Jueves, 17 Diciembre 2009 07:59

Tres instancias seguirán caso Angostura

La Fiscalía General del Estado -en Ecuador-, la Policía Judicial (PJ) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) continuarán las investigaciones del caso Angostura, una vez que la Comisión de la Verdad concluyó su trabajo sobre el ataque perpetrado por el Ejército colombiano a un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  el 1 de marzo de 2008.

De una primera y breve revisión, el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, no encontró aportes nuevos en el informe que hizo público el jueves de la semana pasada la Comisión de la Verdad del caso Angostura.

No obstante, anunció que analizará “profundamente” el informe que recién lo recibió este martes, al tiempo de subrayar que el documento “de ninguna manera es vinculante, no es más que un antecedente que puede ser tomado por la Fiscalía o puede ser desechado”.

Sin querer profundizar en detalles, recordó que la Fiscalía ya investigó este asunto y a base de ello puede señalar que no hay nuevos aportes a lo ya indagado.

En tanto, luego de recibir el informe de la mencionada Comisión, el ministro de Gobierno (e), Franco Sánchez, pidió a la Policía Judicial (PJ) que investigue la muerte de Ángel Lapo, presidente de la Junta de Vecinos de Barranca Bermeja y de otro ciudadano, quienes habrían sido asesinados. Ambos fueron informantes del equipo de investigación de la Comisión.

Sánchez reveló, además, que las Fuerzas Armadas han iniciado un catastro en la zona de Angostura, donde el 1 de marzo de 2008 el Ejército de Colombia abatió al entonces segundo al mando de las FARC, alias “Raúl Reyes”, con el fin de determinar quiénes son los dueños de las tierras.

El integrante de la Comisión de la Verdad del caso Angostura, Israel Batista, ratificó ayer que tres personas que dieron “información valiosa” para realizar el informe del caso han desaparecido y que, incluso, dos de ellas habrían sido asesinadas.  “Tres informantes en la frontera, que nos dieron informaciones muy valiosas, que las mantuvimos en secreto total, un indígena que está desaparecido, ciudadano ecuatoriano, y dos más fueron asesinados”, señaló.

"Eran informantes calificados y cualificados", remarcó Batista, tras insistir en que la Policía ha abierto la indagación sobre estos hechos, aunque se presume que los autores podrían ser "grupos insurgentes".

Además,  se reservó el derecho de mantener el anonimato de esas tres fuentes, debido a que correrían peligro sus familias en la zona fronteriza, una región a la que la describió como "muy violenta".

Batista tampoco detalló las fechas en que murieron los dos informantes ni cuándo desapareció el indígena que colaboró con la investigación.

El ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), Manuel Silva, se refirió a este tema al precisar de que existió un informante de la Comisión que más adelante fue asesinado.

 “El equipo de investigación hizo una visita de campo al sector de Betano, Betanito, Barranca Bermeja y constató que el presidente de la Junta de Vecinos, Ángel Lapo, representaba a una comunidad conformada en un 90% por colombianos y proporcionó información con respecto a los grupos irregulares armados de Colombia y los mecanismos de control en la zona”,   declaró a una emisora local.

A criterio del comisionado Batista, el informe sobre las investigaciones del caso Angostura que se presentó la semana pasada, aún tiene muchas cosas que no se conocen y que merecen ser destacadas y analizadas.

Bases militares sigue en agenda Sudamericana


Pese a que el  Consejo Sudamericano de Defensa aún no ha fijado fecha para una próxima reunión, el trabajo continúa, sobre todo en el análisis del tema de las bases militares,  así lo anunció  el canciller (e) Lautaro Pozo.

El diplomático comentó que hace un mes una comitiva de la Cancillería viajó a Estados Unidos para aclarar con las autoridades de ese país el estado geopolítico de la base de Palanquero (Colombia), debido a que un informe preliminar de las Fuerzas Armadas estadounidenses avizoraba que desde ese lugar se controlaría a la región.

Enfatizó que días después se aclaró que la base de Palanquero sería destinada solo a la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, dijo que está pendiente una reunión con la secretaria de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton,  que aún no tiene fecha definida.

El funcionario reiteró que la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) puso a consideración el pedido del Gobierno peruano de suscribir un pacto de no agresión y de transparentar los gastos militares.

En el caso de Ecuador, dijo,   los sueldos como los gastos de Defensa se encuentran en el portal del Ministerio respectivo. “Nuestros gastos son claros, pero queremos que nos informen de las maniobras de las siete bases militares en Colombia”, precisó.

Estas declaraciones las formuló ayer al presentar el informe sobre la V Conferencia Espacial de las Américas. (VG)


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Cerca de 1.000 millones de pesos (unos 500.000 dólares) en efectivo y una suma en dólares aún no cuantificada, fueron hallados en una inspección judicial en la residencia de un congresista colombiano investigado por corrupción, según versiones coincidentes de medios divulgadas este jueves.

La acción judicial fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia que investiga si algunos congresistas votaron una reforma constitucional que permitió en 2006 la reelección del presidente Alvaro Uribe, a cambio de dádivas como la concesión de notarías públicas a recomendados de los congresistas.

Varios diarios y radiodifusoras, que citan fuentes judiciales, señalaron que el dinero fue hallado en una diligencia realizada el miércoles en la residencia del senador del oficialista Partido Consevador Alirio Villamizar, en la ciudad de Bucaramanga (noreste).
La investigación fue rechazada por varios legisladores, que acusan a la corte de realizar una persecución política, en momentos en que el Congreso se dispone a convocar a un referendo para permitir que Uribe sea reelegido para un tercer mandato en 2010.

El presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, confirmó la realización del allanamiento pero dijo a radio Caracol que lo hallado en la diligencia sólo estará a disposición del tribunal en las próximas horas y formalmente no puede confirmar el decomiso del dinero.
"Sería muy irresponsable entregar una información que no está plenamente confirmada todavía por la Sala Penal", de la Corte, anotó Ibáñez.

La investigación del máximo tribunal de justicia tuvo como origen denuncias del ex superintendente de Notariado y Registro -que regula la actividad de las Notarías del país- quien aseguró que el gobierno entregó las notarías a cambio de que los congresistas votaran a favor del proyecto de reelección.
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