¿Cuánto cobran los legisladores en América Latina?

El aumento del 47% en las dietas de los diputados y senadores argentinos pone en evidencia la disparidad regional en los salarios


La inflación del 40% con que Argentina cerrará 2016 no es un problema para sus diputados y senadores. En un momento en que el Gobierno se ha negado a discutir subas salariales con los sindicatos, los legisladores cobraron un 47% más por su trabajo en el mes de octubre. La subida se ha sumado a otra del 31% aplicada en marzo, producto de un acuerdo salarial de todos los empleados del Congreso. Esta vez, los legisladores no han tocado su salario básico sino que han hasta duplicado asignaciones extraordinarias como pasajes de avión, desarraigo y representación. Esa cifra que se acuerda por consenso entre pares ha permitido a los congresistas sumar unos 2.600 dólares a los 5.600 dólares del sueldo. El aumento se produjo este mes, para sorpresa de muchos legisladores. El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola decidió denunciarlo por considerarlo moralmente repudiable. “El salario general ha caído un 10%, las jubilaciones 15%, vivimos una situación de recesión económica complicada, con 200 mil despidos y un tarifazo que ha dolarizado los servicios públicos. El contraste es obsceno, inmoral”, dice Pitrola.


Sumados el salario y los ingresos extras, un legislador argentino puede ganar hasta 8.200 dólares, equivalente a poco más de 15 salarios mínimos de 8.060 pesos (537 dólares). El salario mínimo fue fijado en mayo pasado y ya ha quedado 3.000 pesos por debajo de la canasta básica de alimentos que calcula el INDEC para medir el índice de pobreza. La última medición oficial difundida a finales de septiembre determinó que el 32% de los argentinos son pobres. Cálculos no oficiales realizados por la Universidad Católica Argentina (UCA) establecieron que desde enero 1,4 millones de personas pasaron el umbral y no ganan lo suficiente para comer. “El salario ya aumentó 31% en marzo y ahora, sobre eso, subieron 100% los gastos de representación, pasajes y desarraigo. Eso en un país donde la mitad gana menos de 8.000 pesos por mes”, se quejó Pitrola.


El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), el kirchnerista Héctor Recalde, dijo que el aumento de las dietas es una "forma de financiar la política". Y en declaraciones radiales fue irónico con los pares que se quejaron por los aumentos. “Deben donar el excedente al Garrahan", dijo, en referencia a un hospital público infantil que es referencia en todo el país. El salario de los diputados y senadores argentinos se convirtió enseguida en tema de debate porque el escenario económico no es el mejor. Crecen los reclamos salariales, la inflación no cede y la economía no termina de despegar. El lunes, el INDEC difundió el índice de actividad industrial con una caída interanual del 7,3%. El dato más desalentador lo tuvo la construcción, el principal motor de empleo, con una baja del 13,1%. Con todo, los salarios legislativos en Argentina no son tan altos si se los compara con otros países de la región.


Los diputados y senadores de Brasil lideran el listado con un sueldo de 10.500 dólares por mes, cifra que se triplica cuando se le suman los 25.000 dólares que recibe para gastos en vivienda, teléfono y seguro médico. Tienen además cinco vuelos mensuales y 28.000 dólares para pagar hasta 25 asesores. En Brasil, el salario mínimo es de 250 dólares. El segundo escalón de legisladores más ricos lo ocupan los chilenos, con salarios de 10.200 dólares libres de impuestos. Como ocurre en Brasil y Argentina, esa suma sube considerablemente cuando se le agregan los gastos en oficinas parlamentarias en los distritos, teléfonos, autos, gasolina, aéreos y materiales de oficina y difusión que corren por cuenta del Congreso. El podio lo completan los congresistas colombianos, con 9.400 dólares por mes sin contar ingresos extras. El salario mínimo colombiano es de 234 dólares. Un poco más abajo se encuentra México, con un salario en el bolsillo de 7.000 dólares, cifra que puede ascender hasta los 15.000 dólares cuando se le añaden todas las prestaciones extraordinarias. El salario mínimo de los mexicanos es uno de los más bajos de la región: 100 dólares.


Desde el techo de Brasil, Chile, Colombia y México se pasa al grupo de países cuyos legisladores reciben salarios en torno a los 5.000 dólares, como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, aunque los montos extras no son siempre comparables. Un diputado ecuatoriano que no viva en la capital, por ejemplo, recibe un bono de 700 dólares para pagar una vivienda y 4 pasajes de avión. Pero los peruanos y los argentinos hasta duplican su ingreso original cuando suman toda la dieta. Debajo de la lista están Panamá, El Salvador y Bolivia.


En todo caso, la comparación deja al descubierto la diferencia entre los salarios legislativos y los ingresos mínimos que establece la ley en cada país.“Las comparaciones con otros reflejan el mismo nivel de desigualdad que hay en Argentina. Nosotros decimes que un legislador debe cobrar cuatro salarios mínimos y si quiere cobrar más que suba ese salario mínimo”, dice Pitrola.

 

Buenos Aires 1 NOV 2016 - 13:32 COT

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El día en que una mujer víctima de violación, tortura y empalamiento fue responsable de su propia muerte.

El 24 de mayo se conmemorarán cuatro años del brutal asesinato de Rosa Elvira Cely, sucedido en Bogotá. Su feminicidi adquirió especial relevancia el pasado 15 de mayo por cuenta del concepto emitido por la Secretaría de Gobierno capitalino en el cual la responsabilizaba a ella por su propia muerte. El rechazo a tal concepto no tardó, mítines y protesas tomaron cuerpo en la ciudad. El suceso sirvió para recordar, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, que en los últimos diez años se abrieron 34.571 procesos relacionados con feminicidio y solo han sido ejecutoriadas 3.658 condenas, lo que configura una impunidad del 90 por ciento. Según Martha Ordoñez, Consejera para la Equidad de la Mujer, cuatro feminicidios son cometidos al día en Colombia, 12 por ciento de ellos a cargo de sus parejas o sus exparejas..

 

El jueves 24 de ayo de 2012 a las 10 pm, luego de salir de clase, Rosa Elvira Cely aceptó tomar unos tragos con Javier Velasco y Mauricio Ariza, compañeros en el Colegio Manuela Beltrán, institución en la que cursaban estudios de validación de bachillerato. Horas más tarde Velasco, quien había tenido una relación sentimental con Rosa Elvira, se ofreció para llevarla hasta su casa pero desvió el rumbo y llevó a la mujer a inmediaciones del Parque Nacional, allí la sometió –golpeándola en la cabeza y asfixiándola–, para luego apuñalarla e introducir ramas de árboles en su vagina y su ano. Cinco días duró la agonía de Rosa Elvira Cely quien falleció por complicaciones producto del trauma craneoencefálico, una infección interna y las múltiples laceraciones de su útero e intestinos provocadas por el vil empalamiento a que la sometió su victimario.

Terrible historia la de esta mujer que además de la muerte violenta sufrida, durante su existencia debió soportar múltiples victimizaciones : Victima del sistema educativo y laboral colombiano pues no pudo culminar sus estudios de secundaria, otro ejemplo de las inequidades de género endógenas al sistema educativo nacional; además, ganaba 25.000 pesos diarios vendiendo minutos frente al Hospital Militar de Bogotá en un “empleo” precario; víctima de la violencia sexual y física de Velasco; víctima del sistema de salud, aquella fatídica noche agonizando logró comunicarse con la línea 123 a las 4:37 de la madrugada, la ayuda tardó 2 horas en llegar, luego fue trasladada al hospital más distante a la zona (Santa Clara) donde clasificaron su emergencia como Triage 2, por ello tuvo que aguardar en la sala de espera hasta que sufrió un paro cardíaco y solo entonces recibió la atención médica que necesitaba; víctima del sistema judicial pues su victimario, que había asesinado a machetazos diez años atrás a Dismila Ochoa, tenía un proceso vigente en la fiscalía 254 seccional que inició por una denuncia de Araceli Blanco quien lo acusó ante las autoridades de abusar de su hija de 11 años, tenía, además, orden de captura vigente desde el 2008 por golpear y abusar sexualmente de una prostituta a quien obligó a tener relaciones sexuales sin preservativos. Sin embargo solo recibió un tratamiento intramural psiquiátrico que no estuvo acompañado de ningún seguimiento, nunca fue capturado en cumplimiento de la orden judicial emitida, no fue detenido en su carrera delictiva por las autoridades del Estado, ni por la sociedad.

 

Una nueva victimización

 

Situación infame. Como si hubiera espacio para una nueva afrenta en contra de esta mujer, una nueva victimización vino a mancillar la majestad de su muerte y la dignidad de su memoria. La Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un concepto en donde interpreta que los terribles acontecimientos que desencadenaron en el asesinato de Rosa Elvira, eran “Responsabilidad exclusiva de la víctima”. Según el concepto todos los compañeros del colegio sabían que los implicados en el feminicidio tenían comportamientos raros y los “tildaban de malosos”, no obstante: “[...] lo anterior ROSA ELVIRA CELY salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos (así se registra en la historia clínica cuando se afirma que ingresa con aliento alcohólico), va a departir a un bar, se traslada en la moto con Javier Velasco al sitio donde ocurrieron los hechos, sitio que todos sabemos es desolado e intransitado en las noches. Puso en riesgo su integridad y vida, hasta el punto que JAVIER VELASCO le cercenó su existencia; si ROSA ELVIRA CELY no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en las horas de la tarde, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.

Abyecta causalidad. Resultó entonces que esta mujer era responsable de su propia muerte porque cometió la impertinencia de ir a tomar tragos con sus compañeros de estudio, por no irse desde el lugar de su estudio para su casa como suponen que toda mujer debería hacer, por irse a un lugar solitario, apartado y peligroso para las mujeres (como si hubiera que aceptar este discriminatorio determinante), por poner en riesgo con los anteriores factores de riesgo su vida. Insólita la mixtura entre lógica jurídica trastocada y percepciones machistas de los abogados de la Alcaldía que emitieron este concepto: siguieron la misma lógica de quienes endilgan a las mismas mujeres la responsabilidad de sus violaciones, abusos, vulneraciones verbales, violencias simbólicas, etcétera, por su forma de vestir, actuar, comportarse, de pensar.

No todo pudo ocurrir a espaldas de la administración distrital. Han pretendido convencernos que el concepto de un caso tan polémico, delicado y trascendente fue ignorado por el Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, y por el alcalde Enrique Peñalosa, quienes al vislumbrar relámpagos en el horizonte se esmeraron en ser unos de los abanderados de la rectificación, en desvincular de la alcaldía a funcionarios de tercer nivel –como Nayive Carrasco– por esta afrenta propiciada, desde el seno mismo de la institución, a todas las mujeres. Vergonzosa equivocación de la Alcaldía bogotana que también ignoró la existencia de la Ley 1761 de 6 de julio de 2015, “Ley Rosa Elvira Cely”, donde se tipifica el feminicidio como delito autónomo, se toman medidas para prevenirlo y erradicarlo, se adoptan estrategias para sensibilizar a la sociedad colombiana y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

 

Se encienden las protestas.

 

Como chispa en polvorín cayó el concepto de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno entre mujeres activistas, segmentos académicos, políticos y la opinión pública en el país. Cundió la indignación y las protestas no se hicieron esperar. Un agitado plantón tuvo lugar la tarde del 16 de mayo en inmediaciones al Palacio Liévano donde un centenar de manifestantes de diversos géneros y procedencias elevaron sus voces, agitaron consignas y exigieron la renuncia del Secretario de Gobierno Distrital ante la infame afrenta cometida contra Rosa Elvira Cely.

Sobre el concepto emitido por la Oficina Jurídica se refirió Javier Omar Ruiz, miembro del Colectivo Hombres y Masculinidades: “La administración distrital tiene una mirada sesgada de género hacia los derechos de las mujeres y también ha hecho una lectura desde el sistema patriarcal que hace parte de la lógica estructural de la administración, la administración no se ha preguntado que tiene que empezar a replantear los paradigmas desde donde piensa políticas públicas, desde donde piensa sus pronunciamientos públicos, desde donde hace administración pública. Lo que pasó con el caso de Rosa Elvira es una muestra clara de como está pensando la administración sobre estos temas”.

Jenny Julio, integrante de Tejido de Mujeres Jóvenes, también se refirió a este concepto que en su opinión violenta a las mujeres: “Es un comunicado bastante machista, que representa una posición machista de la institución y es violento contra todas las mujeres de la ciudad. Es violento en el sentido en que acusa a las mujeres de las situaciones de acoso y las situaciones de violencia que perpetran contra nosotras. Entonces, nosotros tenemos que manifestarnos en contra porque es que somos la mayoría de la población de la ciudad, para nadie es un secreto que las mujeres somos la mayoría, somos más del 50 por ciento de la población. Somos las que más sufrimos violencia, no solo sexual, sino una violencia social acá en Bogotá”.

Ciudadanas independientes, sin pertenencia a ningún colectivo o movimiento político también participaron por iniciativa propia en la protesta y trajeron con ellas sus apreciaciones, tal es el caso de Liliana Olaya Cabrales: “No pertenezco a ninguna organización, soy mujer indignada frente a la decisión y al concepto de que la culpable ahora es la víctima. Siento indignación, me duele el estómago, me duele el alma de que una mujer que sufrió semejante maltrato, semejante tortura, después de cuatro años sea el Estado (quien debe garantizar nuestra protección) el que ahora dice que ella fue culpable. El Secretario de Gobierno dejó claro con lo de ayer que no nos va a proteger, el maneja la seguridad pero estamos más inseguras que nunca”; y Daniela Muñoz: “No pertenezco a ningún grupo, soy estudiante de la Universidad Central [...] Que las mujeres nos vistamos de una forma no quiere decir que nos estemos vistiendo para el pene de los hombres, nos estamos vistiendo como se nos da la gana porque somos mujeres y tenemos los mismos derechos que el hombre. La Constitución está hecha para todos y para nosotras también. Somos mujeres y queremos respeto”.

La actriz Alejandra Borrero también estuvo presente en la manifestación; ella considera que aún no puede decirse que las mujeres en Colombia sean totalmente libres, sin dejar de luchar también siguen necesitando del apoyo estatal: “Ninguna mujer en Colombia es realmente libre, nosotras tenemos siempre que pensar si salimos o no; si tenemos ganas de comer algo a la media noche no podemos salir a comernos un perro caliente porque podemos ser abusadas [...] Las mujeres tenemos en Colombia grandes problemas y si el Gobierno y la administración no hace su parte, como tiene que ser, las mujeres colombianas seguirán siendo todos los días víctimas de violencia. Así que es una gran responsabilidad para un funcionario público salir a decir una cosa como esa, no hay derecho que lo hagan y menos después de todas las cosas que se han hecho”.

La reconocida dirigente política Ayda Avella, pidió en la manifestación la cabeza del Secretario de Gobierno: “Yo creo aquí lo que interesa es que todas las mujeres sean respetadas, pero sobre todo que cuando se presente un acto de agresión hacía las mujeres, ya sea en el ambiente familiar, en la calle, en la ciudad, todas tengamos que salir a decir, basta ya. El índice de feminicidios en Colombia es muy alto, pero lo que sucedió en Bogotá –que generó además una Ley de la República contra el feminicidio–, que lo ignore un Secretario de Gobierno, esto no tiene francamente ninguna explicación. Por eso estamos diciendo que renuncie, que se vaya, porque si no leen ni los periódicos, por favor, esa es una situación en la cual la revictimización para las mujeres se ha hecho presente y por parte de un Secretario de Gobierno y por parte también del Alcalde que se muestra muy compungido de los errores que ha cometido, pero que no es capaz de pedirle la renuncia a su Secretario de Gobierno. Él tiene que irse porque nos ha ofendido a todas las mujeres colombianas, pero también a las mujeres del mundo”.

Patricia Jaramillo, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia ve el asunto como un problema de profundo calado en la administración distrital a la que tildó de feminicida: “Estoy indignada porque considero que se está mostrando la verdadera cara de esta administración que no ha respondido por la política de mujeres que ya en el Plan de Desarrollo evidencia que no dejó ni siquiera el diez por ciento para las mujeres de Bogotá, que somos más del 50 por ciento de la población bogotana, y con esta decisión evidencia que es una administración feminicida. Estoy indignada. Ningún funcionario, con la responsabilidad que tiene el Secretario, va a permitir que salga un concepto de ese orden para el proceso que se está llevando a cabo hace más de cuatro años. Es gravísimo lo que sucedió y las mujeres estamos en la calle porque exigimos coherencia y respeto con nuestros derechos”.

Expresiones de abierta rebeldía y rechazo las protagonizadas en el plantón resumidas en las palabras de Mar Candela “Estoy emputada hermano, no hay otra definición. No estoy indignada, no estoy molesta, no estoy cansada, no estoy triste, no estoy decepcionada, yo estoy emputada, y es hora que Colombia se empute por las mujeres, ni empleadas domésticas, ni putas, ni santas ¡Todas! ¡Y si nos tocan a una, nos tocas a todas!”.



Ley 1761 de 6 de julio de 2015. Ley Rosa Elvira Cely.

 

La Ley 1761 de 2015 fue promulgada en respuesta a la presión social suscitada por el terrible asesinato de quien es recordada con el nombre de esta Ley, acto violento que puso sobre el orden del día legislativo, la desbordada incidencia de este tipo de delito en Colombia.

La Ley tiene por objeto “[...] tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación”.

Además, graba con penas de 250 a 500 meses de prisión a quien cause la muerte a una mujer por motivos de ser mujer o por su identidad de género, cuando dicha muerte precede a: 1. haber tenido una relación familiar, intima, de compañerismo o trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia; 2. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad; 3. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural; 4. Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo; 5. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no; 6. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. También adiciona al Ćódigo Penal el artículo 104B que establece circunstancias de agravación punitivas que incrementan la pena por los asesinatos de las mujeres de 500 a 600 meses de prisión, entre otras disposiciones.

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Los jóvenes reclutados ilegalmente por el ejército de Colombia

El reclutamiento de Óscar fue cuestión de horas. "Salí del metro y dos soldados me pidieron la libreta militar. Yo tenía 18 años recién cumplidos y no la había tramitado. Así que me llevaron a la IV Brigada y por la noche ya estaba camino a Puerto Berrío (Antioquia, noroeste de Colombia), que en esa época era una zona bien caliente", cuenta a VICE News este joven nacido y criado en el humilde barrio del Socorro, en la Comuna 13 de Medellín.

El reclutamiento de Óscar fue tan rápido como ilegal.


Ley 48 de 1993 establece que el servicio militar es obligatorio y todo varón debe tener definida su situación militar a los 18 años. Esto es, disponer de una cartilla militar y que ésta señale si ha cumplido la prestación, si está exento o en proceso de incorporarse a filas.


"Pero esa misma ley señala también cómo debe ser el reclutamiento. Primero, hay que citar al joven en el distrito militar correspondiente. Segundo, someterlo a exámenes físicos y psicológicos, para ver si es apto. Y por último, fijar otra fecha para que, tras sorteo, le otorguen un destino donde prestar el servicio", aclara a VICE News Érika Gómez, abogada del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH).


Los militares pueden verificar la información sobre la cartilla de cualquier joven con una simple llamada por teléfono o radio. "Bajo ningún concepto lo pueden llevar detenido a un cuartel. Eso es ilegal, tal y como lo establece la sentencia C- 879 de 2011 de la Corte Constitucional", añade.


La letrada asegura que la naturaleza ilegal de este tipo de reclutamiento — batidas ilegales, las llama — impiden conocer cuántas se llevan a cabo cada año y a cuántos jóvenes afecta.


Así es cómo el Ejército español se deshace de sus soldados enfermos. 


Sin embargo, el estudio del CPDH Batidas militares y servicio militar obligatorio en Colombia: entre la conciencia y el modelo de desarrollo revela que entre 2006, cuando se detectó el primer caso, y 2015 se han producido 182 batidas.


El número de afectados superaría con creces el millar de personas.


"A los que estábamos en la IV Brigada nos hicieron unos exámenes muy rápidos. Nos analizaron los ojos y medio lo miraban a uno y ya. Nos preguntaron si habíamos pasado tal o cual enfermedad y listo. Se creían lo que uno les decía. Hasta a un epiléptico se llevaron", continúa explicando Óscar, mientras despacha un malteada en la cafetería de la biblioteca San Javier de la Comuna 13.


"Luego nos metieron en un camión como si fuéramos ganado, nos dieron un par de sandwichitos y no paramos hasta llegar a Puerto Berrío. Casi 24 horas de viaje. Y sólo cuando llegamos me dejaron llamar a mi familia", lamenta.


El informe del CPDH precisa que impedir a los reclutados comunicarse con sus familias durante las primeras horas de detención es una de las faltas que más se repiten en estos episodios.


Otra de ellas es que los camiones en los que se transporta a los jóvenes "por lo general (...) carecen de identificación, sin placas traseras o laterales, o con placas que son ocultadas con plásticos".


Sólo los pobres van a la guerra


En Colombia son los pobres los que ponen la carne de cañón. Las batidas ilegales se dan mayormente en las ciudades de Bogotá y Medellín; y casi exclusivamente en los barrios más desfavorecidos.


Así, el informe señala que de los 7 estratos (del 0 al 6) que diferencian las clases sociales en Colombia, la mayoría de los jóvenes afectados por las batidas ilegales pertenecen al 1 y al 2. Junto al 0, los más pobres.


Así, el porcentaje mayor de soldados reclutados ilegalmente pertenecen al estrato 2, un 60,44 por ciento. Frente al 0,06 por ciento del estrato 6, según el informe del CPDH.


"Puerto Berrío era zona roja. Teníamos un entrenamiento de tres meses y luego te mandaban al batallón antiguerrilla del Putumayo. Aunque a algunos compañeros los enviaron incluso antes de terminar", revela Óscar.


"Durante esos meses te enseñaban a marchar, a disparar, te preparaban físicamente. También a tener mente fría para poder eliminar a un enemigo. Nos ponían a cazar y matar animales. Terneros, cabras... Para asimilar mejor la muerte de otra persona, para que fuera más fácil aniquilar a otra persona", relata el joven.


Óscar no terminó los tres meses de entrenamiento militar.


Una hospitalización por paludismo, primero, y las gestiones de su familia desde Medellín con el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos, después, pusieron punto y final al mal sueño del chico.


"Demostraron que el procedimiento no fue el legal y todo se acabó", dice Óscar.


"Lo más efectivo es optar por el habeas corpus", señala a VICE News Diego Quiroga, portavoz de Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) de Bogotá.


Una figura jurídica que obliga a un juez a tomar una resolución en 36 horas tras la denuncia de una detención ilegal. Normalmente, el fallo es a favor del joven detenido.


El futuro de Colombia, asesinado: alarma por la elevada tasa de homicidios de menores. 


Quiroga también denuncia "la corrupción" que enturbia el reclutamiento militar en Colombia.


"Los días del sorteo de destino se reúnen a los jóvenes y a sus familias en polideportivos o lugares similares para ir dando a conocer donde irá cada cual. Ahí uno ve a los mandos militares repartiendo tarjetas por si alguna familia puede pagar una cuota de compensación y evitar así que su hijo cumpla con el servicio".


Asegurar el capital extranjero


Las batidas ilegales han ido en aumento desde 2006. De un solo caso en ese año, se ha pasado a 58 en 2014 y 71 en 2015.


"Despierta preocupación que se lleven a estos jóvenes a los llamados batallones mineros, energéticos y viales. Al cuidado de explotaciones petroleras y minerales. Lugares complicados porque son objetivo de los ataques de la insurgencia", apunta Quiroga.


El reporte del CPDH atribuye el incremento de las batidas a las cuotas mínimas de reclutas que el Ejercito debe incorporar cada año, por un lado.

Actualmente, más de 106.000 efectivos.


Y, por otro, al rumbo que está tomando el país hacia el capital extranjero con la legislatura del actual presidente Juan Manuel Santos.


"La transformación del sistema económico (...) conlleva un aumento de las necesidades de defensa, como vía para garantizar el nuevo modelo económico extractivista, donde la inversión extranjera es fundamental", señala el informe.


Así, el documento asegura que a partir de 1998 se observa una "clara simetría" entre las operaciones del Ejército colombiano y las zonas de extracción y producción minero-energética.


A pequeña escala, la Defensoría del Pueblo achaca a dinámicas internas que el Ejército siga creyéndose en su derecho de optar por las batidas ilegales a la hora de engrosar sus filas.


"Los mandos que gestionan el reclutamiento son de alta rotación. Suelen ser oficiales que vienen de primera línea del frente. Acceden a este cargo durante un año a modo de descanso alejados de las zonas calientes", explica a VICE News el defensor delegado en Asuntos Constitucionales y Legales, Luís Manuel Castro.


"Lo que finalmente ocurre es que terminan por ejercer ese cargo con la misma mentalidad que traen de las zonas rojas donde hay enfrentamientos continuamente", añade.


Castro asegura también que la Procuraduría no está investigando las denuncias que la Defensoría y ONG han hecho sobre este asunto. "Hay una especie de tolerancia a lo que hace el Ejército. Hemos enviado tres quejas y nada de nada", dice.


Por su parte, el Ejército no ha reconocido abiertamente la existencia de estas batidas hasta hace unas pocas semanas, cuando anunció que las combatiría.


En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa de Colombia, Juan Carlos Sierra detalla por correo electrónico a VICE News que "los casos de no inscripción de un joven para definir su situación militar, implican que la persona solamente es compelida de manera momentánea mientras se verifica su situación y se inscribe".


"La inscripción se realiza de manera inmediata e in situ. No puede realizarse ningún otro procedimiento tendiente a su incorporación ni conducirlo a unidad militar alguna", añade.


Desde el Ministerio de Defensa aseguran también que se han puesto en marcha mecanismos para dar seguimiento y derivar a las autoridades competentes las denuncias de batidas ilegales que reciban de los ciudadanos.


Sin embargo tanto Érika Gómez, la letrada del CPDH, y Diego Quiroga de ACOOC aseguran que lejos de ponerse punto y final a las batidas éstas continúan de un modo más disimulado.


"En lugar de llevarse a veinte chicos en un camión se llevan a cuatro o cinco", afirma Gómez. "O los citan directamente en el distrito militar y de ahí los conducen directamente para el destacamento", añade Quiroga.


Sin ir más lejos, VICE News fue testigo hace dos semanas de como varios soldados solicitaban la cartilla a los jóvenes que salían de la estación de metro de Ayurá, en Medellín.


Sea como sea, más allá del reclutamiento ilegal, para el defensor delegado, Luís Manuel Castro, la discusión tendría que ser otra. "El problema aquí debería ser la eliminación del servicio militar obligatorio ya que caminamos hacia la paz".


Sábado.14 de mayo de 2016

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Martes, 05 Abril 2016 07:22

La vida que no calla

La vida que no calla
Berta Cáceres, nuestra madre, asumió la historia de resistencia y rebeldía del pueblo lenca


Berta Isabel Cáceres Flores, ese es el nombre de nuestra madre, de la guardiana de los ríos, de una de las protectoras de la vida. Le dispararon en el pecho tratando de detener su latido, pero su latido se encuentra en todo el pueblo lenca, en nosotras sus hijas e hijo, y en todas las personas que soñamos y luchamos por un mundo lejos de la injusticia.


Con balas pretendían parar su claridad, su fuerza, su resistencia, su vida, pero se equivocaron los asesinos, los que piensan que matando, borran las luchas. Berta Cáceres, nuestra madre, que asumió la historia de resistencia y rebeldía del pueblo lenca, su pueblo, es acogida por esa historia, para asentarse en nuestros cuerpos y espíritus. Berta, nuestra madre, a la que los asesinos pretendían dejar sin aliento, se ha multiplicado y ha trascendido. Berta, es ahora colectividad.


Su pensamiento integral, sus acciones efectivas y su amor inmenso eran imparables. No permitió que los proyectos de muerte se apoderaran de los territorios indígenas, tampoco permitió el saqueo de la naturaleza, ni el exterminio de la cultura lenca. Su escucha activa y su voz potente, se prestaron para ser eco de los dolores y de las resistencias de un pueblo abusado por el capitalismo, el racismo y el patriarcado.


Su asesinato ocurrió en medio de nuestra lucha contra un proyecto de muerte, uno de esos que pretenden pasar por encima de la dignidad de los pueblos, por encima de su autonomía, de su historia. Ella siempre fue amenazada por sostener sus convicciones, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Honduras, la defensa de nuestro territorio ancestral y nuestros bienes comunes de la naturaleza. Sin embargo, su situación de riesgo se agravó desde el año 2013, en el que comenzó la construcción del proyecto denominado “Agua Zarca”, por parte de la empresa DESA, en el Río Gualcarque y que afectó principalmente a la comunidad de Río Blanco.


Desafortunadamente, la concesión de este proyecto es una de las más de 240 concesiones otorgadas en el marco del golpe de Estado, que ocurrió en Honduras en el año 2009. Ninguna de estas concesiones respetó el principio de autodeterminación de nuestros pueblos ni tampoco cumplieron de la consulta previa, libre e informada. Concesiones ilegales e ilegítimas contra las que luchó nuestra madre hasta el fin.


Hoy, a más de un mes de su asesinato, la impotencia nos golpea y el dolor aumenta cuando tenemos que vivir, en carne propia y de manera amarga, la inoperancia y mala voluntad de un Estado que nunca nos quiso ayudar. Un Estado incapaz de llevar una investigación de manera eficiente e imparcial, que nos levanta un muro de silencio, violando así nuestro derecho a participar de manera activa en la investigación, y que no nos cuida a pesar de que está obligado a hacerlo.


El dolor quema cuando nuestras voces no son escuchadas, cuando pedimos una comisión de investigación, internacional e independiente para que este crimen contra la humanidad no quede impune. El dolor nos hace llagas cuando DESA, empresa violadora de derechos humanos, sigue trabajando para cortar nuestro sagrado río Gualcarque.


El dolor no nos paraliza, no nos impide soñar, pero se volverá insoportable si el mundo calla y olvida a la guardiana de los ríos, a la cuidadora de la vida, a la que también nos cargó en el vientre, a nuestra madre, Berta Isabel Cáceres Flores.


* Olivia, Berta, Laura y Salvador Cáceres Zuniga son hijas e hijo de Berta Cáceres.

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Martes, 08 Marzo 2016 07:09

Un problema de(s)cuidado

Un problema de(s)cuidado

A propósito de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer Trabajadora, este informe quiere dar cuenta de una de las brechas de género que de manera estructural se dan en el mundo del trabajo: la diferencia en la remuneración que perciben mujeres y hombres, en la que la distribución social inequitativa del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado juega un papel preponderante.

En el período 2008-2014 las mujeres en Colombia devengaron en promedio 28% menos que los hombres. Para 2014 la brecha fue de 27,7%, casi 4 puntos por encima del promedio mundial, que es de 24%, según el informe de desarrollo humano que presentó el PNUD en 2015 .

En este mismo informe se destaca que en América Latina las mujeres en puestos de alta dirección apenas ganan, en promedio, 53% del salario de sus homólogos varones. Asimismo, en la mayoría de las regiones las mujeres son más propensas a desempeñar “empleos vulnerables”, trabajando por cuenta propia o ajena en contextos informales en los que los ingresos son frágiles y ofrecen poca o ninguna protección y seguridad social . En Colombia la tasa de informalidad femenina es de 52%.

Un estudio que realizó la Escuela Nacional Sindical, en el que se analiza la brecha salarial en el período 2008-2014, señala que al distribuir los niveles de ingresos por deciles se encuentra que en todos ellos, y para todos los años, las mujeres reciben un ingreso inferior a los hombres. Señala también que no hay evidencia clara de que las brechas de salarios entre hombres y mujeres se cierren con el tiempo.

Y otro dato importante: en los deciles más bajos de ingresos hay mayores diferencias entre hombres y mujeres, de tal suerte que las mujeres devengan apenas 42,3% de lo que devengan los hombres. A medida que los trabajos son mejor remunerados las diferencias se van cerrando, pero en cualquier caso las mujeres ganan, como mucho, un 20% menos de la remuneración masculina.

Al analizar las brechas según la edad de las personas, en casi todos los casos las mujeres, en cualquier edad, están peor remuneradas que los hombres. Las diferencias son mayores en las edades menores (29,7%) y en mayores de 55 años (29,9%). O sea que la discriminación se acrecienta cuando las mujeres son más jóvenes o más adultas. En el rango de 14 a 28 años la brecha fue menor: 8,3%, y se debe a que los promedios generales de ingresos para la población joven son bajos por lo general, y comúnmente se relacionan con el trabajo temporal.

Al analizar los ingresos laborales promedio de las mujeres en comparación con los hombres según nivel educativo, se nota cómo en el nivel de posgrado, donde las diferencias son mínimas con respecto a las tasas de empleo y desempleo, si hay una diferencia significativa por ingreso salarial: en promedio las mujeres reciben 30% menos de ingreso que los hombres. De otro lado, las mujeres que no tienen ningún título recibieron 35% menos en promedio durante los 7 años de análisis del estudio.

El número de horas promedio trabajadas es una variable que influye en la dimensión de las brechas salariales. Mientras los hombres en las zonas urbanas trabajan alrededor de 50 horas semanales remuneradas, las mujeres trabajaron 42. En las zonas rurales la diferencia es notable: mientras los hombres trabajan alrededor de 45, las mujeres no alcanzan las 32. Esto resultado sugiere que una potencial razón por la que las mujeres ganan menos en el mercado laboral, es porque trabajan menos horas. Pero incluso por hora trabajada se conservan dichas diferencias, las cuales se acrecientan con el tiempo.

 

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo (ENUT), realizada por el DANE en desarrollo de la Ley 1413 de 2010, dice que la distribución social del cuidado en Colombia es inequitativa. Las cargas de cuidado están mayormente asignadas a las familias, y dentro de éstas a las mujeres, quienes dedican a estas actividades tres veces el tiempo que los hombres (6:35 vs. 2:00), y cuatro veces en contextos de ruralidad (7:37 vs. 1:53).

Lo opuesto se presenta en el trabajo remunerado: las mujeres dedican al trabajo remunerado apenas un poco más de la mitad del tiempo que dedican los hombres (5:11 vs. 2:31) . De hecho, casi 5 millones de mujeres que se encuentran por fuera de mercado laboral se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y están excluidas de alguna remuneración y protección social.

La ENUT señala que las mujeres tienen una carga global de trabajo equivalente a 13:09, mientras que para los hombres es de 10:57. Según la edad, las mujeres entre los 25 y 44 años dedican 7:56 al trabajo remunerado y 9:24 a labores de cuidado, siendo la mayor carga frente a los demás grupos etarios. Los hombres en este mismo rango dedican 9 horas 46 minutos en el primer caso y 3:54 en el segundo. De este modo, las mujeres en este rango de edad trabajan 17:20 en un día, mientras que los hombres trabajan 13:40.

Tomando como referencia la carga global de trabajo de las mujeres entre los 25 y los 45 años, tenemos que menos de la mitad (45,7%) del trabajo de las mujeres se remunera, y peor: un 28% menos que el trabajo de los hombres, y con altos índices de precariedad y desprotección social.

Se trata de un círculo vicioso: ante la rigidez del mercado de trabajo y su desarticulación con el trabajo de cuidados como vicio persistente de la ideología patriarcal, las mujeres con semejantes cargas de cuidados recurren a empleos informales o precarios, que en muchos casos les facilita conciliar la vida laboral con la familiar, más que el empleo formal.

La discriminación también tiene que ver con la raza, el origen étnico, la discapacidad y la orientación sexual. Se estima que en América Latina la diferencia salarial entre los grupos étnicos indígenas y el resto de la población es del 38% . Entonces si en una mujer confluyen algunas de estas circunstancias, lo más probable es que se encuentre ante un muro todavía más alto de exclusión.

 

El proyecto de ley sobre equidad salarial

 

Actualmente se debate en el Congreso un proyecto de ley sobre la equidad salarial , que modifica la ley 1496 de 2011, de tal manera que los factores de valoración de cargos puedan ser objetivos y permitan establecer criterios no discriminatorios para fijar la remuneración de mujeres y hombres.

El gran reto se da en el ámbito de las políticas públicas, pues hacer frente a un fenómeno estructural, que en lugar de ceder se profundiza, requiere una respuesta de articulación institucional de mayores dimensiones y contundencia, y una participación de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Una política que además sea comprensiva de las relaciones que se tejen entre el trabajo remunerado y el de cuidados.

 

Por Viviana Osorio
Coordinadora Programa Mujer Trabajadora. ENS

Publicado 8 de marzo de 2016.

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Martes, 01 Marzo 2016 06:23

Capitalismo: luces y (muchas) sombras

Capitalismo: luces y (muchas) sombras

El periodista británico Paul Mason analiza en su libro 'Postcapitalismo, hacia un nuevo futuro', los excesos del neoliberalismo y evoca la posibilidad de un futuro cooperativo

“La época dorada del capitalismo ya es historia en el mundo desarrollado y en no muchas décadas lo será también en el resto de países”. Bajo esta premisa el periodista británico Paul Mason (Leigh, 1960) plantea en su último libro, Postcapitalismo, hacia un nuevo futuro (Editorial Paidós), una opción “más justa y más solidaria” que descansa sobre la abundancia tecnológica del último cuarto de siglo. Como alternativa, desgrana en una entrevista con EL PAÍS las ideas fuerza de su postcapitalismo, un modelo en el que predomina lo cooperativo en detrimento del Estado y las empresas. “Estamos ante una disyuntiva clara: un modelo colaborativo o un futuro distópico, una especie de feudalismo tecnológico en el que se multiplicaría la desigualdad”.


Profuso en palabras y entusiasta con la idea que estos días pasea por medio mundo, Mason reconoce que el capitalismo ha propiciado la mayor oleada de desarrollo jamás vista, pero critica frontalmente el status quo actual. “Es el momento de que las élites, tanto económicas como académicas, se pregunten si de verdad funciona el neoliberalismo. Si lo hacen, la respuesta será obvia: un no rotundo”.


Mason, redactor jefe de Economía de Channel 4 News y habitual en las páginas de The Guardian, hace suyas las ideas del economista estadounidense Jeremy Rifkin, que en La sociedad de coste marginal cero (Paidós, 2014) predecía un mundo en el que muchos productos y servicios de nuestro día a día serán gratuitos o casi gratuitos y el fin del trabajo tal y como lo conocemos. Las tecnologías de la información, dice Mason, corroen el sistema de precios sobre el que descansa el capitalismo desde el mismo momento en el que muchos bienes y servicios, desde la información hasta la energía, se pueden o se podrán consumir por muy poco. “La enciclopedia está en nuestro teléfono y la energía totalmente verde será realidad pronto. Eso no es ciencia ficción y es muy relevante”. Pocos vislumbran este futuro. “La existencia del tercer sector parece totalmente accidental respecto a la manera de pensar neoliberal; los economistas deben ponerse otras gafas para poder ver una parte de la realidad que no están viendo”.


El capitalismo, dice, ha destacado siempre por su capacidad de adaptación, pero las tecnologías de la información hacen imposible una transformación más: “No crean productos más caros, sino más baratos e impiden a los trabajadores encontrar empleo en una industria tradicional en declive”.


De triunfar algún día el modelo colaborativo, Mason advierte de que tendremos que acostumbrarnos a vivir en una sociedad no consumista, con todo lo que eso implica, pero deja claro que su teoría no se opone al mercado como concepto: “No hay ninguna razón para abolirlo por decreto siempre y cuando se acabe con los desequilibrios de poder básicos”. Aunque no escatima en elogios hacia partidos de izquierdas como Podemos y, sobre todo, Syriza, el autor británico rechaza cualquier retorno al socialismo clásico o a la socialdemocracia, sin renunciar a sus ideales. “No hay una vuelta atrás a los populismos rusos, a la socialdemocracia tradicional o a la Tercera Vía; mi punto de partida es otro”, relata. “Hay que mirar al futuro. Y en ese futuro, las ideas del socialismo utópico son hoy más posibles que nunca gracias a la evolución tecnológica”.


“Estamos viviendo un momento crítico, en el que incluso las cosas más normales parecen revolucionarias”, dice. En sus gestos se percibe tanta indignación con la situación actual como preocupación por lo venidero. “Si continuamos deslizándonos hacia el estancamiento y la deflación y la élite global no entrega más estímulos, alguien va a buscar una salida al estilo de los años 30, en la que los países simplemente adoptan soluciones nacionalistas”, pronostica.


Ese renacimiento de los nacionalismos de mediados del siglo pasado lo estamos viendo, afirma, en la “alta probabilidad” de que se produzca el Brexit (la salida de Reino Unido de la UE). También en el surgimiento de dos outsiders políticos en Estados Unidos —el populista de derechas Donald Trump y el izquierdista Bernie Sanders— e incluso en el colapso de Schengen. “Podemos estar a semanas de su colapso”, proyecta.


¿Qué nos indica todo esto? “Que necesitamos una nueva forma de pensamiento radical que tiene que trascender los partidos radicales”, dispara. “[Franklin D.] Roosevelt pertenecía a las élites, pero tiró a la basura toda la doctrina y adoptó una solución antiausteridad que salvó a EE UU del colapso”. Llevando su ejemplo a nuestro tiempo, en el que hasta la OCDE —una suerte de think tank de la treintena de países más ricos del mundo— alerta de la “debilidad” del crecimiento económico durante las cinco próximas décadas, Mason exhorta a los Gobiernos occidentales a repensar su modo de actuación durante la crisis. Pero va más allá: reclama una “politización y democratización” de la política monetaria, el principal mecanismo puesto en marcha por las grandes potencias para salir del hoyo; apela a una quita generalizada de deuda pública; incide en la necesidad de cerrar las vías por las que las grandes corporaciones eluden sus obligaciones fiscales; pide la creación de una renta básica universal que garantice un mínimo vital para todos los ciudadanos y, sobre todo, reivindica que los Gobiernos dispongan un esquema que incentive las cooperativas en detrimento de las estructuras empresariales clásicas.


Wikipedia como referente


En ese futuro que vislumbra Mason, la frontera de la propiedad y el trabajo se difumina —como también lo hace la que separan trabajo y salario—, pero el papel del “Estado progresista”, al que él se refiere con frecuencia, es esencial como promotor del procomún colaborativo. “Los Gobiernos deben darse cuenta de que Uber no es bueno, pero que abre un camino que se puede transitar de otra forma. ¿Por qué no un Uber verdaderamente cooperativo?”, se pregunta.
El epítome de este nuevo modelo completamente cooperativo, en el que el lucro individual desaparece, es algo tan cotidiano como imposible de imaginar hace solo 20 años: Wikipedia. “Es el mejor ejemplo, una herramienta gratuita que sale adelante gracias al esfuerzo colaborativo de miles de personas, que ha destruido de un plumazo el negocio de las enciclopedias y que priva a las firmas publicitarias de 2.800 millones de euros al año en ingresos”. También Twitter, una herramienta esencial para la sociedad actual y que, “aunque pertenece a una empresa, es gratuito y nunca podrá generar dinero”. “Probablemente acabará siendo propiedad del Estado o será sustituido por una herramienta similar de propiedad colaborativa”, vaticina.

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Albert Woodfox, el último de “Los Tres de Angola”, es libre al fin

Albert Woodfox cumplió 69 años el viernes. Ese día también fue liberado de prisión, después de haber estado detenido durante 43 años en confinamiento solitario, más tiempo que ninguna otra persona en la historia de Estados Unidos. En la primera entrevista televisada tras su liberación, brindada a Democracy Now!, Albert Woodfox dijo sobre la coincidencia de fechas: “Es un gran regalo de cumpleaños”. Woodfox es un testimonio vivo del poder de resistencia del espíritu humano cuando se lo somete al castigo cruel e inusual del confinamiento solitario. Su caso también es un importante recordatorio de la injusticia que atraviesa el sistema de justicia penal de Estados Unidos.

Woodfox era un veinteañero cuando fue enviado a prisión por robo a mano armada en 1971. Fue enviado al centro penitenciario estatal de Louisiana (Louisiana State Penitentiary, en inglés), un complejo carcelario conocido con el nombre de Angola y uno de los más duros de Estados Unidos. La cárcel alberga a 5.000 reclusos y se sitúa en una zona rural de Louisiana, donde antiguamente había una plantación que utilizaba esclavos. Se la denomina popularmente “Angola” porque ese era el país de origen de la mayoría de esos esclavos.

Las condiciones en la prisión Angola en 1971 eran tan violentas y terribles que Woodfox, junto a otro prisionero, Herman Wallace, fundó una de las primeras secciones del partido de las Panteras Negras de Estados Unidos en prisión. En 1972, Woodfox y Wallace fueron acusados de asesinar al guardia de prisión Brent Miller, a pesar de que no había pruebas físicas que vincularan a los hombres con el delito. Una huella dactilar ensangrentada hallada en la escena del crimen, que no coincidía con las huellas dactilares de Wallace ni con las de Woodfox, no fue considerada por las autoridades. Robert King, otro prisionero que se sumó a las Panteras Negras en la cárcel, fue acusado de cometer otro delito dentro de la prisión. Los tres fueron enviados a confinamiento solitario, donde permanecieron durante décadas, siempre afirmando su inocencia.

Cuando hablé con Albert Woodfox apenas días después de su liberación, recordó aquellas primeras épocas en que se estaban organizando dentro de Angola: “Ver a un espíritu humano abatido es lo más triste del mundo. Y eso es básicamente lo que les sucedía a los jóvenes que llegaban a Angola. Decidimos que si realmente creíamos en lo que estábamos intentando hacer, valía la pena adoptar las medidas que fueran necesarias para detener eso”.

Incluso en aquel entonces, “Los tres de Angola”, como se los llamaba, conocían muy bien los posibles efectos del confinamiento solitario. Woodfox recordó durante la entrevista: “Cuando nos colocaron por primera vez en el régimen de aislamiento, en el ’72, a mí, a Herman Wallace y a Robert King, sabíamos que si queríamos tener la mínima posibilidad de mantener la cordura y no permitir que el sistema de cárceles nos abatiera, debíamos seguir centrándonos en la sociedad y no volvernos prisioneros”. Le pregunté a Albert Woodfox qué leía en la cárcel: “Libros de historia, libros sobre Malcolm X, el Dr. Martin Luther King, Frantz Fanon, James Baldwin. Toda la literatura que pudiera conseguir”.

Pronto comenzó a crecer un movimiento a nivel mundial para pedir la liberación de “Los tres de Angola”. Amnistía Internacional y otras organizaciones solicitaron su liberación. Se hicieron muchos documentales sobre el caso. En uno de ellos, la viuda de Brent Miller se sumó al pedido de liberación y afirmó: “Estos hombres, si no son culpables, y creo que no lo son, han vivido una pesadilla durante 36 años”.

Dos impedimentos fundamentales para su liberación fueron el director de la cárcel, Burl Cain, y el fiscal general de Louisiana, James “Buddy” Caldwell. Cain era el responsable de tomar la decisión de mantener a los prisioneros en régimen de confinamiento solitario. En una deposición realizada en 2008 en el en la causa por la liberación de Woodfox, Cain afirmó: “Sé que aún está tratando de ejercer el activismo con las Panteras Negras”. Si bien el juicio contra Woodfox fue anulado en tres ocasiones y un juez federal ordenó su liberación, el fiscal general Caldwell insistió varias veces en que se realizara un nuevo juicio. Cain renunció en diciembre, tras haber sido acusado de violar la ética del estado y afrontar una investigación penal por negocios realizados durante su mandato como director de la cárcel, cargo que ocupó durante más tiempo que ningún otro director en la historia de la cárcel de Angola. El fiscal Caldwell perdió la reelección ante otro republicano, Jeff Landry, que permitió que Woodfox saliera de la cárcel con la condición de que no impugnaría el cargo de homicidio culposo.

Mientras hablaba en el programa Democracy Now!, sentado frente a la cámara, Albert Woodfox entrecerraba los ojos. Los años de confinamiento solitario en una celda de 2 por 2 dañaron su visión. Está orgulloso de su activismo. “Hemos sensibilizado a la población estadounidense, a la población del mundo acerca del problema del confinamiento solitario. Y esto es solo el comienzo. Hemos llegado al punto en que no se trata solo de “Los 3 de Angola”, sino también del confinamiento solitario”.

Robert King fue liberado en 2001. Su condena fue anulada después de haber pasado 29 años en régimen de aislamiento. Herman Wallace fue liberado en 2013, únicamente después de que un juez federal amenazara con enviar a Cain a prisión si se negaba a liberarlo. Wallace murió de cáncer de hígado al día siguiente de ser liberado. El lunes, le preguntamos a Albert Woodfox sobre sus planes para el futuro: “Estuve tanto tiempo encerrado en una cárcel dentro de otra cárcel que tengo que aprender a vivir como una persona libre. Estoy tratando de aprender a ser libre”.

 

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Sábado, 02 Enero 2016 09:50

Un muy infeliz Año Nuevo en Guantánamo

Un muy infeliz Año Nuevo en Guantánamo

Mientras el reloj muestra la cuenta regresiva hasta Año Nuevo y el mundo da la bienvenida al 2016, otro reloj continúa haciendo tic tac, contando los días, las horas y los segundos transcurridos desde el 23 de mayo de 2013, día en que el presidente Obama prometió dejar en libertad a todos los prisioneros que ya hubieran sido absueltos pero aún se encontraran recluidos en la base de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo. Ese reloj fue creado por el periodista independiente Andy Worthington y se halla en Internet, en gtmoclock.com. El 22 de enero se conmemora el séptimo aniversario del día en que Obama suscribió la Orden Ejecutiva 13492, que dispone el cierre de la prisión de Guantánamo en el transcurso de un año. Al agotarse el tiempo de Obama en la Casa Blanca, se desvanecen también las posibilidades de cerrar este tristemente célebre gulag. Actualmente, hay 107 hombres recluidos allí, 48 de ellos fueron absueltos y esperan su liberación desde hace casi seis años. Además de los obstáculos impuestos desde hace mucho tiempo por el Congreso liderado por los republicanos a las iniciativas tendientes a cerrar la prisión insular, según informó recientemente Reuters, el Pentágono mismo podría estarse resistiendo a dar cumplimiento a la orden de cerrar Guantánamo, aunque supuestamente se encuentra bajo control civil del comandante en jefe Obama.

La orden ejecutiva emitida por Obama en 2009 dispuso la creación de un grupo de trabajo para la revisión de casos de los prisioneros de Guantánamo, presidido por el entonces fiscal general Eric Holder. El grupo de trabajo incluía a representantes de los departamentos de Justicia, Defensa, Estado, Seguridad Nacional, de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia y del Estado Mayor Conjunto. La decisión de liberar a todos los prisioneros que hubieran sido absueltos contó con el consentimiento unánime de esas autoridades. Si bien algunos de esos prisioneros ya han sido liberados, resulta impactante pensar que muchos hombres, algunos de los cuales han estado detenidos por más de diez años, siguen recluidos por tiempo indeterminado sin que medien cargos en su contra.

Tariq Ba Odah es uno de los hombres cuya liberación ya ha sido determinada. "Fue destinado a Guantánamo en febrero de 2002. Se acerca a los catorce años de detención por tiempo indeterminado, casi nueve de esos años los ha pasado en huelga de hambre, recluido en aislamiento", sostuvo su representante legal, Omar Farah, del Centro para los Derechos Constitucionales, en el noticiero de Democracy Now!. "El presidente tiene que insistir para que el Departamento de Defensa y todos los demás organismos actúen de conformidad con los objetivos que él mismo ha declarado y garanticen la inmediata liberación del Sr. Ba Odah".

La huelga de hambre a la que se refiere Farah ha reducido a Tariq Ba Odah a la sombra del hombre que alguna vez fue. "Visité al Sr. Ba Odah en marzo y en abril de este año y lo hallé en un estado físico totalmente desastroso" relató Omar Farah. "Según afirma el gobierno, no lo digo yo, el Sr. Ba Odah pesa solamente 33,5 kilogramos, lo que representa el 56% del peso corporal que sería seguro para él". Ba Odah es alimentado por la fuerza dos veces por día mediante una sonda nasogástrica. La fuerza con la que los carceleros militares colocan las sondas provoca intenso dolor y ha sido calificada como tortura por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tariq Ba Odah es originario de Yemen, pero como en ese país se desarrolla una guerra civil, el gobierno de Obama no autoriza la liberación de ciudadanos yemeníes directamente hacia su país natal. Farah afirmó: "Existe un país extranjero, otro país, dispuesto a aceptarlo y proporcionarle asistencia médica y rehabilitación. Se trata de una persona que está extremadamente enferma. Y el último paso en el acuerdo para su liberación, aparentemente consiste en la sencilla tarea de enviar su historia clínica". El Pentágono se niega a dar a conocer su historia clínica haciendo alusión a normas de privacidad. "Es mentira. Y es una terrible mentira", dijo Farah. "Yo estaba sentado junto al Sr. Ba Odah cuando dio su consentimiento informado por escrito para la entrega de su historia clínica, a mí como su abogado y a los efectos específicos de la negociación de su liberación".

En su último artículo, los periodistas de Reuters Charles Levinson y David Rohde (ex periodista del periódico The New York Times que estuvo cautivo del talibán en Afganistán durante siete meses hasta que escapó) hacen referencia al caso de Ba Odah señalando que "funcionarios del Pentágono vienen imponiendo obstáculos burocráticos para impedir que se concrete el plan del presidente de cerrar Guantánamo".

El Pentágono afirma que procederá a la liberación de los primeros diecisiete prisioneros en enero, pero eso nunca se sabe. Sin embargo, sí podemos estar seguros de que, puntuales como un reloj, los activistas pacifistas de la organización Witness Against Torture, vestidos con overoles naranjas como los prisioneros de Guantánamo, realizarán una vigilia, como cada 22 de enero, en conmemoración del aniversario de la orden ejecutiva de Obama para el cierre de Guantánamo.

El pasado Día de Acción de Gracias, una delegación de Witness Against Torture viajó a Cuba y, en un lugar visible desde la base estadounidense, llevó a cabo una acción simbólica llamada "La alimentación forzada no es un banquete en Guantánamo". Según explicaron los activistas, la acción consistió en: "Doce personas, todas ellas ayunando ese día, sentadas a la mesa frente a platos vacíos, para representar el terrible dolor que padecen, tanto en el pasado como en la actualidad, quienes están en huelga de hambre en Guantánamo. En la cabecera de la mesa, había un integrante de la organización, vestido como un detenido, sentado frente al horrible aparato utilizado para la alimentación forzada". Todos los hombres vestían overoles naranjas y cada uno de ellos contó sus motivos para estar allí. Después de cada orador, el grupo cantaba:

"Valor, hermano musulmán,
No estás solo en el camino
Caminaremos a tu lado
Y cantando acompañaremos a tu espíritu hasta su hogar".

© 2015 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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Lunes, 28 Diciembre 2015 07:18

Reclamo por los 43 estudiantes

Reclamo por los 43 estudiantes

Los familiares de los jóvenes desaparecidos marcharon, rezaron e insistieron con un encuentro privado con el Papa. Francisco los invitó a la misa que celebrará el 17 de febrero en Ciudad Juárez, en el norte de México.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron recordados con una marcha y una misa en la mayor iglesia católica de México al cumplirse 15 meses de su de- saparición. Sus familiares ratificaron su demanda de que el papa Francisco los reciba cuando visite el país en febrero. "Aparte de la fortaleza que nos dan la sociedad y los ciudadanos, le recordamos al presidente, Enrique Peña Nieto que el dolor no se puede superar", afirmó Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los parientes de los desaparecidos, junto a cientos de personas, marcharon anteanoche desde el Zócalo hasta la basílica de Guadalupe, en el norte de la capital, donde se celebró un oficio religioso. "Ya le enviamos un mensaje al papa Francisco para que los reciba", dijo el sacerdote jesuita Sergio Cobo, quien conversó con los familiares en ese templo.

Los padres de los alumnos desaparecidos fueron invitados a asistir a una misa al aire libre que Francisco celebrará el 17 de febrero en Ciudad Juárez, en el norte de México, pero no está previsto un encuentro privado con el pontífice.

"Hoy, a 15 meses, para nosotros es desesperante no saber el paradero de nuestros hijos. Estamos luchando para que aparezcan con vida", dijo Bernabé Abraham Gaspar, campesino y padre de uno de los estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. La marcha, organizada por padres de los jóvenes, estudiantes y varias organizaciones sociales, se planteó como una procesión, una caminata entre dos de los principales puntos religiosos de la ciudad, la Catedral Metropolitana y la basílica.

"El mundo en estas fechas se apega mucho a lo espiritual y hoy queremos hacer apego a la sociedad de la Ciudad de México para que nos acompañe. Porque si el gobierno mexicano le apuesta al cansancio, al tiempo y al olvido, nosotros les recordamos cada 26 que esto, el dolor, está latente", explicó el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz. En la manifestación pudieron leerse pancartas y se escucharon reclamos de justicia, críticas al Gobierno Federal y la demanda de aparición con vida de los jóvenes.

Asimismo, y a pesar del trasfondo religioso de la marcha, también se criticó la no intervención de la Iglesia ante la tragedia de las desapariciones en México, que suma más de 26.000 casos desde finales de 2006. "Es un llamamiento por todos los desaparecidos y sobre todo a esa Iglesia que tenemos que está sorda y que es omisa al dolor de los padres. La Iglesia como tal está al servicio del Gobierno, más no de la ciudadanía", explicó la manifestante Beatriz Leticia García, una maestra y madre que protesta cada 26 de mes. En estos días, padres de los 43 chicos desaparecidos instalaron pinos navideños en el Distrito Federal, Iguala, Chilpancingo y Tixtla con imágenes de los jóvenes colgadas, para mandar el mensaje de que siguen buscándolos. "Tenemos la seguridad que vamos a encontrar los jóvenes con la verdad histórica hecha pedazos por los expertos mediante estudios científicos", afirmó hoy De la Cruz.

Los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado sureño Guerrero, desaparecieron en la noche del 26 de septiembre de 2014, en un ataque de policías municipales de la vecina Iguala que también dejó seis muertos y 25 heridos. Según diversos testimonios, los 43 chicos fueron entregados por policías de Iguala a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e hicieron desaparecer sus cuerpos. Sin embargo, los restos de dos de ellos fueron identificados mediante exámenes genéticos en la Universidad de Innsbruck, Austria.

El gobierno de México sostuvo durante un año la hipótesis de que los jóvenes fueron trasladados a Cocula, ciudad cercana a Iguala, donde los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero municipal. No obstante, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que no encontró evidencia de un incendio de la magnitud del que se hubiera precisado para calcinar los restos de los 43 muchachos.

Dos de los padres de las jóvenes víctimas de Ayotzinapa denunciaron a principios de diciembre la falta de colaboración del Estado y aseguraron que siguen con la esperanza de encontrarlos con vida. "Sabemos que nos estamos enfrentando a un monstruo que es el Estado, que es muy difícil de derrotar", dijo Mario César González Hernández, padre del estudiante César Manuel González. "Este gobierno nunca nos ha querido ayudar, al contrario, nos ha privado de saber la verdad", dijo en entrevista con el diario chileno El Mostrador, Clemente Rodríguez, padre del joven desaparecido Christian Alfonso Rodríguez. Clemente y Mario César participaron en un encuentro en la Universidad Central de Santiago organizado por la Asociación de Estudiantes para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

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El sueño de uno que se convierte en pesadilla para otro: Clarence Moses-EL, 28 años preso

El atardecer del 22 de diciembre de este año, el primer día del invierno, Clarence Moses-EL salió caminando de la cárcel del condado, en Denver, libre después de 28 años. El día más corto del año podría ser el que marque el fin de la pesadilla más larga de su vida. Y todo fue por culpa de un sueño.

Moses-EL fue acusado de violación en 1987. En un comienzo, la víctima de violación dio el nombre de tres hombres con los que había estado tomando algo como sus posibles atacantes. Sin embargo, un día y medio más tarde, soñó que su vecino, Clarence Moses-EL, había sido su atacante y lo denunció ante la policía, que procedió inmediatamente a arrestarlo. Nunca se investigó a los otros tres hombres que la víctima nombró en un comienzo. No había pruebas físicas que vincularan a Moses-EL con el delito. El sueño de la víctima fue la única "prueba" que se presentó en su contra.

Sin embargo, la fiscalía tenía pruebas disponibles a su alcance: muestras para analizar tomadas en la escena del crimen, las sábanas y la vestimenta de la víctima. Nunca se analizó el ADN de estos artículos. En 1995, tras haber pasado años en la cárcel, Moses-EL obtuvo una orden judicial que ordenaba la realización de un análisis forense de las pruebas, gracias a las cuales podría haber sido liberado. Moses-EL logró recolectar los mil dólares necesarios para pagar las pruebas, gracias a las donaciones de otros reclusos. El juez ordenó a la policía de Denver que entregara las pruebas. La policía marcó la caja que contenía las pruebas con la leyenda: "No destruir" e inexplicablemente la tiró a la basura.

"Literalmente me vine abajo en la celda", les dijo Moses-EL a los periodistas de investigación del Denver Post Susan Greene y Miles Moffeit en 2007. "No podía creerlo. Estaba destrozado. Rompieron sus propias reglas y tiraron a la basura la única llave de mi libertad", afirmó. Los periodistas Greene y Moffeit escribieron sendos artículos sobre Moses-EL y otros prisioneros en cuyos casos se destruyeron pruebas de ADN que podrían haberlos exculpado. Incluso llegaron a ser finalistas del Premio Pulitzer por su serie de artículos "Trashing the Truth" (Desechar la verdad). Desde entonces, Susan Greene se ha convertido en editora del sitio web del periódico The Colorado Independent y no ha dejado de informar sobre el caso de Moses-EL.

Clarence Moses-EL languideció en la cárcel hasta que, en 2012, recibió una carta de otro recluso de Colorado, L.C. Jackson. Jackson fue uno de los tres hombres que la víctima de violación había nombrado inicialmente como sospechosos, hasta que dio el nombre de Moses-EL después de haber tenido aquel sueño. ¿Qué fue lo que Jackson escribió en la carta?: "Realmente no sé qué decirte, pero empecemos por esclarecer lo que ocurrió y permanece en la oscuridad. Tengo muchas cosas guardadas adentro mío. No sé quién está trabajando en esto, pero diles que vengan a verme. Ya es hora. Estaré esperando". Jackson está cumpliendo dos condenas a cadena perpetua por la doble violación de una madre y su hija de 9 años, un delito que se parece mucho a la violación por la que fue condenado Moses-EL.

El Fiscal de Distrito de Denver Mitch Morrisey tardó dos años en considerar la confesión de Jackson. Moses-EL y su equipo de abogados lograron finalmente obtener una audiencia judicial para presentar la confesión de Jackson y otras nuevas pruebas. Hace dos semanas, un juez de Colorado anuló las condenas de Moses-EL y ordenó al Fiscal de Distrito que realizara un nuevo juicio o retirara los cargos. El martes, en una audiencia de fianza, el fiscal solicitó una fecha para el nuevo juicio, que el juez fijó para junio. Horas más tarde, Moses-EL salió de la cárcel: ya no está preso, pero todavía no es realmente libre.

Mitch Morrissey renunciará a su cargo de fiscal de distrito tras 10 años en funciones. Hasta el momento, dos de los candidatos que se presentan para reemplazarlo, Beth McCann y Michael Carrigan, han dicho que retirarán los cargos contra Moses-EL si ganan el concurso para acceder a la fiscalía en noviembre.

Al salir de la cárcel de Denver, Moses-EL dijo a los medios presentes: "Es maravilloso. Esperé tanto este momento". Cuando le preguntaron qué lo mantuvo en pie todos estos años en la cárcel, respondió: "Mi fé y mi inocencia". Clarence Moses-EL no busca venganza. En una pequeña celebración tras su liberación, Moses-EL dijo: "Todavía tengo una vida por delante. Sé que todo saldrá bien. Nunca lo dudé, a pesar de que por momentos sentí que estaba bajo una pila de ladrillos y no podía respirar".

Clarence Moses-EL está deseando empezar a trabajar, poder contribuir a la comunidad. "Quiero servir a la comunidad, en programas donde pueda compartir mi experiencia, mi sabiduría, mi talento, mi creatividad", dijo. El Fiscal de Distrito de Denver Mitch Morrissey sostiene que representa a la población. Es momento de que la población de Denver exija que se retiren los cargos contra Clarence Moses-EL.

© 2015 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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