Lula desafía a los jueces y se inscribe candidato a la presidencia de Brasil

El Partido de los Trabajadores desoye las leyes que prohíben la candidatura de alguien condenado en la segunda instancia

El Partido de los Trabajadores ha registrado al expresidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción desde abril, como candidato a las elecciones presidenciales de este octubre. Es un claro desafío a los jueces que le pusieron entre rejas y a los deberán vetar la candidatura de quien aún es el político más popular de Brasil, pues la ley impide que alguien condenado por la segunda instancia sea candidato

“Lula candidato”, el sintagma más discutido en la política brasileña en los últimos meses, ya es una realidad, al menos por ahora. El Partido de los Trabajadores(PT) ha inscrito oficialmente a Lula como como su candidato a las elecciones generales del próximo octubre, desoyendo las advertencias de los jueces, que recuerdan que la condena en la segunda instancia que pesa sobre el expresidente -y que debería tenerle entre rejas los próximos 12 años- le inhabilite para ello. Este es el último gran órdago de quien todavía es el candidato favorito con diferencia en las encuestas (y que necesita del aforamiento que viene con el cargo de presidente de la república para librarse de los muchos juicios por corrupción que tiene por delante). Un órdago que deja a sus enconados rivales del poder judicial una única maniobra posible: vetar la candidatura y provocar la ira de los millones de seguidores del expresidente.

Aún desde la cárcel, Lula ha convertido el trámite de su inscripción en un despliegue de popularidad: la "Marcha Nacional Lula Libre". Decenas de miles de sus muchos seguidores se han desplazado hasta Brasilia y han desfilado durante seis kilómetros hasta la misma puerta del Tribunal Electoral, donde se realizó la inscripción, previo discurso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffman y la expresidenta Dilma Rouseff. Un recuerdo de que, en el antipático panorama político de Brasil, Lula todavía mueve masas.


Pero lo cierto es que también las necesita. Más que una carrera hacia las urnas, la suya es una carrera contra el tiempo: cuanta más campaña electoral sea capaz de hacer el PT usando su poderoso nombre, más tenso será el inevitable día que el Tribunal Electoral vete su candidatura. En teoría ese día no debe retrasarse más del 17 de septiembre, fecha límite prevista para revisar las inscripciones. Pero tanto la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber, como la fiscal general de la república, Raquel Dodge, han dado entender en los últimos días que tienen formas de acelerar la sentencia de la candidatura del PT y las usarán.


A la agrupación, malherida desde que perdió el poder en el juicio político a Rousseff en 2016, se le viene encima una batalla en el terreno donde hasta la fecha peor se ha manejado: el judicial. Y más que desfiles, lo que necesitan son argumentos jurídicos a su favor. Por ahora, los que defienden los abogados se pueden resumir en tres: que el caso de Lula aún no ha llegado al Tribunal Supremo y que por tanto existe la posibilidad de que la condena sea cancelada (si bien muchos juristas la encuentran irrisoria). Que el mero hecho de estar inscrito como candidato debería garantizar la posibilidad de hacer una campaña y poner su nombre en las papeletas. Y, finalmente, que en caso de que el Tribunal Electoral decida vetarle, Lula debería poder presentar recursos contra esa decisión y mientras tanto seguir haciendo campaña.


Muchos en Brasilia dan por hecho que, en caso de que finalmente no pueda seguir haciendo campaña, Lula ceda su puesto a quien hoy es el número dos en la candidatura, Fernando Haddad. El exalcalde de São Paulo es, para ellos, el único nombre lo suficientemente fuerte como para salir airoso del aparentemente inevitable escenario de unas elecciones sin Lula.

São Paulo / Brasilia 15 AGO 2018 - 15:29 COT

 

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Miércoles, 15 Agosto 2018 07:54

Quiero democracia, no impunidad

Quiero democracia, no impunidad

Hace dieciséis años, Brasil estaba en crisis; su futuro era incierto. Nuestro sueño de convertirnos en uno de los países más democráticos y prósperos del mundo parecía peligrar. La idea de que algún día nuestros ciudadanos pudieran disfrutar los estándares de vida holgados de nuestros pares en Europa o en otras democracias de Occidente parecía esfumarse. Menos de dos décadas después de que terminó la dictadura, algunas heridas de ese periodo seguían abiertas.

 El Partido de los Trabajadores ofreció esperanza, una alternativa que podía cambiar esas tendencias. Me parece que, sobre todo, por esta razón triunfamos en las urnas en 2002. Me convertí en el primer líder sindical en ser elegido presidente de Brasil. Al principio, los mercados se inquietaron por este acontecimiento, pero el crecimiento económico los tranquilizó. En los años posteriores, los gobiernos del Partido de los Trabajadores que encabecé redujeron la pobreza a más de la mitad en tan solo ocho años. En mis dos periodos presidenciales, el salario mínimo aumentó el 50 por ciento. Nuestro programa Bolsa Família, el cual ayudaba a familias pobres al mismo tiempo que garantizaba educación de calidad para los niños, fue reconocido internacionalmente. Demostramos que combatir la pobreza era una buena política económica.

Después, este progreso fue interrumpido. No por medio de las urnas, a pesar de que Brasil tiene elecciones libres y justas, sino porque la expresidenta Dilma Rousseff fue víctima de un juicio político y la destituyeron del cargo por una acción que incluso sus oponentes admitieron que no era una ofensa que ameritara este tipo de procedimiento. Muy pronto, yo también terminé en la cárcel, después de un juicio sospechoso por cargos de corrupción y lavado de dinero.

Mi encarcelamiento es la fase más reciente de un golpe de Estado en cámara lenta diseñado para marginar de forma permanente las fuerzas progresistas de Brasil. Tiene como objetivo evitar que el Partido de los Trabajadores vuelva a ser elegido para ocupar la presidencia. Debido a que todas las encuestas muestran que ganaría con facilidad las elecciones de octubre, la extrema derecha de Brasil busca dejarme fuera de la contienda electoral. Mi condena y encarcelamiento se sustentan solamente en la declaración de un testigo cuya propia sentencia fue reducida a cambio de que testificara en mi contra. En otras palabras: el testigo tenía un beneficio personal en decir lo que las autoridades querían oír.

Las fuerzas de la derecha que han usurpado el poder en Brasil no han perdido el tiempo para implementar su agenda política. El gobierno profundamente impopular del presidente Michel Temer ha aprobado una enmienda constitucional que pone un límite de veinte años al gasto público y ha promulgado varios cambios a las leyes laborales que facilitarán la subcontratación, debilitarán los derechos de negociación de los trabajadores e incluso su derecho a un día laboral de ocho horas. El gobierno de Temer también ha intentado recortar las pensiones.

Los conservadores de Brasil se han esforzado mucho por socavar el progreso logrado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y están determinados a evitar que ocupemos la presidencia de nueva cuenta en el futuro cercano. Su aliado en esta maniobra es el juez Sérgio Moro y su equipo de procuradores, quienes han recurrido a grabar y filtrar conversaciones telefónicas privadas que tuve con mi familia y mi abogado, entre ellas una conversación que se grabó de forma ilegal. Crearon un espectáculo mediático cuando me arrestaron y me hicieron desfilar ante las cámaras acusado de ser la “mente maestra” detrás de un enorme esquema de corrupción. Rara vez se cuentan estos detalles vergonzosos en los principales medios informativos.

El juez Moro ha sido idolatrado por los medios de la derecha brasileña. Se ha vuelto intocable. Sin embargo, el verdadero problema no es Moro, sino los que lo han encumbrado a un estatus de intocable: las élites neoliberales de derecha que siempre se han opuesto a nuestra lucha por una mayor igualdad y justicia social en Brasil.

No creo que la mayoría de los brasileños apruebe esta agenda elitista. Por esta razón, aunque me encuentro en prisión, me postulo a la presidencia y, por el mismo motivo, las encuestas muestran que, si las elecciones se llevaran a cabo hoy, sería el ganador. Millones de brasileños comprenden que mi encarcelamiento no tiene nada que ver con la corrupción y entienden que estoy donde estoy solo por razones políticas.

No me preocupa mi situación. He estado preso antes, durante la dictadura militar de Brasil, nada más porque defendí los derechos de los trabajadores. Esa dictadura cayó. La gente que abusa de su poder en la actualidad también caerá.

No pido estar por encima de la ley, sino un juicio que debe ser justo e imparcial. Las fuerzas de la derecha me condenaron, me encarcelaron, ignoraron la evidencia abrumadora de mi inocencia y me negaron el habeas corpus solo para impedir que me postulara a la presidencia. Pido respeto por la democracia. Si me quieren derrotar de verdad, háganlo en las elecciones. De acuerdo con la Constitución brasileña, el poder viene de la gente, la responsable de elegir a sus representantes. Así que dejen que el pueblo brasileño decida. Tengo fe en que la justicia prevalecerá, pero el tiempo se le acaba a la democracia.

Por Luiz Inácio Lula da Silva
The New York Times 

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, escribió este artículo de opinión desde la cárcel, en Curitiba (Brasil). La versión en castellano de este artículo se encuentra en la misma cabecera del The New York Times sin mención de autoría, donde también se encuentra la versión en inglés y en portugués.

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Gran pesquisa en EU halla pruebas contra 300 curas pederastas

Presentan informe de mil 400 páginas sobre casos de agresión a menores ocurridos en casi todas las diócesis de Pensilvania

 

Más de mil menores de edad fueron víctimas, durante décadas, de abuso sexual encubierto por la Iglesia católica en Pensilvania, reveló este martes una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos que halló evidencia creíble contra más de 300 curas.


La investigación, considerada la más exhaustiva en la Iglesia católica estadunidense, provocó la inculpación de dos sacerdotes, aunque la mayoría de los crímenes ocurrió hace tanto tiempo que los delitos ya prescribieron y muchos de los abusadores han muerto.


Las indagatorias se realizaron durante 18 meses, y revelaron un “encubrimiento sistemático” de los abusos por parte de funcionarios eclesiásticos en Pensilvania y el Vaticano.


Los investigadores, quienes escucharon a decenas de testigos y revisaron más de medio millón de documentos de casi todas las diócesis de Pensilvania, creen que “el número real” de niños abusados “alcanza miles”, incluidos los casos de los que tuvieron miedo a denunciar o cuyos archivos se perdieron.


“La mayoría de las víctimas eran niños, pero también hubo niñas. Algunos eran adolescentes, muchos eran prepúberes. Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía”, señaló el informe de mil 400 páginas sobre el abuso sexual de menores ocurrido en casi todas las diócesis del estado de Pensilvania, a excepción de dos.


“Algunos fueron forzados a masturbar a sus atacantes, o fueron manoseados por ellos. Otros fueron violados”, pero en todos los casos hubo jerarcas eclesiásticos “que prefirieron proteger a los abusadores y a su institución por encima de todo”, apuntó el informe redactado por un gran jurado al que le fueron entregadas las conclusiones de la investigación.


Un cura violó a una niña de siete años en un hospital luego de que fue operada para extirparle las amígdalas. Otro niño tomó un vaso de jugo y se despertó al día siguiente con el ano sangrando y sin memoria de lo ocurrido, precisó el informe.


“Para muchas víctimas este informe del gran jurado hace justicia”, dijo a la prensa el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro.


“A raíz del encubrimiento, casi cada instancia de abuso que hallamos es demasiado antigua como para presentar cargos”, se lamentan en el documento. Aunque menciona a dos curas que a raíz de la investigación han sido indiciados: uno está denunciado por eyacular en la boca de una niña de siete años y el otro por agredir sexualmente a dos niños durante años, hasta 2010. Además, advierte que puede haber más encauzamientos en el futuro.


“Estamos enfermos por todos los crímenes que no serán castigados ni compensados. Este informe es nuestro único recurso. Tanto a los depredadores sexuales como a aquellos que los encubrieron, vamos a llamarlos por sus nombres y describiremos lo que hicieron.”


El gran jurado propuso varias medidas, como reformar la ley para alargar el plazo de prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores, dar más tiempo a las víctimas para presentar demandas civiles y endurecer la legislación que obliga a reportar los abusos.


Entre 5 mil 700 y 10 mil sacerdotes católicos han sido denunciados por acoso sexual en Estados Unidos, pero sólo un par de cientos han sido juzgados, condenados y sentenciados por sus crímenes, según la organización no gubernamental Bishop Accountability.


Desde el estallido de la crisis por denuncias de pedofilia, la Iglesia católica estadunidense ha gastado más de 3 mil millones de dólares en acuerdos con las víctimas, señala Bishop Accountability; la organización identificó acuerdos con 5 mil 679 supuestas víctimas, un tercio de las 15 mil 235 denuncias que los obispos recibieron hasta 2009. Una estimación sugiere que en el país hay 100 mil personas violentadas

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Nicolás Maduro pide al FBI que investigue el atentado

El mandatario solicita la colaboración de la Casa Blanca para “desmembrar” grupos “terroristas” en Florida


El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que aceptará la colaboración del FBI en las investigaciones del atentado con drones cometido hace una semana en un desfile de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas. El mandatario ha pedido al fiscal general, Tarek William Saab lade, que “ratifique” la propuesta de “cooperación” con la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. “Yo estaría de acuerdo con que venga el FBI […] y ayude a desmembrar las células terroristas que están en Florida”, ha dicho en un acto militar celebrado el sábado.

Maduro acusa a Osman Delgado Tabosky, que según el mandatario reside en Florida, de financiar el atentado con drones y un asalto al fuerte militar Paramacay, en el Estado de Carabobo, en 2017. “Es desde la Florida donde se activa la explosión del dron que explota al frente de la tribuna presidencial”, ha afirmado. Con insistencia ha pedido al Gobierno de Donald Trump que extradite al presunto conspirador.

También ha cargado contra el periodista peruano Jaime Bayly por afirmar que conocía el plan del ataque. “Imagínense ustedes a un periodista en la televisión venezolana hablando, por ejemplo, del asesinato, qué Dios lo cuide, del presidente Donald Trump. ¿Qué haríamos aquí? Lo primero es capturarlo, iría a la cárcel y si es extranjero lo extraditaríamos”, agregó.


La persecución contra opositores se ha acentuado tras el ataque con drones del pasado sábado. El Gobierno ha exigido a la Interpol la captura de Julio Borges, expresidente del Parlamento, radicado en Colombia. Maduro ha vuelto a acusar al opositor de haber recibido “la orden, los recursos logísticos y el apoyo” para asesinarlo.


También ha arrestado al diputado Juan Requesens por presuntamente participar en el complot. Antes, la chavista Asamblea Nacional Constituyente ha acabado con la inmunidad parlamentaria que le otorga la Constitución por ser parlamentario, un acto rechazado por el Legislativo, elegido en 2015 y de mayoría opositora. Según Bayly, el diputado detenido no sabía nada de la conspiración. “Diré lo que me han contado mis fuentes, y estoy bien informado, créanme. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí, ¿tuvieron dificultades para meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló, por eso Requesens los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos”, indicó el periodista en su programa de televisión.


Los agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) han filtrado un vídeo en el que el diputado declara que ha ayudado a uno de los presuntos culpables del atentado, el exmilitar Juan Carlos Monasterios Venegas, a ingresar con explosivos en Venezuela. La policía política también ha hecho circular otra grabación en la que se muestra al opositor semidesnudo y notoriamente perturbado.


En EE UU, el secretario de Estado Adjunto Interino para América, Francisco Palmieri, ha condenado la detención del parlamentario. “Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del estado de derecho con el arresto y retención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional, constitucionalmente elegido, Juan Requesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos (a los) Derechos Humanos”, ha escrito Palmieri en un mensaje en Twitter.


Por el momento, no ha habido reacciones de la Administración de Donald Trump sobre la propuesta del sucesor de Hugo Chávez. El canciller, Jorge Arreaza, se reunió el pasado miércoles con el encargado de negocios de Estados Unidos en la capital venezolana, James Story. Según el Gobierno de Venezuela, Story se había mostrado preocupado y asomó la posibilidad de “cooperar con Caracas”. Pero esta información no ha sido confirmada por el diplomático estadounidense.


Los lazos entre ambos países no son tan estrechos. Hace una semana, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, tuvo que aclarar que el Gobierno estadounidense no ha participado en el ataque con drones. “Podría haber muchas cosas (detrás de lo sucedido), desde un pretexto establecido por el propio régimen de Maduro a otra cosa”, dijo en una entrevista con la cadena Fox News.
El chavismo ha considerado a Estados Unidos uno de sus legendarios rivales políticos. Las relaciones bilaterales han atravesado momentos de tensión durante casi dos décadas, pero con el Gobierno de Maduro se han fracturado hasta el límite. De ahí que una alianza entre ambos países pareciera ser lejana.

Por Caracas 12 AGO 2018 - 12:30 COT

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Wilbur Ross en una reunión; en primer plano, Donald Trump

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, “desvió erróneamente o directamente robó” a socios de negocios 120 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje con base en 21 testimonios que publica la revista Forbes y en el cual se le considera “uno de los mayores estafadores en la historia del país”.


El reporte de Forbes comienza relatando que una demanda multimillonaria ha estado avanzando por el sistema de Cortes del estado de Nueva York en los últimos tres años, enfrentando a un gerente de fondos de capital privado, David Storper, contra su antiguo jefe, Wilbur Ross, con quien trabajó por más de una década.


Según el alegato de Storper, en la firma WL Ross & Co el ahora secretario de Comercio robó sus intereses en un fondo de capital privado, los transfirió a sí mismo y trató de encubrir la operación con “papeleo falso”.
Dos semanas atrás, justo antes del inicio del juicio en el que se jugaban cuatro millones, Ross y Storper llegaron a un acuerdo confidencial del que nada se conoce.


Es solo uno de los casos que recoge el reporte de Forbes, que habló con 21 conocidos de Ross a lo largo de varios meses. Del total de testimonios de los afectados, la suma total asciende a más de 120 millones de dólares en valor agregado.


Entre esos testimoni0os están los de tres exejecutivos de WL Ross quienes afirman que Ross y su firma cobraron al menos 48 millones de dólares en pagos erróneos o deshonestos y luego se embolsillaron el dinero. Una demanda judicial con este caso está activa, aunque Ross consideró “sin sustento” el caso en una declaración a la revista.


“Si al menos la mitad de las acusaciones son legítimas, el actual secretario de Comercio de Estados Unidos podría clasificar entre los mayores estafadores de la historia estadounidense”, señala Forbes.
“Es difícil imaginar la posibilidad de que un hombre como Ross, a quien Forbesestima una fortuna de unos 700 millones de dólares, pudiera robar unos pocos millones a uno de sus asociados en negocios”, refiere el reporte.


Muchas de las acusaciones recogidas en la investigación conforman un patrón, según la revista: muchos de los que trabajaron directamente con él afirman que Ross “erróneamente desvió o robó descaradamente unos millones aquí, unos millones allá, grandes cantidades no solo para él (…) En total, las alegaciones suman más de 120 millones de dólares”.


Otro de los grandes robos que se señalan a Ross es el de 43 millones de dólares provenientes de gastos regulatorios y reembolsos de la empresa matriz de WL Ross, Invesco, y que varios exempleados de la firma refieren que están relacionados con problemas ocurridos bajo la directiva del hoy alto funcionario del gobierno de EEUU.


WL Ross estaba cargando a empleados e inversionistas dinero que había perdido, según el testimonio de cinco exempleados.


Ross también habría sustraído dinero sirviendo en las juntas corporativas del portafolio de compañías de su firma. “Era como un niño en una tienda de dulces, lo afanaba todo”, dijo otro de sus exempleados.
Los testimonios de quienes trabajaron con él indican que se trata de un hombre “obsesionado con el dinero y desconectado de los hechos. “Empujaría los límites de la honradez y emplearía cualquier poder en sus manos para hacerse con capital”, dijo Asher Edelman, financista de Nueva York.


Uno de sus antiguos colegas fue más directo: “Es un mentiroso patológico”.

7 agosto 2018
(Tomado de Forbes. Traducción de Cubadebate)

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“El Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado”

La investigadora centra su análisis en las pandillas y en la criminalización de los jóvenes pobres. “Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad”, dice sobre un proceso que tuvo como uno de los pilares la participación de los militares.

 

Pese a la resistencia social y política a una inminente militarización de la seguridad interior, el gobierno nacional de Mauricio Macri defendió una vez más la reforma de las Fuerzas Armadas impulsada por el decreto 638/18, violatorio de la legislación vigente, al reivindicar la importancia de que los militares colaboren con la seguridad interior. Aunque anclado en un pasado distinto –una guerra civil que duró más de diez años–, también en El Salvador el proceso de militarización agravó los niveles de violencia existente al tiempo que la participación del Ejército en tareas de seguridad interna fue funcional al crimen organizado, afirma Amparo Marroquín Parducci, profesora de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. En la base social, las pandillas cambiaron su composición y afinaron sus prácticas delictivas. A nivel político, gobiernos de diverso tinte ideológico impulsaron políticas de seguridad de tolerancia cero y conminaron a los jóvenes a abandonar los barrios y pasar a la clandestinidad. Los medios de comunicación tuvieron un rol clave: “antes de que la violencia alcanzara esos niveles, ya habían construido al gran monstruo”, concluye la investigadora salvadoreña.
–¿En qué situación se encuentra actualmente el conflicto entre pandillas en El Salvador?

–Mirar El Salvador sirve para entender lo que no hay que hacer en políticas de seguridad. “Vean lo que nos pasó, no repitan esa estrategia”, sería el mensaje. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han apostado de manera sistemática a medidas de seguridad de tolerancia cero; lo único que lograron es aumentar la violencia. Las pandillas son grupos juveniles de los barrios, que nacieron en la década de los ‘80 en El Salvador, durante el conflicto armado. Cuando finalizó la guerra civil y se firmaron los acuerdos de paz sufrieron una transformación.


–¿En qué consiste esa transformación?


–En ese momento, mucha gente volvió a El Salvador y también hubo una primera ola de deportaciones desde Estados Unidos, entre estos deportados había algunos pandilleros que habían construido su práctica allá. Las organizaciones se mezclaron entre sí, entre los años ‘90 y los 2000, otros grupos barriales desaparecieron y se consolidaron dos pandillas que habían nacido en Estados Unidos: La Mara Salvatrucha y El Barrio 18. Una vez que esas dos pandillas tomaron protagonismo, las políticas de mano dura provocaron que los chicos dejaran los barrios y se clandestinizaran. Eso complicó la situación: en los últimos años, las prácticas de la violencia dentro de las pandillas se afinaron cada vez más, con la consecuente degradación del tejido social que se traduce en un incremento de homicidios y amenazas a la seguridad en los barrios.


–¿Qué formas concretas toman las amenazas a la seguridad en los barrios?


–Uno de los modos de extorsionar a las personas es pedir una cantidad de dinero mensual, cuando las personas ya no pueden pagar se tienen que mover del lugar. En el año 2009, la izquierda llegó al poder y el presidente Mauricio Funes decidió construir un espacio de negociación, que posteriormente se conoció como “La Tregua”. Para mí, el mayor problema de esa negociación es que no se hizo de manera abierta y de cara a la sociedad. Se prometió a los pandilleros cosas que no son las mejores, como aminorar el tipo de castigo en las cárceles de máxima seguridad y otra serie de prerrogativas que terminaron generando malestar entre los pandilleros que no estaban en las cárceles y, por supuesto, con la población salvadoreña.


–¿Qué consecuencias trajo ese malestar?


–En lugar de debilitar la fuerza de las pandillas, esa tregua produjo nuevas escisiones entre las pandillas. Los que están en las cárceles perdieron su liderazgo y se produjo una atomización muy particular. Considero que la única salida posible ahora sería un proceso de negociación de cara a la sociedad.


–¿Qué características distintivas habría tenido una negociación de cara a la sociedad?


–Una tregua es simplemente un cese momentáneo del enfrentamiento violento. Una negociación donde la sociedad intervenga no debería ser un cese momentáneo de la violencia. La tregua es: yo necesito que me bajes la cantidad de homicidio porque eso me está jodiendo, entonces bájamelos y yo te doy algo... y después veremos qué hacer. La negociación implica una estrategia a largo plazo: un proceso de reincorporación de los jóvenes y generación de puestos de trabajo, implica buscar otros medios de subsistencia que no sean la pandilla misma. Una negociación requiere, además, procesos claros en los que los líderes que hayan cometido crímenes contra la sociedad se sometan a juicio; son los elementos de base de una negociación con cualquier otro actor que esté por fuera de los procesos legales de un gobierno. La tregua termina dando un respiro en el cual las dos partes se rearman y el enfrentamiento continúa de una manera más violenta.


–En forma paralela a esta tregua, se aprovecharon los altos niveles de enfrentamiento y violencia para impulsar una política crecientemente punitiva.


–Antes de que la violencia alcanzara esos niveles, los medios de comunicación ya habían construido al gran monstruo. La sociedad salvadoreña siempre ha necesitado un otro a quien culpar de lo que las mismas élites no hacen. Las élites, los dirigentes políticos de izquierda y de derecha, no se han preocupado por construir un país; entonces es muy cómodo tener a quien echarle la culpa de que el asunto no funcione. Primero, el culpable del problema del desarrollo fue el indígena, posteriormente se echó la culpa a los comunistas y a los estudiantes revoltosos, durante la guerra civil fue por culpa de la guerrilla salvadoreña... y cuando se firmaron los acuerdos de paz, se quedaron sin nadie a quien culpar. Es allí donde quizá algún creativo del marketing político inventó a los nuevos culpables: los pandilleros.


–¿Qué hay detrás de crear al nuevo responsable/culpable de que la sociedad no avance?


–En El Salvador tenemos un capitalismo neoliberal muy voraz, extractivista, que le apostó a la tercerización de la economía y debilitó profundamente la agricultura. El Salvador es, además, una economía dolarizada.


–¿Qué sector o sectores son responsables del crimen organizado en El Salvador?


–Muchos sectores. La diferencia con otro tipo de lógicas violentas es que el crimen organizado debe tener complicidad del Estado. El Salvador es fundamentalmente una zona de paso, como lo es Centroamérica en general: la droga que viene del Sur hacia los Estados Unidos pasa por allí. Entonces, la pelea mayor es el control de los territorios y las rutas. Ahora, ¿eso lo hacen las pandillas? Depende, algunas sí, otras se dedican a otro tipo de negocios criminales (tráfico de armas, extorsión, narcomenudeo, etc.).


–¿Qué implicancias sociales tiene el proceso de militarización en El Salvador, frente a un enemigo definido como “omnipresente”, y cuán legal es esa intervención de las fuerzas armadas en las políticas de seguridad?


–El proceso de militarización empieza con las políticas de mano dura. Con los acuerdos de paz en El Salvador –proceso que culminó en 1992–, parte de las discusiones consistieron en desmantelar algunas instancias coercitivas que habían sido violatorias de los derechos humanos, habían cometido desapariciones, torturas y asesinatos. Desaparecieron algunas estructuras y se crearon otras que garantizaran la seguridad, como la Policía Nacional Civil, al tiempo que el Ejército dejó de estar vinculado a tareas de seguridad. Pero los niveles de violencia empezaron a aumentar y en 2001 resurgió la política de mano dura.


–¿En qué consistió esa política de mano dura?


–Es una política de tolerancia cero a la delincuencia y de régimen de excepción. Con el argumento de que con los efectivos de la Policía Nacional Civil no era suficiente para cubrir todo el territorio, se pidió la excepcionalidad para que el Ejército saliera a las calles e hiciera tareas de apoyo. Independientemente de la historia que se ha vivido, en El Salvador la autoridad militar tiene legitimidad en la visión popular: se cree que con el Ejército estaremos más seguros. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la construcción de esa imagen del militar como una institución que verdaderamente nos puede salvar, que es incorruptible. En los últimos ochos años, la remilitarización ha sido mucho mayor. El agravante de la militarización es que el Ejército, al igual que otras estructuras del Estado, se infiltra y termina sirviendo al crimen organizado.


–¿En qué medida la política de mano dura, impulsada con el argumento de circunscribir y combatir a las pandillas, se expande hacia la coerción de otros sectores de la sociedad?


–En este último período gubernamental que terminará en mayo de 2019, se impulsaron medidas extraordinarias que permiten apresar más fácilmente a un sospechoso y tenerlo detenido durante un tiempo largo sin que hubiera empezado necesariamente una investigación o el juicio. Estas medidas son violatorias de los derechos humanos de los encarcelados, tanto los que están con condena como los que no, cuyos derechos no se respetan. Y el mayor peligro es que volvemos a presenciar una judicialización y una condena de la pobreza a priori. Cada vez más la policía local apresa a los chicos porque sí: porque son skaters, porque tienen tatuajes, porque “parecen pandilleros”, porque son pobres.


–¿Hay algún tipo de resistencia frente a estas violaciones a los derechos humanos?


–Hay un movimiento que se llama “Azul originario”, encabezado por Wendy Morales, una chica que estuvo encarcelada tres meses y le dijeron: “ups perdone, usted tiene razón, no es culpable”. “Azul originario” y “Los siempre sospechosos de todo” son movimientos que nacen de condenas injustas y ayudan a jóvenes que están encarcelados esperando un juicio sin ninguna prueba que muestre que ellos son pandilleros o que han cometido algún tipo de ilícito. En algunos casos se probó que la policía sembró droga en la mochila de algunos jóvenes para apresarlos. Volvemos a encontrar fuerzas armadas y policiales terriblemente coercitivas. Más que la pobreza, el problema en El Salvador es la desigualdad que lleva a estos altos niveles de violencia.


–¿En qué medida logra colarse la palabra oficial, gubernamental, en el discurso mediático?


–Hay allí, al menos, tres cuestiones. La primera tiene que ver con una sociedad profundamente autoritaria de la cual el periodista forma parte y, por ende, está acostumbrado a multiplicar ese discurso oficial. Es complejo también exigirle al periodista que salga de esa lógica social en la cual está inmerso, donde además, probablemente viva en zonas controladas por pandillas y también sea extorsionado. La segunda cuestión se refiere a la lógica perversa de muchos medios de comunicación que hacen que un mismo reportero tenga que cubrir cinco notas en un día, de temas muy distintos y en espacios muy distintos. Eso te crea una aproximación muy básica al tema que estás cubriendo. Entonces, imagínate la siguiente escena. El presidente dice: “Llevamos 1500 homicidios pero no te preocupes que 1000 de esos son pandilleros. Esos, que se maten”. El periodista alcanza a tomar nota, no tiene datos para hacer una repregunta y sabe que dentro de media hora debe estar cubriendo otra nota. La propia lógica mediática nos impide construir discursos más articulados. La tercera cuestión es la compra de periodistas por parte del Estado.


–¿Cómo se llega a esa cooptación de los periodistas?


–Hay periodistas que prácticamente son comunicadores institucionales cuidando la imagen estatal, que en lugar de hacer preguntas de fondo a un funcionario reproducen lo que el funcionario está diciendo. En ciertos casos, se sabe que hubo sobresueldos cobrados por periodistas desde distintos espacios por determinados favores.


–¿Es posible establecer continuidades entre el derrotero de la guerra civil en El Salvador y la forma que tomaron los acuerdos de paz con el rasgo autoritario que usted asigna a la sociedad salvadoreña?


–La guerra civil en El Salvador forma parte de estos procesos latinoamericanos en donde grupos de campesinos, grupos de estudiantes, obreros de fábricas entre otros, se dan cuenta de que nuestros Estados, que en casi toda América Latina estaban liderados por militares, eran autoritarios y promovían una profunda desigualdad socioeconómica. Frente a ello, deciden emprender una lucha revolucionaria para intentar cambiar el sistema. La terrible represión de los años ‘70 no logra bajar los niveles de lucha. Por el contrario, el slogan del momento era: “a más represión, más lucha, más organización”. El 15 de octubre de 1979 llega al poder la Junta Revolucionaria de Gobierno que da un golpe de Estado al general Carlos Humberto Romero, el presidente de entonces. Pero a los seis meses nuevamente se le da un golpe a la Junta Revolucionaria y se vuelve otra vez a los procesos represivos. A principios de 1980 matan a Mario Zamora, uno de los grandes dirigentes de la Democracia Cristiana y asesinan también a Oscar Arnulfo Romero, un arzobispo muy famoso en El Salvador que denunciaba las injusticias cometidas por el gobierno militar.


–El asesinato del arzobispo Romero fue un punto de inflexión para la sociedad salvadoreña, durante la dictadura.


–Sí. En ese momento, la sociedad tomó conciencia de que ese asunto no iba a mejorar mediante pequeñas reformas y mucha gente decidió tomar las armas. El 10 de octubre de 1980, cinco organizaciones guerrilleras militares –provenientes de distintas perspectivas político-sociales que, además, estaban dispersas en distintos puntos del país– decidieron crear el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMNL). Esa lucha se prolongó diez años y después vinieron los acuerdos de paz. Yo destacaría dos cuestiones. Una, que los dos partidos políticos que han estado en el poder nacen de una guerra militar y sus dirigentes tienden a reproducir estrategias político-militares; eso se mantiene.


–¿Y la segunda cuestión?


–Una de las grandes deudas de los acuerdos de paz en El Salvador es no haber trabajado con la víctima ni con el proceso de reconciliación. En una sociedad autoritaria, al igual que en una familia autoritaria, se dice: “nos callamos y no se vuelve a hablar del asunto”. En El Salvador no hubo un proceso de diálogo, de ver cómo nos sentimos, qué fue lo que pasó.
–¿Los acuerdos de paz no incluyeron un proceso de diálogo?


–No incluyeron trabajar la reconciliación. Cuando se firman esos acuerdos, después de crear una comisión de la verdad que investiga crímenes, se produce una amnistía general para todos... y borrón y cuenta nueva. Entonces, veinticinco años después de los acuerdos de paz, la gente empieza a preguntarse si no tendríamos que hablar de esos temas, si no se tendría que hablar de las masacres que han pasado, si no habría que reconocer a la víctima.


–El que no haya habido una política de memoria se traduce en avances tibios por parte de los gobiernos de izquierda. En forma paralela, hay batallones que mantienen el nombre de los generales que encabezaron masacres a la población durante la dictadura.


–Sí. Al mismo tiempo, en la sociedad salvadoreña se está creando mayor conciencia de la importancia de trabajar la memoria. Surgen nuevas propuestas y peticiones de la sociedad civil, como el año pasado, durante la celebración de los 25 años de los acuerdos de paz, el gobierno se comprometió a construir un Museo de la Memoria. Los Museos de la Memoria que tenemos han sido creados y administrados por la sociedad civil; lo que el Estado no hace lo va construyendo la gente. En materia de memoria, destaco el trabajo del Museo de la Palabra y la Imagen, pero también hay museos en sitios donde hubo masacres, pequeños espacios donde la gente intenta mantener la memoria de su historia.


–En su estudio sobre las migraciones de ciudadanos salvadoreños hacia Estados Unidos, describe los rasgos de una “cultura nómada”. ¿De qué se tratan esos rasgos?


–En El Salvador subyace un discurso construido desde los medios de comunicación según el cual la migración es la gran posibilidad de movilidad social. El último informe de desarrollo humano, realizado hace aproximadamente seis años, afirma que de cada tres salvadoreños que consiguen trabajo, dos están fuera del país. Esto da una pauta de la problemática a la que se enfrenta cualquier salvadoreño que está intentando construir un proyecto de vida en el país. Esta cultura migrante asume que El Salvador es un lugar que te cierra las puertas. Actualmente, los jóvenes de clases populares tienen dos opciones como posibilidad de defensa: ingresar a la pandilla o migrar.


–¿Entrar a la pandilla supone una suerte de ascenso social?


–Si entras a la pandilla, aunque te maten muy joven, te aseguras que al menos tu mamá y tus hermanos tendrán casa o posibilidades de estudiar. Más que ascenso, hay una suerte de protección de la propiedad. La pandilla y la migración llegan a donde el Estado no llega. Aunque el Estado salvadoreño se comprometa a decir: “Los vamos a convencer y no van a migrar más”, la gente seguirá migrando. Y además, la reunificación familiar se vuelve muy importante. En este momento, la primera causa de migración es la reunificación familiar, la segunda causa de migración es la violencia: la pandilla te amenaza y te tienes que ir. En Centroamérica, la sociedad civil está muy sola. Vemos estrategias de supervivencia en esta moderna soledad que se habita.

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(Incluye video) + Álvaro Uribe ante los jueces, ¿Dónde terminará este globo?

Lo que parecía imposible gana una luz en Colombia: el hasta hoy senador Álvaro Uribe fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso en cabeza del magistrado José Luis Barceló. La respuesta del imputado fue inmediata: renunciar al senado, jugada fríamente calculada y con la cual, según diversos expertos en esta materia, impide que los máximos jueces del país lo procesen, pasando su investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Como es conocido en nuestro país, la realzada independencia de este órgano del poder estatal es un decir. Cuota del poder económico y político, quien la encabeza siempre es ficha del poder. Consciente de ello, el senador Cepeda manifestó: “Yo creo que aquí lo que procede es pedirle a las organizaciones de derechos humanos más reconocidas internacionalmente, como Human Rights Watch (HRW) y como Amnistía Internacional (AI) que hagan una veeduría internacional sobre este proceso",

Con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia queda clara la anunciada pretensión del Centro Democrático de liderar un proceso reformatorio para concentrar todo el poder de las Cortes en una sola de estas, sometida, en este caso, al poder del Ejecutivo. La iniciativa anunciada para ser liderada en la legislatura que inició sesiones este 20 de julio, queda así abortada, o por lo menos llegará en tiempo tardío. ¿Dieron vía libre los jueces a esta investigación contra Uribe como una manera de proteger las Cortes en la forma como hoy existen y operan?

Antecedentes

El proceso por el cual es llamado a juicio el expresidente y exsenador, corresponde a la causa abierta por el senador Iván Cepeda quien interpuso demanda ante el alto Tribunal por la presunta relación de Uribe con paramilitares en Antioquia.

La confrontación judicial entre Uribe y Cepeda se remonta al año 2012, cuando el primero denunció al segundo por el supuesto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamllitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra. Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en el departamento donde fue gobernador y tiene su mayor cuota política. El llamado a juicio de Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia indica que el juez Barceló dio validez a los testimonios vinculados a esta causa, en este caso los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.

De esta manera, por primera vez en el país, un expresidente tendrá que defenderse ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso su sala penal. Un suceso que más allá de su descenlace final abre las puertas para el cambio de la correlación de fuerzas en Colombia. Un debilitamiento del mismo gobierno de Iván Duque, que apenas inicia el próximo 7 de agosto es factible, pues los ecos de esta causa judicial le llegarán a su rostro, debiendo maniobrar en uno u otro sentido para neutralizarlos. Los coletazos de tal fenómeno aún no se pueden sopesar en toda su magnitud, pero podrían avisorar un recrudecimiento del conflicto interno, en primera instancia elevando la cuota de lideres sociales asesinados, y en segunda instancia potenciando y fortaleciendo el mismo poder de las estructuras paramilitares las cuales podrían optar, contrario a una desmovilización como la ofrecida por Juan Manuel Santos, por un accionar más coordinado e intenso.

Las denuncias por la supuesta relación de Uribe con los grupos paramilitares, son diversas y han corrido en Colombia de boca en boca. Denuncias nunca probadas pero siempre latentes, tal vez silenciadas de manera poco santa. La sospecha siempre ha estado ahí, rondando diversos escenarios del país.

Glorificado por unos y odiado por otros, Uribe empieza a vivir una etapa que seguramente ha sopesado hasta en los más mínimos detalles; en todo caso, el escenario abierto este 24 de julio de 2018 es novísimo, y puede tomar diversas coordenadas, como un globo navideño, hasta llegar a los expedientes que dicen poseer los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que como se sabe le tiene abierto prontuario a todo dirigente político del mundo, los cuales usa de acuerdo a sus intereses y sus refinados cálculos geopolíticos.

La pregunta del millón es, ahora y hacia el futuro: ¿ya cumplió su papel el expresidente y exsenador? ¿Ya no les hace más falta? Como a un enfermo terminal, ¿lo desconectarán?

 

Video 

 

https://youtu.be/cDb0Mf2GdiI

 

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Viernes, 27 Julio 2018 17:45

Los Derechos Humanos en letra muerta

Los Derechos Humanos en letra muerta

En Ciudad Bolívar, una de las localidades más populosas de Bogotá, la violación de los Derechos Humanos es constante. Luchando contra ello tomó vida la Coordinadora Cívico Popular, en la que confluyen alrededor de sesenta organizaciones de las más de trescientas con asiento en este territorio. En el año 2017 se conformó el comité de Derechos Humanos. Aquí un diagnóstico de la situación que en este campo viven sus pobladores.

La situación no es nueva. Las bandas de distinto tipo disputan el control del territorio de esta parte de Bogotá. Para ello se valen del comercio de narcóticos, el cobro de “impuestos” al comercio local, el control del transporte informal que circula por sus calles, la imposición de fronteras imaginarias, así como la propia intimidación ejercida a través de personas armadas que patrullas calles haciendo labores de “campaneros”, pero también a través de la mal llamada “limpieza social”.

Control territorial favorecido por la violación de los derechos básicos de miles de sus pobladores, en aspectos como trabajo, vivienda, salud, educación, recreación, ingresos, alimentación. Librados al “sálvese quien pueda”, el terreno queda abonado para la multiplicación de “ollas”, conformación y multiplicación de bandas –pequeñas y grandes–, así como el comercio ilegal de todo tipo de productos.

Hay que anotar, con paradoja, que la misma existencia de las “ollas” lleva a la multiplicación de drogadictos, los mismos que son controlados a punta de bala por sus creadores cuando se salen de los marcos impuestos por los jefes de zona –incumpliendo con los pagos por el mismo consumo, o robando tiendas del sector–. La multiplicación de asesinatos, por ciertos periodos tiene que ver con esto, cuando no es que afecta a los propios defensores de Derechos Humanos o activistas en general, en cuyo caso corresponde a que sienten disputado su control sobre ciertos territorios, o pagan de esa manera un favor a otros poderes con presencia local, en todo caso contrarios a la justicia y la libertad.

Cuando este tipo de circunstancias toman forma, y se salen de control, la respuesta institucional es enviar más policía a la localidad, como sucedió en el año 2016, cuando multiplicaron la presencia uniformada con otros 750 agentes. El allanamiento de ollas y las capturas también fueron evidentes, lo cual bajó un poco la tensión social, pero solo como remedio temporal, superficial, pues las causas siguieron intactas por lo cual, al poco tiempo, todo siguió igual.

La historia se repite. Durante el año 2017 se presentaron capturas y allanamientos en febrero, abril y agosto, desmantelando bandas como los “profetas”, la cual extendía sus controlen por varias localidades del sur.

Más leña para el fuego

La conflictividad y violación de los Derechos Humanos en la localidad se agudiza por otros dos fenómenos. 1. Los asentamientos informales en zonas estratégicas, los mismos que sirven para la expansión del narcotráfico mediante la apertura de nuevas “ollas”, así como la prolongación de corredores para el tránsito de sustancias psicoactivas. En estos nuevos asentamientos aprovechan diversidad de necesidades de sus pobladores (vivienda, trabajo, alimentos) para controlarlos y explotarlos, apareciendo como “salvadores”.
2. La minería legal e ilegal, que mediante la vigilancia privada intimidan a la población asentada históricamente en esta parte de la capital del país.

En todo caso, hay que recordar que la situación de violencia que aquí vivimos ganó un nuevo pico con el desalojo del Bronx, pues localidades como Ciudad Bolívar y otras del sur fueron las receptoras de los que salieron desplazados de allí. El fuego cruzado entre bandas que traían litigios fue cotidiano, y la inseguridad fue más evidente.

Incremento de inseguridad con un desenlace fatídico, como lo testimonia el asesinato en el 2017 de una menor de 11 años, hecho acaecido en el barrio El Espino I, UPZ Perdomo, víctima de un enfrentamiento entre bandas locales en disputa del control del sector con otros grupos de Soacha. La realidad que esto desnuda es la ya comentada: ni el gobierno nacional ni el distrital implementan políticas estructurales que rompan con los factores que alimentan la violación de los Derechos Humanos que aquí son pan diario.

Es una realidad sin resolución efectiva. Es así como en el año 2018 la constante es la misma: ollas, control territorial, disputas entre bandas y grupos de paramilitares desmovilizados, inseguridad, hurtos, homicidios; nuevos allanamientos y capturas bajan la tensión por momentos, pero unos días después el río vuelve por su cause. ¿Hasta cuándo?

 UPZ  Barrios  Factor de riesgo
     
 Lucero Manitas, Alpes, Arabia, Lucero, Estrella, Paraíso, Villas del Progreso, Juan Pablo II, Bella Flor y Domingo Laín El expendio de sustancias psicoactivas y armas. La disputa por el control territorial es constante y como muestra de su control asesinan a los jóvenes de la localidad. De manera sistemática infunden miedo en la población.
     
 Jerusalén Potosí, Verona, Tanque Laguna, Arborizadora Alta y Nueva Argentina  El expendio de sustancias psicoactivas, control territorial por parte de grupos pos desmovilización paramilitar, denominados “Águilas Negras”, “Paisas” y “Costeños”, además de las fronteras invisibles (Caracolí, Grupos, Tres esquinas y dentro del mismo Potosí) que impiden el acceso a los espacios.
El exterminio social es también uno de los factores de riesgo más grandes, lo que afecta a jóvenes y adultos. Los habitantes de Potosí, uno de los lugares centrales del conflicto, denuncia que es un epicentro de enfrentamientos entre bandas delincuenciales y Policía Nacional. En el territorio también se encuentran lugares de explotación minera ilegal que han contratado vigilancia privada, creando fronteras invisibles que impiden el libre acceso al territorio.
     
 Arborizadora Arborizadora, Atlanta, Ensueño y Coruña, El expendio de sustancias psicoactivas, enfrentamientos entre hinchadas de fútbol y persecución política a líderes comunales y procesos sociales a manos de grupos delincuenciales e incluso la Policía Nacional.
     
 Tesoro  Barranquitos, Quiba, Acapulco, Divino Niño, Estrella, Mochuelo y La Cumbre.  Denuncian una problemática ambiental a partir del botadero de basura mal llamado relleno sanitario, por el cual se incrementa el deterioro de la salud de quienes allí habitan. Las protestas de la comunidad tomaron forma y la respuesta por parte del Estado fue la militarización de la zona, persecución, señalamiento e intento de judicialización a líderes sociales. En el sector urbano de la UPZ han ingresado varios grupos pos desmovilización del paramilitarismo y bandas delincuenciales, auspiciando la fronterización invisible y miedo colectivo en la población.
     
 Ismael PerdomoxxxAltos de la Estancia, Perdomo Alto, Espino, Casa Grande, Tres Reyes, Estancia, Santa Viviana y Santo Domingoxxx

 La presencia de grupos pos desmovilización paramilitar denominados “Paisas”, “costeños” y “Urabeños”, los cuales se disputan el control territorial en la zona y lideran corredores de sustancias psicoactivas y armas.

Los hurtos recurrentes a los faros que están alrededor de la cancha del Barrio Casa Grande permite que se lleven a cabo asaltos directos contra la Casa Cultural del barrio y acciones amenazantes contra los líderes sociales del sector.

La cercanía de la localidad con el municipio de Soacha es un factor importante a tener en cuenta, porque allí se ha demostrado la presencia de escuelas de sicariato en las que enseñan a robar y asesinar. En dicho municipio, a pesar de la desmovilización, grupos paramilitares siguen operando, e intimidando a la población civil.

 
Video relacionado

https://youtu.be/a_JV6420WHA
 


Publicado enEdición Nº248
Viernes, 27 Julio 2018 06:51

Las (in)justicias

Las (in)justicias

Imagínense a dos mandatarios. El mandatario X acusado de recibir supuestamente de una empresa “a cambio de contratos gubernamentales” un lujoso departamento “amueblado al gusto de su (fallecida ya) esposa” –que al final no es tan lujoso, tan amueblado, ni, desde luego, tan suyo (bit.ly/2A7LAJn)– fue condenado a 12 años de cárcel por “corrupción” en una verdadera “ Bliztkrieg jurídica” (también hay otras palabras para hablar de esta cochinada) y ya lleva casi cuatro meses tras las rejas.

¿Las pruebas? Inexistentes. Bastaron las palabras. Unas (“¡Yo se lo di!”) de un empresario corrupto, que a cambio gozó –por supuesto– de una generosa reducción de su propia sentencia (bit.ly/2qVq2sI). Y otra –“¡Culpable!”– de la boca de un juez justiciero que, si alguien se tomara en serio el significado de la “justicia”, debería cambiar inmediatamente su toga por el uniforme carcelario.


Por otro lado está el mandatario Y, quien desde hace años está siendo investigado –junto con su esposa– “por fraude al Estado y prácticas incompatibles con la función pública”, o sea –cortesía del traductor de Google– la más descarada y desvergonzada corrupción común y corriente. Desde hace años la policía “está a punto de concluir sus investigaciones”. Desde hace años el fiscal general “está a punto de formular la acusación oficial”. ¿Y...? Nada.


El papeleo –los casos, las pruebas, los testimonios (igual a cambio de uno que otro “arreglo”, pero al menos varios y en consonancia uno con el otro), las fotos, las grabaciones, etcétera– dividido en varias carpetas crece con cada día que el susodicho sigue al timón. Sus nombres son adecuadamente voluminosos:


Carpeta “1000” trata de los obsequios –puros (más caros) para él, champán rosa (más caro) para ella, más joyas y otras cosas– que la “pareja real” exige desde hace años de varios millonarios en su entorno a cambio de “influencias”. ¿Su valor? Más de un cuarto de millón de dólares.


Carpeta “2000” trata de la oferta de corrupción que el mandatario Y le extendió al jefe del segundo diario de su país: una cobertura favorable para él y para su –detestada generalmente– esposa, a cambio de la reducción del tamaño y tiraje del periódico más grande (fundado de hecho por otro millonario “amigo” con el solo propósito de glorificar a dicho mandatario).


Carpeta “3000” –la más “pesada”, pero igual la menos “avanzada”– sobre las mordidas que repartía el astillero alemán en la venta de sus submarinos y otras vinculados con las concesiones de las plataformas gasíferas: mucho dinero se fue a muchos bolsillos de la gente cercana a Y (¿y los de su traje como quedaron?).


Carpeta “4000”, finalmente sobre los afanes de asegurarse –otra vez– cobertura amigable de un portal de noticias a cambio de reformas gubernamentales favorables a su dueño, magnate de telecomunicaciones.


Hasta aquí los hechos. Y hasta aquí la imaginación. ¿O alguien sí es capaz de imaginarse lo que se desataría si el mandatario X hubiera cometido la pequeña –siquiera– fracción de lo que Y ya tiene en sus expedientes? Pero luego no hacía falta que hiciera nada.


O sólo una cosa: ser el candidato más popular en la mira de las elecciones presidenciales de octubre, en las que –en caso de presentarse– al parecer quedaría relegido con una holgada ventaja. Y si alguien se queda con un sabor de injusticia en la boca siempre se le puede decir –¡bienvenidas las interpretaciones de la dictadura global mediática!– que fue un “mal necesario”: “una cárcel preventiva ante el advenimiento del autoritarismo”. Ok...


El mandatario Y fue relegido como primer ministro –y sigue (una curiosidad...) gozando de una gran popularidad a pesar de ser un corrupto...– ya tres veces. ¿Algún problema? Para nada. En este caso es “estabilidad”, “conocimiento”, “experiencia”. “Experiencia”. Eso sí. Después de su primer mandato (en 2000) la policía confiscó de la residencia oficial 700 regalos demasiado costosos para ser aceptados para empezar (150 “desaparecieron”), declinando luego acusarlo. Igual él ya sabía después que no hay que dejarlos pasar.


Según su esposa, cuyo propio proceso por la defraudación de fondos públicos acaba –por supuesto– de posponerse, “de no estar sacrificándose para su país”, Y estaría “ganando millones en el sector privado” (así que algo se merece). Según su abogado, “es una persona honesta, sólo tiene debilidad por la gente rica” (sic).


El mandatario X –mala suerte– tenía más debilidad por la gente pobre, razón precisamente de la arremetida del fascismo en su contra (bit.ly/2mH48qs). El fascismo del que Y es el paladín en su país (bit.ly/2v0T8ry). De verdad. Por misteriosos caminos se mueve la dialéctica.


El mandatario X es por supuesto Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y el Y Benjamín Bibi Netanyahu (Israel). En tiempos de la supuesta desaparición de la diferencia “derecha-izquierda” su caso tiene un beneficio adicional. ¿O alguien todavía insiste de que la Temis es ciega, los lados de su balanza no importan y sus platos (derecho-izquierdo) no están amañados?

 

Maciek Wisniewski, periodista polaco

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Álvaro Uribe ante los jueces, ¿Dónde terminará este globo?

Lo que parecía imposible gana una luz en Colombia: el hasta hoy senador Álvaro Uribe fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso en cabeza del magistrado José Luis Barceló. La respuesta del imputado fue inmediata: renunciar al senado, jugada fríamente calculada y con la cual, según diversos expertos en esta materia, impide que los máximos jueces del país lo procesen, pasando su investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Como es conocido en nuestro país, la realzada independencia de este órgano del poder estatal es un decir. Cuota del poder económico y político, quien la encabeza siempre es ficha del poder. Consciente de ello, el senador Cepeda manifestó: “Yo creo que aquí lo que procede es pedirle a las organizaciones de derechos humanos más reconocidas internacionalmente, como Human Rights Watch (HRW) y como Amnistía Internacional (AI) que hagan una veeduría internacional sobre este proceso",

Con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia queda clara la anunciada pretensión del Centro Democrático de liderar un proceso reformatorio para concentrar todo el poder de las Cortes en una sola de estas, sometida, en este caso, al poder del Ejecutivo. La iniciativa anunciada para ser liderada en la legislatura que inició sesiones este 20 de julio, queda así abortada, o por lo menos llegará en tiempo tardío. ¿Dieron vía libre los jueces a esta investigación contra Uribe como una manera de proteger las Cortes en la forma como hoy existen y operan?

Antecedentes

El proceso por el cual es llamado a juicio el expresidente y exsenador, corresponde a la causa abierta por el senador Iván Cepeda quien interpuso demanda ante el alto Tribunal por la presunta relación de Uribe con paramilitares en Antioquia.

La confrontación judicial entre Uribe y Cepeda se remonta al año 2012, cuando el primero denunció al segundo por el supuesto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamllitares en las cárceles y convencerlos de que declararan en su contra. Con esos testimonios, Cepeda vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en el departamento donde fue gobernador y tiene su mayor cuota política. El llamado a juicio de Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia indica que el juez Barceló dio validez a los testimonios vinculados a esta causa, en este caso los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve.

De esta manera, por primera vez en el país, un expresidente tendrá que defenderse ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso su sala penal. Un suceso que más allá de su descenlace final abre las puertas para el cambio de la correlación de fuerzas en Colombia. Un debilitamiento del mismo gobierno de Iván Duque, que apenas inicia el próximo 7 de agosto es factible, pues los ecos de esta causa judicial le llegarán a su rostro, debiendo maniobrar en uno u otro sentido para neutralizarlos. Los coletazos de tal fenómeno aún no se pueden sopesar en toda su magnitud, pero podrían avisorar un recrudecimiento del conflicto interno, en primera instancia elevando la cuota de lideres sociales asesinados, y en segunda instancia potenciando y fortaleciendo el mismo poder de las estructuras paramilitares las cuales podrían optar, contrario a una desmovilización como la ofrecida por Juan Manuel Santos, por un accionar más coordinado e intenso.

Las denuncias por la supuesta relación de Uribe con los grupos paramilitares, son diversas y han corrido en Colombia de boca en boca. Denuncias nunca probadas pero siempre latentes, tal vez silenciadas de manera poco santa. La sospecha siempre ha estado ahí, rondando diversos escenarios del país.

Glorificado por unos y odiado por otros, Uribe empieza a vivir una etapa que seguramente ha sopesado hasta en los más mínimos detalles; en todo caso, el escenario abierto este 24 de julio de 2018 es novísimo, y puede tomar diversas coordenadas, como un globo navideño, hasta llegar a los expedientes que dicen poseer los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, que como se sabe le tiene abierto prontuario a todo dirigente político del mundo, los cuales usa de acuerdo a sus intereses y sus refinados cálculos geopolíticos.

La pregunta del millón es, ahora y hacia el futuro: ¿ya cumplió su papel el expresidente y exsenador? ¿Ya no les hace más falta? Como a un enfermo terminal, ¿lo desconectarán?

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