Guatemala y Honduras: ¿bantustanes para ricos? (I)

Con mirada retronostálgica, aún es posible caminar por el centro de ciudad de México y los barrios con historia” de Buenos Aires, Quito, Montevideo, La Paz, Río de Janeiro. En cambio, los de Lima, Bogotá, Santiago, Panamá, Caracas, apenas conservan vestigios de añejas lozanías urbanas.

 

Tampoco hay que idealizar, pues las “encantadoras” ciudades coloniales, virreinales y republicanas de América Latina trasuntan la historia de sus clases dominantes. En la primera mitad del siglo pasado, los urbanistas ya bosquejaban sus proyectos en función de la imparable producción de automóviles para uso particular, y hacia 1980, con la imposición del modelo neoliberal, empezaron a brotar espacios urbanos enemigos de lo público y de acceso restringido para el ciudadano corriente.

 

Hace unos días, por ejemplo, visité a un funcionario en un barrio exclusivo. Al entrar, un cartel colgado del grueso portón metálico: “Deténgase. Apague el motor. Encienda las luces. Identifíquese”. Y al salir, la inevitable bronca con un guardia malencarado que me ordenó abrir el baúl para cerciorarse de que no había secuestrado a mi anfitrión, con fines inconfesables.

 

En las antípodas de la utopía urbana anarcosocialista, la distopía anarcocapitalista empieza a concretar sus ideales: ciudades “sin Dios, Estado ni ley” y administradas por magnates que, en el caso de países como Guatemala y Honduras y así como sus abuelos, delegan en el Comando Sur la “resolución” de los problemas sociales del país. Y donde sus exclusivas y excluyentes “cartas constitucionales” se rigen invariablemente por un solo principio: “seguridad”.

 

¿Ciudades sin ciudadanos? Visitemos Paseo Cayalá, plástico y artificial remedo de urbe “colonial” situada a escasos kilómetros de la ciudad de Guatemala. Por ahora, Cayalá tiene 14 hectáreas. Según el corresponsal de Associated Press en Guatemala, la élite de Cayalá está compuesta por jóvenes profesionales y parejas recién casadas que viven detrás de grandes muros para sentirse “seguras” frente a la inaudita pobreza, delincuencia y criminalidad del país centroamericano.

 

El único acceso a Cayalá se realiza mediante un garaje subterráneo, donde los residentes y visitantes usan escaleras mecánicas decoradas al estilo art nouveau de las paradas del Metro de París. El cronista observó calles empedradas, clubes nocturnos, restaurantes, cafeterías, boutiques de lujo y policías con armas ocultas que se movilizan en patinetas motorizadas Segway.

 

En caso de una denuncia, la policía nacional de Guatemala necesita orden judicial para ingresar a la “ciudad”. Y todos los problemas son tratados por la asociación de propietarios, que discuten en un “edificio de columnas inspiradas en el Monumento a Abraham Lincoln de Washington y en el Partenón griego”.


Los constructores de Cayalá compraron la tierra en la década de 1980, época en que las matanzas y despojos de tierras de indígenas fueron más despiadadas que las narradas por el cronista Bernal Díaz del Castillo. Y luego de los “acuerdos de paz” con la guerrilla, las castas divinas de la oligarquía guatemalteca volvieron, por vía “democrática”, a los mejores años de la Mamita Yunai y la invasión yanqui de 1954.

 

Mientras, en la vecina Honduras (patria de Francisco Morazán), el espíritu del mercenario William Walter (“presidente” de Nicaragua en 1856-57) y del rey de la banana Sam Zemurray (1911) resucitaba en los políticos que en Tegucigalpa derrocaron al presidente Manuel Zelaya en septiembre de 2009.

 

Los arquitectos guatemaltecos y hondureños enrolados en el llamado “nuevo urbanismo” (que promueve la creación de barrios por donde se pueda caminar) hablan de impulsar “estilos de vida más cosmopolitas”.

 

¿Cuáles serían? ¿Los de Singapur, Hong Kong, Macao, Eurovegas, Jerusalén este? Porque en Estados Unidos y Europa existen férreos marcos regulatorios que desalientan las prácticas especulativas asociadas a la compraventa de tierras urbanas.

 

Los anarcocapitalistas pescan en los ríos revueltos de los estados débiles, o en países “asegurados” por el Pentágono que, como en el caso de Honduras, registran un largo y crónico historial de corrupción institucional, entreguismo y cesión de soberanía.

 

Y allí pusieron el ojo seudoempresas como Free Cities Group, de Paul Thiel (fundador de PayPal), la Future Cities Development Corporation, de Patri Friedman (nieto del gurú neoliberal Milton Friedman), o inversionistas virtuales, como el economista Paul Romer, quien después de fracasar en Madagascar y Mauritania consiguió que los políticos hondureños prestaran oídos a sus proyectos para construir charter cities (ciudades modelo).

 

Las distopías urbanas de las charter cities serían el revés de los “bantustanes” concebidos por los racistas de Sudáfrica y Namibia para los negros. Reservas con independencia nominal (Transkei, Venda, Ciskei), que alojaban y concentraban en su interior poblaciones étnicamente homogéneas, y que los sionistas de Israel prevén para los palestinos de Gaza y Cisjordania.

 

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Injusticia con la fuerza pública y sus reservas

El cuadro número 1 de este escrito es elocuente. Informa con claridad sobre el nefasto resultado de pretender cumplir el artículo 13 de la Ley 4a de 1992, por medio de las ilegalidades implementadas a partir del Decreto 107 de enero 15 de 1996. Sin facultades para hacerlo, esta norma introduce modificaciones estatutarias en la carrera. Su enorme efecto perjudicial afecta a los grados y empleados que abarcan desde Teniente Coronel hasta Adjunto 5°. Lo peor de este error consistió en repetirlo desde 1996 hasta la fecha. Como se ve, la Fuerza Pública y sus Reservas siguen soñando con la ilusión de la nivelación salarial.

 

Este absurdo tuvo origen en fallas entre las que se destacan: 1) La suspensión en 1986 de la nivelación salarial iniciada en 1981; 2) No dar a este proceso la continuidad ordenada en el artículo 13 de la Ley 4a de mayo 18 de 1992; 3) El desconocer el principio de oscilación salarial y demás derechos adquiridos, cuando se modificó el punto de partida de la EGP al reducir la remuneración del General de ser "igual en todo tiempo y por todo concepto a la de los Congresistas"1, por otra inferior: "igual en todo tiempo a lo que devengue un Ministro del despacho ejecutivo como asignación básica y gastos de representación..."2; 4) No haber promulgado dicha EGP antes de 1993, lo cual era indispensable a fin de cumplir el plan de nivelación trazado en el Decreto 25 de 1993; 5) La decisión de incrementar 3,8 veces (equivalente a un 281%) los sueldos más elevados del Estado en el lapso enero 1992 a enero 1993, mientras el salario mínimo subió un 25% y los nuestros un modesto 35%; y 6) A los intereses creados y la negligencia estatal, empeñados en aseverar que el Decreto 106 de 1997 acata la Constitución y la Ley.

 

Ante el silencio gubernamental respecto a nuestros requerimientos sobre esta materia, le presentamos el proyecto de nivelación considerado y conciliatorio que muestra el Cuadro Nº 2, pues el mismo hace abstracción del 43% que representa la Prima especial de servicios que pagan a los altos funcionarios del Estado.

 

No cabe duda de que esta es una distribución de sueldos institucional aterrizada, sin ser la óptima. Tampoco corrige la discriminación de negarnos un reajuste salarial igual al 7,67%, que certificó la Contraloría General de la República para los sueldos más elevados del Estado, dando cumplimiento al artículo 187 de la Constitución, y cuya aplicación debe extenderse a toda la FP porque su retribución tiene base de cálculo la del General. A pesar de que es inferior a la EGP que se pagó en 1980, no es tan lesiva como la que se ve en el cuadro Nº 1, donde los grados y empleados del segmento comprendido entre Teniente Coronel y Adjunto 5° perciben una remuneración menor al 29,18% con relación a la del General. Esta iniciativa no acata la Ley pero paladea el daño causado.

 

"Querer es poder" reza el adagio. La solución apropiada surge de corregir el yerro de 1993, es decir, revertir ese incremento exagerado de emolumentos, lo que permite establecer una estructura salarial digna y equitativa. Por tanto, recomendamos fijar la remuneración total de los Parlamentarios en $13 millones mensuales. Esto equilibra los salarios de la FP. Genera un Sueldo Básico del General de $5.850.000 = (13.000.000 x 45%). Este es el más alto punto de partida de la EGP y referencia de cálculo de los restantes, hasta el más bajo del Adjunto 5° que sería $585.000. Como se aprecia, conduce a una EGP casi igual a la del Cuadro Nº 2; además, tiene la virtud de acatar la legalidad con rigor y enmendar la falla en que incurrió el gobierno en el lapso enero 1992 a enero 1993.

 

Atrapados por el neoliberalismo en este conflicto social de todos contra todos, la ingenuidad, el miedo y la duda han impedido a la Reserva Democrática de Colombia fortalecerse y organizarse a fin de exigir mancomunadamente lo que merece y queda plasmado en metas como la expresada en el párrafo anterior.

 

* Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

 

1 Decreto 335 de febrero 24 de 1992. Precepto aplicado entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992.

2 Decreto 921 de junio 2 de 1992, fórmula ilegal aplicada desde el Decreto 107 de 1996, dando a entender que cumple la Ley 4a de 1992.

 

Cuadro 1

 

Cuadro Nº 1. Fuerza pública, Estructura salarial año 2012

 

Grados

EGP

SB $

Primas  

TOTAL-PES

EGP-PES

TOTAL+PES

EGP-REAL

General    

100,00%

4.439.827

8.542.122

12.981.949

100,00%

22.659.838

100,00%

Mayor General      

96,91%

4.302.477

5.260.702

9.563.179

73,67%

9.563.179

42,20%

Brigadier General    

86,62%

3.845.965

4.716.083

8.562.048

65,95%

8.562.048

37,79%

Coronel    

67,13%

2.980.381

3.631.778

6.612.159

50,93%

6.612.159

29,18%

Teniente Coronel    

52,36%2.324.765NDNDND  

Mayor  

45,53%2.021.400NDNDND  

Capitán   

37,47%1.663.524NDNDND  

Teniente 

32,73%1.453.120NDNDND  

Subteniente

28,94%1.284.735NDNDND  

Sgto. Mayor  

32,56%1.445.653NDNDND  

Sgto. Primero  

27,98%1.242.109NDNDND  

Sgto. Viceprimero    

25,32%1.124.267NDNDND  

Sgto. Segundo 

23,14%1.027.301NDNDND  
 Cabo Primero   21,40%950.226NDNDND  
 Cabo Segundo 20,75%921.145NDNDND  
Soldado Profesional 17,73% 793.380NDNDND  
 Agente 18,82% 835.483NDNDND  

 Fuentes. Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000; 842 y 853 de 2012. Contraloría General de la República.

 

Nota. No se incluye el personal no uniformado, debido a que el Decreto 843 de 2012 no contempla EGP, establece 39 niveles y 6 categorías, sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 4ª. de 1992. La propuesta presentada en 1994 al Ministerio de Defensa Nacional contempla todos los grados y empleados que requiere la FP.

 

Convenciones. EGP: Escala Gradual Porcentual. SB $: sueldo básico en pesos. Total-PES: remuneración sin prima especial de ser-vicios. EGP-PES: escala gradual porcentual sin prima especial de servicios. Total+PES: remuneración incluyendo la prima especial de servicios. EGP-Real: porcentaje de remuneración respecto a la total del general. ND: no disponible y muy inferior respecto a la que devenga el Coronel.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la prima especial de servicios. Reajustado en el 7.67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de los ministros año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de representación (48.64%) $6.314.420 + Prima de dirección (24.00%) $3.115.667 = $12.981.949.

Remuneración de los generales año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Sueldo básico 4.439.827 + Primas 8.542.122 = $12.981.949. SB = 3.551.862 + 6.314.420 X 45% = $4.439.827.

 

Cuadro 2

 

Cuadro Nº 2. EGP propuesta en 1994 a pesos de 2012

 

Grados   

EGPSB $EmpleadosEGPSB $

General 

100%5.841.878Especialista Asesor 1º75%4.381.409

Mayor General    

95%5.549.784Especialista Asesor 2º70%4.089.315

Brigadier General   

90%5.257.690Especialista Jefe60%3.505.127

Coronel    

80%4.673.502Especialista 1º55%3.213.033

Teniente Coronel    

75%4.381.409Especialista 2º50%2.920.939
Teniente Mayor70%4.089.315Especialista 3º45%2.628.845
Capitán60%3.505.127Especialista 4º40%2.336.751

  Teniente    

55%3.213.033Especialista 5º37%2.161.495

Subteniente    

50%2.920.939Especialista 6º34%1.986.239
      

Sgto. Mayor   

60%3.505.127Adjunto Jefe31%1.810.982

Sgto. Primero   

55%3.213.033Adjunto Intendente28%1.635.726

Sgto. Viceprimero    

50%2.920.939Adjunto Mayor25%1.460.470

Sgto. Segundo   

40%2.336.751Adjunto Especial22%1.285.213

Cabo Primero    

35%2.044.657Adjunto 1º19%1.109.957

Cabo Segundo   

30%1.752.563Adjunto 2º16%934.700

Soldado Profesional    

20%1.168.376Adjunto 3º13%759.444

Agente    

20%1.168.376Adjunto 4º11%642.607

 

Convenciones.

EGP: escala gradual porcentual. SB $: sueldo básico en pesos de 2012.


Fuentes.

Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000, 842 Y 853 de 2012. EGP propuesta al gobierno nacional en 1994. Normas estatutarias vigentes para la Fuerza Pública.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la Prima especial de servicios. reajustado en el 7,67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de ministros y generales.

Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de Representación (48,64%) $6.314.420 + Prima de Dirección (24,00%) $3.115.667 = $12.981.949. Sin incluir la prima especial de servicios.

SB $ del General: 12.981.949 X 45% = 5.841.878, resultante de respetar el derecho adquirido a que el General devengue una remuneración igual a la de los Ministros en todo tiempo y por todo concepto, distribuida 45% como sueldo básico y 55% como primas.


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Publicado enEdición N°187
Viernes, 24 Agosto 2012 06:25

Sudáfrica y el fantasma mexicano

Sudáfrica y el fantasma mexicano
Este fin de semana empiezan a enterrar a los mineros masacrados por la policía sudafricana en la mina de platino de Marikana. Habrá máxima tensión, pero no solo ante el temor de que el saldo de muertos supere la cifra de 44 ya alcanzada desde que las demandas de aumentos de sueldo de los mineros desembocaran hace 10 días en choques violentos. La tensión se extiende a toda Sudáfrica. Marikana no es un conflicto meramente local, no es una trágica aberración. Se ha abierto una caja de Pandora y lo que está en juego es nada menos que el gran e indiscutible logro desde que Nelson Mandela asumió la presidencia en 1994: la paz. Los herederos de Mandela en el Gobierno del Congreso Nacional Africano (CNA) pierden control y credibilidad; aumenta el riesgo de que las revueltas sociales se extiendan por todo el país.

 
Cuando pienso en Sudáfrica hoy día pienso en México y en George Orwell. La conexión mexicana, la verdad, se me ocurrió a los pocos meses de que Mandela ganara aquellas primeras elecciones democráticas, acabando con tres siglos y medio de dominación blanca, cuando me pidieron que hiciera de abogado del diablo y escribiera un artículo postulando una visión negativa de lo que podría pasar en la Sudáfrica liberada. Dije que temía que el CNA se acabara convirtiendo en un PRI, o en aquel PRI que en el siglo XX gobernó sin interrupción durante 70 años: es decir, en un partido revolucionario institucional en el que —como delata el nombre— se apela a la retórica progresista de siempre, en defensa de las masas y tal, pero el objetivo principal es perpetuar a una élite en el privilegio y el poder. El mecanismo que creó el PRI para forjar su “dictadura perfecta” —como, con mucho atino, la describió Mario Vargas Llosa— fue una coalición entre el partido dominante, el sindicalismo, el empresariado y otras fuerzas sociales, apoyada por las fuerzas de seguridad.

 
No me equivoqué. En México se ganó estabilidad a costa de corrupción endémica e injusticia social. En Sudáfrica se ha llegado, después de 18 años, a algo muy parecido. Como en la parábola de Orwell, Rebelión en la granja, los revolucionarios son hoy la imagen y semejanza (salvo en el color de su piel) de los antiguos amos que en su día, y con enorme sacrificio e idealismo, derrocaron. Las terribles escenas que se vieron en televisión la semana pasada de policías abriendo fuego contra mineros armados con machetes, y algunos con pociones que creían que les harían invencibles contra las balas, evocaron la época del apartheid cuando el único instrumento de persuasión que tenía el Gobierno blanco en relación con la mayoría negra era el fusil.


A esto se ha llegado en Sudáfrica. Menos mal que Mandela, a sus 94 años, se entera de poco de lo que ocurre a su alrededor, mucho menos de la realidad política nacional. La revuelta de Marikana, la más dramática de miles que se han visto a lo largo de este año en las localidades pobres negras del país, escenifica la frustración y la rabia de un creciente porcentaje de la población contra el poder establecido. En este caso específico, la frustración de los mineros surgió de la complicidad que detectaron entre la empresa británica dueña de la mina de platino, Lonmin, y el sindicato que toda la vida les había representado, el Sindicato Nacional de Mineros, conocido por sus siglas en inglés, NUM. Se convencieron de que la NUM, el sindicato más grande del país, había dejado de defender sus intereses y ahí nació Amcu, una organización más visceral que coherente, sin plan estratégico o ideología definida, pero que expresa los sentimientos de muchos mineros. Fue contra los mineros nuevamente incorporados a Amcu, en huelga por un aumento de sueldo, contra los que los policías dispararon.

 
La rabia de los mineros, la que desencadenó los actos violentos que condujeron también a la muerte de dos policías, a machetazos, proviene no solo de la convicción de que reciben sueldos miserables, sino de ver que los jefes sindicalistas viven, relativamente hablando, como reyes. El presidente de la NUM gana 25 veces más al mes que los mineros que se unieron a Amcu. Cuando apareció en la mina de Marikana después de la masacre no pudo salir del coche de policía que lo transportaba, por temor a que lo mataran.

 
Lo que ha pasado es que tanto la NUM, como otros sindicatos que hace 20 y 30 años estaban en la vanguardia de la lucha contra el apartheid, como el Gobierno del Congreso Nacional Africano con el que están íntimamente aliados, se han aburguesado. Y han perdido el contacto con la gente de a pie, especialmente la mayoría que vive en la pobreza, que tuvieron en los tiempos de la lucha por la liberación. Pertenecen a una clase de animal distinta, depredadora, que se reparte el poder y la riqueza entre sí. El movimiento de personal entre los sindicatos, el CNA e, incluso, el empresariado se ha vuelto fluido. Un personaje lo define. Se llama Cyril Ramaphosa, el fundador de la NUM en 1982, negociador número uno del CNA durante la transición a la democracia a principios de los noventa y ahora un magnate cuya fortuna se mide en cientos de millones de euros.

 
Ramaphosa, un favorito de Mandela en su día y para muchos el que debería de haberle sustituido cuando dejó la presidencia, es miembro de la junta directiva de Lonmin, considerados (y no solo por Amcu) como unos viles explotadores. Pero Ramaphosa sigue siendo no solo una figura emblemática en la NUM, sino uno de los barones más influyentes del CNA. Como en México en los años de gloria del PRI, las elecciones generales son insignificantes a la hora de determinar la identidad de futuros presidentes y de sus ministros comparado con las elecciones internas en la cúpula del CNA, donde un reducido grupo de políticos, sindicalistas y empresarios negros nuevos ricos centralizan el poder.


La visión macro de todo esto quizá no lo entiendan muchos de los millones de los habitantes de las chabolas de Sudáfrica, donde las cifras de paro son parecidas a las de España (aunque con infinitamente menos apoyo estatal), pero lo ven todos los días en las poblaciones donde viven. Ven que los representantes locales del CNA o de los sindicatos tienen coches nuevos, muchas veces Mercedes Benz, y viven en casas bonitas. Ven que los que ocupan puestos políticos en los municipios se ocupan más de enriquecerse, muchas veces de manera corrupta, que de servir a la gente, de proveer luz, agua, educación y sanidad decente para los que les han votado. Ven, en resumen, que con demasiada frecuencia la gente se incorpora hoy al CNA y a sus organizaciones aliadas no para construir un mundo más justo, sino para avanzar sus propios intereses.

 
Aguantarían la pobreza con resignación y paciencia, quizá, si no vieran que en la Nueva Sudáfrica, como en Rebelión en la granja, algunos animales son más iguales que otros. Pero sí lo están viendo, en toda su indisimulada obscenidad, y por eso en Marikana la olla de presión estalló, por eso en las minas vecinas el poder de Amcu crece, por eso en diferentes partes del país, incluso en la bella y turística Ciudad del Cabo, 1.500 kilómetros al sur de Marikana, se oye un alarmante runrún, se huele revuelta, entre los marginados.
 

¿Hay solución? Sí. Primero que el CNA tenga la astucia política necesaria para cooptar a los que se empiezan a rebelar, que reconecte con la gente, que utilice las palabras, no las balas, para persuadir. Segundo —y sin esto lo primero servirá solo como solución cosmética—, el CNA tiene que volver a principios básicos, tiene que recordar que, como dijo Mandela cuando salió de la cárcel, sus representantes son “sirvientes del pueblo”. Lo de Marikana ha sido como un infarto al que uno sobrevive, pero que deja un claro mensaje: o se cambia radicalmente de hábitos de vida o las consecuencias serán catastróficas. La cuestión ahora en Sudáfrica es si la coalición dominante es capaz de cambiar los malos hábitos adquiridos tras 18 años en el poder, o si la corrupción moral les ha contaminado, de manera irrecuperable, el alma.


John Carlin 24 AGO 2012 - 00:07 CET

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La Organización de Estados Americanos reincorpora al Estado hondureño, luego de cerca de 2 años de expulsión, sin exigirle antes el cumplimiento elemental de principios básicos de justicia.
 
 “No exigimos que resuciten a nuestros muertos. Por justicia pedimos cárcel para quienes instauraron un régimen de la muerte con el golpe de Estado en Honduras. Ahora que la OEA reincorpora al Estado hondureño, como si aquí no hubiera pasado nada, quienes nos masacraron se nos ríen en la cara. No exigimos ni venganza, ni olvido. Exigimos justicia.” Así expresa doña Maira su sentimiento de indignación e impotencia ante el silencio de la justicia y el retorno del Estado hondureño a la OEA.
 
Frente a este hecho, las y los hondureños se preguntan: Eso del golpe de Estado que molestó incluso a la OEA en su momento, ¿qué fue, un cachondeo? ¿Fueron fantasmas quienes rifle en mano expulsaron al Presidente del país? ¿Dónde diablos están quienes torturaron y asesinaron a más de 200 personas durante y después del golpe?
 
¿Son ángeles inmaculados venidos del cielo quienes asesinaron a 12 comunicadores sociales durante el régimen actual? ¿Dónde están los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado? ¿En qué reclusión penal purga sentencia Roberto Micheletti Bain, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los militares y los congresistas que destituyeron al Presidente, incluso con una firma de renuncia falsificada?
 
Así se premia a los autores del golpe de Estado en Honduras
 
Roberto Micheletti Bain fue condecorado como héroe nacional por su cómplice Oscar Andrés Rodríguez (cardenal), nada menos que en el Santuario de la Virgen de Suyapa, en 2010. Hace unos meses atrás, fue denunciado por robar energía eléctrica y no pagar los servicios de agua para sus empresas. Actualmente es uno de los principales apologetas de los golpes de Estado para domesticar a gobiernos progresistas en la región. ¿Acaso éste no es un arquetipo de Frankenstein para la democracia en América?
 
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (15), que galvanizaron el golpe de Estado, continúan señoreándose y administrando justicia para los suyos y encarcelando a las y los insubordinados en el país. Expulsaron del sistema judicial a jueces que denunciaron la criminalidad de la ruptura del orden constitucional y blindaron judicialmente, de cualquier intento de destitución, al Fiscal General que promovió el golpe. Hicieron la pantomima de juzgar a Manuel Zelaya, por supuestos actos de corrupción, sólo para amedrentarlo. ¡Esta es la justicia que la OEA respalda con su última resolución!
 
Los políticos que legalizaron el golpe, siguen redactando leyes perversas, en 15 minutos, en el Congreso Nacional. Desde la perspectiva de los interese de empresarios privados, el golpe de Estado tuvo por finalidad legalizar la transferencia rápida a manos privadas de los bienes del país (recursos naturales) Durante el golpe se aprobó la Ley General de Agua (que mercantiliza el agua). Las y los legisladores, en estos dos años del quiebre constitucional, se constituyeron en simples tramitadores de concesiones de ríos, playas, suelos y bosques a manos privadas. ¿Acaso estos actos no son delitos de lesa humanidad?
 
Se negociaron leyes como la de Plan de Nación y Visión de País (hasta 2038), Ley de inversión Pública Privada (por la que el Estado pierde y los privados ganan), Ley Antiterrorista (que criminaliza la protesta social), Ley de Promoción de Empleo por Horas (que sepulta las 8 horas de trabajo). Derogaron el Decreto 18-2000 que redistribuía tierras a campesinos sin tierra. Ahora, luego de haber reglamentado el reparto de las ciudades modelo, negocian la Ley de Minería, siempre en 15 minutos y a espaldas del pueblo. ¿Es esto democracia para la OEA?
 
El Gral. Romeo Vásquez V., autor material e intelectual del golpe, fue y es premiado con el cargo de gerente general de la empresa nacional de telecomunicaciones, Hondutel. La Marina Mercante y Migraciones son premios entregados a militares que ejecutaron el golpe. René Osorio, militar que encabezó al pelotón de armados que irrumpió en la casa presidencial el 28 de junio de 2009, ahora, es el Jefe de las FFAA de Honduras.
 
La persecución, seguida de tortura y asesinato, es una política de Estado vigente en el régimen actual. En estos momentos persiguen con una querella al Obispo Luis A. Santos sólo porque se opuso al golpe de Estado y al régimen de la muerte instaurado en Honduras, país en la que cada 43 minutos cae una persona acribillada a bala.
 
En este contexto, la OEA, con su última resolución, no sólo legitima a los autores del golpe de Estado premiados en Honduras, sino que justifica el retroceso de más de un siglo en materia de derechos humanos en el país, y la reincorporación del golpe de Estado en la democracia latinoamericana del siglo XXI. Los gobiernos del continente que permiten el retorno de Honduras al seno de la OEA, en las condiciones actuales, cavan su propia tumba (y la de sus sucesores) en la que sus tiranos, más temprano que tarde, los enterrarán.

Ollantay Itzamná
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Madrid viernes, 13 de mayo. América Latina continúa siendo la región con más desigualdades del mundo, a pesar de haber reducido un poco los índices de pobreza, sobre todo en Venezuela, señala el informe anual de Amnistía Internacional (AI), que este año celebra su 50 aniversario.

El documento divulgado este viernes advierte que todavía quedan numerosos y graves problemas que resolver: las consecuencias del conflicto bélico de más de 45 años en Colombia, la marginación de las comunidades indígenas y la tendencia de los gobiernos de la región a privilegiar los intereses económicos frente a los derechos humanos.

Latinoamérica, en su condición de subcontinente y con una población de unos 580 millones de habitantes, no logra superar su condición de región con más desigualdades del mundo, por encima de África y Asia. El año pasado hubo reducción de los índices de pobreza en países como Brasil, Argentina, México y Venezuela. No obstante,muchas de las naciones menos desarrolladas no experimentaron ninguna mejora tangible y, al finalizar 2010, América Latina seguía siendo la región con más desigualdades del mundo.

Susan Lee, directora del programa para América de AI, explicó que pese al auge económico que vive la región y la estabilidad financiera y social sin precedentes, prevalece en los gobiernos la tendencia de ignorar a la gente más humilde frente a los intereses económicos, incluidos los pueblos indígenas, y esto es una situación bastante preocupante para el futuro de la región.

Sostiene: Es frecuente que los gobiernos no garanticen el respeto de los derechos en la práctica, ni siquiera en el caso de quienes corren más riesgo de sufrir abusos, como las personas que viven en la pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas. Esta situación se da sobre todo cuando existen poderosos intereses económicos que consideran que respetar los derechos de las comunidades pobres y marginadas es contrario a sus objetivos económicos.

Tache a Colombia en derechos

Lee reconoció que los dos únicos países que no han registrado mejoras en la defensa de los derechos humanos son Colombia y México. En el caso de Colombia, son todavía muy críticos los estragos que provoca el conflicto armado interno, que hace que la población civil sufra la peor parte de las hostilidades. En el país caribeño, miles de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, homicidio ilegítimo, secuestro o desaparición forzada a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares.

Le preocupa especialmente el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas, así como la sistemática negación de los derechos reproductivos, sobre todo –esto último– en países como Chile, El Salvador y Nicaragua, donde todavía se encarcela a cualquiera que practique un aborto o intente abortar, incluidas las niñas y las mujeres embarazadas por una violación o cuya vida corría peligro si continuaban el embarazo.

En relación a los ataques a la libertad de expresión, AI señaló que “casi 400 trabajadores de medios recibieron amenazas o sufrieron ataques, y al menos 13 periodistas murieron por agresores no identificados. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en México, seguido de Honduras, Colombia y Brasil. En muchos casos se creía que las víctimas fueron objeto de represalia debido a sus esfuerzos por denunciar corrupción o las relaciones entre funcionarios y las redes de delincuentes.

El informe destaca que la proliferación del tráfico de armas ligeras causa el aumento general de la violencia, y que la corrupción endémica de las instituciones del Estado redujo su capacidad para responder a la delincuencia organizada: Los gobiernos se mostraron reacios a abordar este problema sistemático y prolongado. En cambio, recurrieron de forma creciente al ejército para responder a la delincuencia organizada y a otras amenazas para la seguridad.

Finalmente llama en especial la atención sobre la situación en Haití después de los desastres naturales que devastaron la isla, con saldo de 230 mil muertos y millones de personas sin hogar, de las cuales más de un millón aún siguen viviendo en casas de campaña o campamentos provisionales.

El informe puede consultarse completo en www.amnesty.org.

Por Armando G. Tejeda
Corresponsal
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"Políticos con un neto componente de animalidad". Así definía Aristóteles a los gobernantes que ostentaban el poder cuando este no estaba sujeto a las leyes. En principio, la democracia debía desterrar de la política las animaladas, aunque la realidad se empeña, especialmente en los últimos tiempos, en demostrar lo contrario. Ahora el poder está sujeto a las leyes, pero de poco sirve si, como constatan fenómenos como la loca carrera legislativa de Silvio Berlusconi, que el poder puede cambiar esas leyes a su antojo.

La denuncia del desmoronamiento de los principios democráticos desde el interior del mismo sistema es el objetivo de Poderes salvajes (Trotta), el último libro del prestigioso jurista italiano Luigi Ferrajoli. "El grado de inefectividad del paradigma constitucional puede llegar a ser patológico. Es lo que está sucediendo en Italia, donde se ha violado la Constitución para sustraer al presidente del Gobierno de los procesos penales en los que está implicado", afirma Ferrajoli.

Lejos de consentir con la imagen de limpieza y equidad que exportan las democracias occidentales, Ferrajoli alerta sobre la continua transgresión de los derechos fundamentales de las personas en estos países y del retroceso en las políticas sociales.

"Las razones de la regresión son bien conocidas: las políticas neoliberales de todos los países ricos y la abdicación del gobierno del Estado frente a las lógicas salvajes del mercado. El actual momento histórico está marcado por una paradoja: de un lado, el crecimiento de la complejidad social y los desafíos de la globalización, que exigirían el máximo desarrollo de la esfera pública; del otro, la afirmación de la primacía de la economía y de los intereses privados, exaltados como motores del progreso y del crecimiento, y de ahí la reducción de la esfera pública y su subordinación a los intereses particulares", según explica a Público.

Límites al poder privado

El autor, padre del garantismo penal (que busca reforzar las leyes para asegurar la "protección social"), no se queda en la denuncia y propone medidas "urgentes" que limiten los poderes privados, de igual manera que se limitan los poderes públicos. "El poder privado, salvaje en ausencia de límites, debe ser limitado mediante su sujeción a la ley, por la radical separación de los poderes públicos, a través de un rígido sistema de incompatibilidades; con el reforzamiento de las garantías de los derechos de los trabajadores, hoy disueltas por la creciente devaluación y precarización del trabajo; convirtiendo en públicos todos los bienes comunes, como el agua, el aire y el medio ambiente, sustrayéndolos al mercado", enumera Ferrajoli.

Las franjas sociales que más están notando esta degradación democrática en forma de recorte de derechos son las minorías. Los últimos espectáculos de inhumanidad en Europa son recientes: el abandono en la isla de Lampedusa de inmigrantes libios que huían de la guerra o el cierre de la frontera entre Italia y Francia para evitar la circulación de ciudadanos tunecinos. En España, las cuotas de detención de inmigrantes en las calles y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) también han sido fuente de importantes polémicas. "Los CIE son ilegítimos", responde Ferrajoli. "Las leyes y las políticas europeas en materia de inmigración son la más vergonzosa contradicción de la retórica oficial en materia de igualdad, derechos humanos y dignidad de la persona", añade.

Desde hace dos años, la ma-yoría de los gobiernos occidentales han justificado una política de recortes sociales como única vía de escape a la crisis económica, un discurso al que Ferrajoli da la vuelta tildándolo de injustificado: "La garantía de los derechos vitales, sobre todo en los periodos de crisis, no es sólo la inversión más productiva, sino que hace crecer la demanda y por tanto las inversiones y el empleo. Es un factor de crecimiento económico. Si no se desarrollan lo suficiente las garantías de los derechos fundamentales es, en primer lugar, porque estos suponen límites a los poderes y, en segundo lugar, porque cuestan. Esto es así desde una visión miope y cortoplacista de la política, porque a largo plazo es bastante más costosa su ausencia o su violación".

Ferrajoli dedica un apartado especial de Poderes salvajes a denunciar la alarmante falta de separación de poderes que existe en algunos países occidentales, especialmente entre la esfera pública y la privada. "Los conflictos de intereses, en las formas de la corrupción o del intercambio político con los lobbies corporativos y, sobre todo, con los medios de comunicación, son hoy fenómenos endémicos en todos los ordenamientos democráticos, en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política", sostiene el jurista.

El imperio informativo

De nuevo, la situación en Italia a este respecto es especialmente inquietante, con la figura de Silvio Berlusconi al frente del país y de un totémico imperio mediático. Curiosamente, en este país existe desde hace más de medio siglo una norma que excluye la elegibilidad para cargos públicos de los titulares de concesiones de servicios públicos, como lo es el servicio televisivo. Berlusconi, según esta norma, no podría estar siquiera en el Parlamento.

Sin embargo, en el resto de países también encontramos imperios de la información, algunos de ellos internacionales. Ferrajoli cree que las democracias actuales no ofrecen garantías suficientes para la libertad de información, ni siquiera para los derechos a la no desinformación: "La libertad de información no puede ser considerada una simple variable dependiente del libre mercado. Tendría que consistir en la rígida incompatibilidad entre propiedad de los medios y titularidad de poderes públicos y, al mismo tiempo, en la prohibición de concentración de las cabeceras. No debería permitirse a nadie poseer más de una cabecera periodística o televisiva, para impedir que los rendimientos de cada empresa periodística sean invertidos, no en su fortalecimiento, sino en la adquisición de la competencia".

En su libro, Luigi Ferrajoli también pone el foco en las grietas que debilitan el sistema democrático en su base, como la despolitización masiva o la desactivación de la opinión pública. "Se utilizan métodos de sistemas autoritarios para destruir la opinión pública, como la desinformación o la promoción del desinterés y la indiferencia por los intereses públicos", concluye el autor italiano.

Contra el libre mercado y el crimen

Acción

Luigi Ferrajoli denuncia la desactivación de la opinión pública por parte de los intereses privados y llama a la toma de conciencia política y a la acción ciudadana. "Esta situación tiene que ser contestada, lo primero, en el plano político cultural, a través de una participación más activa y consciente de los ciudadanos en la vida pública y en la elección de sus representantes. Pero su superación exige también la introducción de garantías adecuadas capaces de impedir las concentraciones de poder y las colusiones de intereses". 

Droga

El jurista italiano ha defendido en multitud de foros la legalización de las drogas como método para acabar con la marginalidad y la criminalidad. "Los gobiernos no lo incluyen en su agenda por pura demagogia. El actual prohibicionismo, equivale de hecho al monopolio criminal del comercio de la droga, que representa el principal factor tanto de la gran criminalidad del narcotráfico, como de la pequeña criminalidad callejera de los pequeños traficantes. Además, este absurdo monopolio criminal es también el principal factor de difusión de la droga, ya que el mercado ilegal ejerce una presión insidiosa sobre los más jóvenes -a veces a través de la distribución gratuita de drogas en las escuelas- por los enormes intereses que persiguen extraer de ellas el máximo provecho.

Integración

La emigración ha existido siempre y generalmente los inmigrantes han vivido una historia de opresión, pero democracias como la italiana han ido aún más lejos, creando la figura de la ‘persona ilegal', sin derechos y expuesta a cualquier tipo de vejación. Para Ferrajoli, "estas políticas de exclusión por razones de seguridad tienen el efecto opuesto, porque los excluidos de la sociedad civil terminan estando dispuestos y expuestos a hacerse incluir en las comunidades inciviles y delincuenciales de las orga-nizaciones criminales. Con la cuestión de la emigración, Europa está perdiendo su identidad civil más aún que la democrática".

Límite

Los límites para los poderes privados, según Ferrajoli, no deben ser distintos de los contemplados para los públicos. "El problema es que los poderes privados, por una mitificación ideológica, han sido presentados como ‘libertades'. Al respecto es significativa la propia expresión ‘estado de derecho', que sugiere la idea de que los únicos poderes que merecen ser limitados son los del estado, y no también los privados, concebidos como derechos de libertad y no como poderes".

Social

Frente a la avalancha de recortes sociales que impera en las democracias occiden-tales, Ferrajoli defiende la defensa de todos los derechos fundamentales. "Sin garantía de la salud, la educación y la subsistencia no hay desarrollo. Lo prueba la mayor riqueza de las democracias avanzadas en relación con los demás países y con su propio pasado: nuestras democracias son más ricas sobre todo porque han satisfecho los mínimos vitales. Por eso, los gastos sociales no son un lujo, sino una necesidad. Son la inversión pública más productiva".

Sumisión

El jurista pone en la cúspide de las causas de la crisis la sumisión de los poderes públicos a los intereses privados: "Esta sumisión es evidente y se debe a múltiples factores: la victoria de las derechas, de siempre ideológicamente contrarias a las garantías de los derechos sociales, los conflictos de intereses, la corrupción, la relación perversa entre dinero y política y la falta de una efectiva responsabilidad de los gobernantes. De hecho, en casi todos los países golpeados por la crisis, la gestión de la misma ha sido confiada, directa o indirectamente, a sus principales responsables".

Por JESÚS MIGUEL MARCOS MADRID 03/05/2011 08:30
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Hablar con Clive Stafford Smith es perderse en el mar de números y referencias con los que los militares estadounidenses han identificado a los 756 detenidos que desde enero de 2002 han pasado por el penal de Guantánamo. El director de Reprieve, la organización británica que se ha hecho cargo de la defensa legal de decenas de detenidos, conoce sus casos al dedillo. Ahora se alegra de que los llamados papeles de Guantánamo hayan salido a la luz. A su juicio muestran cómo militares sin experiencia fabricaron evidencias donde no las había para justificar la detención y el traslado de cientos de prisioneros en el marco de la llamada "guerra contra el terror" que la Casa Blanca declaró tras el 11-S. Pero también, advierte de que lo que figura en las fichas secretas es solo la punta del iceberg, que lo que allí ocurre "es cien veces peor"; 15 clientes están aún entre rejas.

Pregunta. ¿Qué lecciones podemos extraer de los papeles de Guantánamo?

Respuesta. Los documentos son solo el 1% de los existentes, pero de alguna manera son una especie de destilación de los peores procedimientos. En ellos se ven los abusos a los prisioneros, la falta de fiabilidad de los testimonios y lo naif que son los militares estadounidenses. Las supuestas evidencias de las que hablan son falsas. Si comparamos el contenido de los papeles con el dictamen de los jueces federales estadounidenses, queda claro que utilizan fuentes nada fiables y completamente inútiles. Basta con ver el caso de Mohamed el Gharani. La persona que le delató dijo que formaba parte de la llamada célula de Londres. ¡Pero el chico tenía 11 años cuando se supone que preparaba atentados y nunca había estado en el Reino Unido!

P. ¿Por qué cree que los papeles son una destilación de lo peor?

R. Porque los documentos son una basura en cuanto a su fiabilidad. De los 756 encarcelados inicialmente, un total de 584 han sido liberados porque no se les considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. En los papeles sin embargo se dice que son sujetos peligrosos. Como abogado, yo he tenido acceso a 5.000 folios de documentos de mis clientes y le puedo asegurar que el 1% que ahora vemos son un ejemplo de fabricación de evidencias.

P. Las fichas secretas describen a decenas de detenidos con enfermedades psiquiátricas. ¿Son en su opinión un reflejo del estado de los prisioneros dentro del penal?

R. La mayoría de los enfermos mentales no aparecen en las fichas. Hay muchísimos más. Conocemos muchos casos de enfermos graves que en los papeles se les considera sanos. De los 172 que quedan, más de la mitad sufren algún tipo de enfermedad. Los que estaban enfermos cuando llegaron han empeorado y los que estaban sanos al llegar han enfermado. La verdad de Guantánamo es 100 veces peor de lo que aparece en las fichas de Wikileaks. Es peor en cuanto a abusos y a evidencias. Aun así, creo que es positivo que hayan salido a la luz.

P. ¿Cree que la filtración contribuirá a acelerar el cierre de Guantánamo?

R. Creo que va a ser un proceso largo. Los republicanos utilizan el tema de Guantánamo para dividir y para dañar la imagen de Obama.

P. ¿Piensa que las revelaciones abren la puerta a nuevas acciones legales para pedir compensaciones?

R. Hay documentos que hablan de la implicación británica. Eso abre la puerta a nuevas demandas en Reino Unido.

P. ¿Y en Estados Unidos?

R. Allí es muy difícil. La justicia es muy sesgada. No creo que podamos ganar muchos casos en Estados Unidos.

Por ANA CARBAJOSA - Madrid - 26/04/2011
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Llegué a la más reciente historia de escándalo de la diplomacia estadunidense con el más profundo cinismo. Y este martes, entre el polvo que dejaron en El Cairo las elecciones al Parlamento egipcio –la acostumbrada mezcla de farsa y fraude, pero al menos mejor que la estrategia de conmoción y pavor–, rebusqué entre varios miles de reportes diplomáticos estadunidenses con algo parecido a la desesperanza absoluta. Después de todo, ¿acaso no se atribuye al presidente egipcio, Hosni Mubarak, haber afirmado que uno se puede olvidar de la democracia?

No es que los diplomáticos estadunidenses no entiendan a Medio Oriente: simplemente han perdido de vista la injusticia. Enormes cantidades de textos diplomáticos prueban que la columna vetebral de la política de Washington hacia la región es alinearse con Israel, que su principal objetivo es alentar a los árabes a unirse a la alianza estadunidense-israelí contra Irán, y que el eje de la política estadunidense durante años y años ha sido domar/amedrentar/ aplastar/ oprimir y, finalmente, destruir el poderío iraní.

No hay alusión alguna (al menos en lo revelado hasta ahora) a los ilegales asentamientos judíos en Cisjordania, a los puestos de control externos ni a los colonos extremistas que han salpicado como viruela la Cisjordania palestina; en suma: ninguna referencia al vasto sistema ilegal de despojo de tierra que está en el corazón de la guerra israelí-palestina. Increíblemente, toda clase de dignos diplomáticos estadunidenses se arrodillan y humillan ante las demandas israelíes –muchos son, al parecer, fervientes partidarios de Israel–, mientras los jefes del Mossad y de la inteligencia militar israelí hacen su lista de encargos a sus benefactores.

Hay un pasaje maravilloso en los cables, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, explica a una delegación del Congreso estadunidense, el pasado 28 de abril, que un Estado palestino debe ser desmilitarizado, sin control sobre su espacio aéreo y su campo electromagnético (sic), y sin la facultad de celebrar tratados o de controlar su frontera. Bueno, digamos adiós, entonces, al Estado palestino viable (en palabras de lord Blair de Isfahan) que se supone queremos. Y al parecer los chicos y chicas del Congreso estadunidense no dijeron nada.

Repasamos los archivos de Wikilieaks en The New York Times en busca de la mejor frase. Tenemos la convicción del rey saudita Abdullah, vía su embajador en Washington (diestro en el manejo de la prensa), de que Estados Unidos debe cortar la cabeza a la serpiente, o sea Irán, Ajmadineyad, las instalaciones nucleares iraníes o lo que sea.

Pero los sauditas siempre amenazan con cortarle la cabeza a la víbora en boga. En 1982 Yasser Arafat prometió cortar el brazo izquierdo de Israel tras la invasión a Líbano, a lo que Menahem Begin respondió que él le cortaría el brazo derecho a Arafat. Y supongo que cuando los famosos archivos de Wikileaks nos revelan que los diplomáticos estadunidenses llaman serpientes de visa a los indeseables que la solicitan, no queda más que concluir que los reptiles tienen mucha demanda.

El problema es que, por décadas, los potentados de Medio Oriente han amenazado con cortarles la cabeza a serpientes, víboras, ratas e insectos iraníes –epíteto éste que era uno de los favoritos de Saddam Hussein, quien para ello usó el insecticida que le proporcionó Estados Unidos, como bien sabemos–, en tanto líderes israelíes han llamado a los palestinos cucarachas (Rafael Eitan); a los palestinos, cocodrilos (Ehud Barak) y bestias de tres patas (Begin).

Debo admitir que lloré de risa cuando leí el solemne reporte diplomático estadunidense desde Bahrein según el cual el rey Hamad –o su alteza suprema, el rey Hamad, como insiste que se le llame en su dictadura sunita sobre una población de mayoría chiíta, en un reino con una superficie ligeramente mayor a la isla de Wight– advirtió que el peligro de permitir que avance el programa nuclear iraní es mayor que el peligro de detenerlo.

El magnífico periodista palestino Marwan Bishara tuvo razón cuando afirmó el pasado fin de semana que estos documentos diplomáticos estadunidenses eran de mayor interés para los antropólogos que para los politólogos, pues documentan las desviaciones de pensamiento que existen cuando se trata de Medio Oriente. Si el rey Abdulá (me refiero a la tambaleante versión saudita, no al bragado reyecito de Jordania) en verdad llamó Hitler a Ajmadineyad y un asesor de Sarkozy tildó a Irán de Estado fascista, ello sólo demuestra que el Departamento de Estado aún está obsesionado con la Segunda Guerra Mundial.

Me encanta el sorprendente reporte de un visitante a la embajada estadunidense en Ankara, quien dijo a diplomáticos que el líder espiritual iraní, Ali Jamenei, se está muriendo de leucemia. No porque el pobre tipo padezca cáncer –no es así–, sino porque ésas son las mismas estupideces que se han pregonado sobre los líderes recalcitrantes de Medio Oriente durante muchos años. Recuerdo los días en que fuentes diplomáticas, tanto estadunidenses como británicas, insistían en que Kadafi se moría de cáncer, en que Jomeini agonizaba de cáncer (mucho antes que muriera), o bien, que el ayatola ya había muerto, o que el asesino palestino a sueldo Abu Nidal estaba muriéndose de cáncer, 20 años antes de que lo asesinara Saddam Hussein. También en Irlanda del Norte espías bisoños decían que el líder de los protestantes vanguardistas, William Craig, se moría de cáncer. Y por supuesto, siguió vivo, al igual que el horrible Kadafi, cuya enfermera ucraniana es considerada voluptuosa según reportes estadunidenses. Claro que lo es; ¿acaso no todas las mujeres rubias son voluptuosas en esa clase de descripciones?

Una de las más interesantes reflexiones –convenientemente pasada por alto por casi todos los diarios propicios a Wikileaks– venía en un despacho referente a una reunión entre una delegación del Senado estadunidense y el presidente sirio Bashar Assad, ocurrida a principios de este año.

Assad dijo a sus invitados que si bien Estados Unidos tiene un enorme aparato de información, carecía de habilidad para analizar esa información apropiadamente. “Si bien nosotros carecemos de sus capacidades de inteligencia –señaló en forma más bien siniestra–, logramos combatir a los extremistas porque tenemos mejores analistas. A ustedes les gusta disparar a los terroristas: sofocar sus redes es mucho más efectivo.” Assad concluyó que Irán es el país más importante de la región, seguido por Turquía y la propia Siria. Pobre Israel, ni siquiera logró entrar en la terna.

Desde luego, el presidente Hamid Karzai de Afganistán está poseído por la paranoia, como lo están todos en ese país, incluidos los miembros de la OTAN y en especial Estados Unidos. Y, naturalmente, el presidente de Yemen simula ante su pueblo acabar con agentes de Al Qaeda cuando todos sabemos que los verdaderos culpables son los guerreros del general David Petraeus. Los líderes musulmanes se atribuyen constantemente el crédito por la muerte de otros musulmanes asesinados por el poderío militar estadunidense.

No debemos ser demasiado cínicos. Me encantó el reporte diplomático estadunidense (fechado en El Cairo, claro, no en Tel Aviv), de que Netanyahu es elegante y encantador, pero nunca cumple sus promesas. ¿Acaso no puede decirse lo mismo de la mitad de los líderes árabes?

Después viene el oscuro y aterrador reporte sobre una reunión entre Andrew Shapiro, el secretario de Estado asistente para la Oficina Política y Militar de Estados Unidos, y algunos matones israelíes, celebrada hace exactamente un año. Israel no lograba proteger sus avionetas Cessna Caravan y sus aviones no tripulados Raven cuando sobrevolaban el sur de Líbano (Hezbolá se sentirá halagado por esta revelación), admitió el Mossad. El agente israelí J5, el coronel Shimon Arad, pontifica sobre los peligros de Hezbolastán y Hamastán, así como sobre el estancamiento político interno –que no existía entonces, pero hoy sí– y el hecho de que Líbano sea un territorio militar volátil, susceptible a influencias como las de Siria, Irán y Arabia Saudita.

Y claro, aunque el coronel Arad no las menciona, también a las influencias de Estados Unidos, Israel, Francia, Gran Bretaña y Turquía. Shapiro habló de ofrecer una alternativa a Hezbolá –¿quizá la policía de Costa Rica?– y sugirió que el ejército libanés saldría en defensa de Hezbolá (improbable, dadas las circunstancias).

No tiene desperdicio la negación que hace el general Amos Gilad del reporte Goldstone, sobre las atrocidades cometidas en Gaza entre 2008 y 2009. Afirma que las críticas a Israel en el documento carecen de fundamento porque el ejército israelí hizo llamadas telefónicas a 300 mil hogares en Gaza antes de la operación, para prevenir la muerte de civiles. Al parecer, el pobre Shapiro se quedó mudo. Eso habría significado que la quinta parte de la población palestina en Gaza recibió una llamada telefónica, incluidos bebés y menores de edad, y aun así fueron asesinados mil 300 palestinos, la mayoría civiles.

Desde luego, la Autoridad Nacional Palestina del pusilánime Mahmoud Abbas no quiso tomar el control de este campo de masacre una vez que los israelíes ganaron, alternativa que Israel ofreció con conocimiento de Estados Unidos. Israel no ganó; ni siquiera encontró a su soldado secuestrado en los túneles de Gaza.

Hay un momento simbólico, cuando el jeque Mohamed bin Zayed Nahyan de Abu Dhabi –quien no debe ser comparado con su hermano Califa, descrito como distante y sin carisma– manifiesta su preocupación por Irán ante el embajador estadunidense, Richard Olsen, quien sugiere que el jeque tiene una visión estratégica de la región que es curiosamente similar a la de los israelíes. Claro que la tiene. Sólo hace falta ponerlos en fila. Todos estos reyes, emires y generales rezarán en sus mezquitas doradas mientras compran cada vez más armas estadunidenses para defenderse del Hitler de Teherán, quien, supongo, es mejor que el Hitler del Tigris de 2003, o el Mussolini del Nilo de 1956. Se encomendarán a Dios para que los salve el poderío de Estados Unidos e Israel. Estoy impaciente por conocer el siguiente episodio de esta fantasía.

Por Robert Fisk
The Independent
Traducción: Gabriela Fonsec
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El ex presidente peruano Alberto Fujimori y otros condenados por violaciones a los derechos humanos podrán salir en libertad gracias a una nueva ley aprobada por el actual gobierno de Alan García, denunciaron hoy organizaciones civiles.
 
El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del nueve de noviembre de 2003", cuando el país andino se adhirió a ese convenio.
La norma también permite el sobreseimiento de un juicio por violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción. "Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori", dijo hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al enfatizar que, con esta ley, el ex gobernante "probablemente" estará libre "antes de que termine la campaña electoral [de 2011]".
 

Pago de multas para obtener la libertad 
 

Rivera explicó que si bien Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su régimen (1990-2000), su defensa ha iniciado una "estrategia legal para cuestionar a nivel constitucional su sentencia en el Tribunal Constitucional (TC)". Fujimori está "en perfectas condiciones para que el TC cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso", añadió.
 
El decreto 1097 también permite que los militares o policías acusados de violaciones a los derechos humanos puedan cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y el pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen. "Hay nombres, hay casos emblemáticos que van a ser cerrados a partir de estos decretos legislativos", enfatizó la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano en una rueda de prensa junto a Rivera.
 
Cano se refería, entre otros, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a varios integrantes del grupo militar encubierto Colina (autor material de varios crímenes de lesa humanidad) y a ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista. Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón, la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara, la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos y de 42 reclusos en 1992.
 

El decreto busca proteger a García, aseguran las ONG
 

Rivera, quien junto a Cano participó en el juicio a Fujimori, consideró que este decreto también busca proteger al actual presidente García de ser juzgado por la matanza de El Frontón, que se cometió durante su primer gobierno. El abogado recordó que una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.
 
Obviamente se refería a Alan García, a su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri", el actual vicepresidente y el ex jefe de la Armada que comandó las operaciones militares en El Frontón. Rivera advirtió que muchos de los acusados por violaciones a los derechos humanos saldrían en libertad y los ya sentenciados podrían ir a instituciones militares, mientras que tomará mucho tiempo para que eventualmente se declare inconstitucional a esta ley.
 
Las expertos en derechos humanos también cuestionaron otras tres leyes dictadas ayer, referentes al Código de Justicia Militar Policial, la organización y funciones del fuero militar policial y el uso de la fuerza por las fuerzas armadas en territorio nacional. Para las ONG el término "grupo hostil" incluido en la ley sobre el uso de la fuerza, es demasiado amplio que "podría ser instrumentalizado para criminalizar aún más algunas protestas sociales, especialmente, las de los pueblos indígenas". 
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Bhopal, India, 7 de junio. Un tribunal indio halló culpable este lunes de negligencia a la filial india de la firma estadunidense de químicos Union Carbide y condenó a siete de sus empleados a dos años de prisión por uno de los peores accidentes industriales del mundo, el cual mató a miles de personas en 1984.

La planta de Union Carbide en la ciudad de Bhopal, en el centro del país, liberó gases tóxicos por accidente; el gobierno dice que alrededor de 3 mil 500 personas fallecieron. Activistas, quienes consideraron que las sentencias son muy leves, afirman que 25 mil personas perdieron la vida inmediatamente después y en años posteriores.

Siete ex empleados indios fueron sentenciados a dos años de prisión y multados con 100 mil rupias (unos 2 mil 100 dólares), en un juicio que los activistas han seguido desde hace un cuarto de siglo.

El tribunal también multó a la ex unidad india de Union Carbide con 500 mil rupias (10 mil 600 dólares).

Cientos de manifestantes, muchos con pancartas en las que se leía cuelguen a los culpables y son traidores a la nación, trataron de irrumpir en el juzgado, pero la policía los detuvo.

Ram Prasad, habitante de 75 años, dijo: El castigo no es suficiente. Perdí a mi hijo y a mi hermano menor, y mi padre y yo seguimos teniendo pesadillas.

El empresario Keshub Mahindra, presidente de Union Carbide India al momento de la tragedia, quien ahora vive en Estados Unidos, fue la persona de más alto rango condenada.

Los sentenciados pueden apelar ante un tribunal superior, proceso que en India puede llevar muchos años.

No fue un castigo ejemplar que evite que otras corporaciones repitan el desastre de gas de Bhopal, expresó Rachna Dhingra, activista.

El veredicto en Bhopal afecta sólo a las autoridades indias de la ex filial india de Union Carbide, mientras se han presentado casos diferentes contra la compañía y sus funcionarios en el extranjero.

Éste es un caso de gran transcendencia en un país de mil 200 millones de personas, en su mayoría pobres. Subraya los retos de cómo garantizar que las mejoras sanitarias y las regulaciones de seguridad mantengan el ritmo de una economía en rápido crecimiento, ahora la tercera de Asia en tamaño.

Union Carbide llegó a un acuerdo con el gobierno indio por sus responsabilidades en 1989, al pagar 470 millones de dólares antes de que la adquiriera la firma estadunidense Dow Chemical.

A primera hora del 3 de diciembre de 1984, cerca de 40 toneladas métricas del tóxico isocianato de metilo se filtraron a la atmósfera y el viento las llevó hacia barrios humildes situados en las inmediaciones.

Activistas y trabajadores sanitarios sostienen que las 100 mil personas que fueron expuestas al gas continúan sufriendo las consecuencias hoy día.

Entre las enfermedades que padecen destacan cáncer, ceguera, dificultades respiratorias, desórdenes inmunológicos y neurológicos, y problemas reproductivos en las mujeres. De igual forma, defectos en los recién nacidos cuyas madres fueron expuestas.

Los activistas aseguran que miles de toneladas de desechos tóxicos no han sido adecuadamente eliminadas en la fábrica de pesticidas, ahora abandonada, y que se filtran hacia aguas subterráneas. El gobierno niega que el líquido esté contaminado.

Reuters
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