Periodismo y poder: ¿traición o independencia política?

La detención en Kiev del periodista del portal RIA Novosti Ukraina Kiril Vishinski puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre periodismo y poder, ya que enseña el abuso de los Estados frente a la labor de información y opinión de los medios.


Sólo en 2017 fueron reportados 85 casos de agresión física en relación a los periodistas en Ucrania. Varios fueron asesinados en 2014 y 2015, a la vez que el país restringió el trabajo de los medios denegando el acceso al país a los reporteros de Rusia. En marzo de 2016 fueron suspendidas las acreditaciones de 115 medios rusos.


Vishinski fue acusado de "alta traición y presunto apoyo a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk" y se le dictó arresto de 60 días sin fianza. Ese tipo de acusaciones remiten a la Guerra Fría y a situaciones bélicas, que suelen ser las ocasiones en las que el periodismo siente la presión del poder.
Los ataques a la libertad de expresión tienen una larga historia en el mundo. Quizá el caso más célebre fue el del escritor y periodista francés Émile Zola, quien en 1897 se implicó en el célebre 'caso Dreyfus', un militar francés, de origen judío, culpado falsamente por espía. El 13 de enero de 1898 publicó un largo artículo en el diario L'Aurore titulado 'Yo acuso', en el que demostraba las falsedades de los acusadores.


La edición del diario tuvo amplia circulación, con más de 300.000 ejemplares y fue una pieza central en la revisión del proceso. Sin embargo, el Gobierno francés condenó a Zola a un año de cárcel y a una multa de 7.500 francos, lo que lo forzó al exilio en Londres donde vivió de forma secreta para regresar recién cuando se había finalizado el proceso judicial. Vivió penosamente, ya que la justicia le embargó sus bienes y los grandes medios lo acosaron de forma permanente.
Aunque se trata de un caso muy particular por la notable influencia del escritor/periodista, no es el caso más sobresaliente. Las dictaduras en el Cono Sur de Sudamérica persiguieron y asesinaron al periodista argentino Rodolfo Walsh, cerraron el mítico semanario uruguayo Marcha y encarcelaron a su director Carlos Quijano y a colaboradores de la talla de Juan Carlos Onetti, quienes debieron exiliarse al salir de la cárcel.


El periodista estadounidense Gary Webb puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga, mostrando cómo los barrios negros fueron inundados de drogas para abastecer de dinero y armas a la CIA. En sus investigaciones denunció también a Luis Posada Carriles y a otros cubano—americanos involucrados en este negocio.


El 10 de diciembre del 2004, Webb fue encontrado muerto en su vivienda con dos disparos de revólver en la cabeza. A pesar de esto, la policía dijo que se trataba de un suicidio. Varias investigaciones han demostrado que en realidad se trató de un asesinato.


En Saigón, actual Ho Chi Minh (Vietnam), hay un museo dedicado a los horrores de la guerra de Vietnam, que cuenta con un exposición titulada 'Réquiem: por los fotógrafos que murieron en Vietnam e Indochina', donde se detalla que durante el conflicto armado murieron 135 reporteros gráficos: 72 periodistas vietnamitas del lado revolucionario, otros 11 del régimen de Saigón, 16 estadounidenses, 12 franceses y 4 japoneses, entre otros.


En las relaciones entre periodismo y poder, observamos un conjunto de violaciones sistemáticas que tienen algunos puntos en común, desde el caso Zolá hasta el de Vishinski.


Recordemos a Julian Assange, cuyas denuncias en Wikileaks provocaron una aguda persecución en su contra que lo llevaron a exiliarse en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace seis años.


La primera es la opacidad y los caprichos del poder. Habitualmente la acusación de 'traición de la patria' tiene escaso o nulo fundamento, además de vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos y de forzar a los medios a cerrar filas con los Gobiernos de turno. De hecho, es un tipo de acusación demasiado general que suele encubrir otras intenciones.


La segunda cuestión es preguntarse por qué, en un período en el que no hay guerras mundiales, abundan este tipo de agresiones a periodistas críticos que se dedican a develar los secretos y atrocidades del poder, como es el caso de Assange y algunos otros. Aquí aparecen dos cuestiones.


Una de ellas gira en torno a la transición hegemónica que estamos viviendo, con una seria e inevitable decadencia del poder estadounidense, que provoca una reacción defensiva para alargar su dominación. Un férreo control de los medios, sobre todo en las zonas más calientes del planeta, parece ser un requisito indispensable en este período que tiende al caos. Por lo mismo, el periodismo crítico o no alineado con las grandes agencias mundiales es percibido como una 'amenaza'.


Por otro lado, aunque no existe una guerra mundial, hay numerosos conflictos entre Estados y pueblos que son de hecho verdaderas guerras de alta intensidad. Oriente Medio es el punto más caliente del planeta, fuera de dudas. Pero existen otros como Afganistán, Crimea y Ucrania, la frontera de México con Estados Unidos y el mar del Sur de China, entre los más evidentes, que nos impiden hablar de una situación de normalidad.


En el caso de Vishinski, la actitud antirrusa del régimen de Kiev es la única razón de su encarcelamiento. De ese modo, como en los demás reseñados, la lógica de la guerra es motivo de ataque a los periodistas. En períodos de alta tensión geopolítica la verdad y la calidad de la información son las primeras víctimas, como puede atestiguarlo cualquier lector más o menos imparcial de un medio que supo ser tan prestigioso como The New York Times, reducido según Robert Parry (quien denunció el caso Irán-Contra y ganó el premio Pulitzer) a una simple página de propaganda antirrusa.

03:38 22.05.2018 (actualizada a las 03:39 22.05.2018) URL corto

Publicado enSociedad
Puigdemont, exiliado en Bélgica, será promovido por los independentistas como president.

 

Promoverán la investidura del ex president Puigdemont, exiliado en Bélgica

Las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas. Acordaron dar quórum en la Legislatura para impedir maniobras del gobierno español.

 

Los independentistas catalanes llegaron a un acuerdo para intentar posibilitar la investidura del ex presidente del Parlamento regional, Carles Puigdemont, quien permanece exiliado en Bélgica y si regresara a España sin fueros podría ir a prisión. La Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Cataluña (JxCat), las formaciones soberanistas más votadas en los comicios del 21 de diciembre, sellaron el acuerdo en la madrugada de ayer en Bruselas, informó la dirigente de ERC Marta Rovira.

En la reunión, los independentistas se pusieron de acuerdo en dos cuestiones: rechazar de plano la posibilidad de no dar quórum en caso de que el Estado intente impedir una composición que refleje el resultado de las elecciones y buscar la manera de que Puigdemont pueda ser investido.

El destituido jefe de gobierno catalán quiere ser investido por vía “telemática” a través de Skype, algo que el reglamento del Parlamento de la norteña región no prohíbe expresamente, aunque expertos en leyes señalan que el Tribunal Constitucional podría prohibirlo amparándose en el manual de usos y costumbres. La segunda opción es una investidura delegada; es decir, que otro diputado lea su discurso.

En cualquier caso, Puigdemont planea regresar a España –donde lo espera una orden de detención– una vez que haya sido proclamado presidente.

Pero la ERC, cuyo líder, el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, permanece en prisión en Madrid y también obtuvo una banca en las últimas elecciones, advirtió que no quiere tomar una decisión que tal vez no sea viable. “Hay acuerdo”, aseguraron fuentes cercanas al partido en declaraciones el diario catalán La Vanguardia, pero aclararon que no firmaron un cheque en blanco.

Además, la ERC, si bien impulsa la investidura de Puigdemont, se abraza a la esperanza de que sea Junqueras quien lidere el Parlamento, una opción que había quedado relegada a un segundo lugar porque JxCat obtuvo más votos. Por ahora, la única presidencia que ostentaría la ERC, en función del acuerdo de anoche, es la de la Mesa (órgano de dirección) del próximo Parlamento, que se constituirá el 17 de enero próximo. La Mesa está integrada por un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios. Los soberanistas ocuparían cuatro de esos asientos, con los que controlarían el órgano y podrían dar batalla por la presidencia regional desde adentro. Sin embargo, desde el partido de Puigdemont, el PDeCat, advierten que cerrar las opciones a “Puigdemont o elecciones” no vale la pena, que lo más importante es retener el gobierno, no quien lo lidera.

Por otro lado, el oficialista Partido Popular (PP) del jefe del gobierno español Mariano Rajoy, ya advirtió que está dispuesto a “impedir por todos los medios” una investidura a distancia y asegura tener un acuerdo con sus aliados para impedirlo. Así lo afirmó ayer el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien dijo estar a la espera de una decisión de los independentistas para dar una respuesta.

En los comicios del 21 de diciembre pasado, los soberanistas sumaron 70 legisladores, superando por dos la mayoría absoluta de 68. JxCat (PdeCat y Convergencia democrática) obtuvo 34 diputados, entre ellos Puigdemont, y ERC consiguió 32; el otro partido independentista, la CUP (radicales antisistema) logró 4 escaños. Ayer la CUP instó este mediodía a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana a explicar el “contenido material del acuerdo” que alcanzaron en Bruselas. Sin embargo, sus portavoces aclararon que no está en el ánimo del partido apoyar un eventual gobierno de Ciudadanos o un nuevo llamado a elecciones, por lo que dieron a entender que sus diputados apoyarían la formación de un gobierno independentista como el acordado ayer en Bruselas. Mientras tanto, Junqueras, y quien fuera responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, también diputados electos, permanecen en prisión preventiva sin fianza en la causa judicial que investiga a todo el anterior gobierno independentista. Puigdemont y Junqueras habían concurrido en coalición en los anteriores comicios catalanes, en septiembre de 2015, y gobernaron juntos hasta ser destituidos por el Ejecutivo español el 27 de octubre pasado. Otros miembros de ese gobierno están en libertad condicional en España o prófugos en Bélgica, y la mayoría de ellos fueron elegidos parlamentarios en diciembre. La Justicia española aún no resolvió si autorizará a los legisladores presos a asistir al Parlamento a votar en la sesión de constitución del 17 y en el debate de investidura que se debe celebrar antes del 31 de enero, pero ya descartó que puedan hacerlo los cinco diputados electos que permanecen en Bruselas.

El Ejecutivo español destituyó a todo el gobierno catalán justo después de que el Parlamento regional aprobase por mayoría una declaración a favor de la secesión unilateral. Entonces, Rajoy, convocó elecciones autonómicas, ganadas en minoría por los liberales de Ciudadanos (36 escaños), contrarios a la independencia. La incógnita es qué pasaría si los independentistas lograran cumplir con sus planes e investir a Puigdemont como presidente del Parlamento: Madrid se encontraría frente al mismo escenario que desencadenó la disolución del gobierno catalán tras la declaración unilateral de independencia.

 

 

Publicado enInternacional
Jueves, 21 Diciembre 2017 06:45

Cataluña elegirá hoy a su nuevo Govern

Cataluña elegirá hoy a su nuevo Govern

La incertidumbre es máxima ante unos comicios obligados por Rajoy y disputados entre dos bloques con ajustada diferencia según las encuestas. Se espera que más de cinco millones de catalanes acudan a las urnas.


Desde Barcelona

Elecciones atípicas en Cataluña hasta por el día en que se celebran, un jueves. Hoy se vota en una de las regiones más ricas del sur de Europa para elegir nuevo parlamento y, sobre todo, para decidir si el proceso de separación de España sigue o no adelante. Se espera que la mayoría de los 5.553.983 catalanes que están citados a las urnas acuda a una jornada electoral que augura participación récord tras tres meses de vértigo, un autogobierno intervenido, políticos y activistas en prisión y el ex president, Carles Puigdemont, huido en Bruselas.

El “procés”- nombre con el que se conoce la hoja de ruta independentista iniciada por Artur Mas en 2012- vivió desde mediados de septiembre un acelere inédito con la convocatoria del referéndum soberanista que movilizó el 1 de octubre a 3 millones de personas pese a la violenta represión de un Ejecutivo central enfurecido. La sociedad catalana tomó las calles durante semanas y la eclosión tanto a favor como en contra de la secesión acabó con declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán y aplicación pocas horas después del tan temido artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región. La medida consensuada por Partido Popular (PP), socialistas y Ciudadanos destituyó al entonces gobierno de la Generalitat y convocó a las elecciones anticipadas que hoy hace salir a media Cataluña antes del trabajo para expresar en las urnas cómo quiere continuar la historia.

Pero las opciones no son muchas: bloque constitucionalista o independentista. Y entre uno y otro extremo la coalición del partido de Ada Colau y Podemos, buscando correr el eje de lo nacional a lo social y un referéndum pactado con el gobierno central como alternativa. Las encuestas vaticinan una victoria muy ajustada del bando secesionista, pero el partido que hace solo 10 años entró en escena para pujar por el unionismo, Ciudadanos, parece pisarle los talones; reflejando este posible reparto parejo de escaños las dos mitades en las que, ahora más que nunca, se encuentra dividida la sociedad catalana.

Hasta último minuto de campaña, los cabeza de lista de las siete formaciones que hoy se presentan volcaron todas sus fuerzas en arañar el preciado voto de los indecisos que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro. El favorito en los sondeos, Esquerra Republicana, apeló a la excepcionalidad de la situación como golpe de efecto final en un acto este martes frente a la cárcel madrileña de Estremera, donde su líder y ex vicepresidente del gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, lleva 48 días preso. “Estoy en la cárcel porque no me escondo nunca”, dijo el ex vicepresidente el día anterior en una entrevista radiofónica, lanzando un dardo a quien fue su aliado de Gobierno y del proceso independentista, Carles Puigdemont. Las desavenencias entre ambos –que esta vez concurren a las elecciones en listas separadas– se fueron pronunciando durante las dos semanas de campaña hasta posicionarlos frente a frente, en duelo por la futura presidencia catalana.

“Estoy en Bruselas por exactamente lo mismo que Junqueras está en la cárcel, porque no nos escondemos y porque damos la cara”, le contestó Puigdemont también a través de una radio catalana. El ex gobernador, apelando del mismo modo a la excepcionalidad de las circunstancias, convocó a medios catalanes con presencia en Bruselas frente a la casa en la que se alojó el histórico president republicano Francesc Macià durante su exilio europeo para reiterarles que solo él puede garantizar “el retorno del legítimo gobierno de la Generalitat y el fin de la intervención de Mariano Rajoy”, mensaje que fue leitmotiv de su campaña. En su último mítin por internet, Puigdemont reivindicó a su partido –Junts per Catalunya– como “la única” candidatura que defiende “el retorno del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras y todos los consellers”, en una apuesta por una lista personalista cuya principal baza es la figura del ex presidente cesado como adalid de la causa independentista.

Hoy se develará si la estrategia llevada a cabo desde Bruselas surtió efecto y Junts per Catalunya se convierten en los más votados para forzar al gobierno de Rajoy a retirarse de Cataluña o, si no consiguen esa mayoría deseada, logran igualmente imponer a Puigdemont como candidato a la investidura por delante de Oriol Junqueras, si el bloque independentista gana la contienda. Ambas cosas se presentan complicadas en unas elecciones que parecen indicar una fragmentación política cada vez mayor y un cierre de pactos, de momento, inviable.

El ascenso de Ciudadanos podría patear el tablero del proceso independentista si su líder, Inés Arrimadas, finalmente hoy le arrebata el primer puesto vaticinado por los sondeos a Esquerra Republicana. De todos modos, el veto cruzado entre partidos dificulta su llegada a la presidencia, ya que tanto los independentistas como los de Catalunya en Comú- Podem anunciaron su rechazo por activa y por pasiva a investir a “la formación naranja”, color que representa al partido neoliberal y unionista.

Los únicos que se consideran capaces de resolver el rompecabezas que probablemente derive de estas urnas son los socialistas catalanes (PSC), abanderados de “la conciliación”. Su cabeza de lista, Miquel Iceta, se presentó durante la campaña como el indicado para articular una mayoría parlamentaria que impida la repetición de elecciones. Su prioridad pasa por impedir que el bloque independentista obtenga esa mayoría y para eso Iceta aseguró que tendería la mano tanto a los “comunes” –el partido de Podemos y Colau– como a Ciudadanos.

Catalunya en Comú, por su parte, espera que “la llave” base de su campaña para desempatar entre los dos bloques sea suya al final de la jornada y que el Govern de izquierdas que su líder, Xavier Domènech, postula con su grupo, los socialistas y Esquerra Republicana no sea tan imposible como hasta hoy demostraron los debates y las encuestas.

Publicado enInternacional
Domingo, 19 Noviembre 2017 07:38

¿Hacia dónde va Kurdistán?

El pueblo kurdo sigue reclamando la libertad del lider del PKK, Abdullah Öcalan / Foto: Afp, Yasin Akgul

 

Tras la guerra en Siria, el giro autoritario en Turquía y el referéndum en Irak.

 

La causa kurda se ha visto atravesada por una serie de acontecimientos en Oriente Medio que han modificado la correlación de fuerzas de este movimiento.


En los últimos años el devenir del pueblo kurdo se conoció de una forma más profunda en las cuatro latitudes del mundo. Negados, reprimidos, asesinados y traicionados, los pobladores de Kurdistán –repartido arbitrariamente entre Irak, Siria, Irán y Turquía en las primeras décadas del siglo pasado– vienen sosteniendo una lucha que, más allá de matices y diferencias internas, tiene entre sus principales objetivos la independencia, la democracia y la liberación.

Una de las principales razones por las que las tierras que puebla la principal minoría étnica de Oriente Medio (unos 40 millones de personas) son reclamadas por estos países es su riqueza natural. Por Kurdistán cruzan los grandes ríos Tigris y Éufrates, sus territorios fértiles son ideales para la agricultura y la ganadería, y en el subsuelo un mar de petróleo es codiciado sobre todo por Estados Unidos, Rusia, China y países de Europa y sus representantes nacionales. Del suelo kurdo se extrae el 75 por ciento del petróleo de Irak, el 50 por ciento del de Irán, y allí se halla casi la totalidad de las reservas de Turquía y Siria.

La causa kurda se ha visto atravesada, en los últimos años, por una serie de acontecimientos en estos países –crisis de diferente índole, conflictos interpuestos y guerras– que han modificado la correlación de fuerzas del movimiento kurdo en la región.

 


EN EL SULTANATO.


En Turquía la política dio un giro drástico a partir del intento de golpe de Estado del 15 y 16 de julio de 2016, algo que tuvo particular impacto en el sureste de Turquía, en la zona kurda de Bakur. Una vez desactivada la intentona, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, puso en marcha una impresionante maquinaria represiva que incluyó purgas en las instituciones públicas e intervenciones de empresas privadas que dejaron a cientos de miles de empleados sin trabajo, la declaración de un estado de emergencia permanente –que le permite al presidente gobernar por decreto–, el recorte radical de las libertades individuales y la censura de la prensa opositora. El golpe le sirvió de excusa a Erdogan para endurecer la persecución y represión de las organizaciones kurdas en Turquía que su gobierno ya había encaminado, en consonancia con la histórica política turca hacia los kurdos. Una política de asimilación, desplazamientos forzados, confiscación de tierras, negación de los derechos de los kurdos y asesinatos masivos.

En 2016 Erdogan tenía problemas en varios frentes. El más molesto en el plano interno era el crecimiento del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que canaliza su política institucional a través del Partido Democrático de los Pueblos (Hdp, por sus siglas originales), y del Partido Paz y Democracia (Bdp, por sus siglas originales). En junio de 2015, en las elecciones generales, el Hdp logró que 80 de sus candidatos a diputados ingresaran al parlamento, una victoria inédita. Además, a través del Bdp, el movimiento kurdo gobernaba alrededor de 100 alcaldías del sureste del país. Finalizados los comicios y ante la imposibilidad de formar un gobierno con mayoría de su partido, el Akp, Erdogan convocó a nuevas elecciones para noviembre de ese año, por falta de mayoría absoluta en el parlamento. En el tiempo que transcurrió hasta entonces, las fuerzas de seguridad y el Ejército lanzaron una operación demoledora contra el pueblo kurdo. Además de encarcelar a 2 mil militantes del Hdp, se desarrollaron operaciones militares en varias ciudades y pueblos de Bakur. Los dos ejemplos más aterradores se dieron en el pueblo de Nusaybin (en la frontera con Kurdistán sirio) y en el barrio Sur, de la ciudad de Diyarbakir (capital histórica de Kurdistán en Turquía). En el primer caso la aviación turca y tropas terrestres arrasaron el pueblo, en el cual vivían 80 mil personas. Bombas y una masacre sostenida fue la respuesta de Turquía a las declaraciones de autonomía hechas en varios pueblos kurdos cerca de la frontera con Siria. Nusaybin quedó totalmente destruida. Pero el Ejército turco ingresó al pueblo en ruinas para desplegar una inmensa bandera turca en el único edificio que quedaba en pie, mientras los soldados turcos, formados frente al estandarte, entonaban su himno. En el caso de Sur, barrio declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco, la metodología fue la misma: bombardeos y desplazamiento de la población. Además fueron destruidas las construcciones históricas.

Pese a la represión del Estado turco, en los nuevos comicios de noviembre de 2015 el Hdp consiguió 59 diputados en el parlamento nacional. En la actualidad, 11 de esos legisladores se encuentran encarcelados, incluidos los co-presidentes del partido. Mientras el gobierno de Erdogan los acusa de terrorismo, el propio Akp ha militarizado Bakur (Kurdistán turco) y apoyado con total impunidad a grupos terroristas como el Estado Islámico, algo que han denunciado reiteradas veces tanto Rusia como el gobierno sirio, y que ha sido confirmado en varios documentos y filmaciones por diversas organizaciones kurdas.

Desde hace varios años la guerrilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (Pkk) sostiene un alto el fuego unilateral en Turquía, y en dos ocasiones intentó impulsar procesos de paz con el Estado turco. En ambas, el gobierno de Erdogan –que llegó al poder hace 13 años con una máscara progresista y modernizadora– hizo estallar esas iniciativas por los aires.

Por estos días el pueblo kurdo en el sureste de Turquía se encuentra movilizado para defender sus derechos básicos y la libertad del líder kurdo, y fundador del Pkk, Abdullah Öcalan, que desde hace casi 19 años se encuentra encarcelado en la isla-prisión de Imrali, lugar en el que tiene prohibida la visita de sus familiares y abogados.


LA FEDERACIÓN.


Cuando en 2011 en Siria estalló una serie de protestas contra el gobierno de partido Baaz, Oriente Medio ya atravesaba un proceso de profundo resquebrajamiento. En Rojava (la parte siria de Kurdistán) las manifestaciones y levantamientos no escasearon. Los kurdos de Rojava también se movilizaban por su libertad. Pero mientras en varios lugares de Siria esas protestas eran reprimidas por el Estado o sofocadas por los incipientes grupos terroristas que aparecían en el territorio, en el norte del país comenzaba un proceso de resistencia y organización que perdura aún.

Al estallar la guerra en Siria, que sucedió a la primavera árabe en ese país, los kurdos de Siria, con fuerte influencia del Pkk y de Öcalan, optaron por una “tercera vía” –como ellos la denominan–: ni sumarse a los grupos armados irregulares, como el Frente Al Nusra o la organización Estado Islámico, ni plegarse a las filas del Ejército Árabe Sirio, de Bashar al Asad. Ese pueblo ya tenía decidido que, costara lo que costara, la respuesta sería una revolución con profundas raíces democráticas que respetara a las diferentes religiones y etnias de la región, y que las mujeres fueran la punta de lanza y la garantía para alcanzar la liberación total (véase entrevista con Sivan Zerdesti).

Hace dos años fue proclamada la Federación Democrática del Norte de Siria, una novedosa forma de autogobierno que reúne a kurdos, árabes, asirios, turcomanos y armenios. Se fundaron cientos de pequeñas cooperativas y se conformaron las Fuerzas Democráticas de Siria (Fds), organización de autodefensa que ya liberó la provincia de Raqqa y ahora se encuentra combatiendo al grupo Estado Islámico en Deir ez-Zor.

Tanto las Fds como las instituciones de autogobierno que administran los cuatro cantones de la federación incluyen a todas las nacionalidades que viven en la región. Al mismo tiempo, las mujeres de la zona tienen sus propias organizaciones autónomas con el mismo poder de decisión e influencia que las entidades mixtas. Además de integrar las Unidades de Protección de las Mujeres (Ypj), las mujeres kurdas y de otras etnias y religiones son consideradas el sujeto revolucionario que permite la liberación del territorio.

El gobierno de Damasco mantiene un discurso prudente pero por momentos ambiguo sobre la lucha encabezada por los kurdos del país. Hasta ahora las fuerzas de autodefensa del norte de Siria no tuvieron enfrentamientos de gran envergadura con las tropas del Ejército de Siria, aunque no se descartan en un futuro no muy lejano. Actualmente, en la provincia de Deir ez-Zor se producen los principales combates contra el EI, tanto por parte de las Fds como del Ejército sirio. Desde la Federación Democrática ya expresaron en varias ocasiones la disposición a dialogar con Damasco para encontrar una salida democrática que incluya a todas las etnias que habitan el territorio y las religiones que se profesan.


EN IRAK.


Tal vez Masud Barzani no imaginaba el final que le esperaba cuando anunció el 25 de setiembre pasado en Bashur (la parte iraquí de Kurdistán) que se iba a realizar un referéndum para que los pobladores kurdos votaran sobre la creación de un Estado kurdo independiente. La consulta popular, de carácter no vinculante, se efectuó y una mayoría aplastante la respaldó, pese al rechazo del gobierno central de Bagdad, Turquía, Irán y Estados Unidos.

Una vez realizado el referéndum, desde Bagdad no dudaron en enviar tropas a Bashur y el Kdp ordenó a su fuerza militar, los peshmergas, que se retiraran de varias zonas. Barzani, líder del Partido Democrático de Kurdistán (Kdp) y hasta hace apenas unas semanas presidente “vitalicio” de Bashur, anunció su renuncia al cargo, y su partido, que administra esa región semiautónoma, convocó a nuevos comicios. Tanto el Pkk como partidos importantes de Bashur habían criticado duramente el referéndum porque, señalaban, su realización no era una solución de fondo para la libertad y la independencia del pueblo kurdo. El referéndum que Barzani presentó al mundo como una lucha independentista terminó por golpear de forma directa a los kurdos. El Ejército iraquí tomó el control de Kirkuk, principal provincia petrolera del país que hasta ese momento era controlada por la administración de Bashur. Al igual que en 2014, cuando Barzani ordenó el retiro de sus tropas de la región de Shengal –habitada por una mayoría yezidí– y dejó que el EI arrasara poblados y aldeas, además de secuestrar a unas 2 mil mujeres, en Kirkuk también el rescate de pobladores y la defensa del territorio la brindó la guerrilla del Pkk, que se trasladó desde las montañas de Qandil para hacer frente a los soldados enviados por Bagdad, aunque luego tuvo que replegarse.

En medio de esta nueva crisis, el Pkk sabe que se abre una posibilidad de llevar adelante su política, basada en el confederalismo democrático, una ideología abrazada a mediados de la década de 1990 que se define como anticapitalista, tiene como principal meta la liberación de las mujeres y aboga por conformar una red comunal que enfrente a los estados-nación. Desde Qandil, territorio que controla desde hace casi 20 años, el Pkk propuso una amplia unidad de las organizaciones kurdas y los pueblos que habitan Bashur para hacer frente a un conflicto que atraviesa la región más rica del territorio iraquí.


Y EN IRÁN.

 

En la actualidad la lucha del pueblo de Rojhilat (Kurdistán iraní) es muy poco difundida. Las últimas noticias se conocieron en setiembre de este año cuando fue convocada una huelga general, luego de que las fuerzas de seguridad iraníes asesinaran a dos kolbers (así se denominan los trabajadores de la frontera). La represión contra los kolbers, que trasladan mercadería desde Bashur a Rojhilat, no es reciente y le ha costado la vida a muchos kurdos que desempeñan esta labor. Durante varios días las protestas se multiplicaron en varias ciudades de la región.

En agosto de este año la Asociación de Derechos Humanos de Kurdistán presentó un extenso informe1 denunciando que el Estado iraní cometió contra el pueblo kurdo “violaciones de los derechos civiles y políticos, violaciones de la libertad de opinión y de expresión, violaciones del derecho a la vida y a la seguridad personal, así como tortura de presos políticos y la conculcación de los derechos fundamentales de los presos”.

A mediados de 2017 el co-presidente del Partido de Kurdistán por una Vida Libre (Pjak) Siyamend Mouni afirmó en una entrevista con la agencia de noticias Anf que la salida para Rojhilat es un “sistema donde todos los pueblos y fuerzas pueden expresarse y reclamar sus derechos”. El Pjak, vinculado con el Pkk, apuesta a “continuar la lucha a través del paradigma de la sociedad democrática contra la dictadura y las invasiones”, destacó el dirigente del partido kurdo en Irán. Mouni no descartó que en Irán se desarrollen “nuevos acontecimientos”, teniendo en cuenta la crisis que vive Oriente Medio. Para el copresidente del Pjak, Irán tiene dos opciones: una política para la transformación democrática en Rojhilat y en todo Irán, o virar hacia un proceso similar al que atraviesan Irak y Siria. Mouni destacó que el Pjak prefiere “la transformación democrática”, pero “si esto no sucede, Kurdistán se defenderá. Tenemos la fuerza y la experiencia para hacer esto. Nadie debe tener ninguna duda de que vamos a defender a nuestro pueblo y nuestro país. Hemos hecho todos los preparativos necesarios”.

 

1. http://kurdistanamericalatina.org/informe-completo-sobre-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-el-kurdistan-irani/

 

Publicado enInternacional
Sábado, 18 Noviembre 2017 07:53

Los independentistas, juntos pero no revueltos

Los abogados de Puigdemont hicieron declaraciones a la prensa desde el Palacio de Justicia en Bruselas.

 

Tres formaciones del bloque se presentan por separado, con Puigdemont como candidato desde Bélgica y Junqueras desde la prisión. Podemos se une al partido de Colau. Socialistas, PP y Ciudadanos son las opciones unionistas.

 

Desde Barcelona

El rompecabezas catalán renueva sus piezas para intentar rearmarse, por fin, tras las elecciones impuestas por Mariano Rajoy el 21 de diciembre. Los últimos dos meses frenéticos no solo acabaron con políticos encarcelados, gobernantes exiliados en Bruselas y una Comunidad autónoma intervenida por el Ejecutivo central sino también que trajeron consigo la reconfiguracióñ de los partidos de cara a los próximos comicios regionales.

La primera novedad llega desde el propio independentismo, el cual optó –después de semanas de negociaciones– por romper la coalición que lo llevó al gobierno de Cataluña en 2015 y presentar este viernes listas separadas. Aunque el partido de Carles Puigdemont, PDeCAT, hizo todo lo posible por mantener el bloque unido, ni Esquerra Republicana (ERC) ni la formación anticapitalista CUP quisieron repetir el pacto, por lo que el “tripartito” que gobernó los últimos años bajo el paraguas del secesionismo no podrá reeditarse. No obstante esta disolución, desde las filas independentistas se insiste en que habrá una estrategia en común para “ensanchar muchísimo la base independentista y afrontar con garantías las elecciones del 21 de diciembre” o, al menos, así lo aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al volver esta semana de un viaje a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Su objetivo, según declaró la dirigente republicana, es “obtener de nuevo la mayoría en escaños entre las candidaturas secesionistas y superar, de manera conjunta, el 50% en votos”, lo cual, desde su punto de vista, les daría la legitimidad necesaria para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Juntos pero no revueltos, así se presentarán los partidos defensores de la separación de España. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, volverá a ser cabeza de lista de su formación aunque, para ello, los actos de campaña los tenga que hacer desde Bélgica. Ayer el líder independentista y los consellers cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución declararon ante los tribunales belgas a la espera de que el juez decidiera si acepta o no la petición de extradición de la Audiencia Nacional española, pero el magistrado no decidió. La resolución se pospuso para el 4 de diciembre con el objetivo de que “las defensas puedan tener más tiempo para hacer sus alegaciones por escrito”, explicó el abogado del expresident. Además, sea cual sea la decisión del juez, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrirla hasta dos veces, por lo que todo el proceso es susceptible de alargarse hasta dos meses.

En cualquier caso, el ex president, será el candidato presentado por su partido para el 21 de diciembre, repitiendo fórmula pero no nombre. Los del PdeCAT en vez de integrar la coalición “Junts pel Sí” que hasta ahora formaba con Esquerra Republicana, serán parte de Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT), una confluencia entre su actual partido y el antiguo, Convergència. Esta nueva– vieja– marca pretende diferenciarse de la anterior en que cuenta con una mayor presencia de figuras independentistas que no son necesariamente del mundo de la política. Así, la lista de Puigdemont tendrá como número dos al presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde hace un mes en Madrid; ocupando puestos prominentes a los ex consejeros Clara Ponsatí –huida en Bruselas– y Jordi Turull, Josep Rull y Lluis Puig– los dos primeros en prisión preventiva y el tercero en Bruselas pendiente de extradición a España– y a periodistas, actores, escritores o historiadores fuertemente involucrados en la causa separatista.

Los republicanos, por su parte, también harán campaña desde la prisión. El partido que todas las encuestas dan, de momento, como vencedor en los próximos comicios regionales se presenta bajo la marca ERC-Catalunya Sí (ERC-CatSí) con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como candidato, aun encontrándose entre rejas por orden de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Los siguientes puestos en la lista también están ocupados por miembros del grupo “castigado” por la Justicia española y el gobierno del Partido Popular: Raül Romeva, Carles Mundó y Toni Comín en los números 3, 5 y 7 por Barcelona; Dolors Bassa como cabeza de lista por Girona, y Meritxell Serret liderando la de Lleida, son los consellers en prisión preventiva o en Bruselas que buscarán recuperar sus antiguas sillas en el Palacio de la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo no es buena idea que quienes están en la cárcel por su papel en el proceso independentista se presenten a las elecciones sino que “deberían estar inhabilitados”. En una entrevista a la radio española COPE, el jefe del Ejecutivo afirmó que tanto el ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están “inhabilitados políticamente” y que los ciudadanos tomarán nota de sus “mentiras”. “Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible”, expresó Rajoy en referencia a las declaraciones que diversos miembros del bloque secesionista hicieron durante la semana matizando la inminencia de la separación de España. Pero más allá de las opiniones del líder conservador y de las aparentes reculadas de los independentistas, lo cierto es que Junqueras y los siete ex consejeros del gobierno catalán actualmente en prisión están todavía pendientes de juicio y, por tanto, pueden presentarse a las urnas mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Contra los dos partidos independentistas competirá el que hasta la intervención del Poder central compartía con ellos el gobierno de la Generalitat, la plataforma anticapitalista CUP, quienes tras las cada vez mayores desavenencias con ambos irán a los comicios en solitario. Podemos, por su parte, se une a la formación de Ada Colau –después de que sus bases aprobaran la confluencia en una consulta– para defender en Cataluña la opción soberanista no independentista. Xavier Domènech será el número uno de Catalunya En Comú-Units Podem, una coalición que integran cinco partidos de izquierda favorables al derecho a decidir y a la implementación de políticas sociales como prioridad, por encima de la formación o no de un Estado independiente.

Dentro del bloque unionista estarán quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, es decir, la suspensión del autogobierno catalán para evitar que siguiera adelante el proceso hacia la secesión. Los socialistas, con Miquel Iceta a la cabeza, los populares, con Xavier García Albiol y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, coinciden en repetir los candidatos de los comicios del 2015 y en conformar nuevamente la opción en las urnas para aquellos que rechazan el proyecto independentista.

 

 

Publicado enInternacional
Flamencos en una manifestación por su independencia.

 

En un país de apenas 10 millones de habitantes, con ocho cámaras de representantes y apenas competencias para el gobierno central, la principal fuerza política es un partido independentista

 

Diciembre de 2006: la televisión pública belga francófona (RTBF) corta por sorpresa su programación habitual. En una emisión especial, François de Brigode, presentador del principal informativo de la cadena, se excusa por la interrupción con los espectadores: “Flandes proclamará unilateralmente su independencia”, anuncia. “Bélgica como tal no existirá más”, sentencia. Comienzan entonces las conexiones en directo frente al Palacio Real, el Parlamento de Flandes o el de Valonia; también la emisión de imágenes de celebraciones en Amberes, el transporte bloqueado por el cierre de la frontera y los comentarios de los políticos belgas. Si se preguntan cómo es que Bélgica sigue siendo hoy un país unificado, no piensen que los representantes encontraron una solución política a la crisis, ni que los responsables de la declaración unilateral de independencia fueron llevados ante la Justicia. Es que esto sencillamente nunca ocurrió.

El informativo emulaba el famoso programa de Orson Welles, La guerra de los mundos, y los belgas sólo supieron que se trataba de una ficción pasada la media hora de programa, cuando medio país reaccionaba estupefacto a la noticia. El experimento no gustó ni al entonces primer ministro y ahora eurodiputado, Guy Verhofstadt, ni al que sería más tarde jefe del Ejecutivo, Elio Di Rupo. Los nacionalistas flamencos, por su parte, utilizaron la emisión para abrir el debate sobre sus aspiraciones independentistas.

Lo que en 2006 fue una broma pesada para miles de belgas pegados a la pantalla se hizo realidad en Catalunya la pasada semana. Bélgica, donde se refugia Carles Puigdemont con cuatro de sus exconsellers desde el pasado lunes, mira con recelo la crisis catalana. Pocos países en el mundo están tan profundamente divididos en lo político y lo social como este y el gobierno belga podría ser la primera víctima política del proceso.

 

Ocho Parlamentos, tres idiomas oficiales


Bélgica, con una extensión de poco más de 30.000 kilómetros cuadrados y apenas 10 millones de habitantes, cuenta con siete parlamentos, ocho si sumamos el Senado. Su Constitución define Bélgica como un “Estado federal que se compone de comunidades y regiones”, y, como España, es una monarquía parlamentaria.

Este pequeño país del norte de Europa cuenta, por un lado, con un gobierno y un parlamento federales. Estos ejercen su poder en todo el territorio pero sus competencias son extremadamente limitadas: Exteriores, Defensa, Justicia, Hacienda, Seguridad Social y parte de Sanidad e Interior. El Parlamento federal se compone de dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Actualmente cuatro fuerzas forman la conocida como coalición sueca (por los colores de los partidos que la componen) del gobierno federal belga: los democristianos (CD&V), liberales (Open VLD), los nacionalistas flamencos (N-VA) y los liberales francófonos del MR.

Bélgica cuenta también con tres comunidades. Las comunidades son entidades políticas ligadas a las tres lenguas oficiales del país -francés, neerlandés y alemán-, y cuyas competencias están vinculadas a la lengua, la cultura, la educación o la producción audiovisual. Cada comunidad tiene gobierno y parlamento propios.

El país está dividido además en tres regiones, que constituyen entidades territoriales con una enorme autonomía: la Región de Bruselas Capital, la Región de Valonia y la Región de Flandes. Flandes, la de mayor extensión y también la más poblada, cubre la zona neerlandófona; Valonia, el área francófona y germanófona, y la Región de Bruselas Capital es bilingüe. La mayor parte de las competencias políticas y sociales en Bélgica recaen en los gobiernos regionales que se encargan de Economía, Empleo, Transporte, Energía, Medioambiente y Planificación Territorial, entre otras. Las regiones son competentes además para las relaciones exteriores en todos los ámbitos de su gobierno.

Bélgica es, en definitiva, compleja, caótica, y, en muchos sentidos, un desastre derivado de la gestión de un país profundamente dividido a todos los niveles.

 

59fe251393336

Independentistas catalanes en Bruselas este viernes. REUTERS/Eric Vidal

 

 

Un país fragmentado por la lengua


Aunque sobre el mapa Bélgica es un país único, en la práctica lo forman al menos dos. En Bélgica, la cuestión fundamental no es tanto la relevancia del nacionalismo flamenco como el hecho de que no existe unidad nacional a casi ningún nivel. No hay periódicos, ni canales de televisión, ni referentes culturales, ni partidos políticos nacionales. Lo único nacional, a parte del chocolate, las patatas fritas y la cerveza, es la selección de fútbol (los Diablos Rojos) y hasta los cánticos son bilingües.

En Bélgica no hay política nacional, sólo una suma de intereses, un precario equilibrio que se rompe a menudo, en un país acostumbrado a ver caer a sus gobiernos cada pocos meses, a largas negociaciones para formar gabinete –tienen el récord del mundo de un país sin gobierno-, a evitar dimisiones para no dar al traste con la precaria configuración de un ejecutivo que, por ley, debe estar formado a partes iguales por francófonos y neerlandófonos.

La Región de Bruselas es una pequeña isla entre Valonia y Flandes, el lugar donde el conflicto confluye, donde las comunidades francófona y neerlandófona tienen su capital, donde se alzan y caen los gobiernos federales, las señales y las calles son bilingües, las paradas de autobús y metro se cantan alternativamente en francés y neerlandés, el ruido del tráfico aéreo se reparte entre ambas regiones y los cines, en versión original, dedican media pantalla a subtítulos.

Bruselas, una región en medio de Flandes con mayoría francófona, es un reflejo de un país dividido y al mismo tiempo una particularidad entre dos mundos que se oponen. Con una población extranjera que asciende al 42% de sus habitantes, Bruselas es una de las ciudades más cosmopolitas de Europa y es, además, sede de organizaciones internacionales, como la OTAN, y corazón de la Unión Europea. Que Bruselas sea territorio compartido es una de las claves de la endeble unidad nacional belga.

 

Las diferencias entre Flandes y Valonia


La obligatoriedad de la enseñanza de las tres lenguas oficiales varía en cada región. La enseñanza del neerlandés es obligatoria como segunda lengua en la Región de Bruselas Capital, mientras que en las Comunas valonas de la frontera con Flandes es opcional. Lo mismo sucede con el alemán y el inglés en el resto de Comunas que no están en la frontera. En Flandes, el francés es opcional como segunda lengua. En la práctica, el idioma mayoritario es el neerlandés, pero son más los neerlandófonos capaces de hablar francés que al contrario. En Bélgica, el idioma es un muro social, pero no es la única diferencia.

La Región de Flandes es la más extensa y también la más poblada. Flandes es el pulmón de la economía belga (casi el 60% del PIB), la que más crece, la más rica. Amberes, una de sus principales ciudades, es el tercer puerto más importante de Europa; tienen las mejores universidades (Lovaina o Gante, por ejemplo), más inversión extranjera y es el principal exportador del país (más del 70%).

Mientras, Valonia, que fue en el siglo XIX una de las regiones de referencia en Europa, sufrió el hundimiento que siguió al cierre de la industria pesada, particularmente en sus ciudades más industrializadas. La inversión pública, a través del Plan Marshall 4.0, trata de impulsar la economía valona y fomentar la creación de empresas en la región y las inversiones extranjeras. El sector servicios, la construcción y, en menor medida, la industria, son los principales sectores de la economía del sur de Bélgica.

En el ámbito político, Valonia, con una tradición sindical importante y un fuerte movimiento obrero, tiende a votar a la izquierda. En Flandes, la derecha ha hecho su fuerte y el principal partido de extrema derecha belga, el Vlaams Belang, es, de hecho, nacionalista flamenco.

 

59fe25778cc2d.r 1509969505935.0 27 1500 800

Bart de Wever, durante un mitin. REUTERS

 

 

Las raíces del nacionalismo flamenco


La historia del nacionalismo flamenco se remonta a la fundación de Bélgica, que logró su independencia de los Países Bajos en 1830. Entonces, el francés, respecto al neerlandés, era la lengua mayoritaria entre las élites del país, mientras que los campesinos hablaban dialectos que en todo caso se asemejaban a las lenguas ahora oficiales. La presencia de una comunidad germanófona, sin embargo, se remonta a la Primera Guerra Mundial.

Aunque las reivindicaciones por el reconocimiento del bilingüismo del país llegaron de ambos grupos, el conflicto en Bélgica tiene un origen lingüístico y la composición del país en torno al idioma hizo progresivamente que se convirtiera en una cuestión territorial. La politización del conflicto derivó en la división entre el norte, católico y campesino, y el sur, industrializado y obrero, que también votan de manera diferente.

La gran ruptura entre las comunidades tiene lugar tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Flandes se convierte en el principal pulmón económico de Bélgica. Se producen entonces las primeras demandas que dieron lugar al Estado Federal belga. Lo curioso, explica a Público Pascal Delwit, politólogo de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), es que estas peticiones venían de sectores tanto de Flandes como de Valonia.

Bélgica lleva treinta años discutiendo su configuración, treinta años viviendo entre tensiones y rencillas políticas, en la absoluta falta de comunicación entre las dos partes de un país que, literalmente, no hablan el mismo idioma.

Desde 1970, Bélgica ha llevado a cabo nada menos que seis reformas de su Constitución y desde 1993, es un Estado federal. La última reforma, entre 2012 y 2014, convirtió el Senado en una cámara de representación de las entidades federales (regiones y comunidades) y supuso una amplia transferencia de competencias del gobierno federal a las tres regiones en que se divide el país. También estableció la celebración de elecciones cada cinco años, coincidiendo con las europeas. Las siguientes tendrán lugar en 2019 y los nacionalistas flamencos quieren una nueva reforma del Estado federal para entonces.

 

Un partido nacionalista flamenco, primera fuerza


El independentismo flamenco en los últimos años, explica Pascal Delwit, es resultado precisamente de la federalización del Estado, que hace que progresivamente “la vida política, la vida económica, la vida cultural y la vida mediática giren más en torno a las regiones y menos en torno a lo federal”. Delwit apunta además a un segundo fenómeno que, entiende, no es exclusivo de Bélgica, sino que se reproduce en otros lugares: “Las regiones más ricas quieren separarse de las regiones más pobres”. En Bélgica, la región más rica es Flandes, “que estima que hay demasiadas transferencias hacia Bruselas y Valonia. Y hay el mismo problema de Italia del norte a Italia del sur o de Catalunya a Madrid”, asegura.

Para Delwit, los movimientos nacionalistas en Escocia o Catalunya son de centroizquierda, mientras que en Bélgica son de derechas, igual que en Italia. Hasta hace apenas unos años, el único partido independentista flamenco era el ilegalizado Vlaams Blok, origen del actual Vlaams Belang, un partido de extrema derecha, xenófobo y racista, conocido por su propaganda antiinmigración y sus soflamas islamófobas. Pero en 2002 nació la N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie), algo así como Alianza Neoflamenca. La N-VA es un partido nacionalista de derechas, con posturas particularmente duras en lo relativo a los asuntos socioeconómicos y la migración, que también defiende la independencia de Flandes.

“Este movimiento se ha acelerado en los últimos años, tanto que hemos llegado a la paradoja de que en 2014 la N-VA, un partido que proclama la independencia de Flandes, se convirtió en el primer partido del país”, relata el politógolo de la ULB.

El polémico alcalde de Amberes y líder de la N-VA, Bart de Wever, ha empezado a hacer campaña por la independencia de Flandes de cara las elecciones comunales de 2018 y para las regionales y federales de 2019. De Wever llamó a filas a todos los que “desean un Flandes próspero y solidario”, a quienes quieren “abrazar la identidad flamenca" y “un Flandes independiente”. Pero Delwit es mucho más cauto: “El líder del partido a veces defiende la independencia de Flandes y a veces la reforma del Estado para reducir lo federal a casi nada”.

De hecho, Geert Bourgeois, ministro presidente de Flandes y miembro de la N-VA, reconoce que a día de hoy no existe una mayoría en Flandes que apoye la independencia. Y las posibilidades de una coalición con el Vlaams Belang, asegura Delwit, son escasas, pues el partido sigue teniendo una representación limitada y la N-VA necesita de otros socios para gobernar. Aliarse con la extrema derecha, insiste el politólogo, lo haría imposible.

 

Bruselas, un obstáculo para la independencia de Flandes


Bélgica no hace referencia en su Constitución al derecho de autodeterminación, no incluye la posibilidad de un referéndum sobre la independencia de ninguna de sus regiones ni ningún otro mecanismo político para negociarla. Es decir, Flandes tiene las mismas herramientas que Catalunya para declarar su independencia, pero un contexto muy distinto.

La primera opción sería la vía por la que optaron Carles Puigdemont y su gobierno. “El Parlamento Flamenco podría hacer una declaración de independencia de Flandes” de manera unilateral, “fuera del orden constitucional”, explica Pascal Delwit. La otra posibilidad, de la misma manera que en España, es una solución negociada.

Para Delwit, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Por un lado, “como vemos en el caso catalán, en un contexto de secesión”, queda en cuestión la pertenencia a la Unión Europea e incluso el uso del euro. “Si sales de un Estado miembro de la UE, formalmente ya no formas parte de la Unión Europea, debes pedir la adhesión y debe ser aceptada por el Estado del que acabas de separarte”, recuerda el politólogo.

El segundo punto es que cuando hablamos de otras zonas como Italia, Escocia o España, “la separación no sería fácil, pero vemos que el territorio puede liberarse”. En el caso de Bélgica, no es tan sencillo. “Bruselas es la capital al mismo tiempo de la Comunidad Francófona y la Comunidad Flamenca y, por supuesto, es la capital de Bélgica. Es la capital informal de la Unión Europea, es una capital internacional que acoge la OTAN, que acoge una gran comunidad internacional -el 42% de los habitantes de Bruselas tienen una nacionalidad diferente de la belga- y entre los belgas, la mayoría son francófonos”, explica Pascal Delwit. Por lo tanto, entiende el politólogo, “es tan inimaginable la independencia de Flandes con Bruselas como sin Bruselas”.

Un problema que forma parte del debate interno de los nacionalistas flamencos, divididos respecto a esta cuestión. En la hipótesis de una negociación, “más fácil en España” según Delwit, el punto principal sería Bruselas. Primero, porque la Región de Bruselas es también autónoma y, por lo tanto, supondría una adhesión, y segundo, porque esa adhesión sería difícilmente aceptable por una mayoría francófona en la capital.

Aunque en la práctica la autonomía de Flandes es mucho mayor que la de Catalunya y las diferencias sociales, políticas y culturales bastante más amplias respecto al resto del territorio, la región belga se enfrentaría a dificultades mayores para conseguir la independencia.

 

El conflicto catalán y las rencillas belgas


Probablemente, la mayor víctima colateral del procés sea el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. Michel, francófono, es jefe de un Ejecutivo mayoritariamente neerlandófono. Fue el primer líder europeo en condenar la violencia en Catalunya durante la celebración del referéndum del 1 de octubre; ha llamado al diálogo y a buscar soluciones políticas durante meses y, aunque llamó a respetar la legalidad nacional e internacional, no rechazó ni reconoció en ningún momento la República de Catalunya. Varios miembros del Gobierno belga han apoyado abiertamente la causa catalana, e incluso algunos diputados de la N-VA estuvieron en la celebración de la consulta.

Y, mientras Michel hacía equilibrios para no herir sensibilidades entre los miembros de su Gobierno ni crear conflictos diplomáticos con España, su secretario de Estado para el Asilo y la Migración dijo en una entrevista que estaría dispuesto a procesar una posible demanda de asilo de Carles Puigdemont. Lo que parecía un simple comentario de apoyo político al expresident, una crítica al Gobierno español y un capote a la causa catalana, se ha convertido en, tal y como titula el diario Le Soir, una pesadilla para el Gobierno belga, tras la visita sorpresa de Puigdemont.

Carles Puigdemont ha insistido en varias ocasiones en que no viene a meterse en la política belga y desmintió en una entrevista en RTBF que haya tenido reunión alguna con grupos políticos en el país. Charles Michel quiso dejar claro que el Gobierno no tenía nada que ver con la visita del expresident y la N-VA, a través de su portavoz, hizo lo propio. Hasta el ministro de Justicia, Koen Geens, ha querido aclarar que el Ejecutivo no tiene papel alguno en la gestión de la euroorden de arresto que pesa sobre Puigdemont y los exconsellers.

En este contexto, el primer ministro Charles Michel no puede dar marcha atrás, ya que podría enfadar a los suyos, pero tiene que controlar sus palabras, o podría desencadenar una crisis diplomática con España. Michel es esclavo de su Gobierno, de la N-VA y también de sus palabras el 1 de octubre. “A día de hoy, la tensión es totalmente evidente en el Gobierno belga en relación a la cuestión catalana”, sentencia Delwit. Sin quererlo, el autodenominado "Govern en el exilio", podría desencadenar una crisis que dé al traste con el frágil equilibrio belga.

 

Publicado enPolítica
Lunes, 06 Noviembre 2017 08:03

Un juez belga deja en libertad a Puigdemont

Carles Puigdemont declaró durante cinco horas ante un magistrado de Bruselas.

 

El destituido presidente catalán y cuatro ex consejeros se entregaron ayer a la policía de Bruselas: quedaron en libertad con cargos y medidas cautelares. Los partidos catalanes preparan las elecciones anticipadas.

 

Ahora es la justicia belga la que decidió cómo sigue el curso de los acontecimientos en el proceso independentista de Cataluña. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers de su gobierno destituido por el Ejecutivo español recibieron la noticia de su libertad provisional tras cinco horas de declaración ante un magistrado en Bruselas que debía decidir si rechazaba o no la euroorden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Nacional de España.

El ex presidente catalán y sus ex consejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, declararon ayer después de haberse presentado voluntariamente ante la policía belga y, finalmente, quedaron en libertad con cargos y medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comunicar al magistrado dónde de alojan durante su estancia en Bélgica.

La Fiscalía de Bruselas había ordenado la detención del ex Ejecutivo catalán exiliado allí desde el lunes pasado, como paso previo a designar un juez de instrucción que les tome declaraciones pero, con su entrega voluntaria, Carles Puigdemont se adelantó y evitó la imagen del arresto, la cual solo vendría a empeorar su ya de por sí extremadamente delicada situación. El jueves pasado, ninguno de los cinco ex miembros del gobierno catalán acudió a la citación de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para declarar como investigados por rebelión, sedición y malversación. Al igual que al ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y a los siete ex consellers- encarcelados ese jueves, inmediatamente después de su comparecencia en el tribunal de Madrid- la magistrada acusa a los exiliados en Bruselas de alentar un movimiento de “insurrección activa” en Cataluña, a través de concentraciones “tumultuarias”, convocatorias masivas “para impedir a la policía cumplir con sus funciones” y escraches a la Guardia Civil, en paralelo con la promoción de la idea del derecho de autodeterminación de la región.

Si la vía judicial no se detiene y en cuestión de días resolvió lo que para otras causas- la gran trama Gürtel de corrupción del Partido Popular, por ejemplo- se toma años o, incluso, décadas; la vía política tampoco puede quedarse atrás en la carrera vertiginosa que tiene a Cataluña con la lengua afuera desde hace dos meses. Mañana vence el plazo para la presentación de coaliciones de cara a las elecciones regionales que el Ejecutivo central convocó el 21 de diciembre. Los partidos cuentan con menos tiempo que nunca para formar listas, redactar programas y lanzarse a la calle a convencer votantes, así que este fin de semana lo pasaron todos reunidos en sus comités buscando nombres y propuestas que representen su posicionamiento ante lo que parece decidirse en estas urnas: la continuidad o la interrupción del proceso independentista.

El partido de Puigdemont sigue queriendo a Puigdemont, aunque esté en el extranjero. Ayer el PDeCAT decidió que el ex president sea su candidato a las elecciones del 21 de diciembre pero, además, abogó por una lista unitaria independentista “que incorpore a todas las sensibilidades”, según indicó la coordinadora del partido, Marta Pascal. Siguiendo lo defendido por su líder, quien desde Bruselas aseguró que estaba dispuesto a concurrir a los comicios aún desde el exilio, la coordinadora del PdeCAT aseguró que el programa electoral de la lista única debe incluir “la libertad con mayúsculas de Cataluña, la amnistía para los presos políticos y la recuperación total de las instituciones catalanas con el fin del 155”. Asimismo, Pascal reivindicó que formen parte de la lista todos los ex consejeros -entre ellos, el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras-, así como los líderes de Òmnium y la Assamblea Nacinal Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre.

Entre las demás formaciones secesionistas, sin embargo, no está tan claro el deseo de una candidatura conjunta o no, al menos, en los mismos términos con los que ganaron las elecciones de 2015. En opinión de ERC, la nueva lista unitaria tendría que sumar a la formación anticapitalista CUP y a una parte de Podem, la fracción catalana de Podemos, a la coalición con la que gobernaba Cataluña junto al partido de Puigdemont. Este sábado, dejando las sillas vacías de Oriol Junqueras y los ex consellers encarcelados, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, reclamó al Estado la puesta en libertad de los presos políticos para “legitimar” el 21D. “No podemos ir a unas elecciones con los principales líderes políticos y sociales en la cárcel”, declaró aunque matizando que se presentarán igualmente y que “el independentismo volverá a ganar”.

Los “comuns”, como se conoce a los militantes del partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, también decidieron qué camino seguir hacia las urnas de diciembre y, una vez más, lo resuelto fue no sumarse al carro de los independentistas y no participar en la lista unitaria que proponen. Aunque acordando con PDeCAT y ERC ciertos puntos del programa electoral, como la exigencia de libertad para los ex consellers y los líderes de Òmnium y la ANC o el fin del artículo 155 de la Constitución que llevó a la intervención de Cataluña, los “comuns” se niegan a la candidatura conjunta porque “hay que pasar página de plebiscitos y listas unitarias que sólo han dado continuidad a las políticas de recortes de Convergència (nombre anterior del partido de Puigdemont), según afirmó la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany.

La propuesta de los de Ada Colau es una lista común pero con Podem, bajo el liderazgo de Xavier Domènech, con la intención de “formar nuevos consensos y devolver al centro la agenda social postergada”. Todo dependerá de lo que durante esta semana ratifiquen en una consulta las bases de ambas formaciones, lo mismo que la CUP, que esperará hasta el domingo próximo para que sus militantes se pronuncien, haciendo caso omiso a los plazos apurados que impuso Rajoy con unas elecciones inmediatas. Los partidos unionistas, eso sí, ya tienen todo preparado y PP, Ciudadanos y Socialistas ya arrancaron su pre-campaña, sin perderse ni un minuto de la posibilidad de luchar contra la separación de España.

 

Publicado enInternacional
Puigdemont llamó ayer a los independentistas a conformar una lista de unidad para las regionales.

 

En su mensaje, el político independentista insertó un enlace a una web denominada “Lista unitaria”, donde hace un llamamiento a construir “un frente electoral soberanista amplio, que vaya más allá de una coalición de partidos”.

 

El destituido presidente catalán Carles Puigdemont afirmó hoy estar dispuesto a colaborar con la Justicia belga, un día después de que España emitiera una orden de detención internacional y europea contra él y cuatro de sus ex consejeros por su rol en el proceso independentista en Cataluña.

“Estamos preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga con motivo de la orden de detención europea emitida por España”, tuiteó Puigdemont en flamenco desde Bruselas, a donde se trasladó el pasado lunes junto a cuatro ex consejeros de su gabinete.

Al no asistir el jueves a la citación ante la Audiencia Nacional de España, la jueza Carmen Lamela ordenó ayer la detención de todos ellos en el marco de la investigación por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos vinculados al proceso independentista catalán.

La Fiscalía federal belga dijo hoy que estudiará la orden y que en los próximos días la trasladará a un juez de instrucción.

Una vez designado el magistrado y los “interesados sean encontrados y llevados ante el juez”, éste tendrá 24 horas para decidir si mantiene a los cinco detenidos o si los deja en libertad provisional a la espera de que resuelva si deben ser entregados al país que los reclama. En todo caso, la entrega podría demorarse hasta 90 días, ya que el abogado belga de Puigdemont, el experto en extradiciones Paul Bekaert, anticipó que recurrirá la orden de búsqueda y captura europea.

Ocho de los nueve miembros destituidos del gobierno catalán que sí acudieron a declarar el jueves, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, se encuentran en prisión provisional por orden de la jueza.

Sólo Santi Vila, ex consejero de Empresa, pudo salir ayer luego tras pagar una fianza de 50.000 euros. Vila pudo beneficiarse de este recurso porque la magistrada tuvo en cuenta que dimitió antes de que el Parlamento catalán aprobase crear una república independiente.

Aunque la situación judicial de los miembros del depuesto gobierno catalán es compleja, estos van perfilando su estrategia para participar en las elecciones regionales del próximo 21 de diciembre, convocadas por el Ejecutivo español para salir de la crisis.

El propio Puigdemont llamó ayer a los independentistas a conformar una lista de unidad para las regionales, un día después de asegurar que está dispuesto a ser candidato, incluso “desde el extranjero”, y de que el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), al que pertenece, abogase por una “lista de país”.

“Es el momento para que todos los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la República”, señaló en su cuenta de Twitter. En su mensaje, el político independentista insertó un enlace a una web denominada “Lista unitaria”, donde hace un llamamiento a construir “un frente electoral soberanista amplio, que vaya más allá de una coalición de partidos, con una lista cívica unitaria y transversal”.

Más de 60.000 personas ya votaron en el sitio web a favor de una fórmula de ese tipo.

Sin embargo, el partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), antiguo socio de PDeCat en la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), anunció ayer estar dispuesto a integrar una lista unitaria sólo si se le reconoce un papel más relevante en la alianza y si ésta tiene un carácter más amplio que la anterior.

ERC, que figura primero en los sondeos electorales, pretende así incluir en la coalición a otras formaciones como los izquierdistas de Podem –la versión catalana de Podemos– o los anticapitalistas de Candidatura de Unidad Popular (CUP). La CUP, que también integró la coalición Junts pel Sí, debe primero decidir el próximo 12 de noviembre en la asamblea nacional del partido si participará o no en las regionales.

También ERC amenazó ayer con no acudir a las elecciones si no son liberados antes los miembros del destituido gobierno catalán, a los que consideran “presos políticos”, para que todas las opciones puedan presentarse “en igualdad de condiciones”. “No podemos ir a elecciones con los principales líderes políticos y sociales del independentismo en prisión”, dijo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el marco del consejo nacional de la formación.

Para presionar en ese sentido al gobierno central, la formación insinuó que el independentismo podría entorpecer el sufragio desde las instituciones municipales en las que gobierna. El Ejecutivo español intervino la autonomía de Cataluña el pasado 27 de octubre, luego de que el Parlamento catalán declarase unilateralmente la independencia de esa región española.

En consecuencia, Madrid disolvió el Parlamento y destituyó al gobierno de Puigdemont, convocando elecciones regionales para el próximo 21 de diciembre.

Tras los cortes de carreteras y manifestaciones de independentistas del viernes, este sábado sólo se esperaba una protesta, en el partido de fútbol del FC Barcelona ante el Sevilla, en el que varios grupos de aficionados anunciaron que no entrarán hasta el minuto 10 en repudio de los encarcelamientos.

En cambio, un aire de campaña electoral se apoderó de Cataluña, con umerosos actos de partidos. Albert Rivera, del partido Ciudadanos -segundo de la cámara regional-, dijo en un mitin que “el 21 de diciembre hay que ir a votar para recuperar la libertad, para que los catalanes que queremos ser españoles podamos vivir en libertad’’.

Los catalanes tendrán “la oportunidad de poner punto y final al independentismo’’, dijo de su lado Xavier García Albiol, candidato a presidente regional por el Partido Popular, que gobierna en España.

Las formaciones independentistas aceptaron participar en los comicios regionales pese a que los convocó el gobierno central del conservador Mariano Rajoy para “restaurar el orden constitucional’’, tras la proclamación de la independencia catalana que no llegó a materializarse en una ruptura con España.

El otro partido independentista, la formación de extrema izquierda de la CUP (Coordinadora de Unidad Popular) se reunió también ayer en Perpignon en el sur de Francia, para decidir si concurre a unas elecciones que tilda de “ilegítimas’’ pero en las que se inclina por participar.

La decisión ser refrendada por los militantes, el fin de semana del 11 y el 12 de noviembre.

En su mensaje, Puigdemont prefiere hablar de frente “democrático’’ más que independentista, en un guante lanzado a la izquierda contraria a la independencia pero también a la intervención de Rajoy en el gobierno catalán, así como al encarcelamiento de parte del gobierno catalán destituido.

Esa izquierda, cuya figura de proa es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se resiste también a compartir cartel. “Sería un error pensar que ante la represión del Estado tenemos que replegarnos a posiciones independentistas’’, dijo a Catalunya Radio la portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany.

 

 

Publicado enInternacional
Puigdemont y los cuatro ex ministros que enfrentan una orden de captura internacional por sedición.

 

La perspectiva de ver en los próximos días a todo el ex “Govern” en prisión abre un nuevo capítulo en la crisis que tiene en vilo a España y Europa desde hace semanas. Los independentistas respondieron convocando a protestas.

 

La Justicia española ordenó ayer la búsqueda y captura internacional del ex jefe de Gobierno catalán Carles Puigdemont y de cuatro ex consejeros que se encuentran con él en Bélgica por varios presuntos delitos vinculados al plan independentista que abrió una crisis sin precedentes en el país.

La Audiencia Nacional había enviado a prisión ya el jueves a otros ocho ex consejeros (ministros) catalanes investigados por sedición,rebelión y malversación, delitos castigados con hasta 30 años de prisión. Puigdemont y cuatro ex miembros del gabinete que eludieron esa cita judicial están imputados por esos tres cargos y por prevaricación y desobediencia a la autoridad, indicó la jueza.

La perspectiva de ver los próximos días a todo el ex “Govern” en prisión abre un nuevo capítulo en la crisis que tiene en vilo a España y Europa desde hace semanas. Los independentistas respondieron convocando a protestas y manifestaciones “masivas”, justo cuando Cataluña prepara las elecciones del 21 de diciembre.

La decisión llegó poco después de que Puigdemont dijera en una entrevista televisiva con la cadena belga RTBF desde Bruselas que estaba “dispuesto a ser candidato” en los comicios convocados en Cataluña para el 21 de diciembre, incluso desde el extranjero”. Además, el líder secesionista, explicó que se encuentra en la capital belga para “preparar su defensa” y que desea comparecer ante la “verdadera justicia, la justicia belga” y no la justicia española que “evidentemente está politizada”.

Justo mientras se emitía la entrevista, la Audiencia Nacional difundió los autos de la jueza Carmen Lamela, que remitió a la fiscalía belga una orden europea de detención contra Puigdemont y sus cuatro ex consejeros y dictó también una orden internacional de búsqueda y captura por si dejaran el país. Los autos consideran probado que Puigdemont “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal” del 1 de octubre, organizado y celebrado por su Gobierno pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.

En ese proceso, añade, se vulneraron diversas leyes y la Constitución española, al tiempo que “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”.

Los cuatro ex consejeros sobre los que pesa la orden de detención son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia).

Otros ocho quedaron detenidos el jueves, mientras que Santi Vila (Empresa) salió ayer en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros. Fue el único que dejó el cargo antes de que el Parlamento catalán culminara el plan soberanista aprobando una resolución para crear una república catalana.

La jueza considera que Vila jugó un papel activo impulsando el proceso de secesión junto con el resto del gobierno catalán, pero a diferencia de los otros investigados, no aprecia un riesgo de reiteración delictiva ya que dimitió el día antes de la proclamación de la independencia, poniendo de manifiesto su “voluntad contraria” a la secesión.

“Estar privado de libertad es una situación muy extrema, desgarradora”, dijo Vila a la prensa al abandonar la prisión madrileña de Estremera, donde calificó a la medida de prisión de “desproporcionada” y llamó a los partidos de España “con un sentimiento democrático” a que intercedan para poner fin a esta situación tan terrible que acaba con políticos encarcelados”.

También le reclamó al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que “tome cartas en el asunto” porque, apuntó, esto “solo lo resolveremos desde la política”. Vila, quien representa al “sector moderado” del PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), el mismo en el que milita Puigdemont, anunció que se presentará como candidato a las elecciones.

Las autoridades belgas confirmaron que recibieron la orden y adelantaron que la estudiarán mañana.

La detención de Puigdemont y sus cuatro ex ministros podría ser rápida a partir de entonces, si es que no se entregan antes.

En virtud de la denominada “euroorden”, un mecanismo que simplifica y acelera el proceso de entrega de un sospechoso entre dos países miembros de la Unión Europea (UE), Puigdemont podría ser llevado luego a España en un plazo de diez días, si acepta ese traslado, o 60 si lo rechaza.

La situación de Puigdemont podría acaparar así la atención en plena campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre, convocadas por Rajoy tras intervenir la autonomía de Cataluña y destituir al “Govern”.

En prisión seguirán Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes respectivos de las entidades civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, después de que la Audiencia Nacional rechazara ayer el recurso de la defensa para dejarlos en libertad. Ambos están detenidos desde el 16 de octubre por presunta sedición.

El frente judicial fue recibido como una “humillación” por sectores soberanistas, que tras una semana de desmovilización y desconcierto volvieron a activarse y convocaron diversas protestas para los próximos días. Ya por la tarde, miles de personas se concentraron ante los ayuntamientos de toda Cataluña pidiendo libertad a los “presos políticos”.

ANC y Òmnium llamaron además a una gran manifestación el 11 de noviembre en Barcelona. “Queremos que sea masiva”, dijeron ayer sus vicepresidentes en una presentación ante la prensa. Ambas entidades llamaron también a celebrar un “paro país” el miércoles 8, cuando algunos sindicatos convocaron una huelga por motivos laborales.

En un tuit difundido por ANC, Sànchez llamó a “resistir” el embate judicial. “No tienen suficientes prisiones. La democracia ganará. El 21D el mundo lo verá”, dijo citado por la entidad. “Nos quieren humillados y destruidos. No podrán”.

 

Publicado enInternacional
Oriol Junqueras, destituido vicepresidente de Cataluña y líder del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya, ayer al llegar a un juzgado en Madrid, de donde salió rumbo a la cárcel de Estremera

 

021n1mun 2

Manifestantes catalanes exigen democracia y libertad a presos políticos, durante una manifestación celebrada afuera del Parlamento de Cataluña, en Barcelona/ Foto Afp

 

Madrid.

Oriol Junqueras, ex vicepresidente de Cataluña, y ocho ex funcionarios del gobierno, fueron enviados a prisión provisional sin derecho a fianza, a excepción del cesado consejero de Empresa, Santi Vila, quien podrá salir en libertad si paga 50 mil euros de fianza. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela adoptó estas medidas al considerar que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.

La magistrada dictó una orden de búsqueda y captura internacional, que será efectiva a partir de este viernes, contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro consejeros que se encuentran en Bélgica. Los cinco informaron ya que no comparecerán ante la justicia española por no tener garantías de un juicio justo.

El conflicto entre Cataluña y España entró ya en una fase puramente judicial y policial. El aparato de justicia del Estado español tiene abiertos tres grandes procesos en los que podría condenar hasta a 50 años de prisión a más de 20 dirigentes del movimiento independentista en la región autonómica, entre ellos Puigdemont y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

El frente judicial se desarrolla en dos tribunales: el Supremo, donde serán juzgados los seis diputados de la Mesa del Parlamento (que tienen fuero), quienes ya están bajo vigilancia policial y están citados a comparecer el 9 de noviembre. Por otra parte, la juez Lamela procesará en la Audiencia Nacional a 14 ex integrantes del gobierno catalán. Además, tiene abierto el caso contra los dos líderes civiles del movimiento de independencia, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente, y quienes se encuentran en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre.

En su auto de ayer, la magistrada española decidió enviar a la cárcel al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los consejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Santi Vila (Empresa) y Joaquim Forn (Interior). Los hombres fueron enviados a la cárcel de Estremera, en Madrid, y las dos mujeres a la de Alcalá Meco.

Lamela tomó la declaración de los nueve líderes catalanes, que sólo aceptaron contestar a las preguntas de sus abogados, con excepción de Santi Vila, que sí respondió a todo. Tras testificar permanecieron en dependencias judiciales a la espera de conocer la decisión de la magistrada, quien admitió la solicitud de la fiscalía y envió a todos a la cárcel.

La juez argumentó que a mayor gravedad de los hechos, más intensa cabe presumir la tentación de la huida. Agregó que los acusados pueden enfrentar condenas hasta de 25 años por el delito de rebelión, y de 15 años por el de sedición, así como entre ocho y diez años por malversación de recursos públicos.

La juez añadió que “cobra especial importancia el papel que todos los acusados desempeñaron desde sus cargos públicos para impulsar el proceso independentista en acciones que fueron meditadas, preparadas y organizadas durante más de dos años en que se incumplieron sistemáticamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, opuesto a la independencia de Cataluña.

Señaló también que los querellados tienen un poder adquisitivo que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. De hecho, Puigdemont y sus consejeros, Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comín y Lluis Puig se encuentran en Bélgica.

La juez emitió la orden de búsqueda y captura para Puigdemont y el resto de su gobierno. Todos ellos, incluidos los nueve que ya se encuentran en la cárcel, también deberán pagar 6.2 millones de euros en un plazo de tres días si no quieren que sus bienes sean embargados, el dinero se depositará en concepto de garantías ante eventuales responsabilidades por desfalco al erario.

En el caso de los seis diputados, el Tribunal Supremo decidió posponer su declaración para el 9 de noviembre, a petición de los propios acusados. Todos tienen ahora vigilancia policial.

Cataluña está intervenida por el gobierno español desde el viernes pasado, cuando entró en vigor el artículo 155 de la Constitución, que significó el cese de todo el gobierno catalán, la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre.

Como era de esperarse, el encarcelamiento de los líderes políticos catalanes provocó un profundo malestar en el independentismo, pero también en otros partidos del arco parlamentario.

Puigdemont habló desde Bélgica con la televisora pública catalana TV3 para advertir: nos espera una represión larga y feroz. Tenemos que combatir esta situación como lo hacemos los catalanes, sin violencia, en paz. Mi apoyo y calor a todas las personas que ven atónitas la situación. Lo tenemos que combatir sin violencia. Como presidente legítimo exijo la liberación de los consejeros. Los encarcelamientos son un acto contra elecciones que se desarrollarán en un clima de represión sin precedente. Es un gravísimo atentado a la democracia. El gobierno español ha renunciado a la democracia.

Los ex funcionarios del gobierno catalán dejaron escritos mensajes antes de ser detenidos; Junqueras, máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya, quien llamó a la ciudadanía a seguir luchando para que el bien venza al mal.

El mensaje del hasta hace poco vocero del gobierno, Jordi Turull, indicó: He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de quienes me eligieron como representante del pueblo de Cataluña, al presidente, al gobierno y al Parlamento. Por favor, dediquen todas las energías a defender pacíficamente la democracia y la dignidad de Cataluña. Tengo toda la confianza y la esperanza en el pueblo catalán. Él no ha fallado nunca y ahora tampoco lo hará. Blanca, Laura, Marta, padres, hermanos y amigos, no sufran por mí. Estoy bien porque estoy convencido de lo que he hecho, que no es un delito ni he dañado a nadie. Viva la democracia. Viva Cataluña.

Desde la Candidatura de Unidad Popular y las organización secesionistas se exigió una huelga general y de acusó al Estado español de fascista e irracional.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (independiente, pero cuya formación es cercana a Podemos), calificó la decisión de despropósito jurídico y de gravísimo error político en un día negro para la democracia y para Cataluña, por lo que llamó a formar un frente común de partidos, entidades, colectivos y de todo el catalanismo político con el fin defender la cohesión, reclamar la libertad y la amnistía de los presos y parar la aplicación del artículo 155.

En un sentido parecido se expresó el líder de la coalición Unidos Podemos, Pablo Iglesias, quien advirtió: Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad a presos políticos.

El Partido Nacionalista Vasco hizo un llamado al cese inmediato de la judicialización política, calificó el actuar de los jueces de desproporcionado y exigió la dimisión inmediata del fiscal general, José Manuel Maza.

Las agrupaciones unionistas, es decir, el gobernante Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos expresaron respeto a las decisiones de la justicia, que es un poder independiente, a la vez que recalcaron que se actuó en función de la legislación española.

 

Publicado enInternacional
Página 1 de 10