Jorge Rodríguez muestra una foto de Marrero durante la conferencia de prensa en la que denunció un complot contra Maduro.

Detallan la conformación de los actores políticos y operativos, territorios, financiamientos y objetivos político-militares de los ataques planeados para derrocar al gobierno.


El gobierno de Venezuela anunció la detención y desmantelamiento parcial de un entramado paramilitar en el país organizado a nivel local por Juan Guaidó y el partido al que pertenece, Voluntad Popular. La declaración fue brindada por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, quien detalló la conformación de los actores políticos y operativos, territorios, financiamientos, y objetivos político-militares de los ataques planeados.

La acción se llevó adelante luego de que una información de inteligencia del gobierno descubriera que se llevaba adelante la contratación sicarios relacionados con crímenes, narcotráficos y maras, en tres países de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras, con epicentro en el primero, dijo el vocero del gobierno chavista. El esquema planteaba conformar de ocho a diez equipos integrados por entre seis y ocho personas, detalló.


Según Rodríguez, el plan era hacer ingresar a los paramilitares a Venezuela a través de Colombia, con centro de operaciones en la ciudad fronteriza con Venezuela de Cúcuta, la misma zona donde fueron entrenados quienes realizaron el atentado contra Nicolás Maduro en el 2018, y donde fue montada la acción de intento de ingreso por la fuerza a Venezuela de camiones con ayuda humanitaria pasado 23 de febrero. El Norte de Santander, región donde se encuentra Cúcuta, es un territorio con una presencia extendida del paramilitarismo, con desarrollo de los grupos Los Rastrojos y El Clan del Golfo, y de carteles de drogas mexicanos.


“Al menos de la mitad de estos paramilitares (…) lograron entrar a Venezuela, estamos buscándolos por tierra, por mar, por aire, donde quiera que se encuentren vamos a capturarlos, porque ya tenemos identificados a algunos”, afirmó Rodríguez. Luego de la rueda de prensa se anunció que había sido apresado un jefe paramilitar colombiano traído para las operaciones, Wilfrido Torres Gómez, solicitado con código azul por la Interpol por homicidio y sicariato.


Las células terroristas, informó Rodríguez, planeaban asesinatos de líderes sociales y políticos, sabotajes de metro y teleféricos con voladuras de vagones y operaciones de falsos positivos, o sea, vestir a los paramilitares con uniformes proporcionados por los desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para generar una situación de enfrentamiento entre militares venezolanos. La escalada de acciones terroristas debía conducir hacia un intento de huelga general, y un asalto al Palacio de Miraflores, dijo el ministro.
La investigación llegó a descubrir la dirección política tras la operación que, en territorio venezolano, se concentró en manos de la dirección del partido Voluntad Popular (VP), con el involucramiento directo en la planificación y desarrollo de Juan Guaidó, Leopoldo López, Freddy Guevara y Roberto Marrero, entre otros, dijo Rodríguez. Este último, quien era el nexo entre los paramilitares y Guaidó, había sido arrestado el pasado jueves en su casa, donde encontraron dos fusiles, una granada y municiones, según había informado el ministro de Interior, Justicia y Paz. Gran parte de las pruebas fueron encontradas en su teléfono, varias de la cuales fueron mostradas por Rodríguez, con autorización del Ministerio Público.
Por ejemplo: “Vamos a pasar de una estrategia de asedio, tesis de Estados Unidos (EE.UU.) que busca que la asfixia financiera y el aislamiento los quiebre, a una estrategia de asalto, calle total, articulado con agricultura”, fue la forma en la cual Freddy Guevara describió el plan que estaba en marcha, en una de las conversaciones que mostró Rodríguez.


El financiamiento para contratar, trasladar y armar a las células estaba planteado a través de cuentas personales, así como de organizaciones no gubernamentales, algunas de las cuales fueron creadas en las últimas semanas. Parte de las fuentes de dinero provenían del dinero obtenido con las sanciones económicas dirigidas por EE.UU. que, entre otras medidas, incautaron fondos del Estado venezolano. Esos ataques económicos han recrudecido en días pasados, con golpes sobre la empresa de oro Minerven y tres bancos del estado incluyendo el Bandes, afectando a 24 millones de clientes, según informó el gobierno.


“Eso es como cuando Darth Vader toma por el cuello a alguien en la Guerra de las Galaxias. Eso es lo que estamos haciendo económicamente con el régimen de Maduro”, dijo John Bolton, consejero de seguridad norteamericano.


La operación descubierta y parcialmente neutralizada, así como la transparencia en la agresión económica, parecen evidenciar la articulación y combinación de variables de asalto contra el gobierno del presidente electo Nicolás Maduro, así como la cadena de mandos que comienza en EE.UU. La impunidad con la cual el ataque financiero es llevado adelante es casi total: solo ha sido condenado en algunas instancias internacionales, como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó el pasado jueves una resolución acerca de la “repercusión negativa de las medidas coercitivas y unilaterales”.


Si las amenazas de Bolton se cumplen, los ataques económicos recrudecerán. Es lo más efectivo que han logrado implementar. Lo demás no ha dado los resultados esperados: la Fanb no se ha quebrado, el apoyo de Guaidó en las calles tiende a disminuir, y las operaciones subterráneas han sido desmanteladas, una en febrero, y otra esta semana. En ese marco el tiempo juega en contra de la estrategia de Guaidó, debido a la perdida de expectativas, la evidenciación para su base de apoyo que no resultará tan sencillo tomar el poder, por más que Guaidó volvió a anunciar ayer “iremos al Palacio de Miraflores”, sin poner fecha, durante una concentración en el oriente del país. A esa misma hora el chavismo estaba nuevamente en las calles de Caracas en una movilización que finalizó con un acto en las inmediaciones de la sede del gobierno venezolano.

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Concluyó la investigación sobre la trama rusa en EU

Nueva York. El fiscal especial Robert S. Mueller entregó el informe final de su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales incluyendo la posible colusión de la campaña de Donald Trump con el Kremlin y la subsecuente obstrucción de justicia del presidente. El documento marca el fin del proceso que ha mantenido bajo sitio a la Casa Blanca durante casi dos años, pero que sólo es una de múltiples investigaciones contra uno de los regímenes más sospechados de corrupción y actividades ilegales desde los tiempos del Watergate.

El informe fue entregado al procurador general William Barr, quien de inmediato informó a líderes de los dos comités judiciales del Congreso que espera poder compartir con ellos tan pronto como este fin de semana "las principales conclusiones" alcanzadas por Mueller.

Por ahora, el procedimiento es que Barr redactará su propio resumen sobre las conclusiones de Mueller y tiene la autoridad para determinar qué tanto del informe será divulgado al público, aunque había señalado que su intención es ofrecer lo máximo posible. Ayer destacó: "Permanezco comprometido con toda la transparencia que sea posible".

Sin embargo, líderes legislativos y candidatos presidenciales demócratas exigieron de inmediato que casi todo el reporte sea hecho público. Aunque Trump había declarado que favorecía eso, en privado se sabe que su equipo legal está contemplando evitar la divulgación de cierta información, y por tanto esta pugna podría acabar en tribunales.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, comentó por tuit: "Vemos con anticipación que el proceso tome su curso", señalando que ellos no recibieron copia y que los próximos pasos le corresponden al procurador general.

No se sabe si el informe resuelve la disputa sobre si el equipo de Trump estuvo coludido con los rusos, ni de su responsabilidad en actos de obstrucción de la justicia, incluyendo el despido del ex jefe del FBI James Comey en 2017, quien entonces encabezaba la investigación sobre la mano rusa en las elecciones estadunidenses y cuya expulsión abrupta ordenada por Trump llevó al nombramiento de Mueller en mayo de ese año.

La entrega del informe marca el fin de la investigación, sin el anuncio de más acusaciones formales además de las anunciadas previamente y según algunas indicaciones preliminares esta noche, es posible que el fiscal especial ya no presente más cargos.

De hecho, no queda claro de qué tanto margen gozan Mueller y otros funcionarios del Departamento de Justicia para proceder penalmente contra Trump ya que según las normas prevalecientes, no pueden presentar acusaciones formales contra un presidente en funciones.

Sin embargo, eso no implica que las conclusiones y evidencias, si es que revelan delitos, no podrían ser empleadas por el Congreso para formular sus propios cargos en un potencial proceso de impeachment.

Durante el curso de su investigación, de unos 21 meses, Mueller presentó cargos y procedió penalmente contra 34 individuos y empresas, entre ellos seis socios y asesores claves de Trump: su ex jefe de campaña, Paul Manafort; el subjefe de esa campaña, Rick Gates; su ex asesor de Seguridad Nacional, Mike Flynn, y su abogado personal, Michael Cohen. Robert Stone, otro íntimo de Trump, está en espera de juicio por todo tipo de acusaciones.

Desde el inicio de la investigación, Trump no ha cesado de descalificar el proceso, emitiendo un promedio de dos ataques diarios, en los que insiste en que era parte de un complot en su contra. Una y otra vez rechazó los cargos, atacó a Mueller y a su equipo de ser títeres de los demócratas (Mueller es republicano) y hay versiones de que deseaba despedirlo y que sólo desistió después de que sus asesores le advirtieron de la crisis que eso detonaría. El magnate repitió hasta el cansancio que la investigación era una "cacería de brujas".

Aunque la pesquisa encabezada por Mueller era la de más alto perfil y el enfoque de todo Washington, su conclusión no implica el fin de las múltiples investigaciones y procesos legales relacionadas con Trump.

Proceden investigaciones federales y estatales en Nueva York, Virginia y la capital donde, entre otros asuntos, se están indagando posibles violaciones de financiamiento de campaña que incluyen los pagos por silencio de dos mujeres, quienes dicen haber tenido aventuras sexuales con el magnate, como por posibles contribuciones extranjeras ilegales a su comité de asunción, y tambien sobre operaciones financieras de su empresa, entre otras.

Además, se acaba de estrenar una serie de investigaciones legislativas de varios comités de la cámara baja, ahora controlada por los demócratas. Muchas de éstas se podrían ver nutridas por elementos de la pesquisa de Mueller. Más aún, algunos de los casos que resultaron de esta investigación siguen activos bajo la dirección de fiscales federales o ante tribunales.

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Detienen al sospechoso de asesinar a Marielle

A dos días de cumplirse un año del crimen de Marielle Franco, capturaron al supuesto sicario Ronnie Lessa, un sargento jubilado de Río. También fue apresado Elcio Vieira Queiroz.

El vecino del presidente. Un presunto parapolicial que reside en el mismo predio donde vivió Jair Bolsonaro hasta asumir la presidencia fue arrestado en Río de Janeiro sospechado de ser quien ejecutó con cuatro disparos de subametralladora a la militante Marielle Franco.


El supuesto sicario Ronnie Lessa, fue apresado alrededor de las cuatro de la mañana por agentes de la División de Homicidios y poco después cayó Elcio Vieira de Queiroz sindicado como el conductor del automóvil que interceptó al de Marielle en la noche del 14 de marzo del año pasado en el centro carioca. En el atentado también falleció Anderson Gomes, que manejaba el otro auto y era asistente de la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).


Ronnie Lessa es sargento jubilado de la policía de Río, corporación a la que también perteneció su cómplice Vieria de Queiroz, que fue dado de baja de esa fuerza por su vinculación con las “milicias” parapoliciales.


El interrogatorio a ambos continuaba cerca de las diez de la mañana cuando otros agentes realizaban treinta y dos allanamientos en otros puntos de la ciudad.


Un grupo de investigadores permanecía en la lujosa residencia de Lessa, en el barrio Barra da Tijuca, donde se incautaron documentos, computadoras y un automóvil blindado de alta gama. Según los reporteros apostados en el lugar los agentes rastrillaron la vivienda con la expectativa de encontrar armas.


Los asesinos serían parte de una célula bien entrenada de milicianos a la cual se le confió la tarea de seguir los pasos de Marielle Franco desde octubre de 2017. El diputado federal Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), también fue seguido por los asesinos.


Para el Ministerio Público la matanza del 14 de marzo fue un hecho “bárbaro” que tuvo un móvil “político”. El atentado fue ejecutada por profesionales que además de tener entrenamiento para operar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas limpiaron la zona del atentado desconectando las cámaras de seguridad.


La entonces concejala Marielle Franco, del PSOL, fue acribillada cuando volvía de coordinar un evento llamado “Jóvenes negras moviendo las estructuras”. Era socióloga, afrodescendiente, de 38 años y vivía en pareja con la arquitecta Monica Benicio.


“Es urgente y necesario que se revele” la autoría intelectual de los dos asesinatos, demandó Benicio a poco de tomar conocimiento de los arrestos de los posibles autores materiales.
Sucede que las operaciones policiales de gran impacto se han repetido en fechas próximas a los aniversarios de la matanza. Los días 12 o 13 de cada mes suele haber una noticia retumbante con el probable interés de acallar a las demandas de los familiares y organismos de Derechos Humanos.


Monica Benicio ha viajado al exterior para denunciar el asesinato, un caso que está en la agenda de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.


“Ahora más que nunca Amnistía reitera la necesidad de que haya un grupo externo que acompañe las investigaciones”, señaló un comunicado de la entidad que ha expresado su preocupación con la demora del proceso.


El caso que causó una conmoción nacional en marzo del año pasado cuando decenas de miles de personas se volcaron espontáneamente a las calles para protestar. Las movilizaciones que sorprendieron por lo masivas y la presencia dominante de mujeres activistas junto con otras sin militancia.


Con la llegada de Bolsonaro al Palacio del Planalto el tema se hizo más explosivo: el ex capitán ha reivindicado a las “milicias” en actos políticos y hasta en el recinto del Parlamento cuando fue diputado federal por Río.


Que el policía jubilado Ronnie Lessa sea vecino suyo es una anécdota. Como también lo es suponer que ambos hayan compartido algún encuentro informal mientras paseaban por la playa frente a la cual se encuentra el predio donde tienen sus residencias.


Esa vecindad no dice nada en sí misma, pero puede dar pistas. Lo que liga a Bolsonaro con las “milicias” es su amistad de tres décadas con Fabricio Queiroz, un policía retirado con lazos estrechos en el mundo del crimen organizado.


El probable “miliciano” Fabricio Queiroz fue asesor de Flavio Bolsonaro, el hijo presidencial, que se desempeñó como legislador en Río. Por su despacho pasaron o trabajaron milicianos y familiares de éstos tal como lo demostró la prensa y está en los autos de otra investigación judicial que causó el primer escándalo del gobierno nacional hace un mes y medio.
Si los dos parapoliciales arrestados ayer por su aparente vínculo con la muerte de Marielle aceptan confesar lo que saben, este podría ser un paso para esclarecer ese crimen. Y acaso surjan más elementos sobre la trama de poder que se oculta detrás de Jair Bolsonaro.


 El clan Bolsonaro y los exterminadores

Por Eric Nepomuceno

Desde Río de Janeiro
La marea de malas noticias para el clan presidencial creció: en la víspera de que se cumpliese un año del asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes, fueron detenidos ayer en Río de Janeiro el sargento jubilado de la Policía Militar local, Ronnie Lessa, y Élcio Vieira de Queiroz, quien fue expulsado de la misma corporación en 2016. Los dos integran una “milicia”, como son llamados en Brasil los grupos de exterminio, formados por policiales, ex policiales y bomberos.


¿Cuál la relación del clan Bolsonaro –tanto el presidente Jair como sus hijos Carlos, Eduardo y Flavio– con el caso?


Primero, los cuatro pasaron su vida elogiando las “milicias” de Río. Cuando era diputado nacional, el hoy presidente llegó, con su absoluta grosería, a ofrecerse, entre risas, a “exportar algunos milicianos” para Bahía, cuando la provincia enfrentó un brote de violencia y criminalidad. Entonces el diputado provincial en Río, el hoy senador Flavio concedió a Adriano da Nóbrega, un ex capitán de la Policía Militar, el reconocimiento máximo de la Asamblea provincial. Nóbrega, hoy prófugo de la Justicia, es acusado de encabezar la ‘Oficina del Crimen’, la milicia que controla una de las mayores villas miseria de Río. Y más: empleó en su despacho de diputado a la madre, la mujer y una de las hijas del miliciano.


Pero hay más: el también ex policía militar Fabiano Queiróz, quien por décadas funcionó como una especie de gerente general de la familia –amigo del papá, era tratado por el trío de perros rabiosos como un tío querido– está involucrado hasta el cuello con desvío de dinero público e intimidad absoluta con el prófugo Nóbrega. Queiróz fue flagrado haciendo generosos depósitos en la cuenta bancaria no solo del hijo Flavio pero también de la actual primera dama, Michelle Bolsonaro.


En dos años pasaron por una de las cuentas de Queiróz poco menos de dos millones de dólares. Su jubilación, sumada al sueldo como ‘asesor’ de Flavio en la Asamblea de Río, jamás superó los cinco mil y pico de dólares mensuales. Para explicar el inexplicable flujo millonario en su cuenta, Queiróz aseguró que compraba y vendía coches usados.


Ninguna de esas evidencias, en todo caso, fue suficiente para que la evidente cercanía –y admiración– del clan Bolsonaro a los grupos de exterminio que operan en Río ganase el peso correspondiente.


Pero ahora la cosa ganó otro impulso: el asesinato de Marielle Franco y su chofer es un tema de interés que va más allá de las fronteras brasileñas, y el hombre señalado como su asesino es vecino del Bolsonaro padre en una urbanización de nuevos ricos en la zona oeste de Río.


Otro milagro de la multiplicación: con una jubilación de poco más de dos mil dólares, vive en una casa que vale más de un millón.


Claro que ser vecino está lejos de significar algún vínculo más cercano. Pero en este caso específico, los vínculos son incontestables.


Sobran fotos del Bolsonaro padre con los dos detenidos (como se puede ver a Élcio Vieira de Queiroz). Una hija de Ronnie Lessa ha sido novia de uno de los hijos presidenciales. Y Lessa reiteraba siempre, y jamás fue desmentido, que el término del noviazgo de su hija con el hijo del capitán no los había alejado.


Varios eran los indicios de que, para no hacer tambalear aún más el gobierno sin rumbo encabezado por un desequilibrado y sus hijos hidrófobos, el vínculo del clan Bolsonaro con los grupos de exterminio quedarían a la sombra. Pero alguien prendió la luz.

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Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

El presidente también propone tres reformas para modificar el sistema jurídico surgido de los acuerdos con las FARC


El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocución de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus crímenes y reparar a las víctimas.


“He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”, manifestó Duque. Entre esos artículos está el referente a la extradición de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democrático, y su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, los más férreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla más antigua de América, hoy desarmada y convertida en un partido político con 10 escaños en el Congreso.


“Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados”, agregó Duque, crítico de los acuerdos que firmó a finales de 2016 su predecesor, Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria.


Las objeciones del mandatario agitan el debate político, tienen un importante peso simbólico y eventualmente podrían obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicción, que ya está en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley —que ya había pasado el filtro de la Corte Constitucional— deberá regresar al Congreso, donde ya había tenido un paso tortuoso. Allí, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayorías que le aseguren que el Legislativo acogerá sus reparos. “Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”, enfatizó Duque.


Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la cúpula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el escándalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ejército. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.


“A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente”, manifestó Patricia Linares, su presidenta, después de la alocución. La "tradición democrática" de Colombia, añadió, “garantizará el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisión definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”. Su declaración no mencionó las otras modificaciones que se propone el mandatario.


Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los países garantes —Cuba y Noruega— e incluso a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, le habían pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podría generar inseguridad jurídica y desconfianza entre los excombatientes, advertía la congresista Juanita Goebertus, que formó parte del equipo negociador en La Habana. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe, un crítico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habían ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.


La JEP, en conjunto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contemplado en el pacto. La jurisdicción ha estado bajo fuego constante, y las críticas han arreciado tras la reciente captura de Julián Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recibía fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscalía —constantemente enfrentada a la JEP— alega que pedía sobornos para “incidir” en el proceso de extradición de Santrich, pero desde su posición no tenía injerencia en esa decisión.


Duque, que tomó posesión el pasado 7 de agosto, prometió en campaña que no llegaría a “hacer trizas” los acuerdos de paz, como exigían los sectores más intransigentes de su partido, solo “corregir” aspectos puntuales. La negociación con las FARC dividió por la mitad a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarización, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asistió al inicio de las labores de la Comisión de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha ido reemplazando la palabra “posconflicto” del lenguaje oficial.

Por Santiago Torrado 
Bogotá 11 MAR 2019 - 02:52 COT

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Ordena el BM a Venezuela pagar 8 mil 700 mdd a petrolera de EU

Washington. El gobierno de Venezuela deberá pagar unos 8 mil 700 millones de dólares a la petrolera estadunidense ConocoPhillips por su expropiación, en 2007, hecha por el fallecido presidente Hugo Chávez (1954-2013), de acuerdo con un fallo emitido este viernes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

"La República Bolivariana de Venezuela deberá abonar por concepto de compensación por la expropiación ejecutada el 26 de junio de 2007 en violación del artículo 6 del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos con fecha 22 de octubre de 1991", sustentó el tribunal.

El panel estipuló que el monto mencionado deberá ser pagado con intereses a una tasa anual del 5.5 por ciento y declaró que los demandantes están obligados a no intentar obtener doble recuperación.

"Acogemos con beneplácito la decisión del tribunal del CIADI, que respalda el principio de que los gobiernos no pueden expropiar las inversiones privadas sin pagar una compensación", sostuvo Kelly B. Rose, vicepresidenta principal y secretaria corporativa de ConocoPhillips.

La petrolera estadunidense solicitó 30 mil millones de dólares por la nacionalización de tres proyectos petroleros hace más de 10 años, cuando gobernaba Chávez, según un informe del Banco Mundial. El CIADI dictaminó en 2013 que las medidas de expropiación decididas por las autoridades venezolanas violaron el derecho internacional, por lo que Venezuela presentó hace dos años una solicitud de reconsideración del fallo, pero el tribunal la rechazó.

El total de 8 mil 700 millones de dólares, más otros 2 mil millones de dólares que se le adjudicaron en un arbitraje anterior, convierten a la petrolera en el mayor vencedor entre la ola de reclamos por las nacionalizaciones. En este contexto, El ex vicepresidente de Venezuela y actual ministro de Industria, Tareck El Aissami, fue acusado en una corte de Nueva York de violar la ley de capos extranjeros de la droga y evadir sanciones impuestas por Washington; si es detenido y extraditado enfrenta hasta 30 años de cárcel.

El funcionario es el primer ministro chavista en ser inculpado ante la justicia estadunidense, que acusó de los mismos delitos al empresario venezolano Samark José López Bello y a otras dos personas.

El Aissami "ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional y ha evadido las sanciones y violado la ley estadunidense sobre barones de la droga extranjeros", concluyó Angel Melendez, agente especial del departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado divulgado por la fiscalía de Manhattan.

"Guerra eléctrica imperial"

En otro orden, el suministro de energía eléctrica se restableció este viernes en algunas zonas de Caracas y parcialmente en 22 de los 23 estados de Venezuela, tras un apagón que al cierre de esta edición había sobrepasado por mucho las 24 horas. El gobierno bolivariano reiteró que Estados Unidos causó el apagón y afirmó que denunciará a dicho país, con pruebas, ante una delegación de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre las localidades que tenían energía eléctrica en la Gran Caracas y el estado de Miranda, figuran Alta Vista, Altagracia, Avenida Victoria, Catia, Caricuao, California Norte, El Hatillo, El Marqués, El Paraíso, Los Ruices, Los Símbolos, La Vega, Montalbán, Propatria, San Bernardino y Santa Mónica.

El apagón, calificado como el más grande y prolongado en la historia del país, provocó varias afectaciones: hospitales colapsados, vuelos cancelados desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar y de las principales urbes, muchos hogares sin agua, largas filas en gasolineras, la suspensión del servicio del metro en Caracas, fallas en telecomunicación y señalamientos en vías públicas, entre otras.

La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció en Twitter que el presidente Nicolás Maduro, "ha suspendido las clases y jornadas laborales el día de hoy, en aras de facilitar los trabajos y esfuerzos para la recuperación del servicio eléctrico en el país, víctima de la guerra eléctrica imperial!"

Por la noche pobladores hicieron sonar cacerolas en varios sectores de la capital, aunque no se registraron actos violentos. Algunas personas extrajeron gasolina de sus vehículos para encender plantas de energía portátiles.

Pese a que en alguna zonas del Venezuela se restablecía el suministro de energía, a los pocos minutos se volvía a cortar. En el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, decenas de personas, muchas con niños, esperaban a oscuras la reanudación de los vuelos.

La prensa local reportó algunas muertes en distintos hospitales que no contaban con plantas eléctricas para cubrir los servicios, aunque sólo un deceso fue confirmado por un sanatorio. El titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, proclamado "presidente encargado", responsabilizó al gobierno por los decesos y llamó a la población a protestar "con más fuerza que nunca" por el desabasto de suministros básicos en el país.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó en la televisión estatal al apagón de "agresión deliberada" de Estados Unidos y anunció un "despliegue de seguridad" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque no dio más detalles.

El gobierno acusó a Washington de provocar un "sabotaje técnico y cibernético" contra la principal represa energética, ubicada en el municipio de Guri, en el estado de Bolívar.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dijo en cadena nacional que extremistas de derecha, bajo las órdenes del senador republicano estadundidense Marco Rubio y de Guaidó, habían "perpetrado un sabotaje brutal contra nuestro sistema de generación".

Agregó que "en pocos días vendrá a Venezuela una delegación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Michelle Bachelet, (y) a ellos les vamos a llevar las pruebas".

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tuiteó: "No hay comida. No hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Lo próximo, no habrá Maduro. Las políticas de Maduro no traen más que oscuridad".

En otro mensaje señaló que el apagón no fue provocado por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil ni Europa, cuyos gobiernos son detractores del gobierno bolivariano. "La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro", agregó.

En conferencia de prensa en Washington, Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, reiteró que su gobierno no utilizará la fuerza para entregar "ayuda humanitaria" al país petrolero, y agregó que la administración de Donald Trump no tiene planes de invadirlo. El 23 febrero pasado Guaidó fracasó en ingresar la "asistencia" a través de la frontera entre ambos países.

En tanto, la organización Human Rights Watch instó al gobierno de Estados Unidos a ofrecer el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos debido a las "deterioradas condiciones" en el país.

 

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Chelsea Manning, encarcelada por negarse a testificar en el caso Wikileaks


La exanalista militar estadounidense, que filtró cientos de miles de documentos secretos a la organización de Julian Assange, reitera que no cooperará con la investigación

Chelsea Manning, la exanalista de Inteligencia del Ejército estadounidense que filtró miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado a la organización Wikileaks en 2010, ha sido detenida este viernes después de que un juez federal la declarara en desacato por negarse a testificar ante un gran jurado que investiga a la compañía de Julian Assange. La decisión del juez se produce tras una breve audiencia en la que Manning, de 31 años, ha confirmado que no tenía intención de cooperar con la investigación, a pesar de que los fiscales le garantizaron inmunidad por su testimonio.

Manning deberá permanecer en prisión hasta que acceda a testificar o hasta que el gran jurado termine su trabajo. Sus abogados han pedido que fuera enviada a casa a cumplir su pena, por complicaciones médicas que padece, pero el juez ha negado la petición.


“En solidaridad con muchos activistas que se enfrentan a la adversidad, me mantendré fiel a mis principios”, ha dicho Manning. “Mi equipo legal continúa impugnando el secretismo de este proceso y estoy preparada para enfrentarme a las consecuencias de mi negativa”.


Un juez militar condenó a la exanalista a 35 años de cárcel por la filtración de más de 700.000 documentos, pero solo cumplió siete, gracias a la conmutación de pena concedida por el expresidente Barack Obama en 2017, en los últimos días de su mandato. Por su condición de persona transgénero adaptándose a su vida como mujer, Manning lo pasó particularmente mal en la prisión militar masculina e intentó quitarse la vida en dos ocasiones en 2016.


El caso, que tiene lugar en una corte federal de Virginia, es parte de la amplia investigación sobre Wikileaks y Assange, que se encuentra desde 2012 viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su arresto. Durante su juicio en 2013, Manning reconoció haber enviado archivos de documentos secretos a Wikileaks. Aseguró haberse comunicado online con alguien que probablemente fuera Assange, pero afirmó que actuó por su cuenta sin ser dirigida por nadie de Wikileaks.


La filtración de Manning lanzó a la fama global a Wikileaks. Años después, la organización de Assange publicó los correos electrónicos del Partido Demócrata supuestamente robados por hackers rusos durante la campaña presidencial de 2016, lo que la convierte en una pieza importante en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en dichas elecciones que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Por Pablo Guimón
Washington 8 MAR 2019 - 15:06 CO

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La justicia europea obliga a desclasificar informes sobre la peligrosidad del glifosato

El tribunal dice que el derecho a conocer sus efectos prima sobre el interés comercial

El secretismo y la opacidad no tienen cabida cuando se trata de la salud y el medio ambiente. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado este jueves que los estudios sobre la posible toxicidad del glifosato han de ser públicos. La Corte de Luxemburgo rompe así el velo de oscuridad que rodeaba a los informes sobre el herbicida más usado del continente, vetados a la consulta por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cuatro eurodiputados ecologistas y un investigador habían solicitado sin éxito tener acceso a los papeles. El organismo alimentario les entregó parte de la información, pero rechazó proporcionar otros pasajes alegando que su difusión podía provocar un perjuicio comercial y financiero a las empresas que lo venden, entre las que se encuentran multinacionales como Monsanto. Además, negó que hubiera un interés público superior que justificase la divulgación. Los solicitantes no se dieron por vencidos y acudieron al Tribunal General de la UE, que les ha dado la razón.


El glifosato, un producto químico utilizado en los plaguicidas, es legal, y fue declarado como no cancerígeno por la EFSA, pero la sospecha sigue acompañándole. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud alertó de sus probables efectos cancerígenos, pero tanto la Comisión Europea como los Estados miembros se mostraron contrarios a prohibirlo, aunque sin unanimidad. La Unión Europea extendió a finales de 2017 su licencia durante otros cinco años con el apoyo de 18 socios comunitarios, nueve votos en contra —entre ellos Francia— y una abstención.


En su sentencia, los jueces anulan las resoluciones de la EFSA que impiden el acceso a los estudios. Y lo justifican argumentando que el derecho del público a tener información sobre las consecuencias del glifosato para el medio ambiente y la salud es más importante que la protección de datos sensibles. "Una institución de la Unión, que tramita una solicitud de acceso a un documento, no puede justificar su negativa a divulgarlo basándose en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica", señala el fallo.


La autoridad alimentaria suele ser celosa en la protección de esa información, dado que puede contener claves sobre cómo elaborar el producto que pueden ser aprovechadas por los competidores. Por ello, trata de mantener un equilibrio entre el interés público y el secreto comercial para no ser objeto de demandas si desvelan determinadas informaciones. "Gracias a la publicación de todos los estudios, en el futuro científicos independientes podrán hacer doble control sobre la ciencia detrás de las evaluaciones de los plaguicidas", celebró el eurodiputado de Los Verdes Florent Marcellesi.


Fuentes de la agencia alimentaria europea indican que sus servicios legales estudian ahora cómo llevar a la práctica la sentencia del TJUE, pero han valorado positivamente que los magistrados aporten claridad sobre cómo deben actuar. "La decisión de la Corte es importante porque nos orienta sobre cómo interpretar la legislación europea en el acceso a documentos públicos", ha indicado la EFSA en un comunicado.

Por Álvaro Sánchez
Bruselas 7 MAR 2019 - 14:02 COT

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El presidente de Ecuador adquirió una vivienda en España en 2016 a través de una sociedad 'offshore'

Medios ecuatorianos implican a Lenín Moreno en un escándalo de corrupción con ramificaciones en España. El diputado Ronny Aliaga, del partido Revolución Ciudadana, ha presentado una denuncia ante la fiscalía ecuatoriana


La activista con la que habla Público no puede esconder su indignación. Si se tratase de Vladímir Putin, Nicolás Maduro o Kim Jong-Un, afirma, la noticia habría salido hace tiempo en portada en todos los diarios, y a cuatro columnas. Sin embargo, la noticia ni siquiera ha sido tal. Y no porque ella y otros lo intentasen. Hasta que ha dado con Público, se puso en contacto con otros medios de comunicación, algunos de ellos importantes, pero ninguno contestó (uno de los pocos que se hizo eco del caso fue el portal kaosenlared). Para la activista, el motivo es claro: el protagonista de este escándalo no es otro que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha llevado al país de vuelta a la esfera de influencia estadounidense.
El escándalo, destapado por los periodistas Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio en el portal digital La Fuente a mediados del pasado mes de febrero en un reportaje titulado El laberinto offshore del círculo presidencial, tiene ramificaciones en España. El diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador por la provincia de Guayaquil, Ronny Aliaga, se trasladó recientemente hasta el municipio alicantino de la Vila Joyosa para denunciar que un apartamento del edificio Mirador fue adquirido presuntamente por la empresa offshore INA Investment, de cuyo accionariado forma parte el círculo íntimo de Moreno. Las propias siglas de la compañía serían una referencia al nombre de las tres hijas del presidente ecuatoriano: Irina, Karina y Cristina. La sociedad compró esta vivienda, que habría sido utilizada por la familia del presidente ecuatoriano para pasar sus vacaciones en el litoral valenciano, en el año 2016 a través de dos transferencias desde el Balboa Bank de Panamá. Txema Guijarro, diputado de Podemos por Alicante, presentó ayer martes una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión.


Los 'INA Papers'

La sociedad en el centro del escándalo estuvo domiciliada en Belice, un país centroamericano considerado paraíso fiscal. INA Investment fue constituida por el hermano del presidente ecuatoriano, Edwin Moreno Garcé, en marzo de 2012, siendo Lenín Moreno vicepresidente del país. Moreno Garcé también habría gestionado según las informaciones publicadas por La Fuente la apertura de cuentas en el Balboa Bank. Formaron parte de esta sociedad, ya disuelta, la esposa de Lenín Moreno, Rocío González, su consejero presidencial, Santiago Cuesta, y el empresario Conto Patiño, amigo personal del presidente ecuatoriano. En el escándalo también estarían implicados el empresario Xavier Macías Carmigniani y su esposa, María Auxiliadora Patiño Herdoiza, hija de Conto Patiño y administradora de la sociedad.


INA Investment compró varios inmuebles entre los años 2012 y 2016 para el uso de Lenín Moreno y su familia, además de artículos de diseño, carteras de piel de cocodrilo, automóviles de gama alta y muebles de lujo y alfombras para su residencia en Ginebra, cuando trabajaba como comisionado especial de la ONU para temas de discapacidad y accesibilidad. La trama se descubrió de hecho a raíz de que María Auxiliadora Patiño cometiese un desliz y pagase con fondos de INA Investment algunos de esos objetos para Rocío González Moreno durante los años en que el matrimonio residió en Ginebra.


En el reportaje de Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio se destaca una transferencia de unos 18 millones de dólares estadounidenses procedente de Sinohydro, una empresa estatal china, a la empresa Recorsa, administrada por Conto Patiño. Sinohydro recibió un contrato del gobierno ecuatoriano para la construcción de la presa de Coca Codo Sinclair, al este de Quito, la mayor obra de infraestructura pública de la historia del país. La oposición a Lenín Moreno considera que el entonces vicepresidente facilitó en 2009 a Carmigniani la obtención de contratos relacionados con este proyecto a cambio de comisiones. En su denuncia, Aliaga señala a Xavier Macías, Conto Patiño y María Auxiliadora Patiño como los testaferros que administraron y ocultaron las compras para Moreno y su familia realizadas con el dinero de los sobornos en efectivo, depositados en cuentas opacas en paraísos fiscales y administradas por INA Investment. El total superaría, de acuerdo con algunas fuentes ecuatorianas, los 65 millones de dólares.


Uno de los casos más sonados denunciados por los medios ecuatorianos ocurrió en 2016. Aquel año varias provincias del país se vieron afectadas por un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter. Lenín Moreno y Santiago Cuesta, denuncian el diputado del partido Revolución Ciudadana y otros, desviaron parte de las donaciones destinadas a ayuda humanitaria a cuentas privadas para su uso particular.


"Estamos viendo cómo la familia presidencial de Ecuador se ha dado la gran vida con dinero proveniente de las coimas de Sinohydro mientras el pueblo sufre despidos masivos, aumento de combustible, inseguridad, ineptitud e inconsecuencia de las autoridades", declaró Aliaga días atrás en una entrevista con Radio Panamericana.


Teniendo en cuenta que ni el presidente de Ecuador ni su equipo de comunicación han desmentido hasta la fecha lo publicado por La Fuente, en su denuncia ante la fiscalía, Ronny Aliaga considera plenamente justificada su denuncia, en la que solicita "la correspondiente investigación en contra del presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y otros" por la presunta comisión de los delitos de perjurio, falso testimonio y cohecho. Ante los medios de comunicación, el diputado ecuatoriano responsabilizó al gobierno de los riesgos que pueda haber a su seguridad e integridad.

 

Barcelona
06/03/2019 07:46 Actualizado: 06/03/2019 07:46
Àngel Ferrero

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Racista, estafador y tramposo, así describe a Trump su ex abogado

Si pierde en 2020 no habrá transición pacífica, alerta

Michael Cohen comparece ante el Congreso y deja una advertencia a los republicanos: yo hice 10 años lo que hacen ustedes ahora, defender al señor... y vean lo que me ha ocurrido, lo perdí todo

 

Nueva York. El ex abogado personal de Donald Trump denunció hoy ante el Congreso que el presidente es "un racista", "un estafador" y "un tramposo" que realizó actividades ilegales, y podría poner en jaque el futuro democrático de Estados Unidos.

La audiencia que muchos consideraron como la más importante en años recientes por sus implicaciones políticas y legales para la Casa Blanca, eclipsó la cumbre de Trump con su contraparte norcoreano, Kim Jong-un, en Vietnam, para negociar la denuclearización de aquel país.

Michael D. Cohen, quien durante una década –hasta finales de 2018– fue abogado personal y operador ultra leal de Trump, se presentó ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, donde declaró: "estoy avergonzado de que opté por ocultar los actos ilícitos del señor Trump en lugar de escuchar mi propia conciencia. Estoy avergonzado porque sé qué es el señor Trump. Es un racista. Es un estafador. Es un tramposo".

Acusó que su ex jefe violó varias leyes aun después de llegar a la Casa Blanca, incluyendo ordenarle engañar al público sobre los pagos para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels en torno a su relación sexual con Trump.

Indicó que Trump, cuando era candidato, fraguó el plan para silenciar a Daniels y que ya como presidente le envió 11 cheques para rembolsarle el pago por un total de 130 mil dólares, una violación a las leyes de financiamiento electoral. Cohen presentó copias de algunos de estos cheques, entre ellos uno firmado personalmente por su jefe y otro por uno de los hijos del magnate, Donald Trump Jr.

Cohen también acusó a su ex jefe de saber todo sobre el proyecto de una torre Trump en Moscú –sobre la cual Cohen mintió para encubrirlo– y añadió: "hoy ya no estoy protegiendo más al señor Trump".

Afirmó que Trump estaba enterado días antes de que Wikileaks estaba por difundir los correos electrónicos hackeados por los rusos, según la inteligencia estadunidense, que tendrían un efecto negativo para la campaña de su entonces contrincante demócrata Hillary Clinton.

Durante horas de interrogatorio, Cohen sorprendió a los legisladores cuando dijo que no podía comentar lo que sabe de otros actos ilegales del presidente, ya que esos asuntos están bajo investigación de las autoridades federales en Nueva York.

Hay dos investigaciones federales en curso sobre Trump, su familia y sus socios, una encabezada por el fiscal especial Robert Mueller (para la cual Cohen ha sido entrevistado por lo menos en siete ocasiones) y otra en el estado de Nueva York, en la que se supone se está examinado el papel no sólo del presidente, sino de sus hijos.

Cohen, en su declaración inicial, comparó a Trump con un mafioso y señaló que frecuentemente se expresaba de manera racista, incluida una vez que le preguntó a Cohen “si podría nombrar a un solo país gobernado por una persona negra que no fuera un shithole (hoyo de mierda). Esto, cuando Barack Obama era presidente de Estados Unidos”. También le dijo que "los negros nunca votarían por él porque eran demasiado estúpidos".

Acusó que Trump exageraba sus negocios y su fortuna para adquirir préstamos e influencia, pero ante autoridades fiscales hacía lo opuesto para reducir a lo máximo sus impuestos. Relató que hacía cosas como transar en una subasta de arte al contratar a una persona que adquirió un retrato pintado de Trump después de inflar su precio, a quien después se lo rembolsó; la pintura está ahora en uno de sus clubes de golf.

Señaló que todos los que trabajaban para él sabían que tendrían que mentir por él "y eso se volvió la norma"; advirtió que "eso es exactamente lo que está sucediendo aquí en el gobierno".

Los republicanos en el comité se dedicaron a cuestionar la credibilidad del testigo –una maniobra clásica de abogados con clientes poco defendibles, en este caso Trump– señalando que Cohen ya ha sido sentenciado a tres años de cárcel (condena que empezará a cumplir en mayo) por evasión de impuestos, mentir ante autoridades y al Congreso, violaciones a las leyes electorales y otros delitos. El representante Jim Jordan, el republicano de mayor rango en el comité, lo llamó "un fraude, engañoso, un delincuente condenado, y en dos meses, un reo federal".

Cohen advirtió a los republicanos: “yo estaba haciendo lo mismo que ustedes ahora; lo hice durante 10 años, proteger al señor Trump… y miren lo que me ha ocurrido”. Agregó que los que siguen al presidente ciegamente “van a sufrir las mismas consecuencias que yo… lo perdí todo”. En respuesta a otro representante republicano, quien lo acusó de ser "un mentiroso patológico", Cohen reviró: "Perdón, señor, ¿se está refiriendo a mí o al presidente?"

Trump, en Vietnam, tuiteó que Cohen "fue uno de muchos abogados que me representaban (desafortunadamente)" y señaló que ha perdido su licencia como abogado "por mentir y hacer fraude. Hizo malas cosas no relacionadas con Trump. Está mintiendo para que le reduzcan su condena de cárcel". Los dos hijos mayores de Trump también enviaron tuits cuestionando los motivos y credibilidad de Cohen y burlándose de él, y uno de ellos le deseó: "que te diviertas en la cárcel".

El problema es que, si es cierto que está testificando para reducir su condena –y el asunto es más complicado que eso legalmente– las condiciones para ello es que si miente bajo juramento no sólo pierde cualquier acuerdo, sino que podría alargar su condena.

Cohen afirmó este miércoles que se ha sentido amenazado por las declaraciones de Trump en su contra desde que decidió declararse culpable a finales del año pasado y colaborar con las investigaciones. "Ya no camino con mi esposa cuando vamos a un restaurante. No camino con mis hijos. Hago que caminen más adelante", explicando que teme que alguien lo pueda atacar motivado por las palabras del presidente.

En su conclusión declaró: "mi lealtad al señor Trump me ha costado todo. No me quedaré sentado sin decir nada y permitir que le haga eso mismo al país". Y advirtió que "dada mi experiencia trabajando para Trump, temo que si pierde la elección en 2020 nunca habrá una transición pacífica del poder, y es por eso que acordé presentarme hoy ante ustedes".

El demócrata Elijah Cummings, presidente del comité, concluyó con un exhorto: "tenemos que regresar a lo normal". Después de la sesión señaló: "somos, como país, mucho mejor que esto", y advirtió que todo este asunto se trata de "una lucha por nuestra democracia".

Expertos en política y asuntos legales señalaron que lo de este miércoles abre aún más la puerta a investigaciones criminales de varios tipos. Otros compararon el día con eventos parecidos que marcaron el inicio del fin de la presidencia de Richard Nixon y varios coincidieron en afirmar que este día estará entre los recordados cuando se hable de la era Trump en el futuro.

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¿Por qué tanto estropicio contra la JEP?

Una reflexión que mantiene plena actualidad: ¿Cuáles son las motivaciones e intereses y la pretensión de dar al traste con la JEP?

 

¿Por qué tanto estropicio contra la JEP? Para resolver el anterior interrogante es preciso mirar un poco el contexto en el que surgió esa sigla. La Justicia Especial para la Paz –JEP– hace parte del punto 5 de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. A su vez, el epígrafe cinco tiene como título “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”.

 

Los Acuerdos de Paz de La Habana

 

Desde septiembre de 2010, el recién posesionado presidente de la República, Juan Manuel Santos, inició conversaciones secretas con las FARC. Esos diálogos se hicieron públicos el 26 de agosto de 2012, y, a partir de octubre del mismo año, empezaron las discusiones en La Habana.

 

Para las personas que no siguieron el proceso de negociación, es preciso contarles que este comprende cinco puntos de contenido y uno –el sexto– de realización, ejecución o cumplimiento de lo acordado. Los puntos de contenido son: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y acuerdo sobre las víctimas. Ahora bien, quien haya leído la Constitución del 91 sabrá que los cinco temas que fueron acordados entre el Estado y las FARC, ya hacían parte de la ley superior.

 

 

En efecto, la reforma agraria integral, la participación política, la paz como ausencia de conflicto, el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y la protección de la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, cuya violación los convierte en víctimas, ya tenían articulado propio en la Constitución.

 

Esas normas en manos de las élites y de las mafias que gobiernan en Colombia, han sido violadas sistemáticamente, desde el mismo día en que fue expedida la Constitución de 1991, como lo ha sido la norma constitucional de la reforma de 1936, que le señaló la función social a la propiedad privada. En consecuencia, no ha sido falta de normas, sino de poder en manos del pueblo para hacerlas cumplir. Aunque los negociadores de las dos partes se molesten, en honor a la verdad, hay que decirlo: en La Habana no se negoció absolutamente nada que no estuviera en la Constitución.

 

¿Negociación o sometimiento?

 

Teniendo en cuenta la realidad expresada en los párrafos anteriores, y en lo que vino después de los diálogos, hay que concluir que no hubo un proceso de negociación sino de sometimiento. Refuerzan esa tesis varios indicios. En primer lugar, todas las élites dominantes querían someter a las FARC. Las herederas de Laureano Gómez, lideradas por Uribe, a punta de fusil. Las demás, encabezadas por Santos, unas veces a plomo físico y otras mediante el muñequeo retórico. El pulso lo ganó Santos. Así lo reconoció en su alocución del 16 de mayo de 2016: “Las FARC se han sometido a nuestra Constitución y a nuestras leyes”.

 

En segundo lugar, aunque el Gobierno y las FARC “negociaron” lo que ya estaba en la Constitución, después de la firma del Acuerdo comenzó para la guerrilla una serie de talanqueras: una renegociación en cada instancia de poder: legislativa, ejecutiva, judicial, órganos de control.

 

En tercer lugar, en el proceso electoral de 2018, todos los candidatos presidenciales del establecimiento, excepto De la Calle, ratificaron que se trató de un sometimiento: “Está bien –decían– que esa guerrilla se haya desmovilizado, desarmado y concentrado. Pero deben ir a la cárcel y no pueden hacer política antes de que hayan pagado sus condenas”.

 

La JEP y sus detractores

 

Si todo lo anterior es verdad, entonces, ¿por qué un ejército no derrotado, como las FARC, firmó un acuerdo con el Estado, se sometió y se desarmó voluntariamente? Lo hizo a cambio de que sus miembros pudieran hacer política sin que los asesinaran, para que fueran juzgados por un tribunal especial y para que no fueran privados de la libertad en cárceles de barrotes. Esa es la razón de ser de la Justicia Especial para la Paz –JEP–. En esencia, a eso se redujo el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

 

El texto de los Acuerdos, define la JEP como un organismo que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente, respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Para las élites, a quienes sólo les interesaba el sometimiento de las FARC, vieron como una afrenta que se mantuviera en pie la JEP, motivo por el cual comenzaron toda suerte de ataques, emboscadas y estropicios contra el recién creado organismo: cuestionaron el comité de escogencia de los magistrados; luego, descargaron todos sus ataques contra los juristas que resultaron elegidos para conformarlo; enseguida, el Centro Democrático pretendió crear un organismo paralelo para juzgar a militares y terceros, esto, con el propósito de quitarle funciones y legitimidad a la JEP.

 

Extradición de Santrich máxima prueba

 

Como ninguno de los ataques de que ha sido objeto la JEP han logrado acabar con ese organismo, lo más eficaz resultaba comenzar a extraditar a quienes habían estado como negociadores del proceso de paz. Esa es la manera de poner a ese tribunal contra la pared: con cualquier opción pierde. Si da el aval a la extradición de los líderes y excombatientes de esa guerrilla, pierde credibilidad el sistema entre los desmovilizados. Si no da el visto bueno a la extradición, se dirá que está demostrada su parcialidad a favor de la militancia del nuevo partido. Entonces, vendrá una arremetida de todos los sectores políticos, económicos y mediáticos, que sólo querían la rendición de las FARC: acabar con el símbolo de la negociación será su reto.



Es un hecho cierto que la DEA y la Fiscalía le tendieron una trampa a Santrich. De ese hecho se desprenden dos hipótesis. La de quienes piensan que Santrich cayó, porque 15 millones de dólares enloquecen a cualquier poeta. Y, la de quienes sostienen que un revolucionario como él es incapaz de traicionar sus ideales, al menos que su inteligencia de humanista haya descendido al estadio de la imbecilidad. Unos y otros esperan que Santrich diga la verdad. Este ya dijo: “Tengo mi conciencia tranquila [...], un montaje es un montaje”.

 

Otra cosa es la argumentación en derecho para principiantes: quienes se acogieron a la JEP, no pueden ser encarcelados y extraditados ante la primera trampa que ponga la DEA, o al primer grito de las cortes estadounidenses. Cualquier delito cometido antes o después del 1º de diciembre de 2016 debe ser calificado por la JEP. La fecha la señala el calendario, el derecho lo definen los magistrados.

 

No todo está perdido

 

Meterle la mano a la JEP es volver trizas el acuerdo, como efectivamente lo están haciendo el Centro Democrático y sus aliados. “Ese es el gobierno de Iván Duque”, sentenció, en tono amenazante, la senadora Paloma Valencia. Sin embargo, volver trizas el acuerdo de paz mediante la destrucción de la JEP, como lo pretenden Duque y sus violentos legisladores, no sólo tiene como finalidad encarcelar y extraditar a los excombatientes de las FARC, y favorecer a los militares, sino un propósito más perverso y estratégico: asegurarle la impunidad al senador Uribe.

 

Sin embargo, para las víctimas no todo está perdido. Todavía quedan dos instancias. Quizás sean las últimas, pero hoy están ahí. La calle, es la primera. Convendría que todas las movilizaciones sociales que se proyecten incluyeran en sus agendas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que como lo hemos visto, no es que sean temas nuevos, sino que hacen del articulado de la Constitución del 91.

 

El segundo recurso está, allende las fronteras. Eso lo saben Uribe/Duque y sus íntimos: Fatou Bensouda, la acuciosa fiscal de la Corte Penal Internacional, siempre está tomando atenta nota de nuestras miserias políticas y judiciales. Los “ojos del mundo están puestos en Colombia”, como lo dice el profesor alemán Kai Ambos, para quien “renegociar cualquier punto de la JEP necesariamente habría que hacerlo con las FARC”.

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