Águilas Negras amenazan a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode)

La continuidad del terror. Apenas se asoman los primeros días del mes de septiembre y como en meses anteriores, son las amenazas las principales protagonistas en la continua proliferación del terror y el miedo ante el conjunto del movimiento social y sindical en Colombia.

El tres de septiembre Nelson Alarcón (presidente de Fecode) acompañado del comité ejecutivo de la Federación y de Diógenes Orjuela (presidente de la Central Unitaria de Trabajadores), se pronunciaron en rueda de prensa ante las amenazas recibidas de parte del Bloque Capital de las Águilas Negras en contra de integrantes del comité ejecutivo de la organización de maestros y maestras más grande del país.

Las amenazas fueron enviadas al correo electrónico de la Secretaría General de la organización en la noche del día lunes 2 de septiembre y en la mañana del martes 3. Los panfletos se presentaron ante la iniciativa de la “Caravana por la vida, la paz y la democracia”, por realizarse durante los días 6, 7 y 8 de septiembre del año en curso.

La caravana pretendía movilizar a un importante conjunto de maestros y maestras de la federación, provenientes de distintas regiones del país (tales como Nariño, Putumayo, Casanare, Cundinamarca, Huila, entre otros), para dirigirse al corregimiento de Toez (Cauca), para denunciar y visibilizar la grave situación de derechos humanos que padece Colombia.

En medio del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales que no para en Colombia, este proceder es preocupante, pues como lo dejó claro el presidente de Fecode: “En miles de veredas del territorio colombiano, los maestros y maestras son la única presencia del gobierno y del Estado; hoy nos están asesinando y amenazando, desafortunadamente en los últimos 25 años van más de mil maestros y maestras asesinadas, y en lo trascurrido del 2019 son casi 700 compañeras y compañeros amenazados”.

Una grave situación que no parece tener límite ni acción eficaz para romper la impunidad que la ampara.

En tal circunstancia, la acción del cuerpo docente tenía una gran significancia pues retomaba la acción política solidaria, colocándola por encima de las reivindicaciones económicas y/o gremiales. Un importante avance del movimiento social colombiano que, por el momento, queda truncado por la acción intimidatoria y violenta de agentes clandestinos amparados bajo la “franquicia” Águilas Negras”.

El reto queda abierto. Ahora le corresponde al magisterio concitar al conjunto del movimiento social, para que entre todas y todos, como una sola voz, realicen una inmensa caravana hacia el Cauca, cuyos pobladores padecen ahora la multiplicación del conflicto armado, además de históricas problemáticas que el Estado se niega a resolver de manera efectiva, entre ellas, el derecho a la vida y el acceso a tierra para los pobres del campo.

 

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Puerto Rico: ¿Por qué esta vez el pueblo triunfó?

Los puertorriqueños recién descubrimos que somos capaces de poner y quitar gobiernos. Con persistencia, determinación y, sobre todo, imaginación es posible alcanzar objetivos importantes.

​Sobre el movimiento popular que en dos semanas logró sacar de su puesto al gobernador Ricardo Rosselló, se escribirán ensayos y libros en los próximos meses y años. A modo de agenda para esos trabajos, resumo aquí los elementos que definieron este movimiento.

—Masividad: El movimiento popular que advino victorioso comenzó como un pequeño grupo de “indignados”. Similar a los jóvenes que recibieron ese calificativo en diversas ciudades europeas hace algunos años, denunciando en sus protestas a los culpables de la crisis financiera que comenzó en 2008, un grupo de jóvenes boricuas comenzó a vocear su indignación frente a la mansión de gobierno una vez Ricardo Rosselló se vio obligado a regresar de un viaje de vacaciones a Europa.

Días antes, varios integrantes del gabinete gubernamental habían sido imputados de corrupción y se habían dado a conocer algunas páginas del chat vergonzoso. Aquel grupo no era numeroso, pero la indignación que demostraban era compartida por muchos. Eso quedó demostrado muy pronto cuando los indignados crecieron hasta el desborde. Cuando las calles de la capital no fueron suficientes para recoger a los que querían manifestarse, las marchas y protestas aparecieron en prácticamente todos los municipios.

No es arriesgado decir que más de un millón de personas -más o menos la mitad de la población adulta de la isla- de alguna manera se unió a los reclamos. Como quedó demostrado, cuando un movimiento alcanza ese nivel de masividad termina imponiendo sus objetivos.

—Espontaneidad nacida de la experiencia: ​Muchos de los análisis que se han hecho destacan la espontaneidad como una característica definitoria del movimiento y, sin duda, hubo mucho de eso. Las actividades se convocaron y se celebraron sin que una organización o persona conocida hiciera el llamado. Tampoco estaba muy definido el contenido de la actividad ni cómo terminaría. Pero junto a esa espontaneidad siempre refrescante, ha estado la experiencia ganada en otras luchas.

Entre los convocantes y manifestantes, estaban los actuales estudiantes o recién egresados de las universidades que tienen una gran experiencia de lucha acumulada; los trabajadores y sus sindicatos también curtidos en la calle, que pusieron a disposición del movimiento equipos de sonido y otros recursos muy útiles. Estuvo la capacidad de movilización de los grupos feministas, que han estado dando luchas importantes en los últimos años y que, como resultado de esas luchas, figuraron de manera prominente en las conversaciones del chat. Junto a estos grupos también es pertinente destacar a la comunidad LGBTT, con experiencia en estas luchas y también protagonista del chat infame. Y, de manera destacada, hay que mencionar a nuestros artistas, en particular los cantantes, que pusieron sus recursos personales y su capacidad de movilización al servicio del movimiento.

​Esa mezcla de espontaneidad y experiencia se convirtió en la fórmula de la victoria.

—Acumulación de agravios: ​Muchos análisis, particularmente los de medios extranjeros, destacan que el chat vergonzoso apareció al final de una larga lista de eventos, como la clásica gota que colma la copa. Antes llegaron los arrestos por corrupción y las mil historias que se divulgaron en la prensa sobre el saqueo de fondos públicos. El gobierno de Rosselló poco a poco fue retratándose como uno en el que no existe frontera alguna entre el saqueo y la gestión pública. El chat confirmó esa percepción.

Pero antes de todo eso, estuvo la experiencia del huracán María y la negligencia criminal del gobierno cuando cesaron los vientos. No es casualidad que la cifra de muertos posterior al huracán -4,645- estuviera en muchos de los letreros que portaban los manifestantes. Esa acumulación de agravios conformó un coctel explosivo que estalló en las calles de nuestro Viejo San Juan.

—Las redes sociales: ​Entre los muchos textos y mensajes que se han escrito sobre esta experiencia recuerdo uno que se preguntaba qué distinto le hubiese ido a la generación de mi juventud, la de 1960 -que también se tiró a la calle y protagonizó luchas importantes contra el militarismo, la guerra de Vietnam y muchas otras causas-, si en aquellos tiempos hubiésemos tenido a nuestra disposición la maravilla comunicativa del internet y las redes sociales.

En estos últimos días, vimos cómo éstas jugaron una función fundamental en el diseño de eventos y la movilización.Antes, para comunicar una actividad había que recurrir a la prensa escrita o la radio (casi siempre enemiga) o, como dicen en Cuba, a “radio bemba”, la comunicación personal. Ahora vimos en todo su esplendor la capacidad infinita de comunicación y movilización que proveen las redes sociales, porque cualquier actividad se comunica a millones de personas en cuestión de minutos. Tan reciente como hace 20 años, la enorme marcha que hicimos en solidaridad con la lucha de Vieques necesitó meses de organización y comunicación, junto al trabajo de centenares de personas, para que pudiera ser exitosa. En esta ocasión, la actividad del 22 de julio en el expreso de Las Américas se convocó apenas cuatro días antes, sin comité organizador ni presupuesto para la movilización y la propaganda.

—El sentimiento patriótico de nuestro pueblo: ​Dejo para el final el elemento más importante. El estallido de indignación por los abusos del gobierno no se produjo en una muchedumbre, sino en un pueblo que tiene plena conciencia de lo que es y lo que representa. No somos una masa dispersa, sino una nacionalidad muy definida que se comporta con conciencia colectiva y porta con orgullo los símbolos que le unen.

Lo que respondió ante el abuso fue un pueblo organizado. El mar de banderas nacionales que aparecía en cada momento y en cada lugar fue la respuesta espontánea de un pueblo que necesitaba manifestarse para decirle al mundo que estamos muy vivos y que pueden contar con nosotros. En las marchas había estudiantes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTT, viejos, jóvenes, artistas, comerciantes… pero todos estábamos allí porque conformamos un pueblo que tuvo la capacidad de luchar unido.

Ahora, luego de esta pequeña victoria, sabemos de lo que somos capaces.

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Martes, 30 Abril 2019 15:56

El camino de la movilización social

http://laguacharaca.net/politica/en-aumento-cifra-de-asesinato-a-lideres-sociales-en-colombia/

Más allá de lo deseado y soñado con los acuerdos de paz firmados entre Gobierno y Farc, Colombia no logra salir del ciclo de violación a los derechos humanos. Signada por la violencia, la muerte y la exclusión conservan sus dominios; la economía al servicio de los más ricos tampoco deja de ser. Motivos más que suficientes para que la escalada social en defensa de la vida gane nuevos picos en los años que se avecinan.

 

La respuesta del presidente Iván Duque para la Minga indígena realizada en el Cauca a lo largo de cuatro semanas, desnuda la tónica que tendrá el actual Gobierno, a lo largo de su periodo, para asumir las problemáticas sociales: por un lado la solución militarista, por el otro la estigmatización, criminalización, desprestigio y calumnias para quienes osen alzar su voz.

Esto ante lo social. Pero va más allá. Obstaculizar la Agenda acordada con las Farc, y boicotear diálogos posibles de paz, amparado en la “legalidad” –exigencia de sometimiento– es la otra cara de la misma moneda. Más guerra y polarización nacional están en la agenda, la cual ganará nuevos picos en la medida que el país ingrese en el periodo electoral territorial. Polarizar es parte de su estrategia para prolongar su dominio político, económico, militar y control social.

Movilización social, mecanismos para exigir garantías para la vida

La movilización social en Colombia ha sido un mecanismo permanente para la disputa de mejores cocdiciones de vida, así ha sido desde siempre y para todos los sectores sociales negados y/o excluidos. En la última etapa de la vida nacional este recurso también debe emplearse para exigir cumplimiento de lo firmado en protestas varias.

Ante estas constantes, y con la realidad que agobia a la sociedad en general, y a los movimientos sociales en particular, lo que veremos, por tanto, de acá hasta el 2022, será un sinnúmero de protestas sociales contra el gobierno de Iván Duque. Lograr su coordinación, bajo la sombra de una agenda común, sería el reto colecrivo para dejar atrás la dispersión, las agendas corporativas, y pasar a una ofensiva que arrincone al establecimiento.

Cómo no reclamar, cómo no movilizarse, cuando pareciera que son más importantes los problemas externos que los propios. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en sus últimos tres informes referencia la situación de alta complejidad no atendida por la institucionalidad. Por ejemplo, el 28 de febrero en Tumaco (Nariño), se presentó el desplazamiento de por lo menos 190 personas como resultado de enfrentamientos entre grupos armados.

En el Carmen del Darién (Chocó) persiste una grave situación de confinamiento por combates entre la guerrilla del Eln y el Ejército, por lo cual alrededor de 356 indígenas se encuentran prácticamente confinados, con problemas de restricción para su movilidad. Aparte de ello, hay amenazas para quienes denuncian esta situación. Así mismo “[…] se destacan intimidaciones y amenazas por parte del Grupo Armado Organizados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN contra líderes sociales que habitan estos territorios, causando temor en las comunidades […] La presencia de cultivos ilícitos y exposición directa a las hostilidades en la zona dado los intereses de los grupos armados, es un factor que agudiza la situación actual”1.

La situación de confinamiento, según medios de información nacionales, deja cuatro niños muertos. En San Calixto, Norte de Santander, se presenta la misma situación, 2.098 personas (600 familias) se encuentran confinadas, “[…] con restricciones a la movilidad, acceso a medios de vida, seguridad alimentaria, agua y cerca de 250 niños, niñas y adolescentes están afectados en su derecho a la educación […]”2. El día 8 de marzo, dos días antes de empezar la Minga por la vida, en Norte del Cauca fue asesinado el líder indígena Nasa Alexander Cunda en zona rural de Miranda. Entonces, frente a este panorama surgen preguntas como ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Cuáles son las medidas preventivas más allá de la solución militarista? ¿Cuál es el plan para proteger a los líderes sociales? Si la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas para poder prevenir los asesinatos ¿por qué no las atiende el gobierno nacional?

Los ríos de sangre siguen creciendo en Colombia

En materia política, según el informe, ¿cuáles son las líneas comunes? Asesinatos de líderes sociales en el post Acuerdo (2018), es una de ellas. Desde la firma del Acuerdo de paz en 2016, hasta el 31 de julio de 2018, fueron asesinados 343 líderes y defensores de derechos humanos. Los picos más altos de asesinatos se presentaron en los periodos pre y post electorales, especialmente en el proceso del plebiscito por la paz en octubre del 2016, el inicio de la campaña electoral en 2017 y la primera y segunda vuelta presidencial –mayo y junio del 2018.

La violencia política en el post acuerdo se manifiesta en 27 de los 32 departamento del país. Como plantea la Defensoría del Pueblo (2019), los departamentos más críticos son: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Nariño, Chocó, Arauca y Córdoba. Esta situación, de alta complejidad, pareciera no tener prioridad dentro de la agenda presidencial, legislativa y judicial del país. Lo más preocupante, como lo plantea el informe, tiene que ver con la impunidad que prevalece, la falta de medidas de protección y la omisión frente a los atentados contra el derecho a la vida de los líderes sociales. Los municipios con más ocurrencia de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son Corinto y Caloto (norte del Cauca), Tumaco (Nariño) y Riosucio (Chocó)3.

El problema estructural del uso de la tierra

Otro factor que alienta las movilizaciones sociales tiene que ver con el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Los campesinos cultivadores de coca, agrupados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) anuncian protestas por el incumplimiento en este tema y por el planteamiento de retornar a las fumigaciones con glifosato4 como único mecanismo para combatir el narcotráfico.

El problema de la economía del narcotráfico y las rentas que esta produce tiene varias lecturas. Los cultivadores están en la base más primaria de la producción y son personas predominantemente campesinas, que acuden a esta economía por falta de garantías para desarrollar otro tipo de actividad agrícola. El aislamiento geográfico, la falta de infraestructura, el acceso restringido a mercados, la falta de asistencia técnica y la violencia en las áreas rurales, crean las condiciones para que se mantengan los cultivos de uso ilícito.

En el punto 4 de los Acuerdos de paz –referente a los cultivos de uso ilícito– está la solución básica a la problemática: la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante la “transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas y la generación de condiciones de bienestar para las comunidades […]”5. Esto se lograría con acuerdos de sustitución y no resiembra, planes de asistencia inmediata (planes de seguridad alimentaria), con la reforma rural del campo colombiano, más presencia del Estado desde una visión social y no militarista, y con una planeación participativa.

Según el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), la siembra de cultivos tuvo un incremento del 17 por ciento para diciembre del 2017, alcanzando 171.000 hectáreas. Los departamentos más afectados son Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca; territorios donde también, por demás, se presentan los picos más altos de violencia política, confrontaciones entre grupos armados y disputas sociales.

Avanzar en la defensa de la vida

En Colombia no existe la posibilidad de la participación social desprevenida y el ejercicio de la protesta sin ser amenazado o asesinado, lo que desprende un reto por encarar por parte de los movimientos sociales: la defensa de la vida y demas derechos humanos. Aunque vivimos en pleno siglo XXI, esta agenda nos regresa a realidades de los siglos XIX y XX, de tal tamaño es nuestra problemática. Precariedad social y política agudizada por gobiernos autoritarios, como el actual, convencidos que “la letra con sangre entra”. Todo un exabrupto que legitima la protesta social, cada día más necesaria para que la violencia no avance y para que la democracia tome realmente forma entre nosotros.

 

1 Ocha. (2019). Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)-Transfronterizo. Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/flash-update-no-1-%E2%80%93-colombia-desplazamiento-masivo-en-tumaco-nari%C3%B1o-0
2 Ocha. (2019). Confinamiento en Jiguamiandó- Carmen del Darién (Chocó). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/confinamiento-en-jiguamiand%C3%B3-carmen-del-dari%C3%A9n-choc%C3%B3
3 Defensoría del Pueblo. (10 de enero de 2019). “El riesgo de los defensores de derechos humanos merece mayor atención del Estado” Defensor. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7716/%E2%80%9CEl-riesgo-de-los-defensores-de-derechos-humanos-merece-mayor-atenci%C3%B3n-del-Estado%E2%80%9D-Defensor-Defensor-del-Pueblo-Carlos-Negret-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos.htm
4 Prohibido a nivel mundial por sus afectaciones a la salud y el medio ambiente.
5 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016). El Acuerdo Final de Paz. La oportunidad para construir paz. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf
* Sociólogo e Investigador Social de la Violencia Política y el Conflicto Armado Colombiano. Estudiante de Maestría en Sociología Universidad Nacional de Colombia. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Referencias

Cinep, CCJ, IEPRI y otros. (2018) Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Recuperado de https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/655-informe-cuales-son-los-patrones-asesinato-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo.html
OCHA. (2019). Restricciones al acceso en San Calixto-Catatumbo (Norte de Santander). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-flash-update-n%C2%B0-1-restricciones-al-acceso-en-san-calixto
UNODC. (2018). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 resumen ejecutivo. Recuperado de https://www.unodc.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=yzhySxvtKYjUTFRsbyQkH0eDCzNasoTxV8ZTl_7ecP0,
El Espectador. (12 de marzo de 2019). Mueren cuatro niños en Chocó a cauca del confinamiento. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mueren-cuatro-ninos-en-choco-causa-del-confinamiento-video-844524

Publicado enEdición Nº256
Martes, 30 Abril 2019 10:43

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 07:54

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

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De la Minga del Cauca a la Minga Nacional

El 27 de marzo, luego de 18 días de desarrollo de la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” con epicentro en el departamento del Cauca y el suroccidente del país, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), acompañada por múltiples organizaciones del país realizó un llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo ejercicio a nivel nacional? ¿Logrará dar un aire a la Minga del suroccidente? ¿Qué pasará con el paro nacional previsto para el 25 de abril?


Tras más de 18 días de Minga ininterrumpida y más de 15 días del cierre de la vía Panamericana por parte de no menos de quince mil personas, el levantamiento social liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)* tiene un balance confuso y un desenlace difícil de prever.


En territorio es evidente la potencia de las comunidades a la hora de movilizarse; sorprende, asimismo, que sin una agenda preparada con encuentros previos que llamarán a múltiples sectores a discutir y así lograr una preparación de la movilización con visión integral y de largo plazo, la Minga avance con un escalonamiento de lo regional a lo nacional, que con el llamamiento de la Onic es inocultable. Sin embargo, aún no se alcanza a ver un cuerpo social y político que jaquee al gobierno de Duque, pues muchos sectores –incluidos los indígenas– tenían previsto un paro nacional para el 25 de abril (ver recuadro), lo que genera que la potencia de la Minga tenga límites y no aglutine a toda los movimientos sociales, menos al llamado país nacional, pues las razones de la movilización, sus objetivos y métodos aún no permean al conjunto del país.


Breve balance de la Minga hasta el momento


El ambiente en el departamento del Cauca cada día se caldea más, producto de la parálisis de la vía Panamericana, lo que genera conflictos con los sectores económicos de la región que días atrás –25 de marzo– se reunieron con el Centro Democrático y abrieron discusiones en torno a la “concentración de tierras por parte de los indígenas” así como sobre “la protección de la propiedad privada”, discusión que seria llevada al Congreso de la República para ser sustentada por la bancada uribista, que no ahorró palabras para asegurar que la Minga “está infiltrada por actores al margen de la ley”, estigmatizando, deslegitimando y criminalizando a los indígenas y campesinos que están movilizados.


Alzamiento indígena que reclama negociación directa con el jefe de Estado, la que al ser negada ha llevado la negociación a un callejón sin salida que no permite prever un desenlace próximo. Puja entre fuerzas sociales y el poder tradicional que domina en el país, que se ve atravesado por la confrontación directa entre quienes bloquean el paso normal de vehículos y las fuerzas armadas del establecimiento, con un saldo hasta ahora de decenas de heridos y no menos de 8 muertos. Como siempre, los reclamantes son los que sufren la mayoría de víctimas. Alrededor de esta confrontación, una ofensiva insurgente encabezada por fracciones de las Farc rearmada turbia el panorama de la región, en especial en los municipios de Caloto, Toribio, Santander de Quilichao, Miranda y Morales.


Tras siete días de negociación y tras la suspensión de la mesa por la retención de un militar infiltrado en las protestas, e identificado como tal por la guardia indígena –que posteriormente sería entregado en perfecto estado de salud–, no se ha logrado llegar a un acuerdo, pues ante la exigencia del cumplimiento de los más de 1.500 acuerdos incumplidos por parte del Estado con los pueblos indígenas y los campesinos del Cauca –que implican erogaciones por cerca de 4,5 billones de pesos–, el establecimiento se mantiene en la posición de no negociar más allá de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde estipulan 10 billones de pesos para los indígenas del país: así mismo, en cuestión de tierras, la Minga exige alrededor de 40 mil hectáreas mientras que el gobierno apenas ofrece 1.500.

Una confrontación de fuerzas reafirmada por parte del establecimiento el 28 de marzo, a través de una alocución presidencial, en la cual Duque reafirmó lo exigido hasta ahora para integrarse a la mesa de negociación: hasta que no desbloquen la vía no se trasladará al Cauca. La respuesta de los indígenas no tardó en llegar, y anunció la decisión de diversidad de pueblos indígenas de empezar de inmediato una Minga nacional: pueblos indígenas Pastos, Quillacingas, Ingas Kamentsa, Pijaos y otros empezaron de inmediato a movilizarse.


Llamamiento a la Minga Nacional propuesta por la Onic


En Bogotá, un día antes de la alocución presidencial, y como parte de la presión indígena para el buen desenlace de este conflicto, el 27 de marzo, la Organización Nacional Indígena de Colombia en rueda de prensa hizo el llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, llamamiento que invita a impulsar lazos de unidad entre todos los pueblos indígenas, así como a diversos sectores como afrodescendientes, campesinos, sectores populares, ambientalistas, estudiantes, para defender la vida.


Para sustentar su llamado, dirigentes de la Onic realizaron un ligero diagnóstico de contexto político indicando que estamos atravesando por una crisis consecuencia de la agudización del “modelo económico, social y político que continúa y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y aumenta la brecha de la desigualdad social”, producto del ascenso de la derecha en la región y en el país, que implican la gestación de guerras para despojar los territorios, violando derechos humanos y atacando las autonomías de los pueblos.


Frente al análisis de nuestro país y el gobierno de Duque, evidencian que hay un alto índice de líderes y lideresas asesinados/as en Colombia con un total de 584 casos entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de febrero de 2019, de los cuales más del 50 por ciento pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuestionan, de igual manera, el modelo del gobierno actual por su ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el rompimiento de diálogo con la insurgencia del Eln, el desconocimiento de los escenarios de dialogo pactados por el Estado con el movimiento social, la militarización de la vida, el impulso de un plan de desarrollo que atenta contra los derechos de salud, trabajo, educación, así como la intensificación del modelo extractivista que destruye los páramos, ríos, boques, vida y existencia de los pueblos.


Ante esto proponen juntar esfuerzos, unir luchas y actuar conjuntamente para “defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas”, impulsando una Minga Nacional (movilización) de carácter político para confrontar al gobierno en el mes de marzo, confluyendo en el mes de abril en el Refugio Humanitario.


Estos son los temas propuestos por la Minga Nacional:


• Defensa de la vida, la paz y los derechos humanos.
• Defensa de los territorios para la vida.
• Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
• Acuerdos incumplidos con el movimiento social colombiano.
• Posicionamiento político y exigibilidad frente Plan de Desarrollo 2018-2022.


Esta propuesta de Minga Nacional trae algunas preguntas para analizar: si el conjunto del movimiento social colombiano se adhiere a este llamado, como coyuntura óptima para impulsar los reivindicado por los indígenas y hacer cumplir las propias, ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las organizaciones indígenas para hacer cumplir todas las exigencias de los demás sectores? ¿Cuál va a ser el escenario de coordinación de esta Minga Nacional? Si lo que se desea es consolidar la unidad. ¿por qué no se ha propuesto un escenario de encuentro que aglutine al conjunto del movimiento social para escuchar de una manera horizontal todas las propuestas y agendas existentes? Al impulsar la Minga Nacional ¿seguirá siendo el Cauca el epicentro de negociación con el gobierno nacional? De ser así ¿esto implicaría que la mesa del Cauca debe cerrarse y por tanto abrir una nueva con negociadores de todos los sectores?


Retos y proyecciones para el conjunto del movimiento social


Aunque estos impulsos de movilización, gestados desde los pueblos indígenas deben ser valorados y apoyados por el conjunto del movimiento social, es necesario que se profundicen las discusiones y debates al interior de estas propuestas pues con más organización y coordinación seguramente este momento estaría posibilitando el encuentro de todas las inconformidades y movilizaciones en una sola agenda, superando así la persistente dispersión que la caracteriza.


En esta lógica, de dispersión y ausencia de coordinación efectiva, hay que ganar consciencia que las luchas parciales, cada una por su lado, no lograrán el o los propósitos que las animan. Una plataforma social común en lo nacional, con funcionamiento simultáneo por diversas regiones del país, es un reto indispensable de encarar, donde el afán de protagonismo, las urgencias particulares, las prioridades políticas, etcétera, den paso a una reflexión y accionar común, con un plan de gobierno alternativo que le evidencia al conjunto nacional que sí existe otra forma de vivir, de construir economía, realizado desde las mayorías y con beneficio para el conjunto social.


Posdata. La paradoja caucana


Vale la pena decir que lo problematizado en el artículo Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?, donde se cuestionaban diferentes aspectos de la realidad de los movimientos sociales en Colombia, entre ellas su perspectiva y valoración del poder en la política actual, queda reflejada con la actitud de la dirigencia del Cric en cabeza del hoy senador Feliciano Valencia, quien se negó a brindar información a nuestro medio sosteniendo que: “si quieren información vayan al Cauca”. De igual manera, ha sido imposible encontrar alguna entrevista con consejeros que se encuentran en la Minga.


Actitud que refleja, o su prepotencia o su errada valoración de los medios de comunicación alternativos, actitud explicativa de la dificultad reinante en el movimiento indígena para construir con ellos agendas comunicativas comunes, como lo ha propuesto nuestros medio desde años atrás.


Actitud displicente con medios alternativos que cambia de manera sustancial al tratarse de las plataformas oficialistas (Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, Semana), en las cuales identifican al poder real. Pareciera ser que los medios populares solo son útiles para que cubran espacios y agendas a las cuales no concurren los medios oficiosos. Vaya paradoja y vaya sentido de la comunicación.


Toda una paradoja caucana, pues desde el Cric siempre se escucha el malestar por la desinformación que generan los medios del establecimiento, los cuales tergiversan información y mienten ante la realidad, pese a lo cual siempre son privilegiados para entregarle información.

Notas


*A la que se sumaron de inmediato los indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu), Organización Indígena de Antioquia (OIA), así como los campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país.

Ver artículo en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36420-minga-indigena-y-popular-retos-y-aprendizajes-el-sur-occidente-colombiano-intenta-poner-freno-al-gobierno-de-duque-lograran-sus-objetivos.html


Fuentes consultadas


https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2884-llamamiento-minga


https://www.onic.org.co/minga/2879-organizaciones-sociales-defensoras-de-los-derechos-humanos-academicos-democratas-humanistas-y-lideres-politicos-exigen-al-presidente-de-colombia-ivan-duque-marquez


https://www.youtube.com/watch?v=zK7xaIOLd8A


https://www.semana.com/nacion/articulo/cauca-cinco-atentados-en-menos-de-12-horas/606941


https://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-puntos-por-los-cuales-se-hace-tan-complejo-que-haya-humo-blanco-en-el-cauca/606965

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430950-indigenas-del-tolima-se-unen-a-minga-nacional-de-reclamacion?fbclid=IwAR3DhpKjchuUqbJYUIDtfJI-WjeBPV6gbPt8mTWqCYkTQifp05WK9nuNFMg

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-minga-no-se-rinde-ahora-convocan-a-los-indigenas-de-todo-el-pais-para-que-se-unan-al-paro/607041


 Recuadro


Entrevista a Jimmy Alexander Moreno, vocero Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular.

El movimiento social y la Minga.

desdeabajo (da). Los días 9 y 10 de febrero, se realizó en la ciudad de Bogotá el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, el cual concluyó con el llamdo a la realización de un paro nacional para el 25 de abril, ¿qué fuerza podrá tener este paro nacional si el movimiento indígena encabezado por el Cric dio un impulso de movilización un mes antes de lo previsto?


Jimmy Moreno (JM). Bueno, ese escenario lo hemos venido valorando, entendiendo la fuerza generada por el proceso de la Minga por la defensa de la vida y el territorio. Entonces, lo que hemos acordado es que estamos en una dinámica en la cual se ha venido avanzando sobre el marco de movilizaciones que están convergiendo sobre una apuesta de país, en donde hemos definido unas líneas temáticas como la defensa de la vida, garantías a los derechos humanos, cumplimiento de los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno, en contra el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas que estamos agitando en todos los procesos de movilización.


Entonces, sobre ese marco, el escenario de paro camina con base en las acciones que definimos a principios de marzo y que tendrá un primer momento de articulación nacional hacia el 25 de abril, entendiendo que muchos procesos entrarían en un momento de desgaste, pero vendrían otros procesos que se suman, por ejemplo están los demás procesos de la Cumbre Agraria, el movimiento sindical, dignidades agropecuarias, entre otros, que estamos apostándole hacia ese marco del 25 de abril para hacer una acción nacional que hemos llamado “Refugio Humanitario”.


da. ¿Quiere decir que en el marco de la Minga Nacional el movimiento campesino no saldría con toda su fuerza?


JM. Lo que hemos conversado con los indígenas es que vamos a acompañar y nos solidarizamos con el escenario de Minga, y si hay posibilidades en algunas regiones de sumarnos pues no nos negamos a eso, pero nosotros tenemos el impulso para continuar en ese ejercicio de movilización hacia finales de abril, para llevar ese escalonamiento de las jornadas de movilización. Sobre esa base vamos moviéndonos, aunque vamos haciendo lecturas conjuntas de acuerdo a como avance la coyuntura y todo el escenario de movilización.


da. En los puntos que plantea la Minga se articulan múltiples agendas, por ejemplo, puede verse desde exigencias por la implementación del acuerdo con las Farc hasta la exigencia por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ¿Hasta donde creen está dispuesto a llegar el movimiento indígena para hacer cumplir las reivindicaciones de los otros sectores?


JM. Bueno, eso es un poco lo que le planteaba, es decir, tenemos una agenda de país en la cual todos estamos de acuerdo, pero por distintas visiones políticas, distintas apuestas, no logramos encontrar un escenario de movilización, pero entendemos que todos compartimos casi que los mismos criterios políticos. Entonces, sobre esa base creemos que es importante recoger todos esos escenarios y hemos visto que el Cric y la Onic siempre han estado abiertos a invitar a que el movimiento social acompañe sus movilizaciones y, por ejemplo, esta vez en el suroccidente del país están movilizados el Congreso de los pueblos-CNA, Marcha Patriótica, Fensuagro, Pupsoc y otros movimientos campesinos que se han articulado a esa agenda del movimiento indígena, lo que favorece el fortalecimiento de la movilización y de la misma estructura de unidad. Entonces, sobre esa base estamos mirando el escenario nacional, cómo convergemos en líneas políticas, pero entendiendo que la movilización va a ser escalonada.

da. Teniendo en cuenta la lógica de incumplimientos a los acuerdos firmados con organizaciones y con la misma implementación de los acuerdos con las Farc, el conjunto del movimiento social se encuentra en un espiral de negociación-movilización-incumplimiento-movilización-renegociación, ¿cómo se puede negociar de una manera diferente con este Gobierno, sin volver a caer en lo mismo?


JM. Digamos que los acuerdos que se han firmado desde el movimiento estudiantil, sindicatos, Cumbre Agraria, movimiento indígena, afros, camioneros, entre otros sectores, son valorados como algo no valido por parte del gobierno Duque; entonces, sobre esa base creemos que es a través de la movilización permanente con las cuales podremos obligar al Gobierno a que cumpla lo acordado.


Por ejemplo, con la Cumbre Agraria tuvimos un primer escenario de sentarnos con la ministra del Interior, e hicimos una agenda para volver al escenario de negociación en la Mesa Única Nacional, pero no podemos volver a caer en esa discusión técnica, sino que entendemos que debemos dar una discusión más de fondo y más política, pero es a través de la calle y la organización social que podemos avanzar en esos procesos de negociación.


No vemos otra forma de realizar lo acordado; el gobierno ha mostrado poca voluntad y además a mostrado su talante guerrerista, entonces estigmatiza, criminaliza la protesta, da un tratamiento militar a la movilización. Ante esta realidad es que nosotros decidimos fortalecer nuestros procesos organizativos, fortalecer la movilización social permanente, y también generar mecanismos de autoprotección, por lo cual avanzamos en los temas de guardias campesinas, indígenas y cimarronas, como mecanismo de protección y defensa de los territorios.


Pero también hacemos una reflexión: que si bien desde lo político y lo reivindicativo tenemos unas agendas y mecanismos de negociación con el gobierno, nuestra apuesta, desde nuestra visión de poder, va mucho más allá. Entonces, sobre esa base, estamos reflexionando en cómo avanzar en el fortalecimiento de nuestros gobiernos propios en los territorios y así consolidar nuestra propuesta de país desde nuestras visiones, que van más allá de seguir en el ciclo de movilización y generar negociaciones.

 

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Incertidumbre eléctrica y política en Venezuela

La ciudad de Caracas quedó dividida por zonas que se dan la espalda en lo estético y lo político: el chavismo, de color rojo, y la oposición, vestida de blanco.

La noche del viernes a sábado trajo cierta tranquilidad en Venezuela. La electricidad regresó en un 70 por ciento del país luego de más de 24 horas de corte. En cada hogar se repitieron los mismos gestos de enchufar neveras, teléfonos, comunicarse, abrir canillas para que salga agua que mandan las bombas eléctricas. En la mañana las colas se multiplicaron para comprar comida que, bajo impacto de hiperinflación, exceden los montos de dinero disponible en efectivo. Cuando la normalidad ya parecía un hecho volvió a irse a luz. Eran las once y media de la mañana del sábado.

A esa hora la oposición ya estaba concentrada en la avenida Victoria, en Caracas, para la movilización convocada por Juan Guaidó el pasado lunes, cuando regresó al país luego de haber estado en Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Era la principal actividad en agenda luego de una reunión con algunos sindicatos de la administración pública realizada el martes.

El chavismo por su parte iniciaba su concentración en el centro-oeste caraqueño para dirigirse hasta el Palacio de Miraflores. Fechas como la de este 9 de marzo –el cuarto aniversario del decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria– suelen ser una demostración de fuerzas, de imágenes, donde la ciudad queda dividida por zonas que se dan la espalda en lo estético y político: el chavismo, de color rojo, la oposición vestida de blanco. El corte de clases es marcado, con una mayoría de sectores populares y algunos de clases medias en el chavismo, una proporción invertida en la derecha.


Las movilizaciones se desarrollaron en el contexto del nuevo apagón, sus consecuentes efectos de cansancio, enojo, incertidumbre, peligro en hospitales y fábricas. La información circulante por redes fue poca, los grupos de WhatsApp quedaron casi inactivos, los hechos, pocos, se corroboraron con el paso de las horas.


Guaidó, quien habló con un megáfono, anunció que convocará a una nueva movilización a Caracas, a la cual no le puso fecha. “Tenemos que ir a la toma y conquista del poder, de los espacios (…) debemos unirnos para venir todos juntos, para que toda Venezuela venga a Caracas. Nos quieren desmovilizar, depende de nosotros”.


El efecto de Guaidó entre sus seguidores fue de receptividad. La tensión se generó con el pedido de “intervención” de quienes estaban allí y la débil respuesta de Guaidó, quien afirmó que podría apelar al artículo 187 de la constitución, que abriría la puerta a una intervención, según dijo, “cuando llegue el momento”. La demanda está instalada con fuerza en sectores de la derecha desde el pasado 23 de febrero, día en que no lograron hacer ingresar los camiones con la ayuda humanitaria.


No solo las bases de la derecha piden una intervención. Algunos dirigentes, como Antonio Ledezma, también. “Vamos pdte. @jguaido solicite formalmente la intervención humanitaria”, twitteó antes de la movilización.


Nicolás Maduro habló poco más tarde frente al Palacio de Miraflores. Informó acerca de la cronología de los cinco ataques, tanto físicos a estaciones de generación, como electromagnéticos a redes de transmisión, y cibernéticos al sistema de control automatizado. Afirmó que el 70 por ciento que se había logrado restablecer el viernes en la noche volvió a ser dañado el sábado al mediodía. Centró las responsabilidades en la estrategia de ataque sobre el sistema eléctrico diseñado por Estados Unidos, la derecha interna, en complicidad con lo que denominó “infiltrados en la empresa”.


Las desconcentraciones de las movilizaciones se realizaron en una ciudad con tranquilidad, intentos de comunicarse entre familias, preocupación ante una posible nueva noche a oscuras con todas sus consecuencias. No se han generado incidentes en las calles luego de dos días de comenzado el #MegaApagon –como figura en tendencia de Twitter– y, no resulta extraño suponer que uno de los efectos buscados por el ataque sea justamente el de volcar a la población a las calles a protestar. Algunas zonas del país no han tenido restablecimiento del servicio desde el jueves.


Se trata de una pulseada por restablecer y estabilizar el sistema eléctrico –que presentaba dificultades con anterioridad en diferentes partes de Venezuela– disminuir los daños encadenados que trae el corte nacional prolongado. Se puede anticipar que los sabotajes seguirán y se ampliarán, tal como anunció Guaidó durante el acto del sábado: “Debemos anunciar con responsabilidad que se transformará en una crisis por la gasolina”.


El finalizar de la tarde trajo incertidumbre respecto a lo inmediato y lo que vendrá en próximos días. La derecha no dio fechas de movilización, y parece claro que la estrategia de desgaste prolongado es una carta que piensan utilizar por sus efectos: genera desgaste, incertidumbre, caotizaciones, y no expone a la misma oposición que niega toda responsabilidad ante los hechos. Uno de los ejes de la disputa se centra así alrededor de la interpretación de los acontecimientos.


Los días han pasado a ser una tensión entre el regreso de la luz y los apagones, la normalización necesaria ante un cuadro inédito de asedio que pone a un país a resistir.

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Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

cuadro p3

 

Publicado enColombia
Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

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Publicado enEdición Nº254
Que lo urgente no impida asumir lo importante

Aunque no corresponde con las dinámicas históricas que nos indican que entre año y año no hay ruptura alguna y que lo que tenemos entre uno y otro mes (diciembre-enero) es continuidad (a no ser que en ese preciso momento del calendario ocurra algo extraordinario, como sucedió el 1º de enero de 1959 en Cuba), pese a ello las dinámicas culturales de nuestras sociedades han terminado por imponer el imaginario de que cada año trae su agenda y sus prioridades.

 

En esta lógica, el año hereda las luchas de movimientos sociales como los docentes de secundaria por su sistema de salud, así como por el cumplimiento por parte del Estado de la agenda firmada por el gobierno Santos. En los meses finales de 2018, Fecode trató de movilizar sus fuerzas, como precalentamiento para la disputa que les espera, sin lograr sintonía con sus bases. Tal vez el cansancio de un año de labores y el deseo de salir a vacaciones produjeron este resultado. Los primeros llamamientos de 2019 indicarán hasta dónde irá esta confrontación.

 

Con un recuerdo fresco de las hojas del calendario caídas hasta el pasado 31, también está la agenda firmada entre las comunidades indígenas y el anterior gobierno (en sus dos períodos). Como las denuncias de incumplimientos por parte de los pobladores del campo son constantes, ¿estarán dispuestos a copar autopistas como un recurso último para hacer valer lo firmado? ¿Estimulará su posible acción, o su pasividad, la decisión que tomen frente a la agenda electoral citada para octubre en todo el país?

 

Como habitantes del campo, en su mayoría campesinos, los raspachines y quienes tienen sembradas en su minifundio unas cuantas cuadras de coca están avisados de que este año, cada vez con más presión, desde el alto gobierno se operativizarán sus efectivos para erradicar por la fuerza estos sembrados, incluido el glifosato. ¿Presenciarán este suceso con pasividad los pobres del campo? ¿O revivirá en el sur del país el movimiento cocalero que años atrás se enfrentó a las políticas de erradicación inconsulta para hacer cumplir lo que sobre el particular quedó establecido en los Acuerdos de La Habana?

 

También con asiento rural, y producto de la decisión de los entes judiciales de que las consultas populares no tienen poder para impedir que la explotación minera tome cuerpo en uno u otro municipio, sometiendo así a los pobladores de gran parte del país al despojo, el desplazamiento; la contaminación de sus aguas, la tierra y el aire; la imposición de un modelo de desarrollo que no comparten, etcétera, queda abierta para esta parte de la agenda social de carácter alternativo el recurso de concentrar fuerzas y centralizar agendas. ¿Tomará cuerpo una coordinadora de todos los territorios afectados por tal decisión? ¿Optará esa coordinadora, de constituirse, por confrontar en las autopistas al gobierno nacional, como último recurso en procura de hacer valer la soberanía municipal sobre la nacional?

 

Las luchas universitarias, para ponerle coto a la desfinanciación de sus centros de estudio, produjeron unos resultados resumidos en el acuerdo firmado con el gobierno Duque en diciembre pasado, cuya valoración es motivo de polémica, y la decisión que sobre el particular tomen los actores sociales será noticia nacional en lo que resta de enero. Pero, más allá de tal particularidad, está a la orden del día el trabajo de potenciar el debate sobre la necesidad de una Universidad –y educación superior en general– gratuita (ver págs. 5-11), como concreción del esencial derecho humano al estudio, de mayor nivel y calidad, de acuerdo con los avances que la sociedad va conociendo. ¿Asumirá este reto el movimiento estudiantil como un solo cuerpo? ¿O, fracturado, producto de las decisiones que tome en las asambleas por celebrarse en estos días, una parte del mismo optará por una agenda pública de amplia actividad y otra por hacerle seguimiento al cumplimiento de lo acordado? ¿Qué sintonía encontrarán una y otra agenda, posibles, en la opinión pública?

 

El desangre del activismo social va pasando de goteo a chorro; a los centenares de activistas asesinados a lo largo de 2018, se suma la decena de los primeros días de enero, contados familiares de los mismos. Como todo año electoral, la acción promete no detenerse: es una acción abierta y despiadada por el control territorial, en lo cual también pesa el Acuerdo firmado con las Farc –como forma de violarlo–, así como la negociación rota en la práctica entre Gobierno y Eln, la que ahora tenía por asiento a La Habana. ¿Soportarán los movimientos sociales este desangre con denuncias y demandas legales? ¿Vendrá –o se incrementará– el exilio como recurso expedito para salvar la vida de algunos o muchos de quienes viven en zozobra ante las amenazas de supuestos grupos paramilitares? ¿Acudirán las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a las instancias internacionales para denunciar al actual gobierno como genocida? ¿Potenciará la acción asesina, en contra de exguerrilleros de las Farc, el crecimiento de sus disidencias? ¿Es esto último lo que buscan quienes están detrás de la acción violenta, como táctica política para denunciar el incumplimiento de lo acordado por parte del otrora grupo insurgente?

 

Las agendas, como se ve, son continuidad de 2018 y mucho más atrás, pues en realidad la lucha por los derechos fundamentales de las mayorías marginadas se prolonga por décadas, viviendo en períodos específicos de las mismas alzas y bajas, o flujos y reflujos.

 

Como se puede ver, todas ellas son fundamentales para la vida –para sobrevivir– pero también para gozarla en dignidad, así como para trascender la democracia realmente existente Y todas ellas demandan que dejen de ser asuntos particulares de sus dolientes, para ser parte de una agenda nacional, coordinada, que las asuma como ingredientes de un proyecto de gobierno alterno, más allá de lo institucional, comprendiendo que sólo desde una agenda alternativa, no determinada por el inmediatismo ni por la institucionalización, es posible salir victoriosos de la arremetida oficial.

 

Queda en todo caso la preocupación de que el único aspecto de la agenda nacional, propio de este año, las elecciones territoriales por celebrarse el próximo 27 de octubre, como efecto del afán por lo estatal que ahora domina entre los sectores alternativos, termine por subsumir y opacar el resto de la agenda social, en ello, los aspectos relacionados pero también otros aquí no enunciados.

 

Como sabemos, la acción electoral es una gran exigente de energía y recursos de todo tipo. Tomar la decisión de que uno u otro activo de un proceso social asuma la candidatura para cualquier puesto de la administración pública implica reuniones de toda clase, en una primera instancia para lograr acuerdos y compromisos con sus pares y similares, y en una segunda y tercera etapas para dar a conocer propuestas y ganar apoyos ciudadanos. Todo un esfuerzo, descomunal, que no por ello –de salir airosa en sus propósitos– garantiza algo efectivo para la sociedad. Ya lo hemos visto: más allá de administrar unos recursos de la mejor manera, paliando las dolencias sociales, poco se puede hacer.

 

¿Persistir en esta ruta pese a los resultados obtenidos? ¿Conservar la constante de responder por reflejo a las iniciativas del establecimiento, lo cual termina por maniatarnos y legitimar aquello que pretendemos destruir? La crisis global que afecta al sistema capitalista indica que la manera más óptima para enfrentarlo es la construcción de una agenda alterna a la oficial, para actuar no por reflejo sino por voluntad propia. Y en esa opción, el centro de la acción pudiera descansar en la demanda de una democracia representativa, y asimismo directa, radical y plebiscitaria. Que la forma –las elecciones– le dé paso a la sustancia –democracia económica, social, ambiental, etcétera.

 

¿Podrán los movimientos sociales colombianos debatir esta realidad en forma desprevenida y con sentido propositivo en los primeros meses de 2019, actuando así para que la agenda heredada no quede sepultada por la institucional, que trae –con sus afanes– el último año de la segunda década del siglo XXI?

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