiente de presión en los medios de comunicación, pues todos los medios amarillos trataron de hostigar en un primer momento, y después se mostraron como solidarios.

da. ¿Quedó claro que la lucha por el derecho a la educación es un problema, una reivindicación de todo el país?
LGI. Creo que así es, esta es una problemática que nos atañe a todos los sectores; creo que esta es una oportunidad para convocar a que se comprometan en una Mesa Nacional por la Educación, este país se la merece, para ver allí cómo trazamos una hoja de ruta entre todos, no es Fecode, no es el Gobierno, entre todos –de la manera más amplia– debemos afrontar y resolver esta problemática.

da. Una consideración que es importante que presente a los lectores, a propósito del debate suscitado negativo frente al acuerdo; ¿cuál fue el pliego inicial y cuál el acuerdo al que se llegó? ¿hay mucha diferencia?, ¿cómo lo ven?
LGI. En esencia hay dos cosas: en el movimiento sindical hay una costumbre: se pide lo más que se pueda, para llegar hasta donde es posible. El tema de nivelación no era un tema existente en el imaginario de los maestros, ese fue un invento que nos propusimos el año pasado buscando 1.6, eso era lo que pedíamos: 1.6; y cuando salió la palabra 'nivelación', que nos nivelen con los demás, y esa nivelación ya llevamos acordados hasta el momento 12 puntos como un proceso.

da. ¿De qué trata la nivelación?
LGI. El día que estemos igual a los profesionales al servicio del Estado de nuestra misma formación, en ese momento diremos: tenemos nivelación. Por eso digo que iniciamos un proceso.

da. Entonces, ¿por qué la inconformidad de una parte del gremio?
LGI. Porque esta reivindicación generó en los nuevos luchadores la expectativa de que ya tenemos que llegar al 28, ya teníamos que llegar a la nivelación. Los compañeros pensaban que teníamos que sacar el 28 enseguida, no les interesaba lo demás; no alcanzamos el 28, entonces somos unos traidores.

Vea, la Cut acabó de presentar IPC + productividad + 9 puntos; van a llegar apenas a IPC + 1 punto que es igual a productividad; el IPC era 3.66, o sea que de los 9 no van a conseguir nada, porque así se pone para negociar.

 

Y en la otra esquina... El plan Nacional de Desarrollo

 

da. Ustedes estaban negociando contra el tiempo...
LGI. Sí. La noche que llegamos a pre-acuerdo faltaban menos de 8 horas para que acabaran de aprobar el PND. El Gobierno nos puso en una disyuntiva: si ustedes quieren siguen el paro y recogemos lo acordado, y miramos; seguimos negociando el resto del contenido del pliego que no lo hemos discutido.

da. ¿Cuáles temas estaban pendientes de discusión?
LGI. Había un tema nodal: evaluación, diagnóstica formativa o criterios de ascensos; había otro tema nodal: concurrencia de deudas y el tema de infraestructuras. Si en el PND no se hacían los ajustes, de acuerdo a nuestra visión, todo quedaba como lo diseñó el Gobierno.

da. ¿Qué pensaron ante esa realidad?
LGI. Podíamos seguir en paro y teníamos posibilidad de mantenerlo con fuerza hasta el viernes, pero para entonces ya estaba aprobado el PND, entonces lo que lográramos ahí tenía un plazo de cuatro años para implementarse, con el riesgo que sería no con este Gobierno sino con el próximo, ¿y quién garantiza que el próximo si cumpla? En esa disyuntiva, dijimos: nos vamos a seguir negociando, aplazamos la discusión y seguimos negociando, y lo negociado era para incluirlo en el PND.

da. En ese momento había un gran entusiasmo en la calle, las marchas daban un punto muy alto, y la tensión en las redes sociales era evidente, ¿pulsaron esa realidad?
LGI. Nosotros, encerrados allá, no nos dimos cuenta que ya había una campaña mediática en el Gobierno afirmando, independiente de la autoridad de nuestras instancias decisorias, que ya había un acuerdo. Manipularon, crearon un ambiente ficticio, intentaron sabotear nuestras comunicaciones (nuestra página fue atacada quince veces en ocho horas); además, si usted mira los twitter y whatssApp encontrará cómo hay unos personajes –usted nota que es el mismo– manda 50 ó 60 mensajes por hora; o sea, nos inundaron la red de opiniones adversas y todo lo que se preguntaba contra el Gobierno en las últimas cuatro horas no fue contra éste, fue contra Fecode, tan es así que la Ministra me dice: Grubert, bonita la marcha, pero no fue contra mí.

da. Una lección para sacar de esto
LGI. Que los sectores populares no estamos preparados para manejar estos sistemas de comunicación, nuestra generación no sabe manejarlos, corresponde a los nuevos maestros aprender a hacerlo, pero los nuevos –como por primera vez llegan a la pelea– les falta mayor madurez para saber dónde se toca y cuál es el enemigo real.

 

La unidad del gremio

 

da. ¿Cómo es la relación en estos momentos, si es que hay alguna, con estos grupos?, ¿se ha establecido con ellos algún tipo de debate, de diálogo, de comunicación?
LGI. Nosotros dijimos que, como maestros que somos, aquí hay que hacer la pedagogía, que la gente no se afirme en sus posiciones por pasiones, por creencias, sino fundados en los acuerdos. Algún periodista me decía: ¿usted cree que todos los acuerdos son buenos?, le dije: todos son buenos, pero no todos nos complacen plenamente. No tenemos satisfacción plena, eso del 12, yo se lo dije a los compañeros, para mí es como el plato de entrada de un almuerzo, falta el plato fuerte, aún no nos lo han dado, pero no nos lo van a regalar, tenemos que ganarlo, como todo lo que hemos tenido. Creo que el diálogo con ellos debe ser de comprensión, donde no sean las expresiones soeces sino el diálogo comprensivo.

da. ¿Estaría Fecode ante el riesgo de una fractura?
LGI. Si así fuera, el día que a Fecode le quiebren el espinazo, es muy fácil que implementen el modelo neoliberal privatizador en la educación. Por ello nos toca, por responsabilidad política, por responsabilidad social, establecer los lazos de discusión como podamos, porque no podemos dejar que los herederos de la historia de los sindicatos, de la historia de Fecode, la reciban de cualquier manera; creo que esos compañeros ameritan toda nuestra atención, toda nuestra solidaridad, para que esas expresiones que hoy son lógicas en su ideario de resentimiento, por no tener claridad de la dimensión de la pelea, se convierta en una furia dirigida hacia donde debe ser dirigida.

da. Quisiera que ampliara, porque capto que en su formulación hay una idea de renovación generacional de la dirección, ¿está considerado, como una medida de la dirección del sindicalismo en Fecode, pensar seriamente en promover la renovación generacional?
LGI. Es que es más allá del querer, esa es nuestra realidad histórica: los maestros nos llaman los dinosaurios del 2277, los de esta generación, por razones del calendario, tenemos que irnos; yo llamo que estamos los viejos bomberos y los jóvenes incendiarios, entonces los viejos bomberos tienen que aportarle las experiencias a los jóvenes incendiarios para que con su sangre renovada conduzcan de manera acertada la herencia que es Fecode.

da. Hay dos temas muy fuertes; uno de ellos está formulado en el documento que ustedes publicaron y es el de revisar, llegar a un nuevo modelo, en el Sistema General de Participación (SGP), ¿cómo han pensado esto?
LGI. Los artículos modificados para crear el SGP fueron alcanzados por la burguesía con una derrota para Fecode, la que significó la Ley 715 y el decreto 1278, esas dos normas son producto de una derrota, peleando, comprando los votos, pero nos derrotaron. Creemos que ahora tenemos una nueva oportunidad para mantener esa pelea, lo que fue la formulación de la Constitución del 91 de un situado fiscal progresivo para la garantía al derecho a la educación, esa es nuestra bandera hoy

da. ¿Este tema lo han hablado con el Gobierno?
LGI. Sí, y hay una razón para hacerlo: el SGP está hoy en el techo, no tiene cómo cumplir ni siquiera con sus formulaciones.

da. Pese a ello proyectan a Colombia hacia el 2025 como la más educada...
LGI. Me parece que para nosotros es una oportunidad que cumplan con esa promesa, hay que presionar para que así sea, para realizar el derecho a la educación, para romper la inequidad, porque si hay educación se empieza a romper la inequidad y si la rompemos se generan ambientes de paz, para no entenderla solamente como la solución negociada; es que la paz es la reivindicación de derechos, es la profundización de democracia y nosotros, en Fecode, sí estamos comprometidos con eso. Creo que en esta pelea que estamos dando, estamos dando un pasito para ese lado.

da. Hay otro tema fuerte que tiene unos antecedentes y es el de la unificación del Estatuto Docente. Hay una Comisión Tripartita (CT) constituida que ha trabajado pero en esta negociación no hubo ningún tipo de aproximación al tema, ¿qué ha pasado con esa CT?, ¿por qué no han llegado a una formulación?
LGI. La CT trabajó hasta el Congreso anterior, con el nuevo no ha sido posible. En el nuevo Congreso solamente el Senado eligió sus representantes, la Cámara no los han elegido, pero ninguno de los parlamentarios elegidos denota mucho interés en el tema, creemos que es un problema de la orden que da el Presidente de la República, es un problema de voluntad política.

Creo que Santos ha tratado de evadir su relación con Fecode para no tener compromisos en este tema, por una razón: es que ésta es la reivindicación histórica de los últimos ciclos más importante para Fecode; pero es que esa reivindicación cuesta, entonces el Gobierno trata de no sentarse con la Federación, porque la sentada le cuesta.

da. Entonces, ¿qué hacer para que el tema funcione?
LGI. Estamos ante la necesidad de generar un movimiento específico para el nuevo Estatuto, que no se vea como un movimiento de reivindicación momentánea sino como una tarea de tipo estratégico de la Federación, que sería la reivindicación más grande que proyectaríamos los maestros en los últimos tiempos.

Pero para generarlo, creo, hoy no existe la madurez suficiente que el tema y la lucha amerita, porque hay maestros del 1278 que les ha ido bien en las evaluaciones y consideran que hay un buen Estatuto, y no lo pelean; también hay maestros del 2277 que dicen "ya estoy para salir", ese es un buen Estatuto, y tampoco lo pelean. Es claro, entonces, que nos ha faltado pedagogía para que la gente dimensione la importancia para todos del nuevo Estatuto, y el Gobierno aprovecha esa carencia de pedagogía para retrasar los tiempos en esa pelea que es de transcendental importancia para la Federación.

da. De importancia estructural también es el tema de la evaluación, de la formación, de la profesionalización, de los ascensos, lo cual está articulado con una afirmación que ustedes hacen en el balance: el magisterio y Fecode van a seguir insistiendo en ser protagonistas de políticas educativas. Además, en un comunicado anterior, ustedes hacen una caracterización de lo que está sucediendo, como una crisis en la educación, que es necesario hacer reformas, esto ya llegó a un punto en donde no es posible seguir con la inercia, lo que implica unos acuerdos que vayan más allá de un gobierno, que comprometan al Estado. Si asumimos esta premisa, ¿qué piensa, a nivel personal, de la discusión del próximo Plan Decenal de Educación (PDE) y qué piensan sobre ello en Fecode? ¿Ven ahí una opción o una oportunidad?
LGI. En estos tiempos tenemos, como nunca antes, una lucha y una defensa mundial por la educación. Hay movimientos en marcha por todas partes. Hay interés y preocupación de distintos sectores sociales por ella, y eso tenemos que aprovecharlo. La crisis de la misma no la resolvemos los maestros solos, tenemos que citar a la reflexión y a la acción a todos los sectores del país, abordar su crisis no desde la visión gremial sino desde una visión de nación.

Por ello, he dicho, aquí no podemos esperar mesías, aquí, entre todos, tenemos que construir la hoja de ruta que nos saque de la crisis. Y esa hoja de ruta en el contexto nacional tenemos que construirla los colombianos, sin ir a copiar modelos, que sean referentes, bienvenidos los referentes; que nos sirvan de experiencia, bienvenidas las experiencias; pero en nuestra propia realidad tenemos que construir la hoja de ruta que nos saque de la crisis, con nuestras limitaciones, con nuestras fortalezas, con esos maestros que están bien o mediana o pobremente preparados, con ellos es que tenemos que hacer las transformaciones. Y en ello deben aportar los rectores de las universidades, los intelectuales, los estudiantes, todos los sectores sociales, ahí está el reto para Fecode, liderar el proceso, pero lograr que toda la sociedad responda al llamado.

Y en ello, y para ello, tenemos que generar una lucha para que el PDE sea la hoja de ruta por construir entre todos. Por eso mi invitación permanente a que hagamos una Mesa Nacional por la Educación (MNE) para que en el diseño prospectivo de lo que debe ser el PDE, esté el aporte de todas y todos, que la nación le meta el ingrediente que necesita el país, no sólo Fecode; podemos aportar, sí, pero es que aquí hay gente que también puede aportar mucho, entonces toda esa gente que ha pensado la educación, la pedagogía, la ciencia, la política educativa, bienvenidos: las generaciones venideras merecen que hagamos un alto en el camino para que la educación sea la que soñamos, para construirla entre todos.

da. La relación con los padres de familia es una relación permanente del colegio, no es inmanente al trabajo de los maestros, pero siempre ha sido una relación asistemática; en este paro se habló mucho de las afectaciones que traía para los padres, ¿cómo están pensando ustedes, en esta lógica que ha formulado de compromiso, en una relación renovada con los padres y con los mismos jóvenes estudiantes?
LGI. De las cosas que a uno le costaba en las entrevistas era lo que pesan para nosotros los niños; afirmé, reiteradamente, que la relación no sólo es laboral, que también es de afectos, tan es así que los padres casi se disputan la paternidad con los maestros. Hay ejemplos, como: 'madre, no me discuta que eso me lo dijo la profe' –y si la profe lo dijo es verdad. Esto para decirle que el compromiso nuestro es de tal envergadura que terminamos modelando comportamientos paternos en la familia, que casi que los padres terminan aceptando orientaciones que los maestros vamos trazando a veces desde la escuela. Creo, por esto, que a esa relación con los padres no le hemos dado toda la importancia que amerita, por las expectativas que los padres tienen hacia nosotros.

Para ser consecuentes con esto, nos toca, desde la escuela sindical, desde el movimiento pedagógico, hacer un rediseño de cuál es nuestra relación con los padres de familia, porque en este paro fueron solidarios, soportaron los quince días de manera estoica; conozco gente que tenía dificultades, pero no levantaron la voz, fueron muy pocos y contados los que levantaron la voz, y los padres de familia, esa solidaridad que nos expresaron en el paro, es una muestra que aquí hay una identidad de los de abajo.

da. Hablemos del tema de la salud, me gustaría que lo haga extensivo a la salud de los niños y de los jóvenes, porque la institución se encuentra con las limitaciones, las enfermedades de edad, como sarampión etcétera y, además, está el tema de la salud de los maestros y lo que llaman riesgos profesionales.
LGI. El tema de salud es una problemática estructural del pueblo colombiano. Con la bendita Ley 100 esto se volvió la oportunidad para los mercaderes. Nuestro modelo está en manos de los mercaderes, por más que peleemos y luchemos, habrá avances, pero los mercaderes piensan como tales, para ellos es un negocio, para nosotros es un derecho.

Conscientes de esto, nosotros pedimos que el gobierno sea garante, como contratante del servicio, que se cumpla lo que está en el papel, pero como eso que hemos dicho no se cumple, hoy le pedimos que los órganos de control (Procuraduría, Contraloría, la Superintendencia de Salud), creen un órgano de vigilancia permanente –el Defensor del Pueblo, como garante de este acuerdo, tiene que estar allí–, entonces se colocó una figura nueva: el Defensor de la Salud de los Maestros.

Hablamos de los maestros y sus familias. Pero nuestro escenario no es la familia, nuestro mayor escenario es la escuela y en ella nuestros niños son víctimas también de este modelo mercantilizado. Cuando inicié mi vida laboral lo hice en un colegio nacional y allí había médico, enfermera y odontólogo –un logro que se tuvo en los colegios nacionales y que no se extendió para todo el país– y se acabó esta figura de los profesionales de la salud dentro del colegio. Bueno, creo que la escuela hoy tiene unos requerimientos: debe tener el médico, y donde hay preescolar debe tener el pediatra, pero también debe tener el psicólogo, también debe tener el psiquiatra –para poder atender los traumas sociales que viven hoy los jóvenes–, este equipo de profesionales hoy es una necesidad para la escuela; no solo el maestro, no solo el psicopedagogo, necesitamos el trabajador social, el sociólogo, el médico, el odontólogo, la enfermera, porque forman parte de la calidad de los ambientes escolares, y los colegios de élite sí tienen todo esto. El problema es que como aquí hay una educación para pobres, que pobremente es atendida...

Nuestra salud padece los males de la mercantilización, es de verdad el karma más complejo que tiene Fecode, por todos lados revienta. Los dirigentes nacionales, por ejemplo, tenemos la dificultad que cuando nos da alguna cosa en cualquier lado del país, no aparecemos en el sistema, no aparece la cédula, bueno, como es de Fecode lo atienden a uno para que no moleste, pero realmente no debe ser por eso, es que los profesores nos merecemos que donde estemos nos atiendan, porque el modelo está contratado para que nos atiendan en cualquier lugar del país, pero esa no es la realidad.

Con el paro se ordenó a los contratantes que crearan figuras –que ellos llaman "dientes de la contratación"–, para que el que no cumpla de lado y lado lo sancionen, porque el sanduche somos nosotros, en la mitad estamos los maestros, entonces no cumple el prestador, no cumple la previsora, y las víctimas somos los maestros y su familia.

Pero además, más allá del maestro y su familia, me parece interesante que los maestros también pensemos en cómo extender en la educación el derecho a la salud de nuestros niños, porque yo puedo estar sano, pero si hay una epidemia de gripa, de malas por estar dentro de los muchachos, y esos son los ambientes saludables que debe garantizar la escuela.

da. Son muchos retos, se necesitan muchas manos e inteligencia para poderlos atender..
LGI. No hay duda. Les diría que este tema de la salud, de la educación, de la vivienda, del trabajo, de la dignificación del pueblo colombiano, amerita que todos los actores sociales empecemos a encontrarnos nuevamente, como en los setenta y, ojalá haciendo memoria de Camilo, hagamos lo que él pidió: el Frente Unido.

Publicado enEdición Nº 213
Un cheque en blanco al alcalde fue el proyecto de acuerdo 300

Nunca, en mis casi doce años como concejal de Medellín, había visto una discusión tan polémica como la generada por el proyecto de acuerdo 300, una discusión que trascendió del edificio del Concejo Municipal a las redes sociales, para convertirse, además, en la comidilla política de los ciudadanos.

Este debate tan álgido se debió a que Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín, presentó a comienzos de este año un proyecto de acuerdo que buscaba otorgarle facultades por cuatro meses, con el fin de decidir el destino de 46 entidades descentralizadas, 57 billones de pesos activos, 33 billones de patrimonio y 67 mil empleados que hacen parte de una figura llamada "Conglomerado público".

Este proyecto que generó suspicacias desde su radicación en el Concejo, por presentarse al final de un gobierno y en un año electoral, también creó gran preocupación entre las organizaciones sindicales y sociales de la ciudad, debido al futuro que tendrían las empresas estatales eficientes.

Textualmente el acuerdo 300 contempla lo siguiente: "Facúltese al alcalde de Medellín por el término de cuatro meses para adecuar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias en el marco de Conglomerado Público y en el marco del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado en el acuerdo 48 de 2014". En su articulado, el proyecto también estipula: "Facúltese al alcalde para crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado y modificar los existentes para garantizar la implementación del acuerdo 48 del 2014".

Finalmente, el pasado 24 de febrero, 14 concejales aprobaron el proyecto de acuerdo, ante la mirada incredula de cientos de ciudadanos que cuestionaban la honestidad de la clase política local, al darle un trámite bastante acelerado y sin muchos aspectos claros a esta inciativa. En el aire y sin respuesta, preguntas como, ¿cuántos cargos se pretenden crear?, ¿qué empresas estatales serán transformadas, creadas o modificadas?

Sin embargo, fuimos cinco concejales los que conscientes de nuestro ejercicio de controlar y preservar lo público, votamos negativamente esta iniciativa por considerarla inoportuna y poco clara para nosotros y para la ciudad.

Si le dan esas facultades al alcalde, ¿qué harán los concejales cuatro meses?, gritaban enfurecidos algunos ciudadanos desde las barras del Concejo, quienes les exigían a los 21 concejales no desligarse del poder que la Constitución les otorgó: hacer control político al gobierno de turno.

Ese sinsabor que nos dejó el segundo y último debate al proyecto de acuerdo 300, es el mismo que hoy nos deja la llamada modernización de la Alcaldía de Medellín, porque es irracional crear más cargos burocráticos sin evaluar si los 600 creados bajo el llamado proyecto de "modernización", impactaron positivamente la ciudad.

Ya en el 2012, y bajo el siguiente argumento, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, solicitó facultades al Concejo Municipal: "Es necesario repensar la forma en que se organiza funcionalmente la administración central y descentralizada del Municipio de Medellín, en aras de lograr un eficaz fortalecimiento de los equipos de trabajo bajo el modelo de operación por procesos".

El tiempo pasa y los resultado no son nítidos. Luego de tres años, aún no contamos con un informe de gestión que nos permita identificar los efectos de esa modernización, en la que además terminaron involucrados dineros públicos. Y sin estas claridades, no podíamos, otorgar nuevamente más facultades que podrían ser la puerta de entrada a privatizaciones de empresas estatales eficientes.

Desde el Concejo seguiremos defendiendo lo público. Así lo hicimos con UNE, Isagén, Metrosalud y todas las entidades municipales que pretenden desfortalecer para luego vender a privados.

Con el acuerdo 300 quedó en evidencia una gran inconformidad ciudadana frente al actual modelo de ciudad que insisten en aplicar hasta sus últimas consecuencias, sin observar sus destructivas consecuencias, como la creciente desigualdad social que campea en la ciudad, y la multiplicada pobreza extrema y mendicidad.

No existe duda. Con la movilización social en el Concejo de Medellín y fuera de éste, se demostró, una vez más, que las facultades otorgadas al alcalde constituyen un cheque en blanco y un salto al vacío de proporciones incalculables. La protesta ciudadana fue clara, como también lo es que la administración municipal y el Concejo tienen poco interés en escuchar el sentir ciudadano.

 

* Concejal de Medellín.

Publicado enEdición 211
Lunes, 15 Julio 2013 05:25

Contra la Bastilla

Contra la Bastilla

Día de la Bastilla y en algunos lugares del país hay quienes se movilizan a pesar de los muros fronterizos, los de las cárceles, los de la injusticia ante la justicia”, el asalto conservador contra los más vulnerables. Aunque aún no se puede decir que hay insurrecciones, sí hay avisos de resistencia y rebelión por varias partes del territorio.

 

Miles se manifestaron por varias zonas del país para expresar su ira ante la exculpación de un autoproclamado guarura cívico de una comunidad en Florida que el año pasado mató a Trayvon Martin, joven afroestadunidense de 17 años de edad, quien regresaba a su casa después de comprar dulces y té helado. George Zimmerman, armado con una pistola calibre 9 milímetros, lo vio. Decidió que era sospechoso, salió de su coche y hubo un enfrentamiento. Luego de éste, el único hombre armado dijo que había disparado “en defensa propia”. La conclusión del juicio, el sábado por la noche, que captó la atención nacional, con el jurado declarando a Zimmerman no culpable, dejó claro, comentó el columnista Gary Younge, de The Guardian, que “aún se considera legal en Estados Unidos perseguir y después matar a un joven negro desarmado que va de regreso a casa de la tienda, porque no te gustó cómo se veía”. Pregunta Younge: “¿Es temporada abierta de cacería de jóvenes negros después del anochecer?”

 

¿Por qué era sospechoso Trayvon en un país que muchos dijeron que había pasado a una era “posracial” con la elección de Barack Obama? Por ser un joven afroestadunidense en Estados Unidos. “Estamos indignados y dolidos por el veredicto”, expresó Benjamin Todd Jealous, presidente de la NAACP, la más antigua organización afroestadunidense de derechos civiles del país. El coro de otros líderes de derechos civiles fue que “la justicia fracasó”. Otra vez.

 

Por otro lado, el 8 de julio más de 30 mil reos comenzaron una huelga de hambre en dos tercios de las 33 prisiones estatales de California, donde el estado tiene a cerca de 133 mil presos en total que denuncian sus condiciones, con el epicentro en la prisión de Pelican Bay, pero también en Folsom y San Quentin. El enfoque de la protesta está en los aproximadamente 4 mil 500 internos sujetos a confinación solitaria, en la que algunos han permanecido años y hasta décadas (en total, en el país, unos 80 mil están en celdas de aislamiento). Demandan que se ponga fin a las condiciones de aislamiento, que llaman “tortura”, donde los detenidos nunca ven el sol, se les niega casi todo contacto, teléfono y cualquier otra actividad al permanecer más de 22 horas diarias en celdas sin ventanas; dicen que están “enterrados vivos”.

 

Es la tercera vez en dos años que se realiza una huelga de hambre masiva en las prisiones de California. Sus familias, afuera, también se sumaron a las acciones ayudando en la espectacular coordinación entre las prisiones. Las autoridades amenazan a los participantes con más castigo, incluyendo aislamiento solitario y negarles visitas. (El sitio de Internet por la red de solidaridad con la acción).

 


Del otro lado del país, miles de manifestantes se concentran ante el Capitolio de Carolina del Norte cada lunes, en protesta contra el gobierno republicano, el cual resuelve sus problemas fiscales negando asistencia básica a los más pobres, incluidos fondos de desempleo federales para 70 mil residentes, y cortando un tercio el pago a otros 100 mil que pronto perderán este ingreso (el estado es el quinto más alto en desempleo). Más aún: están reduciendo fondos a las escuelas públicas y anulando leyes contra la discriminación racial. Incluso, el acceso a las urnas. Ante ello, en “los lunes morales”, en los cuales ya van más de 700 detenidos en actos de desobediencia civil, miles denuncian esa barbaridad.

 

En Texas, miles de mujeres demandan respeto a su derecho al aborto. Después de frenar una de las leyes más estrictas contra esa garantía (con la que cerrarán 36 de las 42 clínicas legales de aborto en el estado), los legisladores conservadores y el gobernador Rick Perry impusieron su voluntad, y, declarando que es en nombre de la “salud de nuestras mujeres” y los “derechos de nuestros futuros texanos”, promulgaron la norma antiaborto. Las mujeres, entre ellas la ahora famosa legisladora estatal demócrata Wendy Davis, que habían logrado frenar el primer intento de promulgar esa ley, declararon que, aunque perdieron esta batalla, “ganaremos la guerra”, y Davis expresó que “la lucha por el futuro de Texas apenas empieza”.

 

Desde Immokalee, en Florida, donde jornaleros migrantes, en su mayoría mexicanos, se dedican a la cosecha de jitomate, continúa la lucha incesante de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) para obligar a la cadena nacional de comida rápida Wendy’s a sumarse a los acuerdos a los que estos trabajadores, junto con sus aliados comunitarios, religiosos y estudiantiles a escala nacional, han logrado establecer con Taco Bell, McDonald’s, Burger King, Subway y cadenas de supermercados asegurando derechos básicos y poner fin a las condiciones de esclavitud en los campos. La CIW celebró el anuncio de que el Instituto Roosevelt, que promueve los ideales de Franklin D. Roosevelt, la condecorará con el prestigioso premio Freedom from Want, en reconocimiento a su trabajo. El premio se ha otorgado anteriormente a los presidentes Truman, Carter y Clinton, así como a Nelson Mandela, Carlos Fuentes y Elie Weisel, entre otros.

 

En Washington, más de 500 jóvenes indocumentados y sus familias migrantes realizaron a plena luz del día, ante el Capitolio, una ceremonia de ciudadanización, en la cual demandaron sus derechos a trabajo, educación y vida digna conforme a una reforma migratoria para los 11 millones de indocumentados. Los jóvenes migrantes –afirmando abiertamente: “soy indocumentado, pero sin miedo”– ahora encabezan el movimiento de defensa de los derechos de los migrantes.

 

Aún no se ha tomado la Bastilla, ni cerca, pero aparentemente hay temores de ello, ya que cada día la intentan reforzar aún más.

Publicado enInternacional
Miércoles, 23 Junio 2010 06:30

La ira colectiva se impone en toda Francia

Había algo profundo e hiriente en la euforia irónica con que los hinchas de la selección francesa festejaban los goles de Sudáfrica en el último partido del grupo A perdido por Francia. Los bares que retransmitían el partido estaban animados por un encono virulento y un deseo furioso de que la selección terminara su excursión sudafricana con una derrota. Desde el partido perdido ante México y la serie de escándalos que estallaron en el seno de la selección nacional, el país de la racionalidad pareció perder la razón y el fútbol se mudó de campo para provocar una crisis que engloba no sólo al deporte sino también a la política y a la sociedad. En lugar de la razón y la distancia con el deporte, se instaló una ira colectiva que contó con la participación de todos: el seleccionador, los jugadores, la dirección del fútbol nacional, los medios, la clase política, el dinero. “Juntos para un nuevo sueño azul”, dice el slogan pintado en el bus que transporta a la selección nacional. Pero el “juntos” se volvió soledad, el “sueño” una pesadilla y el orgullo de la Francia multicultural y multirracial que ganó el Mundial de 1998 con jugadores cuyos padres habían nacido en otras tierras se rompió como un espejo.

La imagen de los jugadores que disputaron el partido contra Su-dáfrica sin las marcas de los patrocinadores pegadas a las camisetas revela la amplitud de la humillación. La mala imagen dada por los jugadores, su arrogancia colectiva, impensable en un deporte de origen popular como el fútbol, su abismal ausencia de combatividad no convenían a las empresas que habían firmado millonarios contratos con la Federación Francesa de Fútbol.

El Crédit Agricole suspendió su campaña con la imagen de los Bleus, la compañía de telefonía SFR, la cadena de supermercados Carrefour o el grupo energético GDF-Suez atenuaron su presencia. La sanción suprema vino de la cadena norteamericana de comida rápida Quick. Días antes del Mundial, sus afiches, donde aparecía el delantero Nicolas Anelka con una de sus hamburguesas en las manos, invadieron las paradas de colectivos.

Hoy ya casi desaparecieron todos. Los medios de prensa pusieron lo suyo en esta suerte de histeria colectiva que convirtió al deporte en una sala de tortura, de autoflagelación, de sufrimiento físico y metafísico como si, de pronto, un Mundial fuera el destino del mundo y once jugadores la nación entera. Insultos, vejámenes, dedos medios levantados ante las cámaras, chismes, denuncias, insinuaciones bajas, la verborrea mediática sobre esos muchachos millonarios y caprichosos creó una violencia catódica inaudita.

Desde luego, no faltaron los políticos. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, despachó a Sudá-frica a la ministra de Deportes, Roselyne Bachelot, para que mediara en el conflicto que estalló en el seno de la selección y que derivó en una –insólita– huelga de los jugadores, que se negaron a entrenar en pleno Mundial. Bachelot afirmó que los jugadores “han empañado la imagen de Francia”. Más tarde, algún socialista en busca de eco salió diciendo que esa selección era “a imagen y semejanza del modelo de país que encarnaba Nicolas Sarkozy”, “individualista”, “egoísta”. La extrema derecha del Frente Nacional completó la colección de despropósitos. Su líder, Jean-Marie Le Pen, declaró: “Que haya dos blancos en el equipo de Francia nos deja claro que hay una voluntad política de imponer una imagen de Francia que no es tal, al menos por ahora”.

Los analistas políticos y algunos filósofos se apoderaron del tema para sentenciar que el fracaso de la selección era, a su manera, el fracaso del modelo de integración francés. Para ellos, la Francia blanca, africana y árabe que ganó en el ‘98 murió en esta edición del Mundial sudafricano. Y sin embargo, sólo se trata de un juego cuyo resultado no modifica ni el desempleo, ni los efectos nefastos de la crisis, ni los problemas de la vivienda, ni el racismo, ni la corrupción, ni la realidad de una Francia multirracial tangible. Esto es un hecho, con o sin victoria, aunque Anelka haya jugado al fútbol como si la pelota fuera una manzana podrida que hubiese podido mancharle el zapato. Deportistas, políticos, medios y analistas llevaron al país al borde de una sensación peculiar: como si el psicodrama del Mundial fuese la antesala de un enfrentamiento étnico, político y social. El país que encarna la gestión racional de los conflictos perdió la razón y hasta llegó a cuestionar su razón de ser en el espejo de una pelota en cuyo interior sólo hay aire y a su alrededor mucho dinero. Asombroso y desdichado.

Los actores del Mundial, los centrales y los periféricos, han humillado a Francia con la voracidad del odio que sacaron de una mera pelota. Muchos dejaron claro en el camino que el oprobio, el deportivo, estaba antes. Data del año 2008, cuando el entrenador francés, Raymond Domenech, le pidió casamiento a su novia durante la conferencia de prensa final que siguió a la eliminación de Francia en la primera vuelta de la Eurocopa de 2008. Y sin embargo siguió en su puesto, hasta este drama final donde los jugadores, según el color de su piel, son entregados a la venganza de los medios y las empresas les retiran el sello de “aceptables” cuando llega la hora de la gran derrota.

Por Eduardo Febbro
Desde París
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