Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Durante los primeros seis meses de este año mucho se habló sobre la cifra de deforestación en Colombia durante el 2018. Se esperaban noticias negativas. El mismo Ministerio de Ambiente había dicho que, dentro de sus proyecciones, esperaba una pérdida entre 240 000 y 260 000 hectáreas de bosque, es decir, un incremento entre el 9 y el 18% comparado con el 2017 cuando la cifra se ubicó en 219 973 hectáreas deforestadas.

Incluso, algunas organizaciones y expertos en el tema indicaban que la deforestación del año pasado rondaría las 300 000 hectáreas. El pasado 10 de julio la espera y expectativa acabaron y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer la cifra oficial de deforestación en 2018, la cual se ubicó en 197 159 hectáreas. El número sorprendió pues resultó ser menor al del 2017, mostrando una reducción del 10%.

Sin embargo, esta tendencia debe ser vista con cuidado a pesar de que algunos departamentos y municipios desaceleraron sus tasas de deforestación. Por ejemplo, el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, perdió 19 652 hectáreas de bosque, 7000 menos que en 2017 y aún así esto indica que el 10% de todo lo que perdió Colombia sucedió en este lugar. Además, también aparecieron nuevos núcleos de deforestación.

 

Los nueve núcleos de deforestación

 

Durante 2018 se identificaron nueve núcleos de deforestación. El principal está en las sabanas del Yarí y el bajo Caguán, en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. El segundo se ubica en el norte del departamento de Guaviare, en límites con los departamentos de Meta y Vichada. El tercero está en el sur del Meta, asociado principalmente a municipios como Uribe, Mesetas y Vista Hermosa. El cuarto foco está en Putumayo, principalmente en las riberas del río Caquetá, en municipios como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.

El quinto núcleo se ubica en el municipio de Mapiripán, Meta; mientras que el sexto se encuentra en la serranía de San Lucas, en el nororiente del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar. El séptimo punto alarmante de deforestación se ubica en la compleja zona de conflicto armado de Catatumbo, específicamente en los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Finalmente, el octavo núcleo está en las selvas del Sarare —bosques de galería e inundables— en el departamento de Arauca y el último en la frontera con Panamá e inmediaciones del municipio de Riosucio en el departamento de Chocó.

De los nueve núcleos, cinco se encuentran en la Amazonía colombiana y según el reporte oficial ‘Monitoreo de la Deforestación 2018’ entregado por el IDEAM y el Ministerio del Ambiente, “el 70,1% de la deforestación del año 2018 ocurrió en la región de la Amazonía. En 2017 acumuló el 65,5%”, es decir, un incremento de casi el 5%.

Edersson Cabrera, coordinador del grupo de Monitoreo de Bosques del Ideam, asegura que la praderización es el principal motor de deforestación y se asocia a la conversión de bosque tropical hacia nuevas áreas dedicadas a pastos que “pueden tener o no cabezas de ganado, pero están siendo utilizadas como medio para la usurpación de tierras del Estado y el acaparamiento baldíos”. Según el experto, el segundo generador de pérdida de bosque en Colombia son los cultivos de uso ilícito, ya sea de manera directa e indirecta. En tercer lugar están las malas prácticas de ganadería extensiva “donde menos de una cabeza de ganado está siendo alimentada en una hectárea producto de la deforestación, un modelo que no es productivo”, comenta Cabrera.

En el listado de causas de la deforestación siguen la extracción ilícita de minerales  —principalmente en el nororiente antioqueño, el sur de Bolívar y el Pacífico colombiano—,la ampliación de la frontera agrícola no permitida y la infraestructura de transporte sin los permisos requeridos; algo que Cabrera asocia con una proliferación de accesos terrestres sin licenciamiento ambiental y que no están dentro de la política de infraestructura del país.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dice que “la deforestación también está ligada a delitos como el tráfico de fauna y flora y de madera”, y añadió que “en Colombia nos falta insistir permanentemente sobre las acciones de legalidad. La gente no entiende que tenemos un código penal donde existen los crímenes ambientales. Por primera vez en un gobierno se determinó que la pérdida de agua, bosque y biodiversidad ponen en riesgo la seguridad de este país”.

 

La Amazonía sigue siendo la más deforestada

 

De acuerdo con los resultados del reporte “se presenta una disminución en la deforestación en la región de la Amazonía con respecto a lo reportado para 2017. La deforestación disminuyó en 5 971 hectáreas”.

Es en este punto donde las cifras se tornan un poco confusas. Por ejemplo, en 2017 se perdieron 144 000 hectáreas de bosque en la Amazonía, mientras que en 2018 la cifra bajó a 138 176. Aún así, la proporción de bosque deforestado en esta región, en comparación con Caribe, Andes, Orinoquía y Pacífico, aumentó y pasó del 65,5% al 70,1%. Esto se debe a que Andes, Caribe y Pacífico también tuvieron una desaceleración en la deforestación.

Por otro lado, Caquetá y Guaviare —que han sido los departamentos con las tasas más altas—, redujeron su deforestación pero siguen manteniéndose en los puestos 1 y 3 de los más deforestados.

“Caquetá ha reportado los mayores niveles de deforestación en los últimos 28 años y en este reporte sigue siendo así. Sin embargo, identificamos una reducción de 13 000 hectáreas en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá”, afirma Edersson Cabrera.

La mala noticia para la región es que el sur del departamento del Meta tuvo un aumento en pérdida de bosque y es el segundo departamento más deforestado del país después de Caquetá. Según dice Cabrera, municipios como La Macarena, Uribe, Mesetas y Mapiripán vienen con aumento de la deforestación. “Respecto a 2017, el departamento tuvo un aumento de cerca de 8000 hectáreas deforestadas. El municipio de La Macarena fue el que más incrementó su deforestación en todo el país (26%)”.

Lo anterior también se refleja en la grave situación que enfrentan los Parques Nacionales Sierra de La Macarena, Picachos y Tinigua. Este último es el más alarmante pues pasó de 4000 hectáreas deforestadas en 2017 a 10 471 en 2018.

El departamento de Putumayo, al sur de la Amazonía colombiana, también aportó este año dos municipios a los más deforestados del país: Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo

 

Desaceleración en cuatro regiones e incremento en una

 

La Orinoquía fue la única región que aumentó sus tasas de deforestación. “Presentó aumentos a pesar de que es una de las regiones que menos bosque tiene. Su deforestación en 2018 fue de 12 073 hectáreas, 2120 más que en 2017. Los principales núcleos están ubicados en las selvas del Sarare en Arauca y sectores del municipio de Cumaribo en el departamento de Vichada”, comenta Edersson Cabrera.

En los Andes la deforestación en 2018 fue de 28 089 hectáreas y en 2017 de 36 745; se redujo en 8656 hectáreas. Según el reporte del IDEAM, los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia que tenían una tendencia al alza vienen ahora en control y con reducciones importantes. Sin embargo, en la región del Catatumbo, en la cordillera oriental, los municipios de El Tarra Tibú y Sardinata continúan con un incremento en la deforestación.

Por su parte, el Caribe acumula el 2,8% de la superficie de bosque del país y posee relictos importantes de bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, la parte baja de la Serranía del Perijá y las partes bajas de los ríos Cauca y Nechí. En el Caribe se deforestaron 11 367 hectáreas, 4288 menos que en 2017. Los expertos hacen un llamado a controlar la pérdida de bosque en esta región pues allí sobrevive buena parte del bosque seco tropical del que apenas queda un 8% en Colombia.

En el Pacífico colombiano también hubo una reducción en la deforestación. En 2018 se registraron 7454 hectáreas deforestadas cuando en 2017 la cifra superaba las 13 000. Los focos principales están en la frontera con Panamá y en el municipio de Riosucio, Chocó; mientras que la parte Pacífica de los departamentos de Valle y Nariño y el sur del Chocó presentan reducciones.

 

Confusión en las cifras

 

“En 2017 recibimos la cifra de 220 000 hectáreas deforestadas. Nuestro modelo de predicción nos mostraba que en el 2018 tendríamos una deforestación de 260 000 hectáreas si no tomábamos acciones concretas. La media nos decía 240 000 pero la redujimos en un 17%, es decir, pasamos a 197 000 hectáreas deforestadas en 2018. Se evitaron más de 40 000 hectáreas de bosque natural deforestado”, dijo el ministro Lozano.

Esta afirmación, donde se menciona una reducción del 17% en la deforestación, fue la que generó confusión y la cifra fue utilizada por algunos sin tener en cuenta que hacía referencia a una reducción respecto a lo proyectado por el Ministerio de Ambiente —esperaban entre 240 000 y 260 000 hectáreas de deforestación—. En otras palabras, no era la cifra real.

La verdadera disminución de la deforestación fue de 10% entre 2017 (219 973 hectáreas perdidas) y 2018 (197 159 hectáreas perdidas).

 

Por  Antonio José Paz Cardona

11 julio 2019 

*Imagen principal: Cormacarena.

Publicado originalmente en Mongabay

Publicado enColombia
Monólogo del río Cauca Nº 2  en La(mento) mayor

Yo no diré qué mano me lo arranca, ni de qué piedra de mi pecho nace: 

Yo no diré que él sea más hermoso... ¡Pero es mi río, mi país, mi sangre! Dulce María Loynaz

Yo río de tus cóleras inútiles,
oh Río, oh tú Bredunco,
oh Cauca de fragoroso peregrinar por chorreras y vocales atormentado,
indómito y bravío y de perezas
infinitesimales en los remansos
de absintias aguas quietas,
y de lento girar en espirales
Y de cauce luminoso!
Oh Cauca, oh Cauca Río.
Relato de Erik Fjordsson.
León de Greiff.


 
¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Piedad! ¡No me abandonen, ciudadanos de este hermoso suelo! Hoy, más que nunca, clamo, imploro, ruego: ¡Derriben ese muro antes de que sea tarde! Me llamo el Cauca. ¡Yo soy el Cauca! ¡Todos somos el Cauca! Los convoco a que se unan a mi rugido —cada minuto más débil— y entonemos, al unísono, un glorioso cántico de batalla, en un frente unido: «¡Yo soy el Cauca!» Esos hombres… no los quiero nombrar… —ingenieros y burócratas, trúhanes modernos y majaderos antiguos, tejidos de villana y grosera tela, echacuervos, corazón de mantequilla, con ánimo de ratón casero, de alma endurecida y pan mal empleado— desean, en su fuero interno, que yo diga, ¡ay de mi!... yo fui el Cauca. No será así.

 

Pero, ¡ay!, desfallezco en mi debilidad. ¿Quién puede sobrevivir así? Se me va el oxígeno, se me van las aguas, mi acuífero se vacía sin remedio. Y aún así, lucho, pervivo, resisto, aniquilado atrozmente a manos de tan notables cobardes, mentirosos infinitos, incumplidores de promesas y amos de ninguna cualidad que faltan a la verdad tantas veces como horas tiene el día. Soy el Cauca: portentoso, amplio, profundo, sereno y amoroso. Soy el Cauca, acompañado, nutrido, a mi izquierda, del vertiginoso Timba, del pedregoso Rioclaro, del brioso Jamundí, del manso Lilí, del helado Meléndez, del apretado Cañaveralejo, del agreste río Cali; también del Arroyohondo, del Vijes, del Mediacanoa, del río Pie-dras, del Riofrío y del Pescador; a mi derecha: del Desbaratado, del río Frayle, del Párraga, del Amaime, del Cerrito, de la cristalina e impetuosa Zabaletas, del Guabas, del apacible Sonso, del añoso Guadalajara, y del Tuluá; y también del Bugalagrande, La Paila y La Vieja. No es posible que tantos afluentes vengan a mi, a verter sus aguas cargadas de vida y en-cuentren que no hay esperanza, que todo es en vano.

 

Hoy agonizo. Muero, y conmigo, muere la vida. ¿Para qué sirven estas venas que me nutren si igual aniquilan mi corriente? Mis aguas son detenidas, estancadas por ese infame murallón. ¡Atrás, idiotas de cascos blancos, engendros de tres centímetros de estatura! ¡Quiero vivir! Al igual que quieren la vida las especies de la flora y la fauna a las que otorgo el hálito vital; al igual que perviven en mi cuenca los minerales que la nutren: el carbón, la piedra caliza, el mármol, el oro, la plata, el platino, el hierro y el amianto. Por otra parte, de mi dependen los cultivos de arroz, sorgo, yuca, café, cacao, algodón, maíz, frijol, caña de azúcar y banano; los he parido desde tiempos inmemoriales, desde antes de que llegaran esos ingenieros de cascos blancos ilustrados de una inteligencia más espesa que el engrudo de una horrible bazofia. Me enferma el solo verlos acercarse a mis aguas. En verdad, quisie-ra ahogarlos, pero no quiero contaminar más mis aguas.

 

Sí, hablo desde la rabia y desde la ira y desde el dolor que me causa el ecocidio que ellos, hombrecitos de poca valía, se empeñan en sacar adelante a cualquier precio. A ellos —el ingenioso hidalgo los llamaría traidores, descompuestos, villanos, infacundos, deslen-guados, atrevidos, desdichados, maldicientes, canallas, rústicos, patanes, malmirados, be-llacos, socarrones, mentecatos y hediondos— no parece importarles las comunidades asen-tadas aguas abajo de ese paredón de la muerte. A ellos —diría el florido bardo inglés que no son más que tumores, llagas que supuran, úlceras inflamadas en la sangre corrompida de su propio país—, no les interesa las innumerables especies de peces, entre ellas, la sardinata, el barbudo, la picuda, la cucha, el mazorco, el bocachico, el jetudo, el chango, la sabaleta, la guabina, el guachilejo y la dorada, que han muerto y siguen muriendo en las orillas desecadas de mis riberas. A ellos —sus mentes más secas que un mendrugo de bizcocho después de un largo viaje—, no les importa que un río, el segundo río de este sufrido país —pero hermoso y espléndido—, muera impunemente. Todo por la codicia infinita y arrogancia sin límites que los carcome como el orín a las latas de un carromato abandonado al salobre trópico. No sigan, por favor, dando explicaciones ni justificaciones: que la compuerta tal, que no sé qué cuarto de máquinas, que el túnel sí se cuantos, que el rebosadero tal; sus explicaciones técnicas infectan mi entendimiento y mi serena sabiduría.

 

¡Silencio! Solo admito hechos; solo concedo que mis aguas corran libremente, que ese muro sea derribado y deje de existir; que ninguna pared me detenga. Suficiente mal han hecho, dejen de empecinarse, como el más ponzoñoso de los venenos, en sacar adelante una hidroeléctrica que no tiene pies ni cabeza, que nació fallida y sigue fallida por la inmensa soberbia de querer detenerme, a la brava, a toda costa.

 

¡Apártense! ¡Aléjense! Ustedes huelen mal. Me repugna su hedor, el más horrible que alguna vez haya ofendido un noble olfato, sepan que sobre mis aguas, mis riberas y mis valles sobrenadan los dulces aromas que despiden camias, guayacanes, sarrapias, balsaminas y samanes; que, de mis laderas encañonadas, sobresalen mil especies de orquídeas, que en mi cuenca revolotean las mariposas multicolores y cantan las tórtolas, la mirlas, los periquitos, los carpinteros y graznan los patos pico de oro; que de mis arenales surge la vida, la armonía, la belleza de la naturaleza indómita.


Aquí han vivido, antes de estos tiempos aciagos, numerosas tribus autóctonas; recuerdo, cómo, hace quinientos años, habitaban estas tierras los liles, los gorrones, los chancos, los quimbaya, los carrapa, los picara, los paucura, los pozo, los arma, los anserma, los buriticá, los dabeiba, los catío. Poco o nada queda de ellos. El hombre blanco los aniquiló, los ahuyentó, los desplazó. Ahora hay poblaciones mestizas, mulatas, afrodescendientes, indígenas: gente pobre, gente honesta, gente trabajadora, gente necesitada, a lado y lado de mis riberas, que viven de lo que proveo; de lo que otorgo en mi munificencia infinita. Pero esta gente buena no puede vivir si mis aguas no bajan; no puede sobrevivir si de mí no puede sacar agua para su subsistencia; no puede comer si se acaba la pesca artesanal en mis aguas; ni tampoco puede regar sus sembradíos si, simplemente, el agua no está.

 

Es posible matar los ríos; en el mundo asesinan ríos todos los días. Yo no quiero ser uno de más de ellos. ¡Por favor! ¡Detengan a esos malvados! La acidez de su actitud des-compone las más dulces de las mandarinas, granadillas, y naranjas que se cultivan en mis riberas. Ni siquiera ellos —amos de la insolencia—, creen en la viabilidad de su proyecto. Entonces, ¿por qué tanta perversidad? Han dicho, farfullando, mascando las palabras, des-de la primera emergencia, hace ya tantos meses, que su hidroeléctrica no es viable, por tan-to, tiene más fe un coco cocido que sus cabecitas huecas; sus rostros descoloridos, forrados de mentiras, no merecen siquiera la resolana de mediodía.

 

Y, el país ¿qué hace? ¡Por qué tanto silencio? ¡Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta connivencia de la gran prensa con aquellos señores de cascos blancos en sus oficinas inteligentes? ¿Dónde están las corporaciones regionales, la autoridad nacional de licencias ambientales, el tal ministerio del Medio Ambiente? ¿Por qué tanto mutismo? ¿Por qué la prensa hegemónica distorsiona la realidad de la catástrofe ambiental, la mengua, la empe-queñece y la niega? ¿Acaso no es este el peor crimen ecológico que se ha cometido en el país? Acaso soy yo, un río que agoniza, quien tiene que recordarles el lamento de aquel hombre que dijo, en medio del desamparo: «Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista… Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.» ¿Cuántos ríos más hay que asesinar en este país, cuántos páramos más hay que aniquilar, cuántos pueblos más deben quedar sin agua, cuántos sembradíos más deben marchitarse para que alguien se levante y me ayude a derribar ese muro de la obstinación? ¿Debo recordar —¡yo, qué ironía!—, que sin agua no hay vida?

 

¡Oh, dolor! ¡Oh, desesperanza! ¡Oh, cólera infinita! Recuerdo antaño, cuando re-montaban mis dulces aguas caucanas en sus falúas, andaluces y extremeños, barbudos, allende cuidadores de cerdos, villanos y analfabetas, llegados ávidos de riqueza inmediata. A su encuentro, salían de los caños escuadrones de veloces canoas que pirueteaban en torno a las naves comandadas por los españoles. A las ballestas, arcabuces y los juramentos se oponían miles de indios emplumados que hacían llover sobre los hombres vestidos de latón —no por ello invulnerables—, las flechas, las lanzas de chonta, el polvo de ají, las hondas de majagua, las macanas de guayacán; adormilaban y confundían a los que salva-ban de la flecha envenenada con vapores y humos, provenientes de columnas de fuego encendidas con maderas verdes, o con sahumerio de ají y pimienta quemada que les provocada quemazón en los ojos. Y el ají, bajo la forma de polvo molido, lo arrojaban a los ros-tros de los españoles, ocasionándoles —hasta risa me da—, un intenso estornudo. Buscaban, los arteros indígenas, que los españoles descuidaran sus rodelas para ofrecer un fácil blanco a las fechas envenenadas. Aupados, además, por su tenebroso vocerío y el zumbido de las trompetas de balso, caían sobre los conquistadores y hundían sus naves. Mis aguas, revoltosas, tornasoladas de ocre-sepia-marrón, se los tragaban para castigar su osadía.

 

Oh, tiempos aquellos donde el hombre originario de esas latitudes era invicto, valiente y temerario ante la afrenta civilizadora. Hoy no hay —¿o me equivoco?— flechas envenenadas, ni lanzas de chonta, ni hondas de majagua; pero no soy yo, el Cauca, quien debe listar los recursos y acciones legales, sociales, populares, disponibles para desafiar la apocalíptica bestia de siete cabezas y diez cuernos que llaman dizque Hidroituango. Y, si por desventura, el derecho de los hombres, lo que llaman la ley positiva, no es suficiente, que entonces sea la ley divina, la ley eterna, la ley de la naturaleza, la ley de origen, aquella misma que asistió a Antígona, y que nunca caduca, la que se encargue de que se haga justicia.

 

¿Es demasiada osadía o altanería, pregunto, pedir que a un río —el segundo del país—, se le permita vivir? ¿Acaso es mi clamor un clamor egoísta e interesado? ¡No! Si vi-vo, viven las comunidades aledañas; si vivo, viven las aves, los peces, las flores, los árboles, los arbustos; si vivo, viven los cultivos de mi cuenca; si vivo, viven y vuelan las aves. Por eso, cuando hablo, cuando decido no callarme, lo hago porque me atormenta, mucho más que mi lecho seco y maltrecho, la vida y la alegría que se extingue en mi entorno por el súbito desecamiento al que me someten esos señores de cascos blancos desde sus supuestas oficinas inteligentes.

 

Amenazas más grandes ha enfrentado el pueblo colombiano para que se amilane hoy ante un adversario no pequeño, pero tampoco invencible. ¡Yo soy el Cauca! ¡Todos somos el Cauca! ¿Quién no es el Cauca? ¡Que nadie me deje solo! ¡Que todos expresen su indignación frente a lo que ocurre ante sus ojos! ¡Qué todos exijan justicia y reparación! Que todos sepan, también, en su generosidad infinita, perdonar, a quienes me han querido aniquilar. Mi madre, la Señora Naturaleza, sabrá lo que debe venir.

Publicado enEdición Nº254
Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enColombia
Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Publicado enColombia
Consulta popular legítima del municipio de San Lorenzo –Nariño–

Tras un prologando y participativo proceso comunitario, el próximo 25 de noviembre quienes habitan el municipio de San Lorenzo en el departamento de Nariño se pronunciarían, Sí o No, sobre la explotación minera en su territorio. La consulta va pese a lo decidido en días anteriores por la Corte Constitucional sobre este tipo de consultas, y al bloqueo que desde el ministerio de Hacienda y el organo electoral le han interpuesto a esta iniciativa colectiva, expresión del constituyente primario.

 

San Lorenzo es un Municipio con una inmensa riqueza ambiental, se encuentra ubicado en el norte de Nariño, con numerosos nacimientos de arroyos y quebradas que alimentan los ríos Mayo y Juanambú, el agua que brota de las montañas surte acueductos y distritos de riego no solo dentro de San Lorenzo, también benéfica a los municipios vecinos de la Unión, Taminango, Arboleda y Cartago. La vocación del municipio históricamente ha sido agropecuaria, donde se destaca la producción de café de alta calidad, frutales, pequeña ganadería y una producción diversa de alimentos.

 

En el año 2008 sin consultar a las comunidades se entregaron títulos mineros a grandes empresas multinacionales y en el 2010, inicia exploración la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en el municipio de San Lorenzo y las Veredas Olaya y El Volador en el municipio de Arboleda; al poco tiempo los campesinos de la zona vieron los efectos ambientales, sociales y de violencia que ocasiona la gran minería; las comunidades alarmadas por los estragos que se venían desencadenando deciden tomar acciones de hecho para liberar el territorio y expulsan a esta multinacional, este fue el inicio de una lucha constante para proteger el agua y el territorio, y continuamente han creado conciencia en todos los otros corregimientos, esto, gracias al incansable trabajo de organizaciones campesinas locales; a pesar de que se hizo respetar la decisión de las comunidades, los conflictos con las empresas multinacionales siguieron, generando incluso hechos de violencia.

 

Las organizaciones campesinas comenzaron a buscar alternativas para hacerle frente a la amenaza inminente de la megaminería, e incluso fueron más allá del mismo municipio; acciones como la Construcción del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y sur del Cauca –Tcam– que es una estrategia de protección del territorio y el ejercicio de los derechos campesinos, la realización de foros mineros locales, regionales y departamentales entre otras; es precisamente en el foro de “Agua y minería” realizado el 2 de julio de 2017 en Berruecos (Nariño) que se decide adelantar procesos de consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria y cafetera de estos municipios.

 

De inmediato inicia el proceso de consulta popular minera en cinco municipios del Tcam; en San Lorenzo, la comunidad y las organizaciones campesinas con el apoyo de la alcaldía logran que el Concejo Municipal dé el concepto de conveniencia, y que el tribunal contencioso administrativo de Nariño emita un concepto de constitucionalidad, pero el Ministerio de Hacienda, la Registraduria Nacional y últimamente la Corte Constitucional, han puesto obstáculos para la realización de la consulta con los argumentos que no hay recursos para su financiación y la existencia de un conflicto de competencias entre el estado nacional y los entes territoriales, y en última instancia la decisión de la Corte Constitucional de que las comunidades no pueden decidir sobre el uso del subsuelo a través de mecanismos de participación, en especial las consultas populares, así como la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral de acatar la determinación de la Corte y ordenar suspender todos los proceso de consulta para frenar proyectos megamineros hasta que el legislativo se pronuncie frente al tema, en una clara negación al derecho fundamental a la participación y a la vida misma.

 

A la fecha, según la Agencia Nacional de Minas, no se tiene títulos vigentes ya que en el 2017 y en el mes de septiembre de 2018 se presentaron renuncias por parte de las multinacionales a los títulos otorgados, sin embargo en los datos publicados por la misma agencia aparecen 20 solicitudes para realizar exploración y explotación minera a gran escala en el municipio, por lo cual la comunidad no baja la guardia y se ve en la obligación de tomar acciones para proteger el legado de las futuras generaciones.

 

Las organizaciones sociales y comunitarias, con el apoyo de la institucionalidad local articuladas en el “Comité por la protección de agua, la vida y el territorio”, como ente promotor de la consulta, decide continuar el proceso democrático de la consulta minera de manera legítima y convoca su realización para el 25 de noviembre de 2018, para que jóvenes y adultos participen activamente y tomen una decisión cuantificable del querer frente a la implementación de proyectos megamineros en el Municipio de San Lorenzo.

 

La pregunta aprobada por el concejo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, y que se pone a consideración de la comunidad lorenceña es la siguiente:

 

“Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo (Nariño) se realice exploración y explotación minera de metales e hidrocarburos”?

 

El proceso de la consulta legítima, siguiendo lo estipulado en el Código electoral de Colombia, camina con paso firme, teniendo a la juventud como actor principal, a líderes y lideresas comunitarias trabajando de manera mancomunada e incansable en cada vereda, yendo a cada casa a promover la protección del agua y la vida.

 

Es un hecho la realización y ejercicio de esta práctica democrática, y serán los lorenceños quienes se encargarán de hacer respetar el mandato que emane de la consulta; pero además, organismos internacionales, universidades, instituciones de orden regional y nacional han expresado su apoyo y servirán como garantes de transparencia de la acción a realizarse en el mes de noviembre. Finalmente, cabe rescatar que la financiación y logística, tanto del día de votación como del proceso de campaña, fue asumido por parte de las mismas comunidades integradas en el comité.

 

* Vocero comité por la protección del agua, la vida y el territorio.

 

Publicado enEdición Nº251
Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Publicado enEdición Nº251
Supersón Frailejónico: tras las sendas de la carranga

De los montes vienen bajando, entre caminitos de piedra, ocho jóvenes habitantes de la ciudad de Bogotá, que entonando y combinando ritmos tradicionales del país y la región cundiboyacense, lograron darle forma a un nuevo estilo para la carranga, una forma cambiante que trae consigo sonidos de chirimías caucanas, melodías de pasillos, merengues bambuquiaos, fandangos, san juanitos y torbellinos.

 

Son unos ritmos cuyos intérpretes van tocando y danzando al compás de la tierra. A los instrumentos tradicionales de la carranga, como el requinto, tiple y la guacharaca, les juntaron instrumentos como el rondín pareado, contrabajo, chiflos, bombos, quiribillos, maracas y flautas. Todo un variopinto musical que lleva letras que preguntan y reflexionan sobre querencias sociales, tales como el agua, la tierra, la protección de los animales, el medio ambiente, entre otros*.

 

Una música para guardianar la vida y los territorios

 

Acompañados de incas collarejos y osos de anteojos, el Supersón Frailejónico se perfila como una nueva generación de la carranga que le canta a la vida, a los páramos y montañas, lagunas y cusumbos, taitas y biohotes.

 

En su primer disco “De los montes vienen bajando”, presentado el 28 de septiembre en la ciudad de Bogotá, nos encontramos con doce canciones entre las que se encuentran las historias del botadero doña Juana, la vecina más jodida y maluca del sur de Bogotá, que afecta directamente a los habitantes de Ciudad Bolívar y contamina el río Tunjuelo; así mismo está entre sus entonaciones un clamor por la vida que cuenta la historia del páramo de Santurbán en las tierras santandereanas, amenazado en su existencia por el monstruo de la megaxminería y la ambición del poder. Doce canciones para descubrir, bailar y cavilar.

 

Un llamamiento a la memoria y al presente. Las letras de esta agrupación nos cuentan historias de los pueblos indígenas que habitaron y habitan los territorios de la Sabana, así mismo reconoce los saberes de los campesinos, y recuerda los múltiples animales que habitan los páramos y montañas del país, cuya existencia está en peligro.

 

Tocando las fibras de la cultura

 

En los tiempos que vivimos en Colombia, de incertidumbre política y social, donde la democracia es un simple formalismo y las decisiones de las comunidades con respecto a sus territorios son irrespetadas/violadas por los intereses de la economía mundo capitalista –modificación de las consultas populares, fumigación con glifosato, proyecto de legalización del fraking, entre otros temas–, el suceso de que del monte vengan bajando nuevos compositores e intérpretes de los ritmos criollos, con sus desarrollos y nuevas sonoridades, así como conjunción de memorias de instrumentos, le viene muy bien. Con toda certeza, una alegre contribución que invita a gozar a la vez que pensar, y pensar para hacer y no solo para contemplar, pues, al fin y al cabo, a nuestro territorio lo defendemos todos y todas, o simplemente le dejaremos a las generaciones que van llegando un peladero lleno de edificios y coloridas fotos con la fauna que pobló desde siempre esta parte de nuestra América.

 

Con alegría sonora y temática, el Supersón nos acerca de una manera creativa a temas sustanciales para la vida, riendo y cuestionando en defensa de la misma, de la cual dicen en una de sus letras: “La vida no tiene precio pa’ que se pueda comprar, si sumercé no me entiende pruebe oro al desayunar”.

 

* Para escuchar su primer EP “Sembrando canciones pa’ hacer crecer la vida” y su primer disco “De los montes vienen bajando” ver: https://elsupersonfrailejonico.bandcamp.com/ Video canción “caminito de piedra”: https://www.youtube.com/watch?v=eb_1SkGvAP0 Para saber más del grupo visitar sus redes https://www.facebook.com/elsupersonfrailejonico/https://www.instagram.com/elsupersonfrailejonico/?hl=es-la

 

Publicado enEdición Nº251
Estamos ante un tiempo para soñar y tomar alientos de construir en conjunto

Palabras de apertura a la presentación de libros a dos voces, en Intercambio de saberes, entre Arturo Escobar y Carlos Eduardo Maldonado; evento llevado a cabo el pasado 30 de agosto en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital Camilo Torres de Bogotá.

 

Una civilización está muriendo ante nuestros ojos. En medio de su profunda crisis, el capitalismo se torna más violento y agresivo con la humanidad y con la naturaleza toda; no es casual por tanto que cada día que pasa aumente la xenofobia, el racismo, los feminicidios, las desapariciones, las muertes violentas, las guerras locales como expresión de confrontación de las potencias en cuerpos ajenos, las angustias y los malestares de la sociedad; cada día que pasa, con la extracción de agua de bolsones acumulados por la naturaleza por milenios, con el extractivismo y otros métodos y mecanismos que pretenden hacer rendir más a la madre tierra, la llevan hasta el límite.

 

De igual manera, los depredadores de la vida levantan muros y todo tipo de obstáculos para impedir el ingreso a sus territorios de los indeseables procedentes de los países periféricos, militarizan los campos y las ciudades, estimulan el fortalecimiento de los nacionalismos y de las derechas, haciendo de la democracia un simple formalismo electoral. Recursos todos estos con los cuales el desahuciado hace hasta lo imposible por seguir con vida en el planeta, controlándolo.

 

Mientras tanto, en la vida diaria que muchas veces se siente vacía, sin sentido y caótica, donde se impone el individualismo y la dispersión social, muchos y muchas empiezan a sentir que esta realidad no es la que desean vivir, que la vida debe tomar otro sentido, y que ese nuevo horizonte debe empezarse a construir aquí y ahora. Un nuevo mundo ya está naciendo.

 

Todo esto ocurre a pesar de vivir un tiempo que hace un siglo era difícil de imaginar. Contamos –como especie– con la mayor revolución científica de toda la historia, a la par de la cuarta revolución industrial. Avances posibles, únicamente, por el trabajo realizado por el conjunto de quienes habitamos el planeta, pero que, privatizados, terminan favoreciendo a unos pocos. Como es lógico, estos bienes no deben ser privados sino, por el contrario, deben pertenecerle a toda la humanidad.

 

Con los avances que tenemos en estos momentos, si estuvieran al servicio del conjunto humano, nuestra especie podría dejar de padecer angustias y alcanzar la vida digna y plena, pues con la tecnología actual, que entre otras maravillas ha permitido la socialización del conocimiento, podríamos eliminar el analfabetismo del mundo, así como visibilizar todas las culturas y saberes no occidentales como bases fundamentales para crear y construir ese otro mundo que ya está naciendo.

 

Con estos avances, el trabajo podría dejar de ser una carga para convertirse en un espacio para la realización de cada uno, pues con el nivel actual de producción es posible llegar en poco tiempo a una distribución equitativa de alimentos y riquezas, así como a una drástica reducción de los horarios de trabajo, por ejemplo a dos o tres horas diarias, dejando así tiempo para la imaginación, el goce, el trabajo libre y experimentar con ello la vida digna, y así reconstruir el planeta.

 

Para así avanzar, es cuestión de poder y democracia. Para esta, es la primera vez que la humanidad cuenta con las bases materiales y culturales para consolidar la democracia real, radical, plebiscitaria, donde la política deje de ser una actividad de políticos profesionales y pasemos a un momento donde las decisiones de la economía, educación, ciencia, cultura, salud, ordenamiento territorial, y toda la complejidad de la vida misma, sean decididas en colectivo.

 

Es un sueño y un reto, ante una realidad compleja. Es claro que para llegar a esta victoria de la especie humana es necesario dejar a un lado al capitalismo. Es tiempo, por tanto, de imaginar y trabajar por construir otras relaciones humanas –horizontales, antipatriarcales, anticoloniales– que permitan llegar al postcapitalismo.

 

Esta es una tarea para la sociedad en su conjunto y un reto especial para los movimientos sociales, que debemos empezar a construir alternativas políticas más allá del Estado-nación, pues la historia demanda una ruta y un método nuevo para por fin hacer real el propósito universal de vida digna.

 

Los aportes que sobre este particular nos hacen los profesores Arturo Escobar y Carlos Eduardo Maldonado, son referentes, argumentos, tesis, proposiciones, que debemos empezar a problematizar, cuestionar, debatir. Pues son aportes para seguir en la tarea de esos otros mundos posibles, que ya están naciendo.

Sean bienvenidos a este encuentro que nos permitirá imaginar otros mundos posibles, mundos que no deben quedar únicamente en teorías y literatura, sino que, por el contrario, debemos empezar a construir y materializar aquí y ahora.

Publicado enEdición Nº250
La experiencia urbana y su relación territorial expandida

Más allá de identificar las tensiones permanentes de habitar la ciudad, la sociedad está llamada a cuestionarla y actuar desde la construcción –o destrucción– de paradigmas urbanos que derroten la individualidad, la desigualdad y la pobreza desde el posicionamiento de actuaciones alrededor del medio ambiente y la acción prioritaria por el ser humano.

 

Hablar de ciudad conduce a pensar, casi inmediatamente, en las características físicas del concepto, su infraestructura y la facilidad que brinda tal o cual escenario para que una persona pueda acceder a una gama de servicios diferenciados. A partir de ello sería posible decir que generalmente la ciudad se concibe como uno de los resultados de la modernización.

 

Desde las Leyes de Indias, promulgadas en Europa con el fin de regular la vida en sociedad en los territorios de América invadidos y colonizados, se impuso una visión de ciudad que debería cumplir con ciertas características físicas. La definición de un centro (plaza) que está delimitado por las instituciones que representan autoridad y poder, como la iglesia católica, las instituciones que administran justicia y los lugares de decisiones de la vida pública, así como su mantenimiento con el pasar de los años, son la expresión del intento por regularizar la vida social en medio del tránsito hacia la modernidad.



Este patrón urbano, construido desde el poder, y reglado por las instituciones, terminó por consolidarse como el método formal y ordenado de construir la ciudad. Sin embargo, esa forma impuesta que ha cambiado de acuerdo a épocas, tendencias y dinámicas globales, ha desatado en la actualidad el establecimiento de un modelo de ciudad cuyo enfoque se ha limitado a desarrollar lo físico-espacial bajo pautas de mercado que destacan fundamentalmente una imagen, por encima del desarrollo socio-espacial que humanice la ciudad y, en consecuencia, las haga sostenibles, saludables y vivibles. Las ciudades en la actualidad no dialogan con sus habitantes y están reguladas simbólicamente por aquellas instituciones dedicadas a mantener un statu quo.



En este sentido, es necesario rescatar vértices de la ciudad que han sido menguados. Se trata de un espacio fundamentalmente social, y que por ende no puede ser predeterminada de antemano ya que es producida y construida por las interacciones sociales cotidianas que se dan dentro de un contexto político, ideológico, social y cultural determinado; es por ello que hablar de ciudad nos remite a hablar también de democracia. La ciudad es, finalmente, un organismo complejo donde la imagen de felicidad no es más que un sofisma que atenúa las tensiones que la vida social produce dentro de lo urbano.

 

La cotidianidad es la vida de la ciudad

 

La vivienda, la movilidad, los servicios públicos, las infraestructuras públicas, los equipamientos, y demás aspectos característicos de las ciudades se encuentran en constante interacción y resuelven, en diferentes medidas, problemáticas asociadas a lo urbano. Sin embargo, la realidad cotidiana, manifiesta de diferentes maneras a lo largo del territorio urbano, queda desvanecida ante los ejercicios de planeación, superando rápidamente las acciones planteadas por las instituciones desde la formalidad. Esta realidad es la que se vislumbra, tornándose discusión en los escenarios públicos que la ciudad –planeada o no– permite sean permeados por la cotidianidad y las tensiones de la vida que fluye a su interior.

 

En este sentido, la vida urbana también es el encuentro entre las distintas ciudadanías o sujetos urbanos cuya mayor actividad se da en los espacios abiertos como el lugar ideal para el desarrollo y consolidación de la democracia. Es así que el espacio público, ideológicamente hablando, es utilizado como herramienta homogeneizadora de la población, bajo paradigmas como la cultura ciudadana, que establece unos “usos adecuados”, normalmente relacionados con el mero tránsito o paso de peatones, espacio que es reforzado por estructuras físicas que no incluyen lugares para la permanencia o la contemplación.

 

Habitar el espacio público en los diferentes modelos de ciudad

 

El espacio público como lugar de reunión, es un escenario que se complejiza a partir de las diferentes prácticas y usos que le dan, y en esa medida constituye un espacio de encuentro que pone de manifiesto las diferencias y consensos entre la sociedad que acude al mismo.

 

Sin embargo, por lo menos en las actuales ciudades de Latinoamérica, la concepción del espacio público es cada vez más condicionante, lo que obliga a la ciudadanía asistente a replegarse a ciertas prácticas, omitiendo la diversidad en las representaciones culturales que a éste se remiten. Este tipo de espacio público fomenta la segregación, en tanto se construyen espacios para niños (parques) y ciclistas (ciclorutas), pero pocas veces espacios donde diversos sujetos (ancianos, niños, mujeres, estudiantes y deportistas) puedan convivir y encontrarse.

 

En lugar de generar un espacio público abierto, universal y accesible, un espacio que permita construir la colectividad y afianzar la posibilidad de establecer consensos ante las tensiones que resaltan en éste, el espacio público ha terminado por ser convertido en la herramienta propicia del mercado inmobiliario para potenciar sus propuestas urbanas caracterizadas, principalmente, por ser cerradas, focalizadas, conservadoras y aisladas, evitando así que la ciudad sea un espacio generador de experiencias desde el encuentro entre diferentes actores urbanos

 

Un ejemplo concreto de este análisis es el que surge de la vivencia en la ciudad con los centros comerciales o rascacielos, donde el espacio tejido con la ciudad está estrechamente vinculado a las actividades económicas que estos ofrecen. Es así como edificios como el BD Bacatá en Bogotá, o los centros comerciales en general, son una especie de coraza que no ofrece un relacionamiento con la ciudad distinto a una experiencia de consumo, a pesar de las grandes áreas y servicios urbanos que ocupan.

 

Este es el nuevo espacio público, que reemplaza las aceras y plazas por corredores y pasillos entre una multiplicidad de almacenes, un espacio que llama al consumo y a la individualidad. Un espacio que logra estructurar un escenario silenciador de las tensiones y, en consecuencia, de la posibilidad de consensuar sobre las mismas, un espacio que actúa en contraposición a las múltiples formas de tejer el territorio desde dinámicas participativas, como destaca en acciones de mejoramiento de barrios en Medellín o Bogotá.

 

Estamos entonces ante una opción para la ciudad, la cual sigue siendo una extensa malla de relaciones físicas y sociales, y que es el enclave territorial que precisa repensar su forma y relación en torno a lo colectivo y lo común. Ciertamente, el espacio público es ese hilo conector que permite abrir el encuentro en una ciudad atiborrada de construcciones, lo cual implica que estas conexiones superen la noción meramente funcional de la circulación de sus habitantes.

 

Es decir, el espacio público debe permitir organizar la vida colectiva y la reinterpretación de la ciudad a partir del reconocimiento de las diferentes representaciones culturales y políticas de la sociedad, de manera que la experiencia en lo urbano sea un ejercicio activo de apropiación que responda a las necesidades de la comunidad, todo ello por encima de los intereses inmobiliarios o económicos del mercado.

 

A partir de esto es necesario que la sociedad cuestione, desde su experiencia urbana, cuáles son las decisiones de ciudad y qué prioridad tiene lo humano, pues el espacio urbano –tal como si fuera un organismo complejo– mantiene una dinámica relacional no solamente dentro de sí, con sus múltiples sucesos, sino hacia fuera, con el espacio rural, del cual percibe una enorme cantidad de servicios sin los cuales sería imposible soportar sus actividades.

 

¿Ciudades más allá del capitalismo?

 

En la medida en que la renta sea lo que determine la construcción de ciudad, los usos colectivos serán desechados y dejados a la deriva. Es por ello que la ciudad es el espacio predilecto para la reproducción del capitalismo, el flujo e intercambio rápido de mercancías y servicios, lo que se pone de manifiesto en la forma como es ocupa el suelo, junto con las lógicas de uso establecidos en estos. Los usos agropecuarios y ambientales o de conservación del territorio, tal como el espacio público, quedaron supeditados a las necesidades de las urbes, de manera que la expansión y el desarrollo de las ciudades suceden a expensas de estos.

 

En este sentido, es necesario enfatizar en que el sostenimiento de las ciudades está estrechamente ligado al funcionamiento de grandes zonas que no son urbanas las cuales permiten el abastecimiento de agua, alimentos y generación de energía, así como de zonas para la disposición de residuos y recepción de vertimientos, entre otros, lo cual representa una dinámica ultra funcional que está a merced de prioridades lejanas a la de fortalecer las dinámicas relacionales entre las personas, la naturaleza y los espacios que habitan, lo que genera un claro desbalance entre las ciudades y las áreas rurales necesarias para garantizar estos procesos.

 

Es en este sentido que la disputa por el territorio es un suceso expandido entre las dinámicas urbanas y rurales-ambientales, disputa reflejada en la generación de conflictos como, en el caso de Bogotá, los que están ligados a la urbanización de los Cerros Orientales y el área rural de la localidad de Usme, o de áreas protegidas como en el Parque Nacional Farallones de Cali, o la ocupación sobre espacios de ronda y su posterior inundación, como sucedió en la cuenca del río Tunjuelo en la localidad de Bosa al sur de la capital del país, o con las viviendas de alto costo en la cuenca del río Bogotá en el municipio de Chía.

 

Bajo el actual modelo económico, la ciudad consume recursos externos y territorio, invade, desplaza, niega, impone; realidad que invita a pensar en nuevas formas de planificarla, gestionarla y construirla, eliminando o disminuyendo las desigualdades territoriales que genera su desarrollo. Es por ello que el encuentro y la interacción entre las diversas ciudadanías y sujetos urbanos también implican el relacionamiento de estos con los sujetos campesinos, los habitantes y cuidadores de áreas protegidas.

 

Los espacios de borde urbano rural, que se vienen consolidando en localidades como Usme y San Cristóbal en Bogotá, por ejemplo, dan cuenta de la posibilidad del encuentro, de la viabilidad de generar espacios públicos integrales donde se armonicen los usos y prácticas urbanas, rurales y ambientales en la ciudad. Prácticas que surgen desde abajo y que reivindican el derecho a la ciudad, a una ciudad diversa e incluyente en donde la experiencia urbana sea resultado de prácticas colectivas.

Publicado enEdición Nº249
El río Samaná, un tesoro oculto que pretenden acabar

“La legalidad de las licencias ambientales, deben ser más que legales con el gobierno, 

legales con la comunidad y el ambiente”, 

Gustavo Wilches-Chaux.

 

Aunque a primera vista no parece así, y aunque nunca es reconocido por sus impulsores, la construcción de represas representa un riesgo inminente tanto para los ecosistemas como para las poblaciones asentadas en tales territorios.

 

El reclamo que actualmente elevan las poblaciones en defensa de sus territorios, a través de diversidad de consultas populares, refleja que más que un progreso impuesto, estas prefieren conservar el medio ambiente, al tiempo que les respeten el derecho a vivir en paz.

 

Tales son las exigencias de los pobladores afectados con la central hidroeléctrica Porvenir II que pretenden construir en el río Samaná una obra que, además de generar un importante desplazamiento de personas (re-victimización de población retornada), atenta contra un ecosistema valorado como único por su riqueza biológica, y de importancia para la conservación de especies endémicas con presencia en esta región del país.

 

“Más vale prevenir que curar”

 

Colombia cuenta con 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas, ubicándose, después de Brasil, en el segundo país con mayor número de especies de peces de agua dulce; asimismo ocupa el segundo puesto entre los países más biodiverso del mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el 25 por ciento de los peces del mundo (incluidos los peces marinos) están en territorio colombiano.

 

La conservación de estas especies, en palabras del profesor Jaime Aguirre Ceballos, es prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad total del país y del mundo, sino también por “su importancia socioeconómica y de la seguridad alimentaria de amplias zonas del país y, generalmente de aquellas de mayor pobreza”.

 

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional determinó que los peces en los mares y ríos colombianos han disminuido a una tercera parte en la última década, en comparación con la cantidad de los mismos en los años 70 del siglo XX. Las causas, según varios autores, son atribuidas a diferentes fenómenos como la deforestación y transformación de ecosistemas, la construcción de represas, la minería y contaminación con mercurio, así como la sobreexplotación pesquera.

 

Comprendiendo que los planes para la conservación de los hábitats, y de quienes los habitan, deben ser integrales, aquí en este artículo se abordan únicamente los temas de transformación de los ecosistemas y construcción de represas por su carácter urgente y, sobre todo, porque son prevenibles.

 

A diferencia del resto de causas que podrían entenderse como enfermedades ya adquiridas, y que deben tratarse desde políticas de salud animal en general, la construcción de más represas aún puede prevenirse. La vitalidad de nuestros ecosistemas depende de nuestro cuidado. Como bien hemos aprendido desde la misma medicina: “más vale prevenir que curar”.

 

El río Samaná, el último río libre y limpio de Antioquia



De los 8 ríos principales y 125 afluentes que recorren el departamento de Antioquia, el río Samaná es el único en su magnitud que cumple con dos condiciones: no estar obstruido por represas y estar limpio; su historia reciente, marcada por la presencia sobre su cuenca de actores armados, y su ubicación geográfica, lo han conservado como un joya intacta en medio de la devastación ambiental: La totalidad de ríos que conforman su cuenca han sido intervenidos con hidroeléctricas, a saber, los ríos Guatapé, Nare, San Carlos, Cocorná, Caldera y Santo Domingo.

 

Es esta realidad la que le otorga mayor importancia al cañón del río Samaná, ya que tiene la particularidad de ser un ecosistema valorado cómo único por su riqueza biológica y de importancia para la conservación de especies endémicas de Colombia, específicamente de la región del Magdalena Medio.

 

Es así como el Río Samaná es actualmente un refugio de conservación de las especies del Río Magdalena, el cual registra, con 53, la mayor cantidad de especies de peces amenazadas en el país. La declinación de sus pesquerías ponen en evidencia esta amenaza: “En los últimos 40 años se ha registrado un descenso cercano al 90 por ciento de las capturas, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 a finales del siglo pasado”.

 

Por su parte, en la cuenca del Río Samaná se han detectado 30 especies de peces que se encuentran en algún estado de amenaza: En peligro crítico (1), en peligro (4), vulnerables (11), casi amenazadas (10), preocupación menor (2) y no aplica n/a (2). De estas 30, quince especies son migrantes y 24 son endémicas de Colombia. (Ver tabla 1).

 

Una realidad con afectación inmediata y de alto impacto también en lo económico y dieta alimenticia, pues para el 90 por ciento de los pobladores del cañón del Samaná la pesca es parte fundamental de su actividad económica, además de ser su base nutricional. Los habitantes del cañón están distribuidos en 35 veredas pertenecientes a 4 municipios (sólo considerando los de la parte alta del cañón). San Luis (10), San Carlos (11), Caracolí (5), puerto Nare (9), adicional de dos centros poblados: Puerto Garza (Narices) y La Pesca.

 

Además, y más allá de las especies acuáticas, la intervención del río para construir en su lecho una represa, también afectaría de manera grave otras especies que habitan su cuenca. Según un reporte de investigación realizado con el apoyo de diferentes organizaciones, se han registrado en la zona 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica). Con el embalse, se talarían más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos).

 

Las represas no son sinónimo de energías limpias

 

La construcción de represas genera una transformación de los ecosistemas, con la cual, tanto las especies de peces migrantes como no migrantes sufren un proceso de desplazamiento o adaptación a los nuevos hábitats.

 

Al modificarse los ecosistemas cambian las dinámicas del entorno por lo que podría ocurrir un desplazamiento o, en el peor de los casos, extinciones locales de las especies nativas; riesgo que se acrecienta con la llegada de otras especies que se acondicionen mejor a estos nuevos ambientes y que entran a competir con las especies locales.

 

Tal fue el caso con el ya extinto Runcho (Rhizosomichthys totae) en la laguna de Tota. Tras la introducción de la trucha arcoíris en los años 50 y otras especies foráneas que le sirvieran de “forraje”, se produjo la desaparición de esta especie por competición ecológica. Lo que confirma, una vez más, que la evolución de las especies que tan sabiamente identifico y procesó Darwin no es un cuento.

 

Para el caso del Río Samaná, las especies de peces que más se verían afectadas con la construcción de la represa serían las migratorias, ya que el levantamiento de paredes y otros obstáculos de cemento forrado implica un obstáculo en sus ciclos de vida naturales. De las 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas en Colombia, 106 son especies migrantes: aquellas que hacen desplazamientos a través de los ríos principales y/o tributarios de Colombia; algunas de ellas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), entre otras especies de importancia económica y alimentaria, migran en periodos cíclicos, lo que conocemos como las “subiendas” y “bajanzas”; Estas migraciones han potenciado la cultura nacional, tal es el caso de las fiestas del Bocachico celebradas en Puerto Garza, en el municipio de San Carlos.

 

De estas 106 especies migratorias, 15 recorren las aguas del Samaná (de las 30 registradas en amenaza para esta cuenca). Peces migrantes como la Dorada, Jetudo (pataló), Sabaleta, Picuda, Bocachico, Comelón, Vizcaína, Bagre, Capaz, Nicuro, entre otros, tenderían a desaparecer tanto río arriba como río debajo de la represa.

 

El ciclo de vida de estas especies migratorias se caracteriza por migraciones masivas o de pequeños grupos, dependiendo de la familia; las cuales parten desde las ciénagas donde se crían, hasta las cuencas altas donde se reproducen y desovan. Al interponer una barrera en sus travesías quedan bloqueadas, y se fragmenta el hábitat, quedan aisladas las especies nativas y transformado el flujo natural de los ríos. Todo esto se refleja en que los peces río abajo dejan de remontar sus aguas (por falta de sedimento, y/o alimento, represado en el embalse, o bien porque la variación de las corrientes (geomorfología fluvial) no coincide con el patrón de comportamiento de nado de estas especies. Asimismo, río arriba también queda interrumpido su ciclo reproductivo, por lo que no abrían condiciones apropiadas para el desove e incubación de los huevos, lo que terminaría en posibles extinciones locales de estas especies. Toda una catástrofe para la naturaleza, que no es ajena a nosotros pues somos parte de ella, es decir, todo un desastre para nosotros como especie, a pesar de que algunos empresarios se llenen sus bolsillos con la energía que venderán.

 

Además de fragmentar el hábitat, transformándolo en otro, hay una ruptura en la intercomunicación de diferentes ecosistemas, con lo cual serían afectadas no sólo las especies migrantes sino todas. Muchas especies, por ejemplo, que no son migrantes y viven en las cuencas altas dependen indirectamente de las ciénagas, pues depredan las especies que migran desde allí en las “subiendas”.

 

En intentos por mitigar estos impactos, algunas hidroeléctricas han dispuesto rampas o pasajes para peces migratorios que reconecten las rutas interrumpidas por la represa, sin embargo hasta la fecha no han sido exitosas.

 

Por su parte, según advierte El Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, “llama la atención que a pesar de la enorme diversidad íctica, el país no cuenta con Parques Nacionales Naturales que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación, así como tampoco existen áreas protegidas dedicadas específicamente a su protección y aprovechamiento sostenible”.

 

Si gana el medio ambiente ganamos todos

 

No es válido hablar de progreso si éste conlleva repercusiones tan negativas en los territorios. La ciencia y tecnología han demostrado que estamos a la altura de generar progreso en las regiones, en conciliación con las comunidades y el medio ambiente. Asunto que parece no interesarle al gobierno, ni a Celsia (Filial de Grupos Argos y promotores del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II), Su sordera ante las reiteradas inconformidades de la comunidad afectada es notable.

 

Pero se hace camino al andar. Como alternativa al impacto negativo que produciría la represa, la Fundación Yumaná propone la creación del Parque Río Samaná, donde se promueva “un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, haciendo provecho de los recursos naturales, culturales y arqueológicos”. Su pretensión es combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”.

 

La propuesta invita a la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, en donde se desarrollen “estrategias de inclusión socioeconómica”, convirtiéndose este en un “referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz”.

 

Es una propuesta, pueden levantarse otras, lo importante y urgente es reconocer que está en nuestras manos abogar por la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria; y que para salvar al Río Samaná es necesaria la movilización social, a la par de acciones jurídicas y de propuestas creativas alternas y realmente amigables con el medio ambiente y las comunidades allí asentadas. La apuesta está en construir el bienestar futuro a partir de un modelo social participativo, consciente y en armonía con nuestro más preciado tesoro: nuestro medio ambiente, para así lograr vida digna para todos y todas.

 

 

 

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