Nicmer Evans: El desfalco a la Nación sería de 500 mil millones de dólares

Nicmer Evans, integrante del chavismo disidente, anunció que durante la enfermedad y posterior muerte de Hugo Chávez hasta la elección de Nicolás Maduro como presidente, en el año 2013, Venezuela contó con una fuga de capitales del 259 mil millones de dólares.

Desde la fecha hasta hoy, indicó que al menos 500 mil millones de dólares ha sido el desfalco por parte del Gobierno venezolano.

Hasta el año 2012, “la gente se veía verdaderamente beneficiada” con la distribución de medicamentos por parte del Gobierno Nacional, así como contaba con el poder de adquisición de diferentes productos, aún existiendo “corrupción” interna en el Ejecutivo, situación “que no es justificable”, expresó Evans.

La escasez en los anaqueles venezolanos, empieza a notarse para el 2013 con el declive de la producción petrolera de PDVSA y los conflictos en las inversiones de importación. Aunado a la “nueva casta” de políticos que empezaron a profundizar aún más el desfalco de nación, acotó.

El politólogo puntualizó que en Venezuela “hubo fuga de capitales controladas por el Gobierno”, porque políticamente “se ponían en riesgo, sino lo sacaban” de la dirigencia. La trama de corrupción es lo que ha llevado al país a la actual situación que vive.

Evans invitó a la Comisión de Contraloría, investigar también a todos los subtesoreros durante el mandando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que son los que firmaban las ordenes de pago.

“El nivel tan abrupto de comportamiento y deformación llega al punto” de que tenemos a un extesorero fuera del país, que es el señor Alejandro Andrade, dueño de grandes propiedades en Estados Unidos.

“Él nunca podrá comprobar cuánto trabajó para tener esas propiedades”, expresó Evans e instó al gobierno norteamericano a que “le meta el ojo a personalidades como estas que son pública y notoriamente hijos del desfalco de la nación”.

Por: Aporrea-Agencias | Viernes, 16/11/2018 04:31 PM |

Publicado enInternacional
La muerte fulminante de un testigo clave del ‘caso Odebrecht’ y el envenenamiento de su hijo sacuden a Colombia

Medicina Legal asegura que Alejandro Pizano murió por intoxicación de cianuro tras beber de una botella que estaba en el escritorio de su padre, fallecido tres días antes

 

La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado, ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.


Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un infarto, era una de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato del testigo, de que se tratara de sobornos. Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.


El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde se encontraba. El pasado domingo, según ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro".


"Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo", señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital". Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que "dijo que sabía inmundo y se desmayó".


"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.


Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a 84.000 millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.


Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.


A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.

POr Francesco Manetto
Bogotá 14 NOV 2018 - 03:45 COT

 

Publicado enColombia
El rodillo antiabortista de El Salvador se ceba con Imelda Cortez

Una joven, violada por su padrastro desde que era niña, aguarda en una cárcel el comienzo de un juicio ocho veces pospuesto, presuntamente por haber intentado matar a su bebé

El juicio contra Imelda Cortez que debía comenzar el lunes en El Salvador no solo se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres del país centroamericano contra una legislación sobre el aborto más dura que la de Afganistán o Yemen, sino también contra la lenta tortura del Estado y su burocracia que ha aplazado nuevamente el juicio.


Este lunes volvió a suspenderse por octava vez la vista previa contra Imelda, de 20 años, quien lleva más de un año y medio en prisión provisional acusada de intento de homicidio. A pesar de que el padrastro fue el violador y el bebé goza de buena salud.


Esta vez fue una gripe. La fiscal alegó que se encontraba mal lo que obligó a suspender nuevamente el juicio hasta el 17 de diciembre. La fiscal ni siquiera se molestó en enviar un justificante médico simplemente llamó al juzgado una hora antes del inicio, previsto para las 9.00 horas de la mañana, y anunció que estaba enferma. Este nuevo retraso supone que Imelda Cortez tendrá que pasar 35 días más en una de las cárceles más peligrosas del mundo hasta que conozca su situación jurídica.


Será otro mes entre rejas, en el marco de un calvario que comenzó hace una década cuando siendo una niña de 10 años su madre comenzó a vivir con Pablo de Dolores Henríquez, quien por entonces tenía cerca de 60 años.


Poco después de que se mudara con ellos su padrastro comenzó a violarla y siguió forzándola durante muchos años hasta que la dejó embarazada. El resultado fue que Imelda Cortez dio a luz donde pudo. Tenía 18 años y eligió una letrina de su miserable casa de chapa y palos para sacar el bebé de su interior cuando pensaba que era, en realidad, una crisis de colon. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse cuando el cordón umbilical se cortó de forma fortuita. Cuando su madre la encontró en el suelo, al borde del desvanecimiento, la llevó a un hospital.


Fue ahí donde los médicos creyeron que había intentado cometer un aborto y llamaron a la policía que la detuvo en el momento. En la única entrevista que ha concedido desde la prisión, Imelda contó a la revista Factum una de esas historias que pasan a la historia de los horrores. “[Mi padrastro] no quería que yo tuviera novio porque quería que yo fuera solo para él. Yo le dije que no iba a dejar de andar con mi novio. Entonces vino él y me dijo: "Si no dejas de andar con él, yo me voy a encargar de eso", contó a la publicación salvadoreña hace un año.


Que el violador era su padrastro se supo después gracias a las pruebas de ADN que se efectuaron y que la Fiscalía trató de impedir a toda costa. Esa misma Fiscalía piensa que Imelda trató de cortar el cordón umbilical y matar al bebé nada más nacer y por tanto la acusa de intento de homicidio agravado contra su hija, que hoy tiene un año y seis meses. El mismo tiempo que ella lleva en prisión. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a 20 años de cárcel.


Mientras Imelda Cortez estaba en el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla. La mataría a ella, a su madre y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente que estaba cerca lo escuchó y avisó a una enfermera que a su vez dio parte a la policía. “Hay indiferencia y desdén de las instituciones cuando se trata de mujer, presa y pobre. No les importa que pase otro mes más detenida”, explica desde El Salvador a este periódico Bertha de León, abogada de la joven, nada más conocerse un nuevo aplazamiento.


En numerosas ocasiones, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido a El Salvador que cambie su legislación para dejar de ser uno de los cinco países del mundo donde está perseguido cualquier tipo de aborto y donde las mujeres con complicaciones del embarazo, que sufren abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son frecuentemente acusadas de homicidio. “Decenas de mujeres cada año son injustamente acusadas bajo un sistema plagado de prejuicios y estereotipos sobre su rol como mujer o como madre en la sociedad", señala a EL PAÍS Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). "Son mujeres que llegan con la salud al límite de la muerte pero que son esposadas a la cama y trasladadas a centros penales en ese instante”, añade.


Según datos de la Organización de Naciones Unidas, si bien muchos países contemplan el aborto en su legislación bajo ciertas circunstancias, hay cinco Estados que no lo avalan en ningún contexto, tres de ellos en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras).


Según Cejil actualmente hay encarceladas 27 mujeres como Imelda y organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas insiste en un cambio legislativo que frene el alto número de embarazos de adolescentes. Con seis millones de habitantes, el año pasado hubo en El Salvador 19.000 embarazos de mujeres entre los 10 y los 19 años.
Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la situación de miles de mujeres. Hace dos años, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los tres supuestos. No obstante, la presión social y la fuerza de los grupos conservadores han frenado una iniciativa que tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso.


Mientras tanto Imelda Cortez y cientos de mujeres salvadoreñas seguirán esperando un cambio legal que revierta la ecuación y no convierta en victimario a quienes son víctimas de pobreza y agresiones sexuales jamás denunciadas.

 

Por Jacobo García
México 14 NOV 2018 - 01:55 COT

Publicado enInternacional
Ibn al-Sheikh al-Libi: La historia de tortura más importante jamás contada

Es triste decirlo, pero Estados Unidos nos ha enseñado varias cosas sobre el abuso a los detenidos en Abu Ghraib y más allá. Aprendimos también otra lección lamentable en las revelaciones de Ian Cobain y Clara Usiskin del martes, con las que nos pusieron al día de algunos detalles importantes de la historia de tortura más grande que nunca llegó del todo a contarse: la de Ibn al-Sheikh al-Libi.

Desafortunadamente, los disparates motivados por la tortura tienen consecuencias a varios niveles. Una cosa es que la CIA torture a uno de mis clientes para que confiese falsamente un crimen. Pero esa persona sufre en doble sentido: primero por el maltrato, y después por estar encerrado en un agujero negro legal como es la Bahía de Guantánamo, al igual que los 40 hombres que continúan pudriéndose en esa infame prisión estadounidense sobre territorio cubano.

Sin embargo, hay un lado aún más oscuro en tales secretos, y ahí es donde radica la importancia de la investigación de Middle East Eye: porque determinada “inteligencia” conseguida mediante torturas se utiliza para cambiar políticas gubernamentales, incluso para iniciar una guerra.

Hace algunos años, Shaker Aamer, uno de mis clientes de Guantánamo, me contó lo que sabía sobre Libi. Shaker estaba detenido en una jaula en la base aérea de Bagram en Afganistán cuando le trasladaron a la misma celda que Libi. Allí, dijo, creyó ver a un agente británico que estuvo presente durante el tormento.

Poco después, a principios de 2002, vio cómo se llevaban un ataúd. Se supo que Libi iba allí dentro, bien vivo, camino de Egipto, donde a Estados Unidos no le fue difícil conseguir que los secuaces del presidente Hosni Mubarak le hicieran el trabajo sucio aplicándole una picana eléctrica.

Como era de esperar, Libi dijo lo que Estados Unidos quería escuchar: que Sadam Husein era un aliado de Al Qaida. Tiempo después pude presentar pruebas desclasificadas de Guantánamo, donde un detenido allí torturado declaró también que la gente de Sadam estaba desarrollando armas de destrucción masiva.

Cuando Libi dijo todo esto por primera vez, algunos agentes de la CIA expresaron sus dudas, pero eso no impidió que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, echara mano de esa información para su discurso de octubre de 2002, o que el secretario de Estado Colin Powell presentara, en febrero de 2003, su infame discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así pues, la falsa inteligencia extraída por la tortura no solo mantuvo a Libi en prisión, sino que también tuvo un gran peso en la decisión de invadir Iraq poco tiempo después ese mismo año.

Conocemos bien el desastre que siguió, pero ¿qué pasó con la víctima de la tortura? En los primeros cinco años después del 11 de septiembre, puse en marcha un proyecto con el que intenté hacer un seguimiento de lo que sucedía con algunas de las personas más conocidas capturadas en la llamada “Guerra contra el Terror”.

Las prisiones secretas de Estados Unidos

Aunque a la Bahía de Guantánamo se enviaron a 760 prisioneros, durante mucho tiempo no apareció ninguno de los nombres importantes. Escuchábamos rumores confusos de que se encontraban en prisiones secretas estadounidenses dispersas desde Marruecos a Polonia.

Posteriormente, en septiembre de 2006, aparecieron en Guantánamo varios de los “detenidos de alto valor” más famosos, entre ellos Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto autor intelectual del ataque al World Trade Center. Sin embargo, Ibn al-Sheikh al-Libi no figuraba entre los recién llegados.

Más tarde supimos lo que había sucedido: lo habían devuelto a Libia. Ya en marzo de 2004, el primer ministro británico Tony Blair se había reunido en el desierto con Muammar Gaddafi. Y fue a ese país al que entregaron a Libi, donde tuvo que enfrentarse a nuevos abusos. Por un golpe de suerte, pudimos encontrar una manera de enviar y recibir mensajes de él, pero tan pronto como esa puerta de su historia se entreabrió, según Gaddafi, Libi “se suicidó”.

Solo el observador más crédulo podría tragarse eso, pero fue cierto que al pobre hombre le habían metido antes en un ataúd y de allí, en esa ocasión, había pasado a una tumba real. Libi planteaba un problema: si alguna vez se hubiera encontrado con el imperio de la ley, su presencia hubiera sido demasiado embarazosa para personajes poderosos. Y nos habríamos enterado de que Estados Unidos se equivocó en los hechos más básicos: lejos de dirigir un campo de entrenamiento de Al Qaida en Afganistán, Libi ni siquiera había apoyado la campaña mundial de terror de Osama Bin Laden, ya que su objetivo era liberar a su propio país.

Pero lo más importante es que su tortura no solo había llevado (como en otros casos) a un juicio falso en una corte-canguro en la Bahía de Guantánamo, sino a una guerra catastrófica que costó cientos de miles de vidas y hundió más en el caos a Oriente Medio. Tenía que desaparecer y Gaddafi estaba dispuesto a hacer que tal cosa sucediera.

Es verdad que no podemos aprender las lecciones de la historia a menos que sepamos lo que realmente sucedió. Cuando se trata una de mala conducta del gobierno, la luz solar es el desinfectante más grande; sin embargo, hay fuerzas poderosas que desean mantener sus sucios secretos bien escondidos, desde Blair hasta Bush y más allá. De hecho, aunque los británicos manifestaron en ocasiones cierta incomodidad y sugirieron que los semicivilizados estadounidenses se habían salido un poco fuera de madre con sus torturas y entregas extraordinarias, las últimas revelaciones sobre el tratamiento de Libi agregan otro clavo en el ataúd de esa mentira en particular: los británicos sabían exactamente lo que estaba pasando, e incluso trataron de “beneficiarse” enviando sus propias preguntas a la celda de sufrimiento de Libi.

Al final, solo con una investigación judicial completa y transparente, prometida desde hace tanto tiempo, la verdad saldrá a la luz. En cambio, Blair ha dicho que la libertad de información fue lo peor a la hora de enjuiciar de su mandato, porque a él le hubiera gustado que los funcionarios tomaran decisiones en secreto.

Tal vez cuando tengamos todas las revelaciones, puede que incluso él comprenda que suscribirse a la tortura y utilizar la “inteligencia” obtenida por esa vía para iniciar una guerra desastrosa fue un error muchísimo más grave.

Por Clive Stafford Smith
Middle East Eye

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Clive Stafford Smith es abogado internacional de los derechos humanos. Ha representado a más de 300 personas que se enfrentan a la pena de muerte en EE. UU. Y aseguró la liberación de 69 prisioneros del campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

 

 

Publicado enInternacional
La justicia ecuatoriana llama a juicio a Rafael Correa por el secuestro de un opositor

El expresidente enfrentaba desde julio una orden de prisión preventiva, que no cumplió, por un caso considerado como crimen de Estado por la Fiscalía

 La Corte Nacional de Ecuador tiene elementos de convicción suficientes para acusar al expresidente Rafael Correa del secuestro de un exasambleísta de oposición. La jueza Daniella Camacho decidió este miércoles hacer el llamado oficial a juicio contra el exmandatario y contra los policías que ejecutaron la orden de secuestrar en 2012 al político de oposición Fernando Balda. Desde un inicio, el caso fue considerado por la Fiscalía como un crimen de Estado al haberse utilizado dinero público para cometer el delito. En cambio, Correa siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado en los últimos meses una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial.


El conocido como caso Balda, por el nombre del legislador secuestrado, es la primera acusación que enfrenta el ex mandatario ecuatoriano, aunque tiene otras causas abiertas en fase de investigación. Pese al llamamiento oficial, Correa no irá a juicio ya que la normativa penal ecuatoriana no permite, salvo excepciones, que el proceso judicial avance en ausencia del acusado. Al tratarse de un delito de secuestro, el juicio quedará suspendido para Correa a menos que se entregue voluntariamente o sea detenido. El Código Penal castiga este tipo de delito con penas de cárcel de cinco a siete años.


La Corte Nacional dictó en julio una orden de prisión preventiva, que el expresidente se negó a cumplir, refugiándose en Bélgica, donde reside desde que dejó la presidencia de Ecuador. También se solicitó la detención internacional a Interpol, pero el organismo policial aún no ha informado si aprueba o rechaza la petición de la Justicia ecuatoriana.
Antes de conocer la decisión de la Corte y de irse “a dormir” —la acusación se concretó pasada la medianoche en Europa debido a la diferencia horaria con Ecuador—, Correa publicó un último mensaje en el que insistía en la teoría del montaje: “El caso Balda es una farsa y todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas. No se preocupen por mí preocúpense por la patria”.


El proceso judicial sí continuará contra los dos policías implicados: los agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza. Están en prisión preventiva y, tras declarar en contra de Correa, fueron incluidos en el programa de protección de testigos. El otro implicado que fue llamado a juicio, el jefe del servicio de Inteligencia durante el Gobierno correísta, Pablo Romero, tampoco podrá ser juzgado, pues fue detenido y después liberado en junio en España.


Según la investigación, la implicación de Correa en el intento de rapto de Balda se justifica en que el expresidente estaba en la cúspide de una cadena de mando que ordenó secuestrar al político de oposición en Bogotá, hace seis años, utilizando dinero público como pago. Balda había sido previamente condenado por calumnias contra el ex mandatario ecuatoriano y estaba prófugo de la justicia en Colombia.


La jueza Daniella Camacho tomó en cuenta, para hacer el llamado a juicio, las declaraciones de los policías procesados que aseguraban haber seguido órdenes del jefe de Inteligencia para contratar el secuestro en Colombia con dinero público y que éste obedecía al entonces presidente de Ecuador.


Fernando Balda, acusador particular, anunció a la salida de la audiencia que presentará una nueva denuncia contra Correa por peculado —malversación de fondos públicos— al haberse utilizado recursos del Estado para perpetrar su secuestro. “Es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido muchos años que hoy, al fin, el poder político, las mafias que han gobernado el país no hayan podido tener injerencia en la decisión judicial”, declaró tras conocer que Correa pasaba formalmente a ser acusado.

Por Sara España
Guayaquil 8 NOV 2018 - 02:30 COT

Publicado enInternacional
EPM, Gobernación y Estado son responsables por los severos daños ocasionados por Hidroituango

Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Gobernación de Antioquia y al Estado colombiano por severos daños ocasionados por Hidroituango y recomienda de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la hidroeléctrica.


Durante la XII Audiencia pública de juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizada en Guadalajara –Jalisco– México entre los días 22-26 de octubre de 2018, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentaron el caso: violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en el departamento de Antioquia Colombia, en contra de los accionistas de Hidroituango S.A. E.S.P; la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Los honorables jurados, cuyo presidente fue el doctor Philippe Texier , escucharon el caso, recibieron pruebas y peritajes de expertos durante la sesión del día martes 23 de agosto en las instalaciones del Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. El día viernes 26 de octubre el Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez realizó lectura del veredicto oficial.


El tribunal se adhiere a la jurisprudencia nacional e internacional y con base en ella desarrolla su ejercicio de justicia alternativa ante la comunidad académica, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas. En vista de los hechos y declaraciones que anteceden, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve:


“Responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S.A. E.S.P; a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Gobernación de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnicas y de construcción de la obra”.


“Deplora la ausencia de mecanismos de protección que impidan la destrucción de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas por parte de las empresas responsables de la construcción de la represa Hidroituango”; por lo que recomienda que:

“El Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables de la obra realicen de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y apliquen un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada.


Cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas.
Que el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los autores de asesinatos, masacres, desplazamientos forzosos de población y desapariciones forzosas en la zona.


Que la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervenga para detener la destrucción que las empresas responsables de la represa Hidroituango hacen de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas.


Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso que no sean acatadas”. Dado en el Auditorio D2 del Iteso, el 26 de octubre de 2018.

Pese al evidente impacto social y medioambiental que origina la demanda de los habitantes del cañón del bajo Cauca Antioqueño, articulados al Movimiento Ríos Vivos, y el consecuente fallo del Tribunal, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enfatizó en que lo dicho por este tribunal no tiene ninguna injerencia legal sobre el proyecto.

"En este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios, pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable", dijo el gobernador, desconociendo la trayectoria de 20 años del Tribunal y la experiencia de las personas que lo integran.

 

Publicado enColombia
Varoufakis se encontrará con Sanders y llama a una Internacional Progresista

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, sigue trabajando en la creación de su proyecto político global. En el próximo mes se reunirá con Bernie Sanders para trabajar en un polo internacionalista.

Bernie Sanders y Yannis Varoufakis llevarán a cabo un próximo encuentro, el 30 de noviembre, para fijar los primeros pasos de una Internacional Progresista. Así lo anunció el propio Varoufakis a Buzzfeed el pasado 26 de octubre en Roma. El exministro griego de Finanzas sitúa el encuentro con la gran esperanza de la izquierda estadounidense como una forma de confrontar la alianza de extrema derecha que ha impulsado el asesor de la campaña electoral de Donald Trump, Steve Bannon.


Al encuentro, que tendrá lugar en el Estado de Vermont, de donde es senador Sanders, está invitado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El entendimiento entre Varoufakis y Sanders se ha visto reflejado en un cruce de artículos en el diario inglés The Guardian, en los que han coincidido en la necesidad de formación de un polo progresista ante lo que, según Varoufakis la certeza de que “los financieros son internacionalistas. Los fascistas, racistas y nacionalistas son internacionalistas. Ellos están enlazados. Los únicos que no lo hacen son los progresistas”.


Sin embargo, otras fuentes consultadas por El Salto, advierten de que Varoufakis es solo uno de los 200 invitados al encuentro de cuatro días en Vermont y que no tiene un "trato especial" en una cita organizada por Jane O'Meara Sanders, activista y esposa de Sanders.


El exministro griego, no obstante, está teniendo más problemas para expandir su Primavera Europea —el protopartido que quiere presentar a las elecciones del superdomingo de mayo—, para la que cuenta aun con menos apoyos de los esperados. En España, suenan desde hace semanas sus contactos con Actúa, plataforma del diputado en Asturias, Gaspar Llamazares, crítico con Podemos y con su partido IU, integrados ambos en el GUE/NGL. El partido, Primavera Europea, no descarta presentar a candidatos a las europeas en lugares distintos a su país de origen. Así, como señala Buzzfeed, él mismo podría encabezar la lista en Alemania.

 

Redacción El Salto
Actualizado 15:39

publicado
2018-10-29 13:35:0

 

 

Publicado enPolítica
Domingo, 28 Octubre 2018 05:32

La ceremonia de los miércoles

La ceremonia de los miércoles

Cada miércoles por la tarde, delante de la embajada japonesa en Seúl, un puñado de mujeres coreanas de más de noventa años reclama en vano que Japón reconozca lo que hizo con ellas. Cada vez son menos porque, desde que empezó el reclamo, en el año 1991, han ido muriendo casi todas: hoy sólo quedan treinta y cinco sobrevivientes. Por esa razón, desde el año 2011 se han ido erigiendo estatuas de esas mujeres frente a las embajadas japonesas, no sólo en Seúl, sino también en Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, para que su reclamo no cese cuando ellas no estén. ¿Qué hizo Japón, el Japón imperial, con esas mujeres? Las convirtió en esclavas sexuales para su ejército, cuando todas ellas eran menores de edad, entre 1937 y 1945. 

La historia empezó después de la tristemente célebre masacre de Nanking. En diciembre de 1937, luego de que las tropas japonesas arrasaran la capital china, mataran más de trescientos mil civiles y violaran ochenta mil mujeres, el emperador Hirohito se escandalizó con sus altos mandos y ordenó que no se repitieran más “semejantes estigmas para la imagen del Imperio” (cito textualmente). Los altos mandos inventaron entonces las “estaciones de consuelo”, unos burdeles militares que debían cumplir tres funciones: dar satisfacción sexual a las tropas, evitar las violaciones de mujeres locales y reducir la transmisión de enfermedades venéreas, ya que las integrantes de estas “estaciones de consuelo” eran sometidas a revisaciones médicas semanales.


El reclutamiento de “voluntarias” comenzó en 1941, principalmente en Corea. Fueron pueblo por pueblo y aldea por aldea. Amparados en la Ley de Movilización General que regía en todo el imperio, se llevaban las hijas mujeres de todas las familias. Se les decía que viajarían a Japón a colaborar con el ejército imperial cocinando para las tropas, o remendando uniformes, o trabajando de enfermeras. Pero no se las enviaba a Japón sino al frente, donde eran sometidas a un régimen inhumano: vivían apiñadas en las “estaciones de consuelo” sin permiso para salir, mal alimentadas, sometidas a castigos constantes y obligadas a satisfacer las demandas de las tropas, que se incrementaban antes de cada batalla (podían llegar a ser hasta sesenta soldados por noche) porque los japoneses creían que tener sexo antes de combatir los fortificaba y protegía.


El asunto quedó convenientemente silenciado después de la guerra porque los japoneses quemaron todos los registros y, además,porque la gran mayoría de las víctimas murieron (durante la guerra o inmediatamente después, por suicidio o por enfermedades consecuencia de su internación)o no se atrevieron a volver a sus pueblos natales, por falta de recursos o por vergüenza. Recién en 1991, cuatro años después de que se estableciera la democracia en la República de Corea del Sur algunas de las sobrevivientes se atrevieron a contar por primera vez su historia. Una de ellas llamada Kim Hak-sun aceptó relatar su experiencia para un diario coreano: dijo que el calvario no había terminado con el fin de la guerra, que callarlo era casi igual de malo que habérselo confesado a sus familiares porque la escarnecían cada vez que tomaban unas copas. La única solución que veía era unirse, contarlo públicamente. Logró que doscientos cincuenta de sus compañeras se sumaran y comenzaron a juntarse cada miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl, al principio con casi nula repercusión.
El debate acerca de la esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo” gira en torno al modo en que fueron reclutadas sus integrantes. El gobierno japonés sostuvo durante años que no había habido reclutamiento forzoso, que se trataba de “trabajadoras sexuales con licencia para ejercer y cobrar”, una forma de prostitución legal, como la que regía en su propio territorio. Las sobrevivientes no tenían ningún documento que sostuviera su acusación: sólo podían ofrecer el relato de su atroz experiencia. Pero reuniendo uno a uno esos testimonios se pudo establecer que las “mujeres de consuelo” fueron no menos de veinte mil (y se estima que pueden haber llegado hasta ochenta mil). Luego de que la legendaria jurista argentina Carmen Argibay presidiera el Tribunal Internacional de Mujeres para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenó en diciembre de 2000 al ejército nipón por los crímenes cometidos en las “estaciones de consuelo” durante la Segunda Guerra (Argibay publicó poco después un formidable trabajo sobre el tema en el Berkeley Journal of International Law) se creó en Japón el Fondo de Reparación de Mujeres Asiáticas.


Era una iniciativa privada, orquestada por Yoshiko Yamaguchi, ex actriz chino-japonesa devenida diputada en el Parlamento nipón (hablé de ella en otra contratapa: “La Orquídea de Manchuria”). El resarcimiento sólo fue aceptado por 285 de las víctimas en Corea, China, Filipinas y Taiwan: se le entregó a cada una la suma de dos millones de yens (diecisiete mil dólares). Mientras tanto siguieron las marchas de los miércoles frente a la embajada japonesa en Seúl y de a poco empezaron a repetirse en otras ciudades del sudeste asiático, hasta que en el año 2015 el gobierno japonés aceptó presentar disculpas públicas a las ya ancianas víctimas sobrevivientes, en forma de un nuevo Fondo de Reparación. Lo hicieron a la manera japonesa: con reticencia, afirmando que no habían logrado hallar en los archivos oficiales ninguna prueba concreta de esclavitud sexual en las “estaciones de consuelo”. El Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas decretó este año que la respuesta de Japón no es suficiente.


Según encuestas recientes, el 70 porciento de la población coreana cree que el asunto de las “estaciones de consuelo” sigue sin resolución, mientras que el 50 porciento de la población japonesa considera que quedó finiquitado en 2015. Lo que hace falta, sostienen mientras tanto las últimas sobrevivientes, es un museo y un centro de investigaciones que nuclee todos los testimonios y documentos posibles antes de que ellas mueran: para que sea el mundo y no sólo ellas quienes pidan explicaciones al Japón. Así las cosas, en los últimos meses sucedió un hecho minúsculo que quizá tenga enormes consecuencias en esa dirección: la coreana-canadiense Emily Jungmin Yoon publicó un extraordinario libro de poemas en inglés, titulado A Cruelty Special to Our Species (“Una crueldad especial para nuestra especie”), en el que utiliza las voces de las sobrevivientes, sus testimonios, para dar a conocer al mundo los detalles y los alcances de aquella aberración.


Ya en el primer poema, titulado “Una desgracia habitual”, Yoon dice: “Han pasado setenta años ya y nadie sabe / nadie dice que éramos niñas / y esclavas / y cuán habitual era esa desgracia”. Cuenta Yoon que, cuando llegó a América, descubrió que nadie conocía la historia de las “estaciones de consuelo” y que muchas veces, hablando con canadienses y norteamericanos, le preguntaban qué pasaba entre Japón y Corea, ¿tan diferentes eran? Ella contesta así en su libro:”Hace muchos muchos años que en Japón / usan la frase jûgoen gojissen para decir coreanos / Una crueldad especial con nuestra especie / porque jûgo suena a morir en coreano / y goji suena a mentir en coreano”. Yoon dice que se decidió a terminar y publicar su libro cuando leyó que, de aquellas cuarenta mil o doscientas mil esclavas sexuales, sólo quedaban treinta y cinco sobrevivientes. Sus poemas, como esas estatuas que hay frente a las embajadas japonesas en Seúl, Hong Kong, Taipei, Yakarta y Tainan, seguirán hablándole al mundo cuando ya no quede ni una sola de esas ancianas para asistir a la ceremonia de los miércoles.

Publicado enInternacional
Con luz y sin tregua: 40 años en defensa de los Derechos Humanos

Eduardo Carreño, abogado integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) recorre. como testigo de excepción, la larga y ardua batalla por los Derechos Humanos (DH) en Colombia en la cual ha estado inmersa esta organización como actora de primer orden, a lo largo de los últimos 40 años de la historia nacional. Su memoria nos lleva de los juicios contra civiles regidos por militares, pasando por las torturas y las desapariciones como norma de Estado, con la sindicación como guerrilleros de miles de líderes sociales, a los Estatutos antiterrotirstas, y la relación de Estado y paramilitares, pasando por las masacres como método de control social y dominio territorial; un conjunto de prácticas de Estado que no pueden olvidarse, todas ellas confrontadas por los movimientos sociales y los defensores de los DH.

 

Eduardo, cuatro décadas en la lucha por los DH en un país como Colombia, donde la violencia no da tregua es todo un acontecimiento. Cómo dejar pasar esta ocasión, casi única, para que conversemos sobre las particularidades de esta disputa a lo largo de casi medio siglo de historia nacional, estableciendo los cambios vividos por tal divisa, así como la realidad de la misma en los actuales momentos.

 

Pregunta (P). Quisieramos conocer, entonces, ¿Cómo era la situación de los DH en Colombia en 1978, cuando nace el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar–?
Respuesta (R). Bueno, el tema es extenso, y corresponde primero hacer un recuento del escenario social vivido. Entonces, en aquel momento resaltaban varíos aspectos importantes de subrayar: 1) un movimiento popular que estaba en auge, con una lucha cívica reivindicativa por servicios públicos a nivel nacional. En ese tiempo aparecía como injustificable que en muchos barrios y veredas la gente careciera de servicios de alcantarillado, agua o luz. 2) El movimiento campesino también estaba movilizado reivindicando el derecho a la tierra. 3) El movimiento indígena estaba en una fase de afloramiento y exigía la recuperación de las tierras con base en el principio: la tierra es para el que la trabaja. Indígenas y campesinos lograron tierras en la Costa Caribe, en el Magdalena Medio, y en los Llanos. 4) El movimiento sindical independiente estaba en una fase de organización y movilización creciente, orientado por unos principios resumidos en lo que fue conocido como los cinco antis: antipatronal, antielectorero, antireeleccionista, anticapitalista y antiimperialista. 5) En las ciudades la gente sin casa, muchos de ellos desplazados por la violencia, plantearon también la recuperación de lotes de engorde para edificar viviendas.

 

Por otro lado, en aquel tiempo también era posible percibir un desarrollo germinal del movimiento guerrillero urbano. Sectores del Ejército Popular de Liberación (Epl), una fracción más radical de éste, el grupo Pedro León Arboleda (Pla), tomaba forma y se proyectaba en todo el país el M-19 y el Ejército de liberación nacional también accionaba en las ciudades.

 

P. Estamos hablando de finales de los años 70 del siglo XX, cuando también se llevó a cabo el famoso paro de 1977…
R. Sí, en ese contexto fue que germinó el paro cívico de septiembre de 1977. Un paro que desde la movilización ciudadana rebasó las expectativas de sus organizadores. Fue la primera vez que se logró congelar en el país, por seis meses, el valor de los artículos de primera necesidad.

 

P. ¿Cómo fue la reacción de parte del establecimiento ante todo esto?
R. Fue una reacción sin contemplaciones: expidieron el Estatuto de Seguridad, se amplió el juzgamiento de civiles por militares, fue legitimado el recorte a las garantías ciudadanas, autorizaron a la Fuerza Pública para reprimir la inconformidad social y castigar incluso el delito de opinión.

 

P. Negó el establecimiento el derecho a la libertad y otros derechos básicos.
R. Por todo el país. A lo largo y ancho de la geografia nacional se impuso la más brutal persecución a la crítica, a la protesta, a la organización social. Veníamos de un momento donde nosotros no hablábamos de DH y nuestra acción principal estaba orientada a la defensa de los presos políticos asociados al movimiento guerrillero.

 

Pero con el auge de la represión sobre el movimiento popular (se llegó a la detención masiva de dirigentes sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinos, todos presos en brigadas militares), la detención sin justa causa –por simple sospecha, como dicen por ahí– entre uno y seis meses de cualquier ciudadano, el cercenamiento práctico de la libertad, de hecho la imposición de un ambiente de violencia sin límites por todo el país, en medio de lo cual los allanamientos y la tortura quedan institucionalizadas, y las instituciones políticas y jurídicas deformadas, hasta quebrar su propia sustancia democrática. En ese marco nuestras prioridades van cambiando, pero eso será pasado algunos años.

 

P. Se cuenta que los juicios de la época los dirigían militares.
R. Así era. En esos años tuvieron lugar los consejos verbales de guerra contra cientos de guerrilleros detenidos en las cárceles, el más notable de los cuales –por la cantidad de procesados– fue el de la cárcel La Picota, con más de 300 guerrilleros presos.


P. ¿Participó en la defensa de los enjuiciados el Cajar?
R. Sí. Allí estaban Eduardo Umaña, Luis Castro, Eduardo Salamanca, Rafael Vergara Navarro. Y también estábamos los que nos ocupábamos de los asuntos laborales y de la defensa de quienes ocupaban los lotes de engorde. Los que trabajábamos lo sindical nos tocó asumir la defensa penal militar en los consejos verbales de guerra de todos los sindicalistas detenidos como presos políticos. En esa materia nos capacitaron Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, pues nosotros no teníamos estudios en esa materia.

 

Hay que recordar que entonces no existía una consagración expresa del Habeas Corpus, pero por sentencias de la Corte Suprema era posible acudir al mecanismo, no tanto para procurar la libertad del detenido, sino al menos para establecer el sitio donde lo tenían sometido y con ello salvaguardar su vida, evitar su tortura o desaparición. El Estatuto de Seguridad amparaba las detenciones sin límite, y sin reconocimiento de la detención y ubicación del preso.

 

En ese marco, la lucha cívica por la amnistía de miles de detenidos políticos alcanzó un triunfo cuando fue aprobada la ley 35 de 1982, que firmada por el gobierno de Belisario Betancourt abrió paso a un proceso de negociación con la insurgencia, para poner fin a la confrontación interna armada.

 

P. En ese marco de cientos y miles de dirigentes sociales detenidos, sindicados además como guerrilleros, superar tal manipulación era urgente, ¿cómo se logró tal propósito?
R. Los ochenta fueron años de una larga batalla por lograr que los civiles no fueran juzgados por militares, tanto por la ausencia de autonomía e imparcialidade de la justicia, cómo por la afectación de los principios del debido proceso. Esa victoria se alcanzará en 1987 cuando se determina legalmente que los civiles deben ser juzgados por civiles. Pero casi de inmediato expidieron el Estatuto de defensa de la justicia y el Estatuto de defensa de la democracia, mecanismos que permitieron que muchísimos jueces y funcionarios de instrucción militar pasaran al juzgamiento secreto de civiles, tal y como lo consagraban los estatutos antiterroristas.

 

P. Nos relataba un poco antes que el tema de los DH no estaba en el centro de la acción del Cajar, ¿cuándo cambia tal perspectiva?
R. Comienza a cambiar con el primer informe de Amnistía Internacional, en abril de 1980, sobre la situación de los presos políticos en Colombia; informe que estuvo precedido por la organización y realización del Primer Foro Nacional sobre DH en Colombia, realizado en 1979 y liderado por Alfredo Vázquez Carrizosa, quien estaba a la cabeza del Comité Permanente por la Defensa de los DH.

 

P. Al final de los años 80 e inicios de los 90 tenemos los procesos de negociación de la paz con las insurgencias urbanas y la expedición de la nueva Constitución, ¿cómo afecta aquello la situación de los DH?
R. Ambas realidades los afectan, pues de alguna manera la firma de los acuerdos de paz estimulan la citación a la misma Constituyente, con la cual es redactada una nueva Constitución. Y en ese proceso, gracias a la confluencia de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo de Abogados, se logró elevar los DH a rango constitucional.

 

P. ¿Qué se reconoce como tales?
R. En lo fundamental se toma la Convención Interamericana de DH y se elevan a rango constitucional entre los artículos 11 y 93. Hay que dejar claro que estos Derechos estaban vigentes en Colombia desde los años 68 y 72, tanto para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cómo para los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El avance consistió en un masivo conocimiento de los Derechos gracias al proceso de pedagogía constitucional que tuvo lugar en los primeros años, después de aprobada la nueva Constitución.

 

P. ¿Y todo cambia por arte de la nueva Constitución?
R. Bueno, no tanto como eso, pues los Derechos Civiles y Políticos nacieron suspendidos, porque recuerde que los Estatutos para la Defensa de la Democracia y el de la Justicia, que habían creado los jueces secretos, las pruebas secretas, los testigos secretos, habían estructurado desde 1987, en la práctica, un Tribunal de la Inquisición. Este sistema de “justicia” duró hasta 1997, cuando fue desmontado gracias al trabajo de las organizaciones de DH, entre ellas el Colectivo, que denunciaron la violación de tales derechos, del debido proceso y las garantías procesales por parte de esos Estatutos, que lo único que garantizaban era la condena.

 

Aquí es importante recordar que los decretos de la justicia secreta, que eran de Estado de Sitio, fueron prolongados gracias a la Alianza Democrática M-19, pese a que ellos mismos habían sido objeto de juzgamiento con esos marcos normativos. Es importante recordar el juzgamiento de personas como el señor Hazbum, condenadas a cuarenta o cincuenta años de cárcel con esta justicia secreta por el asesinato de Luis Carlos Galán, y después se demostró en la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda instancia, su absoluta inocencia.

 

Sucede entonces que los jueces y los funcionarios de instrucción de la justicia secreta pasan en grueso a la nueva justicia especializada, conservando la misma lógica represiva en la investigación y juzgamiento de lo que ellos consideran “el enemigo”.

 

P. Ya estamos en los años 90, y en estos aparece un nuevo actor en el escenario nacional, el paramilitarismo, ¿qué sucede entonces en este marco de los DH?
R. Para entonces ya se había desarrollado a una nueva escala el paramilitarismo, puesto en marcha a comienzos de los años ochenta. Durante años la Fuerza Pública había entregado armas y apoyo logístico a las autodefensas en el marco de normativas que así le autorizaban. La doctrina contrainsurgente, con el componente de la guerra sucia, se concentra entonces en la lucha contra el movimiento popular organizado. Campesinos, indígenas, activistas barriales, sectores progresistas de la iglesia, y sectores políticos de oposición fueron criminalizados; el Partido Comunista y la Unión Patriótica fueron objeto de exterminio entre 1985 y 1990.

 

P. El país había conocido la tortura, la desaparición, la violación de todo tipo de derechos, pero con el paramilitarismo entra a un nuevo escenario: las masacres, ¿es así?
R. Ese es un nuevo escenario. Durante los años noventa llevan a cabo grandes masacres como método de guerra. La Rochela, Caloto, Riofrío, Urabá, la Costa Norte, los Llanos, la Red 007 de la Armada en Barranca. En 1997 un fallo de la Corte Constitucional derogó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entregaran armas de uso privativo a los civiles, y también derogó las normas que autorizaban a las Convivir, desarrolladas en especial en Antioquia con el gobierno de Uribe. El fallo ordenó a la Defensoría del Pueblo que garantizará que las armas entregadas regresaran a la Fuerza Pública. Esto, por supuesto, no se cumplió.

 

En 1999 y en el año 2000 se expiden dos nuevos códigos: Penal y de Procedimiento Penal, en el primero se tipifica como delito el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas. El Colectivo, junto con otras organizaciones de DH, había convocado en agosto de 1986 el Primer Foro Nacional por los detenidos desaparecidos en Colombia. Después, y por presión internacional, se había logrado que el Estado colombiano suscribiera el Tratado internacional contra la desaparición forzada de personas. Pero desde siempre el Cajar ha sostenido que el hecho de que no estuviese tipificada en el Código una conducta no significaba en absoluto que no pudiese ser perseguida y castigada, porque otras normas permitían hacerlo, y si no se hacía era por un problema del aparato judicial y no por un vacío normativo.

 

P. Es indudable que la confrontación político-armada ha sido determinante en los recortes jurídicos a las garantías ciudadanas y la vulneración de Derechos de la ciudadanía por parte de agentes estatales o privados que han contado con el soporte de los oficiales. La solución política del conflicto aparece entonces como una dimensión central para cesar la dinámica de vulneración sistemática de los DH.
R. Sí. Sobre este particular vale la pena recordar la forma como los diálogos de paz en el Caguán sirvieron para poner en marcha el Plan Colombia, dirigido a realizar una reingeniería de las FF.AA. y dotarlas de nuevo armamento. Esto es revelador en la medida en que muestra cómo la impunidad absoluta entregada a los asesores y militares estadounidenses significó una renuncia por parte del Estado colombiano a ejercer su soberanía. El Estado colombiano renunció, en los convenios suscritos, a investigar y sancionar a cualquier militar o asesor estadounidense, o integrante de sus familias, que cometiesen crímenes en Colombia.

 

En el año 2002 esta renuncia se hizo extensiva a la Corte Penal Internacional. No se puede denunciar a un militar o asesor estadounidense ante la CPI porque se renunció a ello. Los convenios niegan incluso el derecho de conocer los nombres de quienes vienen porque entran por Catam, ni es posible conocer qué vienen a hacer y bajo las órdenes de quien actúan.

 

P. ¿Cuál otro momento es importante tener en cuenta para este ejercicio de contraste entre finales de los años setenta y el actual momento?
R. Creo que es necesario referir lo acontecido con el proceso de Justicia y Paz. De cuarenta mil paramilitares que se desmovilizaron con ese mecanismo de justicia transicional, solamente 860 fueron incorporados y han entregado información. Y los que más la entregaron fueron los jefes paramilitares extraditados, enviados a Estados Unidos porque habían comenzado a contar lo sucedido con los apoyos que tenían en sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública.

 

P. ¿Y ustedes cómo actuaron ahí?
R. En este tema cabe una autocrítica porque el mecanismo de Justicia y Paz no fue valorado en su momento por parte nuestra, y llegamos tarde al proceso. Criticabamos las penas, los mecanismos de participación, y eso era válido, pero no captamos a tiempo todo lo que pudo aportar de verdad el proceso de Justicia y Paz. No previmos los procesos judiciales que desató sobre la clase política regional vinculada al paramilitarismo. Y lo que permitió saber acerca de muchas víctimas. Entonces, sólo pudimos conocer algunas cosas puntuales.

 

P. ¿Y la negociación-desmovilización fue real o ficticia?
R. En lo fundamental ficticia. Es necesario recordar que muchas estructuras paramilitares no negociaron. Los Butragueños, los Rastrojos, los Machos, los Urabeños no negociaron. Después también se ha demostrado que muchas de las estructuras supuestamente desmovilizadas siguieron intactas. Montaron una parodia: desmontaron el 20 por ciento de su estructura y para lo restante reclutaron gente de la delincuencia común, los entrenaron durante un mes, les dieron escopetas y revólveres, y pudieron entonces cobrar un sueldo durante dos años, con las estructuras supuestamente desmovilizadas para controlar a la población. Con ese mando silencioso, pero eficaz, la gente de las regiones en las que operan estas estructuras criminales permanece en una situación muy adversa en términos de DH.

 

P. Y la negociación con la Farc, ¿qué ha significado en términos de DH?
R. Si consideramos lo aprobado en los acuerdos, podríamos afirmar que generó una gran expectativa de verdad y justicia pendientes. Si detallamos la dinámica del desarrollo de los acuerdos de paz contemplamos la existencia de un proceso de recorte, limitación y cerco de lo aprobado con relación a los derechos de las víctimas.

 

P. ¿Cómo es esto?
R. Es un tema complejo pero real: los derechos de las víctimas a saber lo que pasó; el derecho a que se aplique justicia a todos los que participaron material o intelectualmente en el ejercicio violento, pero también los que financiaron o garantizaron impunidad; el derecho a que se repare integralmente el daño causado, así como el derecho a que se garantice la no repetición de los crímenes con el desmonte de las estructuras que causaron los daños, todos ellos quedaron contemplados en lo firmado, pero hasta ahí pues al momento de la implementación aparecido una correlación de fuerza política adversa que impide el cumplimiento pleno de lo acordado.

 

P. Es una correlación en la cual el sector más reaccionario del país tiene más iniciativa social y política…
R. Y de ello da cuenta, además, por ejemplo, lo sucedido en el 2016, cuando ese sector –que es el más ligado a la criminalidad de Estado– desplegó una campaña mediática en contra de los acuerdos, ambientando el resultado adverso del plebiscito y la revisión de los mismos, lo cual es aceptado por las Farc.


P. ¿Con esa revisión, qué aspectos quedan establecidos?
R. Por ejemplo, que los Presidentes no serán investigados sino por la Comisión de Acusaciones del Congreso, esa misma que nunca ha permitido un sólo juzgamiento en toda su historia.

 

Hoy están pretendiendo que los militares sólo puedan ser juzgados por salas militares especiales, lo que significa perder incluso lo logrado en la justicia ordinaria.

 

A todo lo anterior hay que agregar la desfinanciación. El Estado colombiano no está aportando los recursos necesarios para que la JEP funcione.

 

P. Estos son traspiés, pero también hay logros…
R. Y no de consolación. El hecho de que se haya aceptado que las víctimas puedan presentar sus casos desde 1964 hasta 2016, es un logro histórico que no se había alcanzado. No hay que olvidar tampoco que la restitución de tierras ha sido precaria.

 

P. ¿En el Cajar tienen confianza con lo que pueden arrojar estos acuerdos en materia de DH?
R. No somos muy optimistas frente al reconocimiento de lo sucedido por parte de los militares, pero es posible que algunos realmente confiesen lo ocurrido durante estos años, que confiesen quiénes eran los que trazaban los planes, quiénes daban las órdenes, quiénes revisaban las actuaciones, cómo se premiaba a los ejecutores de masacres y de falsos positivos. También debería operarse la marginación del Estado de quienes participaron en los crímenes. Esto es substancial a la garantía de no repetición.

 

P. ¿El país está ante el reto de quebrar la impunidad?
R. Vea, hay que tener claro que venimos de una impunidad histórica sobre crímenes de agentes estatales que ha fluctuado entre el 98 y el 100 por ciento. Hay que saber que la historia muestra que juzgar desde cierto nivel de mando hacia arriba ha sido excepcional, sino imposible. Y hay que saber que se autorizó legalmente la destrucción de archivos oficiales del año 88 hacia atrás. Allí estaban las ordenes de batalla, los nombres de los blancos civiles del “enemigo” y de sus familias, porque la represión no sólo fue sobre los “blancos”, sino sobre sus familias.

 

Pero en la JEP aspiramos a que por lo menos los llamen a declarar. Ya hay declaraciones de militares y de paramilitares que han confesado quienes daban las órdenes. Es el caso, por ejemplo, del general Mario Montoya. Don Berna confesó que la Operación Orión la dirigieron directamente: el coronel Leonardo Gallego, el general Mario Montoya, Comandante de la Brigada y el propio confesante.

 

También el coronel Borja de Montería, que confesó que los 57 crímenes por él cometidos fueron por órdenes del general Montoya.

 

El primer decreto de recompensas que condujo a los falsos positivos lo dictó el ministro Camilo Ospina. Y el segundo decreto lo complementa Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa de Uribe Vélez. El general Montoya pedía resultados a sus comandantes en todas las brigadas: “Necesitamos litros de sangre porque la guerra se mide en litros de sangre”. ¿El hecho de que no exista la orden escrita del general Montoya para que asesinasen a Pepito Pérez en Córdoba, significa que no tuvo responsabilidad en la actuación criminal de los oficiales bajo su mando?

 

P. ¿Ante cuáles debilidades y retos de los movimientos sociales nos encontramos para que la realidad de los DH no haya cuajado como lo requiere el país todo?
R. Una de las dinámicas que más ha afectado los DH, en el caso concreto de los movimientos populares, es su propio fraccionamiento. El hecho de que existan treinta organizaciones agrarias, cinco centrales sindicales, tres organizaciones políticas, etcétera, se torna en un debilitamiento de la capacidad de la organización popular para proteger los Derechos de la gente. Los protagonismos y los privilegios de las direcciones han impedido lo indispensable: lograr la unidad en la actuación en la defensa de los Derechos fundamentales. Pero eso es algo que nosotros observamos pero que no estamos en capacidad de variar.

 

Lo que también está claro es que en la larga y ardua tarea en el escenario de la lucha en favor del respeto a los DH, gracias a la labor de un amplio tejido de organizaciones de Derechos y a la actuación de la Comisión Interamericana y de la Corte Intermaericana de DH, ha sido posible obtener sanción para el Estado, teniendo este que reconocer la responsabilidad en la actuación criminal de sus agentes, y ha tenido que reparar a las víctimas. Pero esto no ha significado un cambio en la política real de DH, salvo en declaraciones.

 

Los considerandos de los acuerdos en DH, y lo plasmado en la sentencia de la Corte Constitucional que avala los acuerdos, no son una realidad aún. Seguimos en las declaraciones. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El Cajar persiste en esa tarea. Y lo hace en el marco de sus limitados recursos. Su método de trabajo asambleario, que privilegia la deliberación cuidadosa, afecta la capacidad de actuar con la celeridad que a veces se desearía para responder a las necesidades de las víctimas. Pero ese método también ha permitido una actuación más reflexiva indispensable en escenarios tan complejos. El equipo que actualmente integra al Colectivo es altamente calificado tanto por sus estudios, cómo por el acumulado de experiencias.

 

Tener en trámite 400 o 500 casos no significa mayor cosa, porque eso no representa ni siquiera el 0.1 por ciento de la criminalidad atribuible a agentes estatales. En Colombia hay diez millones de víctimas en acción social. Creo que el Cajar, como muchas otras organizaciones que favorecen a los sectores populares, debería existir en todos los departamentos. Pero eso es un ideal.

 

Edición completa desdeabajo Nº 251, octubre 20 - noviembre 20 de 2018

https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/345-edicion-n-251.html

 

 

Publicado enColombia
Viernes, 26 Octubre 2018 05:25

Mientras los de abajo soñaban...

Mientras los de abajo soñaban...

Cuando los partidos progresistas llegaron al poder a principios del siglo, estaban demasiado ocupados en revertir una situación económica y social de plena y brutal catástrofe. A pesar de que América latina estaba acostumbrada a las desigualdades obscenas, a las hambrunas, a la corrupción masiva, al robo de guante blanco, y a todo tipo de injusticia, los gobiernos progresistas no se centraron en promover el brazo judicial para poner en la cárcel a una plétora de políticos que no sólo habían sido culpables de fundir países enteros sino de corrupción tradicional.


La izquierda fue terriblemente ingenua asumiendo que todas aquellas fuerzas reaccionarias, formadas en una mentalidad de siglos, iba a rendirse a la popularidad de los nuevos gobiernos. ¿Acaso los asesinatos de Martin Luther King y Bob Kennedy no fueron una jugada maestra de las fuerzas conservadoras que de esa y otras formas aniquilaron la rebelión de los sin poder en los sesenta y aún hoy gobiernan en Estados Unidos? El modus operandi es el mismo, pero por alguna razón no se alcanza a visualizarlo.


La ingenuidad de la izquierda en América latina, salvo poquísimas excepciones, no hizo lo que están haciendo las fuerzas conservadoras: estimulando y aprovechándose del brazo judicial como antes lo hacían del ejército, para acusar y promover procesos y juicios a los presidentes progresistas como Rousseff, Lula, Correa, Cristina Fernández, como si todos necesariamente fuesen corruptos por su ideología, como si no existieran corruptos del otro lado, como si los poderosos hombres de negocios, aquella micro minoría que posee la mayor parte de los beneficios de cualquier economía de esas todavía repúblicas bananeras, fuesen miembros de las carmelitas descalzas.


El ex presidente brasileño Collor de Mello fue retirado de su puesto en 1993 por acusaciones de corrupción. Nunca fue condenado por tribunal de justicia alguno y nunca pagó con un día de presión. En ese vasto continente, hubo un solo antecedente, en 1931, de un presidente paraguayo que también fue acusado de corrupción, pero tampoco nunca fue a la cárcel.
En la región de la megacorrucpión latinoamericana, nunca hubo presidentes presos por corrupción.


Hasta que llegaron los presidentes progresistas, electos por el pueblo y con un abrumador apoyo popular.


La lección es clara: nunca subestimes a las fuerzas conservadoras, a los asumidos dueños de los países, por moralina y por poder económico, por la simple razón que es esa facción de la sociedad la que tiene el poder económico y mediático. Y no van a renunciar a él tan fácilmente.


Por Jorge Majfud, escritor uruguayo-estadounidense, autor de Crisis y otras novelas.

Publicado enPolítica
Página 1 de 69