Sábado, 27 Abril 2019 06:33

El dinero es amor

El dinero es amor

”Love is money”, dijo Kevin Whitaker, embajador norteamericano en Bogotá, ante un grupo de legisladores colombianos con los que estaba desayunando en su residencia. Estados Unidos podría dejar que “querer” a Colombia si ellos no apoyaban al presidente Iván Duque en “las objeciones” presentadas en un capítulo de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016, cuando el presidente era Juan Manuel Santos. Whitaker les decía que necesitaban la aprobación de “las objeciones”, aunque eso implicara desconocer a la justicia colombiana o a la Constitución. De modo que si no se aprobaban su país retiraría su cariño: “Love is money”. Básicamente, Duque quiere “objetar” algunos puntos vinculados a las pruebas necesarias en caso de que Estados Unidos reclame la extradición de algunos ex miembros de las FARC, previa acusación de narcotráfico.


Fue en los primeros días de abril. Dos tandas de legisladores de casi todos los partidos, dos desayunos, dos días consecutivos. Huevos con panceta y un café cargado fue el menú de ambos días. Aunque el embajador pidió discreción, un legislador habló (ya le retiraron la visa) y todo salió publicado en El Espectador. En una de las rondas, uno de los legisladores preguntó por qué Estados Unidos no hacía público su reclamo. Whitaker dijo que no podía, porque los acuerdos fueron acompañados y aprobados también por un enviado del entonces presidente Barack Obama. Quedaba mal. Pero en el patio trasero a los representantes del pueblo, que es un abstracto y que cuando toma cuerpo es el cuerpo que cae acribillado en plena noche o en plena mañana, Estados Unidos se considera con derecho a pedirles que voten lo necesario, aunque hayan hecho pública o prometido la posición contraria.
Hace dos semanas hablábamos de la oscuridad pública. Vale la pena ampliar la idea. Porque como vemos, aunque haya un intersticio y algo no conveniente se publique, los mecanismos de control de información están tan aceitados, que esa noticia no tiene más destino que la llama de un fósforo. Aunque alumbre el crimen más horrible o una injerencia impudorosa como la de Whitaker: se ve, pero no se ve. Se sabe, pero todo el mundo sigue con su vida como si no lo supiera.


Dos tandas de seis legisladores colombianos fueron a escuchar la recomendación de la embajada en un tema crucial, y uno de los principales diarios publicó todo. No se movió ninguna estantería. El vasallaje está naturalizado. La hipocresía se da por sentada. No hay tiempo para procesarlo. Muere gente sin parar y específicamente mueren los líderes sociales –mueren asesinados por bandas paraestatales– asignados para reconstruir las redes sociales en los territorios que ocuparon durante décadas las FARC. Entre 2018 y lo que va de 2019 llegan a más de cuatrocientos los líderes eliminados. Está claro que Estados Unidos tiene pensado qué hacer con esos territorios: no serán el hábitat natural ni bucólico de ninguna comunidad local. Los quieren para ellos y para hacer otra cosa.


En Perú, donde no hubo Diálogos de Paz, llegan a doscientos los líderes y las lideresas asesinados en estos dos años. Allí la presencia de pueblos originarios que defienden sus recursos naturales es mayor, y contra ellos actúan las patotas que los acribillan delante de sus familias, como escarmiento a las comunidades. Como en Honduras, como en Guatemala, como en El Salvador, como en Chile o la Argentina, se trata de activistas de pueblos originarios que se oponen a represas, a mineras, a agrotóxicos, a madereras. De los más de cien líderes asesinados el año pasado en Perú, sólo uno tiene una causa judicial que aparentemente avanza. Los otros asesinatos también se naturalizaron. Se ven, pero no se ven. Se saben, pero la gente continúa con su vida como si no lo supiera.


La oscuridad pública cubre un amplísimo abanico de temas que, aunque lleguen a ser publicados, nunca son interconectados ni llegan a ser enunciados con la relevancia que tienen. “El mayor enemigo de la gente es la confusión. La gente tiene que entender en qué mundo vive”, dijo hace ya algún tiempo Julian Assange, a quien ahora en Gran Bretaña ni siquiera le dejan tomar contacto con sus abogados. Es que no hay enemigo mayor para los guardianes de la oscuridad pública que aquel que aporte más fósforos para que la realidad se haga visible. Porque tenemos eso: fósforos. El poder de las cámaras y los flashes, el poder de la reproducción invasiva de las redes, lo tienen ellos.


En América Latina, ante los 800 millones de euros reunidos en un par de días para la reconstrucción de Notre Dame, fueron muchas las publicaciones de protesta porque la agenda mundial que hizo centro y foco en el incendio de la catedral parisina mientras continúa manteniendo en penumbras otros incendios, innumerables crímenes, la destrucción de ciudades enteras, como la siria Aleppo, como la palestina Gaza. Es cierto. Pero tenemos otras formas de Aleppos y Gazas aquí rozándonos, tenemos crímenes de lesa humanidad rondándonos, tenemos una derecha tutelada por mandantes que nos exigen un cinturón de castidad para que el otro polo de poder emergente en el mundo –Rusia y China– no les quite su Dorado.
Hay incendios descomunales en la Amazonia, donde Estados Unidos hace por primera vez en la historia sus ejercicios militares. Los incendios son intencionales. Empresas vinculadas a los agronegocios quieren convertir en sabana la selva, para hacerse ganaderos. Y donde no incendian, talan. Somos el escenario central de la catástrofe que sobrevendrá si no damos vuelta el rumbo. Destruirán el pulmón del planeta. Envenenan el agua. Matan a quienes viven donde ellos necesitan más rentabilidad. Hablarán de narcotráfico y terrorismo, como siempre. Los mismos que inventan a los terroristas y los arman. Los mismos que corrompen Estados para que sus fuerzas de seguridad sean cooptadas por el narco.


La oscuridad pública lo que ampara es la muerte. Y Estados Unidos siempre tuvo mucho más que ver con la muerte que con la libertad. Ese es el mundo en el que vivimos, y ésas son las desgracias a las que nos quieren arrastrar, trasladando la lógica de la guerra que impera en Medio Oriente. Mientras tanto, los pueblos convertidos en audiencias chorrean baba por odios o fascinaciones inventadas al solo efecto de hacerles creer que viven en un mundo que no es éste.

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Lunes, 28 Enero 2019 10:11

Juegos de guerra

Tutus Mobio

Las informaciones que llegan desde Venezuela sobre un posible golpe de estado y/o una guerra civil, son constantes. En la editorial de Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº 182 del mes de octubre del año pasado, nos adentramos en las posibles consecuencias de una injerencia externa que, para ese entonces, ganaba de nuevo el escenario. Retomábamos así mismo, las consecuencias de tal suceso para Colombia y Suramérica en general.

 

El presidente Nicolás Maduro lo había denunciado una y otra vez: “Pretenden un golpe de Estado”. El hecho reventó ante los ojos de todos el 27 de junio de 2017, cuando un grupo de uniformados lanzó explosivos desde un helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.


Transcurridos un poco más de doce meses, el pasado 4 de agosto una nueva operación militar con explosivos, esta vez transportados por drones, pretendía la muerte del propio jefe de Estado, parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de este país, así como de su equipo de gobierno, mientras presenciaban una parada militar con ocasión de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana.


Entre uno y otro año, las denuncias de complot efectuadas por Maduro, y de acuerdo al propio gobierno venezolano, fueron neutralizadas tras la detención en marzo pasado de numerosos e importantes oficiales del Ejército de aquel país, entre ellos los tenientes coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones en el centro-norte del país.


En ese mismo mes fue detenido el general de tres estrellas (r) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de conspirar contra el Gobierno (1).


En mayo de 2018, dos meses después de lo relacionado, todo parece indicar que, como parte de una operación clandestina para impedir la concreción de las elecciones legislativas efectuadas de manera anticipada el 20 de mayo –comicios no reconocidos por una parte importante de los países miembros de las Naciones Unidas–, fue frustrado un golpe militar con la detención secreta de “[…] varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes” (2).


Son aquellas unas maniobras conspirativas y movimientos de fuerzas sincronizadas con toda una operación de sabotaje y bloqueo económico, dirigidas desde el gobierno de los Estados Unidos, que aprobó en agosto de 2017 un conjunto de sanciones económicas con las cuales torpedea “[…] la línea de flotación financiera de un país que consigue con la exportación de petróleo 96 de cada 100 dólares en divisas y que, debido a la necesidad de importar alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, tiene una gran dependencia del sector exterior” (3).


Como se puede deducir de lo decidido por Washington, se trata de una operación tenaza diseñada para producir descontento interno, así como ingobernabilidad, piso necesario para una triunfante conspiración militar. Lo primero funcionó, tras el recrudecimiento del desabastecimiento de alimentos que ya padecían los sectores populares que allí habitan, hecho intrínsecamente ligado a la crisis económica que desde hace años, y con indicadores cada vez más dantescos, lleva al país a la deriva. Como consecuencia de ello, llegó la multiplicación de la emigración de miles de sus pobladores populares (4), lo que tensionó las relaciones con varios países suramericanos, los mismos que denuncian una crisis humanitaria y, por tanto, la necesidad de la intervención de las Naciones Unidas para remediarla.


El gobierno venezolano se niega a reconocer tal crisis, seguramente temiendo lo sucedido con países como Haití y similares, pero también argumentando que vecinos suyos como Colombia viven desde décadas atrás una constante sangría de sus connacionales, sin que por tal circunstancia aquellos se hagan merecedores de intervención alguna por parte de organismos multilaterales.


Se trata entonces de presiones que ahora ganan mayor ribete pero que vienen desde hace meses, e incluso años, hoy por boca de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien una y otra vez demanda sanciones contra el gobierno que califica de dictadura, y quien el pasado 15 de septiembre aseguró que “en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción” (5), declaración ante la cual el llamado Grupo de Lima deslindó posiciones al rechazar cualquier acción o declaración que conlleve una intervención militar contra Venezuela, acuerdo que no fue firmado por Colombia.


A tono con lo afirmado por Almagro, y como si se tratara de una polifonía ensayada sobre las tablas de la geopolítica global, con una agenda destinada a legitimar no sólo el aislamiento del gobierno venezolano sino igualmente su derrocamiento a través de una operación militar, diversos voceros de sus pares latinoamericanos desnudaron sus intereses y alzaron la voz, sincronizada también con informaciones filtradas que ahora confirman que, en 2017, Trump presionó para “[…] llevar adelante una intervención militar en Venezuela” (6).


Para la muestra un botón. Haciendo eco de lo expresado por el secretario general de la OEA, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, enfatizó: “Se han oído voces sobre operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a la crisis (en Venezuela), pero también creemos, déjenme ser muy claro, que todas las opciones deben considerarse. Y que el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles”, agregando que “es muy tarde y ‘muy inocente’ pensar que la solución ocurrirá sin un cambio de régimen” (7).


Tales declaraciones dejan al desnudo las reales contradicciones que han tomado cuerpo en nuestro continente entre los poderes realmente existentes, los cuales, como es el caso del que domina en Colombia, a la par que secundan al gobierno de Estados Unidos en su agenda regional, intentan recuperar el mercado perdido con su vecino, el mismo que llegó a representarle más de seis mil millones de dólares-año. Son declaraciones, estas y otras, que parecen no reparar en el significado y la consecuencia de una operación militar sobre este país, la misma que, sin duda alguna, estallaría en todo nuestro subcontinente, y más allá, como un polvorín.

Aunque el ejército venezolano no es tan numeroso y potente en su arsenal, además de diestro, como, por ejemplo, el de Colombia, o tan fuerte como para aguantar una operación en contra suya de múltiples ejércitos, no se debe olvidar que, como país andino, cuenta con selvas y bosques tropicales donde puede replegarse una fuerza armada, dando paso a una guerra de guerrillas y con ello a una confrontación militar que se extendería allende sus fronteras, sin olvidar que este país, además de andino, es caribeño, por lo cual limita con Colombia y también con Guayana y Brasil, e incluso tiene límites marítimos con Estados Unidos, República Dominicana, Francia, los Países Bajos y Trinidad y Tobago.


Es decir, de darse lo que de manera irresponsable desean unos y otros voceros de los poderes tradicionales, estaríamos ante una confrontación que iría más allá de lo padecido por Siria y en la cual también entrarían a terciar, de manera directa e indirecta, países como Cuba, Nicaragua y Bolivia, en este caso a favor del gobierno de Maduro, pero también Rusia y China (que aprobó recientemente un importante empréstito al país suramericano), además de enviar uno de sus barcos militares en misión médica, sin duda un suceso de alta significación geopolítica en la disputa global que ya vive con Estados Unidos, que empieza a ver aruñado su siempre referido y por más de un siglo dominado “patio trasero”. Indiscutiblemente, algo similar, aunque sin el peligro de desestabilización que representó la crisis de los cohetes en la década de los años 60 del siglo XX, y como parte de la Guerra Fría, escenificada entre Estados Unidos y la hoy extinta Unión Soviética.

De darse esta intervención militar, dispararía la migración de los nacionales de aquel país por toda la región, permitiéndonos comprobar que lo que hasta ahora estamos viviendo es apenas una mínima expresión del desastre humanitario que propician todas las guerras, más aún cuando entra en los parámetros de las de última generación, es decir, con “operaciones quirúrgicas” producto de la selección y bombardeo de blancos desde el aire o desde posiciones en altamar, muchas de ellas con “daños colaterales”, como dicen los voceros militares, es decir, con el asesinato de cientos de civiles. La hambruna y la devastación de la deteriorada infraestructura petrolera del hermano país también entrarían en escena, y con ello el colapso ambiental sobre ríos como el Orinoco y el mar Caribe. Una guerra civil también pudiera ser estimulada, con consecuencias indeseables.


Nada de esto debe suceder. Esta es la obligación que recae sobre la sociedad civil de todos nuestros países, que deben exigir a sus respectivos gobiernos que acaten el Derecho Internacional y, por ello, no olviden que el respeto a la soberanía de cada Estado-nación es baluarte de los tratados que regulan las relaciones internacionales, y, por ello mismo, recordar que, más allá de las afinidades o diferencias que se tengan con uno u otro, es a su pueblo a quien le compete resolver sus contradicciones y dar cuenta de sus gobernantes o afincarles en el poder.


No se debe olvidar, en todo caso, que en el particular que nos ocupa, por lo menos desde 2002, con el golpe de Estado sufrido por Hugo Chávez, los poderes regionales y otros, situados más allá de estos territorios, como España, no han ocultado su desavenencia con un proyecto político que en el discurso proyecta ir más allá de lo establecido y de los poderes tradicionales, aunque con resultados contrarios a la raíz histórica de lo enunciado una y otra vez. Y la sustancia real de la contradicción es que sus intereses económicos en el país vecino están comprometidos.


Son tiempos de alta tensión los que vivimos en nuestra subregión, y el destino de toda ella pende de lo que estén urdiendo en las cancillerías y las salas de operaciones de las Fuerzas Armadas, así como de la voluntad soberana de los pueblos de todos nuestros países.

 

1. Este general fue jefe de la policía política (Sebin) durante el gobierno de Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013) y, tras su retiro, dirigía una pequeña formación política opositora llamada Movimiento Desafío de Todos.
2. Márquez Humberto, “Espadas sobre la cabeza de Maduro”,
https://www.desdeabajo.info/buscar.html?searchword=humberto%20marquez&searchphrase=all.
3. Daniel García Marco, Qué significan para la golpeada economía de Venezuela las sanciones financieras de Estados Unidos. BBC Mundo, 25 de agosto 2017.
4. “La OIM registraba el 27 de febrero de 2018 600.000 emigrantes venezolanos que llegaron a Colombia y 1.642.442 repartidos en todo el mundo, incluso Estados nidos y la Unión Europea. (https://www.eltiempo.com/datos/cuantos-venezolanos-estan-saliendo-de-su-pais-y-a-donde-se-dirigen-189354). Al 15 de agosto de 2018 registra 2.328.442 emigrantes venezolanos repartidos en todo el mundo –un aumento de unos 700.000 en medio año. Una parte de ellos son colombianos que retornaban a su país
(http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/RAP-External-SitRep-No.5.pdf)./ La Oficina de Migraciones de Colombia registra el primero de septiembre de 2018 935.614 inmigrantes sin diferenciar su nacionalidad, en que más de 250.000 son inmigrantes colombianos que vuelven de Venezuela (https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/hay-935-000-venezolanos-en-colombia-segun-migracion-colombia-263096)./ La ACNUR-ONU registra en diciembre de 2017: 502.834 migrantes venezolanos (repartidos en varios países), 191.622 migrantes colombianos nuevos (en varios países), de los cuales 100.000 llegaron a Venezuela (http://www.acnur.org/5b2956a04.pdf#zoom=95)./ Colombia produjo en 2016 el mayor número de refugiados en la región debido a la guerra interna; la mayoría de ellos vive en Venezuela y Ecuador. ”Fuente: Informe de la OIM de 2018 (a partir de cifras de 2016): (página 78, 
Venezuela integró a los inmigrantes en su sistema social sin pedir ayuda, lo mismo Ecuador. ¿Alguna vez se oyó hablar de una reunión de urgencia de la OEA al respecto? (http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Documentos%20PDFs/Informe_Tendencias_Migratorias_Am%C3%A9rica_del_Sur_N1_SP.pdf)./ A la vez, Venezuela recibió en 2017 unos 100.000 nuevos inmigrantes colombianos, que siguen huyendo de conflictos armados aún presentes en las regiones fronterizas de su país ( https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf)./ Kuehnle, Gabriele, “Crisis migratoria y los colombiano-venezolanos, según cifras oficiales”, www.rebelión.org.
5. “Jefe de la OEA dice que no se debe descartar una intervención militar contra Maduro”, https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/.
6. Josefina Blanco, panampost.com, julio 4/2018.
7. https://cnnespanol.cnn.

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Lunes, 28 Enero 2019 06:29

Debate imperial

Debate imperial

No deja de asombrar la arrogancia imperial de un país donde se puede debatir abierta y públicamente si se debe o no intervenir en otro país. Casi nadie cuestiona si es legítimo o no ese debate; o sea, si Estados Unidos tiene el derecho y la autoridad moral –después de su larga historia de intervenciones y guerras ilegales, todas realizadas engañando a este pueblo– de definir el futuro de otro país.


Para los políticos, sobre todo en momentos de crisis como el que está azotando al régimen de Trump, estas aventuras intervencionistas pueden ser muy útiles. La decisión tiene casi nada que ver con el pueblo estadunidense, sino con la suposición de la cúpula de este país de que tiene el derecho, y hasta el deber, de cambiar cualquier régimen que no coopera con o sirve a sus intereses.


La gran mayoría de la población estadunidense no está enterada de lo que ocurre en Venezuela, al igual que en otros países declarados como enemigos.


Recientemente William Arkin, experto en asuntos militares y de seguridad nacional, renunció a NBC News porque, entre otras cosas, no aguantaba más la manera en que los medios masivos reportan sobre las guerras de Estados Unidos. Al ser entrevistado por otro noticiero, señaló que la inmensa mayoría de estadunidenses no podrían nombrar los nueve países que actualmente son bombardeados por Washington. El propio locutor tuvo que confesar que él tampoco. ¿Habrá otro país en el mundo que está en guerra contra otros países, o que está interviniendo, pero cuya población no pueda ni nombrar al enemigo ni ubicarlo en un mapa?


Pero igual que en todas las guerras, invasiones e intervenciones lanzadas en los pasados 170 años, incluso contra México, la propaganda oficial envuelta en bonitos listones de retórica sobre la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos, tristemente aún parece funcionar, sobre todo cuando no es cuestionada por los medios y con las redes sociales comprobando qué tan efectivas son para promover incluso la propaganda del régimen más mentiroso que ha habido en la historia moderna.


Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela hubo un consenso bipartidista en Estados Unidos en favor de un cambio de régimen; nada más había diferencias en cómo lograrlo (igual que en el caso de Cuba). Eso quedó de nuevo comprobado en el transcurso de esta semana, cuando la demócrata de mayor rango en Washington, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuiteó el jueves que Estados Unidos respalda al pueblo de Venezuela, a quienes se levantan contra el gobierno autoritario y exigen respeto por los derechos humanos y la democracia, posición respaldada por varios en el Congreso.


Hubo disidentes de este consenso en Washington. El senador Bernie Sanders, por un lado, deploró la represión del gobierno de Maduro, pero a la vez advirtió: “tenemos que aprender las lecciones del pasado y no estar en el negocio de cambio de regímenes o apoyando golpes como lo hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y República Dominicana…” La nueva representante Ilhan Omar declaró que “un golpe en Venezuela respaldado por Estados Unidos no es la solución… Tenemos que apoyar a México, Uruguay y el Vaticano para facilitar un diálogo pacífico”. Ro Khanna, otro diputado, expresó su diferencia con Dick Durbin y otros líderes de su partido al afirmar que Estados Unidos no debería nombrar al líder de Venezuela, y se sumó a la posición de Omar. La diputada y precandidata presidencial demócrata, Tulsi Gabbard, dijo que Wa-shington debe quedarse fuera de Venezuela y dejar que ese pueblo determine su futuro. Nosotros no queremos que otros países escojan a nuestros líderes; entonces tenemos que dejar de intentar escoger los de ellos.


Y también hubo expresiones en contra de la intervención estadunidense por intelectuales y activistas de este país.


Pero al escuchar este debate sobre si intervenir o no en Venezuela entre ciudadanos, políticos y activistas aquí, es difícil no pensar: ¿Quién les está preguntando? ¿Quién los nombró no sólo jueces de lo que ocurre en otro país, sino quién les dio el derecho de decidir o no el futuro de otro pueblo?

 

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Pompeo elogia el compromiso de Iván Duque para restablecer la democracia en Venezuela

El secretario de Estado norteamericano incrementa la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro en su visita a Colombia



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, elogió este miércoles al Gobierno de Iván Duque por su compromiso para restablecer la democracia en Venezuela. “La larga tradición democrática de Colombia la convierte en un líder natural en los esfuerzos regionales para apoyar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, ha asegurado tras reunirse con el presidente en la Casa de Huéspedes de Cartagena de Indias. “Todos los países que defendemos la democracia debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela”, ha contestado el líder colombiano.

 

Duque, que asumió el 7 de agosto con la promesa de aislar diplomáticamente al régimen venezolano, ha buscado encabezar la oposición regional a Caracas. Hace pocos días ya había pedido a los países "defensores de la democracia" desconocer al nuevo Gobierno de Nicolás Maduro, que tomará posesión el 10 de enero. Los comicios en los que el heredero de Hugo Chávez obtuvo su reelección fueron boicoteados por la oposición, y buena parte de la comunidad internacional –incluyendo a Bogotá y Washington– decidió no reconocerlos.


En diciembre, Maduro vinculó a Duque y al presidente brasileño Jair Bolsonaro con un supuesto plan organizado por Estados Unidos para derrocarlo y asesinarlo. La reciente expulsión de funcionarios de ambos países y la llegada a Venezuela de bombarderos rusos elevó la tensión entre dos vecinos que comparten más de 2.200 kilómetros de una porosa frontera. Colombia es además el principal país de acogida de la diáspora que huye de la severa crisis política y económica de la República Bolivariana, con más de 1,1 millones de venezolanos asentados en su territorio, según las cifras más recientes de las autoridades migratorias.

“Felicitamos tanto al Gobierno de Colombia como a su pueblo por ayudar a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro”, declaró Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que su país ha destinado casi 92 millones de dólares –55 millones en ayuda humanitaria y 37 en asistencia económica– para ayudar a Bogotá en su respuesta a la crisis venezolana. "La ayuda humanitaria es necesaria con tantos cientos de miles de hermanos venezolanos que han salido huyendo de la dictadura buscando esperanza", señaló Duque.

El viaje del secretario de Estado es el primero de un alto funcionario estadounidense desde que Duque llegó a la Casa de Nariño, y se produce luego de dos visitas anunciadas y posteriormente canceladas del presidente Donald Trump. El encuentro tuvo lugar dos días antes de una nueva reunión del Grupo de Lima, conformado por 14 países que incluyen a Argentina, Brasil, Canadá y Colombia, entre otros, pero no Estados Unidos. Algunos observadores esperan que el bloque fije una posición conjunta sobre la inminente toma de posesión de Maduro.


Pompeo aterrizó en Cartagena después de asistir a la investidura del ultraderechista Bolsonaro como presidente de Brasil, a la que Duque envió a su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La manera en que el mandatario colombiano –de corte conservador pese a que ha cultivado un perfil moderado– se inserte en la naciente alianza que han insinuado Trump y Bolsonaro surge como un nuevo interrogante en el escenario regional. Bogotá ha sido desde hace décadas un aliado estratégico de Washington, y Duque –como lo hizo su mentor, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)– ha planteado una política exterior cuyo eje principal está en Estados Unidos.

 

Una relación narcotizada


Además de la respuesta ante la crisis venezolana, Pompeo también le trajo a Duque otro mensaje del presidente Trump. Washington sigue “profundamente preocupado” por el crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia, manifestó. Según los últimos datos disponibles, los narcocultivos en el país andino crecieron en 2017 de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila su extensión. Duque ha reconocido que, frente a esos niveles récord, la relación está “narcotizada”.

En paralelo a esa alza, que ratifica a Colombia como el principal productor mundial de esta droga y a Estados Unidos como el mayor consumidor, ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Sin embargo, los dos países seguirán trabajando de la mano para lograr el objetivo conjunto de reducir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en un 50 % para finales de 2023, dijo Pompeo. “Estados Unidos sabe que debe seguir haciendo su parte en casa para reducir el lado de la demanda de la ecuación”, agregó.

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Se busca alto militar para un golpe en Venezuela

El coronel fugitivo, Oswaldo García Palomo, buscado por las autoridades venezolanas por su implicación en el magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto, es uno de los que, tentados por Washington, la secretaría general de la OEA y Bogotá, intenta “atraer gobiernos para una opción militar” contra Venezuela.

 

Según la agencia noticiosa y financiera trasnacional Bloomberg, en las últimas semanas García Palomo ha estado haciendo llamamientos a los militares venezolanos para que se levanten, atribuyéndose la responsabilidad del golpe fallido llamado “Operación Constitución” que buscaba secuestrar al presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo.


Ahora, de cara a la asunción del nuevo mandato de Maduro el 10 de enero, destaca la evidente cartelización que existe entre estos grupos y las distintas fracciones antichavistas en confluir en una mal llamada “Junta de Transición” que luego de un golpe convoque a nuevas elecciones. De allí, la elevación del perfil público de García Palomo en un medio financiero como Bloomberg busca proyectar la percepción de que se acerca un inminente desenlace devenido de un nuevo intento golpista.


En sus declaraciones, el exmilitar no niega las coordinaciones hechas en EEUU y Colombia y que da mayor peso a las denuncias del Gobierno venezolano sobre la vinculación del eje Bogotá-Miami en el intento de magnicidio y otras conspiraciones. El golpe fue frustrado por Venezuela: consistía en asfixiar la capital, ocupar las carreteras, aeropuertos, centros de comunicaciones y capturar a docenas de altos funcionarios gubernamentales y militares.


Según relata, para coordinar el plan, Palomo cruzó la frontera colombiana a pie y llegó a Caracas para reunirse en una urbanización de clase alta, donde él cree que el plan fue infiltrado. Aseguró que mantiene contactos con la oposición venezolana para consultarle sobre sus próximos planes y agradeció personalmente al Gobierno de Juan Manuel Santos por permitirle que algunos de sus compañeros detenidos fueran llevados a la frontera con Venezuela, para coordinar los planes de golpe.


El senador estadounidenses Marco Rubio, preparó el ambiente cuando el 9 febrero escribió que “El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas si deciden proteger a la gente y restaurar la democracia eliminando a un dictador”.


Una semana antes, el ex secretario de Estado Rex Tillerson, había sugerido en la Universidad de Austin, Texas, que los militares venezolanos podrían hacerse cargo de la situación en el país. “Cuando las cosas están muy mal y los líderes militares se dan cuenta de que ya no pueden servir al pueblo, ellos se encargan de una transición pacífica”, afirmó Tillerson un día antes de comenzar su gira por América Latina.


Como era de esperar, Estados Unidos desmintió conocer la existencia de un plan militar para derrocar a Maduro justamente en el contexto de la desarticulación de la cédula armada de Óscar Pérez, inspirada en motivos políticos y religiosos evangélicos, y respaldadas por voceros antichavistas desde Miami y Florida.


En la entrevista ofrecida a Bloomberg (firmado por Andy Rosati y Ezra Fieser), el ex coronel de la Guardia Nacional afirma buscar el apoyo de “gobiernos amigos” para un nuevo plan golpista tras el fallidfo intento de asesinar al presidente con drones con explosivos en agosto de este año.


“Nuestros colegas en Venezuela deben saber que estamos trabajando todos los días para unir fuerzas internacionales y nacionales, y eliminar al gobierno mediante el uso de armas para que el país no siga sangrando y muriendo”, dijo García Palomo, que plantea instalar una junta de transición con cabeza civil para eventualmente convocar a elecciones.


Además, en un video reciente trasmitido por redes sociales, García Palomo insta a los miembros de la Fuerza Armada a “asumir su responsabilidad su familia, dios, la ley, su país y el resto del mundo”, repitiendo la misma diatriba política religiosa que el ex piloto Óscar Pérez utilizara para llamar al derrocamiento de Maduro. Afirmó, incluso, que trabaja para que “gobiernos amigos” ayuden a los golpistas a concretar sus planes.


García Palomo organizó gran parte de sus planes golpistas desde Colombia, a donde huyó tras su participación en el ataque armado al Fuerte Paramacay, Valencia, realizado por un grupo de ex militares relacionados con el ex capitán Juan Carlos Caguaripano y Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.


Tras fracasar el terror callejero (las llamadas guarimbas) en 2014 y 2017, células armadas paramilitares e irregulares pretenden asumir el papel de vanguardia en el conflicto contra el Estado venezolano, grupos integrados por militares, policías, delincuentes comunes y miembros de la denominada “Resistencia”, entre los que se pregona un discurso fundamentalista en lo político y lo religioso.


Lo del título: Washington busca un militar de alto grado para encabezar un golpe cívico-militar en Venezuela. La solicitudes se reciben en Miami, Washington y Bogotá.


Victoria Korn: Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )

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Lunes, 19 Noviembre 2018 09:55

Trump en el Orinoco

Hernando Carrizosa, de la serie “Referentes” (Cortesía del autor)

La anunciada visita de Trump a Colombia en noviembre es una etapa más en la escalada para usar de fachada al país para una intervención que busca objetivos estratégicos más allá de la remoción del régimen del presidente Maduro.

 

 

Los dos salteadores

 

Dos salteadores de caminos estaban sentados tomando un trago, en un refugio a un costado del camino, comparando sus aventuras nocturnas.

–Yo le paré al Jefe de Policía –dijo el Primer Salteador–, y me fui con todo lo que tenía.

–Y yo –dijo el Segundo Salteador –paré al Fiscal del Distrito de los 

Estados Unidos, y me fui con …

–¡Buen Dios! –interrumpió el otro colmado de asombro y admiración– ¿Te fuiste con todo lo que ese tipo tenía?

–No –explicó el infortunado narrador–. Solo una pequeña parte de lo que tenía yo.

Ambrose Bierce

 

 

No existe un antecedente conocido en la historia colombiana de injerencia para deponer un gobierno extranjero, mucho menos el de un país vecino. Ni en los conflictos con Perú en el Amazonas, en 1932, ni en las diferencias con Nicaragua desde el siglo diecinueve en torno al mar e islas frente de la antiguamente llamada Costa de Mosquitos, ni en el incidente diplomático con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en torno a Los Monjes en el Golfo de Venezuela, que en ese momento se quiso denominar, desde Colombia Golfo de Coquivacoa, en ninguno de estos casos, pese a la conflictividad que alcanzaron se había visto un pronunciamiento como el expresado en Washington por el embajador colombiano ante ese país: «Se escuchan voces que hablan de operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a esta crisis. Pero creemos, y déjeme ser bastante claro, que todas las opciones deben ser consideradas» (1). 

Francisco Santos quien, después del Ministro de Relaciones Exteriores, ejerce el cargo más influyente dentro del cuerpo diplomático colombiano, señaló a Venezuela como «una bomba de tiempo lista para estallar» y enfatizó que «el objetivo prioritario es restablecer la democracia en Venezuela». 

El lenguaje utilizado es característico del empleado por los Estados Unidos en vísperas de lanzar ataques contra objetivos estratégicos para sus intereses como ocurrió en las guerras del Golfo Pérsico cuando el propósito expresado –sobre todo en la segunda–, fue «liberar al pueblo iraquí del dictador Hussein». Santos insistió, para no dejar lugar a dudas: «Obviamente, Estados Unidos y Colombia tienen las sillas más importantes en esa mesa». Y, para acabar de remarcar el punto: «es muy ingenuo pensar que puede haber una solución sin un cambio de régimen» (2).

Esta explosión verbal usual en quien fue vicepresidente de Colombia en el periodo 2002-2010, en los sucesivos gobiernos de Uribe Vélez, lo han hecho blanco de humoristas y caricaturistas como niño o adolescente imprudente, ingenuo y desenfocado. Pero lejos de rayar en la ingenuidad ese estilo hace el juego que los gobernantes necesitan para decir lo que ellos no pueden o no quieren expresar abiertamente. En otras palabras, históricamente el bufón de la corte siempre tuvo licencia real para decir las verdades que nadie más podía expresar ante el rey o de boca del rey.

El presidente Duque salió al quite de las palabras de su embajador para decir que él no tiene «ánimos belicistas», pero lo dicho dicho estaba y quedó explícito lo que era un secreto a voces: una alianza entre Estados Unidos y Colombia, su principal aliado en la estratégica esquina noroccidental del continente sudamericano –territorio que los Estados Unidos siempre ha considerado su backyard o patio de atrás– para deponer a Maduro y poner en su lugar un gobierno afecto a los intereses estadounidenses, como lo ha hecho decenas de veces en distintos lugares del mundo.

En el par de visitas realizadas por Duque a Washington, antes y después de su posesión en agosto pasado, el tema de Venezuela siempre estuvo en la agenda, además, del innegable hecho del aumento de hectáreas sembradas de coca en el país. 

En realidad, a Trump, en su intención de «volver a América (es decir, los Estados Unidos) grande de nuevo» –grito de batalla que lo catapultó a la presidencia–, poco le interesa cuántas hectáreas de más o de menos de coca se cultivan en Colombia o qué tipo de régimen está sentado en el Palacio de Miraflores en Caracas o si la ola de migrantes venezolanos llega hasta la Patagonia o no.

Lo cierto es, en primer lugar, que la historia de Colombia está marcada por la injerencia de los Estados Unidos desde tiempos remotos como 1846, cuando mediante el tratado Mallarino-Bidlack le confirieron privilegios a ese país para utilizar el istmo de Panamá, casi sesenta años antes que Teodoro Roosevelt decidiera arrebatarlo en 1903.  En 1942 el embajador de Estados Unidos en Colombia manifestó: “Hemos obtenido todo lo que hemos solicitado a este país […] Colombia no ha regateado sino que de todo corazón ha salido en apoyo de nuestra política […] y no existe país en Sur América que se haya desempeñado en forma más cooperadora» (3). 

La subordinación estratégica de Colombia ante los intereses de los Estados Unidos no ha parado desde entonces, en especial durante los años de la lucha contrainsurgente y el Plan Colombia. Cuando el presidente ecuatoriano Rafael Correa no renovó el permiso a los Estados Unidos para usar la base de Manta, el presidente Uribe Vélez concedió, mediante «un acuerdo» en el 2009, el uso de siete bases militares: Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga (4). Si bien la Corte Constitucional tumbó este «acuerdo», por no haber hecho tramite a través del Congreso, los militares estadounidenses no se marcharon, y a través de lo que Sebastián Bitar de las escuelas de Gobierno de la Universidad de los Andes llama «cuasibases» (5) las fuerzas armadas gringas han mantenido su presencia en suelo colombiano aprovechando existentes acuerdos de cooperación (6).

En segundo lugar, y más importante aun, el verdadero interés de los Estados Unidos en Venezuela es su petróleo, cuyas reservas suman, con  300.900 millones de barriles, más que cualquier otro país en el mundo, muy por encima de Canadá, Irán, Irak. Kuwait, Emiratos Árabes y Rusia (7). A lo anterior hay que agregar que la producción petrolera venezolana, que ya tocó bajas históricas de apenas un millón de barriles diarios y que amenaza con colapsar, ha sido enajenada e hipotecada. China ha salido presto a oxigenar la frágil economía del país bolivariano a cambio, por supuesto, de su petróleo.

Las frecuentes visitas de Maduro a su aliado Xi Jinping, demuestran la dependencia de Venezuela con el principal prestamista que tiene la nación sudamericana. La más reciente, en septiembre de este año, sirvió para que ambos países firmaron 28 acuerdos de cooperación, con los cuales la deuda de Venezuela con China subió de 23.000 a 28.000 millones de dólares (8). En otras palabras, la economía de la otrora “Arabia suramericana” vive gracias a la liquidez que le garantiza la potencia asiática a cambio de la producción actual y futura del hasta ahora vital recurso energético, única forma de honrar sus compromisos económicos. 

Antes de que ocurra la anunciada guerra mundial por el agua, la próxima guerra mundial será, no es atrevido afirmarlo, por las últimas reservas petroleras en un mundo globalizado que no logra dar el paso decisivo hacia energías renovables. Esto lo tienen claro dirigentes mundiales como Putin, Xi Jinping y Trump, los tres mandatarios más poderosos del mundo que a la manera de la distopía de Orwell en la novela1984, rotan alianzas y enemistades. Cada uno, por su lado, mueve fichas sobre el tablero global para cuando llegue el momento de disputar hasta el último barril de petróleo con que aún cuenta el planeta.

La segunda guerra del Golfo, impulsada por George W. Bush, en el 2003, y justificada por la denuncia de que el régimen de Hussein fabricaba armas químicas (9), en realidad no tuvo intensión distinta de arrebatar los pozos petroleros del otrora imperio persa, como ya antes había ocurrido con los de Kuwait, en la Primera Guerra del Golfo entre 1990 y 1991, liderada,  a su vez, por el padre de Bush. Hoy día, los cinco mil soldados norteamericanos que quedaron después de la invasión y que fueron retirados por Obama, regresaron dos años después para supuestamente luchar contra el estado Islámico. Quienes nunca se retiraron, después de cada una de las guerras del Golfo, fueron las empresas occidentales afectas a los Estados Unidos, como ExxonMobil, BP y Shell (10).

La presencia militar de los Estados Unidos llega a 177 países, es decir, el 70 por ciento de los países del mundo. Lo anterior lo anunció el pasado 23 de julio el presidente de su Estado Mayor Conjunto, el general Joe Dunford (11). En América Latina, tienen presencia, bien sea en bases locales, las llamadas «cuasibases» o bases propias, en México, tres bases, Honduras, tres, Panamá trece, Colombia, siete, Perú, ocho, Paraguay dos (12). Además, el presidente Macri ha autorizado bases norteamericanas en la Triple Frontera y en la provincia sureña de Tierra de Fuego (13). También existe una base en el corazón del Amazonas, en territorio brasileño, en la confluencia de Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), en donde desarrollaron operaciones conjuntas en noviembre de 2017 (14).

Por todo lo anterior, no hay duda de que la visita del presidente Trump a Colombia es un paso más en el objetivo final, en medio de la ya declarada guerra comercial con China que emprendió desde que ascendió al poder, y en contravía a todo lo efectuado por su predecesor en la Casa Blanca, de tender puentes de cooperación entre ambos países, de arrebatarle el petróleo venezolano al régimen de Xi Jianping, algo que los chinos no estarán dispuestos a tolerar. En la reciente visita de Maduro a Pekín, el canciller chino y consejero de Estado, Wang Yi manifestó que «pese a las complejas circunstancias internacionales, China está dispuesta a trabajar con Venezuela para fortalecer los intercambios y la amistad entre ambos países», para lo cual será necesario «optimizar los modelos de cooperación a fin de enriquecer la asociación estratégica» (15). 

 Por su parte, el presidente Duque, con su conocida admiración por los Estados Unidos, expresada ya desde sus columnas de opinión en Portafolio entre 2010 y 2013 (16) antes de soñar con ser ungido por Uribe Vélez para ser presidente de Colombia, es un maleable instrumento, solícito a los intereses norteamericanos, dada su inexperiencia política y de estadista. Presionado por la ominosa figura de Trump, podría sucumbir a la tentación intervencionista y servir a los intereses de su principal aliado económico y militar, para fraguar, directa o indirectamente, un abanico de opciones que van desde el apoyo a intentonas golpistas –que ya se comienzan a manifestarse entre oficiales descontentos–, la del magnicidio a través de oscuros agentes o en caso extremo, improbable pero no descartable, un conflicto armado en el que todas las partes saldrían perdiendo. Por ahora, Trump y su gobierno proseguirá presionando en lo diplomático, ahogando en lo económico, amenazando con mensajes velados como el expresado por el embajador de Colombia en ese país. Toda una serie de recursos para dificultar la recuperación económica de Venezuela, incrementar el descontento entre la población y aislarla en lo internacional, para de esa forma tenderle una base social al cambio de régimen que conduzca al objetivo final: el petróleo venezolano.  ν

 

1. Portafolio 18 de septiembre 2018, en https://www.portafolio.co/tendencias/no-se-descarta-intervencion-militar-en-venezuela-521280

2. Revista Semana, 18 de septiembre 2018 en https://www.semana.com/nacion/articulo/crisis-de-venezuela-pacho-santos-no-descarta-ninguna-opcion/583516

3.  Vega Cantor, Renán, La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia: injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado, en Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2015, p. 729

4. Vega Cantor, p. 778.

5. Bitar, Sebastián, Sebastián Bitar, “La presencia militar de Estados Unidos en América Latina: bases y cuasibases”, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2017

6. http://pacifista.co/mitos-y-verdades-sobre-la-presencia-militar-gringa-en-colombia/

7. https://www.businessinsider.es/10-paises-mayores-reservas-petroleo-mundo-249164

8. http://www.eluniversal.com/economia/20689/china-y-venezuela-firman-28-acuerdos-de-cooperacion

9. La cual después se demostró infundada y no más que un complot en el que cayó el propio general Colin Powell, quien ante una asamblea de la ONU en Johannesburgo mostró una probeta con, supuestamente, ántrax, fabricado en Irak y, basado en esa «evidencia» lideró la invasión a Irak. Concluida la guerra admitió haber sido engañado por las fuerzas de inteligencia de su propio país cuando le entregaron la probeta con la supuesta arma química, y por ello renunció discretamente de su cargo como Secretario de Estado.

10. https://iraqsolidaridad.wordpress.com/2012/01/30/las-empresas-petroleras-occidentales-se-quedan-en-iraq-aunque-las-fuerzas-estadounidenses-se-vayan/

11. https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/383472/presencia-militar-fuerzas-guerra-dunford

12. http://www.granma.cu/mundo/2018-08-09/bases-militares-de-eeuu-en-america-latina-y-el-caribe-el-plan-suramerica-09-08-2018-17-08-04

13. https://www.hispantv.com/noticias/argentina/257204/eeuu-instala-base-militar-argentina-macri

14.  https://www.clarin.com/mundo/brasil-ee-uu-paises-crearan-base-militar-amazonas_0_S1Z-CZYCW.html

15. http://www.eluniversal.com/economia/20689/china-y-venezuela-firman-28-acuerdos-de-cooperacion

16. Duque Márquez, Iván, El efecto naranja, innovación e ideas políticas en la sociedad poscrisis, cuarta edición, Bogotá, Planeta, 2018. 

 

* Escritor. Integrante del Consejo de Redacción del periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 

Sábado, 20 Octubre 2018 18:27

Juegos de guerra

Tutus Mobio

El presidente Nicolás Maduro lo había denunciado una y otra vez: “Pretenden un golpe de Estado”. El hecho reventó ante los ojos de todos el 27 de junio de 2017, cuando un grupo de uniformados lanzó explosivos desde un helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.


Transcurridos un poco más de doce meses, el pasado 4 de agosto una nueva operación militar con explosivos, esta vez transportados por drones, pretendía la muerte del propio jefe de Estado, parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de este país, así como de su equipo de gobierno, mientras presenciaban una parada militar con ocasión de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana.


Entre uno y otro año, las denuncias de complot efectuadas por Maduro, y de acuerdo al propio gobierno venezolano, fueron neutralizadas tras la detención en marzo pasado de numerosos e importantes oficiales del Ejército de aquel país, entre ellos los tenientes coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones en el centro-norte del país.


En ese mismo mes fue detenido el general de tres estrellas (r) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de conspirar contra el Gobierno (1).


En mayo de 2018, dos meses después de lo relacionado, todo parece indicar que, como parte de una operación clandestina para impedir la concreción de las elecciones legislativas efectuadas de manera anticipada el 20 de mayo –comicios no reconocidos por una parte importante de los países miembros de las Naciones Unidas–, fue frustrado un golpe militar con la detención secreta de “[…] varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes” (2).


Son aquellas unas maniobras conspirativas y movimientos de fuerzas sincronizadas con toda una operación de sabotaje y bloqueo económico, dirigidas desde el gobierno de los Estados Unidos, que aprobó en agosto de 2017 un conjunto de sanciones económicas con las cuales torpedea “[…] la línea de flotación financiera de un país que consigue con la exportación de petróleo 96 de cada 100 dólares en divisas y que, debido a la necesidad de importar alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, tiene una gran dependencia del sector exterior” (3).


Como se puede deducir de lo decidido por Washington, se trata de una operación tenaza diseñada para producir descontento interno, así como ingobernabilidad, piso necesario para una triunfante conspiración militar. Lo primero funcionó, tras el recrudecimiento del desabastecimiento de alimentos que ya padecían los sectores populares que allí habitan, hecho intrínsecamente ligado a la crisis económica que desde hace años, y con indicadores cada vez más dantescos, lleva al país a la deriva. Como consecuencia de ello, llegó la multiplicación de la emigración de miles de sus pobladores populares (4), lo que tensionó las relaciones con varios países suramericanos, los mismos que denuncian una crisis humanitaria y, por tanto, la necesidad de la intervención de las Naciones Unidas para remediarla.


El gobierno venezolano se niega a reconocer tal crisis, seguramente temiendo lo sucedido con países como Haití y similares, pero también argumentando que vecinos suyos como Colombia viven desde décadas atrás una constante sangría de sus connacionales, sin que por tal circunstancia aquellos se hagan merecedores de intervención alguna por parte de organismos multilaterales.


Se trata entonces de presiones que ahora ganan mayor ribete pero que vienen desde hace meses, e incluso años, hoy por boca de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien una y otra vez demanda sanciones contra el gobierno que califica de dictadura, y quien el pasado 15 de septiembre aseguró que “en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción” (5), declaración ante la cual el llamado Grupo de Lima deslindó posiciones al rechazar cualquier acción o declaración que conlleve una intervención militar contra Venezuela, acuerdo que no fue firmado por Colombia.


A tono con lo afirmado por Almagro, y como si se tratara de una polifonía ensayada sobre las tablas de la geopolítica global, con una agenda destinada a legitimar no sólo el aislamiento del gobierno venezolano sino igualmente su derrocamiento a través de una operación militar, diversos voceros de sus pares latinoamericanos desnudaron sus intereses y alzaron la voz, sincronizada también con informaciones filtradas que ahora confirman que, en 2017, Trump presionó para “[…] llevar adelante una intervención militar en Venezuela” (6).


Para la muestra un botón. Haciendo eco de lo expresado por el secretario general de la OEA, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, enfatizó: “Se han oído voces sobre operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a la crisis (en Venezuela), pero también creemos, déjenme ser muy claro, que todas las opciones deben considerarse. Y que el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles”, agregando que “es muy tarde y ‘muy inocente’ pensar que la solución ocurrirá sin un cambio de régimen” (7).


Tales declaraciones dejan al desnudo las reales contradicciones que han tomado cuerpo en nuestro continente entre los poderes realmente existentes, los cuales, como es el caso del que domina en Colombia, a la par que secundan al gobierno de Estados Unidos en su agenda regional, intentan recuperar el mercado perdido con su vecino, el mismo que llegó a representarle más de seis mil millones de dólares-año. Son declaraciones, estas y otras, que parecen no reparar en el significado y la consecuencia de una operación militar sobre este país, la misma que, sin duda alguna, estallaría en todo nuestro subcontinente, y más allá, como un polvorín.

Aunque el ejército venezolano no es tan numeroso y potente en su arsenal, además de diestro, como, por ejemplo, el de Colombia, o tan fuerte como para aguantar una operación en contra suya de múltiples ejércitos, no se debe olvidar que, como país andino, cuenta con selvas y bosques tropicales donde puede replegarse una fuerza armada, dando paso a una guerra de guerrillas y con ello a una confrontación militar que se extendería allende sus fronteras, sin olvidar que este país, además de andino, es caribeño, por lo cual limita con Colombia y también con Guayana y Brasil, e incluso tiene límites marítimos con Estados Unidos, República Dominicana, Francia, los Países Bajos y Trinidad y Tobago.


Es decir, de darse lo que de manera irresponsable desean unos y otros voceros de los poderes tradicionales, estaríamos ante una confrontación que iría más allá de lo padecido por Siria y en la cual también entrarían a terciar, de manera directa e indirecta, países como Cuba, Nicaragua y Bolivia, en este caso a favor del gobierno de Maduro, pero también Rusia y China (que aprobó recientemente un importante empréstito al país suramericano), además de enviar uno de sus barcos militares en misión médica, sin duda un suceso de alta significación geopolítica en la disputa global que ya vive con Estados Unidos, que empieza a ver aruñado su siempre referido y por más de un siglo dominado “patio trasero”. Indiscutiblemente, algo similar, aunque sin el peligro de desestabilización que representó la crisis de los cohetes en la década de los años 60 del siglo XX, y como parte de la Guerra Fría, escenificada entre Estados Unidos y la hoy extinta Unión Soviética.

De darse esta intervención militar, dispararía la migración de los nacionales de aquel país por toda la región, permitiéndonos comprobar que lo que hasta ahora estamos viviendo es apenas una mínima expresión del desastre humanitario que propician todas las guerras, más aún cuando entra en los parámetros de las de última generación, es decir, con “operaciones quirúrgicas” producto de la selección y bombardeo de blancos desde el aire o desde posiciones en altamar, muchas de ellas con “daños colaterales”, como dicen los voceros militares, es decir, con el asesinato de cientos de civiles. La hambruna y la devastación de la deteriorada infraestructura petrolera del hermano país también entrarían en escena, y con ello el colapso ambiental sobre ríos como el Orinoco y el mar Caribe. Una guerra civil también pudiera ser estimulada, con consecuencias indeseables.


Nada de esto debe suceder. Esta es la obligación que recae sobre la sociedad civil de todos nuestros países, que deben exigir a sus respectivos gobiernos que acaten el Derecho Internacional y, por ello, no olviden que el respeto a la soberanía de cada Estado-nación es baluarte de los tratados que regulan las relaciones internacionales, y, por ello mismo, recordar que, más allá de las afinidades o diferencias que se tengan con uno u otro, es a su pueblo a quien le compete resolver sus contradicciones y dar cuenta de sus gobernantes o afincarles en el poder.


No se debe olvidar, en todo caso, que en el particular que nos ocupa, por lo menos desde 2002, con el golpe de Estado sufrido por Hugo Chávez, los poderes regionales y otros, situados más allá de estos territorios, como España, no han ocultado su desavenencia con un proyecto político que en el discurso proyecta ir más allá de lo establecido y de los poderes tradicionales, aunque con resultados contrarios a la raíz histórica de lo enunciado una y otra vez. Y la sustancia real de la contradicción es que sus intereses económicos en el país vecino están comprometidos.


Son tiempos de alta tensión los que vivimos en nuestra subregión, y el destino de toda ella pende de lo que estén urdiendo en las cancillerías y las salas de operaciones de las Fuerzas Armadas, así como de la voluntad soberana de los pueblos de todos nuestros países.

 

1. Este general fue jefe de la policía política (Sebin) durante el gobierno de Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013) y, tras su retiro, dirigía una pequeña formación política opositora llamada Movimiento Desafío de Todos.
2. Márquez Humberto, “Espadas sobre la cabeza de Maduro”,
https://www.desdeabajo.info/buscar.html?searchword=humberto%20marquez&searchphrase=all.
3. Daniel García Marco, Qué significan para la golpeada economía de Venezuela las sanciones financieras de Estados Unidos. BBC Mundo, 25 de agosto 2017.
4. “La OIM registraba el 27 de febrero de 2018 600.000 emigrantes venezolanos que llegaron a Colombia y 1.642.442 repartidos en todo el mundo, incluso Estados nidos y la Unión Europea. (https://www.eltiempo.com/datos/cuantos-venezolanos-estan-saliendo-de-su-pais-y-a-donde-se-dirigen-189354). Al 15 de agosto de 2018 registra 2.328.442 emigrantes venezolanos repartidos en todo el mundo –un aumento de unos 700.000 en medio año. Una parte de ellos son colombianos que retornaban a su país
(http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/RAP-External-SitRep-No.5.pdf)./ La Oficina de Migraciones de Colombia registra el primero de septiembre de 2018 935.614 inmigrantes sin diferenciar su nacionalidad, en que más de 250.000 son inmigrantes colombianos que vuelven de Venezuela (https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/hay-935-000-venezolanos-en-colombia-segun-migracion-colombia-263096)./ La ACNUR-ONU registra en diciembre de 2017: 502.834 migrantes venezolanos (repartidos en varios países), 191.622 migrantes colombianos nuevos (en varios países), de los cuales 100.000 llegaron a Venezuela (http://www.acnur.org/5b2956a04.pdf#zoom=95)./ Colombia produjo en 2016 el mayor número de refugiados en la región debido a la guerra interna; la mayoría de ellos vive en Venezuela y Ecuador. ”Fuente: Informe de la OIM de 2018 (a partir de cifras de 2016): (página 78, 
Venezuela integró a los inmigrantes en su sistema social sin pedir ayuda, lo mismo Ecuador. ¿Alguna vez se oyó hablar de una reunión de urgencia de la OEA al respecto? (http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Documentos%20PDFs/Informe_Tendencias_Migratorias_Am%C3%A9rica_del_Sur_N1_SP.pdf)./ A la vez, Venezuela recibió en 2017 unos 100.000 nuevos inmigrantes colombianos, que siguen huyendo de conflictos armados aún presentes en las regiones fronterizas de su país ( https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf)./ Kuehnle, Gabriele, “Crisis migratoria y los colombiano-venezolanos, según cifras oficiales”, www.rebelión.org.
5. “Jefe de la OEA dice que no se debe descartar una intervención militar contra Maduro”, https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/.
6. Josefina Blanco, panampost.com, julio 4/2018.
7. https://cnnespanol.cnn.

Lunes, 28 Enero 2019 09:40

Juegos de guerra

Tutus Mobio

Las informaciones que llegan desde Venezuela sobre un posible golpe de estado y/o una guerra civil, son constantes. En la editorial de Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº 182 del mes de octubre del año pasado, nos adentramos en las posibles consecuencias de una injerencia externa que, para ese entonces, ganaba de nuevo el escenario. Retomábamos así mismo, las consecuencias de tal suceso para Colombia y Suramérica en general.

 

El presidente Nicolás Maduro lo había denunciado una y otra vez: “Pretenden un golpe de Estado”. El hecho reventó ante los ojos de todos el 27 de junio de 2017, cuando un grupo de uniformados lanzó explosivos desde un helicóptero sobre el Tribunal Supremo de Justicia venezolano.


Transcurridos un poco más de doce meses, el pasado 4 de agosto una nueva operación militar con explosivos, esta vez transportados por drones, pretendía la muerte del propio jefe de Estado, parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de este país, así como de su equipo de gobierno, mientras presenciaban una parada militar con ocasión de la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana.


Entre uno y otro año, las denuncias de complot efectuadas por Maduro, y de acuerdo al propio gobierno venezolano, fueron neutralizadas tras la detención en marzo pasado de numerosos e importantes oficiales del Ejército de aquel país, entre ellos los tenientes coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones en el centro-norte del país.


En ese mismo mes fue detenido el general de tres estrellas (r) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de conspirar contra el Gobierno (1).


En mayo de 2018, dos meses después de lo relacionado, todo parece indicar que, como parte de una operación clandestina para impedir la concreción de las elecciones legislativas efectuadas de manera anticipada el 20 de mayo –comicios no reconocidos por una parte importante de los países miembros de las Naciones Unidas–, fue frustrado un golpe militar con la detención secreta de “[…] varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes” (2).


Son aquellas unas maniobras conspirativas y movimientos de fuerzas sincronizadas con toda una operación de sabotaje y bloqueo económico, dirigidas desde el gobierno de los Estados Unidos, que aprobó en agosto de 2017 un conjunto de sanciones económicas con las cuales torpedea “[…] la línea de flotación financiera de un país que consigue con la exportación de petróleo 96 de cada 100 dólares en divisas y que, debido a la necesidad de importar alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, tiene una gran dependencia del sector exterior” (3).


Como se puede deducir de lo decidido por Washington, se trata de una operación tenaza diseñada para producir descontento interno, así como ingobernabilidad, piso necesario para una triunfante conspiración militar. Lo primero funcionó, tras el recrudecimiento del desabastecimiento de alimentos que ya padecían los sectores populares que allí habitan, hecho intrínsecamente ligado a la crisis económica que desde hace años, y con indicadores cada vez más dantescos, lleva al país a la deriva. Como consecuencia de ello, llegó la multiplicación de la emigración de miles de sus pobladores populares (4), lo que tensionó las relaciones con varios países suramericanos, los mismos que denuncian una crisis humanitaria y, por tanto, la necesidad de la intervención de las Naciones Unidas para remediarla.


El gobierno venezolano se niega a reconocer tal crisis, seguramente temiendo lo sucedido con países como Haití y similares, pero también argumentando que vecinos suyos como Colombia viven desde décadas atrás una constante sangría de sus connacionales, sin que por tal circunstancia aquellos se hagan merecedores de intervención alguna por parte de organismos multilaterales.


Se trata entonces de presiones que ahora ganan mayor ribete pero que vienen desde hace meses, e incluso años, hoy por boca de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien una y otra vez demanda sanciones contra el gobierno que califica de dictadura, y quien el pasado 15 de septiembre aseguró que “en cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción” (5), declaración ante la cual el llamado Grupo de Lima deslindó posiciones al rechazar cualquier acción o declaración que conlleve una intervención militar contra Venezuela, acuerdo que no fue firmado por Colombia.


A tono con lo afirmado por Almagro, y como si se tratara de una polifonía ensayada sobre las tablas de la geopolítica global, con una agenda destinada a legitimar no sólo el aislamiento del gobierno venezolano sino igualmente su derrocamiento a través de una operación militar, diversos voceros de sus pares latinoamericanos desnudaron sus intereses y alzaron la voz, sincronizada también con informaciones filtradas que ahora confirman que, en 2017, Trump presionó para “[…] llevar adelante una intervención militar en Venezuela” (6).


Para la muestra un botón. Haciendo eco de lo expresado por el secretario general de la OEA, el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos, enfatizó: “Se han oído voces sobre operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a la crisis (en Venezuela), pero también creemos, déjenme ser muy claro, que todas las opciones deben considerarse. Y que el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles”, agregando que “es muy tarde y ‘muy inocente’ pensar que la solución ocurrirá sin un cambio de régimen” (7).


Tales declaraciones dejan al desnudo las reales contradicciones que han tomado cuerpo en nuestro continente entre los poderes realmente existentes, los cuales, como es el caso del que domina en Colombia, a la par que secundan al gobierno de Estados Unidos en su agenda regional, intentan recuperar el mercado perdido con su vecino, el mismo que llegó a representarle más de seis mil millones de dólares-año. Son declaraciones, estas y otras, que parecen no reparar en el significado y la consecuencia de una operación militar sobre este país, la misma que, sin duda alguna, estallaría en todo nuestro subcontinente, y más allá, como un polvorín.

Aunque el ejército venezolano no es tan numeroso y potente en su arsenal, además de diestro, como, por ejemplo, el de Colombia, o tan fuerte como para aguantar una operación en contra suya de múltiples ejércitos, no se debe olvidar que, como país andino, cuenta con selvas y bosques tropicales donde puede replegarse una fuerza armada, dando paso a una guerra de guerrillas y con ello a una confrontación militar que se extendería allende sus fronteras, sin olvidar que este país, además de andino, es caribeño, por lo cual limita con Colombia y también con Guayana y Brasil, e incluso tiene límites marítimos con Estados Unidos, República Dominicana, Francia, los Países Bajos y Trinidad y Tobago.


Es decir, de darse lo que de manera irresponsable desean unos y otros voceros de los poderes tradicionales, estaríamos ante una confrontación que iría más allá de lo padecido por Siria y en la cual también entrarían a terciar, de manera directa e indirecta, países como Cuba, Nicaragua y Bolivia, en este caso a favor del gobierno de Maduro, pero también Rusia y China (que aprobó recientemente un importante empréstito al país suramericano), además de enviar uno de sus barcos militares en misión médica, sin duda un suceso de alta significación geopolítica en la disputa global que ya vive con Estados Unidos, que empieza a ver aruñado su siempre referido y por más de un siglo dominado “patio trasero”. Indiscutiblemente, algo similar, aunque sin el peligro de desestabilización que representó la crisis de los cohetes en la década de los años 60 del siglo XX, y como parte de la Guerra Fría, escenificada entre Estados Unidos y la hoy extinta Unión Soviética.

De darse esta intervención militar, dispararía la migración de los nacionales de aquel país por toda la región, permitiéndonos comprobar que lo que hasta ahora estamos viviendo es apenas una mínima expresión del desastre humanitario que propician todas las guerras, más aún cuando entra en los parámetros de las de última generación, es decir, con “operaciones quirúrgicas” producto de la selección y bombardeo de blancos desde el aire o desde posiciones en altamar, muchas de ellas con “daños colaterales”, como dicen los voceros militares, es decir, con el asesinato de cientos de civiles. La hambruna y la devastación de la deteriorada infraestructura petrolera del hermano país también entrarían en escena, y con ello el colapso ambiental sobre ríos como el Orinoco y el mar Caribe. Una guerra civil también pudiera ser estimulada, con consecuencias indeseables.


Nada de esto debe suceder. Esta es la obligación que recae sobre la sociedad civil de todos nuestros países, que deben exigir a sus respectivos gobiernos que acaten el Derecho Internacional y, por ello, no olviden que el respeto a la soberanía de cada Estado-nación es baluarte de los tratados que regulan las relaciones internacionales, y, por ello mismo, recordar que, más allá de las afinidades o diferencias que se tengan con uno u otro, es a su pueblo a quien le compete resolver sus contradicciones y dar cuenta de sus gobernantes o afincarles en el poder.


No se debe olvidar, en todo caso, que en el particular que nos ocupa, por lo menos desde 2002, con el golpe de Estado sufrido por Hugo Chávez, los poderes regionales y otros, situados más allá de estos territorios, como España, no han ocultado su desavenencia con un proyecto político que en el discurso proyecta ir más allá de lo establecido y de los poderes tradicionales, aunque con resultados contrarios a la raíz histórica de lo enunciado una y otra vez. Y la sustancia real de la contradicción es que sus intereses económicos en el país vecino están comprometidos.


Son tiempos de alta tensión los que vivimos en nuestra subregión, y el destino de toda ella pende de lo que estén urdiendo en las cancillerías y las salas de operaciones de las Fuerzas Armadas, así como de la voluntad soberana de los pueblos de todos nuestros países.

 

1. Este general fue jefe de la policía política (Sebin) durante el gobierno de Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013) y, tras su retiro, dirigía una pequeña formación política opositora llamada Movimiento Desafío de Todos.
2. Márquez Humberto, “Espadas sobre la cabeza de Maduro”,
https://www.desdeabajo.info/buscar.html?searchword=humberto%20marquez&searchphrase=all.
3. Daniel García Marco, Qué significan para la golpeada economía de Venezuela las sanciones financieras de Estados Unidos. BBC Mundo, 25 de agosto 2017.
4. “La OIM registraba el 27 de febrero de 2018 600.000 emigrantes venezolanos que llegaron a Colombia y 1.642.442 repartidos en todo el mundo, incluso Estados nidos y la Unión Europea. (https://www.eltiempo.com/datos/cuantos-venezolanos-estan-saliendo-de-su-pais-y-a-donde-se-dirigen-189354). Al 15 de agosto de 2018 registra 2.328.442 emigrantes venezolanos repartidos en todo el mundo –un aumento de unos 700.000 en medio año. Una parte de ellos son colombianos que retornaban a su país
(http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/RAP-External-SitRep-No.5.pdf)./ La Oficina de Migraciones de Colombia registra el primero de septiembre de 2018 935.614 inmigrantes sin diferenciar su nacionalidad, en que más de 250.000 son inmigrantes colombianos que vuelven de Venezuela (https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/hay-935-000-venezolanos-en-colombia-segun-migracion-colombia-263096)./ La ACNUR-ONU registra en diciembre de 2017: 502.834 migrantes venezolanos (repartidos en varios países), 191.622 migrantes colombianos nuevos (en varios países), de los cuales 100.000 llegaron a Venezuela (http://www.acnur.org/5b2956a04.pdf#zoom=95)./ Colombia produjo en 2016 el mayor número de refugiados en la región debido a la guerra interna; la mayoría de ellos vive en Venezuela y Ecuador. ”Fuente: Informe de la OIM de 2018 (a partir de cifras de 2016): (página 78, 
Venezuela integró a los inmigrantes en su sistema social sin pedir ayuda, lo mismo Ecuador. ¿Alguna vez se oyó hablar de una reunión de urgencia de la OEA al respecto? (http://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Documentos%20PDFs/Informe_Tendencias_Migratorias_Am%C3%A9rica_del_Sur_N1_SP.pdf)./ A la vez, Venezuela recibió en 2017 unos 100.000 nuevos inmigrantes colombianos, que siguen huyendo de conflictos armados aún presentes en las regiones fronterizas de su país ( https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf)./ Kuehnle, Gabriele, “Crisis migratoria y los colombiano-venezolanos, según cifras oficiales”, www.rebelión.org.
5. “Jefe de la OEA dice que no se debe descartar una intervención militar contra Maduro”, https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/.
6. Josefina Blanco, panampost.com, julio 4/2018.
7. https://cnnespanol.cnn.

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Estados Unidos y el uso problemático de las drogas: De la paja en el ojo ajeno a la viga descomunal

El tema de la coca, su persistente sembrado en nuestro país y la problemática de salud que registran los Estados Unidos por el consumo de opioides, vuelve a primer plano. Aunque las cifras confirman que en el consumo de cocaína no está la explicación de tal problemática, todo parece indicar que su potencial geopolítico no será desaprovechado por el gobierno de Trump.

 

El incremento tanto del uso de cocaína como las muertes por sobredosis en Estados Unidos (EU) fue la conexión interna que William Brownfield estableció luego de denunciar el fuerte aumento del número de hectáreas de coca (130%) y del potencial de producción de cocaína (200%) de Colombia. Brownfield es el Secretario de Estado para Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la ley de EU y expuso su argumento en una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores en el Hemisferio Occidental sobre Asuntos de Crimen Transnacional, Seguridad Ciudadana, Democracia, Derechos Humanos y temas relacionados con la Mujer a nivel Global el pasado 2 de agosto de 2017. Este Subcomité es presidido por Marco Rubio, connotado senador conservador de la Florida.


La narrativa sobre drogas del funcionario establece una correlación entre producción colombiana y comportamiento de la demanda dentro de EU en razón a que el 90 por ciento de la cocaína incautada por la Drug Enforcement Administration DEA proviene de Colombia. El subsecretario guardó absoluto silencio sobre la intermediación de esa cocaína en manos de narcotraficantes mexicanos, cuya capacidad de traspaso fronterizo y distribución en el interior de EU crece vertiginosamente, sobre todo en la costa oeste, para luego ser distribuida hacia diferentes puntos del mercado interno. Esta intermediación compromete redes complejas de contactos, puntos seguros intermedios, corrupción extendida sobre todo en Centroamérica y el Caribe y en la misma frontera con México. Obviando este entramado, Brownfield sólo estableció una correlación entre cultivos de coca en Colombia y consumo de cocaína.


El argumento del consumo interno


Según informes de la DEA, la disponibilidad de cocaína en los EU se mantiene por debajo de los niveles de 2006. De acuerdo con indagaciones de las 21 oficinas regionales de campo (DEA Field Divisions Report) sólo en 5 lugares se reporta un incremento en el primer semestre de 2015 (Houston, New York, Philadelphia, Phoenix, y Washington) y comparado con el segundo semestre de 2014, solo una División (Dallas) de las 21, reporta una mayor disponibilidad de cocaína.Las 20 restantes señalan que ha sido estable.


Desde el punto de vista de precios y pureza de la cocaína, el contexto nacional refleja una situación sostenida de incrementos de precios hasta posicionarse en un alto nivel (149% entre enero de 2007 y marzo de 2015, es decir de US$98 a US$244 dólares por gramo) y una pureza que decreció en 35 por ciento al pasar de 67.1 por ciento a 43.6 por ciento en este período. Cabe recordar que la estrategia de reducción de la oferta que actualmente predomina en el contexto global busca, como efecto, generar precios altos y baja pureza como dos indicadores clave que disuadirían a los usuarios del uso de este y demás psicoactivos prohibidos. (Véase gráfico Nº1).

 


Tampoco los registros sobre casos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína dan cuenta de una situación epidémica, sino todo lo contrario. Si se observa el gráfico Nº 2 puede apreciarse que el uso de cocaína es cada vez mejor manejado evitando estados de emergencia por sobredosis y que sus estados de salud puedan alterarse con gravedad tal como sucedía, por ejemplo en 2006, cuando se alcanza uno de los picos más altos de atención hospitalaria para este psicoactivo.


Es probable que esta situación se deba también a la pérdida de peso del consumo adictivo que prevaleció desde finales de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando se generalizó la demanda de crack y una cocaína mal manejada que produjo daños en la salud, demanda que era sostenida por una generación de adictos y presidiarios y el surgimiento de nuevos usuarios ocasionales.


A modo de síntesis, tomando indicadores de disponibilidad, precio, pureza y contextos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína, no existe en absoluto una situación que rompa abruptamente las tendencias, relativamente estables, de media y larga duración, que muestran las estadísticas que evalúan con detalle el comportamiento de esa sustancia en EU.


El problema de uso de drogas en EU mayor impacto


Estados Unidos presenta una realidad muy compleja en materia de uso problemático de algunas sustancias y en primer lugar de opioides tanto ilícitos como legales. El indicador de alarma son las muertes por sobredosis que han crecido dramáticamente entre 2000 y 2014. De manera muy sintética pueden observarse tres contextos donde se presenta una fuerte demanda de atención hospitalaria de emergencia por uso de opioides, escenarios todos interrelacionados: en primer lugar, un incremento exponencial del uso de heroína que creció sobre todo entre 2013 y 2014, generando casos de emergencia hospitalaria. En segundo lugar, un complejísimo problema de desviación de opioides con prescripción médica(POD por sus siglas en inglés) que también ha disparado los servicios de atención médica y, finalmente, una dramática situación de incremento del uso de heroína u opioides con cocaína, conocido como speedball, generando una mezcla letal y que ha incrementado el peligro de muerte de sus usuarios.


En el primer escenario (ver gráfico Nº3), se presenta un repunte en el número de usuarios sobre todo entre 2013 y 2014. Puede decirse que es una tendencia creciente desde 2002, confirmada por las cifras que muestran un incremento de 1.6 por 1.000 personas a 2.6 por 1.000 (1).

 

 


Al contrastar ese devenir con casos de emergencia hospitalaria, el problema de la heroína crece en la zona del Nor-Este específicamente en Nueva Inglaterra (Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut), con un aumento sobre todo en la población hispana y blanca así como para esta última en el medio Atlántico (Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey). En la parte central del Nor-Este se observa un incremento sobre todo en la población negra. En este caso, especialistas creen que hay una correlación entre el auge de la demanda opioides con prescripción (POD por sus siglas en inglés) y el uso exponencial de heroína.


En el caso del segundo escenario, la desviación de los POD con un uso problemático se torna dramático en la región del Atlántico Sur pero sobre todo en el Sur Este Central (Estados de Kentucky, Tennessi, Misisipi y Alabama) con una dramática afectación de población blanca, generalmente desempleada y empobrecida. En las estadísticas sobre las sustancias con prescripción aunque fuertemente controladas se encuentran 5 opioides (narcóticos) y dos drogas estimulantes sintéticas (2). De acuerdo con el Instituto sobre Abuso de Drogas, más de 90 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opiáceos, calificando el problema como una crisis de salud pública (3). Este escenario compromete seriamente las grandes empresas distribuidoras de medicamentos en EU.
Finalmente, en el tercer escenario reaparece un contraste muy fuerte: las muertes por sobredosis de cocaína en donde no se involucran opioides se incrementaron de 0.37 a 0.91 por 100.000 habitantes desde el 2000 al 2006 y luego declinaron a 0.78 por cien mil en el 2015 (4).


De otro lado, las muertes por sobredosis de uso de opioides en donde se combinó cocaína se incrementó de 0.37 a 0.91 entre el 2000 y 2006, declinó luego en el 2010 a 0.57 pero luego se disparó en 2015 a 1.36 contribuyendo a configurar una situación que junto con la explosión del opioide sintético Fentanyl y la desviación de las POD (véase gráfico Nº4), prende las alarmas y lleva incluso a que la presidencia declare una “emergencia nacional” por epidemia de heroína (5).

 

 

Esta información ratifica los hallazgos de la DEA y muestra el fuerte contraste entre la magnitud de las emergencias hospitalarias por uso de heroína y la fuerte reducción que se observa en el caso del uso de cocaína sin otros aditivos que pueden hacerla muy riesgosa (véase gráfico Nº 5).

 


De nuevo la perspectiva colombiana


Como se ha podido observar, el complejo entramado que hay detrás del crecimiento exponencial incluso epidémico de sustancias opioides tanto legales como ilegales hunde sus raíces en una múltiple y simbiótica relación con problemas socioeconómicos, culturales y de experiencias en el uso de drogas en donde son notorias circunstancias personales críticas. Allí mismo se percibe el uso de prácticas que denotan desconocimiento pero a la vez de aprendizaje en el manejo de psicoativos pero también, intereses comerciales salvajes que atropellan mínimos éticos frente al mercado, corrupción, crisis institucional, todo envuelto en contextos de vigencia de estrategias prohibicionistas, que claramente oscurecen e incluso agravan la posibilidad de un manejo desde una perspectiva de salud pública y de protección a derechos fundamentales de usuarios.


Lo anterior sin referir las estructuras de redes que caracteriza el tráfico mayorista y el mercado al detal de sustancias psicoactivas declaradas ilegales o legales bajo control, contexto en el cual se observa una multiplicidad de responsabilidades de diferentes instancias de control, principalmente de orden estatal.


Las circunstancias presentadas, desconocidas por miembros de alto rango de las decisiones sobre drogas de orden internacional, en este caso de EU, los lleva a que centren su discurso en una narrativa simplista, unívoca y de señalamiento acusador de la reiterada amenaza externa, en este caso la producción de hoja de coca en Colombia. Narrativa que culmina en descargar el centro del problema en un eslabón extremadamente débil como son los productores, acusando que la estrategia de uso de la fuerza colombiana “no guarda el ritmo frente a la explosión de los cultivos de coca, debiendo ser direccionada, actuando con el mismo vigor como lo hace la misión de interdicción”(6). Demandan por encima de todo, la reducción de áreas con plazos perentorios bajo la amenaza de la intervención coercitiva de las FFAA. Los productores son una parte vulnerable de la cadena de las drogas porque son sujetos de explotación económica por parte de intermediarios y compradores de materia prima; deben someterse a grupos armados ilegales que prestan servicios de seguridad; son objeto de la acción de cuerpos de seguridad del Estado tanto policía como fuerzas armadas, que erradican sus plantaciones aún después de haber firmado pactos de sustitución con el gobierno. En consecuencia, los cultivadores reciben las prácticas de una institucionalidad que manda señales confusas, al combinar indiscriminadamente el uso de la fuerza con iniciativas de sustitución, cuya sostenibilidad está directamente relacionada con soluciones complejas para los problemas estructurales que explican el crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito. Incrementos que se motivan y sostienen por la presencia de un mercado internacional en auge, donde EU sólo representa menos de una tercera parte (7).


De manera concluyente, se reitera que en materia de drogas no hay hechos en sí mismos sino hechos interpretados, verdades instauradas desde una posición de poder, es decir caracterizaciones que contienen su propio criterio de validación. Así se observa en las apreciaciones del funcionario de narcóticos internacional del Departamento de Estado, cuyo propósito estratégico puede inferirse a partir de la comprensión de su narrativa:

 

• Oxigenar una estrategia de reducción de la oferta en crisis, incorporando de nuevo el tema de drogas a una agenda de seguridad donde Washington se hace fuerte.
• Poner bases políticas para demandar el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida en Colombia.
• Como efecto colateral, potenciar los discursos internos de orden político que demandan una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas y que indemostradamente reclaman disminuciones efectivas de áreas de coca por el uso de aspersiones y criminalización de productores.

 

El punto 4º de los acuerdos de paz sigue siendo central en la consolidación de la paz. Si el Estado colombiano, además de los problemas que ya tiene en el proceso de implementación sobre todo en los asociados a temas económicos y sociales principalmente del orden rural, permite la injerencia que se anuncia por parte de Washington y que violenta la autonomía nacional en el manejo de asuntos internos, sería un retroceso políticamente muy costoso y llevaría la construcción de paz a escenarios difícilmente manejables.


Esto supone reconocer que el tema de las drogas será un punto nodal en el seguimiento que estará haciendo Washington sobre el desenvolvimiento político interno, en el contexto de las elecciones presidenciales del 2018, observando con beneplácito las posiciones más afines a la restauración de la guerra antidrogas. Esto conduce a que las coaliciones alrededor de la implementación de los acuerdos de paz deben tener una postura muy clara frente a la continuidad de las presiones que ya se vislumbran por parte de la administración Trump y que hace gala hoy de un unilateralismo desafiante frente a países latinoamericanos como México e incluso en el marco de la crisis en Venezuela. 

1. Jay Unick, Ciccarone, Daniel, “US regional and demographic differences in prescription opioid and heroin-related overdose hospitalizations”, International Journal of Drug Policy, Nº46, 2007, pp. 112,119.
2. Se trata de los opioides: hidrocodona, oxicodona, metadona, morfina y codeína (categoría 2 en la clasificación de la Ley de Sustancias Controladas de EU. Entre los estimulantes Metifenidato (MFD) y Anfetamina (Categoría 2N). Véase “Drug Classifications, Schedule I, II, III, IV, V”. Fuente: https://medshadow.org/resource/drug-classifications-schedule-ii-iii-iv-v/
3. Véase Morgenson, Gretchen “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis, Fair Game”, The New York Times, julio 21, 2017.
4. Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., “Recent Increases in Cocaine-Related Overdose Deaths and the Role of Opioids”, American Journal of Public Health, Vol 107, Nº 3, marzo 2017, pp. 430-432.
5. Véase, “Trump declara “emergencia nacional” la epidemia de heroína”, El País en https://elpais.com/internacional/2017/08/10/actualidad/1502396000_722428.html
6. Brownfield, W., “Assessing the Colombia Peace Process: The Way Forward in US-Colombia Relations”, agosto 2, 2017.
7. Vargas Ricardo, “Colombia y el Mercado mundial de la cocaína”, Razón Pública, julio 23 de 2017.

*Sociológo, consultor internacional en temas de desarrollo, ilegalidades y seguridad.

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Correo electrónico de Clinton: Guerra entre sunitas y chiitas sería bueno para Israel y Occidente


La exsecretaria de Estado estadounidense instó a derrocar al gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, para proteger a Tel Aviv.

 

El servicio de inteligencia israelí considera que la caída del gobierno del presidente sirio, Bashar al Assad, sería perjudicial para Irán, pero favorecería a Israel y Occidente, según un correo electrónico de la exsecretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, filtrado por el portal WikiLeaks.


Según el contenido del mensaje de la exsecretaria de Estado y actual precandidata demócrata a la Presidencia de EE.UU., Tel Aviv está convencido de que Teherán perdería a "su único aliado" en Oriente Medio si Assad fuera derrocado, con lo que la República Islámica "quedaría aislada" en la región.


Al mismo tiempo, "la caída de Assad provocaría una guerra sectaria entre los chiitas y la mayoría sunita, lo que a juicio de los comandantes israelíes no sería malo para Israel y sus aliados occidentales", agrega la carta enviada en julio del 2012.


La mejor forma de ayudar a los israelíes


Según el documento, este posible conflicto sectario retrasaría el programa nuclear iraní. "La mejor manera de secundar a Israel contra la capacidad nuclear de Irán, es ayudar al pueblo sirio a derrocar el gobierno de Bashar al Assad", señala otra carta de Clinton.


Assad con su vida y su familia en situación de riesgo, solo la amenaza o el uso de la fuerza va a cambiar su postura", argumentaba la exjefa de la diplomacia estadounidense.


"Libia es un caso fácil"


No obstante, el gobierno de Barack Obama "ha sido comprensiblemente cauto a participar en una operación aérea en Siria como la que se llevó a cabo en Libia". Entre otros factores, porque "a diferencia de las fuerzas de oposición libia, los rebeldes sirios no están unidos y no tienen territorio. Libia es un caso fácil", destacó Clinton.


Anteriormente otros correos electrónicos desclasificados revelaron que el motivo principal para la intervención de EE.UU. y sus aliados en Libia fue el interés por apoderarse de las grandes reservas de petróleo y oro de ese país. Además por los supuestos planes de Muammar Gaddafi de crear una moneda africana que provocaría un alto grado de independencia económica, especialmente en el norte de África.


En marzo del 2015, se reveló que Clinton había utilizado una cuenta de correo electrónico privada a través de todo su mandato como secretaria de Estado, lo que es considerado una violación de la política del Departamento de Estado. Esta situación desató una serie de críticas y provocó la investigación del FBI sobre si la actual aspirante a la Casa Blanca había puesto en peligro información clasificada.

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