Por una renta básica (transitoria) para nueve millones de familias en Colombia

Coalición de 54 senadores presentan proyecto de Ley para una Renta Básica de Emergencia

 

Una coalición de 54 senadores colombianos, integrantes de 9 partidos, radicaron el miércoles 27 de mayo el proyecto de Ley por medio del cual se entregaría a nueve millones de familias colombianas, unos 30 millones de personas pobres y vulnerables, una renta mínima equivalente a un salario mínimo mensual.

Bajo el título “Por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia, estos senados pretenden que el “[…] Estado garantice a los colombianos una vida digna durante la crisis derivada de la pandemia del Covid.19”.

De acuerdo a los firmantes, “[…] el proyecto consiste en transferir por parte del Estado a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país, el valor de un (1) SMMLV por hogar durante tres meses. De otro lado, transferir un (1) SMMLV a cada uno de los trabajadores ocupados en los micronegocios (en promedio 3 trabajadores), para cubrir al menos 1.3 millones de micronegocios, microfocalizados con claridad […]”.

La iniciativa surgida de esta coalición […] propone modificar el programa de Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional mediante el decreto ley 518de 2020, disposición a todas luces precaria frente a la magnitud del problema social que enfrenta el pueblo colombiano…”. El ingreso solidario reconoce $ 165.000 a cerca de 3 millones de familias, lo cual es una cifra de dinero que en nada o muy poco contribuye para que los miembros de las mismas estén en sus casas sin necesidad de salir a rebuscar complementar sus ingresos

La propuesta de los 54 congresistas es realista con la situación de empobrecimiento, hambre, angustia e inseguridad sobre su presente y futuro próximo que domina en millones de hogares obligados a permanecer en encierro, para prevenir la multiplicación del virus, pero sin garantizarles por parte del ente nacional condiciones básicas económicas, alimentarias, mentales– para que permanezcan en sus casas. Una realidad de penuria que ha llevado a multitud de hombres y mujeres a saltarse el confinamiento y salir a las calles a vender todo tipo de mercancías, buscando con ello reunir unos pesos con los cuales garantizar el alimento de los suyos, así como tener con que pagar arriendo y otros gastos del día a día.

El mandato del gobierno, “quédate en casa” desconoce el extenso empobrecimiento que domina en la sociedad colombiana, con más de 13 millones de personas en edad de trabajar que se rebuscan por cuenta propia, viviendo al día y, por lo tanto, obligarlos al confinamiento sin ingreso alguno es condenarlos a la crisis total, con la cual no morirán por contagio viral sino por contagio –empobrecimiento– económico. El empobrecimiento ya existente ahora se extiende producto del desempleo que va ganando cada día mayores indicadores, y con la multitud de comerciantes y empresarios que han decidido cancelar sus negocios.

Por otra parte, al tiempo que radicaban esta iniciativa la misma coalición anunció que en las próximas semanas radicaran una propuesta de “[…] Reforma Tributaria Estructural (que garantice) que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente.

Y precisan, “En la Reforma Tributaria Estructural estarán el impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de $2.000 millones y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados –el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas– así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Así mismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios”.

Al tiempo que así obraban los integrantes de 9 partidos, se conocía que el Gobierno a través de su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no aceptaba la propuesta de renta básica. Horas después, en contravía de una propuesta que pretende aportar a sobrellevar en mejores condiciones económicas la presente coyuntura por parte de 30 millones de connacionales, el gobierno a través del presidente Iván Duque oficializaba el apoyo al empresariado nacional para que pague la prima de mitad de año a los trabajadores de sus empresas, aportándole medio salario mínimo por cada uno de estos. Como en otras medidas tomadas por decreto en medio de la crisis, el gobierno central sigue enfocado en apoyar a los que más tienen con el prurito de evitar que la industria quedé liquidada.

Por ahora, y ante la propuesta de renta básica en curso y la iniciativa de próxima reforma tributaria estructural, el movimiento social colombiano queda ante la oportunidad de liderar un amplio debate nacional sobre temas sustanciales que están en la base del concepto de renta básica así como de justicia tributaria: ¿qué se entiende por trabajo? ¿Qué por ingresos dignos? ¿para que se trabaja? ¿qué se entiende por desarrollo? ¿qué se entiende por gobierno y para quién se gobierna? ¿qué es la solidaridad? ¿cuál es la diferencia entre renta básica y subsidios? ¿podría plantearse que la sociedad colombiano avance hacia la aprobación de una renta básica universal e incondicional? ¿cómo haría para ello? ¿qué es la justicia? ¿por qué el que más tiene debe tributar más? ¿cómo construir una sociedad de iguales?

Estos y otros interrogantes, estas y otras propuestas, requieren la movilización nacional de los excluidos, que sin romper normas básicas de salubridad deben salir por diferentes espacios públicos, sin dejarse contener por las redes sociales, para hacerle sentir al gobierno de los ricos y para los ricos, que en este país millones están excluidos y requieren ser tenidos en cuenta, además de que la pandemia –para ser vendida– debe ser enfrentada entre todos y todas, sin que ninguna familia ni ningún ser humano pierda sus derechos fundamentales, entre ellos y en primera instancia a vivir en dignidad.

Publicado enColombia
Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

Publicado enColombia
Martes, 19 Mayo 2020 14:33

Vergüenza

Vergüenza

A propósito de crisis carcelacia, hacinamiento y Decreto 546/2020

 

Circula en redes un manifiesto frente a la situación carcelaria en tiempo de pandemia, suscrito por reconocidos académicos y abogados penalistas. Lo han llamado “Rumbo a un genocidio carcelario”. Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el coronavirus.

 

Llama la atención la calidad de los firmantes, de la categoría del italiano Luigi Ferrajoli, el español Perfecto Andrés Ibáñez y el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, el brasileño Boaventura de Sousa Santos, entre los extranjeros, y dos jueces penales del circuito y el Coordinador de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Medellín, además de múltiples estudiosos del derecho penal y la criminología.

El texto, que consta de siete puntos argumentativos con una enorme carga de política criminal y tres puntos bajo el título “Exigimos”, es una proclama potente que evidencia el absurdo que constituye el Decreto 546 de 2020.

El decreto en cuestión, "Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", se apoya en datos de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana Derechos Humanos, ña Constitución Política y múltiples jurisprudencias de la Corte Constitucional.

Cuando comienzas a leer el texto, te llenas de emoción. Esperas que el soporte de la misma tenga por consecuencia una verdadera estrategia para descongestionar el sistema carcelario, no sólo para estimular las medidas extramurales, sino para establecer lineamientos sobre la imposición de las mismas.

Pero la desazón se cierne en la parte resolutiva.

En el artículo segundo, establece cuándo y a quiénes se aplica el decreto:

“ARTíCULO 2°. Ámbito de Aplicación. Se concederán medidas previstas en el presente Decreto Legislativo a las personas privadas de la libertad que se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:

  1. a) Personas que hayan cumplido 60 años de edad.
  2. b) Madre gestante o con hijo menor (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios.
  3. c) Personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del recluso, en conformidad con la historia clínica del interno y la certificación expedida por el sistema general de seguridad en salud al que pertenezcan (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentre a cargo del Fondo Nacional Salud la persona privada la libertad.
  4. d) Personas con movilídad reducida por discapacidad debidamente acreditada en conformidad con la historia clínica del interno y certificación expedida por el sistema general de seguridad social en salud a que pertenezca (contributivo o subsidiado) o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentren a cargo del Fondo Nacional de Salud del privado de la libertad.
  5. e) Personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos.
  6. f) Condenados a penas privativas de la libertad de hasta cinco (5) años prisión.
  7. g) Quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) la pena privativa de libertad en establecimiento penitenciario, atendidas redenciones a que se tiene derecho”.

Revisemos las estadísticas oficiales del Inpec para diciembre de 2019 (https://bit.ly/2zc3Bqp), y así poder establecer el impacto real de estos 7 grupos poblacionales.

Población privada de la Libertad en centros de reclusión nacional, municipal y establecimientos de Fuerza Pública, 123.802 personas.

  • 80.260 cupos y la población alcanzó los 123.802 internos(as), arrojando una sobrepoblación de 43.542 personas, que representa un índice de hacinamiento de 54,3%.
  • De esta población, el 4.2 por ciento supera los 60 años, es decir, 5.199 personas.
  • La población penitenciaria y carcelaria intramuros (123.802), está asociada con la comisión de 198.197 hechos criminales. Los cinco delitos más frecuentes corresponden, en relación al ciento por ciento, a: hurto 14 (29.489), homicidio 14,5 (28.831), concierto para delinquir 13,2 (26.125), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 13,1 (25.897) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 10,6 (20.941). Estos delitos representan el 66,3 por ciento del total de conductas delincuenciales por las cuales se encuentran los(as) internos(as) en condición de sindicados(as) o condenados(as) en los Eron. Sólo los 5 más frecuentes.
  • Veamos la siguiente tabla:

Tipo de delito

%

Hurto

14,9

Homicidio

14,5

Concierto para delinquir

13,2

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

13,1

Fabricación,  Tráfico y porte de armas de fuego y municiones 

10,6

Actos sexuales con menos de cartoce años

4,2

Acceso carnal abusivo con menor de catorce años

3,5

Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

2,8

Extorsión

2,6

Acceso carnal violento

1,8

Violencia intrafamiliar 

1,4

Secuetro extorsivo

1,3

Uso de menores de edad para la comisión de delitos

1,2

Secuestro simple

1.1

Total

87,5

Las estadísticas previas, tiene por fin establecer el impacto real del decreto, toda vez que el mismo establece: “Artículo 6°- Exclusiones. Quedan excluidas las medidas detención y prisión domiciliaria transitorias contempladas en Decreto Legislativo, que estén incursas en los siguientes delitos previstos en el Código Penal […]” y lo que constamos es que todas las mencionadas previamente se encuentran dentro de un enorme listado de exclusión de 76 delitos, más otros por referencia normativa.

Es decir, 15.475 internos estarían excluidos, pero recordemos que sólo se le aplica a un porcentaje de ellos. Por ejemplo, mayores de 60 años, manteniendo el porcentaje indicado del 4,2 por ciento, serían 649 personas beneficiadas. Es absolutamente claro, que las poblaciones restantes son inferiores porcentualmente, y aún a falta de su inclusión en las diferentes estadísticas oficiales, difícilmente podría llegarse a 2.000 personas. Ante esta evidencia, cabe preguntar, ¿de dónde saca el gobierno nacional que saldrán 15.000 de quienes están en prisión?

Según el Boletín Informativo del Inpec No.044–2020 del 4 de mayo (https://bit.ly/2AJDeZm), 268 personas han salido por efecto del decreto 546 de 2020.

Veinte días después de expedido el Derecreto de la referencia, la realidad muestra que, o el gobierno improvisa y da palos de ciego emitiendo decretos sin sentido (hay varios), o simplemente su intención nunca ha sido detener el contagio en las cárceles, en las que a mayo 13 el número de contagios asciende a 996 y las muertos a 4, una cifra 4 superior a la de beneficiados.

¡Vergüenza!

 

Artículos relacionados

“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”

Miércoles 6 de mayo 2020

“Presidente Duque, los que van a morir te saludan”

Miércoles 29 de abril de 2020

Carta a uno o una dragoneante

Miércoles 29 de abril de 2020

En sus hogares esperan a miles de presos detenidos sin condena

Periódico desdeabajo Nº267, abril 20 -mayo 20 de 2020

Presos de Colombia: “Señor presidente, los que van a morir, te saludan” (incluye vídeos)

Lunes 27 Abril, 2020

Cárceles de Colombia en pandemia interna por coronavirus

Jueves 23 Abril, 2020

Rumbo a un genocidio carcelario

Miércoles 22 Abril, 2020

Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas

Martes 21 Abril, 2020

Acción de tutela en favor de todas las personas sindicadas

Martes 21 Abril, 2020

Rumbo a un genocidio carcelario
Lunes 20 Abril, 2020

Comunicado de profesores e investigadores de derecho penal, criminología y política criminal, de la universidades públicas y privadas del país

Lunes 20 Abril, 2020

Un recurso urgente en favor del ser humano: Los jueces en época de crisis
Jueves, 16 Abril, 2020

El Covid-19 amenaza con arrasar la vida en las cárceles de Colombia (+audio presos La Picota)
Miércoles, 15 Abril, 2020

Cierre inmediato de la Cárcel de Villavicencio
Sábado, 11 Abril 2020 1

Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia

Jueves, 09 Abril 2020

Casa por cárcel para la totalidad de personas sometidas a prisión en condición de sindicadas
Viernes, 03 Abril 2020

Colombia ¿La justicia es ciega? Emergencia carcelaria. Gobierno reprime y segrega a presos
Martes, 24 Marzo 2020

La masacre del aislamiento
Lunes, 23 Marzo 2020

Masacre en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 o más presos asesinados
Domingo, 22 Marzo 2020

 

Publicado enColombia
Las Uris y estaciones de Policía en Bogotá colonizadas por el covid-19

La expansión el virus no se detiene, como tampoco la incapacidad del gobierno de Iván Duque para frenar el contagio entre la población carcelaria del país. Las cárceles de Colombia ya reportan, a la fecha, alrededor de 866 casos positivos por covid-19 entre presos, funcionarios y guardias de seguridad. Ahora, 14 de mayo, el virus se expandió y contagió a 19 personas detenidas en la Unidad de Reacción Inmediata (Uri) de la localidad de Kennedy en Bogotá. Pero no solo esto. sin parar, el virus salto entre garrotes, varillas y llaves contaminando a 7 uniformados de la estación de policía de Kennedy y otros 6 más reportaron positivo al virus en la estación de policía de Fontibón.

Medidas urgentes para salvar vidas

A raíz de esto, el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Hugo Acero Velásquez, le solicitó nuevamente al Inpec, y a los Ministerios de Justicia, Defensa y Salud medidas urgentes para enfrentar la grave crisis que se presenta hoy en esos centros de detención. Anota el comunicado del Secretario que estos centros tienen un hacinamiento cercano al 200 por ciento, lo que multiplica el riesgo de propagación del coronavirus.

El Espectador, en cifras al 18 de marzo, reportó 1.053 detenidos en veinte Estaciones de Policía de Bogotá, las que tienen capacidad para 462 reclusos, es decir, tienen un hacinamiento del 127 por ciento. Por ejemplo, la estación de Kennedy para esa fecha, reportó un 100 por ciento de hacinamiento y la Uri de Kennedy, con capacidad para 70 personas concentraba 142 personas. Estos centro de encierro y castigo ahora son un foco de alto contagio, es una realidad que el Gobierno conoce y desconoce a la vez. ¿Qué tipo de intereses lo determinan?

Los hechos demuestran que días después del reporte hecho por el diario mencionado, el 6 de abril, el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que estaba en Uris y estaciones de policía fueran enviadas a las cárceles. Y ahora en la carta que el secretario Acero le envía a Norberto Mujica, le solicitó información sobre los protocolos que va a utilizar esa institución en el traslado y custodia de las 19 personas privadas de la libertad que están en la Uri de Kennedy y que resultaron positivas en la prueba de covid-19. ¿El general aprovechará de nuevo, como lo hizo con los presos de la Cárcel de Villavicencio, para trasladar a estos detenidos y/o sindicados contagiados a otros penales del país?

Inpec realice “el traslado y la custodia de los detenidos contagiados con Covid- 19”

También solicita el funcionario Acero a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que con cargo al Fondo de Atención en Salud a las Personas Privadas de la Libertad, que “asuma la prestación de los servicios de salud que se deben proveer a los contagiados con Covid-19”. Agregó que las solicitudes están encaminadas a que la Ministra de Justicia y el Derecho, Margarita Cabello Blanco, dé la orden para que el Inpec realice “el traslado y la custodia de los detenidos contagiados con Covid- 19”.

 

El Secretario ahora se suma a las peticiones de académicos, profesores, juristas, familiares y población carcelaria que exige el derecho a la vida y salud de la población detenida en los distintos centros de reclusión.

Pero lo único rápido que existe en medio de la pandemia es el virus, porque el decreto 546 de 2020 que supuestamente pretendía “agilizar” las excarcelaciones de presos a nivel nacional solo ha otorgado libertad transitoria, a un mes de su promulgación, a cerca de 408 personas. Ahora se le suma, dado al contagio reportado desde las estaciones de policía y Uris de Bogotá, estas necesarias solicitudes de excarcelación, además de todas aquellas para deshacinar y hacer justicia con quienes concentran sus cuerpos en las decenas de estaciones de policía existentes a lo largo y ancho del territorio nacional.

Multiplicación del contagio o deshacinamiento, ¿quién mostrará mayor agilidad y eficacia, el virus en su crecimiento exponencial o el gobierno en su proceder administrativo y judicial? Parece ser que la suerte está echada.

Vea en el siguiente enlace el especial de desdeabajo sobre lo sucedido en torno a la población carcelaria desde que empezó la pandemia del coronavirus:


https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

 

Publicado enColombia
“Aquí estamos pegados a Dios para que no pase nada”

“¿Cómo estamos haciendo? Pegados a Dios para que no pase nada”, respondió en entrevista con desdeabajo un recluso del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, mayor foco de contagio en el departamento del Meta. El penal alberga un 98,7 por ciento de hacinamiento: fue edificado para encerrar 899 presos y actualmente amontona 1.786. De esa población ya suman a la fecha 654 contagiados por covid-19 entre funcionarios y población reclusa. Es decir, que un 41 por ciento de la población de la cárcel ya contrajo el virus. 

Domingo Velázquez* vive un doble aislamiento: preso y sin derecho a tener visitas. Además su familia está en otra ciudad y no han podido hacerle llegar útiles de aseo. Preocupados por la situación tanto de él como de los demás presos del penal, le preguntamos: ¿Cómo se encuentra la situación actualmente para ustedes dentro de la cárcel? A lo que respondió: “La verdad es que no sabemos quiénes están contagiados hasta el día de hoy. Todos los días hay nuevos contagiados y a muchos no les han hecho la prueba. Así que no sirve de nada que le hagan la prueba a algunos y otros no, porque luego los vuelven a juntar en el mismo patio. No tiene lógica”.

El pasado 24 de abril en la gobernación del Meta, ciudad de Villavicencio, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con representantes del Ministerio de Justicia, también hizo presencia el director general del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), General Norberto Mujica y una representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Esta última funcionaria informó que se colocaría una carpa medicalizada al interior del centro penitenciario de Villavicencio, es por ello que le preguntamos a Domingo: la carpa de aislamiento que dicen que fue instalada, ¿está funcionando?

“Mira, en este momento estamos así: durmiendo todos juntos, somos demasiados en cada celda. Los útiles de aseo no los dan y las carpas no las hemos visto funcionar. Nos llegó un rumor que los que no teníamos el Covid-19 nos iban a trasladar a la ciudad vecina de Acacias. Pero seguimos esperando y pues, ¿cómo estamos haciendo? pegados a Dios para que no pase nada”, concluyó el recluso que se encuentra en el tercer foco de contagio en el país, después de la ciudad de Bogotá y el departamento del Valle del Cauca. Con una diferencia, el foco allí queda reducido a cientos de metros cuadrados, es decir, el tercer foco en cantidad de contagiados pero el primero por riesgo de contagio y de muerte.

Un decreto insuficiente

El 14 de abril de manera tardía el gobierno nacional expidió el decreto 546 de 2020 que pretendía deshacinar los penales por medio del traslado de los presos a sus lugares de vivienda y así evitar un contagio masivo adentro de las prisiones. Los cálculos iniciales indicaban que saldrían 5.000 mil presos pero hasta la fecha solo han salido 268 entre hombres y mujeres de los centros penitenciarios.

Un decreto insuficiente que no ha podido proteger los derechos básicos de la población carcelaria que han denunciando por medio de cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre los altos niveles de hacinamiento, la falta de un servicio continuo de agua potable, el desabastecimiento de elementos de aseo, la precariedad de la atención médica  y la falta de alimentación adecuada, condiciones agravadas por la llegada y contagio confirmado del virus Covid–19.

Es por eso que, además de las distintas denuncias, habeas corpus y tutelas realizadas y presentadas por diversas personas, al igual que por académicos, abolicionistas y la sociedad civil, se le suma la última realizada por el senador de la república Iván Cepeda Castro y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –Cspp–, en la cual solicitan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh–,  en favor de las personas privadas de la libertad en 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

Estamos, sin duda, ante un decreto, el 546 de 2020, insuficiente, el mismo que dio espacio al director del Inpec, general Norberto Mujica, para autorizar el traslado de presos contagiados de la cárcel de Villavicencio hacia otros centros penitenciarios. Ahora las cárceles de Las Heliconias en Florencia (Caquetá), Leticia (Amazonas), Guaduas (Cundinamarca), La Picota (Bogotá) y la Picaleña (Ibagué) han reportado casos positivos del virus, y entre estas las Heliconias ya suma 15, lo que asegura que el virus continuará en multiplicación, como lo evidencia Villavicencio.

SOS cárceles

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado enumerando la violencia ocurrida recientemente en al menos tres cárceles latinoamericanas, incluida la cárcel La Modelo en Bogotá donde cayeron muertos 23 presos, y otros 80 quedaron lesionados, después de que la guardia actuara a mansalva ante un cacerolazo organizado por los presos para exigir medidas drásticas para proteger su salud y vida, al momento de empezar el simulacro de cuarentena en la capital colombiana.

Rupert Colville, portavoz de la oficina, señaló en el comunicado que los países deben prevenir el contagio de coronavirus en las cárceles promoviendo medidas sanitarias y asegurando la realización de pruebas y acceso a cuidado médico para los presos. Las condiciones en las cárceles y el trato a los presos deberían ser monitoreados regularmente por organismos independientes.

Deshacinar las cárceles de Colombia para evitar un genocidio carcelario, como lo han denominado expertos en criminología y académicos internacionales y nacionales, todavía es posible. Por ejemplo, Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema autorizó excarcelaciones masivas en distintas cárceles, solo por mencionar un ejemplo:

En California, que había autorizado 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones, esta semana permitió el traslado de más internos, 5.000 sólo en Los Ángeles, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Ángeles tenía 17.000 presos tras barrotes y ahora bajó a menos de 12.000.

Asimismo, el gobierno de Turquía, famoso por su autoritarismo, permitió el traslado del 30 por ciento de los prisioneros para prevenir el contagio con Covid-19. Pasaron 90.000 presos del régimen de prisión intramuros a arresto domiciliario durante el tiempo que dure la pandemia.

Entretanto, en Colombia la voluntad política necesaria para darle curso a una medida de estas brilla por su ausencia. Una realidad más que contradictoria, como si el virus que ingresa a las cárceles no fuera a salir de allí, como si los presos no tuvieran derecho a la vida, como si la multiplicación del mismo no fuera a afectar a quienes viven por fuera del penal. Sin duda, juegan con la salud y la vida de todos y todas, no solo los detenidos sino el conjunto social.

Una realidad que tiene que dejar de predominar. Es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía en toda Colombia, lugares donde se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, 38 por ciento de las cuales aún no han sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia. Son personas, que según distintos conceptos de la Corte Constitucional y la normatividad internacional vigente tendrían derecho a estar en sus casas bajo arresto domiciliario.

Como se recordará, la vida en dignidad es el principal derecho de todo ser humano, y es evidente que el Gobierno de los ricos no lo garantiza.

Vea en el siguiente enlace el especial de desdeabajo sobre lo sucedido en torno a la población carcelaria desde que empezó la pandemia del coronavirus:
https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39331-para-toda-la-poblacion-carcelaria-prision-domiciliaria-transitoria-ya.html

*Nombre cambiado a petición de la fuente

Artículos consultados para la realización del artículo leído:

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/05/nota/7832946/onu-alerta-sobre-deterioro-condiciones-carceles-latinoamerica-plena?&utm_source=email&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany

https://theconversation.com/turkey-releasing-murderers-but-not-political-opponents-from-prison-amid-coronavirus-pandemic-136466

https://www.minjusticia.gov.co/Noticias/minjusticia-expone-situaci243n-penitenciaria-y-carcelaria-en-consejo-de-seguridad-del-meta

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2020-268-presos-ya-recibieron-prision-domiciliaria

Publicado enColombia
Daniel Cahen

El surgimiento de la pandemia del Covid-19 ha traído consigo, entre otras cosas, una invocación del lenguaje de la guerra. Líderes políticos en todos los continentes han descrito el nuevo coronavirus como un enemigo, enfrentándole con medidas rara vez vistas en tiempo de paz, como cierres de fronteras y toques de queda. El personal de salud en contacto con personas enfermas enfrenta riesgos tan altos que se habla de sanidad en la línea del frente.

Como integrante del Comité Internacional de la Cruz Roja, una institución dedicada a trabajar en conflictos armados y otras situaciones de violencia, y abogado especializado en derecho internacional humanitario, este discurso bélico me llama mucho la atención. Sin duda puede ser útil, si contribuye a la concientización de que la amenaza es real y requiere esfuerzos considerables para contrarrestarla. Al mismo tiempo, conflictos armados y crisis sanitarias como las pandemias son categorías muy distintas.

En una guerra, los beligerantes toman iniciativas para dañar la capacidad de su adversario de tomar decisiones y de llevar a cabo operativos defensivos u ofensivos, a menudo por medio de ataques sorpresas. Pero el Covid-19 no es el Pearl Harbor sanitario. La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas el gran riesgo que entrañan para la humanidad pandemias como la actual.

No hacen falta nuevas normas para guiar la acción de los estados. Un instrumento internacional vinculante como el Reglamento Sanitario Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, estructura desde 2005 todo un sistema para reducir la propagación a escala global de enfermedades basado en monitoreo, notificaciones y medidas para detectar pandemias. Y sin saber todavía nada del Covid-19, todos los estados sin excepción aprobaron por consenso en diciembre de 2019, durante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una resolución titulada: El momento de actuar: juntos en la lucha ante epidemias y pandemias.

Si bien la lucha contra una enfermedad como el nuevo coronavirus no es una guerra (o sólo en el plano metafórico), sí hay una preocupación porque la pandemia está llegando a países en guerra. En Yemen, Siria o Nigeria, el Covid-19 es una amenaza adicional para la vida.

El derecho internacional humanitario –cuerpo de normas que busca mitigar el impacto de conflictos armados– obliga a los beligerantes a tomar en cuenta el reto de la pandemia. En estos contextos también aplica el derecho internacional de las garantías individuales. Ambos establecen salvaguardas mínimas, como la disposición de instalaciones médicas, el acceso de las comunidades a la salud y a la ayuda humanitaria y el respeto al personal e instalaciones sanitarios, entre otras. El cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar que situaciones ya de por sí críticas se degraden de manera significativa.

Por fuera de situaciones de conflicto, el derecho internacional de las garantías individuales es el marco legal bajo el que deben actuar los estados, incluso en situaciones excepcionales como la actual.

En un escenario de amenaza grave para la salud pública, tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos a nivel regional habilitan a los estados a restringir o suspender algunas garantías fundamentales. Casi todos los estados en América Latina y el Caribe han adoptado medidas extraordinarias frente al Covid-19, afectando garantías importantes (como el derecho a circular libremente, la libertad de reunión, el derecho a la libertad personal). Algunos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras o República Dominicana) han notificado la existencia de tales medidas extraordinarias de manera oficial a la Organización de Naciones Unidas o a la Organización de Estados Americanos, lo que permite un mayor grado de transparencia.

Sin embargo, los estados no gozan de poderes ilimitados. Algunas garantías son tan fundamentales que resultan intocables: el derecho a la vida y a la integridad personal, la prohibición de la tortura, el derecho a la vida familiar, entre otras. El derecho de solicitar y de recibir asilo también debe mantenerse, así como el principio de no devolución, que implica no retornar a una persona a un lugar donde, en particular, su vida e integridad física corren peligro. Los estados están obligados por un marco estricto de necesidad y de proporcionalidad. Cualquier restricción a derechos humanos en el contexto de la pandemia debe fortalecer de manera directa la capacidad de proteger el derecho a la vida y a la salud, es decir, controlar mejor la propagación, dar acceso a medidas de prevención, garantizar una atención médica adecuada y proteger al personal y las instalaciones sanitarias.

Las decisiones en materia de salud pública y las conductas concretas de quienes las implementan deben cumplir con el principio de no discriminación, que implica que cualquier persona tenga acceso a la atención médica que requiera, sin distinción desfavorable basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Consideraciones como el estatuto migratorio, la situación de personas desplazadas por la violencia, la privación de la libertad o cualquier tipo de exclusión social no pueden obstaculizar el acceso a servicios de salud.

El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de las garantías fundamentales señalan el rumbo para diseñar planes de batalla contra la pandemia: sin una mayor inclusión de las personas vulnerables no habrá manera de salir de esta lucha de manera digna

Por Daniel Cahen, Coordinador jurídico de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central

Publicado enSociedad
Miércoles, 22 Abril 2020 09:53

Rumbo a un genocidio carcelario

Rumbo a un genocidio carcelario

Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el Coronavirus.

 (TEXTO DEFINITIVO)

 

Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobre todo, como seres humanos,

 

Manifestamos:

 

PRIMERO: Que es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a toda la humanidad.

SEGUNDO: Que nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.

TERCERO: Que el texto referido describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados. Además, él detalla las condiciones de reclusión que no pueden ser más alarmantes, cuando advierte que el confinamiento y el hacinamiento “convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno”, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.

CUARTO: Que en ese contexto las circunstancias que ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer Coronavirus, según la opinión calificada y reiterada de la Organización Mundial de la Salud, los informes institucionales y los múltiples estudios científicos sobre la pandemia.

QUINTO: Que después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho.

SEXTO: Que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado, porque ni la pena ni la detención preventiva autorizan su limitación y, mucho menos, su sacrificio. Por tanto, omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad, aniquilando con ello la legalidad, la humanidad y la proporcionalidad, que son sus requisitos constitucionales de legitimidad, máxime si con ello se profundiza el gravísimo estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas ya declarado –en forma reiterada– por la Corte Constitucional.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni; y, también, se confirmaría la admonición del jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuando expresa que los castigos, por irrogar dolores excesivos y despóticos, conllevan muchas más injusticias que los delitos cometidos.

Exigimos:

 

PRIMERO: Que, en desarrollo de las precisas facultades constitucionales previstas en el artículo 215 se modifique –a la mayor brevedad– el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y segaranticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.

SEGUNDO: Que, en uso de esas mismas potestades constitucionales, se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.

TERCERO: Que toda la sociedad civil y los medios de comunicación social, en especial estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las iglesias y todos los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto y la preservación de los derechos humanos, se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos,

Como consecuencia de lo anterior, nos suscribimos hoy 21 de abril de 2020:

 

Adherentes internacionales

Luigi Ferrajoli

Filósofo del Derecho.

José Hurtado Pozo

Profesor Emérito Universidad de Fribourg, Suiza.

Perfecto Andrés Ibáñez

Magistrado Jubilado, Tribunal Supremo Español.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Profesor y tratadista de Derecho Penal.

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo e investigador,

Catedrático Jubilado de la Universidad de Coimbra, Portugal.

 

Miguel Ontiveros Alonso.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia, España.

Andrea Planchadell Gargallo

Catedrática de Derecho Procesal, España.

 

Ana Gabriela Braga

Profa. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Brasil.

 

Juan Manuel Alcoceba Gil

Docente Universidad Carlos III de Madrid, España.

 

José R. Agustina

Universidad Internacional de Catalunya, España.

José Luis Guzmán Dalbora

Profesor de Derecho Penal, Chile.

 

Rodolfo Félix Cárdenas

Catedrático de Derecho Procesal Penal, Escuela Libre de Derecho

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 

Iván Meini Méndez

Profesor Principal de Derecho Penal de la PUCP, Perú.

 

Juana del Carpio Delgado.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

 

Eduardo Demetrio Crespo

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 

Javier Llobet Rodríguez

Profesor Jubilado Universidad de Costa Rica.

 

Mario Ramírez Orozco

Profesor universitario, Noruega.

 

Vincenzo Militello

Profesor Ordinario de Diritto Penale, Università di Palermo, Italia.

 

Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho penal y Director de CRIMINA de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fernando A. Fernandes

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil.

Iñaki Esparza Leibar

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de San Sebastián España.

Héctor Claudio Silveira Gorski

Profesor de la Universidad de Barcelona, España.

Pastora García Álvarez.

Profesora titular de Derecho penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

María del Valle Sierra López.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Víctor M. Macías Caro

Profesor Ayudante, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Rosmari Moreno Acevedo.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo

Doctor en Derecho Penal.

Director Especialización en Derecho Penal, Universidad del Salvador, Argentina.

Nahuel Alberto Felicetti

Docente investigador en el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador, Argentina.

Agustín López Resano

Investigador del Instituto de Investigaciones de la USAL (Argentina).

Gabriel Raúl Bustos

Secretario de Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Raúl García

Investigador Penalista y Periodista.

Director de la Revista MATICES y Consultor Despacho Valores Jurídicos., México.

 

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal, España.

David Sánchez Rubio

Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla, España.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Miembro Academia Mexicana de Ciencias Penales, México.

Martín Alexander Martínez Osorio

La Universidad del Salvador, Argentina.

Alejandro de Pablo Serrano

Profesor ayudante doctor. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Germán Venegas Díaz.

Profesor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

Viviana Caruso Fontán.

Profesora contratada doctora. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Amalia Calderón Lozano.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Carmen López Peregrín

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Laura Zúñiga Rodríguez.

Catedrática derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Julio Ballesteros Sánchez

Doctor e investigador en derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Ignacio González Sánchez.

Profesor de la Universitat de Girona, España.

Ezequiel María Ercole

Abogado penalista e investigador, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador (Argentina).

Miguel Díaz y García Conlledo

Catedrático de Derecho penal, Universidad de León, España.

 

Esther Pomares Cintas

Profesora titular de Derecho penal, España.

Inés Olaizola Nogales.

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático Universidad de Jaén, España.

John Vervaele

Profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda.

José Luis Díez Ripollés

Catedrático de la Universidad de Málaga, España.

Juan Luis Gómez Colomer

Investigador jurídico.

Iñaki Rivera Beiras

Director OSPDH, Barcelona, España.

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de la Universidad de Oviedo, España.

Massimo Donini

Profesor de Derecho penal, Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.

Pilar Martin Rios

Profesora titular, Universidad de Sevilla, España.

Paz Francés Lecumberri

Universidad Pública de Navarra, España.

 

Adherentes nacionales 

 

Jaime Sandoval Fernández

Profesor Universidad del Norte.

Ricardo Molina López

Profesor Universidad de los Andes.

Ricardo Posada Maya

Profesor Universidad de los Andes.

Armando Luis Calle Calderón

Profesor Universidad de Antioquia.

Diego Araque Moreno

Profesor Universidad de Medellín.

Luis Eduardo Agudelo Suárez

Profesor Unaula.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Universidad Eafit.

Bladimir Ramírez Valencia

Universidad de Antioquia.

Cesar Alejandro Osorio

Penalista y criminólogo.

Jesús Antonio Muñoz Gómez

Criminólogo.

Emiro Cáceres González

Doctorando (Universidad de Salamanca).

Yennesit Palacios Valencia

Docente en derechos humanos.

Julio Darío Vélez López

Profesor de Derecho penal, Universidad Pontificia Bolivariana.

Carlos Jaime Taborda Tamayo

Juez 15 Penal del Circuito de Medellín.

Juan Ignacio Palacio Naranjo

Abogado penalista.

César Augusto Otálvaro Sánchez

Abogado penalista.

 

Luis Fernando Vélez Gutiérrez

Abogado penalista.

Plinio Posada Echavarría

Abogado penalista.

Alfonso Cadavid Quintero

Profesor Universidad Eafit.

Francisco Javier Tamayo Patiño

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Fernando Velásquez Velásquez

Abogado penalista/columnista.

 

Juan Oberto Sotomayor Acosta

Profesor Universidad Eafit.

C. Estanislao Escalante Barreto

Profesor Universidad Nacional de Colombia.

Bryan Benavides Herrera

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Yani Vallejo Duque

Universidad San Buenaventura.

 

Alfonso Insuasty Rodríguez

Universidad San Buenaventura.

 

Juan Fernando Gutiérrez Márquez

Universidad de Antioquia.

 

Juan Carlos Cantillo Arcón

Investigador (Universidad De León).

 

John E. Zuluaga Taborda

Investigador en Derecho penal y justicia transicional.

 

Ricardo Echavarría Ramírez

Universidad Eafit.

Adriana Villegas Arango

Abogada penalista y profesora universitaria.

Einarco Morales Carpio

Profesor universitario y abogado penalista.

Guillermo Arismendy Díaz

Abogado penalista.

José Fernando Botero Bernal

Profesor de Derecho Penal.

 

Edilberto Vanegas Holguín

Académico y abogado penalista.

Guillermo José Ospina López

Profesor UAC-Popayán.

 

Albeiro Pulgarín Cardona

Constitucionalista.

           

Rubén Darío Triana S.

Abogado litigante.

Alejandro Decastro González

Abogado penalista.

 Mario Nicolás Cadavid

Profesor de Derecho penal.

 Darío Encinales Arana

Abogado penalista.

Sandra Urrea Orlas

Abogada penalista.

Ligia María Vargas Mendoza.

Profesora Universidad de Los Andes.

 Luis Bernardo Ruiz Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 Gabriel Fernando Roldán Restrepo.

Juez Penal del Circuito, Medellín.

Andrés Botero Bernal

Profesor Universidad UIS

 Rubén Darío Acosta Ortiz

Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL

Oscar Augusto Rincón Martínez

Abogado penalista U. de A.


 Geovana Andrea Vallejo Jiménez

Profesora Unaula.

Diana Patricia Arias Holguín

Profesora Universidad de Antioquia.

Karyn Lenis Sanín

Doctora en Derecho penal

Universidad de Sevilla (España).

 Blanca Inés Uribe Mesa

Traductora e intérprete judicial (Países Bajos).

William Fredy Pérez Toro

Profesor Universidad de Antioquia.

Gloria Liliana Pérez Gaitán

Abogada penalista.

 Oscar Manuel Bernal Guarín.

Abogado penalista y docente universitario.

 Nicolás Ortega Tamayo.

Abogado penalista y profesor.

 Gloria Patricia Lopera Mesa

PhD en Derecho, estudiante doctorado en historia, Florida International University

 David Enrique Valencia Mesa

Profesor Universidad de Antioquia

Marcela Gutiérrez Quevedo

Universidad Externado de Colombia.

 Esteban Vásquez Ortiz

Profesor Politécnico de Antioquia.

 Diana Paola Herrera Arroyave

Profesora Universidad de Antioquia.

Hernando Londoño Berrío

Profesor Universidad de Antioquia.

Juan Esteban Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Carlos Hernán Ocampo G.

Docente y abogado penalista.

Susana Escobar Vélez

Universidad Eafit.

Orlando Mendoza Galeano

Abogado penalista.

Nicolás Süssmann Herrán

Abogado e investigador en el área penal.

Juan Carlos Trujillo Cabrera.

Penalista, investigador visitante Instituto Max Planck de Derecho Penal, Freiburg i. Br.

Roby Andrés Melo Arias

Profesor de Derecho Penal, Universidad del Tolima.

César Augusto López Londoño

Académico y abogado penalista en ejercicio.

Miguel Lamadrid Luengas

Profesor de Derecho penal; investigador

Germán Pabón Gómez

Profesor e investigador de Derecho Penal.

Ingrid Lorena Parrado Leal

Abogada penalista.

Walter Rivera

Abogado penalista.

 Diana Restrepo Rodríguez

Universidad San Buenaventura (Cali).

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Director Cátedra Unesco de Desarrollo Humano sostenible

Mauricio Martínez Sánchez

Profesor de Derecho penal y constitucional-criminólogo de la Universidad Nacional.

Julián Andrés Muñoz Tejada

Profesor Universidad de Antioquia.

Julio Alberto González Zapata

Profesor Universidad de Antioquia.

Álvaro Frías Cruz

Abogado penalista.

Gloria María Gallego García

Profesora de Filosofía del Derecho, Eafit.

Mario Andrés Vásquez Arredondo

Docente universitario y abogado litigante.

 

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Doctorando en derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Gabriel Ignacio Gómez

Profesor Universidad de Antioquia.

Julián Camilo Giraldo Naranjo

Profesor Universidad de Antioquia.

Estefanía Osorio Hernández

Universidad la Gran Colombia, Sede Armenia.

Luis Fernando Tocora López

Coordinador para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

 

 

 

Publicado enColombia
Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas
 

Formato para interponer acción de tutela en favor de todas las personas condenadas por cualquier delito que se encuentren privadas de la libertad con medida intramural, por cualquier delito que no entre en los requisitos del decreto expedido por el gobierno

 

El pasado viernes 14 de abril el gobierno nacional expidió el decreto 546 por medio del cual adoptó “[…] medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y ecológica”.

El decreto, como lo anotan los especialistas, es totalmente insuficiente frente al peligro real que enfrentan los presos de perder su vida producto de una infección y/o contagio generalizado que suceda en los sitios de castigo y, por tanto, de necesaria excarcelación de quienes por uno u otro motivo han perdido su libertad.

Luchar por la excarcelación y traslado a sus sitios de vivienda de sindicados y condenados es urgente, medida por reclamar, para que continúen allí el proceso judicial mientras sea superada la situación de emergencia en salud que ha llevado a recluir en cuarentena a 50 millones de colombianos y colombianas.

Para facilitar el proceso de demanda ante los jueces de la medida de excarcelación, el Semillero de estudios dogmáticos y Sistema penal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y el Colectivo Abolicionista contra el castigo, elaboraron el siguiente formato:

Este es un formato para personas condenadas por cualquier delito que se encuentren privadas de la libertad con medida intramural, por cualquier delito QUE NO ENTRE EN LOS REQUISITOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL GOBIERNO:

Si usted cuenta con posibilidad de imprimir y va a entregarlo físicamente, antes de hacerlo complete con sus datos los espacios y borre todo lo que está en rojo. Esta tutela se puede poner por correo electrónico, en las siguientes direcciones:

  • AMAZONAS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ANTIOQUIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARAUCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARC. S. ANDRÉS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARMENIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BARRANQUILLA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BOGOTÁ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUCARAMANGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CALI: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CARTAGENA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CÚCUTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CUNDINAMARCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • FLORENCIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • IBAGUÉ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MANIZALES: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MEDELLIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MOCOA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MONTERÍA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • NEIVA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PAMPLONA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PASTO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PEREIRA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • POPAYÁN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • QUIBDÓ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • RIOCHA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SAN GIL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA MARTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA ROSA DE VITERBO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SINCELEJO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • TUNJA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VALLEDUPAR: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VILLAVIVENCIO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • YOPAL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

______________(su ciudad)_____, abril _____ (día) de 2020

Señores

Magistrados del Tribunal Superior de _____________ (colocar el nombre de la ciudad)

Referencia:ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE

Accionante:

(También desde afuera de prisión puede presentar esta tutela un familiar, por correo electrónico a los correos que se indican al principio; en ese caso debe decir el nombre, apellidos y cédula de la persona que presenta la tutela, así como dirección y teléfono, y luego poner que se presenta a nombre de la persona privada de la libertad con todos los datos aquí indicados)

(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) __________________________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ______________________, TD No. __________, detenido(a) en _________________________________ (prisión o centro de detención donde se encuentra)

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC).

___________________________________________________,(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) identificado (a) con cédula de ciudadanía No. __________________, haciendo uso de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1983 de 2017, respetuosamente me permito presentar la precitada acción constitucional en contra de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)- y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC-, con el propósito de que sean tutelados mis derechos fundamentales a la salud y la vida, además de los que usted estime que han sido vulnerados y/o amenazados a la luz del bloque de constitucionalidad.

  1. HECHOS

 

PRIMERO: El Covid-19, según los informes de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), es un virus que surgió en la ciudad de WUHAN, CHINA y tiene como principales síntomas la fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si el paciente cuenta con un sistema inmunológico débil, puede ocasionarle la muerte.

SEGUNDO: Debido a su naturaleza, el virus cuenta con características de rápida propagación, logrando ser catalogado como una pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

TERCERO: Para el 06 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de infección. A la fecha de elaboración del presente escrito, la cifra ha aumentado a más de 4.000 casos confirmados y 180 muertes, siendo este uno de los países con el índice de propagación más elevado.

CUARTO: Gracias a la rápida expansión del virus, desde la semana pasada algunos presos y presas hemos manifestado nuestra preocupación por la propagación de éste, pues al ser parte de una población vulnerable, en vista de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde el año 2013, nos sentimos indefensos y temerosos frente al COVID-19, pues no disponemos de medicamentos ni acompañamiento médico para afrontarlo ante un contagio masivo de la pandemia y nos encontramos en lugares con tasas de hacinamiento que superan ampliamente la capacidad de habitabilidad para vivir libre de humillaciones.

QUINTO: En razón a lo anterior le hemos exigido al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para que garantice nuestros derechos fundamentales, pero hasta el momento nuestras palabras no han tenido efecto alguno.

SEXTO: El 21 de marzo de la presente anualidad, las cárceles de Colombia fueron protagonistas de varios enfrentamientos entre el personal del INPEC y los reclusos, toda vez que exigíamos, y seguimos exigiendo, prisión domiciliaria para afrontar esta crisis en nuestras casas. La situación logró controlarse, con costos humanos irreparables. Sin embargo, por el temor a ser contagiados en estas condiciones de indignidad, tememos que sea una cuestión de días hasta que el Estado pierda el control en los centros de reclusión, situación que aumentaría el peligro para nuestra vida y salud.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta el estado de cosas Inconstitucional (ECI) que presentan los centros de reclusión, la llegada del COVID-19 a cualquiera de estos representa un peligro inminente, no solo para el personal del INPEC y sus familias, sino también para la población carcelaria, que ronda las 123.451 personas.

OCTAVO: Prueba de la afirmación anterior, es el hecho de que en la cárcel de Villavicencio, al momento de la elaboración de la presente acción, existen más de 18 reclusos contagiados y tres (03) muertos ocasionados por el COVID-19. Así mismo, existen reclusos contagiados en la cárcel LAS HELICONIAS de Florencia y en El COMPLEJO CARCELARIO y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ (LA PICOTA).

NOVENO: Aproximadamente el 4,3 % de la población carcelaria tienen 60 años o más. Según informes de la OMS, estas personas tienen un rango mayor de fatalidad al adquirir el virus junto con todo aquel que presente una condición médica que debilite el sistema inmunológico, que dadas las condiciones precarias de alimentación y salubridad que han sido bien descritas para los Centros de Reclusión Transitoria del país, en el seguimiento que la Corte Constitucional le está haciendo al ECI en materia carcelaria del país. Esto se puede ver especial en el Auto 110 de 2019.

DÉCIMO: El 22 de marzo, el Director General del INPEC, declaró el “Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria” en los establecimientos de reclusión del orden nacional, a través de la resolución 001144, donde sustenta que frente a lo acontecido los últimos días, existían situaciones de orden que no pueden ser controladas ni abordadas por los medios ordinarios, evitando que se pueda garantizar la prestación de servicios esenciales y afectando de forma directa nuestros derechos fundamentales hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas.

DÉCIMO PRIMERO: Me encuentro condenado a _____ años de prisión. Y estoy recluido desde el mes ____ del año _____ en _________________________________________________________________________.

DÉCIMO SEGUNDO: Toda vez que me encuentro en un centro de reclusión que no tiene el personal humano ni los implementos necesarios para afrontar un muy alto probable contagio de COVID - 19 en sus instalaciones, mis derechos fundamentales a la salud y la vida se encuentran amenazados de forma inminente, por lo que es necesario de forma impostergable que se me sustituya la pena de prisión por la que estoy condenado por la prisión domiciliaria, en la siguiente dirección ___________________________________________________________________________, de la ciudad de _____________________________________________________, porque de esta forma podría seguir todos los protocolos establecidos por el GOBIERNO NACIONAL para afrontar la actual pandemia.

DÉCIMO TERCERO: El día 14 de abril, el GOBIERNO NACIONAL promulgó el Decreto Legislativo No. 546 de 2020, teniendo este como objetivo:

“Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID- 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”

DÉCIMO CUARTO: Aunque el objetivo del Decreto Legislativo es disminuir el hacinamiento carcelario (el cual se encuentra por encima del 50%) y mitigar el riesgo de propagación en los diferentes centros de reclusión, es menester recordar que en estos momentos hay 123.451 personas privadas de la libertad, de las cuales 38.052 son imputadas o acusadas.

DÉCIMO QUINTO: en una cifra muy optimista, por las exclusiones que se incorporan en el Decreto No. 546 de 2020, se estima que saldrían de los centros de reclusión un aproximado de no más 2000 presos, lo cual no sería siquiera el 2% de la población reclusa en nuestro país, generando que el hacinamiento continúe latente.

DÉCIMO SEXTO: La poca cantidad de personas que saldrán de prisión, se debe a que en el Decreto se mantiene la prohibición de beneficios de subrogados penales contenida en el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 para una inmensa cantidad de delitos, además de la prohibición que establece en el parágrafo del artículo 314, el cual se encuentra en la Ley 906 de 2004 y en donde se prohíbe de forma expresa la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria.

DÉCIMO SÉPTIMO: Debido a que el GOBIERNO NACIONAL incrementó la lista de delitos respecto a los cuales existía la prohibición de beneficios contenidos en las disposiciones precitadas con anterioridad, no fui cobijado por el decreto legislativo en mención, toda vez que el delito por el cual me encuentro siendo procesado hace parte de estas prohibiciones.

DÉCIMO OCTAVO: Lo anterior atenta gravemente contra mi derecho fundamental a la salud y pone en peligro inminente mi vida, toda vez que el virus está propagándose muy rápidamente y la probabilidad de que llegue al lugar donde me encuentro es casi que absoluta; en el evento de que ello suceda, necesariamente me contagiaría del virus, toda vez que el estado de hacinamiento en el que nos encontramos haría nugatoria cualquier medida que se tome en este lugar.

  1. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Con relación a los hechos narrados, considero que las instituciones accionadas en este escrito, se encuentran vulnerando mi derecho fundamental a la salud y ello a su vez pone en peligro inminente el derecho fundamental a mi vida.

  1. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se erige como la coraza protectora de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren dentro del Estado Colombiano.

Precisamente, en concordancia con los hechos anteriormente señalados, en el presente escrito se evidenciará que me está siendo vulnerado el derecho fundamental a la salud y puesto en peligro inminente mi derecho fundamental a la vida, toda vez que no ha existido una orden judicial o administrativa que les ordene a las autoridades competentes hacer mi traslado hasta mi lugar de domicilio.

El derecho fundamental a la salud ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte del máximo tribunal constitucional e incluso se encuentra desarrollado por el legislador en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Tal como lo ha preceptuado la Corte Constitucional en la sentencia T- 171 de 2018, este derecho consiste en:

            “ (...) la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o mejorar su salud física y mental, como la posibilidad de hacer exigible por vía de tutela tales prestaciones para garantizar el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada persona”(negrillas originales).

Resulta claro que el derecho fundamental a la salud no solamente se restringe al acceso que tenga una persona sobre los diferentes servicios para tratar una determinada enfermedad, sino que además el Estado se encuentra en la obligación de prevenir cualquier tipo de suceso o riesgo que pueda ocasionar un daño a la integridad física y mental de cada una de las personas que residan en él.

En declaración del 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó: “Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Con relación a lo anterior y en el caso concreto, es indiscutible que el COVID-19 es una enfermedad y actualmente una pandemia que se propaga de forma fácil y rápida. La información anterior se respalda en el hecho de que el primer caso que se identificó en nuestro país fue el día 06 de marzo de 2020, siendo positiva una ciudadana que procedía de Milán - Italia y hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela se registran más de 4000 casos confirmados, sin contar con aquellos que aún no han sido detectados y según los expertos, pueden superar con creces los oficiales.

La situación en los centros de reclusión se torna más crítica en razón al COVID-19, ya que este virus tiene una gran capacidad de expansión y contagio, sin tener en cuenta que en los diversos centros de reclusión contamos con una penosa cifra de hacinamiento, aunado a que las condiciones de higiene, saneamiento de agua potable y demás satisfactores de necesidades básicas son pésimas, haciendo que la pandemia se expanda fácilmente dado que no tenemos de los espacios necesarios para realizar un aislamiento preventivo. A la fecha ya se han reportado en las cárceles y penitenciarias de Villavicencio, La Picota y Heliconias (Florencia), reclusos y funcionarios del INPEC contagiados con el COVID-19, por lo que los riesgos para la salud y mi vida son reales e inminentes.

Las órdenes emitidas por el GOBIERNO NACIONAL son claras y la principal de ellas es la medida de aislamiento, pero dada la situación actual de las cárceles en Colombia no las podemos cumplir, no contamos con tapabocas ni gel antibacterial para que los parámetros establecidos sobre cuidado ante la pandemia sean efectivos, por ende, basta con que llegue un solo caso para la propagación masiva del virus, siendo la comunidad vulnerable la más afectada.

Es menester precisar que la acción de tutela no solo es idónea para evitar que continúe la vulneración de los derechos fundamentales, sino también para salvaguardarlos cuando exista una amenaza inminente de estos. Conforme a la premisa sostenida con anterioridad, no cabe duda que la vida es un derecho fundamental y que una pandemia como el COVID-19 la pone en alto riesgo de que ésta cese; basta con ver las cifras de países como Italia, España o China.

Esta pandemia ha cercenado millares de vidas a nivel mundial, ensañándose especialmente con las personas que tienen el sistema inmune deteriorado, como, por ejemplo, los adultos mayores, quienes también son sujetos de especial protección constitucional, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

Es importante denotar que es de suma urgencia, tomar cartas en el asunto y proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables respetando los parámetros constitucionales y recordando que es obligación del Estado velar por el bienestar de los internos, tal como lo expone la Sentencia T-836 de 13, emitida por el máximo tribunal constitucional:

“El Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia, específicamente en lo que tiene que ver con el deber de brindar condiciones de salud adecuadas que reflejen un trato digno inherente a la naturaleza del ser humano”.

Si bien el GOBIERNO NACIONAL ha emitido un Decreto Legislativo en el cual ha prohibido el beneficio de la prisión domiciliaria para el delito por el cual me encuentro siendo procesado, ustedes señores Magistrados deben inaplicar la disposición en las cual se encuentra dicha prohibición con el objetivo de salvaguardar derechos fundamentales de mayor raigambre constitucional.

Lo anterior señores Magistrados, porque resulta inconcebible que, pese a este momento histórico, en el que se exige que el Gobierno actué en favor de los más desprotegidos, haciendo parte de este grupo nosotros los reclusos, el ejecutivo emita un Decreto Legislativo que nos excluya, obligándonos a permanecer en un sitio que favorece el contagio de un virus mortal y, por tanto, contrariando la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecida en el artículo 12 de la Constitución Política colombiana.

El GOBIERNO NACIONAL de forma desproporcionada estipula que no se podrá otorgar la prisión domiciliaria a una amplia cantidad de delitos, produciendo que no salgan de los centros de reclusión carcelarios o transitorios siquiera el 2% de los reclusos y generando con ello que el estado de cosas inconstitucional se mantenga vigente, siendo este un perfecto aperitivo para que el COVID-19 se ciña sobre nosotros, los más vulnerables.   Además, dicha exclusión es contraproducente con la finalidad de evitar que un contagio masivo implique que el personal médico tenga que decidir sobre la vida y la muerte de personas, que de ser debidamente atendidas, podrían ser salvadas.

Señores Magistrados, ustedes son llamados a velar por los derechos fundamentales de las personas y por ende puede emitir las órdenes que consideren necesarias para que no continúe la vulneración de estos o en caso de estar en peligro inminente para evitar que sean vulnerados. Ustedes pueden ejercer el control difuso contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Política y consecuencia de ello, inaplicar la prohibición del delito para mi caso concreto contemplada en el Decreto Legislativo por resultar desproporcionada con relación a los derechos fundamentales que me están siendo vulnerados y me serán vulnerados si continuo en el centro de reclusión que me encuentro.

En el caso concreto señores Magistrados, para evitar que se sigan vulnerando mis derechos fundamentales o llegue a perderse mi vida, de forma respetuosa le solicito ordene a las autoridades competentes, realizar mi traslado hasta el lugar de domicilio, con el objetivo de poder tomar todas las medidas necesarias para salvaguardarlos.

  1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es de carácter subsidiario, por lo que no resulta procedente cuando existen otras acciones jurídicas que salvaguarden los derechos fundamentales objeto de amparo, salvo en el evento de que exista un perjuicio irremediable y tenga como objetivo protegerlos de forma transitoria.

Dado que me encuentro condenado a una pena de ____(indicar la pena)_____ y que no puedo beneficiarme de la prisión domiciliaria en los términos del Decreto No. 546 del 14 de abril de 2020, no existe otro mecanismo para proteger mis derechos fundamentales a la salud y a la vida que se verían perjudicados de manera irremediable en caso del contagio por el COVID 19.

El máximo tribunal constitucional en la Sentencia T- 318 de 2017 ha definido los elementos del perjuicio irremediable:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

En el presente caso se observa que se cumplen con los cuatro requisitos establecidos por la Corte Constitucional para acreditar el perjuicio irremediable. En primer lugar, porque la probabilidad de contagio del COVID-19 en un centro de reclusión carcelario o transitorio es muy alta, toda vez que sólo bastaría con que uno de los reclusos sea contagiado para que se genere un crecimiento exponencial del virus, máxime cuando existe un alto hacinamiento carcelario.

En segundo lugar, existiría un daño real en mi salud como recluso, además de que mi vida se encontraría en riesgo, ello porque este virus tiene una alta letalidad, máxime si las condiciones de alimentación y de higiene que existen en el lugar que habito han disminuido mi sistema inmunológico. En tercer lugar, resulta necesario y urgente que las cárceles y demás centros de reclusión disminuyan por completo su hacinamiento, toda vez que como se argumentó, ello es lo que incrementa el riesgo de contagio y como en la actualidad no ha sucedido, la medida que se debe tomar es ordenar mi traslado a un domicilio, con el objetivo de que allí pueda aislarme preventivamente como el resto de personas que se encuentran en el territorio nacional.

En último lugar, el aislamiento en un domicilio resulta impostergable, toda vez que en el evento de que no se realice, puede existir un grave deterioro a mi salud, además de que mi vida se encontraría en alto riesgo, ello por la alta probabilidad de que el virus ingrese a los diversos centros de reclusión y la poca atención medica que podría recibir allí, esto teniendo en cuenta el poco personal médico existente y los pocos implementos médicos que existen en estos.

Al encontrarse acreditado el perjuicio irremediable que sufriría si no se me envía de forma inmediata a mi domicilio con el objetivo de que pueda cumplir con las medidas establecidas para prevenir un contagio del COVID-19, la presente acción de tutela se torna procedente.

  1. PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas, respetuosamente le solicito señor Juez, concederme como accionante las siguientes pretensiones:

  1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados.
  2. Consecuencia de lo anterior, CONCEDER la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, que para ello es en ___________________________ (colocar la dirección en la cual el procesado estaría en detención domiciliaria) del municipio de ________________, con el fin de prevenir un contagio masivo del COVID-19 al interior del centro de reclusión en el que me encuentro, evitando de esta forma un perjuicio irremediable de mis derechos fundamentales.
  1. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 30B de la Ley 65 de 1993, ORDENAR que el traslado se realice garantizando mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal y dignidad humana.

(En caso de que la persona privada de la libertad pueda correr con los gastos de transporte desde donde está recluido(a) hasta donde cumplirá la domiciliaria, indicarlo aquí, para que no pongan como excusa que no tienen con qué y poner en este punto que se permita el traslado hasta el domicilio)

  1. ORDENAR al INPEC aplicar la Directiva transitoria 000009 relativa a la detención, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, expedida en el marco de la declaración de la emergencia carcelaria.
  2. TUTELAR los demás derechos fundamentales que estime pertinentes, además de emitir las órdenes que considere pueda ayudar a salvaguardarlos.
  1. MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7, prevé las medidas provisionales con la finalidad de salvaguardar prontamente los derechos fundamentales amenazados, y evitar así, un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en la sentencia T-103 de 2018 esgrimió frente a la medida provisional que aquella:

           “está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito)”

En el mismo sentido, el máximo tribunal constitucional en la Sentencia SU- 695 de 2015, caracteriza las medidas provisionales como aquellas que:

       “buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida.

Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”.

Corolario de lo anterior, en el presente caso es menester otorgar de forma urgente la prisión domiciliaria establecida en la Ley 599 de 2000, toda vez que la limitación de espacio, la falta de medidas adecuadas de saneamiento, la insuficiencia de la prestación de servicios de salud y demás deficiencias evidenciadas a través de la declaratoria del ECI, convierten los establecimientos carcelarios y penitenciarios en focos de propagación exponencial del COVID-19, por lo cual, acudir a estas medidas puede evitar un perjuicio irremediable sobre mis derechos fundamentales.

La medida se torna aún más URGENTE si se tiene en cuenta que diariamente aumentan los contagiados por el virus y las condiciones actuales a las cuales nos encontramos las personas privadas de la libertad, facilita su propagación.

  1. COMPETENCIA

En concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 1° numeral 3 del Decreto 1983 de 2017, es competente el Tribunal Superior del Distrito Judicial o el Tribunal Administrativo para conocer del asunto, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales invocados, de los cuales se solicita su amparo se encuentran siendo amenazados y vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, entre otras autoridades públicas.

El artículo 50 de la ley 1709 de 2014, dispone que la orden de excarcelación debe darse por autoridad judicial competente y ustedes señores magistrados son competentes para ello por ser jueces constitucionales.

En caso de que no avoquen competencia, les solicito de manera respetuosa que remitan la acción a quien consideren competente.

  1. JURAMENTO

Señores Magistrados, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad.

  1. PRUEBAS
  2. Copia de mi cédula de ciudadanía.

- Si es una mujer y le faltan menos de dos (2) meses para el parto deberá mencionar como prueba la historia clínica y en el caso de que su hijo haya nacido y no tenga más de seis (06) meses, también deberá mencionar como prueba la historia clínica y el Registro Civil de Nacimiento o en su defecto el Certificado de Nacido Vivo.

-Si padece alguna enfermedad deberá mencionar la historia clínica y en el evento de que le hayan realizado un examen médico por Medicina Legal o profesional particular, también deberá mencionarlo.

- Si tienes un hijo con algún tipo de discapacidad Y ERES MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA, deberás mencionar su historia clínica y demás documentos que tengas en tu poder que puedan acreditar dicha condición. Además, puedes probar que eres padre o madre cabeza de familia mencionando el proceso de alimentos en caso de que exista o un acta de conciliación.

- Si es mayor de 60 años, indíquelo y adjunte copia de cédula o registro civil si lo tiene.

- Si ya cumplió el 40% de la condena, indíquelo también.

 

1O. ANEXOS

  1. Documentos aducidos como prueba

A LA ACCIÓN DE TUTELA DEBERÁS ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE MENCIONASTE COMO PRUEBAS

NOTIFICACIONES

Accionante: (colocar correo electrónico y teléfono de algún familiar o ser querido de confianza y muy cercano al procesado)

Respetuosamente,

(Aquí deberá firmar el procesado)

_________________________________  

(aquí deberá colocar el nombre del procesado)

C.C No. (número de cédula del procesado)

(si se va a entregar en papel, poner huella: puede ser con la tinta de un lapicero)

(Si va a enviar esto directamente desde prisión, puede hacer el envío por la oficina jurídica donde pondrán un sello y enviarán al juez: lleve este documento igual dos veces, para que entregue uno a la oficina jurídica y le entreguen otro donde conste con sello o firma y fecha que usted presentó esta tutela).

 
Publicado enColombia
Para hacer realidad un derecho. Acción de tutela en favor de todas las personas sindicadas.
 

Formato de acción de tutela para solicitar casa por cárcel. Formato para personas sindicadas privadas de la libertad por cualquier delito que no entre en los requisitos del decreto expedido por el Gobierno

El pasado viernes 14 de abril el gobierno nacional expidió el decreto 546 por medio del cual adoptó “[…] medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y ecológica”.

El decreto, como lo anotan los especialistas, es totalmente insuficiente frente al peligro real que enfrentan los presos de perder su vida producto de una infección y/o contagio generalizado que suceda en los sitios de castigo y, por tanto, de necesaria excarcelación de quienes por uno u otro motivo han perdido su libertad.

Luchar por la excarcelación y traslado a sus sitios de vivienda de sindicados y condenados es urgente, medida por reclamar, para que continúen allí el proceso judicial mientras sea superada la situación de emergencia en salud que ha llevado a recluir en cuarentena a 50 millones de colombianos y colombianas.

Para facilitar el proceso de demanda ante los jueces de la medida de excarcelación, el Semillero de estudios dogmáticos y Sistema penal de la Facultad de Derecho y Ciencia política de la Universidad de Antioquia y el Colectivo Abolicionista contra el castigo, elaboraron el siguiente formato:

Formato para personas sindicadas privadas de la libertad por cualquier delito QUE NO ENTRE EN LOS REQUISITOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL GOBIERNO:

Si usted cuenta con posibilidad de imprimir y va a entregarlo físicamente, antes de hacerlo complete con sus datos los espacios y borre todo lo que está en rojo. Esta tutela se puede poner por correo electrónico, en las siguientes direcciones:

  • AMAZONAS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ANTIOQUIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARAUCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARC. S. ANDRÉS: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • ARMENIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BARRANQUILLA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BOGOTÁ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUCARAMANGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • BUGA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CALI: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CARTAGENA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CÚCUTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • CUDINAMARCA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • FLORENCIA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • IBAGUÉ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MANIZALES: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MEDELLIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MOCOA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • MONTERÍA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • NEIVA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PAMPLONA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PASTO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • PEREIRA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • POPAYÁN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • QUIBDÓ: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • RIOCHA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SAN GIL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA MARTA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SANTA ROSA DE VITERBO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • SINCELEJO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • TUNJA: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VALLEDUPAR: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • VILLAVIVENCIO: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • YOPAL: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

______________(su ciudad)_____, abril ______ (día)de 2020.

Señores

Magistrados del Tribunal Superior de _____________ (colocar el nombre de la ciudad)

Referencia:ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE

 

Accionante:

(También desde afuera de prisión puede presentar esta tutela un familiar, por correo electrónico a los correos que se indican al principio; en ese caso debe decir el nombre, apellidos y cédula de la persona que presenta la tutela, así como dirección y teléfono, y luego poner que se presenta a nombre de la persona privada de la libertad con todos los datos aquí indicados)

(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) __________________________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ______________________, TD No. ______________, detenido(a) en _________________________________ (prisión o centro de detención donde se encuentra)

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, __________________________________________________(si te encuentras en una estación de policía incluir POLICIA NACIONAL), (Si te encuentras en un establecimiento carcelario, incluir el Director del establecimiento carcelario), GOBERNACIÓN DE ____________, ALCALDÍA MUNICIPAL DE _____________________

___________________________________________________,(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela - pueden ser varias que estén en la misma situación o presentar cada persona su propia tutela) identificado (a) con cédula de ciudadanía No. __________________, haciendo uso de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1983 de 2017, respetuosamente me permito presentar la precitada acción constitucional en contra de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, __________________________________________________(si te encuentras en una estación de policía incluir POLICIA NACIONAL), (Si te encuentras en un establecimiento carcelario, incluir el Director del establecimiento carcelario), LA GOBERNACIÓN DE ______________, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE _____________________, con el propósito de que sean tutelados mis derechos fundamentales a la salud y la vida, además de los que usted estime que han sido vulnerados y/o amenazados a la luz del bloque de constitucionalidad.

  1. HECHOS

PRIMERO: El Covid-19, según los informes de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), es un virus que surgió en la ciudad de WUHAN, CHINA y tiene como principales síntomas la fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si el paciente cuenta con un sistema inmunológico débil, puede ocasionar la muerte.

SEGUNDO: Debido a su naturaleza, el virus cuenta con características de rápida propagación, logrando ser catalogado como una pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

TERCERO: Para el 06 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de infección. A la fecha de elaboración del presente escrito, la cifra ha aumentado a más de 4.000 casos confirmados y 180 muertes, siendo este uno de los países con el índice de propagación más elevado.

CUARTO: Gracias a la rápida expansión del virus, desde la semana pasada algunos presos y presas hemos manifestado nuestra preocupación por la propagación de éste, pues al ser parte de una población vulnerable, en vista de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde el año 2013, nos sentimos indefensos y temerosos frente al COVID-19, pues no disponemos de medicamentos ni acompañamiento médico para afrontarlo ante un contagio masivo de la pandemia y nos encontramos en lugares con tasas de hacinamiento que superan ampliamente la capacidad de habitabilidad para vivir libre de humillaciones.

QUINTO: En razón a lo anterior le hemos exigido al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para que garantice nuestros derechos fundamentales, pero hasta el momento nuestras palabras no han tenido efecto alguno.

SEXTO: El 21 de marzo de la presente anualidad, las cárceles de Colombia fueron protagonistas de varios enfrentamientos entre el personal del INPEC y los reclusos, toda vez que exigimos y seguimos exigiendo detención domiciliaria para afrontar esta crisis en nuestras casas. La situación logró controlarse, con costos humanos irreparables. Sin embargo, por el temor a ser contagiados en estas condiciones de indignidad, tememos que sea una cuestión de días hasta que el Estado pierda el control en los centros de reclusión, situación que aumentaría el peligro para nuestra vida y salud.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta el estado de cosas Inconstitucional (ECI) que presentan los centros de reclusión, la llegada del COVID-19 a cualquiera de estos representa un peligro inminente, no solo para el personal del INPEC y sus familias, sino también para la población carcelaria, que ronda las 123.451 personas.

OCTAVO: Aproximadamente el 4,3 % de la población carcelaria tienen 60 años o más. Según informes de la OMS, estas personas tienen un rango mayor de fatalidad al adquirir el virus junto con todo aquel que presente una condición médica que debilite el sistema inmunológico, que dadas las condiciones precarias de alimentación y salubridad que han sido bien descritas para los Centros de Reclusión Transitoria del país, en el seguimiento que la Corte Constitucional le está haciendo al ECI en materia carcelaria del país. Esto se puede ver especial en el Auto 110 de 2019.

NOVENO: El 22 de marzo, el Director General del INPEC, declaró el “Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria” en los establecimientos de reclusión del orden nacional, a través de la resolución 001144, donde sustenta que frente a lo acontecido los últimos días, existían situaciones de orden que no pueden ser controladas ni abordadas por los medios ordinarios, evitando que se pueda garantizar la prestación de servicios esenciales y afectando de forma directa nuestros derechos fundamentales hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas.

DÉCIMO: El día ____ de _______ de ______, (colocar fecha en que se realizó la audiencia de medida de aseguramiento) un Juez de Control de Garantías me impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Me encuentro siendo procesado por el delito de ________________________________ y actualmente recluido(a) en _________________________________________________________________________

DÉCIMO PRIMERO: Toda vez que me encuentro en un centro de reclusión que no tiene el personal humano ni los implementos necesarios para afrontar un muy alto probable contagio de COVID - 19 en sus instalaciones, mis derechos fundamentales a la salud y la vida se encuentran amenazados de forma inminente, por lo que es necesario de forma impostergable que se me sustituya la medida de aseguramiento actual por la domiciliaria, ya que de esta forma podría seguir todos los protocolos establecidos por el GOBIERNO NACIONAL para afrontar la actual pandemia.

DÉCIMO SEGUNDO: El día 14 de abril, el GOBIERNO NACIONAL promulgó el Decreto Legislativo No. 546 de 2020, teniendo este como objetivo:

“Por medio del cual se conceden los beneficios de la detención domiciliaria y la prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID- 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación”

DÉCIMO TERCERO: Aunque el objetivo del Decreto Legislativo es disminuir el hacinamiento carcelario (el cual se encuentra por encima del 50%) y mitigar el riesgo de propagación en los diferentes centros de reclusión, es menester recordar que en estos momentos hay 123.451 personas privadas de la libertad, de las cuales 38.052 son imputadas o acusadas.

DÉCIMO CUARTO: en una cifra muy optimista, por las exclusiones que se incorporan en el Decreto 546/2020, se estima que saldrían de los centros de reclusión un aproximado de no más 2000 presos, lo cual no sería siquiera el 2% de la población reclusa en nuestro país, generando que el hacinamiento continúe latente.

DÉCIMO QUINTO: La poca cantidad de personas que saldrán de prisión, se debe a que en el Decreto mantiene la prohibición de beneficios de subrogados penales contenida en el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 para una inmensa cantidad de delitos, además de la prohibición que establece en el parágrafo del artículo 314, el cual se encuentra en la Ley 906 de 2004 y en el cual se prohíbe de forma expresa la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria. Asimismo, se incrementa la lista de delitos excluidos

DÉCIMO SEXTO: Debido a que el GOBIERNO NACIONAL incrementó la lista de delitos respecto a los cuales existía la prohibición de beneficios contenidos en las disposiciones precitadas con anterioridad, no fui cobijado por el decreto legislativo en mención, toda vez que el delito por el cual me encuentro siendo procesado hace parte de estas prohibiciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: Lo anterior atenta gravemente contra mi derecho fundamental a la salud y pone en peligro inminente mi vida, toda vez que el virus está propagándose muy rápidamente y la probabilidad de que llegue al lugar donde me encuentro es casi que absoluta; en el evento de que ello suceda, necesariamente me contagiaría del virus, toda vez que el estado de hacinamiento en el que nos encontramos haría nugatoria cualquier medida que se tome en este lugar.

  1. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Con relación a los hechos narrados, considero que las instituciones accionadas en este escrito, se encuentran vulnerando mi derecho fundamental a la salud y ello a su vez pone en peligro inminente el derecho fundamental a mi vida.

  1. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se erige como la coraza protectora de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren dentro del Estado Colombiano.

Precisamente, en concordancia con los hechos anteriormente señalados, en el presente escrito se evidenciará que me está siendo vulnerado el derecho fundamental a la salud y puesto en peligro inminente mi derecho fundamental a la vida, toda vez que no ha existido una orden judicial o administrativa que les ordene a las autoridades competentes hacer mi traslado hasta mi lugar de domicilio.

El derecho fundamental a la salud ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte del máximo tribunal constitucional e incluso se encuentra desarrollado por el legislador en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Tal como lo ha preceptuado la Corte Constitucional en la sentencia T- 171 de 2018, este derecho consiste en:

            “ (...) la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o mejorar su salud física y mental, como la posibilidad de hacer exigible por vía de tutela tales prestaciones para garantizar el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada persona”(negrillas originales).

Resulta claro que el derecho fundamental a la salud no solamente se restringe al acceso que tenga una persona sobre los diferentes servicios para tratar una determinada enfermedad, sino que además el Estado se encuentra en la obligación de prevenir cualquier tipo de suceso o riesgo que pueda ocasionar un daño a la integridad física y mental de cada una de las personas que residan en él.

En declaración del 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó: “Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Con relación a lo anterior y en el caso concreto, es indiscutible que el COVID-19 es una enfermedad y actualmente una pandemia que se propaga de forma fácil y rápida. La información anterior se respalda en el hecho de que el primer caso que se identificó en nuestro país fue el día 06 de marzo de 2020, siendo positiva una ciudadana que procedía de Milán - Italia y hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela se registran más de 1000 casos confirmados, sin contar con aquellos que aún no han sido detectados y según los expertos, pueden superar con creces los oficiales.

La situación en los centros de reclusión se torna más crítica en razón al COVID-19, ya que este virus tiene una gran capacidad de expansión y contagio, sin tener en cuenta que en los diversos centros de reclusión contamos con una penosa cifra de hacinamiento, aunado a que las condiciones de higiene, saneamiento de agua potable y demás satisfactores de necesidades básicas son pésimas, haciendo que la pandemia se expande fácilmente dado que no tenemos de los espacios necesarios para realizar un aislamiento preventivo.

Las órdenes emitidas por el GOBIERNO NACIONAL son claras y la principal de ellas es la medida de aislamiento, pero dada la situación actual de las cárceles en Colombia no las podemos cumplir, no contamos con tapabocas ni gel antibacterial para que los parámetros establecidos sobre cuidado ante la pandemia sean efectivos, por ende, basta con que llegue un solo caso para la propagación masiva del virus, siendo la comunidad vulnerable la más afectada.

Es menester precisar que la acción de tutela no solo es idónea para evitar que continúe la vulneración de los derechos fundamentales, sino también para salvaguardarlos cuando exista una amenaza inminente de estos. Conforme a la premisa sostenida con anterioridad, no cabe duda que la vida es un derecho fundamental y que una pandemia como el COVID-19 la pone en alto riesgo de que ésta cese; basta con ver las cifras de países como Italia, España o China.

Esta pandemia ha cercenado millares de vidas a nivel mundial, enseñándose especialmente con las personas que tienen el sistema inmune deteriorado, como, por ejemplo, los adultos mayores, quienes también son sujetos de especial protección constitucional, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

Para ilustrar un poco más la situación que padecemos los reclusos, según informes del INPEC, en Colombia hay 1.301 hombres privados de la libertad con 70 años o más, de los cuales 1.000 están condenados y los otros 301 imputados o procesados; todos permanecen presos. También hay 41 mujeres con esta misma edad, de las cuales 33 están condenadas y 08 imputadas o procesadas; todas presas. Igualmente, hay 74 mujeres con detención preventiva en centros de reclusión y la cuales tienen edades que oscilan entre los 65 y 69 años. De estas, 26 están imputadas o acusadas y las otras 48 se encuentran condenadas. Finalmente, hay 1.503 hombres con edades entre los 65 y 69 años, de los cuales 1.107 ya cumplen condena y 394 están en calidad de imputados o procesados.

Es importante denotar que es de suma urgencia, tomar cartas en el asunto y proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables respetando los parámetros constitucionales y recordando que es obligación del Estado velar por el bienestar de los internos, tal como lo expone la Sentencia T-836 de 13, emitida por el máximo tribunal constitucional:

“El Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia, específicamente en lo que tiene que ver con el deber de brindar condiciones de salud adecuadas que reflejen un trato digno inherente a la naturaleza del ser humano”.

Si bien el GOBIERNO NACIONAL ha emitido un Decreto Legislativo en el cual ha prohibido el beneficio de la detención domiciliaria para el delito por el cual me encuentro siendo procesado, ustedes señores Magistrados deben inaplicar la disposición en las cual se encuentra dicha prohibición con el objetivo de salvaguardar derechos fundamentales de mayor raigambre constitucional.

Lo anterior señores Magistrados, porque resulta inconcebible que, pese a este momento histórico, en el que se exige que el Gobierno actué en favor de los más desprotegidos, haciendo parte de este grupo nosotros los reclusos, el ejecutivo emita un Decreto Legislativo que nos excluya, obligándolos a permanecer en un sitio que favorece el contagio de un virus mortal y, por tanto, contrariando la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecida en el artículo 12 de la Constitución Política colombiana.

El GOBIERNO NACIONAL de forma desproporcionada estipula que no se podrá otorgar la detención domiciliaria a una amplia cantidad de delitos, produciendo que no salgan de los centros de reclusión carcelarios o transitorios siquiera el 10% de los reclusos y generando con ello que el estado de cosas inconstitucional se mantenga vigente, siendo este un perfecto aperitivo para que el COVID-19 se ciña sobre nosotros, los más vulnerables.   Además, dicha exclusión es contraproducente con la finalidad de evitar que un contagio masivo implique que el personal médico tenga que decidir sobre la vida y la muerte de personas, que de ser debidamente atendidas, que podrían ser salvadas.

Señores Magistrados, el Decreto Legislativo emitido por el Gobierno Nacional afirma que vale más tener a un procesado por un delito de poca gravedad (véase por ejemplo la prohibición para el delito de hurto calificado) en un centro de reclusión a una persona que goza de su presunción de inocencia, que no ha sido vencida en juicio, con el objetivo de que tal vez no comparezca al proceso, no resulte un peligro para la sociedad o la víctima u obstruya la justicia y en contravía de sus más preciados derechos fundamentales como la locomoción, presunción de inocencia, dignidad humana, unificación familiar, la salud, la vida, etc…

Señores Magistrados, ustedes son llamados a velar por los derechos fundamentales de las personas y por ende puede emitir las órdenes que considere necesarias para que no continúe la vulneración de estos o en caso de estar en peligro inminente para evitar que sean vulnerados. Ustedes pueden ejercer el control difuso contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Política y consecuencia de ello, inaplicar la prohibición del delito para mi caso concreto contemplada en el Decreto Legislativo por resultar desproporcionada con relación a los derechos fundamentales que me están siendo vulnerados y me serán vulnerados si continuo en el centro de reclusión que me encuentro.

En el caso concreto señores Magistrados, para evitar que se sigan vulnerando mis derechos fundamentales o llegue a perderse mi vida, de forma respetuosa le solicito ordene a las autoridades competentes, realizar mi traslado hasta el lugar de domicilio, con el objetivo de poder tomar todas las medidas necesarias para salvaguardarlos.

  1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es de carácter subsidiario, por lo que no resulta procedente cuando existen otras acciones jurídicas que salvaguarden los derechos fundamentales objeto de amparo, salvo en el evento de que exista un perjuicio irremediable y tenga como objetivo protegerlos de forma transitoria.

Con relación al caso particular, el problema jurídico que subyace es determinar si dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe una acción jurídica idónea para buscar la sustitución de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a detención domiciliaria y en el evento de que se hallare, si en el transcurso de dicho procedimiento no se originaría un perjuicio irremediable al imputado o procesado, teniendo en cuenta para ello el contexto actual.

La respuesta al primer interrogante es clara: en nuestro ordenamiento jurídico existe un instrumento procesal y disposición sustancial que permite realizar la sustitución de la medida de aseguramiento, tal como lo preceptúa el artículo 318 de la Ley 906 de 2004:

“ARTÍCULO 318. SOLICITUD DE REVOCATORIA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo308.”

Dicha solicitud de sustitución debe realizarse ante el centro de servicios judiciales, quien programará audiencia que será presidida por un Juez de Control de Garantías y a la que deberán asistir el ente acusador, la defensa, y el imputado o procesado. Desde el momento de la solicitud hasta la realización de la audiencia, pueden pasar varios días e incluso semanas, con el agravante de que en la situación actual la falta de recursos materiales y humanos pueden aumentar el tiempo de forma considerable.

Aunque existe un instrumento idóneo para solicitar el cambio de medida de aseguramiento, en el presente caso este se tornaría ineficaz por la alta probabilidad de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de los derechos fundamentales objeto de la presente acción. El máximo tribunal constitucional en la Sentencia T- 318 de 2017 ha definido los elementos del perjuicio irremediable:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

En el presente caso se observa que se cumplen con los cuatro requisitos establecidos por la Corte Constitucional para acreditar el perjuicio irremediable. En primer lugar, porque la probabilidad de contagio del COVID-19 en un centro de reclusión carcelario o transitorio es muy alta, toda vez que sólo bastaría con que uno de los reclusos sea contagiado para que se genere un crecimiento exponencial del virus, máxime cuando existe un alto hacinamiento carcelario.

En segundo lugar, existiría un daño real en mi salud como recluso, además de que mi vida se encontraría en riesgo, ello porque este virus tiene una alta letalidad. En tercer lugar, resulta necesario y urgente que las cárceles y demás centros de reclusión transitorios disminuyan por completo su hacinamiento, toda vez que como se argumentó, ello es lo que incrementa el riesgo de contagio y como en la actualidad no ha sucedido, la medida que se debe tomar es ordenar mi traslado a un domicilio, con el objetivo de que allí pueda aislarme preventivamente como el resto de personas que se encuentran en el territorio nacional.

En último lugar, el aislamiento en un domicilio resulta impostergable, toda vez que en el evento de que no se realice, puede existir un grave deterioro a mi salud, además de que mi vida se encontraría en alto riesgo, ello por la alta probabilidad de que el virus ingrese a los diversos centros de reclusión y la poca atención medica que podría recibir allí, esto teniendo en cuenta el poco personal médico existente y los pocos implementos médicos que existen en estos.

Al encontrarse acreditado el perjuicio irremediable que sufriría si no se me envía de forma inmediata a mi domicilio con el objetivo de que pueda cumplir con las medidas establecidas para prevenir un contagio del COVID-19 y teniendo en cuenta que para la eventual fecha de realización de la respectiva audiencia ante un Juez de Control de Garantías mis derechos fundamentales ya habrían sido vulnerados, la presente acción de tutela se torna procedente.

  1. PRETENSIONES

 

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas, respetuosamente le solicito señor Juez, concederme como accionante las siguientes pretensiones:

  1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados.
  2. Consecuencia de lo anterior, CONCEDER la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, que para ello es en __________________________________ (colocar la dirección en la cual el procesado estaría en detención domiciliaria) del municipio de ________________, con el fin de prevenir un contagio masivo del COVID-19 al interior del centro de reclusión en el que me encuentro, evitando de esta forma un perjuicio irremediable de mis derechos fundamentales.
  3. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 30B de la Ley 65 de 1993, ORDENAR que el traslado se realice garantizando mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal y dignidad humana.

(En caso de que la persona privada de la libertad pueda correr con los gastos de transporte desde donde está recluido(a) hasta donde cumplirá la domiciliaria, indicarlo aquí, para que no pongan como excusa que no tienen con qué, y poner en este punto que se permita el traslado hasta el domicilio)

  1. ORDENAR al INPEC aplicar la Directiva transitoria 000009 relativa a la detención, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, expedida en el marco de la declaración de la emergencia carcelaria.
  2. TUTELAR los demás derechos fundamentales que estime pertinentes, además de emitir las órdenes que considere pueda ayudar a salvaguardarlos.
  1. MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7, prevé las medidas provisionales con la finalidad de salvaguardar prontamente los derechos fundamentales amenazados, y evitar así, un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en la sentencia T-103 de 2018 esgrimió frente a la medida provisional que aquella:

           “está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito)”

En el mismo sentido, el máximo tribunal constitucional en la Sentencia SU- 695 de 2015, caracteriza las medidas provisionales como aquellas que:

       “buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida.

          Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”.

Teniendo en cuenta esto, son procedentes las medidas señaladas en los incisos A2, B1, B2, B5 del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, atendiendo a la emergencia carcelaria y la imposibilidad que esto representa para cumplir con plena eficiencia lo determinado en el decreto 457 de 2020, toda vez que la limitación de espacio, la falta de medidas adecuadas de saneamiento, la insuficiencia de la prestación de servicios de salud y demás deficiencias evidencias a través de la declaratoria del ECI convierten los establecimientos carcelarios en focos de propagación de crecimiento exponencial del COVID-19 por lo cual acudir a estas medidas sustitutivas pueden evitar mayores perjuicios como el colapso del sistema de salud y una cadena de vulneración a los derechos fundamentales, se hace URGENTE en la medida en que diariamente aumentan los contagiados por el virus y las condiciones actuales a las cuales se encuentran expuestas las personas privadas de la libertad facilitan la propagación del mismo.

  1. COMPETENCIA

En concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 1° numeral 3 del Decreto 1983 de 2017, es competente el Tribunal Superior del Distrito Judicial o el Tribunal Administrativo para conocer del asunto, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales invocados, de los cuales se solicita su amparo se encuentran siendo amenazados y vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, entre otras autoridades públicas.

El artículo 50 de la ley 1709 de 2014, dispone que la orden de excarcelación debe darse por autoridad judicial competente y ustedes señores magistrados son competentes para ello por ser jueces constitucionales.

En caso de que no avoquen competencia, les solicito de manera respetuosa que remitan la acción a quien consideren competente.

  1. JURAMENTO

Señores Magistrados, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad.

  1. PRUEBAS
  2. Copia de mi cédula de ciudadanía.

- Si es una mujer y le faltan menos de dos (2) meses para el parto deberá mencionar como prueba la historia clínica y en el caso de que su hijo haya nacido y no tenga más de seis (06) meses, también deberá mencionar como prueba la historia clínica y el Registro Civil de Nacimiento o en su defecto el Certificado de Nacido Vivo.

-Si padece alguna enfermedad deberá mencionar la historia clínica y en el evento de que le hayan realizado un examen médico por Medicina Legal o profesional particular, también deberá mencionarlo.

- Si tienes un hijo con algún tipo de discapacidad Y ERES MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA, deberás mencionar su historia clínica y demás documentos que tengas en tu poder que puedan acreditar dicha condición. Además, puedes probar que eres padre o madre cabeza de familia mencionando el proceso de alimentos en caso de que exista o un acta de conciliación.

- Si es mayor de 60 años, indíquelo y adjunte copia de cédula o registro civil si lo tiene.

- Si ya cumplió el 40% de la condena, indíquelo también.

1O. ANEXOS

  1. Documentos aducidos como prueba

A LA ACCIÓN DE TUTELA DEBERÁS ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE MENCIONASTE COMO PRUEBAS

NOTIFICACIONES

Accionante: (colocar correo electrónico y teléfono de algún familiar o ser querido de confianza y muy cercano al procesado)

Respetuosamente,

(Aquí deberá firmar el procesado)

_________________________________  

(aquí deberá colocar el nombre del procesado)

C.C No. (número de cédula del procesado)                          

(Si va a enviar esto directamente desde prisión, puede hacer el envío por la oficina jurídica donde pondrán un sello y enviarán al juez: lleve este documento igual dos veces, para que entregue uno a la oficina jurídica y le entreguen otro donde conste con sello o firma y fecha que usted presentó esta tutela).

Publicado enColombia
Fernando Sanclemente, embajador de Colombia en Uruguay.

Fernando Sanclemente dimitió tras la decisión del fiscal general de investigarlo formalmente

El pasado 12 de febrero la Policía de Colombia halló un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de Guasca, Cundinamarca, a 50 kilómetros de Bogotá. Luego se supo que allí se producían al menos 1,8 toneladas de droga al mes y que el terreno era propiedad de la familia del embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente. Con otros escándalos y el coronavirus de por medio, la historia pasó desapercibida hasta este domingo cuando el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que vincularía al diplomático a la investigación formal por el narcolaboratorio.

La noticia obligó a Sanclemente a dimitir a través de una carta enviada al presidente, Iván Duque. El embajador le agradeció al mandatario y a la Cancillería el tiempo de licencia que le dieron para atender su defensa. “Esto con ocasión del penoso y muy desafortunado hecho delictivo de público conocimiento acaecido en predios de nuestra propiedad y del cual hemos solicitado a las autoridades el reconocimiento como víctimas del mismo”, escribió en la carta.

El fiscal, sin embargo, había sido tajante en sus declaraciones: “La finca del embajador fue destinada para tener un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína. No se trataba de algo sencillo. Por el contrario, se trataba de una estructura bien montada con tres instalaciones que tenían la potencialidad de producir 1,8 toneladas de cocaína mensual”, ha explicado Barbosa en una entrevista para el diario El Tiempo. Y para evitar dudas agregó: “el embajador tendrá que explicar cómo no se percató de tamaña operación. No solo lo citaremos, lo vincularemos”.

En un escueto comunicado, la Cancillería anunció la renuncia y advirtió de que la carta de Sanclemente surtirá su trámite correspondiente. “En la misiva el embajador indica que toma esta decisión para concentrarse en su defensa en la investigación judicial que lo afecta”. Aún falta que el presidente, Iván Duque, acepte la renuncia.

Sanclemente había sido director general de la Aeronáutica Civil y gerente del Transmilenio de Bogotá, entre otros cargos relacionados con puertos y transporte, y compartía la mitad de la propiedad de la finca con la familia Spiwak, dueños de la cadena de hoteles Dann. “Esta es una propiedad que tenemos hace más de 45 años dedicada a la crianza de caballos de carreras y de ganadería angus”, había dicho el diplomático. La defensa de ambas familias aseguró que no tenían relación con el narcolaboratorio y que desde 2017 alquilaron los terrenos a unos cultivadores de papa y cebolla. En el operativo de la Policía fueron detenidas cinco personas y se hallaron siete toneladas de insumos para el procesamiento de la droga.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 06 abr 2020 - 22:09 COT

Publicado enColombia
Página 1 de 84