Viernes, 27 Julio 2018 17:18

Sí existe un sujeto campesino

Sí existe un sujeto campesino

Un debate abierto en Colombia es si el campesinado existe como sujeto con identidad propia. Acá unas ideas sobre el particular, para animar el intercambio de ideas y la construcción territorial campesina.

 

En Colombia ha sido histórico que el campesinado se movilice por la tenencia de la tierra y por trabajarla con fines populares. Sembrado de diversidad de productos que integran la canasta diaria de miles de familias, comercialización en redes locales, junto al despliegue de dinámicas sociales y políticas alrededor de la tierra, cuyo proceso crea otro tipo de relacionamiento entre las personas, con la naturaleza y con el resto de comunidades. Son particularidades de su cotidianidad y de cómo se construye territorio.

 

Son tan variados y extensos los ejemplos posibles de retomar para evidenciar las particularidades de su dinámica, que amerita un escrito extenso. Por ahora, en el presente, podemos mencionar, por ejemplo, el proceso de colonización campesina en los llanos colombianos a partir de los años 50 y 60 del siglo XX, dinámica social que desembocó en la consolidación de cooperativas y asociaciones campesinas con objetivos comunes de vida digna y movilización social contra el Estado1. En el centro del país, sobresale el asentamiento de comunidades campesinas en el Tolima, a raíz de la guerra declarada por el gobierno de Rojas Pinilla, campesinos obligados a conformar gobierno propio y cuerpos armados de protección2. Estas dos experiencias exponen el cuerpo de un sujeto social relacionado con el campo, sin ser indígena o afrodescendiente.

 

Desde su identidad y urgencia de tierra y otros recursos para construir vida digna, hoy en día el campesinado no deja desaparecer su tradición de lucha social por la tierra. Existen organizaciones sociales del sector que trabajan, organizan y se movilizan por el territorio. Asientan lugares propios, donde la cultura, valores, relaciones sociales, prácticas colectivas, instituciones legitimas, modelo de democracia se instalan en la cotidianidad, delimitando un espacio geográfico donde reproducen la vida. Este tipo de construcción de territorio genera unas dinámicas propias, diferenciadas de sectores como el obrero-sindical, estudiantil, Lgtbi, etcétera. Convivir y compartir en el campo, lejos o cerca de la ciudad, es un rasgo característico primario, pero no es el único, pues en materia de organización el método asambleario donde participa la comunidad, bajo el reconocimiento horizontal y respeto de la diferencia, canalizando así la deliberación y búsqueda de acuerdos comunes, define el cómo construir comunidad.

 

Asimismo, el ámbito cultural y económico también definen a este sector con una identidad que se aparta de otras, sin desconocer las hibridaciones con otras comunidades que no habitan el campo. En la economía esencialmente se busca un relacionamiento directo con el consumidor de los alimentos cosechados, a través de mercados organizados en veredas, pueblos o barrios, donde la producción se expone y comercializa dentro del diálogo con el consumidor. De igual manera, la reivindicación de superar la intermediación de terceros en la comercialización, está presente también en el trabajo productivo campesino. Aquí se articula el uso de insumos orgánicos en la agricultura, como también métodos autosuficientes en la finca, cuando se diversifica el cultivo. Por ejemplo, en una finca X se cultiva el cacao principalmente para la fabricación de chocolate, cuya totalidad de hectáreas se dispone para esta semilla, pero en esas mismas hectáreas se distribuyen otros alimentos a menor escala, con la finalidad de suplir el alimento de la familia, como el plátano, yuca, frutas, entre otros, lo que en el ámbito económico permite solucionar una parte de la alimentación de la familia, y disminuir el desgaste de la tierra.

 

Ahora bien, con el alimento se desprende el aporte sustancial como sector social a la humanidad inmediata y mediata, o local, regional, nacional y global, pues dedicar la vida para producir el alimento que otros adquieren es un rasgo fundamental del sector, rasgo que los potencia como individuos y que puede propiciar, a su vez, una conciencia de su papel en una sociedad dada, motivando de esta manera acciones solidarias en lo inmediato y mediato.

 

Al tiempo que así actúa, en gran cantidad de casos, de manera consciente o inconsciente, cuida la naturaleza buscando un equilibrio entre su agricultura diversificada con los ciclos naturales del territorio y el mundo. Esto, claramente, va en contravía del individuo individualista y consumista que crea la modernidad-colonialidad, que sin ser consciente del fin destructivo de las multinacionales (y del modelo) se provee de sus productos, socavando la vida planetaria3.

 

Los territorios campesinos agroalimentarios como figura organizativa, política y productiva del mundo rural

 

En aras de cimentar institucionalmente el ser campesino, la cultura propia, su economía y la canalización de un modelo de sociedad desde el sector, algunos territorios de Colombia han establecido la figura del Territorio Campesino Agroalimentario (Teca)4, para delimitar un lugar específico que la comunidad comparte, llevando a cabo allí el plan de vida común, que contiene los rasgos arriba expuestos. Pero además, la posibilidad de buscar las garantías de los derechos de los campesinos frente al Estado, el ordenamiento territorial para dirimir los conflictos por el acceso a la tierra y su distribución, más la decisión autónoma de ¿qué hacer con el territorio, sus riquezas naturales, el agua, las especies naturales, etcétera? Es una iniciativa que recrea la tradición campesina colombiana de tener y defender la tierra, para la producción y reproducción de la comunidad campesina bajo un gobierno propio, comunitario.

 

Entonces, desde la participación de las familias campesinas es así como se despliega el ámbito social-cultural, político-comunitario y productivo-ambiental5; en pleno ejercicio autónomo comienzan a crear puentes con la institucionalidad local y regional en representación de esta figura organizativa (legitima) para la elaboración de programas integrales de desarrollo u otro tipo de planes que promuevan la inversión apropiada de los recursos públicos y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas; pero el diálogo sobrepasa también la localidad para ir hasta el Estado, quien sustenta una estrecha relación con el sector privado y transnacional, con el fin de llegar a acuerdos comunes para también encontrar el bienestar de las personas. Sin embargo, este diálogo se tensiona a tal punto que la movilización se despliega por parte del campesinado, sacando a la luz conflictos sociales potenciados por el modelo neoliberal.

 

Al igual que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, como sujetos y comunidades, el sector campesino busca por múltiples vías su reconocimiento ante el régimen legal y político, para potenciar su importante y vital aporte a la humanidad de producir alimentos y preservar la naturaleza. Aporte real y dinámica propia, que aun implica mucho camino por recorrer y conflictos por resolver para llegar a ese estado de reconocimiento y goce pleno de derechos.

 

Por lo pronto se afianzan este tipo de propuestas sociales, culturales, políticas, comunitarias y ambientales en los territorios, sin desconocer los avances de otras comunidades.

 


 

* Secretaría de Comunicación y Formación del Coordinador Nacional Agrario.
1 Castillo, Wilmar (2017). El territorio de Arauca es una apuesta por la vida. Revista Mexicana de Comunicación. N. 141
2 Buitrago, José del Carmen (2006). Guerrilleros, campesinos y política en el Sumapaz: el Frente Democrático de Liberación Nacional 1953-1956. Universidad del Tolima.
3 Entrevista al líder campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano -Cima-.
4 Proclamación del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y sur del Cauca.
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario Vida y Soberanía Popular. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/02/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-vida-y-soberania-popular-distrito-2-y-6-saravena-arauca/
Declaración del Territorio Campesino Agroalimentario del Pie de monte Araucano. Consultado en https://cnagrario.org/2017/11/20/declaracion-territorio-campesino-agroalimentario-del-piedemonte-araucano-distrito-1-municipio-de-fortul-departamento-de-arauca/
5 Elementos conceptuales para la construcción del enfoque político de la territorialidad campesina alimentaria. Consultado en https://www.cna-colombia.org/como-construimos-un-enfoque-politico-de-la-territorialidad-campesina/

Publicado enEdición Nº248
Mayo del 68: ¡es posible cambiar el mundo!

La historia del marxismo es lo suficientemente amplia para que ni siquiera toda una vida de estudio pueda agotar su riqueza. El Mayo francés de 1968 es uno de los momentos más particulares de esta historia, junto a la Revolución bolchevique y la Revolución cubana, por ejemplo, traza una línea que impone nuevos retos y que altera una única melodía, al aparecer como una pieza disonante en el mundo de la Guerra Fría y del Socialismo Real. Los meses de mayo y junio de 1968 son testigos de una de las posibilidades revolucionarias más importantes del siglo XX. En medio del ocaso de las sociedades del bienestar europeas construidas después de la Segunda Guerra Mundial, algo que palpitaba en el centro de Europa mostró su rostro al mundo entero. Lo que en principio se dio sólo como una seguidilla de protestas estudiantiles se vio fortalecido por la adhesión de los trabajadores y la intelectualidad francesa.

 

De oídas quizás todos sepamos que en aquellas jornadas de Mayo del 68 en París, estudiantes y fuerzas armadas del Estado se enfrentaron convirtiendo las calles en un campo de batalla. Las mismas calles que prestaron sus adoquines para la construcción de improvisadas barricadas en el Barrio Latino –uno de los más famosos y representativos de París– y que soportaron durante varios días las marchas y consignas de la juventud francesa que veía en su espontánea afrenta al capitalismo la posibilidad de convertir su sociedad en algo diferente de lo ya establecido. Así, lo que comenzó como una protesta contra la normatividad de la institución universitaria fue tomando cada vez más fuerza, hasta desembocar en un movimiento general de protesta que puso al gobierno francés contra las cuerdas. A 50 años de aquel momento histórico, tomamos unos minutos de nuestro tiempo para esta breve reseña. En ella no se tratará de relatar en detalle lo sucedido, más bien pretende tomarlo como excusa para mostrar que sí es posible cambiar el mundo, y que un diálogo provechoso con aquel momento pasa más por entender su espíritu que por retratar infructuosamente los hechos y los datos que ha dejado.

 

Según el historiador inglés Eric Hobsbawm, hubo dos momentos fundamentales en la movilización de protestas revolucionarias en el Mayo francés. Entre el 3 y el 11 de aquel mes se movilizaron los estudiantes, activistas que no tuvieron gran oposición y que rápidamente aglutinaron a la totalidad de la población estudiantil de París. La opinión pública ofreció un importante reconocimiento a estas movilizaciones y el gobierno de Charles De Gaulle decidió no prestar demasiada atención a los estudiantes y al así obrar no se dio cuenta que, lejos de dejarlo pasar de largo en el transcurso de los días, contribuía con ello a la intensificación del movimiento que encontró su decisiva fortaleza en el apoyo de clase trabajadora francesa. En un segundo momento, entre el 14 y 27 del mismo mes, se propagó una huelga general espontánea que terminó con el rechazo, por parte de los trabajadores en huelga, de los acuerdos que los grupos sindicales y el gobierno adelantaron en pleno movimiento de protesta. Además de esto, Hobsbawm señala que en realidad sólo el segundo momento, el de la huelga general, tuvo posibilidades reales de hacer una revolución, pues los estudiantes en soledad sólo conformaban una gran tensión, pero ningún peligro político.

 

La hostilidad que manifestaban los estudiantes hacia el gaullismo era de la misma intensidad que la que manifestaban hacia el partido comunista. Las consignas que marcaron los muros de la universidad de La Sorbona apelaban a los ciudadanos que encontraban más seductora una revolución cultural que una revolución política. La famosa consigna de “Imaginación al poder”, ponía en entredicho las formas tradicionales de elaborar la política, una nueva formación social basada en la experiencia juvenil del pueblo francés era la promesa revolucionaria de los estudiantes, aquellos que propagaron rápidamente su revuelta hasta otros círculos sociales y que con la misma rapidez vieron apagar la llama revolucionaria con el llamado por parte del presidente De Gaulle a las elecciones legislativas a finales de junio de 1968. Después de estas elecciones, que fueron la respuesta a la inestabilidad de Francia ocasionada por el movimiento estudiantil y los trabajadores, la estrategia política esta vez vería fortalecido al partido gaullista Unión de Demócratas por la República que para el año siguiente emprendería una serie de reformas que, paulatinamente harían desaparecer los residuos del malestar social que ardió algunos días bajo el cielo francés.

 

El espontaneísmo revolucionario del movimiento estudiantil en Francia mostró en un par de meses todo el poderío de sus nuevas formas de entender la sociedad, de sus nuevas concepciones sobre la política y del surgimiento de lo que se dio en llamar La Nueva Izquierda. Ésta, claramente en resistencia y rechazo de los tradicionales partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, supuso una gran renovación del marxismo y terminó por desatar a Marx del dominio soviético que lo había convertido a él y su obra en un evangelio. Las nuevas comprensiones del marxismo después del Mayo francés pusieron en tela de juicio la configuración del mundo del marxismo a partir de la normatividad soviética, y encontraron nuevas formas que hoy hacen factible continuar pensando en las posibilidades de hacerle frente al capitalismo sin el dogma autoritario que privilegiaba las condiciones materiales de los individuos a cambio de la pérdida paulatina de sus capacidades espirituales, de la imposibilidad de pensar diferente, de crear el mundo y de movilizar todas sus energías en función del despliegue vital, artístico e intelectual de la humanidad.

 

Mayo de 1968 fue un evento histórico del pensamiento revolucionario en la medida en que puso en jaque al poder, en la medida en que también hizo emerger la ocasión para una reelaboración del marxismo, de los movimientos de protesta, de la unión social y de las formas de articular reclamaciones de diversos niveles con miras a la transformación social de un pueblo entero. El suspenso de este momento revolucionario hace que hoy posemos nuevamente nuestros ojos en las irrenunciables posibilidades de transformación del mundo.

 

Transcurridos cincuenta años de aquellas jornadas emancipatorias, las recientes fotografías de los diarios que muestran el apretón de manos entre los actuales presidentes de Francia y de los Estados Unidos, pueden ver debilitado el espíritu revolucionario de aquel Mayo que parece desaparecer lentamente entre todos los que hoy resistimos a las formas degradantes de un mundo en función de la acumulación de capital y la destrucción del mundo humano y natural sobre la Tierra. Sin embargo, hoy más que nunca debe insistirse en la idea de una segunda nueva izquierda, creativa, activista y revolucionaria que cuestione con todas sus armas la configuración de un mundo en medio de las bombas, de la exclusión política y de las deshilachadas democracias que maquillan los espacios políticos a los cuales hoy nos toca asistir.

Publicado enEdición Nº246
El campesinado sí es un sujeto político de derechos

No es de ahora, así ha sido desde décadas atrás: la movilización y la puesta en marcha de diferentes alternativas organizativas, ha sido la única alternativa encontrada por el campesinado colombiano para gozar de su derecho al territorio, permanecer allí y construir en comunidad una vida digna. En su gesta en procura de la tenencia y redistribución de la tierra ha luchado contra los terratenientes, contra las políticas del Estado y contra las multinacionales.

 

Como parte de esa raíz, en el departamento del Cauca, a partir de la movilización acaecidas a lo largo de la primera década de este siglo, se conformó en julio del 2012 la Mesa campesina del Cauca, donde participan el Cima, Fensuagro, Marcha Patriótica, Pup.Soc, Ordeurca, Acader, Ascar de Playa Rica, Concejo comunitario de Renacer de Micay, municipio del Tambo, Asocomunal del Plateado y del municipio de Argelia1. Ahora ya son seis años durante los cuales esta mesa aporta a la solución de las tensiones de tierras y territorios entre las comunidades de esta región, entre ellos los municipios de Cajibio, Popayán, Timbio y Rosas, tensiones presentadas en especial por los sectores afines al gobierno nacional discriminando a los campesinos y afrodescendientes.

 

A partir de los paros del 2013, otros procesos se recogen en esta mesa, articulándose a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, alimentando los pliegos locales del departamento del Cauca. Se agregan a los temas de tierras y territorios los temas de derechos y garantías, ambiental, educación campesina y deporte campesino; por lo que se desarrollan en dos comisiones: Tierra y Territorio –donde también se incluye al Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural liderado por el Viceministro de agricultura y el acompañamiento del Ministerio de Ambiente–. La otra comisión es llamada la Inter-ministerial, coordinada por el Ministerio del Interior, junto a los Ministerios de Educación, Salud, Minas y Energía, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes); ambas comisiones se reúnen mensualmente, de dos a tres días, con nuevos compromisos y seguimiento de la agenda, reunión siempre cruzada por la coyuntura política que obliga a modificar la agenda con reuniones extraordinarias.

 

Entre movilización y concertación, el campesinado caucano ha logrado a través de esta dinámica: la resolución 1817 del 29 de noviembre del 2017, la cual viabiliza la creación de un grupo de trabajo de asuntos campesinos con el objetivo de lograr la articulación entre el Ministerio del Interior y las entidades del campo. El otro logro, es el fallo en primera instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá de la tutela campesina interpuesta al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para que cumpla con la caracterización del campesinado. Proceso judicial que con el apoyo de la Comisión de Juristas, DeJusticia2, y que fue radicada el 23 de noviembre del año anterior, también entuteló a los Ministerios del Interior y Agricultura, al Instituto de Antropología e Historia (Ican), así como a la Presidencia de la República.

 

Esta acción judicial plantea: “El gobierno nacional debe saber cuántos campesinos existen en el país, además debe construirse y desarrollarse el concepto de campesino, a partir del concepto que se desarrollará en los 7 foros regionales enmarcados en otro acuerdo de la mesa del Cauca, con el objetivo de caracterizar al campesino colombiano”. Finalmente, otro de los logros alcanzados por el movimiento campesino caucano es la producción de políticas de inclusión campesina por parte del Estado.

 

Para que se cumplan estos logros, las organizaciones campesinas nacionales y regionales del Cauca harán el respectivo seguimiento, pero también pondrán sus ojos el sector académico (Universidad Javeriana, el Observatorio de tierras de la Universidad Nacional, la Universidad Externado de Colombia) la institucionalidad, con el marco de control realizado por la Procuraduría agraria, Defensoría del Pueblo y delegación de la Agencia Nacional de Tierras.

 

Al mismo tiempo, y como vía para recoger de manera más amplia las voces y propuestas del sector, se realizarán los foros regionales en 7 departamentos, junto a la creación de mesas campesinas por parte del Ministerio del Interior y el Dane para fortalecer el concepto de campesino. Mientras el gobierno nacional debe impulsar estas exigencias, las organizaciones campesinas y la Universidad Javeriana, con el acompañamiento de Dejusticia y Oxfam3 construirán antes de un año una propuesta de instrumento estadístico para que el Dane tenga un mecanismo de control campesino en el territorio nacional. Ya sea un censo campesino o una encuesta campesina hecha por regiones, está en diseño el camino para lograr que el campesinado colombiano sea un sujeto de derechos.

 


 

* Entrevista realizada a César William Morales, miembro del Comité de Integración del Macizo colombiano–Cauca y Nariño, vocero en la Cumbre Agraria y Mesa Regional del Cauca.
1 Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pup-Soc), Organización de Desarrollo Urbano y Rural del Cauca (Ordeurca), Asociación Campesina de Desarrollo Rural (Acader), Asociación Campesina de Playa Rica (Ascar), Asociación Comunal del Plateado (Asocomunal).
2 Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.
3 Oxfam es una organización benéfica cuyas siglas significan en inglés Oxford Committee for Famine Relief, muy conocida por sus campañas para recaudar fondos, su trabajo de ayuda al Tercer Mundo y su intento de promocionar el uso de tecnología básica y de los recursos locales renovables.

Publicado enEdición Nº244
Sábado, 20 Enero 2018 09:27

El año que ya fue y el que llegó

El año 2017 no dejó beneficios para los marginados, aunque sí enseñanzas; entre el incumplimiento de sus compromisos firmados con diversidad de movimientos sociales y el direccionamiento económico de acuerdo con la regla fiscal, con el favor del gobierno los ricos prosiguen abultando sus bolsillos, apropiando sólo para ellos lo producido por las mayorías nacionales.

 

El año 2017 fue fuerte en protestas en Colombia: más de 100 movilizaciones sociales con eco nacional y 44 consultas populares así lo atestiguan. De las primeras, las acaecidas en Buenaventura y el Chocó (territorios con historia y población común), desprendieron los ecos más fuertes sobre el conjunto nacional; de las segundas, las votaciones a través de las cuales en nueve municipios dijeron no al extractivismo minero sobresalen por su significado y potencial.

 

Desde el establecimiento

 

El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de final de año (31 de diciembre), afirmó que el 2017 fue de transición en términos de paz, economía, sociedad y política; enfatizando que su gobierno trabajaba para que la paz fuera un “árbol frondoso que diera sombra a todos” y admitiendo que su mandato no ha sido ni es perfecto, pero que en los 7 meses que le quedan seguirá trabajando para garantizar una vida mejor a todos los que aquí habitamos.

 

En su discurso, claro está, dejó a un lado el coletazo de la reforma tributaria, cuyos efectos comprimieron al extremo la economía y las posibilidades de sobreviviencia en infinidad de familias populares de todo el país; tampoco aludió a las más de 200 mujeres muertas por violencia feminicida, ni a los operativos del Esmad que dejaron un rosario de heridos por todo el país, así como varios muertos; menos aún aludió a los 63 líderes y lideresas que perdieron la vida por defender lo justo, como tampoco recordó los falsos positivos judiciales y los miles de jóvenes para los cuales es cada vez más difícil ingresar a la educación básica y universitaria.

 

Es extraña la manera de ver la realidad de quienes detentan el poder, su prisma funciona de manera similar a la ley del embudo: acercan al ojo la parte ancha del utensilio, de suerte que su visión se reduce para ver solo lo que quieren observar, lo demás no existe –o al menos así lo consideran y quieren que el resto de connacionales también reduzcan su visión–, es por ello que afirman que su gestión es impoluta así la realidad indique lo contrario; es por ello que Santos tampoco retomó los incumplimientos de su gobierno con lo firmado con diferentes movimientos sociales tras las duras luchas que estos se vieron obligados a entablar en diversos territorios nacionales para obligar a los de arriba a respetar los derechos básicos y fundamentales de los de abajo.

 

¿Derramamiento de sangre?

 

Cada año, el Gobierno y su modelo, dan razones suficientes para que las comunidades decidan irse a la protesta, al paro, salgan a movilizarse y accionen jurídicamente para hacer respetar sus derechos fundamentales. Protesta que no es fácil concretar: los esfuerzos por parte de los actores alternativos para ganar el consenso social a favor de la resistencia activa son grandes, sobre todo en tiempos en que las comunidades están dispersas, algunas despolitizadas, vulnerables ante el accionar intimidatorio o violento por parte del Estado colombiano.

 

Es así, por medio de la violencia institucional y los incumplimientos de lo firmado, como quien termina su mandato en agosto próximo demostró a lo largo del 2017 que no está dispuesto a poner en riesgo los intereses políticos y económicos de los dueños del país, así tal decisión les cueste la vida a miles de colombianos. Dando fiel evidencia de los intereses que representa, abrió mayores canales de inversión para que el capital nacional e internacional profundice su presencia, esta vez en territorios que por décadas estuvieron, como efecto de la guerra, por fuera de la economía capitalista. Lo que vendrá en los próximos años será una lluvia de dólares y euros por efecto de los cuales miles de campesinos se verán obligados a continuar monte adentro o emigrar a los cascos urbanos de sus municipios a las capitales del departamento.

 

Al tiempo que esto sucede, la guerra contra las drogas mantendrá en su foco a los pequeños cultivadores, mientras los industriales del ramo siguen en la sombra, favorecidos por la banca, la industria y el comercio, vías para el lavado de sus fortunas.

 

Es todo un contubernio entre los poderes económicos, político, militar, nacional e internacional. Contubernio que favorece la dilación de la investigación que pesa sobre su gobierno por haber aceptado los dineros provenientes de la multinacional Odebrech, los que potenciaron sus campañas electorales que lo llevaron en dos periodos consecutivos a la Casa de Nariño.

 

Mientras esto sucede y pese a lo expresado el 31 de diciembre en cadena nacional, los pronósticos para 2018 no son los mejores, no hay duda: en su primera semana se registró el asesinato de dos líderes sociales ¿año nuevo, muerte segura?

 

Muerte que desde ya anuncian lo que recurrentemente ocurre en Colombia cada que hay campaña electoral con proyección nacional, acontecer que pondría al filo la débil paz hasta ahora lograda: de ahí que nos preguntemos: ¿tendremos un frenesí de violencia –popular– en el curso de la coyuntura electoral que marca el primer semestre del año que ahora empieza a dejar pasar sus horas?

 


 

Recuadro 1


Algunos retos al frente


El afán de expoliar aún más el bolsillo popular late entre los gremios que reúnen a los dueños del país, de ahí que sus propuestas para supuestamente “mejorar la economía nacional” retomen las medidas que ya están en marcha en Brasil, Argentina y otros países que siguen a ojo cerrado las recomendaciones de los organismos multilaterales: reformar las pensiones –aumentando la edad para acceder a la misma, así como las semanas por cotizar–; poner en marcha una nueva reforma tributaria y privatizar todo bien público que aún permanezca como tal (¿seguirá otro porcentaje Ecopetrol en la lista?).

 

Dicen por ahí que al que no quiere sopa le dan dos tazas. Pues bien, si el conjunto social no logra reunirse como una sola voz en el año que empieza, los oligarcas cumplirán con sus propósitos, ahora, o en el 2019, o en el 2020, o en el año que sigue, concretando una de las dos medidas estructurales que pretenden, o las dos, y continuarán con otras privatizaciones.

 

El reto que tienen ante si los excluidos y negados, los que trabajan por cuenta propia, pero también los contratados a término indefinido o por años, además del resto del país nacional, es cerrar el paso, como un solo cuerpo, a éstas y otras medidas de tufillo oligárquico.

 

En las semanas que siguen, de intensa campaña electoral, todos los candidatos a la presidencia, unos y otros dirán que no ejecutarán estas reformas, pero con seguridad una vez elegidos procederán por vía contraria. Ante el canto de las sirenas, como Ulises, hay que taparse los oídos, en este caso con los tapones de la experiencia. El modelo es uno sólo, por ello quien entre a administrar el establecimiento está sometido a las decisiones del capital internacional y los intereses de sus aliados criollos.

 

¡No pasarán!, hay que decir desde ahora.

Publicado enEdición Nº242
La Lucha de las Comunidades Afrocolombianas: entrevista con Luis Armando Ortiz

 

Comunidades Afrocolombianas es una historia de persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y de constante lucha por la dignidad. Para comprender mejor esta lucha, en particular en el contexto de la (no) implementación de los acuerdos de paz en Colombia, hemos hablado con Luis Armando Ortiz, uno de los lideres del Proceso de Comunidades Negras.

 

¿Qué es el Proceso de Comunidades Negras?

El PCN, Proceso de Comunidades Negras, es la organización nacional que aglutina la mayoría de las organizaciones de comunidades negras en Colombia. También existen otras, pero el PCN es la que tiene mayor transcendencia y relevancia en el contexto nacional e internacional.

 

¿Puede darnos una perspectiva más histórica de la lucha de las comunidades Afrocolombianas en su país?

Bueno, la lucha ha sido histórica desde el proceso de la colonización, en la búsqueda de la libertad, de aquellas personas mayores, nuestros ancestros que huyeron a partir de un proceso conocido como cimarronaje de los enclaves mineros. Estas personas se ubicaron en las selvas más recónditas en esa época, y entonces constituyeron lo que se denomina cómo los palenques, que son una especie de “naciones”, dentro de la nación en esa época colonial y más tarde republicana, para protegerse de los cazadores de esclavos que querían capturarlos para llevarlos nuevamente a los enclaves mineros. Esos fueron unos espacios construidos por nuestros ancestros como una estrategia de defensa, con barricadas de palos (de ahí su nombre de palenques), para protegerse de los que llevaban estas amenazas.

Después vino el proceso de la abolición de la esclavitud en 1851, un proceso del cual no hubo las condiciones mínimas de dignidad para aquellos libertos, pero esas comunidades se asentaron principalmente en las riberas de las cuencas del litoral pacífico colombiano y en otras regiones con similares condiciones de la costa atlántica y Caribe. Entonces Colombia es un país que cuenta con una gran población de Afrodescendientes o comunidades negras que están asentados mayoritariamente en estos territorios y en las cabeceras de los municipios de esas zonas y capitales de sus departamentos, como: Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Quibdó (Chocó) y después de un proceso de migración y de desplazamientos, también en Bogotá, donde hay una gran colonia de comunidades negras. Somos en Colombia el 20% del censo de la población nacional.

 

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Paro civico en Colombia, octubre 2017 (Foto: jjcaicedo96)

 

¿Y justamente estos desplazamientos de población, las migraciones, en que época se hicieron y por cuales razones?

Hubo una migración histórica que tuvo que ver básicamente con la oferta de trabajo en las haciendas cañeras del valle del Cauca especialmente. Mucha de la gente del Pacífico fue a trabajar como asalariados en esas haciendas cañeras para la producción del azúcar. Otros también con el auge del desarrollo de las grandes capitales, como mano de obra no calificada en la construcción de las vías carreteras, ferrocarriles y puertos. Digamos que la mano de obra ha migrado ante esos procesos de oferta de trabajo, en parte desarrollando la infraestructura que históricamente hemos carecido en nuestros territorios. Esos primeros procesos migratorios, se dieron entre los inicios y a mediados del siglo XX principalmente.

Pero, aun así, eso no era un mayor problema. Los problemas comenzaron con los desplazamientos forzados de los pobladores de nuestras comunidades, esto al rededor principalmente de unas prácticas productivas muy negativas que tienen que ver con los proyectos de dicho “desarrollo” o con la implementación de los cultivos de coca que llegaron principalmente a mediados de la década de los 90 en el Pacífico colombiano. Estos procesos también trajeron consigo la penetración del gran capital al territorio para la explotación de minerales (oro, plata, etc.). La ampliación de la frontera portuaria en ciudades como Buenaventura es otro ejemplo que ha causado desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, reclutamiento forzado a adolescentes y jóvenes a [email protected], de las cuales no han estado exentos niños y niñas, en el marco del conflicto armado.

 

Entonces los procesos de desplazamiento forzado aumentaron en correlación con la adopción de los famosos tratados de libre comercio...

Exacto, alrededor de todo lo que significó en primera instancia el modelo económico que se quiso implementar en Colombia con la abertura económica que luego ha dado fruto a lo que son los tratados de libre comercio. Estos han generado toda una dinámica agresiva contra los territorios ancestrales. Por una parte, la ampliación de los puertos, teniendo en cuenta que por Buenaventura, por ejemplo, transita más del 60% del comercio exterior de Colombia. Por otro, las tierras del Pacífico son muy ricas en oro, plata. Se han descubierto muchísimos yacimientos de coltán, de petróleo, mucha riqueza biodiversa de flora y fauna, y hacia allá se han apuntado los tentáculos de la economía neoliberal en nuestros territorios.

En nuestra visión, una economía que destroza los territorios y la naturaleza tendría que ser una economía ilegal. Sin embargo, esta economía ha sido legalizada por el gobierno nacional, y hoy día está penetrando de forma violenta y agresiva, generando impactos en materia de violación de derechos humanos, violando nuestro derecho legítimo a tener una economía propia, el derecho de poder escoger un modelo de desarrollo desde la visión étnica de las comunidades que estamos ahí. Nosotros los llamamos planes de “etno-desarrollo”, o planes de vida, que también le denominan algunas comunidades, o PEDRIN, como planes de desarrollo rural integral. Estas propuestas se contraponen a los planes de desarrollo del gobierno nacional que simplemente obedecen a ese plan hegemónico de la economía neoliberal en el mundo.

Entonces hay como ese contrapunteo como decimos nosotros, en nuestro lenguaje muy popular, de luchar por nuestro modelo de desarrollo mientras asistimos a un interés masivo de sacar a nuestras poblaciones de sus territorios de cualquier forma. Por un lado, a través de la violencia en medio del conflicto armado, una disputa por el control territorial de una economía ilícita alrededor de la coca. Y por otro, a través de los megaproyectos que están siendo desarrollados en la costa del Pacífico.

 

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Grúas en el puerto de Buenaventura (Foto: Agencia Nacional de Infrastructura)

 

¿Cuál es la posición del Estado ante los desplazamientos forzados de vuestras comunidades?

Se reconoce como víctimas de desplazamientos, a aquellas personas que se encuentran en zonas de enfrentamientos o en zonas económicas donde se desarrollan los dichos mega proyectos y que los pobladores tienen que huir o son obligados a irse. Nosotros hacemos denuncias ante la Defensoría del Pueblo para que se evidencien tales situaciones, situaciones muchas veces invisibilizadas por los registros oficiales. En eso hemos progresado algo, en difundir una documentación sobre este problema. El 94% de los desplazados en Colombia son negros, campesinos e indígenas. Entre ellos, los negros son la gran mayoría.

Hoy en día, la locomotora del desarrollo, las represas hidroeléctricas, las explotaciones previstas en materia de hidrocarburos, las infraestructuras portuarias, los proyectos mineros etc. son siempre más fuentes de desplazamiento en nuestros territorios. En algunos casos, las comunidades no son desplazadas, pero viven en zonas de explotación con impactos muy peligrosos de un punto de vista de la salud.

 

¿Juntando todas estas reivindicaciones de las poblaciones Afrocolombianas cual es el propósito de su visita, de su gira por Europa?

El propósito de la visita principalmente es el de denunciar, ante la comunidad internacional, la forma sistemática en que el gobierno, a través de diferentes estrategias, ha generado el caos en nuestra población, los actores armados al margen de la ley en esos territorios de igual manera están asesinando de manera continua y sistemática a nuestros líderes y lideresas, miembros de sus familias, por justamente oponerse a este tipo de arremetidas por parte de actores armados al margen de la ley, pero también por la misma institucionalidad del gobierno nacional. Se están asesinando a nuestra gente, se están reclutando a nuestros jóvenes al servicio de estructuras ilegales, del narcotráfico y paramilitarismo, que intervienen en el territorio en el ejercicio de una economía ilegal.

Hace poco en Tumaco, un incidente puso también en evidencia que hay responsabilidades que son del gobierno, de la policía concretamente, en el asesinato de siete líderes campesinos cocaleros en el Alto Mira. Hay un trasfondo de terror, de desalojo y de desplazamiento, en lo cual hay responsabilidades de las autoridades, que queremos denunciar. Muchos no tenemos la valentía de decir esto, sabemos de los riesgos que corremos, pero alguien tiene que ponerlo en conocimiento de la comunidad internacional.

Llamamos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación alternativos, a los movimientos sociales de izquierda, a los movimientos políticos alternativos, a que se sumen a nuestra lucha, que llamen la atención de los ciudadanos del mundo en los lugares donde se encuentren por los diferentes medios, para que se conozca esta realidad.

 

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Juan Manuel Santos recibiendo el Premio Nobel de la Paz (Foto: TeleSur / EFE)

 

¿Y cómo se contrasta este mensaje con la imagen que el gobierno colombiano intenta proyectar en el exterior?

El gobierno nacional no ha dado a conocer esa realidad que ocurre en esa otra Colombia, esa Colombia olvidada, marginada y excluida, esa Colombia que tiene los más altos niveles de pobreza y miseria, de esa Colombia no se habla. Sin embargo, el presidente Santos anda haciendo una propaganda internacional de que Colombia, después del acuerdo de paz y desde el cese de los enfrentamientos con las FARC, de que es un país en paz, además de solicitar para el mes de mayo el reconocimiento de la certificación de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También la visita tiene que ver con desmentir la versión oficial del señor presidente de la República, que es una total falacia.

Estamos enfrentando a un enemigo que niega nuestros derechos, que niega las conquistas del pueblo negro en el marco de la ley 70, en el marco de los acuerdos que se suscribieron con el gobierno nacional y las FARC en la Habana con la mesa de víctimas, en el cual estuvieron las comunidades negras también. Se propuso y quedó incluido en el texto el capítulo étnico. Tenemos mucho temor porque justamente en el marco de todos estos capítulos se vienen haciendo unos desmontes sistemáticos dirigidos por el gobierno nacional, hay un ataque sistemático contra los derechos del pueblo negro.

 

¿Cómo se posiciona el PCN ante este proceso de paz y su implementación? ¿Y de qué manera este proceso está afectando (positiva o negativamente) las condiciones de vida de las comunidades Afrocolombianas?

Primero hay que decir que en la comunidad negra apostamos al sí para este acuerdo, precisamente porque hemos sido víctimas de muchos atropellos y apostamos al sí confiados, como todos los colombianos, y con la esperanza de tener un país en paz. Tenemos muchos retos y es justamente enfrentar la forma voraz como el gobierno viene en contra de nuestros intereses, desmontando nuestros derechos. Nosotros estamos programando una movilización nacional, para en primer caso exigir el cumplimiento de muchos acuerdos, que pasan más de 100 acuerdos históricos con el gobierno nacional que nunca se han cumplido, y eso justifica el escepticismo que tenemos frente a lo que va a ser el nuevo acuerdo que se ha pactado entre el gobierno y las FARC.

Estamos de igual manera trayendo propuestas como las que siempre las hemos hecho, alternativas, para superar la crisis social, económica, cultural, ambiental de nuestro territorio. No creemos que la represión o la fuerza sea la solución a los problemas de conflictividad que existen en el territorio, nosotros creemos que los planes de etno-desarrollo son la mejor fórmula para poder resolver un problema que se enquistó en un territorio, caracterizado históricamente como territorio pacifico del cual venimos nosotros, los negros en Colombia, en su mayoría. Y este trabajo se relaciona con los llamados que hacemos a la comunidad internacional, para que piensen también que los problemas que ocurran allá en esos lugares tan lejanos, de los cuales provenimos nosotros, impactarán también acá.

 

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Marcha del PCN en defensa de los derechos humanos (Foto: Renacientes.net)

 

Hemos visto que, tras el acuerdo de paz y la entrega de armas por las FARC, grupos paramilitares se están expandiendo. ¿Como se posiciona el PCN ante esta problemática? ¿Y cual viene siendo la respuesta del gobierno?

Los paramilitares se encuentran en nuestros territorios para controlar el tráfico de droga. Desde que las FARC dejaron las armas, efectivamente nuevos grupos y estructuras están surgiendo en esos territorios. Existen decenas de organizaciones que operan en las zonas rurales del Pacifico y en la periferia urbana. Hace unas semanas, asesinaron a una lideresa, una mujer que hacia un trabajo social con los jóvenes para que no caigan en la delincuencia. Ayer recibí la noticia que se asesinó un hijo de una lideresa de un consejo comunitario, por haber rechazado entrar en un grupo paramilitar. Hay un ataque incesante contra los movimientos sociales.

Sobre estos hechos el gobierno no se manifiesta. Sus responsabilidades tratan simplemente de eludirlas. De manera tajante, existe una complicidad entre el gobierno y estos grupos. Estos grupos no atacan a las fuerzas del gobierno porque no pueden atacarlas, la pregunta es ¿quién les provee la materia prima a estos grupos (las armas)? De acuerdo con los resultados de investigaciones que se han hecho en Colombia, las armas de los paramilitares daban cuenta de ser de la policía o de las fuerzas armadas o de inteligencia (DAS). La policía, el ejército, los jueces, la misma Fiscalía, no nos protegen. Tenemos que acudir a otras instancias para protegernos, para que haya investigaciones eficaces sobre las violaciones contra nuestras comunidades.

 

Hace unos meses hubo un gran paro en Buenaventura en noviembre hubo un paro nacional. ¿Como evalúa este tipo de movilizaciones y como piensa que estas puedan evolucionar en el futuro, no solo como instrumento para defender vuestros derechos sino como instrumento para exigir de parte del gobierno una verdadera implementación de los acuerdos de paz?

Digamos que esta es la herramienta más positiva que hemos encontrado para exigir del gobierno su atención para resolver las necesidades básicas insatisfechas que tenemos, para disminuir la brecha de la desigualad. Nosotros nos caracterizamos por ser personas de paz. La movilización como medida de hecho, es la herramienta a la cual hemos acudido y a partir de ese escenario es que posibilitamos los diálogos, que son diálogos de sordos, en la medida que esas estrategias y situaciones sean conocidas en el contexto nacional y para tener el respaldo y la solidaridad internacional es que nos movilizamos.

 

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Acciones de protesta en Buenaventura (Foto: PopularResistance.org)

 

Nos manifestamos, sobre todo, contra la guerra económica que se está haciendo contra nuestros territorios, la cual está dirigida por el sistema de comercio internacional capitalista donde los agentes entran en una competencia para apoderarse de las riquezas naturales de nuestro país, a través de mega proyectos extractivos. Este hecho agrava la crisis política y social del país. Estos mega proyectos impactan en el comportamiento climático, devastan bosques, campos, fuentes de agua. Estos proyectos hacen parte del plan del gobierno Santos, parte de la “locomotora del desarrollo” que arrasa todo lo que se encuentre ante su paso. Nuestras comunidades se ven expulsadas de sus territorios ancestrales, hacia territorios urbanos donde encuentran mayor pobreza, delincuencia, prostitución. Espacios donde no existe la infraestructura necesaria para que una integración sea posible.

 

¿Qué tipo de convergencias y alianzas estratégicas existen entre el PCN y otros movimientos u organizaciones, o partidos políticos progresistas?

En los temas de movilización, por ejemplo, existen convergencias, por supuesto. Con partidos como el Polo Democrático, por ejemplo, quien nos apoyó en la lucha para la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades Afrocolombianas. Con las comunidades campesinas e indígenas también, por supuesto, en el marco de la Minga. Este fue un espacio donde todas las víctimas de este sistema, el pueblo pueblo, se reunieron para juntar las fuerzas y construir una unidad más fuerte, para contra atacar a partir de un ejercicio social las injusticias del sistema que nos oprime.

 

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Mural ilustrando los desplazamientos forzados de comunidades Afrocolombianas por acción de grupos paramilitares

 

 

Luis Armando Ortiz es el representante legal del consejo comunitario ACAPA (Tumaco, Nariño) y uno de los líderes del PCN, una organización nacional para la defensa de los derechos de las comunidades negras en Colombia.

 

Foto de portada: Marcha del PCN por ocasión de su Quinto Encuentro (Foto: Renacientes.net)

Fuente: Diario de Nuestra América, Investig’Action

 

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Viernes, 12 Enero 2018 06:36

Protestas en Túnez en contra del FMI

Protestas en Túnez en contra del FMI

 

Más de 320 presos y una veintena de agentes heridos

 

Las protestas y los incidentes nocturnos se repitieron a por tercer día consecutivo en Túnez, un país sacudido por una ola de movilizaciones contra la política de ajuste impuesta por el gobierno tras presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), con un saldo provisional de 328 detenidos que las autoridades calificaron como “subversivos”, además de 21 agentes de seguridad heridos y 10 vehículos policiales dañados.

Los detenidos participaron en saqueos de propiedad privada y pública en varias partes de Túnez, afirmó un portavoz del Ministerio del Interior.

Menos intensas pero más numerosas que en los dos días precedentes, las movilizaciones y disturbios se extendieron en la últimas horas a zonas de la capital que aún no había sido afectadas, como el barrio Ibn Jaldum y localidades del cinturón industrial, donde grupos de jóvenes manifestante pretendieron impedir el paso de un tren. En paralelo, se produjeron intentos de asalto a edificios públicos y quema de neumáticos y contenedores en urbes de la costa norte, como Beja, Nabeul, Kebily o Bizerta ante una creciente presencia policial y militar en las calles.

Fuentes del Ministerio de Interior y de Defensa negaron que se haya impuesto un toque de queda pero admitieron que el despliegue de efectivos para proteger espacios públicos y edificios oficiales se multiplicó en las últimas horas. “El objetivo es garantizar la seguridad, especialmente en los cuarteles, comisarías y edificios públicos, y evitar actos de sabotaje, saqueos o robo. Estamos en coordinación con la Policía”, explicó una fuentes de seguridad.

Las protestas sociales se suceden en Túnez desde hace más de un año, pero se volvieron especialmente violentas cuando, con el inicio de 2018, entraron en vigencia los nuevos Presupuestos del Estado ajustados a la demanda de austeridad exigida por el FMI a cambio del crédito de 2.500 millones de euros concedido al Gobierno. El martes se recalentó el conflicto cuando se difundió que un hombre de 55 años había muerto durante la represión policial de una manifestación nocturna en la ciudad de Tebourna, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital. Al difundirse la noticia, grupos de jóvenes salieron a las calles de todo el país, mientras grupos organizados perpetraban actos vandálicos como el saqueo de una tienda de una conocida cadena de supermercados francesa en la localidad de Ben Arous, en el Gran Túnez. Para el domingo está convocada una gran manifestación.

 

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Amplias movilizaciones en Guatemala contra el poder político.

Mientras las cúpulas políticas buscan blindar su impunidad, crece en Guatemala un movimiento popular rico y diverso que exige un fin a la corrupción y la dimisión del presidente, Jimmy Morales. Una multiplicación de manifestaciones, el asedio al Congreso nacional y un paro general que llevó a un cuarto de millón de guatemaltecos a las calles capitalinas han marcado un quiebre en un país donde las atrocidades de la maquinaria contrainsurgente habían generado una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada.

 

El pasado 25 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó a Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la Onu, Antonio Guterres. Oficialmente, el mandatario parecía interesado en tratar con él temas relativos a la actual situación en los países del triángulo norte de Centroamérica, su impacto entre los migrantes y el flujo de refugiados que generan problemas de “seguridad”. Sin embargo, las preocupaciones de Morales eran de índole doméstica y sobre todo particulares: deseaba evitar ser investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una entidad que actúa desde hace una década en el país a raíz de un acuerdo entre Guatemala y la Onu. Según ha trascendido, las pruebas de la Cicig eran tan contundentes como las que habían propiciado la destitución del anterior presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Rossana Baldetti, dos años atrás. Desde entonces estos últimos se hallan en prisión por un grave delito de defraudación tributaria sistemática al Estado guatemalteco.


Por el momento, el caso de Morales difiere de los anteriores: solamente es acusado de recibir “financiamiento electoral ilícito” proveniente de “aportes anónimos” que no declaró y ocultó a las autoridades electorales durante su última campaña por la presidencia. En Centroamérica ese tipo de aportaciones suelen estar estrechamente vinculadas al narcotráfico, y Morales, en su calidad de secretario general del ignoto y novato partido político que lo llevó al poder, el Frente de Convergencia Nacional (Fcn), debió haber procedido respetando la legislación vigente. La situación legal del hijo y del hermano de Morales también es comprometida, aunque en sus casos sólo se trate de haber simulado compras desde el Estado a restaurantes que en realidad no proveían los alimentos que constaban en los contratos. La cifra por otra parte es irrisoria: tan sólo 36 mil dólares.

IMPUNIDAD A TODA COSTA

En ese contexto y apenas regresado de Estados Unidos, en un breve video Morales procedió a comunicar oficialmente que declaraba non grato al jefe de la Cicig en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez. Significaba, entre otras cosas, que este último disponía de un breve plazo para abandonar el país. Para proceder en esos términos el presidente guatemalteco debió prescindir de su canciller, quien no estaba de acuerdo, nombrando en su lugar a la viceministra, Sandra Jovel (que es acusada de falsificación de documentos para proceder ilícitamente a la adopción de un bebé).


El procurador de Derechos Humanos impuso rápidamente un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y los magistrados de ésta, también con premura, advirtieron la “ilegalidad” en cuanto a la forma del decreto emitido por Morales, procediendo a la “suspensión definitiva” de la orden de expulsión del comisionado Velásquez. Morales, necesitado de apoyos, los encontró. En un twit, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a su compatriota de entrometerse en los asuntos internos de Guatemala. A nivel doméstico, las cámaras empresariales, los ganaderos y el ejército –fundamentalmente la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– han secundado el accionar presidencial. Junto a ellos actuó el Congreso, que mediante un procedimiento legislativo de urgencia desoyó el pedido de la Cicig y “blindó” al presidente Morales para evitar que sea investigado. Pero eso no era todo: el pacto de impunidad que apuraban los diputados debía incluir también su propia salvación, ya que por lo menos 40 de ellos están siendo investigados por diversas causas criminales. En razón de esto, aprobaron leyes de “urgencia nacional” para evitar que los secretarios generales de los partidos fueran procesados. Como remate, la Cámara también trató y aprobó por 107 votos contra 13 otra moción para que las penas de prisión derivadas del financiamiento ilícito puedan evitarse mediante el pago de fianza, algo que los involucrados en ese tipo de delitos pueden fácilmente sufragar.


Inmediatamente, seis acciones de amparo llegaron a la Corte de Constitucionalidad, que entendió que las reformas al Código Penal no sólo significaban una intromisión de los diputados sino también que constituían una “seria amenaza” de “daños irreparables” al sistema de justicia. Por unanimidad, procedió entonces a suspender el trámite de refrendación de las medidas adoptadas por el Congreso.

RESPUESTA POPULAR


Siguieron momentos de rabia e indignación que encontraron rápida y masiva expresión en una manifestación de más de 20 mil personas que espontáneamente rodearon el recinto parlamentario impidiendo que los diputados salieran del lugar. Fueron nueve horas de tensión que se disiparon una vez avanzada la noche y mediando la represión policial.


Pese a que varios representantes dijeron sentirse satisfechos con las leyes y denostaron a los manifestantes –eran “20 twiteros”, dijeron algunos–, el rigor popular y la acción de la Corte no habían sido en vano: hubo voces de arrepentimiento y pedidos de disculpas ante el proceder del colectivo, archivándose la reforma al Código Penal. De todas formas, desde entonces el clamor popular creció incesantemente, acicateado por otras revelaciones sobre hechos no menos impúdicos que los anteriores. Merecen destacarse tres de ellos. El primero, que el presidente Morales –el mejor pago de todos los gobernantes latinoamericanos– recibía de manera encubierta un sobresueldo de 7 mil dólares mensuales que le pagaba directamente el Ejército. Segundo, se publicaron audios comprometedores en los que el ministro de Finanzas –un asesor muy cercano al mandatario–, durante una reunión con diplomáticos y empresarios acaecida semanas antes de que estallara abiertamente el conflicto, manifestaba estar al tanto de un “pacto” entre cúpulas políticas para evitar los procesos judiciales. El ministro, según las grabaciones, sólo tenía un matiz de discrepancia con el presidente: no quería que las medidas de impunidad se aprobasen con prisa y “a lo pirata”. Tercero, el vicepresidente aseguró a inicios de setiembre que Guatemala estaba preparada para recibir a las decenas de miles de inmigrantes guatemaltecos que están siendo deportados desde Estados Unidos, y dio a entender que no comprendía las razones por las cuales se habían autoexiliado de su país: sobrevoló en su explicación el factor turístico.


EN LA ONU

El despropósito y la falta de tino en todas esas arriesgadas decisiones no sorprenden, al fin y al cabo el presidente proviene del mundo del espectáculo: saltó a la fama como comediante de televisión. El 19 de setiembre desplegó con notable habilidad sus dotes actorales en su discurso ante la Asamblea General de la Onu. Más allá de que el cónclave estaba prácticamente vacío cuando compareció, memorizó un estudiado guión de 17 minutos según el cual el gobierno guatemalteco “está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, con el cuidado de los “recursos naturales”, con la necesidad de “garantizar la seguridad alimentaria” y “elevar las condiciones de las personas más vulnerables”. Morales aseguró que –en un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de la población y ha ido en aumento en la última década– “se está trabajando arduamente en la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica”.


Luego pasó al tráfico de drogas, que él se propone “acabar” de “una vez por todas”, y mostró similar convencimiento al destacar el “firme compromiso” de Guatemala con la Alianza para la Prosperidad que impulsa Estados Unidos para “fomentar la seguridad” en esa zona del mundo. No podía faltar, a renglón seguido, la “grave preocupación” por Venezuela: denunció la “ruptura del orden democrático”, la “violación de los derechos humanos”, la “falta de garantías” y“los continuos actos de violencia y persecución”.


Morales también aprovechó la ocasión para dejar sentada su opinión sobre sus problemas con la justicia de su país, y en particular con la Cicig. Apeló en este caso a la historia. Según su versión, el comisionado de la Onu actuaba en Guatemala por “nuestra iniciativa” y su instalación se debía a los Acuerdos de Paz de 1996, alcanzados tras un “conflicto interno” que, de acuerdo a la visión de quienes escribieron el libreto de Morales, encontraba sus raíces en una“polarización ideológica internacional” que a su vez era el “producto de doctrinas políticas ajenas a nosotros”. Más preocupantes que esta lectura en clave de Guerra Fría, fueron sus palabras finales. El mandatario envió un“mensaje de unidad”, porque “estamos viviendo un momento de polarización que no conviene, ni nos llevará a un lugar seguro”, advirtió. Lo que no “convenía” a Morales y a lo que se refería fue lo que sucedería al día siguiente en Guatemala. El centro capitalino fue pacíficamente desbordado por 250 mil almas, en una jornada de paro nacional para exigir la renuncia del presidente y la destitución de los diputados que le aseguraron su impunidad. Numerosas manifestaciones similares tuvieron lugar paralelamente en varios departamentos del país. En dicha repulsa convivieron una diversidad de fuerzas y movimientos sociales que incluyeron a comunidades indígenas, sectores medios capitalinos y a la asociación de estudiantes universitarios, apoyada oficialmente por el rector de la universidad pública.

MÁS ALLÁ DE JIMMY


Los protagonistas visibles y ocultos de la situación que atraviesa el país de la “eterna primavera” deben colocarse en un contexto histórico más amplio. Desde esa perspectiva, poco importante es Morales, una figura meramente decorativa arribada al poder rápidamente tras el procesamiento del binomio presidencial anterior. En apariencia –se interpretó–, el actor podría evitar, con cierto carisma, la prolongación de las masivas manifestaciones populares de 2015 que presagiaban un desborde popular de mayores y más graves consecuencias. Sí interesa colocar sobre la mesa de análisis que los apoyos principales del mandatario provienen de quienes lo financiaron y construyeron como candidato: los militares contrainsurgentes guatemaltecos y las cámaras empresariales, secundadas por los canales privados de televisión.


Esta realidad está íntimamente relacionada al proceso de conformación de los estados centroamericanos, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fueron construidos y consolidados posteriormente de manera piramidal, sobre bases que suponían, como han escrito varios historiadores,“maximizar ganancias y socializar pérdidas”. Es que la dominación ejercida por las elites incluía una radical desigualdad y falta de solidaridad de su parte hacia el resto de la población. En Guatemala hubo un agravante particular: esas elites siempre fueron racistas, y como parte del andamiaje dejaron históricamente fuera del acceso a los recursos del Estado a la población indígena, que en el país es mayoritaria. Tradicionalmente los indígenas constituyeron la mejor y más económica mano de obra: su labor no era remunerada y una parte del año debían trabajar en las obras públicas so pena de ser considerados “vagos” por el Estado. Aquí entra en juego un factor que también forma parte de esos estados “débiles” para bregar por los derechos de las grandes mayorías, pero crudamente “fuertes” si de reprimir se trata: las fuerzas armadas. Como ha escrito el historiador costarricense Víctor Hugo Acuña, uno de los más lúcidos estudiosos de estos procesos, “los estados centroamericanos han prohijado y se han beneficiado del autoritarismo que permea toda la vida social”.


La impunidad que buscaba el organismo legislativo guatemalteco es la manifestación actual, pero siempre presente, de un poder estatal ajeno al padecimiento de una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada. Y en Guatemala hay sobradas razones para esto último. La maquinaria contrainsurgente guatemalteca, cuya intencionalidad estatal hoy resulta evidente al conocerse varios documentos oficiales, supuso una acentuada cultura de anticomunismo que ambientó los crímenes más masivos y horrendos de toda la Guerra Fría latinoamericana: fue allí donde se “inventó” la de-saparición forzada masiva. Que el Congreso guatemalteco haya sido sitiado por una multitudinaria manifestación espontánea de sectores civiles representa por eso un divorcio histórico.


REBELDÍA HISTÓRICA


No todo ha sido tiranía en la tierra del quetzal: la rebeldía ha signado su historia. Los “motines de indios” que resistieron la conquista en el siglo XVI fueron intensos hasta el último tercio del siglo XIX, cuando los ejércitos fueron profesionalizados y aseguraron el “orden” desigual que se reseñó. Pero esa Guatemala tan sólo en apariencia distante posee un ejemplo revolucionario radical que marcó el devenir de la Guerra Fría y de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Aquella breve pero intensa experiencia de diez años –de 1944 a 1954–, conocida como la “primavera democrática”, podría ser recuperada por las nuevas generaciones de guatemaltecos. En las administraciones de quienes fueron sus presidentes, Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, hay una referencia excepcional a imitar: en esos años los esfuerzos estatales no estuvieron dirigidos a reprimir salvajemente a la mayoría de sus habitantes. Todo lo contrario, fue una oportunidad única en la que el Estado jugó un rol decisivo para promover el cambio y bregar por la justicia social. Los gobernantes de ese entonces emplearon sistemáticamente las fuerzas del Estado para promover los grandes intereses de la nación, para reconocerle al guatemalteco su condición de ser humano y de trabajador objeto de derechos, incorporando la rica diversidad étnica del país. Guatemala vibraba entonces de fervor revolucionario, sus habitantes se sentían parte de un proyecto colectivo junto a dirigentes políticos que eran sus interlocutores.


El paro nacional del 20 de setiembre, el rol activo de la universidad, la recuperación de la asociación estudiantil y las sucesivas muestras de rechazo ciudadano a lo largo y ancho del país evidencian un hastío.


A nivel internacional la atención que ha recibido la situación actual en Guatemala ha sido limitada. En cuanto a la Oea, las permanentes consignas del secretario general han estado prácticamente ausentes con respecto a este país: fueron dos escuetos twits. Y aunque el recién llegado embajador estadounidense apoyó pública y personalmente al comisionado Velásquez, es pesada la herencia de Estados Unidos. Dos ejemplos: el involucramiento de médicos estadounidenses que probaron en guatemaltecos las reacciones que producían ciertas vacunas, y el golpe ejecutado por la Cia en 1954 para devolver las tierras expropiadas a la United Fruit, abortando la que fue su única experiencia democrática exitosa.


Urgentemente, Guatemala necesita la solidaridad latinoamericana. Aunque aparentemente lejana, quizás sea propicio recordar la breve misiva que Ernesto Guevara –quien forjó definitivamente su espíritu revolucionario en Guatemala– le escribió a sus hijos antes de partir a la que sería su última experiencia internacionalista: “sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.

Por Roberto García, Doctor en historia. Profesor de la Udelar. Coeditor junto a Arturo Taracena de La Guerra Fría y el anticomunismo en Centroamérica (Flacso, 2017).

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Lunes, 02 Octubre 2017 07:35

Macron, con los ricos

A Macron lo llaman “el presidente de los ricos”.

 

Desde París

 

“Porque él nos impide soñar, impidámosle dormir”. La consigna para el cacerolazo de este sábado lanzada por el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon hizo menos ruido que el denso rumor que se ha instalado en torno al jefe del Estado francés:”Emmanuel Macron, el presidente de los ricos”. La política fiscal del mandatario le valió a Macron el mismo epíteto y los mismos sarcasmos que al ex presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012) y su famoso “escudo fiscal”. El macronismo y su reforma de la ley de finanzas se apresta a modificar los cálculos del impuesto a las grandes fortunas (ISF). Su nueva denominación, IFI, impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, así como el fiscalidad que atañe al capital contaminaron el debate con la acusación frontal de que el presidente sólo reforma en beneficio de los ricos. Las cuentas son ruidosas: entre otras generosas delicadezas, el nuevo IFI deja fuera de los gravámenes los valores muebles, entiéndase, en este caso, todo lo que brilla como “signos exteriores de riqueza”: los yachts, los jets privados, los autos de lujo, los caballos de carrera y los lingotes de oro no entrarían en los cálculos de las próximas cargas fiscales. Si a ello se le agregan los cambios en el impuesto sobre el capital gracias a los cuales los contribuyentes más ricos pagarán 5 mil millones de euros menos, más los recortes en las ayudas destinadas a la vivienda (1, 7 mil millones de euros menos para los pobres), el ahorro en el sistema de protección social (5 mil millones de euros en recortes) y el alza del 25% en la Contribución Social Generalizada (CSG)que recaerá esencialmente sobre los jubilados, el retrato presidencial se llena de ironías y de juicios negativos. El primer ministro, Édouard Philippe dijo que “asumía una medida en nada popular pero útil para la economía francesa”. Un sondeo publicado por el diario Libération el pasado 18 de septiembre recoge una opinión mayoritaria: para el 53% de los encuestados, la política económica del mandatario beneficia sobre todo a los ricos.

Los moribundos socialistas y la Francia Insumisa de Mélenchon se metieron en esa brecha. Mélenchon, sobre todo, fustiga a Macron como el presidente “de la oligarquía” y ya anhela un cacerolazo masivo como el que derribó en 2012 en Canadá al Partido Liberal de Jean Charest, empecinado en aumentar los gastos de escolarización. La ruptura no sólo se focalizó en la oposición progresista sino que también agita los rangos de los 313 diputados de La República en Marche (LRM) que componen la mayoría presidencial. Varios diputados de LRM se inclinan ahora hacia la opción de presentar enmiendas al proyecto para corregir el “efecto devastador” que estos regalitos fiscales tienen sobre la imagen de Macron.

Resulta que hay una grieta descomunal entre la promesa de presentar un presupuesto “a favor del poder adquisitivo y de un descenso de los impuestos que beneficien a todo el mundo” y esta versión que deja fuera de los gravámenes a los símbolos de la riqueza como esos bienes mobiliarios de lujo no productivos. Las únicas medidas que beneficiarán a las clases medias y modestas es la paulatina eliminación de la tasa sobre la vivienda y un subsidio al consumo de energía (gas, electricidad). Lo demás es un río de gravámenes en aumento y claras economías para los adinerados. La transformación del impuesto sobre las fortunas ISF en IFI y las variaciones en torno a la fiscalidad del capital (una flat tax del 30) le costará al Estado unos 5 mil millones de euros. Estas dos reformas representan por si sola la mitad de los ahorros fiscales previstos para 2018. Por ejemplo, en lo que atañe al IFI, según los casos, es decir, la fortuna que se detenta, los más ricos pegarán unos 10 mil euros menos de impuestos por año. Otro detalle: las fortunas más imponentes (más de 10 millones de euros) están compuestas en un 90% por inversiones financieras, las cuales estarán exoneradas del impuesto. El IFI concierne a 330 mil personas, de las cuales 180 mil se salvarán de la furia impositiva. Ante esto, los comparativos son locuaces: los jubilados, por ejemplo, pagarán entre 200 y 700 euros más de impuestos anuales. Las clases con menos recursos también perderán 60 euros anuales por el recorte de las ayudas a la vivienda (seis millones de hogares).

Con las cuentas claras en la mano, el apelativo de “presidente de los ricos” se forma solo. La política es a menudo un asunto de símbolos y el Ejecutivo ha sacado el lado más oscuro de los mismos. La prensa habla de una “apuesta incierta”. El Ministro de Economía, Bruno Le Maire, alega que “nosotros bajamos la fiscalidad del capital para liberar la capacidad de crecimiento de las empresas y las creación de impuestos”. La oposición progresista pone en tela de juicio la eficacia del procedimiento y califica la transformación como una “reforma de banquero de negocios”. Los presupuestos nacionales y las políticas fiscales desnudan, de hecho, las metas de los mandatos. Son más sabrosos en verdades que todas las narrativas y las estrategias de comunicación. Ahí queda plasmado quien paga y quien ahorra. En la naciente Francia de Macron ahorran los ricos.

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Lunes, 25 Septiembre 2017 11:39

Participación social de niño/as y jóvenes

Participación social de niño/as y jóvenes

De la norma a la realidad, discursos y acciones que abren interrogantes sobre la realidad de la participación social en nuestro país.

 

¿Un encuentro más? En junio de 2016 sesionó en Pereira el “Encuentro Interamericano de participación de la infancia y la adolescencia en políticas públicas” coordinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto interamericano del niño y la niña –IIN, al cual confluyeron diferentes procesos participativos de México, El Salvador, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia. Niños y adolescentes del país anfitrión dieron cuenta de cómo se realizan consultas y mesas de trabajo para enriquecer estrategias y programas. ¡Estamos cambiando el mundo!1, entonaban al unísono las voces más jóvenes de la región.

 

¿Una ilusión juvenil institucionalizada? El interrogante no es gratuito pues, más allá del evento, resalta una tensión muy profunda entre los imaginarios institucionales de participación y las lógicas locales en las que cobran vida, como lo permite deducir Freiman Quiñones, joven integrante del Consejo Nacional Asesor y Consultivo (de cuál institución o proceso), cuando afirma que “sólo somos reconocidos como indicadores, no hay empoderamiento en las regiones; [...] no somos tomados en cuenta”.

 

En el mismo sentido asiente María Camila Hoyos, compañera de Freiman en el Consejo: “una de las principales causas por las que nosotros los jóvenes no participamos es por la deficiencia de educación que cultive un pensamiento crítico”.

 

Estos jóvenes líderes distantes en sus regiones, el primero procedente de Tumaco-Nariño y la segunda de Popayán-Cauca, desarrollan por cuenta propia procesos de articulación y movilización social entre sus pares, promoviendo soluciones a las necesidades sentidas de la población. Terminan señalando cómo “la falta de continuidad, tanto nacionalmente como a nivel local, entorpece los ejercicios participativos, el impacto es menor”.

 

De buenas ideas está empedrado...

 

A comienzos de la década del 1990 la Constitución Política de Colombia consagró la participación social como un derecho garante del cumplimiento y protección de los demás derechos fundamentales; de manera especial en lo concerniente a niños, niñas y adolescentes. Es así como la ley 1098 de 2006 articula este principio empoderándolos como “sujetos titulares de derechos”. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño declara que “tendrán derecho a la libertad de expresión”, entendiéndola como “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo”2.

 

En consonancia con este marco regulatorio de derechos, el sistema educativo nacional contempla estimular el ejercicio deliberante de participación a través del Gobierno Escolar, una reproducción del sistema de gobierno democrático nacional al interior de cada salón de clases, a lo largo y ancho de esta geografía; “en cada establecimiento educativo del Estado estará conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico3”.

 

Desde entonces, la institucionalidad afinó su mirada hacia los más pequeños, los niños (“la persona entre 0 y 12 años”), los adolescentes (“la persona entre 12 y 18”) y los jóvenes4 (“de 14 a 28 años”); generando mecanismos de participación y control social desde su interior en sintonía con los imaginarios contractualistas de ciudadano moderno participativo.

 

Del pasado al presente

 

Lejanas y vetustas parecen ahora ideas decimonónicas cuando a la infancia le correspondía ser la edad “que sabe sentir y ver más bien que reflexionar i discurrir” (Catecismo de Astete). Siguiendo los discursos contemporáneos, en las escuelas se pretende formar sujetos autónomos y autocríticos, capaces de agenciar su propia vida y la de sus comunidades; reflexivos y comprometidos con el desarrollo individual y colectivo. Empero, están ancladas entre nosotros representaciones sobre la niñez en sentido deficitario, como menores de edad, recipientes sin contenido, tabula rasa, inocencia angelical o estultez manifiesta. En esta ingente Colombia de múltiples y simultáneas realidades, circulan en campos y ciudades ideas tales como “cuando los adultos hablan los niños callan”, “son cosas de niños”, “¡llora como una niña!”, o, llanamente, “no le ponga cuidado, eso se le pasa, así es que aprende”.

 

De igual manera se cierne sobre jóvenes y adolescentes una espesura de sospecha, desconfianza y riesgo latente. Circulan entre doctos y legos ideas que refieren a los adolescentes como “adolecer” (al que naturalmente le falta algo), apelando a supuestas raíces etimológicas, o alumno como “a-lumini” (sin luz); en todo caso no como un ser completo, más bien como un sujeto a medio camino de ser.

 

Un proceso por ser y en lucha constante. El reconocimiento de las voces, sentires y necesidades de nuestros niños y niñas está lejos de parecerse al discurso oficial e institucional que promulgamos; nuestras prácticas (Foucault) dan cuenta de realidades diferentes, evidencian tensiones constantes entre el deber ser y los hechos concretos; baste para ello revisar nuestros tenebrosos indicadores de utilización, infanticidio, abuso sexual, trabajo infantil o reclutamiento de niños, niñas y jóvenes.

 

De esta manera y de acuerdo a lo establecido oficialmente, en las instituciones educativas los niños y niñas líderes se postulan periódicamente a cargos de elección popular para representar a sus compañeros y servir de puente con las instancias de decisión y poder en las comunidades. Debemos señalar con sorna y escándalo que el gobierno escolar hace bien su trabajo, reproduce a pie juntillas el mundo de los adultos en su deseo por acumular capital simbólico (Bourdieu). Durante los procesos electorales del gobierno escolar se pueden ver en las instituciones educativas esquemas electoreros y corruptos, compra de votos, campañas de desprestigio, tráfico de influencias y, sobre todo, promesas falsas.

 

Sueño latente

 

Con todo, algunas de las transformaciones en la historia reciente del país han sido protagonizadas por los jóvenes, así lo refieren algunos líderes estudiantiles del denominado movimiento de la séptima papeleta en la década de 1990. “Para mí [...] fue una reafirmación de que no nos dejaríamos callar por la mafia, de que saldríamos a defender la democracia y que reformaríamos el país”; dice Claudia López, por aquella época estudiante de biología de la Universidad Distrital en Bogotá, hoy senadora (pre)candidata a la presidencia de la República.

 

De igual manera, y en el entrecruzamiento de fuerzas sociales, individuos e imaginarios que tensionan las formas de comprender y relacionarse con la niñez, resulta pertinente señalar algunas experiencias exitosas de participación vinculadas con el territorio que habitan las comunidades. Participar en abstracto no es un ejercicio potente, no lo es tampoco la instrumentalización de los sujetos estandarizados como indicadores en mecanismos que ellos mismos desconocen. Así, por ejemplo, la comunidad indígena Zenú, en el norte del país, cuenta con escenarios de incidencia pública y organización social llamados Cabildos Menores y Mayores. Se estimula que los jóvenes accedan a estos espacios y roles representativos de la vida pública; la condición para ello es formular soluciones a las problemáticas de la comunidad y comprometerse con su desarrollo; así lo manifiesta Elkin Roqueme como representante del cabildo, “para uno ser tenido en cuenta debe proponer y liderar, comprometerse, sino ¿pa’ qué?, no sirve de na’.” Los ojos vigilantes de la comunidad ejercen un estricto control social haciendo que las palabras superen el proselitismo clientelista y se traduzcan en acciones de impacto común.

 

De manera similar, en otras latitudes del país, en el sangrante departamento del Cauca, grupos indígenas desarrollan un modelo de educación alterno al establecido por la institucionalidad nacional. Allí los centros educativos no adelantan Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con los esquemas de gobierno escolar antes señalados, en cambio, articulan Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) que potencian el liderazgo y la participación colectiva, antes que la representatividad mesiánica de un solo individuo. Nuevamente, es la comunidad la encargada de agenciar los procesos sociales de los más pequeños, protegerlos, acompañarlos y guiarlos de acuerdo con propósitos colectivos. Es una participación con los pies en la tierra, más bien, en el territorio.

 

Los retos y tensiones que se configuran alrededor de los procesos participativos de niños, niñas y adolescentes dan cuenta de la complejidad del tejido social en Colombia, la fragilidad de la niñez tanto como la necesidad imperativa de construir formas pacíficas de resolución de conflictos. Su participación fortalece los canales de comunicación así como el desarrollo local en la comunidad. Es una oportunidad para ser mejor que nosotros mismos, para sanar heridas abiertas; después de todo, una sociedad que no protege la niñez está condenada al fracaso toda vez que se niega la posibilidad de aprender de los más sabios, aprender de sus niños; mientras reproduce esquizoidemente la historia de maltratos y abusos que vivieron los adultos de hoy en día, quienes han olvidado, o decidido olvidar, cómo fue ser niño, cómo entonces sabían que las cosas podrían ser mejor.

 

* Docente de la línea de “Socialización política” en Cinde, filósofo, opción en Antropología, Universidad de los Andes, Magíster en Educación Universidad Pedagógica Nacional.
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1 Eslogan institucional del Icbf.
2 Convención Internacional de los Derechos del Niño Artículo 13.
3 Ley 115 general de educación de 1994 Artículo 142.
4 Estatuto de Ciudadanía Juvenil Artículo 5.

Publicado enEdición Nº239

La trigésima edición de Semana por la Paz (nació en 1988) se realizará este año del 3 al 10 de septiembre. El Papa Francisco estará de visita en Colombia del miércoles 6 al domingo 10 de septiembre o sea, que la presencia y mensaje del Papa de alguna manera estarán entrelazados con las actividades de la Semana.

 

La Convocatoria en esta ocasión está suscrita por decenas de organizaciones de sociedad civil, movimientos, comunidades de fe, sectores universitarios, estudiantiles, sindicales, campesinos, indígenas, artísticos, comunidades étnicas regionales, aparte del núcleo impulsor original conformado por Redepaz, el Secretariado de Pastoral Social, la Universidad Javeriana, la Fundación para la Reconciliación.

 

La Convocatoria se titula: El Pueblo colombiano amigo de la paz sale al encuentro del Papa Francisco amigo de la Paz. El lema del afiche reza: “Muchos pasos por la paz y la reconciliación”. Y la Marcha o romería que se hará desde muchas ciudades hacia Villavicencio el viernes 8 de septiembre adopta como consigna central la de Millones de pazos por la paz y la reconciliación.

 

Como puede apreciarse se hace un esfuerzo por conciliar o articular el valioso aporte que significará la palabra del Papa, su carisma, su sincero interés en el cumplimiento de los acuerdos y el llamado enfático a la reconciliación con las dinámicas surgidas de la base de la sociedad y las regiones que ubican el quehacer de los actores sociales como constructores de paz en un contexto de riesgo para la vida de sus dirigentes y activistas, de incumplimiento de acuerdos surgidos de la protesta social, de dificultades enormes en el cumplimiento de acuerdos originados en el proceso de La Habana, en la participación aún incipiente en los diálogos de Quito y en el posacuerdo.

 

Claramente es una Semana con el Papa y con movilización. Se pretende que el Papa Francisco reconozca a los movimientos sociales y organizaciones ciudadanas como interlocutores válidos y diga una palabra en favor de la participación y de las garantías plenas de que deben gozar.

 

Para construir un marco de oportunidad en que esto ocurra se ha planteado al Comité Organizador de la visita pontificia considerar la posibilidad de incluir en la agenda un encuentro del Papa con 100 dirigentes de todos los sectores y regiones. El Papa ya ha tenido encuentros de este tenor en su visita a Bolivia y en varias oportunidades ha recibido a dirigentes de movimientos sociales y populares en el Vaticano. Hay gran expectativa por la respuesta a este pedido que, de aceptarse, significaría un espaldarazo papal a la existencia y acción de movimientos que quieren hacer de la paz una oportunidad para afianzar posibilidades de cambio. La visita es pastoral pero con alcance político.

 

Lo ha hecho notar claramente Alejandro Angulo Novoa, sacerdote jesuita, en la edición de agosto de Le Monde diplomatique: “No hay duda que la visita del Papa Francisco tendrá, más allá de su misión pastoral, una altísima carga política y social. El hecho de haber postergado su visita al país hasta el momento actual, una vez firmada la paz y entregadas las armas de las Farc, es prueba de que trae un mensaje dirigido a la reconciliación, el perdón y la generación de una nueva cultura de paz en Colombia”.

 

La reconciliación es el leitmotiv de la Semana y de la Visita papal. Pobreza, equidad, juventud, vocaciones religiosas, paz y reconciliación son temas de la visita pero entre ellos el que le dará el sello al acontecimiento será el de la reconciliación en el cual el Papa hará énfasis en Villavicencio, ciudad cercana a zonas caracterizadas de la guerra que termina, donde se encontrará con un nutrido grupo de víctimas de esa prolongado y cruento conflicto interno.

 

Reconciliación es el tránsito de la enemistad a la amistad. Quienes antes se destruían ahora se reconocen, respetan y construyen mutuamente. Parece sencillo pero no lo es. En el proceso de la reconciliación entran el develamiento de la verdad de lo ocurrido, el perdón de unos para otros, la disposición a un nuevo relacionamiento positivo, la posibilidad de participar juntos en un mismo emprendimiento social, económico o político.

 

La reconciliación se construye sobre la memoria cuando esta se invoca no para la venganza sino para el reencuentro. Memoria transformadora. Vías de reconciliación son el pedido y la oferta de perdón sinceros, tender la mano y darse el abrazo cuando lo dictan mente y corazón, asociarse para algo digno, hacer pactos éticos, de convivencia, de no violencia, de no armas en la política, de uso democrático del monopolio de la fuerza, de respeto por la naturaleza, de justicia para los desposeídos. La reconciliación es un proceso personal y colectivo, una construcción a la vez cultural, espiritual, social y política.

 

El país tiene que pasar prontamente a la reconciliación como tendencia, como hecho social generalizado, como triunfo político de la concordia sobre la barbarie, el terror y la polarización extrema. Reconciliación de Estado y sociedad, de economía y vida, de política y decencia, de pluralidad y democracia, de partidos y ciudadanía. Exigente programa que apunta a superar una forma de reconciliación sensiblera y light.

 

Estas son observaciones que hice hace unos días en mi columna de El Espectador con ocasión del encuentro de excomandantes paramilitares y excomandantes guerrilleros de las Farc en el barrio La Soledad de Bogotá (19 de julio) gracias a los buenos oficios del sacerdote Francisco de Roux y de Álvaro Leyva Durán.

 

La movilización del viernes 8 de septiembre en Villavicencio, “millones de pasos por la paz y la reconciliación”, reunirá personas provenientes en romería de los departamentos y ciudades del centro del país que partirán el 6, acamparán en un sitio abierto de la ciudad y se aproximarán en marcha multicolor y polifónica con sus pendones y pancartas al sitio donde el Papa preside los actos programados.

 

Este acto masivo, con el lenguaje propio de la acción colectiva, tan relevante en el país en el último lustro, afirmará la voluntad de construcción de paz positiva, exigirá cumplimiento de acuerdos y demandará garantías para la protesta legítima.

 

La visita del Papa está prevista como el momento en que se haga público o se reconfirme el cese bilateral de fuegos y hostilidades que se pacte entre Gobierno y ELN en Quito respondiendo al clamor unánime y creciente de la sociedad que apoya la salida política.

 

Así se busca que la sociedad colombiana amiga de la paz se encuentre en esta primera semana de septiembre con el Papa Francisco amigo de la paz.

 

* Presidente colegiado de la Red de Iniciativas por la Paz –Redepaz.

Publicado enEdición Nº238