De Washington a Caracas, el rey se desnuda

El repentino despropósito de que la Casa Blanca declare emergencia nacional alegando que la seguridad y la política exterior de su país están amenazadas por Venezuela, ha causado una coyuntura inaudita. Semejante argumento ofende la sensibilidad y la inteligencia de millones de latinoamericanos y abochorna a millares de ciudadanos pensantes en Estados Unidos. De nada vale la mojigata explicación de que con tal iniciativa se cumple un requisito legal norteamericano. No por eso deja de ser una torpeza que vuelve a dejar mal parado al presidente Obama, también ante sus asociados europeos, que rápidamente se han distanciado de ese discurso y sus inevitables consecuencias.

El contexto de este malpaso estadunidense es la contraofensiva que la derecha venía empujando en América Latina por medio de un puñado de viejos y nuevos métodos. Estos coinciden en desacreditar gobiernos legítimamente electos para derrocarlos de una u otra forma y, acto seguido, instaurar un orden "constitucional" a su gusto, mediante escenificaciones electorales propias de una "democracia" reducida a orquestar comicios periódicos que así lo mantengan y reproduzcan. Eso no se inventó ayer; así le serrucharon el piso a Getulio Vargas, a Perón y a Salvador Allende, entre otros. Pero ayer como hoy, todos sabemos que ese género de campañas no funciona localmente sino a escala global: para implementarla se necesita conspicuo apoyo político, logístico y mediático estadunidense.

Para dorar la píldora, la jerga diplomática de Obama a eso ahora lo denomina "transición". Últimamente los ejemplos han evolucionado de unos golpes bastante burdos como los perpetrados en Honduras y Paraguay a operaciones metódicamente más sofisticadas, con importantes componentes mediáticos que luego inducen movilizaciones sociales supuestamente no partidistas y hasta no políticas, como está haciéndose en Argentina y Brasil.

En Venezuela el mismo esquema se aplicó desde los inicios del proceso revolucionario chavista. Las campañas mediáticas de los primeros años instigaron movilizaciones "apolíticas" y culminaron en un cruento golpe de estado. Luego, tras la elección de Nicolás Maduro, reprodujeron el esquema suponiendo que sin Chávez eso podía resultar. Pero tal conspiración, con sus "guarimbas" solo causó más muertes, destrozos y descrédito sin cumplir el objetivo de defenestrar el gobierno por medios no electorales. Fiasco que el reciente complot tampoco logró remontar.

Esta reiteración de fracasos deformó el modelo hasta volverlo contraproducente. Venezuela está en vísperas de elecciones legislativas a las que la derecha irá escindida entre quienes se obstinan en repetir la intentona golpista y quienes buscan un relevo constitucional. Si la oposición ganase, el Congreso podría convocar un referéndum para revocar el actual mandato presidencial.

Sin embargo, en el momento más inoportuno este traspié de Obama pone a la vista todas las cartas de Washington como protagonista visible de la crisis venezolana, destruyéndole la excusa de que los problemas y conflictos existentes en Venezuela se debían al malestar causado por desaciertos de su propio gobierno. Al hacerlo, desnuda a Estados Unidos como potencia intervencionista en las antevísperas de la venidera Cumbre de las Américas, donde la normalización de las relaciones ofrecía una notable oportunidad de reacercamiento con América Latina.

En medio de los graves líos en que Washington sigue envolviéndose alrededor del mundo, el presidente norteamericano estropea lo poco que parecía listo para salir bien. Hay dos figuras que eso recuerda: la del torpe que emborrona con el codo la fina caligrafía que una vez logró trazar, o la del rey que desfila desnudo ante la multitud... con la diferencia de que este monarca se desviste a si mismo sobre la marcha.

 

Por Nils Castro, escritor y catedrático panameño

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Miércoles, 15 Octubre 2014 07:23

Haití: Crónica de un equívoco anunciado

Haití: Crónica de un equívoco anunciado

La prensa haitiana -tal vez más nadie- ayer destacó la noticia que los llamados "donantes internacionales", convocados a comprometerse con el Plan de erradicación del cólera en Haití, habían ofrecido apenas USD 52,5 millones de los USD 310 millones necesitados para los próximos tres años. Agregaron que la reunión en Washington fue convocada por el Banco Mundial, a iniciativa de las Naciones Unidas.

 

Hoy, probablemente sea también apenas la prensa haitiana que destaca que el Consejo de Seguridad de esas mismas NN.UU., votó esta mañana para autorizar un año más de permanencia de la MINUSTAH, su Misión para la Estabilización de Haití, establecida hace ya 10 años en ese pequeño país caribeño, cuna de grandes aportes a la historia de la humanidad como el fin de la esclavitud. Tal vez agregan que el presupuesto anual de USD 500 millones ya ha sido aprobado para el mantenimiento de esta fuerza de ocupación, responsable, entre otros despropósitos, por la introducción de la bacteria del cólera que ha matado a más de 9000 haitianos y haitianas y continúa causando estragos, sin que NN.UU. reconozca su responsabilidad o menos aún, asegure la reparación del verdadero crimen cometido.

Este desorden de prioridades es un profundo equívoco que sufre hoy el pueblo haitiano, como tantos otros, con graves consecuencias para su futuro y el de nuestro mundo entero.

Centenares de organizaciones y personas de América latina, el Caribe y otras partes del mundo, en vísperas de la votación, nos dirigimos nuevamente a las autoridades y gobiernos intervinientes en la ocupación de Haití, para reclamar la no-renovación de esta Misión llamada de "Paz"[1]. Pero el mismo Consejo de Seguridad, que el hermano Evo Morales recientemente bautizó de "Inseguridad", sigue afirmando que Haití es un peligro para la paz de la región, y contra toda evidencia renueva la presencia de esta fuerza tutelar que lejos de "estabilizar" a la sociedad haitiana, ha violado sus derechos humanos más básicos, socavado el funcionamiento de sus instituciones y sometido por completo su soberanía y autodeterminación.

En la misiva que además dirigimos a las instituciones de la integración regional, como la UNASUR y la CELAC, repudiamos especialmente el hecho que los gobiernos y parlamentos de muchos de nuestros países latinoamericanos --responsables de la mayor parte del contingente de la MINUSTAH-- acepten participar en la tercerización de esta ocupación y el proceso de recolonización en marcha, haciendo caso omiso de la voluntad del pueblo y los dos pedidos del Senado haitiano. Pese al ejemplo dado por otros países como Cuba y Venezuela, que siguen mostrando que una cooperación respetuosa de la soberanía, los derechos y necesidades del pueblo es posible.

Reiteramos nuestro llamado por el retiro inmediato de todas las tropas ocupando Haití. En su lugar, generemos una verdadera fuerza de solidaridad, dando vuelta el desorden de prioridades establecido, escuchando a las demandas y propuestas de las organizaciones populares haitianas y contribuyendo en la construcción de nuevos paradigmas de cooperación hacia un nuevo pacto de civilización.
Buenos Aires, 14 de octubre de 2014

- Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

[1] Ver aquí el texto completo de la Carta enviada para rechazar la renovación de la MINUSTAH.

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Obama impone un nuevo primer ministro en Irak

El presidente de Irak, Fuad Masum, ha designado a un nuevo primer ministro para sustituir a Nuri al-Maliki para que forme un nuevo Gobierno que calme las disputas internas, aunque no estaba claro si el líder chií, que ha estado en el poder los últimos ocho años, cederá a la presión de Estados Unidos e Irán. Barack Obama, celebró como "paso prometedor" la designación de un nuevo primer ministro, el chií Haidar al Abadi, mientras se efectuaban nuevos ataques aéreos sobre posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en el norte de Irak.


Maliki, un musulmán chií culpado por Washington y Teherán de alinear a la minoría suní de Irak hasta generar una revuelta, movilizó a sus milicias leales y fuerzas especiales el lunes tras pronunciar un desafiante discurso en el que acusó al jefe de Estado de abusar de la autoridad otorgada por la Constitución.

Mientras, los insurgentes del Estado Islámico, que expulsaron al Ejército de Maliki del norte en junio, ha logrado avances sobre las fuerzas kurdas a pesar de tres días de ataques aéreos estadounidenses. Bagdad, su principal objetivo, está ahora cerca de ser escenario de nuevos enfrentamientos entre Maliki y sus rivales políticos dentro de la mayoría chií.

No hubo reacción inmediata por parte de Maliki al nombramiento de Haider al-Abadi, vicepresidente del Parlamento, como primer ministro. Sin embargo, el yerno de Maliki, un aliado político cercano, dijo a Reuters que buscaría revocar la nominación en los tribunales.


El presidente Fuad Masum pidió a Abadi, líder del Partido Islámico Dawa al que también pertenece Maliki, que lidere un Gobierno que cuente con el apoyo del Parlamento elegido en abril. En declaraciones retransmitidas por televisión, Masum, que pertenece a la etnia kurda, lo instó a "formar un Gobierno de base amplia" en el transcurso del próximo mes.

El propio Abadi, que pasó décadas en el exilio en Reino Unido durante el mandato del dictador suní Sadam Husein, instó a la unidad nacional ante la campaña "barbárica" del Estado Islámico, que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en su intento por llegar a Bagdad desde el norte y el oeste para consolidar el "califato" declarado en Irak y Siria. "Todos tenemos que cooperar para enfrentarnos a la campaña de terrorismo lanzada en Irak y detener a todos los grupos terroristas", dijo en declaraciones emitidas tras las palabras del presidente.
Mientras tanto, las operaciones militares cerca de la ciudad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí y donde Estados Unidos tiene un consulado, continuaron durante el día por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses con diversas oleadas de bombardeos sobre posiciones yihadistas.
La resistencia de Maliki

Maliki, de 60 años, que apareció desde la clandestinidad cuando se convirtió en primer ministro en 2006 poco después de la ocupación de Estados Unidos, podría ofrecer resistencia antes de irse. "No nos quedaremos en silencio", dijo su yerno Husein al Maliki. "La nominación es ilegal y representa una violación de la Constitución. Iremos al tribunal federal para presentar una objeción".

Después de que Washington apoyara los intentos de Masum por terminar con el estancamiento político de tres meses que ha retrasado la respuesta de Bagdad al Estado Islámico, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, pidió a Maliki que no recurriera a la fuerza ni "agite las aguas" cuando los iraquíes busquen un nuevo líder. "El proceso de formación del Gobierno es crítico en términos de mantenimiento de la estabilidad y la calma en Irak, y nuestra esperanza es que el señor Maliki no agite esas aguas", dijo. "Va a haber poco apoyo internacional de cualquier tipo para cualquier cosa que se desvíe del proceso constitucional legítimo que está en vigor y se está desarrollando ahora", agregó.
En su calidad de primer ministro interino desde las elecciones poco concluyentes del 30 de abril, Maliki ha desafiado las peticiones de suníes, kurdos y hasta chiíes para que abandone el poder en favor de una figura menos divisiva.


"La única solución duradera consiste en que los iraquíes se unan y formen un Gobierno incluyente. Y hoy Irak dio un prometedor paso adelante en ese esfuerzo crucial con la designación de Haidar al Abadi", afirmó Obama en una breve declaración desde la exclusiva isla de Martha's Vineyard (Massachusetts), donde se encuentra de vacaciones. Pero, una vez más, volvió a recordar que "no hay una solución militar estadounidense a la crisis", e insistió en que los "exitosos" ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos sobre posiciones de EI desde el jueves tienen carácter "limitado".


Como parte de esta amplia estrategia política, la designación de Al Abadi por parte del presidente Fuad Masum y el desarrollo de un gobierno abierto a todos los iraquíes supone una de las exigencias marcadas por Washington para mantener el apoyo a Irak en su lucha contra el avance de los yihadisyas del Estado Islámico, que ya controlan parte del país y algunas grandes ciudades como Mosul.

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Ecuador pide explicaciones a EEUU por participación de la CIA en asesinato de Raúl Reyes


Canciller Ricardo Patiño asistirá a la Asamblea General de la ONU en Nueva YorkEl Gobierno de Ecuador pidió este viernes al de Estados Unidos que explique la participación directa de la CIA en un bombardeo ocurrido en marzo de 2008 contra una campamento de las Farc en territorio ecuatoriano.

 

Así lo informó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, tras recibir en su despacho al embajador de Estados Unidos en Quito, Adam Namm, convocado por el jefe de la diplomacia ecuatoriana para que explique una información del periódico The Washington Post, que revela el apoyo secreto de la CIA para matar a jefes guerrilleros colombianos.

 

Según Patiño, la información periodística revela la participación directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el ataque militar ejecutado por Colombia el 1 de marzo de 2008 contra el campamento en que permanecía Raúl Reyes.

 

Ese ataque, ejecutado por el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, sin permiso ni aviso a Ecuador, provocó el rompimiento de las relaciones entre los dos países, al considerar las autoridades ecuatorianas que se había violado su soberanía territorial.

 

"Hay una parte que es muy grave, especialmente grave, hay muchas, pero una especialmente grave" en la que "se indica que las claves para el manejo de las bombas inteligentes estaban en manos de la CIA" y que esa agencia no las había entregado a las Fuerzas Militares colombianas "sino recién en el año 2010″, dos años después del ataque, señaló Patiño.

 

"Si es así, si ello se llega a confirmar, significa que la CIA tuvo una participación directa en el bombardeo", agregó.

 

Por ello, el jefe de la diplomacia ecuatoriana dijo que en una comunicación que entregó a Namm también le solicitó una "respuesta oficial del Gobierno de Estados Unidos" sobre esas revelaciones.

 

(Con información de El Colombiano)

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Domingo, 24 Noviembre 2013 09:37

Un país al alcance de las garras del Tío Sam

Un país al alcance de las garras del Tío Sam

La embajadora Lisa Kubiske seguirá dictando la doctrina en su activa vida diplomática y la Usaid extenderá su cooperación económica: desde su fundación, en 1961, hasta 2011 le aportó al país centroamericano U$S 3000 millones.

 

La influencia notable de Estados Unidos en Honduras no se modificará por las elecciones. La base militar de Palmerola y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo que la habita continuarán en su sitio. La embajadora Lisa Kubiske seguirá dictando la doctrina de Washington en su activa vida diplomática. La Usaid (Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU.) extenderá su política de cooperación económica: desde su fundación, en 1961, hasta 2011 le aportó al país centroamericano 3000 millones de dólares. Y las deportaciones en masa de hondureños desde el norte hacia su tierra –entre 2009 y 2011 fueron 77.136– no se detendrán. Eso sí, ya no harán falta, hasta los próximos comicios, ciertos cursos para la prensa sobre cómo cubrir el proceso electoral. Uno de los últimos, auspiciado por el gobierno de Obama, lo dio la periodista Lynne Walker, vicepresidenta del Instituto de las Américas de San Diego, California.

 

Honduras es una nación devastada por la pobreza, que afecta al 60 por ciento de la población. La criminalidad hoy la ubica tercera en el índice de Paz Global (GPI por su sigla en inglés) de América, detrás de Colombia y México. Su deuda del sector público cerrará 2013 con 12 mil millones de dólares, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh). Tiene un millón de desocupados y otro tanto de subempleados. Estos son algunos de los registros actuales con los que deberá lidiar el futuro gobierno.

 

Cuando visitó Tegucigalpa en marzo de 2012, Joe Biden, el vicepresidente estadounidense, auguró: "Podremos crear una Honduras más segura y próspera". Pasaron veinte meses y el pronóstico no se cumplió. Al contrario, la situación empeoró. En los primeros ocho meses de 2013, la deuda externa subió el 14,7, según el Banco Central local. Tampoco se detuvieron las muertes en las principales ciudades o en el campo: la tasa de asesinatos llega a 86 cada 100 mil habitantes. Los 46 mil hondureños que estuvieron habilitados para votar en EE.UU. ejercieron su derecho cívico, aunque fueron un 40 por ciento más los 77.136 expulsados entre 2009 y 2011.

 

En sintonía con la política histórica para su patio trasero, Estados Unidos le dio mucho protagonismo a su embajadora en Honduras y a una organización como la Usaid. Cambian los funcionarios, cambian las siglas, pero no la matriz pare relacionarse con Centroamérica. Kubiske está acreditada desde el 26 de julio de 2011, es la esposa de un periodista y ha recibido distinciones como "premios superiores de honor por su participación en la campaña pública a favor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú", entre otros. El dato surge de su currículum.

 

Patricia Rodas, la ex ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Manuel Zelaya, la acusó de inmiscuirse en el proceso electoral. Dijo que "legitimar el fraude y adelantar resultados es tan grave como el proceso de terrorismo de Estado montado contra el pueblo hondureño después del golpe de 2009". En rigor, se refería a un anuncio de Kubiske sobre que los resultados no se darían el mismo día de los comicios. Una noticia que también confirmó David Matamoros, integrante del Tribunal Superior Electoral (TSE).

 

Hay que repasar sus discursos, que pueden leerse en la página web de la embajada, para entender un poco más su injerencia. En la inauguración del II Gran Congreso Nacional sobre Derechos Humanos José Manuel Capellín, el 5 de diciembre de 2012, declaró: "Los Estados Unidos continuarán apoyando los esfuerzos de nuestros socios hondureños, claves en el gobierno y en la sociedad civil, quienes están trabajando para reformar las instituciones de este país y asegurar el respeto por los derechos humanos y la seguridad de todos los hondureños". El gobierno es el de Porfirio Lobo, del partido Nacional, el mismo al que pertenece el candidato oficialista, Juan Orlando Hernández. Los derechos humanos que enunció Kubiske están lejos de respetarse.

 

La embajadora y James Watson, el director de la misión de Usaid en Tegucigalpa, son dos inquietos lobbistas de los intereses de Washington. La controvertida organización que el 1º de mayo pasado expulsó el presidente Evo Morales de Bolivia por entrometerse en sus asuntos internos destina unos 40 mil millones de dólares anuales a sus planes de desarrollo en América. En Honduras divulgó datos que la vinculan al presunto bienestar de sus ciudadanos. Un ejemplo: "En 1960, menos del 30 por ciento de los hondureños tenían acceso a agua potable, mientras que hoy, más del 87 por ciento de la población tiene acceso a agua potable limpia".

 

Los militares de la base de Palmerola no pueden mimetizarse como los funcionarios de la Usaid entre la población civil. Construida en 1984 a 7,5 kilómetros de Comayagua, la ex capital, posee una de las mejores pistas de aterrizaje en Centroamérica. Fue utilizada en operaciones humanitarias como las de 1998 por el huracán Mitch, pero también se usó de plataforma para apoyar a los contras que buscaban el derrocamiento del gobierno sandinista legítimo de Nicaragua. Además, no es la única base en territorio hondureño. En los últimos años se levantaron otras en Guanaja, Caratasca y se reacondicionó infraestructura militar en Puerto Castilla. Todo bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

 

Un detalle adicional más reciente fue el rol que cumplió Palmerola durante el golpe de Estado que destituyó a Zelaya el 28 de junio de 2009. Hasta allí, el ex presidente fue llevado en pijama desde su casa. Los militares lo expulsaron de inmediato hacia Costa Rica. "En ese momento, la Casa Blanca y el Pentágono tenían que saber que había un golpe de Estado en marcha", le confesó por entonces Zelaya a Lula, su colega brasileño.

 

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Domingo, 22 Septiembre 2013 09:05

Mal de Muchos

Mal de Muchos

La confusión entre tareas policiales y militares comenzó en Colombia, siguió en México y en Centroamérica. La fomenta Estados Unidos, que suministra entrenamiento, en forma directa o a través de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepción mientras mejora la capacitación policial. Un saldo devastador: ineficiencia para controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal resultado electoral previo en México o una elección próxima en El Salvador, como motivación política.

 

El presidente salvadoreño Mauricio Funes extendió por otro año el despliegue de tropas del Ejército para apoyar a la policía en tareas de seguridad contra el delito y lo amplió de 19 a 29 zonas del país, citando las encuestas que reflejan "el impacto positivo de la presencia militar en las calles". En junio de 2014 habrá elecciones presidenciales allí.

 

El periodista Funes, quien llegó al gobierno en 2009 postulado por el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, explicó que se trataba de una medida excepcional. Lo mismo dijo hace un año el entonces jefe del Pentágono, Leon Panetta, durante la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que sesionó en Punta del Este, donde expuso la nueva "Política de Defensa para el Hemisferio Occidental". Panetta dijo que algunos países que se sienten desbordados por "la difusión del narcotráfico y otras formas de tráficos ilícitos, pandillas y terrorismo" recurren a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que competen a las fuerzas policiales civiles. Aunque ésta "no puede ser una solución a largo plazo", por el momento el Pentágono está dispuesto a cooperar para fortalecer "la capacidad de las autoridades civiles y las fuerzas del orden de los países amigos". Panetta no fijó plazos para la vigencia de esta excepción.

 

Haz lo que yo digo

 

En El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan patrullajes conjuntos con la policía y ocupan posiciones en 62 "puntos ciegos" de la frontera, por los que "se filtra todo tipo de mercancía ilegal, contrabando, drogas, tráfico de personas e infinidad de negocios ilegales", según explicó Funes. Además, decidió estacionar soldados en las instituciones penales más peligrosas, donde recientes motines provocaron la muerte de dos reclusos y heridas a otros 25. También en Venezuela, 3.000 soldados participan en tareas policiales en aquellos barrios de Caracas que tienen tasas más elevadas de criminalidad. En un discurso pronunciado en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, el presidente Nicolás Maduro dijo que la inseguridad era el mayor problema del país. El patrullaje militar de las calles se extenderá luego al resto de Venezuela, cuya tasa anual de homicidios es de 54 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales que organizaciones no gubernamentales elevan a 73 por 100.000. Una de esas organizaciones, PROVEA, alegó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para la aplicación de la ley en la lucha contra el delito. Ya en 2007, un funcionario que visitó Colombia junto con el entonces jefe del Pentágono, Robert Gates, dijo a la agencia Reuters que si bien en las últimas décadas se pensó que las Fuerzas Armadas deberían alejarse de las funciones policiales, tal como ocurre en Estados Unidos, algunos países latinoamericanos carecen de fuerzas policiales aptas, y llevaría años mejorarlas y convencer a la población de que hacen falta fuerzas policiales más poderosas.

 

Si bien la ley Posse Comitatus prohíbe desde 1878 el empleo de tropas militares en asuntos de seguridad dentro de los Estados Unidos, ésta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia cuya exportación carece de prioridad política. Por el contrario, el Pentágono y su Comando Sur propician tal actuación y la interoperabilidad entre policías y militares latinoamericanos. En su trabajo "La transformación del Estado de Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito", los académicos Peter Andreas y Richard Price sostienen que en la globalización esa frontera se ha hecho borrosa y que los intereses de seguridad del Estado se definen ahora más en términos "de disuadir evasiones de la ley que invasiones militares". Esto va más allá de la teoría. En enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operación Martillo, que incluye a tropas del Ejército, la Guardia Costera, y las policías, en las costas centroamericanas del Pacífico y el Caribe, con barcos, aviones, soldados, marineros y policías de los países participantes. La intervención estadounidense es coordinada por la Fuerza de tarea conjunta interinstitucional - Sur, con sede en Key West, Florida, que integran militares y civiles, de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estadounidenses, como el FBI, la Aduana y la DEA, todos a órdenes del Comando Sur. A ellos se agregan organismos militares y de seguridad de países de Latinoamérica, el Caribe y Europa. En 2010 la revista Diálogo, que edita el Comando Sur, sostuvo que "los oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, México, los Países Bajos, Perú, España y el Reino Unido ayudan a combatir el tráfico ilícito en un complejo proceso de cuatro etapas que consiste en detección, monitoreo, intercepción y detención" (http://www.dialogo-americas.com /es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02). Esto fue antes del incidente por el avión militar estadounidense que intentó ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. La semana pasada se anunció que la fragata misilística USS Rentz, en la que embarcó personal policial de la Guardia Costera, confiscó un cargamento de cocaína valuado en 8 millones de dólares, que era transportado por un pesquero al norte de las Islas Galápagos, donde la 4ª Flota realizaba "Operaciones contra el Crimen Transnacional Organizado".

 

Militares para compensar

 

Además de su Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno estadounidense sostiene cuatro programas regionales en América Latina: la Iniciativa Mérida, en México; la Asociación de Seguridad Ciudadana en Centroamérica; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa estadounidense-colombiana de Desarrollo Estratégico. El programa centroamericano contiene metas que no guardan relación con las misiones militares tradicionales, como garantizar la seguridad en las calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando, establecer una efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar la coordinación y cooperación entre países contra amenazas a la seguridad. México es el país donde más profundo fue el compromiso militar en el enfrentamiento con los carteles de la droga. Esa decisión fue adoptada en el primer año de su gobierno por el ex presidente Felipe Calderón, quien buscó compensar así la débil legitimidad política provocada por su estrecha victoria electoral en 2006 y las denuncias de fraude de la oposición. El fracaso de su estrategia se mide en la asombrosa equivalencia numérica entre los 45.000 soldados que desplegó, los 44.000 que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio presidencial, pero también en la falta de mejoras significativas en la cantidad de drogas que salen de sus fronteras en dirección a los Estados Unidos. Un balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en el informe publicado por Human Rights Watch, "Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura", según el cual miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, por los cuales no hubo un solo condenado. Los propios militares dicen en su descargo que no están preparados para ese tipo de lucha y además se quejan por la ausencia de un marco jurídico que asegure la legalidad de sus actos y los ponga a salvo de reproches penales, que, según temen, caerán sobre ellos y no sobre los políticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el record investigativo sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico: la justicia sólo condenó a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces que dan por válidas confesiones obtenidas bajo tortura en bases militares y peritos médicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos. La corrupción carcomió a las Fuerzas Armadas. Media docena de generales fueron detenidos por sus nexos con el narcotráfico, y estalló una guerra de acusaciones entre distintos bandos militares, que se señalan unos a otros como cómplices de los carteles. A modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un informe publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatría Richard Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las operaciones especiales en que participan, con abuso de drogas y más muertos por suicidio que en combate. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, prometió revisar la estrategia y crear una Gendarmería de 40.000 efectivos para ir reemplazando en forma gradual a las Fuerzas Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la dimensión de esa nueva fuerza a sólo 5.000 hombres, y demoró el prometido regreso de los militares a sus tareas específicas. No obstante, arguye que las muertes violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las técnicas de cuenta de cadáveres que se aplican no garantizan la exactitud de ningún cómputo.

 

Tropas de elite

 

En la Operación Martillo, las fuerzas de Estados Unidos participan junto con los siete países centroamericanos, más Canadá, Colombia, Francia, Holanda, España y Gran Bretaña. Pero en su informe anual al Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infantería de Marina John Kelly, anunció recortes presupuestarios que reducirían su efectividad. Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se incline por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. La DEA y el Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos países, pero luego reciben apoyo desde bases construidas por el Pentágono en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El año pasado, tropas estadounidenses y fuerzas especiales hondureñas realizaron cinco acciones conjuntas de interdicción. En tres de ellas se produjeron tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no tenían actividad alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 años y dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi cerca del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un avión derribado cuando hizo "un gesto amenazante". En un tercer caso, la Fuerza Aérea Hondureña derribó dos aviones que según los norteamericanos eran sospechosos de tráfico de drogas, y todos sus ocupantes murieron. En Guatemala, un contingente de 171 marines estadounidenses tripularon el año pasado 250 vuelos de "detección y monitoreo", según la propia información de la Marina. Como los militares de Estados Unidos sólo pueden usar las armas si son atacados, identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los ríos de Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones y arrestos. En octubre del año pasado, mientras la delegación de Guatemala llegaba a Punta del Este, donde apoyó el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa, las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz.

 

Falsos positivos

 

Pese a los recortes que a partir de 2010 han disminuido la denominada asistencia estadounidense de seguridad, y aun cuando esta tendencia declinante alcanzó también a Colombia, ese país aún es el principal receptor regional en 2013, con 279 millones de dólares, seguido por México, con 154. Esto no reduce el involucramiento estadounidense con las fuerzas armadas y policiales en América Latina, aunque cambia su naturaleza. Las organizaciones estadounidenses especializadas en el monitoreo (ver "Una política fallida") advierten que se está haciendo más ágil y flexible, pero aún menos transparente, con acento en aviones no tripulados, por ahora sólo para vigilancia, pero con la promesa de asesinatos selectivos en una próxima etapa; ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales. Las fuerzas especiales que se están retirando de Irak y Afganistán podrán volcarse a tareas de entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles y recopilación de datos e información confidencial en América Latina. Esas misiones permiten que "se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales clave en países donde algún día podrían operar. Y que el personal de los Estados Unidos reúna información confidencial sobre sus países anfitriones", sostiene un estudio conjunto de tres organizaciones que monitorean las actividades estadounidenses en el exterior (WOLA, Oficina de Washington para Latinoamérica; Latin America Working Group y el Center for International Policy). Ese documento, titulado "Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe", cita un informe reciente del diario Washington Post según el cual la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, espera duplicar el número de efectivos clandestinos que envía por todo el mundo. También se incrementará el uso de aviones no tripulados y la robótica. Colombia, presentada por el general Kelly como el modelo exitoso de intervención militar en asuntos de seguridad, se ha convertido en el delegado de Estados Unidos para la capacitación de militares y policías de los demás países de la región. Desde 2005 ha entrenado a más de 13.000 personas provenientes de 40 países. La aceleración de este proceso es vertiginosa: 9.000 de ellas han recibido el entrenamiento entre 2010 y 2012, según información oficial del ministerio colombiano de Defensa. El informe colombiano enumera los países que enviaron a sus oficiales militares y policiales a capacitarse: México encabeza la lista de América del Norte, con 2543 hombres; Panamá (2491) y Honduras (1008) la de Centroamérica; Ecuador (974), Perú (592), Brasil (153) y la Argentina (139) la de Sudamérica. Los Lanceros colombianos suministran en la base de Tolemaida el tipo de entrenamiento para fuerzas especiales que antes brindaban los Rangers estadounidenses. Entre los asistentes hasta ahora no se registran argentinos. La experiencia colombiana en operaciones contra el crimen organizado, interdicción de drogas y esfuerzos para arrestar a capos de la droga es tan indudable como las 4.715 ejecuciones extrajudiciales que le atribuye a su fuerza pública el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casos conocidos como "falsos positivos". En la misma cuenta pesan las acciones ilegales de vigilancia contra organizaciones y activistas nacionales e internacionales de derechos humanos, periodistas, jueces y miembros de partidos de oposición realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la oficina presidencial de inteligencia. "Resulta problemático que las fuerzas armadas colombianas, las cuales han estado involucradas en una guerra de medio siglo de duración, y que han actuado en lugar de una fuerza policial en muchas áreas del país, se desempeñen como entrenadores para fuerzas de seguridad en América Central y en otros países que están experimentando la violencia relacionada a las drogas, pero no se encuentran en una situación de conflicto armado. De hecho, algunos de estos gobiernos han tratado de limitar el papel de sus fuerzas armadas después de los conflictos que tuvieron lugar en la década de 1980, y ahora están revirtiendo esta situación." Además, el entrenamiento impartido por oficiales estadounidenses suele detallarse en los anuales del Departamento de Estado, cosa que rara vez ocurre con el trabajo de los entrenadores colombianos financiados por los Estados Unidos, lo cual plantea un tema crítico de transparencia. "La subcontratación de entrenamiento a cargo de oficiales colombianos, sin contar con reportes suficientes sobre estas actividades, hace imposible asegurar que las unidades y las personas que imparten y reciben entrenamiento están libres de acusaciones de abusos", sostiene el informe.

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Clinton advierte a gobiernos del mundo: "los estamos observando"
Nueva York, 24 de mayo. La secretaria estadunidense de Estado, Hillary Clinton, dijo hoy al presentar el informe anual de derechos humanos que estos reportes sobre 199 países y territorios "dejan claro ante los gobiernos del mundo que los estamos observando y los estamos haciendo asumir responsabilidades. Y dejan claro a ciudadanos y activistas en todas partes: no están solos, estamos con ustedes".


Clinton dijo que 2011 fue "un año especialmente tumultuoso y notable para todos los involucrados en la causa de los derechos humanos". Señaló que muchos de los actos de mayor perfil, "desde las revoluciones en Medio Oriente hasta las reformas en Birmania, empezaron por los derechos humanos con el llamado claro de hombres y mujeres en defensa de sus derechos universales". Indicó: "estamos apoyando esfuerzos alrededor del mundo para darle a la gente una voz en sus sociedades, un interés en sus economías y apoyarlos, mientras determinan por sí mismos el futuro de sus vidas y las contribuciones que pueden hacer al futuro de sus países".


En este ejercicio anual en que el gobierno de Estados Unidos emite su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo –con poca o nula autocrítica y aparentemente sin conciencia de que al hacerlo se propone como juez mundial sin que nadie se lo pida–, se afirma que cuando los derechos humanos son violados o amenazados por las autoridades, el resultado frecuente es: conflicto político e inestabilidad.


Michael Posner, secretario asistente de Estado para Derechos Humanos, escribe en la introducción del informe –2011 Country Reports on Human Rights Practices– que los "levantamientos ciudadanos" en Medio Oriente y norte de África han tenido "réplicas" alrededor del mundo con "millones de ciudadanos en muchos otros países que expresan su insatisfacción con gobiernos que fracasan y no ofrecen resultados a sus pueblos. Sea en grandes movimientos o actos pequeños, pueblos del mundo se ponen de pie en demanda de sus derechos universales, dignidad, mayor oportunidad económica y participación en el futuro político de sus países".


En el informe, Posner señala que la protección de derechos humanos y libertades fundamentales "asegura que las negociaciones sobre el futuro de un país se realicen sin temor o intimidación y que fuerzas antidemocráticas no sofoquen la participación política genuina". Agregó que donde "los derechos humanos son consistentemente abusados o amenazados por autoridades o por grupos criminales, sectarios u otros no democráticos que gozan de impunidad, el resultado frecuente es conflicto político, contracción económica y desestabilizacion", mientras en países donde hay lo opuesto, hay mayor estabilidad y seguridad. "El respeto por los derechos humanos construye la estabilidad política" y ofrece las bases para la democratización y mayor seguridad a nivel nacional y global, afirma.


Concluye que las grandes transiciones que proceden en diversos países muestran que "la opción real no es entre estabilidad y seguridad, sino entre reforma y disturbio".


Ante tendencias "esperanzadoras", Posner también señala algunas preocupantes, incluidas mayor restricción de libertad política y electoral, mayor imposición de medidas constitucionales antidemocráticas y restricciones a libertad de expresión y asamblea, entre ellas Internet, e intimidación a los medios. Subrayó el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para apoyar y nutrir movimientos democráticos, pero también el uso de esas mismas tecnologías por regímenes para espiar y controlar a esos movimientos.


América Latina



El informe destaca los casos de México, Cuba, Honduras, Venezuela y Nicaragua. En el caso de México y Honduras, subraya los contextos de violencia generada por el crimen organizado y problemas ligados con la corrupción por la influencia de estas fuerzas delictivas. Pero en los casos de los otros tres países, como en todos los informes anteriores, se enfatizan las condiciones políticas promovidas por regímenes que son críticos y/o opositores al gobierno de Estados Unidos (aunque este factor no se menciona).


En el caso de Cuba, se afirma que el gobierno "continuó su represión sistemática de derechos humanos y libertades fundamentales". Acusa que el gobierno organizó a pandillas "con la intención de intimidar a grupos de oposición, sobre todo las Damas en Blanco".


Sobre Venezuela, afirma que hubo una "concentración acelerada de poder en la rama ejecutiva" y que el gobierno emprendió acciones para impedir "libertad de expresión y criminalizar la disidencia".


Nicaragua es utilizado como ejemplo de países que se volvieron menos libres. En ese país, afirma, "irregularidades extensas en el proceso electoral fueron un revés a la democracia y minaron la habilidad de los nicaragüenses de hacer que su gobierno rinda cuentas".


El informe se puede ver en: state.gov/j/drl/


Así, el gobierno del país con más población en cárceles del mundo, donde durante los últimos meses se ha mostrado un nivel de represión a veces violenta de la policía en manifestaciones pacíficas de Ocupa Wall Street, donde organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han criticado la impunidad de los responsables en el gobierno de tortura y desapariciones en la llamada guerra contra el terror, donde es continua la violación de los derechos de los inmigrantes y de las comunidades indígenas, donde se presentan casos legales y denuncias por la falta de transparencia oficial y por la supresión de libertad de prensa, donde es mayor el espionaje doméstico a ciudadanos, hay supresión del derecho de libre asociación y derechos sindicales, denuncias por la falta de garantía de sufragio efectivo, y acusaciones de violaciones de derecho internacional (en casos de pena de muerte, en asesinatos políticos en el extranjero, en el mantenimiento de cárceles clandestinas), se congratula por ofrecer esta evaluación anual sobre los derechos humanos en el resto del mundo
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Jueves, 02 Julio 2009 06:32

La cuestión iraní

El paso de los días va aclarando las cosas. O al revés: se acentúan los tics de la Guerra Fría, sólo que ahora es Teherán en lugar de Moscú. Los neoconservadores de EE.UU. quieren aprovechar las manifestaciones multitudinarias contra el resultado de la elección presidencial –inéditas desde las que derrocaron al sha en 1979– para “exportar la democracia” a Irán mediante una injerencia desde luego militar. Por el lado iraní, los centenares de miles que salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país son, para el líder islámico supremo Jamenei y el presidente Ahmadinejad, “traidores” empujados por la CIA y Tel Aviv. A ver, a ver.

Hace años que la CIA organiza, entrena, arma y financia a grupos terroristas como Jundullah para realizar atentados en Irán (ABC News, 3-4-07). El conocido periodista Seymour Hersh informó que a fines del 2007 “el Congreso aprobó la iniciativa del presidente Bush de destinar 400 millones de dólares a una escalada de las operaciones encubiertas contra Irán... con el objetivo de desestabilizar a la dirigencia religiosa del país”(The New Yorker, 29-6-08). El gobierno de Obama delinea planes para financiar a los disidentes iraníes continuando ese empeño (USA Today, 25-6-09). Todo esto es innegable. Lo dudoso es que sólo esas intromisiones hayan despertado semejante ira popular: siguió manifestándose a pesar de los muertos, los detenidos, los desaparecidos y los terribles castigos que prometió el gobierno.

El Consejo de Guardianes de la Revolución reconoció que en 50 ciudades del país votó más del ciento por ciento de los inscriptos en el padrón. Aun así, es muy probable que Ahmadinejad haya ganado las elecciones: goza de un arraigo importante en las zonas rurales. Se llevaron a cabo más de una docena de encuestas con resultados dispares desde que el presidente iraní y el ex primer ministro Hussein Musavi anunciaran sus candidaturas en marzo de este año. La mayoría daba por ganador a Ahmadinejad, aunque algunas adictas a Musavi –como la agencia de noticias Tabnak– pronosticaban su victoria por un no creíble margen de hasta el 30 por ciento (www.counterpunch.org, 22-6-09). Fueron encuestas con indudable sesgo político.

Hubo una, sin embargo, no sujeta a esas influencias, que encargaron la ABC News estadounidense y la BBC británica y realizaron entidades sin fines de lucro y de reconocida seriedad: The Center for Public Opinion de Washington y KA Europe SPRL, con asiento en Bruselas, capital de la Unión Europea. Se efectuó del 11 al 20 de mayo, un mes antes de las elecciones, y cubrió las treinta provincias de Irán con el siguiente resultado: Ahmadinejad, 34 por ciento, Musavi 14 por ciento, indecisos 27. Pero la importancia mayor de esta encuesta radica en otras cifras que explicarían la oposición de millones de iraníes que no vacilaron en arriesgar la vida.

Un 77 por ciento de los interrogados se pronunció en favor de un sistema político más abierto y democrático, en el que incluso el todopoderoso líder supremo de Irán, cabeza de los ayatolás, fuera elegido por votación popular libre y directa, como las demás autoridades del país. El ayatolá Alí Jamenei, y no el presidente Ahmadinejad, es quien define en última instancia las políticas de la República Islámica. El 96 por ciento de los entrevistados reconoció que tanto el liderazgo supremo como la presidencia son instancias influyentes en el gobierno, pero un 70 por ciento piensa, con razón, que la última tiene facultades inhibidas por el primero. Un 93,9 por ciento estima muy importante que la gestión del presidente incluya la defensa de los derechos humanos.

El pueblo iraní no carece de experiencia comicial –doce elecciones generales desde el triunfo de la revolución islámica– y, a diferencia de ciertas democracias más antiguas, un 94,9 por ciento de los encuestados considera muy importante o bastante importante la labor del Parlamento. El 62 por ciento opinó que era esencial la libertad de prensa, y lo mismo declaró el 87 por ciento sobre la necesidad de elecciones libres. En cuanto a si el gobierno había reducido el desempleo y la inflación, los pareceres se dividieron. Pero a la pregunta de si Ahmadinejad había cumplido su promesa de “poner el dinero del petróleo en las mesas del pueblo”, el 58 por ciento dijo “no”, contra el “sí” del 27,8 por ciento.

Hay otros índices significativos: la mayoría de los interrogados se pronunció a favor de negociar con EE.UU., resolver conjuntamente el problema iraquí y cesar el apoyo iraní a los grupos armados iraquíes, ampliar las relaciones comerciales y políticas con otros países, aceptar asistencia médica, educativa y humanitaria del exterior. Estas aspiraciones mueven a creer que no todos los manifestantes eran “traidores” a Irán. Antes, por el contrario.

Por Juan Gelman
 

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