Fuente: http://www.gamba.cl

 

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Elegimos volver a escucharla hoy, en este contexto tan intenso donde la lucha de las mujeres se despliega con una fuerza por momentos inesperada. Donde cada una desde su comunidad de mujeres pone empeño en organizar, difundir y participar del 8 de marzo y del paro histórico que sucederá en más de treinta países alrededor del mundo.

En lo vertiginoso de estos acontecimientos nos venimos diciendo unas a otras: no aceptemos más la violencia, potenciemos nuestra fuerza para multiplicar nuestro ya basta, organicemos encuentros, espacios y marchas que hagan temblar la tierra. Pero también nos repetimos una y otra vez: hagamos más denso el tejido del entre mujeres; potenciemos nuestra ayuda mutua, nuestro autocuidado y reciprocidad; estemos cada vez más movilizadas pero también robemos tiempo para sentir y pensar cómo seguimos, cómo nos auto organizamos cada vez más y qué desafíos está alumbrando la lucha.

Dicho de otro modo, al desplegar la lucha ésta ilumina nuevos problemas políticos. De nada sirve hacer sin pensar. Pensemos a partir de lo que estamos experimentando y abramos los espacios para construir los cómo seguir. Nuestras compañeras y hermanas nacidas en las luchas que nos antecedieron portan experiencias que es preciso recuperar para no empezar de cero, para nutrirnos y cambiar. Por eso esta conversación busca ser un espacio-momento para que Silvia nos comparta palabras que nos ayuden a pensar lo que está sucediendo.

 

¿Qué está sucediendo con la lucha de las mujeres? ¿Qué has reflexionado sobre las últimas manifestaciones en Estados Unidos?

Aquí es un momento en el que se está dando una movilización muy fuerte de todos los movimiento sociales, y sobre todo del movimiento de las mujeres. Hemos visto estas marchas en Washington, en Nueva York, en varias ciudades. Mujeres de todo tipo, de todas las edades se están movilizando, sintieron la necesidad de salir a la calle. Y pienso que no es solamente una necesidad de responder a Trump, es la expresión de un gran descontento que se ha acumulado en estos años, porque las situación de las mujeres en todos los niveles, con excepción de una minoría, se ha deteriorado desde hace mucho tiempo, enfrentando una crisis en su vida cotidiana.

Esta es una crisis de trabajo, una crisis de falta de tiempo para sí mismas, una crisis de la relación con los otros, es el no tener recursos, no tener tiempo ni acceso a los servicios más fundamentales. Además de enfrentarse continuamente a la violencia, que es violencia individual pero también del estado, de la policía, en las cárceles, es la militarización de la vida que aquí es cada vez más fuerte. Creo que ahora estos son los elementos que unifican y pueden unificar al movimiento feminista. Es un movimiento contra la violencia y los abusos institucionales, pero también es una manifestación de deseo, de voluntad de construir una sociedad diferente. En estas marchas, en Nueva York por ejemplo, se podía ver una gran creatividad, mucha fuerza y energía, por eso se puede comparar con lo que sucedió en los años setenta.

Es un movimiento que ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo a partir de la desilusión que tantas mujeres han experimentado. Se pensó que trabajar fuera de la casa posibilitaba conseguir autonomía. Y no nos dio autonomía porque el trabajo es precario, no da seguridad. Lo que vemos es un gran número de mujeres, y hombres también, cargadas de deudas. Han luchado por entrar a las universidades, como se luchaba en los años setenta, y ahora con la privatización de la educación deben un montón de dinero para poder estudiar. Muchas jóvenes con veinte años no pueden ver cuál va a ser su futuro.

¿De qué luchas previas se nutren estas manifestaciones? Porque al mirar las imágenes -no podíamos dejar de mirar lo que pasaba, la cantidad de personas- desde el sur nos preguntamos ¿de dónde se están nutriendo? ¿de dónde nació ese desborde? ¿qué había previamente organizado?

Creo que la decisión de una parte del establishment americano de apoyar a Trump ha sido una respuesta a las luchas que ya se estaban dando. Por ejemplo, la lucha por el aumento del salario mínimo ha involucrado a muchas mujeres muy fuertemente, y siempre se cruzaba con la lucha de los migrantes. Porque son sobre todo las mujeres y las personas migrantes las que tienen salarios muy bajos. También ha crecido un movimiento estudiantil contra la deuda generada por la falta de gratuidad. Por otro lado, muchos han apoyado a Trump pensando que sería el presidente que cortaría las deudas e implementaría una educación gratuita. Es también creciente la movilización contra el control del cuerpo. Por ejemplo, en muchos estados se redujo drásticamente el acceso al aborto. Hoy las mujeres se enfrentan con dificultades en todos los lugares donde están, con cortes en servicios como la educación y la precariedad de la vida, ninguna sabe si tendrá o no trabajo. Sobre todo entre jóvenes y mujeres no se ve qué tipo de futuro se tendrá. También la rabia y la indignación contra estos abusos, la violencia institucional continua, la matanza de la policía sobre los y las jóvenes de color, migrantes, latinos. La conciencia de que vivimos en un régimen muy brutal, que no es una novedad, pero que ahora ya no se puede no ver. En los últimos años casi todos los días un joven negro fue asesinado con una impunidad absoluta. Entonces, hay un descontento muy fuerte, económico y no económico, porque los dos están conectados. Porque está claro que esta violencia se justifica y se sostiene en la represión y en la precariedad económica.

¿Cómo estás viviendo estos mismos movimientos en el plano internacional, por ejemplo lo que está siendo en este momento la organización del paro internacional de mujeres?

Es una idea muy excitante, sobre todo esta dimensión internacional de las luchas es muy importante. En las últimas semanas ha sido muy importante ver tantas movilizaciones en todas las ciudades al mismo tiempo, el sentimiento de ser parte de algo que se está moviendo en muchas partes del país y del mundo. Así como la respuesta al llamamiento de paro de las compañeras en Argentina en octubre pasado que fue muy fuerte. También aquí muchas compañeras salieron a la calle. Todavía es difícil saber, pero es claro que solamente algunas podrán hacer el paro porque hay tantas dificultades prácticas para organizar un paro de las mujeres, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde existen realidades tan diferentes y hay grupos de mujeres tan diversas, en una situación donde faltan los servicios sociales, donde muchas mujeres son solteras y no tienen un marido que pueda sustituirla. Pero se envía una señal importante, es una posibilidad de compromiso con las nuevas formas de lucha y de organización. Ojalá sea un compromiso para crear redes de comunicación entre mujeres de diverso tipo. Crear un tejido social más fuerte, capaz de resistir a lo que está sucediendo y también empezar a construir nuevas relaciones. Empezar a implementar lo que se viene hablando sobre formas de auto gobernarnos, reclamar el control de nuestra vida, empezar el proceso de no solamente ponernos en contra sino ir definiendo qué tipo de sociedad queremos, cómo vamos a construirla, qué precisamos de inmediato y cuáles son los objetivos del futuro.

Yo creo que es importante hoy abrir una visión estratégica, no solamente salir a la calle, sino salir a la calle con una visión de lo que deseamos e intentamos construir. Sería una pena si vamos a la calle todas contentas y después regresamos a casa y no se une este momento con la construcción de algo distinto. Por eso es importante no solo demandar a un estado que no responde, sino comprender contra qué luchamos, que no son personajes. Estos personajes son la expresión de un mal que es el sistema. Comprender lo que está sucediendo a nivel económico, político, ecológico y empezar a hacer las conexiones. Es verdaderamente la misma lucha: luchar contra la contaminación, contra el capitalismo, la precarización de la vida y el despojo y luchar contra el patriarcado son momentos diferentes de una misma lucha. Pienso que esta movilización puede ayudar a crear conciencia sobre la interconexión de estas luchas. Ojalá tengamos la capacidad crear un terreno de unificación entre mujeres distintas.

Nosotras sentimos que nos entusiasma el paro y la movilización porque es un mensaje, es una disputa en varios planos, también simbólica. Acá en el sur, sobre todo la idea de la doble jornada, el trabajo doméstico, ha tomado mucha fuerza porque al discutir el paro hubo que intercambiar sobre qué precisábamos para parar. Eso dio lugar a un montón de discusión entre mujeres. Muchas han planteado que no pueden parar porque están solas con sus hijos e hijas, entonces vemos formas diversas de parar y participar. No nos proponemos hacer un paro en el que si no podés parar las veinticuatro horas no formás parte de la jornada y de la lucha, sino hacer un paro que diversifique las opciones y todas podamos participar.

Justamente, yo pienso que a partir de las dificultades de hacer este paro, de las dificultades de las mujeres que no pueden dejar a sus hijos, es importante comprender cuál es el paso próximo. Porque, ¿qué pasa con estas mujeres que están encarceladas por el trabajo doméstico todos los días y que no tienen a nadie que las pueda ayudar? El paro es un momento de comprensión y de transformación, porque mirando estas dificultades organizativas se puede ver qué necesitamos, qué se puede hacer como cosa urgente. Ver que existen tantas mujeres que no pueden ir a una reunión, al cine, porque son prisioneras de ese trabajo. Cuando estuve en Bruselas unos meses vi que allá las compañeras han impulsado la iniciativa de describir su jornada de trabajo y luego han recogido esos testimonios. Han dicho también al estado “todo esto es lo que las mujeres hacen”, están intentado decir “esta es la cuenta por todo lo que hemos realizado”. Este tipo de acciones pueden incrementar la conciencia y permiten pensar nuevas prácticas. Porque si estamos encarceladas en el hogar entonces ¿qué estructura necesitamos en lo urbano, en el barrio, para dar respuesta?, ¿cuáles son las necesidades inmediatas y urgentes?

En esa clave, al pensar el paro lo estábamos concibiendo como un momento pedagógico para nosotras y para todas las mujeres, por tanto para señalar los desafíos en todos los sentidos que vos nombras, para pensar qué movimiento tenemos que construir, bien atado a la vida y la cotidianidad. Pero también señalar los límites de la izquierda, los límites de ciertas formas de hacer política, lo que sucede con el sindicalismo. El paro iluminó muchas cosas, no solo para el propio movimiento de mujeres sino para muchas más personas.

Así es. Antes existieron sindicatos que se ocupaban de la vida, del barrio, que luchaban tomando en cuenta toda la vida de las trabajadoras y trabajadores, no solo sobre las ocho o nueve horas. Ahora es una forma burocrática que ya no funciona más, que no puede dar respuestas. He estado hablando con una compañera que organizó en Islandia el paro de 1975, desde allí las mujeres se han organizado en espacios urbanos donde se conversa, se circula información, en todas las ciudades están estos espacios que son experiencias colectivas para las mujeres. Estos lugares han facilitado mucho la organización, porque cada uno ha sido un punto de expansión de la información, de la táctica. Me gusta mucho pensar que se pueden crear estos lugares, espacios de las mujeres. Crear, desde donde una vive, espacios donde cuidarnos y dar discusiones entre mujeres. Insistir en la capacidad de crear, reclamar el espacio, el derecho a la ciudad. Es importante pensar este momento como un momento histórico, lo que está pasando con el Encuentro de Mujeres en Argentina, que se organice algo internacionalmente de forma autónoma sin los recursos y la intervención de la ONU. Se han hecho acciones todos los 8 de marzo, pero este año está la dimensión internacional. Esta jornada está reviviendo el sentido del 8 de marzo y dando lugar a un nuevo internacionalismo.

Pero es importante pensar estratégicamente qué es lo que queremos. Claro que no podemos saber muchas cosas, pero sí qué precisamos saber. Necesitamos una visión estratégica más allá de la manifestación. También la memoria histórica es importante para crear resistencia, la memoria sobre lo que ha significado este día para la lucha de la mujeres, sobre el internacionalismo feminista y el significado de eso en la actualidad. Creo que hoy las mujeres debemos estar más presentes en las luchas contra la guerra. En estas manifestaciones en Estados Unidos no se le ha dado suficiente atención a la problemática de la guerra.

Este punto es importante desde la perspectiva latinoamericana y también nos preguntamos por esto que nombras. La gente se moviliza cuando puede, cuando hay conciencia y voluntad, pero ¿qué piensa sobre las invasiones y la guerra el pueblo estadounidense?

Ahora se ven límites que no se veían y se empieza a insistir en la necesidad de la lucha contra la guerra. Han estado y están bombardeando con drones Yemen, han destruido Medio Oriente. Existe una relación fuerte entre la guerra permanente y la militarización de la vida aquí, por eso es importante esta temática. ¿De qué internacionalismo hablamos si no? Es importante que todos digamos que no se puede excluir a las personas de ningún país, pero también que no se debe bombardear ni destruir la vida en ningún país. Pienso que en los materiales que se van a preparar y escribir es importante tener esta visión histórica del internacionalismo feminista.

Con respecto a la memoria histórica, al crecer bastante la auto organización de las mujeres en varias ciudades de Uruguay, las compañeras plantean una sensación de ser huérfanas, de empezar una lucha sin saber que otras mujeres lucharon antes, desconociendo qué problemas tuvieron y cómo se organizaron. ¿Tuvieron esta sensación en los años setenta cuando el movimiento desbordaba las calles?

Para nosotras fue muy importante el trabajo de comenzar a reconstruir la historia de otras mujeres, de comprender de dónde venimos, cuales fueron nuestras madres, reconstruir y pensar en el feminismo liberal, en el feminismo socialista -del que nace el 8 de marzo-, saber lo que planteaban sobre la liberación de la mujer. De la historia del feminismo en América Latina he descubierto dos años atrás la lucha de las mujeres en Argentina, a Virginia Bolten y su consigna “ni patrón ni marido” y su periódico La Voz de la Mujer.

Las historias locales, en el Río de la Plata, también son muy potentes. Por ejemplo, la consigna de las mujeres en Uruguay en los años ochenta era “nosotras queremos cambiar la vida”. Es hermoso reconectar con esas luchas.

Es imprescindible conversar con estas mujeres que son libros vivientes, libros de la historia de las luchas. Esta concepción que planteas es importante para construir una memoria larga. Tú te sientes parte de algo, no puedes mirar el futuro sin mirar el pasado. Solamente cuando ves toda la historia de lucha, los límites, los problemas de las experiencias organizativas pasadas, intentas no repetir las mismas cosas. No puedes identificar lo que estás haciendo si no miras que se ha hecho antes y cuáles son las diferencias, aprender de esa experiencia, no pensar que has inventado todo.

 

 

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¿Resistir? ¡Resistir! ¿Por qué y cómo?

 

Desde tiempos inmemoriales, las personas que se sienten oprimidas y/o ignoradas por los poderosos han resistido a las autoridades. Tal resistencia puede cambiar las cosas, aunque esto ocurra sólo a veces. La opinión que merecen las causas de los resistentes depende de los valores y principios de cada uno.

En Estados Unidos, durante el último medio siglo, surgió una resistencia de ciertos sectores sociales contra las “élites” porqué consideraban qué Washington estimulaba prácticas ofensivas; a grupos religiosos, a poblaciones rurales olvidadas y a personas cuyos niveles de vida han disminuido de manera importante. En un primer momento, la resistencia tomó el camino de la participación social. Luego adquirió una forma más política, con el nombre de Tea Party.

El Tea Party tuvo algunos éxitos electorales, pero se disolvió sin una estrategia clara. Donald Trump vio una oportunidad y se ofreció como un líder unificador de esta derecha “populista” y logró catapultar a este movimiento hasta el poder político.

Trump comprendió que no había conflicto entre liderar un movimiento contra el establishment y ganar el poder del Estado a través del Partido Republicano. Por el contrario, la única forma que podía lograr sus nocivos objetivos era armonizar estos ambos fracciones.

El hecho es que tuvo éxito en la mayor potencia militar del mundo y ha conseguido estimular a grupos afines en todo el mundo, que siguen caminos similares ganando cada vez mayor cantidad de adeptos.

Aún hoy en día, el éxito de Trump no es comprendido por la mayoría de los líderes de los dos principales partidos estadounidenses pues siguen esperando que la “presidencia” lo transforme. Es decir, quieren que abandone su papel como líder de un movimiento y se limite a ser el presidente y líder de un partido político.

Se agarran de cualquier pequeña señal para creer que va a cambiar. Cuando, por un momento, ablanda su retórica (como lo hizo en su discurso de febrero de 28 al Congreso), no entienden que esta actitud es precisamente la engañosa táctica del líder de un movimiento. En su lugar, se sienten alentados o esperanzados, pero Trump no renunciará a su papel de “líder del movimiento” porque en el momento que lo haga perdería el poder real.

En el último año, frente al éxito de Trump, ha surgido un contra-movimiento en Estados Unidos (y en otros lugares) que han llamado a Resistir. Los participantes comprendieron que la única manera de contener y derrotar al “trumpismo” es un movimiento social que represente diferentes valores y prioridades diferentes. Este es el “por qué” del “Resistir”. Lo que es más difícil es el “cómo” del “Resistir”.

El movimiento de la resistencia ha crecido con notable rapidez, en ocasiones ha sido tan impresionante que la gran prensa se ha visto obligada a informar de su existencia. Esta es la razón por la que Trump arremete constantemente contra la prensa. La publicidad alimenta el movimiento, y este puede llegar a crecer hasta derrotar al Trumpismo.

El problema con la resistencia es que realiza muchas actividades dispersas sin una estrategia clara o todavía no adopta una estrategia definida. Tampoco tiene una figura unificadora que sea capaz de hacer lo que Trump hizo con el Tea Party.

La “Resistencia” ha participado en múltiples acciones. Se efectuado grandes marchas, desafiado a los representantes del Congreso en reuniones públicas, creado santuarios para que las personas amenazadas de expulsión, boicoteado el transporte, publicado denuncias, firmado peticiones, y creado agrupaciones locales que se reúnen para estudiar propuestas. La “Resistencia” ha sido capaz de cambiar a multitudes de personas comunes en militantes por primera vez en sus vidas.

Sin embargo la “Resistencia” tiene algunos peligros imperiosos. Cada vez son más los participantes que son detenidos y encarcelados. Ser militante es extenuante y después de un tiempo muchos se cansan de participar. Se necesitan éxitos, pequeños o grandes, para mantener en alto los espíritus. Nadie puede garantizar que el movimiento no se marchite. Al Tea Party le tomo décadas llegar a donde está hoy. Puede que el camino para el movimiento de la “Resistencia” sea igualmente de largo.

La Resistencia como movimiento tiene que tener en cuenta que estamos en medio de una transición histórica y estructural del sistema-mundo capitalista, en el que hemos vivido durante unos 500 años. Esta transición podrá llevarnos a dos sistemas sucesores muy diferentes; un sistema que conservará todas las peores características del capitalismo (jerarquía, la explotación, polarización) o su opuesto, un sistema que sea relativamente democrático e igualitario. Yo llamo a esto, “ la lucha entre el espíritu de Davos y el espíritu de Porto Alegre”.

Estamos viviendo en una situación caótica y confusa propia de una transición. Esto tiene dos implicaciones para una estrategia colectiva. En el corto plazo ( digamos tres años), debemos hacer grandes esfuerzos para que el movimiento sobreviva. Todos necesitamos alimento y refugio. Cualquier movimiento que quiera crecer debe ayudar a la gente a sobrevivir, minimizando el dolor de los que sufren.

Sin embargo, en el mediano plazo (digamos 20-40 años), lo que minimiza el dolor no cambia nada. Tenemos que concentrar nuestra lucha contra lo que representan el espíritu de Davos. No puede haber compromiso. No hay un versión “reformada” del capitalismo que pretenden construir.

El “cómo” de a Resistencia es claro. Necesitamos entender , colectivamente, con la mayor nitidez , lo que está sucediendo. Necesitamos una deliberación ética y estrategias políticas más sagaces. Esto no se consigue de manera automática. Tenemos que construir la organización. Sabemos que otro mundo es posible, sí, pero también hay que tener en cuenta que no es inevitable.

 


Traducción: Emilio Pizocaro

 

 

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La activista fue asesinada a tiros en su casa hace un año.

 

La investigación judicial del asesinato de la activista medioambiental hondureña conduce hasta las unidades de élite del ejército hondureño formadas por Estados Unidos

 

La filtración de los documentos judiciales demuestra que la ecologista hondureña Berta Cáceres fue asesinada por expertos en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales del país, formadas por Estados Unidos. Así se desprende de una investigación que ha llevado a cabo the Guardian.

Cáceres, que se oponía a la construcción de una presa hidroeléctrica, recibió un disparo mortal un año atrás. Supuestamente se encontraba bajo protección del Estado, ya que había recibido amenazas de muerte.

El asesinato de Cáceres, que en 2015 había sido distinguida con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman, provocó el clamor de la comunidad internacional y se hizo un llamamiento para que Estados Unidos dejara de proporcionar apoyo militar a Honduras, un aliado clave en la guerra contra las drogas.

Ocho hombres fueron detenidos por este crimen, entre ellos un militar en activo y dos militares retirados.

Las autoridades militares negaron cualquier implicación en el asesinato de la activista y restaron importancia al hecho de que se hubiera detenido a un militar en activo, Mariano Díaz, que fue expulsado del ejército.

Sin embargo, tanto el expediente militar de los detenidos como los documentos judiciales a los que ha tenido acceso the Guardian revelan que:

  1. Díaz, un militar veterano y condecorado de las fuerzas especiales fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en 2015 y cuando Cáceres fue asesinada iba a ser ascendido a teniente coronel.
  2. Otro de los sospechosos, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, se alistó en el ejército el mismo día que Díaz y sirvieron juntos. La acusación afirma que siguieron en contacto después de que Bustillo se retirara en 2008.
  3. Tanto Díaz como Bustillo recibieron formación militar en Estados Unidos.
  4. Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, era un francotirador de las fuerzas especiales que había servido bajo las órdenes directas de Díaz. La acusación cree que cuando dejó el ejército en 2013 siguió trabajando como informante de los Servicios de Inteligencia.


Los documentos judiciales también incluyen el registro de mensajes de teléfonos móviles. La acusación cree que algunos mensajes en código hacen referencia al asesinato.

El registro de llamadas y la declaración de Hernández confirman que en las semanas anteriores al asesinato, Bustillo y Hernández se desplazaron en varias ocasiones hasta la localidad de La Esperanza, donde vivía Cáceres. “El asesinato de Berta Cáceres tiene todos los elementos de una operación bien planeada y diseñada por los servicios de inteligencia del ejército, donde es absolutamente normal contratar a civiles para que asesinen a alguien”, explica a the Guardian una fuente legal que conoce bien la investigación.

“Es inimaginable que alguien del perfil de Cáceres, cuyo activismo se había convertido en un problema para el gobierno, pueda ser asesinada sin la autorización, aunque sea implícita, de los altos mandos del ejército”.

El Ministro de Defensa de Honduras no ha querido hablar con the Guardian, pero el responsable de las fuerzas armadas ha negado recientemente que en el país operen escuadrones de la muerte.

 

La conexión Agua Zarca

 

También han sido detenidos cinco civiles sin antecedentes militares. Uno de ellos es Sergio Rodríguez, uno de los responsables de Agua Zarca, el proyecto financiado con capital extranjero para la construcción de una presa hidroeléctrica que Cáceres quería frenar.

Dirige este proyecto Desarrollos Energéticos SA, (Desa), una empresa vinculada al gobierno y al ejército. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de los servicios de inteligencia del ejército y el secretario, Roberto Pacheco Reyes, es un exministro de justicia. De 2013 a 2015 el exteniente Bustillo trabajó como responsable de los servicios de seguridad de la empresa.

En relación a su campaña contra la presa, Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte; en algunos casos habían sido los mismos trabajadores de Desa los que la habían amenazado. Desa niega tener nada que ver con su asesinato.

Cáceres fue asesinada sobre las 23.30 del 2 de marzo, cuando un grupo formado por al menos cuatro sicarios entraron en la comunidad cerrada situada en las afueras de La Esperanza donde se había mudado recientemente. Varios testigos han explicado a the Guardian que, si bien el puesto de control situado en la entrada de la comunidad normalmente estaba custodiado por soldados o policías, esa noche estaba vacío.

En un inicio, los investigadores sugirieron la hipótesis de que Cáceres había sido asesinada por un examante o por un compañero de trabajo descontento. Sin embargo, tras el clamor de la comunidad internacional, las autoridades detuvieron a Díaz, Bustillo y dos sospechosos más en mayo de 2016.

Hernández, que semanas más tarde fue detenido en México, es el único sospechoso que ha declarado ante un juez. Ha reconocido su participación, si bien ha asegurado que lo hizo bajo coacción.

Los ocho detenidos han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete detenidos han negado su implicación con el crimen o no han declarado ante el juez. La acusación asegura que el historial telefónico presentado ante el juez demuestra que la comunicación entre los tres militares era constante. Este historial incluye un mensaje de texto en el que se mandan mensajes claves sobre el pago a un sicario.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirma que varios expertos estadounidenses han participado en la investigación desde el principio.

El senador Ben Cardin, uno de los miembros de más alto rango de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha indicado que Estados Unidos no debe dar un apoyo incondicional a Honduras. “Es fundamental que no solo reforcemos nuestros compromiso con el Estado de Derecho de Honduras sino que exijamos una mayor rendición de cuentas cuando se cometen abusos contra los derechos humanos y ataques contra la población civil”.

 

La lista negra

 

El año pasado, the Guardian publicó las declaraciones de un soldado hondureño que aseguró que había visto el nombre de Cáceres en una lista negra que circulaba entre las unidades del ejército formadas por Estados Unidos.

El sargento primero Rodrigo Cruz afirmó que las dos unidades de élite recibieron una lista con los nombres y las fotografías de activistas, y también recibieron la orden de matarlos. El comandante de la unidad de Cruz optó por desertar. Al resto de la unidad se les concedió un permiso.

En otra entrevista posterior con t he Guardian, Cruz explicó que los jefes del Estado Mayor del Ejército entregaron esta lista al comandante del equipo interinstitucional especial Xatruch, de la que forma parte su unidad.

Cruz, que no quiso que the Guardian utilizara su nombre real por miedo a represalias, desertó tras el asesinato de Cáceres y permanece oculto desde entonces.

Después de que the Guardian publicara el reportaje, James Nealon, el embajador de Estados Unidos en Honduras, se comprometió a investigar lo sucedido. En una entrevista que concedió la semana pasada afirmó que han removido cielo y tierra. “Creo que tanto yo como mi equipo hemos hablado con todas las personas con las que podíamos hablar y nadie ha elaborado esta lista”, indicó Nealon.

Sin embargo, Nealon reconoció que la embajada no ha hablado con el comandante de Xatruch. Además, ni la embajada ni las autoridades hondureñas han hablado con activistas que tienen información sobre la supuesta lista negra.

Lauren Carasik, profesora de Derecho en la Western New England University afirma que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Honduras y permitirá que los autores intelectuales del asesinato de Cáceres y de otros destacados activistas sigan en libertad.

“Washington no puede dar la espalda a las pruebas cada vez más sólidas de la participación del ejército hondureño en el asesinato extrajudicial de Cáceres”, concluye.

 

Apoyo militar

 

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, así como la impunidad de los autores, son algunas de las violaciones de los derechos humanos más graves que se cometen en Honduras.

A pesar de ello, Estados Unidos es el país que brinda un mayor apoyo militar y policial a Honduras. El año pasado la ayuda fue de 18 millones de dólares.

En los últimos años, la ayuda estadounidense se ha centrado en la formación de las fuerzas especiales, que nacieron en la década de los ochenta, en el contexto de la “guerra sucia”. Estas unidades de élite luchan contra el terrorismo, el crimen organizado y las bandas de criminales. Sin embargo, los activistas afirman que en la actualidad estas unidades también sirven para atacar a todos los líderes de la sociedad civil que cuestionan la gestión del gobierno.

Los ataques contra los activistas no han hecho más que aumentar desde un golpe de Estado respaldado por militares en 2009, que derrotó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces, han sido asesinados más de 124 ecologistas y defensores del derecho a la tierra.

Una investigación impulsada recientemente por la organización Global Witness, que lucha contra la corrupción, mostró que las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos que son muy nocivos para el medio ambiente. Este tipo de proyectos no han hecho más que crecer desde el golpe de Estado.

Una de las regiones más conflictivas del país es la de Bajo Aguán, situada en el norte de Honduras. Allí, los campesinos y las compañías productoras de aceite de palma libran un conflicto por el uso y tenencia de tierras que ya ha causado más de 130 muertes en los últimos seis años.

En el Bajo Aguán está desplegado el 15º batallón; una de las dos unidades especiales del ejército hondureño, así como el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales.

Dos de los sospechosos, Díaz y Hernández, sirvieron juntos en el 15º batallón. La unidad de élite de Cruz también estuvo desplegada en el Bajo Aguán.

El embajador Nealon afirma que no tiene constancia de que Díaz, Hernández o Bustillo hayan participado en los cursos de formación ofrecidos por Estados Unidos en Honduras.

“Nuestros programas de formación para policías o soldados no están pensados para enseñarles a cometer violaciones de derechos humanos o crear una atmósfera que les haga creer que pueden hacerlo, de hecho, más bien todo lo contrario”, explica.

Los expedientes militares hondureños muestran que Díaz participó en varios cursos de contrainsurgencia en las bases de las fuerzas especiales de Tegucigalpa y en el Bajo Aguán.

También participó en un taller de mando para cadetes en Fort Benning, en el estado de Georgia, en 1997, y un curso de contraterrorismo en la Academia de Fuerzas Aéreas Interamericanas en 2005.

Los documentos del juzgado también muestran que cuando fue detenido, Díaz, de 44 años, estaba siendo investigado por tráfico de droga y secuestro, y al mismo tiempo seguía estudiando para tener opción a un ascenso.

Los expedientes militares muestran que en 1997 Bustillo participó en cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, donde se entrenaron cientos de soldados de América Latina que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.

 

Traducción de Emma Reverter

 

 

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Martes, 28 Febrero 2017 07:55

Construir otra geometría del poder

Isabel Rauber

 


Capítulo del próximo libro de Isabel Rauber: Una asignatura pendiente de los gobiernos populares latinoamericanos

 

 
Desmontar el neoliberalismo requiere modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo


Las contradicciones, crisis, amenazas y situaciones crecientes de reversibilidad de los procesos democráticos populares en Latinoamérica colocan nuevamente en el centro de las reflexiones una interrogante histórica: ¿Es posible transformar-superar la sociedad capitalista desde adentro, o es necesaria una ruptura drástica mediante la toma del poder?

La pregunta ‑como las respuestas-, condensa un largo debate presente en el pensamiento y la acción socio-transformadoras desde antes de los tiempos de Marx hasta la actualidad. Pero cualquiera sea el posicionamiento político, las respuestas no pueden obviar reconceptualizar lo que significa hoy “capitalismo”, “socialismo”, “revolución social”, “toma del poder”, “¿cuál poder?”, construcción de poder “desde abajo”, “democracia”, “hegemonía”, “lucha de clases”, entre otros.

En dependencia de las respuestas, el mundo político de la izquierda del siglo XX se dividía –grosso modo‑, entre reformistas (cambios graduales) y revolucionarios (toma del poder). Eran centralmente diferencias político-ideológicas que, invisibilizadas tras una supuesta “cuestión de métodos”, planteaban –en síntesis‑ dos concepciones estratégicas:

-Hacer reformas para mejorar el capitalismo (“desarrollarlo”, para lograr que maduren las premisas señaladas por Marx)[1], y luego “pasar” al socialismo (reformistas).

-Hacer la revolución con un acto de ruptura ‑toma del poder‑, para luego implementar los cambios propios de la transición al socialismo dirigiendo la administración del Estado (leninismo: estatización como medio de control total del metabolismo social).

Ambas concepciones coincidían en un punto: tanto las reformas sociales como la revolución se producirían desde la superestructura político-institucional (arriba).

Marcando un punto de inflexión respecto de tal posicionamiento político-cultural, los sujetos populares que protagonizaron y protagonizan las resistencias y luchas sociales enfrentando los embates neoliberales a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, fueron construyendo otras respuestas a las anteriores interrogantes acerca de la transformación del poder del capital y del cambio social, incorporaron también otras preguntas y, de conjunto, germinaron una concepción integral del poder, recuperando en gran medida la mirada marxiano-gramsciana: social, económica, política y cultural.

La vieja disyuntiva reforma o revolución ‑aunque está presente transversalmente en todas las propuestas y acciones políticas de los procesos populares en el continente‑, hoy resulta insuficiente para analizarlos y aportar a los temas puestos en debate: Sujetos, poder, independencia, desarrollo, conducción política...

Resignificando el concepto marxiano de revolución social, los movimientos sociales develan otras dimensiones, aristas e intersecciones de los procesos de transformación de la sociedad capitalista encaminados a su superación civilizatoria: en vez de apostar a la desgastada y derrotada concepción de una revolución superestructural, partidista y jerárquica (desde “arriba”, propia del siglo XX), apuestan a la creación y construcción del poder popular, participativo, comunitario, a partir de su protagonismo, reconociéndose sujetos sociopolíticos del campo popular.

Así, desde sus prácticas concretas, en procesos como los de Bolivia y Venezuela ha venido germinando un nuevo poder popular desde “abajo”, comunitario y comunal que, en tanto tal, es –a la vez‑ un proceso de empoderamiento (conciencia, organización, gestión...) de sus protagonistas. Lo mismo ocurre también en las luchas y construcciones de movimientos sociales en Brasil, en Uruguay, en México, en El Salvador...

La perspectiva revolucionaria de los procesos políticos populares en curso y está íntimamente ligada a la acción de los pueblos y a la posibilidad de reflexionar críticamente acerca de sus experiencias, recuperando sus luchas y empeños en crear y construir poder popular. Se trata de un poder diferente a todo lo existente-heredado, que es a la vez: destituyente del viejo Estado (Gramsci), y constituyente e instituyente de un nuevo Estado en marcha hacia una nueva civilización. En caso contrario, por mucho que se pregone la revolución, esta quedará aprisionada y anulada por las tenazas de la legalidad e institucionalidad del poder constituido‑heredado, por sus normas (el saber hacer) y por hábitos (el dejar hacer...).

Reformas hay y habrá en cualquier posicionamiento estratégico, pero ¿cómo se definen?: ¿mediante la participación protagónica de los pueblos o dictadas “desde arriba” y anunciadas luego como logros de “benefactores revolucionarios” (dádivas asistencialistas)? Al ganar las elecciones y llegar al gobierno de un país, las fuerzas progresistas o de izquierda se hallan ante la tarea de recuperar el Estado, sacarlo de la esfera neoliberal; la interrogante es: ¿Se busca que el Estado esté “al servicio del pueblo” o convertirlo en una herramienta del pueblo para transformar la sociedad y transformarse a sí mismo en ese proceso, en sujeto protagonista de su historia?

La respuesta a esta interrogante es medular. Define las tareas, los actores sociopolíticos y los horizontes en disputa de los gobiernos populares, las posibilidades de profundización de sus tendencias revolucionarias, o su anulación reformista socialdemócrata que ‑atenuada tras una retórica de cambios‑, hace que gobernantes y funcionarios públicos se limiten a cumplir las normas propias de la gobernabilidad establecida por el poder hegemónico del capital, allanando el camino hacia la restauración.

En virtud de ello, lo que constituye el parteaguas real de la respuesta a la pregunta reforma o revolución es: Si las decisiones se toman “desde arriba” (superestructuralmente) por un grupo iluminado de “vanguardia” (élite), o si se toman colectivamente convocando a la participación e iniciativa populares, informando, formando y promoviendo la autoorganización y el empoderamiento de los pueblos, estimulando procesos formativos-educativos, potenciando su voluntad de crear, construir y constituir(se) en un nuevo poder, el poder comunal, comunitario, popular, construido “desde abajo”.[2]

En los procesos de cambio social abiertos por los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios esta cualidad ha estado presente, pero no siempre con la centralidad política que estos requieren para ser irreversibles. Este desplazamiento o secundarización del eje político del protagonismo popular se tornó debilidad político-social y se expresó, por ejemplo, en el revés que obtuvo la propuesta popular-gubernamental en las elecciones, en Argentina; en la movida reaccionaria contra Dilma, en Brasil; en los resultados del referendo, en Bolivia; en la desestabilización desatada virulentamente en Venezuela ‑para solo nombrar algunos ejemplos.

Voceros del poder rápidamente trataron de calificar y clasificar tales acontecimientos como propios de un “fin de ciclo” progresista en el continente; afirmando con ello la idea de que no es posible construir procesos políticos populares irreversibles, ni hacer sostenibles sus proyectos de justicia social, equidad, derechos para todos y poner fin a la exclusión: fin del hambre, del analfabetismo, de las enfermedades curables...

Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras para revertir las conquistas y logros obtenidos con los gobiernos populares, siendo, un objetivo central, para ello, poner fin a tales gobiernos: impulsando proyectos desestabilizadores, guerra económica, política, cultural y mediática; destruyendo a los principales referentes políticos, por vías de su desacreditación, esgrimiendo impedimentos jurídicos a reelecciones, o –combinadamente‑, levantando acusaciones de delitos que viabilicen la realización de golpes “suaves”, “parlamentarios” o “constitucionales”, sin descartar la eliminación física –si fuera necesario‑, de quienes consideran ‑no su adversario, como dicen, sino‑ su enemigo.

Es vital entonces, hacer una alto en el camino, aprender de lo realizado y compartir –en apretada síntesis‑, algunas reflexiones a modo de enseñanzas de este tiempo de atrevimiento colectivo de los pueblos, capaces de desafiar al poder hegemónico del capital para crear y construir sus destinos.

Me referiré aquí a un grupo de pasos diferenciados de este proceso, pero ello solo responde a los rigores de la exposición analítica, pues en la vida social no existen pasos lineales secuencialmente organizados. La conquista de un paso posibilita otro a la vez que lo define, condiciona y habilita, y viceversa... interdefiniéndose todos en la movediza realidad social, en tanto todo proceso creativo de lo nuevo es parte de otros de adecuación-transformación de lo existente. Una suerte de “todo mezclado” contradictorio con el que hay que aprender a convivir, construyendo en cada momento la dirección política colectiva en sintonía con las dinámicas de los procesos sociales y la direccionalidad del horizonte civilizatorio buscado.

De la “recuperación” del Estado a las democracias populares

Entre tantas situaciones, problemáticas y propuestas a procesar en tiempos de la arremetida revanchista restauradora, se abren paso aquellos planteamientos y prácticas políticas que centran las fortalezas de los procesos de cambios y su irreversibilidad, es decir, la continuidad de gobiernos populares revolucionarios, en la participación popular: en el gobierno, el Estado, la economía y las dimensiones político-culturales de los procesos.

Es la participación de los pueblos la que impulsa procesos de creación colectiva de lo nuevo y, a la vez, sienta las bases para la superación de lo establecido (Estado neoliberal, democracia burguesa). Sobre esa base, se van abriendo compuertas institucionales político-sociales que van transformando la característica posneoliberal inicial de los gobiernos populares hacia gobiernos de democracias populares (revolucionarias). Vale desgranar –a continuación‑, aspectos claves de esas tareas, sus tiempos político-sociales y sus actores.

 

►Desmontar el modelo neoliberal y recuperar el Estado como agente de acción social

 

Marcados por la necesidad de superar la herencia neoliberal, una tarea común –e ineludible‑ de los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios ha sido, inicialmente, la de desmontar el andamiaje neoliberal, y buscar vías para recuperar-recomponer el Estado en virtud de ponerlo en función de políticas públicas que se hagan cargo de los derechos sociales del pueblo, en toda la diversidad en que ellos existan o se presenten. En tal sentido, en el período posneoliberal, la tendencia predominante de estos gobiernos ha sido: reconstruir al Estado como actor sociopolítico central, administrado por la fuerza política gobernante y sus funcionarios de cabecera. Esto puede reconocerse como un punto de partida ineludible, pero ¿es suficiente?, ¿es el horizonte del cambio?

En tanto el Estado-nación es ‑en el sentido gramnsciano del concepto‑, un sistema social integral, la recuperación de la centralidad del Estado como agente impulsor de políticas públicas populares se anudó con una suerte de neodesarrollismo keynesiano “de izquierda” que concentró el eje de los cambios sociales en el accionar económico–social del Estado y el gobierno. De ahí que, en ese tiempo, en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante no estuviera encaminada a estimular la creación y desarrollo de alternativas económicas superadoras del modelo propuesto por el orden global del capital, que conminó a nuestras economías a ser proveedoras de materias primas, apostando por diversas modalidades de extractivismo y rentismo.

Cabe pensar que, tal vez, el tareísmo contingente que emergió de las coyunturas de crisis del neoliberalismo, nubló la visión de la importancia de impulsar –simultáneamente con la búsqueda de soluciones a problemas urgentes‑, procesos de creación y construcción de caminos de transformación productiva que sentaran bases para un nuevo modo de producción y reproducción en el continente, sustrato de un horizonte común sostenible de integración, diferente al del capital.

Esto quedó –de hecho‑ fuera de agenda. Y también el protagonismo popular (de movimientos indígenas, movimientos sociales, de mujeres...). Ambos factores pasaron a una dimensión secundaria, consideradas de “poco peso” ante las cuestiones urgentes “de Estado”. En algunos casos se trató de buscar el apoyo político de los movimientos populares otorgando a algunos de sus referentes determinados cargos públicos en aras de sumarlos a las tareas del momento, pero ‑en lo fundamental‑ el protagonismo popular fue desplazado y suplantarlo por el funcionariado, considerando –de hecho‑, que si el Estado es administrado por militantes revolucionarios, es –automáticamente‑ revolucionario.

Confundidos tal vez por el hecho de asumir cargos y responsabilidades hasta ahora vedados para el campo popular, algunos sectores de la izquierda gobernante olvidaron o subestimaron el origen clasista del Estado y sus tentáculos de subordinación y sujeción –por diversas vías‑, de los ciudadanos al ámbito de la hegemonía del capital y su estatus quo.

Al dejar de poner esto en el centro de los debates y el quehacer político cotidiano, fomentaron un posicionamiento acrítico de los pueblos y sus organizaciones sociales respecto de los procesos gubernamentales en los que participaban. Esto evidencia que se pueden ganar elecciones, administrar el Estado y tener un gran discurso revolucionario, pero sostener ‑en la práctica‑, un programa reformista, socialdemócrata, que contribuye –quiérase o no‑, a la restauración del viejo poder.

¿Qué significa en este sentido, ser socialdemócrata?: Que se renuncia al cuestionamiento raizal del poder; que se plantea –en los hechos‑ ser la izquierda del capital y, en tanto tal, solo se proponen reformas de coloretes buscando instalar un ilusorio capitalismo “bueno”, populista, de bienestar...

Esta situación no podría calificarse, en principio, como positiva ni negativa porque:

A) Podría encaminarse a la consolidación de una opción reformista, con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases jurídicas que configuran su institucionalidad.

B) Podría convertirse en una puerta de acceso a procesos de cambios sociales profundos, reconvirtiendo al aparto estatal –a partir de anclarlo en la participación popular‑, en un instrumento político-institucional para apoyar (y promover) procesos de cambios revolucionarios protagonizados por movimientos y organizaciones sociales, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos y el papel social de dicha institución e institucionalidad (proyectos de entrada)[3].
No cabe pretender que cada paso esté previamente definido y clarificado. Pero tener un horizonte clarificado es una referencia importante porque, ¿hacia dónde se encaminan los gobiernos populares luego del empeño de los primeros años de su agenda posneoliberal? ¿Tienen los pueblos posibilidades reales de construir una alternativa sostenible de justicia y derechos sociales hacia la equidad, o son solo un oasis, un paréntesis, en la historia de la dominación global del capital?

 

►Abrir las compuertas del Estado a la participación popular

 

Recuperar el papel social del Estado es apenas un primer paso en el inmenso océano de las transformaciones sociales. La más dura y contundente prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor estatización que aquella resulta difícil de imaginar, sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana...

Es lícito pensar entonces que fue precisamente por centrar los ejes del cambio social en el quehacer del Estado y su aparato burocrático de funcionarios, por concebir al Estado como un “actor social” central y no como una herramienta político-institucional en manos del pueblo, que aquel proyecto socialista derrapó de sus objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas, suplantando el protagonismo popular, terminó anulando al sujeto revolucionario. Y así el horizonte revolucionario terminó desdibujado, aprisionado por la lógica del poder al que –a la postre‑ tributa.

Lo que define y diferencia a una propuesta reformista restauradora de una perspectiva raizalmente democratizadora, revolucionaria, lo que posibilita tornar irreversibles los procesos de cambio, radica en la participación popular: Abrir el Estado a la participación de los movimientos sociales populares en la toma de decisiones, en la realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el proceso de gestión de lo público, abriendo cauces a la pluralidad que demande y defina la diversidad de sectores y actores sociales populares participantes.

Abrir las compuertas del Estado, las políticas públicas y la gestión de lo público a la participación de los movimientos populares, indígenas, sindicales, campesinos... es también, habilitar una dimensión de articulación colectiva que posibilita a esos actores asumirse como protagonistas con derecho ‑y obligación‑ de participar en la toma de decisiones políticas que marcan el rumbo, el ritmo y la intensidad de los procesos político-sociales de cambio. En este sentido, hay yuxtaposición de tareas y procesos.

Es así que, simultáneamente con las tareas propias del desmontaje neoliberal propio del tiempo posneoliberal, pueden habilitarse canales, formatos e instancias que posibiliten a los pueblos ser parte del quehacer de recuperación social del Estado o del Estado herramienta social. Esto, siempre y cuando no se conciba a la recuperación como una “vuelta atrás”, algo así como recuperar un terreno (y un tiempo) que se ha perdido. Se trata de una “recuperación-ocupación” para disputar un territorio creado y ocupado históricamente por el mercado, en aras de arrancarlo de su hegemonía y transformarlo mediante la participación de los pueblos en la toma de decisiones del quehacer estatal.

Instalar e impulsar este protagonismo, raizalmente democratizador, constituye –o debería constituir‑ una de las tareas distintivas de los gobiernos populares o progresistas desde sus primeros pasos. Y marca –o marcaría‑, desde el vamos, la instalación de un camino de superación del tiempo posneoliberal hacia la construcción de democracias populares, cuya cualidad central es la participación protagónica de los pueblos. A ella se articula el control popular y la transparencia en la gestión de lo público.

La participación tiene interpretaciones diversas, pero aquí se refiere a participar en la toma de decisiones. Y ello reclama organización de la sociedad, acceso a la información, debates, conclusiones y construir procesos para la toma de decisiones colectivas. Implica una relación biunívoca, no solo recibir información y responder “Si” o “No”.

No es una encuesta, aunque ciertamente las encuestas son también parte de las consultas a la ciudadanía que constituyen formas de participación. Modalidades y métodos hay muchos; lo que se busca definir acá es que se trata de una participación política popular en la toma de decisiones; un paso hacia el cogobierno y un factor esencialmente democratizador del poder.

 

Control popular y transparencia

 

Igualmente democratizador resultan el control popular y la transparencia en la gestión de lo público; ambos muy interconectados. La transparencia es fundamental para decidir qué, cómo y quiénes. Es la base para el control popular y la participación. Garantiza que la participación en la toma de decisiones siga el curso acordado –o se modifique si varían algunos factores intervinientes en el proceso‑; que la ciudadanía, particularmente la de los sectores populares, cuente con toda la información necesaria antes y durante todo el proceso; que tenga participación también en el proceso de ejecución de las decisiones.

La transparencia se da, en tales casos de hecho, como fundamento y alimento informativo en todo el proceso; sin ella es imposible decidir, ejercer instancias de control, ser parte de la ejecución. Pero además de esto, que podría considerase dentro de lo “técnico”, sobresale su alta incidencia política. No solo es democratizadora, sino que abre caminos hacia el empoderamiento popular respecto de lo público y las políticas públicas, desarmando las intrigas palaciegas y mediáticas acerca de hechos de corrupción –además de impedirla‑, de prebendas, clientelismo, etc.

No hay posibilidad de engaño cuando se tiene la información para decidir y se decide a conciencia; no hay posibilidad de que las campañas difamatorias de gobernantes tengan éxito cuando es el pueblo el que decide y gobierna conjuntamente con “sus” gobernantes elegidos. Pueden hacerse obviamente las campañas, desatarse intrigas e intentos desestabilizadores. Está claro que cada solución destapa nuevas contradicciones y abre nuevos camino para buscar defectos y huecos negros a la legitimidad popular. Pero estos se irán minimizando a partir de la propia participación popular, en un camino de empoderamiento-aprendizaje crítico respecto del poder y de construcción de la hegemonía popular.

La lucha político-ideológico-mediática, la batalla de ideas, tienen en la transparencia, la participación y el control populares un anclaje social popular clave. Las “ideas”, en este caso, no son algo etéreo “flotante”, sino certezas que emanan de las prácticas. De conjunto fortalecen la conciencia popular colectiva y construyen una coraza frente al ataque constante de los adversarios de la democracia y, particularmente, de las democracias populares con rumbos revolucionarios.

 
Se trata de una modalidad democrática transicional

 

Las democracias populares constituyen una base sociopolítica indispensable para promover el empoderamiento popular. Y son también parte de un proceso de aprendizaje colectivo, en primer lugar, encaminado a desaprender lo viejo, a superar las barreras excluyentes propias del elitismo de clase de la democracia burguesa, conviviendo con la creación de nuevas modalidades de participación, de gestión y control populares, aprendiendo lo nuevo en la misma medida que se va creando y construyendo el nuevo poder popular, la nueva democracia, el nuevo mundo... Ello no se producirá de golpe. Se requiere de procesos jurídicos que la habiliten y de procesos político-educativos de los funcionarios públicos, de los movimientos sociales, de los partidos políticos de izquierda y de la ciudadanía popular en general.

En ese proceso los sujetos van cuestionando-reconceptualizando las políticas públicas, la gestión de lo público y el quehacer de los funcionarios, en función de sus realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones, sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello‑, van redefiniendo el alcance de “lo estatal” y lo propio de “la ciudadanía”, particularmente de las ciudadanías populares.

En las experiencias concretas de construcción de poder comunal o comunitario, como las que se desarrollan en Venezuela y Bolivia, se observa lo contradictorio de los procesos vivos de cambios... Emergen en ellos soluciones y contradicciones nuevas, entre lo que el pueblo crea y aprende transformado su viejo saber hacer, y sus viejos “fantasmas” culturales; entre nuevas modalidades de representación del pueblo organizado en sus territorios y algunos funcionarios estatales y /o partidarios que ‑en vez de estimular estos procesos‑, sintiéndose tal vez amenazados por el protagonismo popular autónomo pujante, tienden a frenarlo, acorralarlo, acotarlo, subordinarlo o asfixiarlo. La disyuntiva es, en este sentido, ¿ocupar o transformar el Estado?

La tarea revolucionaria no la hacen sujetos subordinados, dependientes o prebendarios de las estructuras institucionales tradicionales, ni de los partidos políticos gobernantes y sus líderes. La realizan sujetos autónomos del campo popular: movimientos sociales, movimientos indígenas, partidos de izquierda, organizaciones territoriales, referentes de comunas y comunidades... A ellos corresponde crear, construir, sostener y profundizar otro poder, el poder popular.

Esto como parte de un macro proceso integral de transformación del Estado, entendiendo que el Estado no se reduce al “aparato estatal”, sino que es parte del sistema social en permanente movimiento e interdefiniciones. Esta interdefinición alcanza también a la rearticulación de todos los factores concurrentes. En este sentido, el tipo de interacción‑articulación marca y define también el tipo de ciudadanía, el tipo de democracia y sus horizontes.

Limitarse a hacer una buena administración abona el camino de restauración de la hegemonía del poder

La proyección revolucionaria de los gobernantes no puede evaluarse a partir de los cánones tradicionales de calidad de su gestión institucional; es política. Se relaciona directamente con sus capacidades para poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria.

La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos intentar demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar procesos revolucionarios desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo nuevos roles y responsabilidades para cogobernar el país.

Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías populares en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas y en el control de los resultados, para construir colectivamente un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad, conjuntamente con procesos de articulación y constitución del pueblo en sujeto político. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos (en cada momento en que sea necesario).

 

Las asambleas constituyentes son una herramienta indispensable de los pueblos

 

En este sentido, vale destacar que en los procesos de Venezuela y Bolivia, entre las primeras decisiones políticas gubernamentales, estuvo la convocatoria y realización de asambleas constituyentes. Son síntomas que indican voluntad de trasgresión del stablishment y definen el arribo de un tiempo de democracias populares.

Cada momento-dimensión-acción de profundización de las transformaciones raizales de un proceso revolucionario genera y generará nuevas articulaciones e interdefiniciones sociales que reclaman y reclamarán nuevas bases constitucionales, nuevas asambleas constituyentes, o el nuevo poder que va siendo creado y construido irá quedando en los márgenes del poder instituido (funcional al capital).

Sin asambleas constituyentes poco puede modificarse de modo sostenible, pero su sola realización resulta insuficiente; necesitan estar articuladas con procesos de cambios raizales en curso, legalizando las creaciones y construcciones populares preexistentes y las nuevas, afianzando lo hecho y orientando el camino hacia un horizonte superador; es decir, abriendo paso a las transformaciones en curso que los pueblos van sedimentando día a día desde abajo, en sus comunas y consejos comunales, con su organización autónoma territorial y sus parlamentos; en las fábricas recuperadas; en las empresas con control obrero; en las comunidades indígenas con sus históricas modalidades democráticas (no modernas) de existencia y funcionamiento; etcétera.

Es en el proceso de las fuerzas sociales vivas, en movimiento, con todas sus contradicciones, donde toma cuerpo la pulseada con el poder: el histórico concentrado en sus personificaciones e instituciones, y el que sobrevive en las mentalidades colectivas producto de siglos de colonización y dependencia cultural.

Salir de ese cerco, proponerse crear y construir modalidades y caminos diferentes en rumbo hacia una nueva civilización, es lo que da cuerpo –en apretadísima síntesis‑, a procesos de descolonización. Esta es parte –intrínseca‑ del proceso de cambio revolucionario que aspira a superar, a salir, de las redes de la hegemonía milenaria de mercado y el capital (en lo económico, político, cultural, social, identitario...), construyendo un modo de vida nuevo, basado en el buen vivir y convivir para la plenitud humana.

 
De la participación en las instituciones al empoderamiento popular territorial

 

El empoderamiento de los pueblos constituye el tercer signo, factor o componente, que indica la existencia de un proceso revolucionario encaminado a fortalecer las democracias populares (segundo signo), a la vez que va sembrando, buscando y abriendo caminos que posibiliten ir mas allá de la administración del viejo Estado o de la participación del pueblo en las instituciones existentes, creando nuevas institucionalidades y afianzando el nuevo poder popular que va siendo creado y construido desde abajo.[4] En estos procesos los pueblos desarrollan sus capacidades de gestión y administración de lo propio (autogobernarse).

Aprendiendo de sus prácticas y en sus prácticas van construyendo poder propio y lo van ejerciendo. Es decir, hay una dialéctica permanente entre construir, ejercer y apropiarse del poder.[5] Es una vía concreta de empoderamiento[6] creciente de los diversos actores sociopolíticos –reflexión crítica de su realidad mediante‑, respecto del curso y los destinos de sus vidas. Sus lógicas marchas y contramarchas e van conformando una interdialéctica constante entre nuevo poder popular construido, el nuevo poder popular ejercido conscientemente (empoderamiento) y el nuevo poder popular en desarrollo. Por ello afirmo que se toma (apropia) lo que se construye. Porque hacer una revolución no significa “tomar el poder” que existe, salvo que se pretenda seguir sus reglas.

 

“Dar vuelta la tortilla” no es el camino...

 

El poder de lo nuevo que emerge, el poder popular revolucionario, no es el resultado de un acto de “toma del poder” del capital, que expulsa a los capitalistas de las empresas y a sus representantes en el Estado, para colocar en su lugar a funcionarios revolucionarios. “Dar vuelta la tortilla” no resuelve los problemas, por el contrario, garantiza la continuidad del dominio de la lógica del capital enmascarada tras nuevas fachadas políticas.

Formar una nueva cultura, crear y construir una nueva civilización, anclada en los modos de vida comunitario y comunal autogestionarios, implica no solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos, así como también de las enseñanzas de las experiencias socialistas del siglo XX.

La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es –a la vez que un empeño local‑ parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que –conscientemente‑, quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y sostenerlo.

En las comunidades indígenas originarias o indígenas campesinas de Bolivia, por ejemplo, el empoderamiento comunitario, histórico, se ha desarrollado y consolidado al fragor de las luchas para poner fina a las relaciones excluyentes del poder del capital propio de la modernidad.[7] Estas comunidades tienen identidad, cultura, modo de vida, modalidades productivas, sabiduría, saberes, pensamiento, historia, cosmovisión y cosmopercepción propias, que sobrevivieron a la avalancha de la modernidad llegada con la colonia ‑conquista, crimen, exclusión y colonización mediante‑.

Tienen formas, que pueden denominarse democráticas para facilitar la comprensión, pero que en realidad son formas comunitarias de convivencia colectiva, ancladas en la consulta, la toma de decisiones horizontal (en el sentido que se decide en común), y la sistemática devolución a la población por parte de las autoridades de turno. La rotatividad de los cargos, por ejemplo, garantiza la preparación de la mayoría para ejercer funciones de organización y conducción de la comunidad. Tal vez fue por una necesidad de sobrevivencia, pero lo cierto es que la rotación en los cargos de responsabilidades, que en la sociedad contemporánea resulta traumática, en las comunidades indígenas es parte del proceso natural de la vida.

Aisladas de las dinámicas centrales del poder dominante hegemónico, las formas “democráticas” comunitarias de organización y convivencia, el modo de vida de las comunidades, no representaban una “amenaza” al poder constituido. Pero, ¿qué ocurre cuando los pueblos de las comunidades se constituyen en gobierno o en parte de un gobierno que los representa, que los reconoce y promueve el reconocimiento político, económico y cultural de la diversidad que estas comunidades representan, que reconoce su justicia comunitaria, los códigos de convivencia y todo lo que ellas representan como baluarte civilizatorio?

La asamblea constituyente, reconoció 36 nacionalidades indígenas originarias. No tiene caso ahora entrar en que si realmente son 36, si son más o son menos, lo central es que a partir de entonces Bolivia se reconoce como un Estado Plurinacional.

La plurinacionalidad es, desde los cimientos, un reto al poder uninacional y monocultural implantado a sangre y fuego por la colonia todos los órdenes de la vida social, particularmente, en las subjetividades. Su reconocimiento político, jurídico, económico y cultural implica la apertura de un tiempo en el que se visibiliza la pugna de poderes históricamente invisibilizados por el abigarramiento social, como definió sobresalientemente Zabaleta Mercado. Ese abigarramiento permitía disimular capas geológicas sociales y mostraba engañosamente una Bolivia única, pero en tiempos de crisis esas capas afloraban y la desigualdad se manifestaba en toda su diversidad, plenitud y contradicciones.

 

La pulseada con el poder se da en todos los órdenes, en todas las dimensiones

 

El tiempo de cambios revolucionario es –por excelencia‑ un tiempo de debate entre los poderes constituidos del capital y el nuevo poder popular naciente, instituyente. Ahora bien, ¿qué significa esta afirmación para la acción política?

Que las contradicciones pululan. No solo entre los polos sociales históricamente enfrentados (pueblo-oligarquía), sino también en el seno de la multiplicidad de sectores y actores sociales que componen la diversidad del pueblo. Esta diversidad, es también cultural, identitaria, económica, de modos de vida... y se expresa en las percepciones, el diagnóstico, las propuestas, creaciones y construcciones.

¿Cómo imaginar, por ejemplo, que en la nueva situación política que viven los pueblos de Bolivia, que pone en cuestión (crisis) los valores hasta hace poco considerados universales y reconoce el poder (saberes, normas de convivencia, culturas, identidades...), de aquellos /as a los/as que siempre les fue negado, no acarreará roces, disputas y hasta batallas encarnizadas –aunque sordas‑ por conservar el predominio y uso exclusivo del poder y el saber ‑de una parte-, y –por otra‑, para visibilizar, afianzar y ampliar el poder ancestral ahora amplificado hacia un poder compartido en convivencia con múltiples culturas e identidades, que pretende llegar a ser intercultural?

Se trata de una interculturalidad anudada con procesos de descolonización para la construcción de un horizonte común que contribuya a organizar y traccionar las luchas hacia la convergencia colectiva de un objetivo estratégico compartido (conducción sociopolítica y cultural de las luchas).

La descolonización intercultural articulada con la batalla político-cultural devienen en cualidad constituta del núcleo central de los procesos de cambio sociales y creación del nuevo poder popular. En virtud de ello, Bolivia ha definido a su proceso revolucionario como “democrático intercultural en descolonización”. En Venezuela, ello es parte de lo que el Presidente Hugo Chávez conceptualizó como “socialismo del siglo 21”.

La descolonización es un enfoque, una perspectiva, un posicionamiento colectivo omnipresente. No se propone como revancha contra los conquistadores europeos, ni contra los “blancos” aunque, ciertamente, estos sectores son los que mayores beneficios han extraído de los estados monoculturales.

Habrá intensidades diferentes en los procesos descolonizadores, de ahí que la interculturalidad caracteriza, atraviesa y alimenta el proceso. Pero no basta con enunciarla; ella misma está bajo la égida de la colonización del capital y sus modalidades de existencia y por tanto es parte también de la descolonización.

Alejándose de cualquier intento fundamentalista al respecto, la propuesta de descolonización e interculturalidad se enriquece y se retroalimenta en todo momento histórico a partir de las experiencias y proyecciones de los sujetos propios de cada tiempo, interactuando mutuamente para abrir nuevos horizontes a los actores sociales que protagonizan el proceso vivo de cambios raizales.

 

Del empoderamiento popular a un nuevo tipo de Estado, comunal o comunitario

 

El poder popular que germina en los territorios, en las comunas, en las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, en los sindicatos de nuevo tipo, en las empresas recuperadas... es la base de la existencia y posibilidad de constituir otra geometría del poder. Ese poder que, en el caso de las democracias populares, nace de ciertos ámbitos de cogobierno, pero ‑poco a poco o a saltos‑, va asumiendo autónomamente responsabilidades de autogobierno en sus territorios, modificando las tradicionales funciones de “lo estatal” nacional, a la vez que va constituyendo las bases de una nueva institucionalidad anclada en el poder popular. Este sería el signo característico de las democracias revolucionarias.

En arduo tránsito hacia ella se encuentra hoy, por ejemplo, el proceso bolivariano de Venezuela, donde el pueblo ha venido creando y construyendo –con el impulso inicial de las ideas y el apoyo institucional y moral del Presidente Hugo Chávez‑, las bases del nuevo poder popular, el poder comunal (rural y urbano).

La construcción de nuevas relaciones de poder, en el caso de las comunas bolivarianas, son las simientes de un nuevo poder popular en proceso estratégico instituyente de un nuevo Estado, el Estado Comunal. Esto replantea las relaciones preexistentes establecidas con el Estado instituido y sus aparatos estaduales, municipales, etc. Se replantean también las relaciones con otras personificaciones políticas, ya que el crecimiento del poder popular territorial reclama relaciones de horizontalidad en la toma de decisiones que hacen a su vida en las comunas y consejos comunales y esto genera resistencias en algunos sectores del funcionariado estatal, provincial (estadual), departamental, incluso en las filas del partido gobernante en algunas instancias de su representación en los ámbitos territoriales.

La lucha de poderes en el seno del pueblo entre lo nuevo que germina y crece y remueve a su vez las anquilosadas estructuras de lo viejo que se resiste a ser desplazado, se hace evidente.

Nacen nuevas contradicciones entre poderes y se plantean encarnizadas disputas entro lo viejo y lo nuevo. Esto, lejos de ser una debilidad es un signo de vitalidad revolucionaria de los procesos de cambio y sus sujetos.

Es parte de una batalla política, ideológica y cultural entre poderes en pugna. De ahí que, apoyar los procesos de empoderamiento popular que germinan desde abajo está –o debería estar‑ entre las tareas políticas de quienes se posicionan como conducción política de los procesos revolucionarios: no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo y escucharlo, apoyar sus iniciativas para construir el presente y el futuro conjuntamente, contribuyendo a consolidar y potenciar el protagonismo y empoderamiento creciente de los pueblos.

 
No se trata de un camino gradualista...

 

Al abordar este nudo problémico he recorrido varias dimensiones de la relación Estado-participación ciudadana-empoderamiento popular. Para ello he seguido un orden lógico expositivo que podría sugerir que se asume una perspectiva lineal-gradualista: primero un paso, luego el otro...

Pero no es así; al contrario. Se trata de una secuencia interarticulada y yuxtapuesta de procesos y factores concurrentes que hace que cada uno de ellos sea posible por ‑y en‑ su interacción con otros.

Se puede distinguir analíticamente tal vez un tiempo de inicio, pero en realidad todos los signos que caracterizan uno u otro momento del proceso, se auto-gestan uno en el otro, potenciándose entre sí. Es así como algunas de sus características que, en un inicio, parecían secundarias o intrascendentes van adquiriendo predominio ‑entre contradicciones, tiranteces y dudas‑, y van alterado su relevancia, su centralidad... aunque sin desaparecer.

 

Notas:

[1] Ver: Rauber Isabel (2012). Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica. Ediciones Continente-Peña Lillo, Buenos Aires; pp. 56-62.

[2] Desde abajo=desde la raíz. Reitero el significado de este concepto dada la difundida interpretación vulgar que lo simplifica e identifica con un indicativo de lugar: “lo que está abajo” y, consiguientemente, lo contrapone a “lo que está arriba”. La construcción de poder popular desde abajo expresa una lógica de transformación raizal protagonizada por los sujetos sociopolíticos del campo popular en proceso histórico social de reconstrucción de su poder y no un lugar para hacerlo.

[3] Ver: Isabel Rauber (2006). Sujetos Políticos. Ediciones Desde Abajo, Bogotá; pp. 101-106.

[4] Estos signos, entre otros, no constituyen pasos ni etapas; son parte de procesos continuos y yuxtapuestos de empoderamiento popular que se van abriendo cauces en el contradictorio y sinuoso proceso de luchas contra el orden establecido y la creación-construcción de un nuevo orden social.

[5] Esto fortalece la toma de conciencia acerca de que la capacidad de poder es inherente al ser humano para luchar por su vida, y acerca del poder (propio) construido.

[6] Apropiación consciente, con sentido de pertenencia.

[7] Las categorías de modernidad, lo moderno, premoderno o posmoderno, útiles en el plano analítico, no suponen la existencia de compartimentos estancos entre actores sociales diversos. Todos interactúan y se interrelacionan; llevan siglos conviviendo bajo el dominio del capital y su lógica de mercado y todos, en diferentes intensidades, magnitudes, etc., han sido permeados por su hegemonía y su lógica.

 

Isabel Rauber, filósofa y activista social Argentina

Fuente: http://socialismo21.net/america-latina-construir-otra-geometria-del-poder/

 

 

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En muchas zonas del Cauca es habitual sembrar en la montaña, en agudas pendientes | Berta Camprubí

 

Los trabajadores de la hoja de coca desconfían de la aplicación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito pactado por el Gobierno y las FARC.


"Llevan décadas prometiendo muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido"

 

"Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos víctimas. Caímos en una trampa y tenemos que levantarnos poco a poco y volver a sembrar comida". Un líder social del departamento del Cauca habla ante una audiencia de unos 250 agricultores de coca y marihuana en la caseta comunal de su vereda para escuchar la propuesta oficial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pactado entre el Gobierno y las FARC.

Según datos del gobierno colombiano, el 81% de los cultivos de uso ilícito se concentra en seis de los 32 departamentos. El 43% de las aproximadamente 100.000 hectáreas sembradas con coca en todo el país está localizado en solo 10 localidades y, teniendo en cuenta esa concentración, 40 municipios están siendo priorizados para la aplicación del PNIS durante el primer año.

A la dificultad del proceso se añade el miedo. "Hacer el papel de líder social a veces da miedo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no sabe quién le está escuchando ahí delante", se sincera el ponente –que prefiere mantener el anonimato–, después de hablar de la situación de los agricultores de coca delante de un centenar de personas.

No se equivoca. En esa misma línea trabajaba Faiver Cerón Gómez, líder social del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, cuando fue asesinado el 18 de febrero por grupos paramilitares, según la organización local. Cerón participaba en la resistencia regional a la minería y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Con él, al menos son 18 los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia este año.

 

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Reunión de organizaciones sociales y delegados de las veredas con el alcalde de Corinto para debatir el PNIS el pasado 15 de febrero. BERTA CAMPRUBÍ

 

 

Sustituir los cultivos de coca

 

"Hay que entrar ahora al programa porque luego será un despelote", comenta una campesina en la reunión, refiriéndose a las interferencias que supondrá la campaña electoral para las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

Estas serán decisivas debido a que, en el segundo acuerdo firmado el 24 de noviembre después de la victoria del 'no' en el plebiscito, la implementación de la mayor parte de los acuerdos de paz depende de decisiones políticas del Gobierno, y por tanto de los nuevos comicios.

El programa de sustitución sería el primer paso para la aplicación del punto cuarto de los acuerdos de paz, relativo a la búsqueda de una solución al problema de las drogas. También se trata de una de las medidas clave para llegar a cumplir el apartado uno, acerca de la Reforma Rural Integral, que no establece ningún mecanismo de redistribución de la tierra.

Los afectados, sin embargo, se muestran desconfiados. "Desde el Gobierno de Turbay –de 1978 a 1982– han prometido muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido", explica Benjamín Perales, vecino del municipio de Corinto, uno de los que serán prioritarios en la aplicación del PNIS. Perales se acuerda del programa Plante y Pa'lante para erradicar coca, marihuana y amapola que el Gobierno presentó en 1995 en varias regiones del país que aún esperan, en muchos casos, las medidas prometidas.

 

Qué supone acabar con los cultivos de coca

 

Hace 14 años que este agricultor empezó a cultivar coca, cuando la mancha de amapola había bajado mucho de precio. Él pensaba apostar por el cultivo de café pero, apunta, "resulta que en ese tiempo Álvaro Uribe –entonces presidente– decía que iba a acabar con el narcotráfico y con la guerrilla. Con eso, la coca se disparó. Estuvo a 75.000 pesos (25 euros) la arroba en 2003".

Él gestiona también un cibercafé con cuatro ordenadores y es mecánico de motos por las tardes. Sin embargo, su principal sustento es el cultivo de una hoja que sabe que atrae violencia y muerte.

Acabar con ella sería un cambio importante a nivel psicológico porque, apunta, ya no viviría continuamente pendiente de la posible llegada de los soldados a su zona. También económico. El colectivo sospecha que los agricultores pasarían a ganar menos.

Empieza el informativo de televisión de las siete de la tarde. Una periodista explica que las zonas de desmovilización para las FARC aún no están finalizadas. "Si no han podido acomodar a la guerrilla, ¿cómo van a poder acomodarnos a todos nosotros?", se pregunta Perales.

 

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Actualmente, los campesinos que cultivan coca cobran 1.000 pesos colombianos por kilo de hoja de coca. BERTA CAMPRUBÍ

 

La erradicación como primera opción

 

"No hay voluntad política de cumplir con el espíritu de los acuerdos", asegura en una entrevista telefónica Óscar Salazar, líder popular del sur del Cauca. Salazar es delegado de la Cumbre Agraria, organización que reúne a la mayoría de organizaciones y movimientos sociales rurales.

El cuarto punto del acuerdo final de paz predica que "a los cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades".

Según asegura Salazar, "la erradicación la están enfocando como primera opción" porque reina "la antigua visión, bastante dura, que el Estado y el Ejército se empeñan en tener". Los acuerdos de paz añaden que "el Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión". "Esto ya es un polvorín", evalúa el líder caucano.

Para la erradicación de plantaciones de coca, Colombia utilizó la técnica de la fumigación aérea con glifosato durante aproximadamente 30 años. En 2015 legalizó esta práctica, que acababa con la vida de ecosistemas y provocaba enfermedades a las comunidades colindantes a las plantaciones, además de eliminar otros cultivos de productos legales.

La intención pública era aplicar, de nuevo, programas de sustitución sostenible y desarrollo rural alternativo pero el único efecto visible de esa medida legal fue el incremento alarmante del número de hectáreas sembradas con coca en el país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), de 2014 a 2016 pasaron de 69.000 a 96.000.

 

Organización contra erradicaciones

 

Desde entonces, el Estado ha seguido erradicando a través de fumigaciones terrestres con glifosato –a pesar de que el uso de este químico de Monsanto ha sido objeto de debate por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y de movimientos de la sociedad civil– y de erradicaciones manuales con equipos especializados de la fuerza pública.

Las localidades del país afectadas por esta práctica han protagonizado protestas y concentraciones en sus plantaciones para denunciar que esas medidas se contradicen con lo pactado en los acuerdos de paz. Tratan de evitar que eliminen los cultivos que forman su sustento familiar.

Según varias asociaciones de campesinos, en los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare se han registrado varios centenares de erradicaciones forzadas en el último año.

 

Miedo y falta de garantías

 

Durante un plazo de dos años, los núcleos familiares de agricultores que arranquen voluntariamente las hojas de sus matas de coca recibirán, según el Gobierno, 327 euros al mes durante un año, así como materias primas, herramientas y asesoramiento técnico para proyectos agrícolas de larga duración por valor de 7.500 euros.

Esta es la opción que están barajando algunas de las familias de los 40 municipios priorizados. Muchas se preguntan si será cierto, si esta vez irá en serio. Si sus veredas dejarán de ser el escenario del primer escalón del narcotráfico.

Los miedos son varios. Miedo de arrancar los arbustos de coca, su sustento diario, y luego no recibir los recursos prometidos por el gobierno. De apuntarse, con nombre y apellidos, a una lista que recogerá información del campesinado cocalero que hasta hoy es criminalizado y perseguido judicialmente. Miedo de que la población no consiga vender a buen precio el plátano, el cacao o el aguacate que decidan plantar y, en consecuencia, se incrementen los robos y la violencia. La falta de garantías y el histórico incumplimiento gubernamental se suman a unas circunstancias globales que no apuntan hacia un cese del negocio del narcotráfico.

"Da miedo: matan a uno aquí, hay tiroteos allá. Luego vienen las autoridades y preguntan si vimos algo", se lamenta otro campesino del municipio de Corinto que también prefiere guardar el anonimato. Hace cosa de un año llegaron unos cuantos soldados y le pidieron permiso para entrar a erradicar sus plantas de coca. "Yo les dije que no, pero ellos entraron igualmente y tumbaron unas pocas de ese lado".

Al cabo de unas semanas, volviendo del funeral de un viejo amigo que fue asesinado se encontró con que los soldados habían regresado y no habían dejado ni una planta en pie. "Menos mal que yo tengo seis ganaditos, de eso vamos viviendo".

 

 

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Implementación de la paz, Constitución y Poder constituyente

 

Como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá el pasado 24 de noviembre del 2016, entre el Estado y las Farc/EP, hace tránsito en el Congreso de la Republica un Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la actual Constitución política.

El trámite legislativo se da en los términos del llamado mecanismo fast track (procedimiento especial) fijado por el Acto Legislativo 01 del 2016 para todos los proyectos de ley y de reforma constitucional necesarios en la implementación de los consensos para terminar el conflicto armado nacional.

El Proyecto a que hacemos referencia dispone lo siguiente:

Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:

Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2. El presente Acto legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

Como ocurre con los otros instrumentos que se tramitan en el ámbito legislativo relacionados con la paz, la norma a que hacemos referencia es objeto de una descalificación irracional por los sectores de la ultraderecha que se oponen a los cambios necesarios para terminar la violencia y el conflicto armado.

Pretenden que las viejas instituciones vinculadas con la exclusión política, el desconocimiento de la democracia, de la participación, la justicia y la equidad sigan intactas.

Tanto Medellín (http://bit.ly/2mvR71w) como Hernández (http://bit.ly/2mCVUxp ) quieren hacernos creer que el régimen constitucional originado en la Carta de 1991 es perfecto, omitiendo que a su amparo el paramilitarismo alcanzo niveles escalofriantes provocando los más terribles daños a la sociedad con masacres, desaparecidos y millones de desplazados.

Peor, la parapolítica y el autoritarismo violento uribista (2002-2010) no es ajeno a elementos institucionales derivados de tal cuerpo constitucional que poco hizo para extirpar el Estado contrainsurgente impuesto desde los años 60 por las doctrinas anticomunistas del enemigo interno.

Francamente es una ridiculez de Hernández decir que el Acuerdo de paz, por su extensión es inviable e incomprensible, olvidando el descomunal tamaño del texto de la Carta del 91 y las farragosas Sentencias que el redacto como Magistrado de la Corte Constitucional.

Lo que estos dos exponentes de la ultraderecha están reflejando es el pánico al poder constituyente de la resistencia agraira y popular encarnada en las Farc.

Por supuesto, los acuerdos de paz tienen un alto potencial constituyente que el proyecto de Acto legislativo en mención recoge y se despliega en las propias instituciones del Estado oligárquico.

El poder y la practica constituyente propia de la construcción de la paz suponen transformaciones de envergadura en toda la armazón institucional que se valió de la violencia para aplastar las luchas populares por la democracia y la justicia social.

Es lo que no quieren admitir los poderes de la oligarquía terrateniente, burocratica, militar y financiera.

El propio movimiento popular y democrático debe ser consciente de la práctica constituyente que se ha desatado con los diálogos y consensos de paz. Hay que actuar en consecuencia en tales términos.

Hay que potenciar esa práctica constituyente en todos los ámbitos.

Una manera de hacerlo es apoyarse en el trabajo teórico y militante de otras experiencias globales recientes.

En ese sentido resultan pertinentes para la acción política concreta los siguientes textos que pongo a consideración de los lectores y activistas comprometidos con la implementación de la paz. Esclarecen y permiten actuar en la dirección correcta.

Poder constituyente y crisis política.

 

 


Bruce Ackerman, We the People. Fundamentos del constitucionalismo estadounidense. En el siguiente enlace electrónico file:///C:/Users/inter/Downloads/WE-THE-PEOPLE-Vol-1-Bruce-Ackerman.pdf

Antonio Negri. El poder constituyente. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1Yw8Thv

Mario Tronti. Política, poder constituyente, clase, revolución. Ver pistas en los siguientes enlaces electrónicos file:///C:/Users/inter/Downloads/Mario%20Tronti,%20Nuestro%20operaismo,%20NLR%2073,%20January-February%202012.pdf

https://www.traficantes.net/libros/la-politica-contra-la-historia

Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra. Biocapitalismo, procesos de gobiernoy movimientos sociales. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2lrd8hj

Nota. Como con las amnistías y los armisticios de los años 50 y 60 del siglo XX, la oligarquía nos repite su viejo esquema de ir acribillando los líderes sociales, populares y de la resistencia agraria. La historia nos aconseja no bajar la guardia ni renunciar a las formas de lucha popular que incluyen la autodefensa y la resistencia guerrillera. Así ocurrió en el sur del Tolima, en el Huila, en el Cauca, en Arauca y en el Carare. A los campesinos y a las masas agrarias no les quedó otra alternativa que acudir a la acción armada para defenderse de los planes de exterminio de los gobiernos oligárquicos (De Rojas pinilla, La Junta de generales, Alberto Lleras y Valencia), el ejército, y sus nacientes grupos paramilitares de “limpios” liberales.

 

 

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Cabrera dijo NO a la Hidroeléctrica y el extractivismo en el Páramo Sumapaz.


Un rotundo triunfo se anotó el pueblo cabreruno este domingo 26 de febrero en la consulta popular para decidir en la defensa del derecho al agua y el medio ambiente que pretenden vulnerarle al proponer la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Sumapaz.

Los habitantes de Cabrera, Cundinamarca, acudieron masivamente a las urnas y expresaron su condena a esas políticas nefastas contra esta tierra que posee el páramo más grande del planeta.

Los resultados oficiales de consulta popular en Cabrera Zona de Reserva Campesina ZRC indican que con un total votos de 1506, votaron por el NO 1465 personas, por el Si: 23, votos nulos 5 y votos no marcados 13.

Voceros de las organizaciones agrarias, comunales, ambientalistas, ecologistas, partidos y sectores políticos señalaron que ese era el resultado esperado., en una región que se caracteriza por ser una comunidad muy unidad, organizada, combativa y con una tradición e historias de lucha por derechos elementales como el derecho a la vida y la paz.

“Es justo el resultado que esperaba. Es fácil suponer que la experiencia de Asoquimbo y el desastre causado por Emgesa en el Huila, fue una ilustración versada, rica y definitiva del futuro que les esperaba si permitían la afectación a su territorio y sus pobladores por esta nefasta empresa que por lo visto se pasó de descarada y cuya arrogancia no le permitió valorar la resistencia valerosa y fuerte del pueblo de Cabrera”, escribió en las redes sociales un especialista en temas ambientales y sociales del Sumapaz.

Es un triunfo por la defensa del territorio. Es un triunfo por parte del movimiento por la defensa del Páramo y el agua. Es una derrota para Emgesa Enel Endesa. Es fruto del valor de quienes se atreven a luchar, a resistir. Para Asoquimbo es un estimulo para continuar en la lucha contra el extractivismo. No a las represas, al fracking a la minería a los agronegocios, explicó un dirigente del sindicato Sintrapaz.

Voceros de las organizaciones sociales y políticas anunciaron desde ya la coordinación para realizar un Encuentro en la Universidad Nacional contra las represas y el extractivismo para el mes de julio donde se socialicen todos los procesos de resistencia contra el modelo donde podamos encontrarnos el Movimiento Ríos Vivos, la Mesa Social Minero Energética Nacional, ambientalistas, ecosocialistas donde sin lugar a dudas estarán los resistentes del municipio de Cabrera socializando todo el proceso, los defensores del río Samaná contra la represa Porvenir II y todos los procesos por la defensa de los Ríos, Paramos. Macizos por la defensa de los territorios y la vida.

Durante el la Consulta Popular la ciudadanía participó con su voto en cuatro mesas de votación en el casco urbano y una mesa en la inspección “La Playa”, que corresponde a la zona rural, las cuales fueron dispuestas para que los habitantes de este municipio ejercieran su derecho a decidir.

 

 

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Lunes, 27 Febrero 2017 07:18

American Curios: Manicomio

El presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron los anfitriones, ayer en Washington, del Baile de los Gobernadores, la primera gran fiesta que el mandatario organiza desde que llegó a la Casa Blanca. Fueron invitados los líderes de los 50 estados del país, tanto demócratas como republicanos.

 

Aquí en el manicomio todo anda normal... bueno, para un manicomio. Sólo que los pacientes han tomado el control de la institución, esa que llaman gobierno democrático, y aparentemente creen que son los mejores gobernantes de la historia: nadie ha visto algo como esto, repite el que dice ser presidente.

Algunos esperaban que se normalizara la situación, pero otros dicen que el mayor peligro es aceptar la normalización de esta locura.

No se trata de usar la palabra loco de manera literaria o jocosa, sino literal. Algunos expertos en salud mental ya diagnosticaron la enfermedad que padece el que dice ser presidente. Tres destacados profesores de siquiatría, los doctores Judith Herman, de la Escuela de Medicina de Harvard, y Nanette Gartrell y Dee Mosbacher, de la Universidad de California, en San Francisco, intentaron alertar al presidente Barack Obama sobre sus preocupaciones por la salud mental del entonces presidente electo. Indicaron que los síntomas de algo llamado desorden de personalidad narcisista incluyen un “sentido grandioso de la propia importancia; preocupación con fantasías de éxito, inteligencia y poder ilimitado; creer que eres ‘especial”, requiere admiración excesiva, frecuentemente es envidioso de otros o cree que otros lo envidian, y demuestra comportamiento arrogante. Afirman que alguien con esta condición puede ser muy peligroso, y por lo tanto, en ese puesto, representa una amenaza para el país y el mundo. (www.huffingtonpost.com/richard-greene/is-donald-trump-mentally_b_13693174.html).

Otros expertos sugieren que debe haber mayor transparencia sobre la salud, y en particular la salud mental, de este presidente, que a sus 70 años es la persona de mayor edad en asumir el puesto. Su edad, junto con su historial familiar de demencia –su padre, Fred, padeció de Alzheimer– provoca nueva relevancia a la pregunta sobre si se requieren exámenes cognitivos para el presidente, reporta National Public Radio, citando a varios expertos. Sin embargo, los especialistas entrevistados indicaron que dudan que el público se llegue a enterar si Trump está empezando a fallar mentalmente, y uno afirma que será protegido... tomarán el control de su cuenta de Twitter... siempre ha sido así.

De hecho, la sección 4 de la 25 enmienda de la Constitución permite la remoción de un presidente que ya no puede ejercer sus deberes pero no puede, o no quiere, admitirlo. Establece un proceso en el cual el vicepresidente, junto con otros miembros del Ejecutivo y hasta del Congreso, declaran incapaz al presidente, y es sustituido con el vicepresidente.

Después de un mes en su puesto, Donald Trump ya ha demostrado que es incapaz de ejercer sus deberes... no es por pereza o inatención, sino que se expresa en exabruptos paranoicos, disputas incesantes llevadas a cabo en público y actos impulsivos que sólo pueden dañar a su gobierno y a sí mismo, afirma el reportero político George Packer de The New Yorker esta semana.

Más aún, algunos –y no necesariamente los que se esperan– advierten una y otra vez que este tipo de locura también es muy peligrosa para la democracia.

El general retirado de cuatro estrellas William H. McRaven, ex comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales quien supervisó la misión que asesinó a Osama Bin Laden hace unos seis años, y hoy rector del Sistema de la Universidad de Texas, después de escuchar el ataque contra los medios de Trump la semana pasada, afirmó al Washington Post: “tenemos que enfrentar esa declaración y ese sentimiento de que los medios noticiosos son el ‘enemigo del pueblo estadunidense’. Ese sentimiento podría ser la mayor amenaza a la democracia que he oído en mi vida”. Agregó que, con todas sus fallas, la prensa libre es la institución más importante de nuestro país.

Pero la cosa está tan loca que algunos sugieren que Trump está teniendo un impacto positivo, y que tal vez está cumpliendo con su promesa de “hacer a América grande de nuevo”, sólo que no como él lo desea o esperaba. Las listas de cómo lo está logrando circulan por el ciberespacio y otras han sido elaboradoras por comentaristas, como Maureen Dowd, del New York Times, e incluyen estos fenómenos:

Trump ha generado nueva vida al feminismo, al activismo estudiantil, a comediantes, organizaciones de defensa de derechos civiles, ambientalistas, atletas activistas, y ha logrado incrementar la participación de jóvenes en la política, elevó los ratings de Saturday Night Live a su nivel más alto en 20 años, y ahora el público de repente se interesa como nunca por las audiencias legislativas para la ratificación de integrantes del gobierno, así como por las conferencias de prensa de la Casa Blanca.

Trump ha incrementado a niveles sin precedente la participación cívica; millones de estadunidenses están haciendo más ejercicio al marchar y sostener pancartas cada semana, todos saben más sobre Hitler que hace un año, grupos marginales están experimentando un incremento en aliados blancos, cifras récord de blancos acaban de enterarse de que el racismo no ha desaparecido, millones de dólares han sido donados a cuentas de organizaciones de defensa de libertades civiles, “la gente está leyendo literatura clásica de nuevo, las ventas de 1984 de George Orwell se elevaron 10 mil por ciento después de la toma de posesión”, y ahora que la gente busca la veracidad en sus fuentes de noticias, medios respetados están reportando felizmente un incremento sustancial en sus suscripciones, un apoyo a una industria en apuros, vital para la democracia.

Mientras tanto, la encuesta más reciente, difundida este domingo, registra que Trump tiene la peor tasa de aprobación jamás vista para un presidente recién llegado al cargo, con 44 por ciento, y una desaprobación de 48 por ciento, según NBC News/Wall Street Journal. NBC News reporta que es “el único presidente en la historia moderna de los sondeos que inicia su primer periodo con un rating negativo de -4. Sus antecesores inmediatos iniciaron sus mandatos con más de 30 puntos positivos.

O sea, no todos están dentro de este manicomio, aunque muchos están enloquecidos con lo que esta viviendo este país.

 

 

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Lunes, 20 Febrero 2017 09:16

Samba, bikinis y borceguíes

El gobierno de Temer envió nueve mil militares a Río ante la amenaza de una rebelión policial y protestas sociales.

 

El presidente de Brasil mantuvo consultas para mitigar el efecto de las inminentes confesiones de Odebrecht y de su ex socio Cunha.

 

Desde Brasilia

 

”Con mucha música, sudor y cerveza los invitamos a nuestro desfile para gritar juntos Fuera Temer”. Comenzó ayer el pre-carnaval de Río de Janeiro con la participación de más de cien grupos callejeros, los “blocos de rua”, como la banda que escribió el convite citado arriba.Una multitud bailó en Copacabana y en las avenidas del centro carioca a donde hubo que enviar carros hidrantes para contrarrestar el sol y los 34 grados del mediodía. Decenas de miles de personas, disfrazadas de Batman, Caperucita Roja o Donald Trump, siguieron el camión con altoparlantes (“trío eléctrico”) en lo alto del cual cantó Preta Gil, hija del celebrado Gilberto Gil, el ex ministro de cultura durante el gobierno de Lula que en sus últimos recitales europeos denunció el “golpe” contra Dilma Rousseff perpetrado con eficacia por una alianza dominada por banqueros, medios y jueces.

Esa coalición sediciosa, consentida por los militares (cada vez más actuantes), tenía como objetivo proscribir la candidatura de Lula en las elecciones de 2018, en las que se perfila como claro favorito según una encuesta del jueves último, cuya divulgación fue escamoteada por la prensa grande.

Desde antes del golpe el juez Sergio Moro asumió la tarea de perseguir a Lula a través de aprietes mal disimulados, como la detención ocurrida a las 7 horas del 4 de marzo de 2016, luego de que comandos policiales allanaron su departamento donde dieron vuelta el colchón matrimonial para humillación de su esposa Marisa Leticia, fallecida este mes a raíz de un ACV. Hubo una reacción popular inmediata contra la prisión y horas más tarde el ex presidente recuperó la libertad. “Si lo que querían era matar a la jararaca (cobra) les salió mal, la jararaca está viva” avisó Lula, dirigiéndose seguramente a Moro. Era la primera paliza propinada por el fundador del PT al publicitado juez de provincia.

La vía Moro para acabar con Lula parece haber sufrido otra derrota con esta nueva encuesta y cuando no son pocos los que responsabilizan al magistrado por la angustia que derivó en el fallecimiento de Marisa Leticia.

La consolidación de Lula es un mazazo sobre Temer, de quien también se burlaron este fin de semana los miembros del grupo carnavalesco Sovietico, que desfiló por el centro de San Pablo. Un columnista del Folha de San Pablo escribió, entre irónico y resignado, que “la jararaca Lula está viva y engordó” con el 30 % de apoyo que lo coloca 19 puntos delante de sus principales rivales, Marina Silva y el militar retirado Jair Bolsonaro, apologeta de los golpes de 1964 y 2016.

En la misma encuesta Temer continúa su descenso, con una aprobación del 10 %, y probable tendencia a la baja, si se confirman las delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht que lo tocan de lleno.

Temer permaneció parte del fin de semana en Brasilia donde mantuvo consultas para mitigar el efecto de las inminentes confesiones de Odebrecht y otras, acaso más mortíferas, que podría realizar su ex socio, el ahora preso Eduardo Cunha, ambos del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).El más que oficialista semanario Epoca, del grupo Globo, ya no disimula las fisuras en las facciones que sustentan el cada vez más raquítico régimen post-democrático. “Pavor en Brasilia, el Planalto le teme a la delación de Cunha, un profundo conocedor del dinero recaudado por el PMDB” publicó la revista.

Paralelamente los canales de televisión de cable y aire del mismo multimedios Globo saturaban con la cobertura de los irreverentes bailes callejeros, chicas en bikini y, a pocos metros de ellas, soldados con sus borceguíes enterrados en la arena. Temer ordenó blindar el carnaval con el envío de 9 mil militares a Río de Janeiro ante la amenaza de una rebelión policial y las protestas sociales casi diarias.

Es en ese contexto que el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, declaró al diario Valor Económico, “Somos un país que está a la deriva” y más adelante manifestó su recelo hacia los “populistas”. Fue la segunda entrevista del jefe del Ejército en poco más de dos meses.

 

 

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Andrew Puzder renuncia a nominación a secretario de Trabajo

 

“Cuando el pueblo marca el camino, los líderes lo siguen” es la tan citada frase atribuida a Gandhi. Esta semana, la organización popular masiva contribuyó a frustrar la nominación de Andrew Puzder, un empresario multimillonario dueño de varias cadenas de comida rápida, para el cargo de secretario de trabajo de Donald Trump. Puzder fue ampliamente acusado de robo de sueldos y acoso sexual generalizado en sus empresas. Su vida personal se ha visto manchada de acusaciones de emplear a una inmigrante indocumentada, evasión de impuestos y violencia doméstica. El movimiento de presión que frustró su nominación fue liderado por algunas de las personas más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, y es un ejemplo de la importancia y el poder de los movimientos populares.

El caos y la confusión han plagado el primer mes del gobierno de Trump. La renuncia de Puzder se produjo la misma semana en que tuvo lugar la dimisión forzada del teniente general Michael Flynn a su cargo de consejero de Seguridad Nacional. Información confidencial de inteligencia filtrada reveló que Flynn había dialogado con el embajador ruso en Estados Unidos durante el período de transición, cuando Barack Obama todavía era presidente. Si Flynn entró en negociaciones sobre las sanciones a Rusia con el embajador de dicho país, como se alega, entonces sus acciones bien podrían haber sido ilegales. Aparentemente, Flynn le habría mentido al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de estas conversaciones. El Departamento de Justicia informó a Trump al respecto a principios de enero, pero Trump no forzó a Flynn a dimitir hasta la publicación de informes periodísticos que revelaron su comportamiento.

El general Flynn es un conocido islamófobo que se ha referido al Islam como “un cáncer”. Las protestas irrumpieron tan pronto como fue nombrado consejero de Seguridad Nacional. Sin embargo, ese cargo es uno de los que el presidente puede designar sin la confirmación del Senado, por lo que Flynn estuvo en la Oficina Oval desde el primer día del gobierno de Trump. Si bien el escándalo de los medios de comunicación en torno a su intriga rusa fue la razón inmediata de su renuncia, no podemos descartar el impacto que tuvieron en la decisión de pedirle la renuncia las potentes manifestaciones que se llevaron a cabo contra su discurso de intolerancia.

En los últimos 16 años, Puzder se desempeñó como director ejecutivo de CKE Restaurants, empresa propietaria de las cadenas de restaurantes de comida rápida Hardee’s y Carl’s Jr. Como director ejecutivo, Puzder ha hecho campaña contra las mismas leyes y reglamentos laborales que debería proteger como secretario de Trabajo. Bajo la dirección de Puzder, CKE fue un vivo ejemplo de violaciones a las leyes laborales en restaurantes de comida rápida, donde los trabajadores son sometidos periódicamente a robo de salarios y acoso sexual. Los anuncios de Carl Jr. recurrían a imágenes hipersexualizadas y a la cosificación de la mujer, lo cual muchos consideraban que eran un factor que contribuía al persistente acoso en sus restaurantes.

El grupo Restaurant Opportunities Centers United (ROC) encuestó a los empleados de CKE inmediatamente después de la nominación de Puzder, en diciembre. ROC fue fundado por trabajadores de restaurantes de la ciudad de Nueva York tras el atentado del 11 de septiembre de 2001. El grupo lucha por la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados de restaurantes, y ha alcanzado los 18.000 miembros en 15 estados del país. La encuesta halló que el 66% de las trabajadoras de CKE Restaurants informaron haber sufrido comportamientos sexuales no deseados en el trabajo, en comparación con el 40% de las trabajadoras de la industria de comida rápida en general. El 28% de los encuestados trabajaron fuera de su horario, y aproximadamente un tercio informó de infracciones de robo de salarios, como no haber recibido los descansos requeridos ni el pago de horas extras. El 79% por ciento de los trabajadores de CKE Restaurants también informó que habían preparado o servido comida mientras estaban enfermos, el porcentaje más alto que ROC ha encontrado al momento. Saru Jayaraman, cofundadora y codirectora de ROC, habló sobre Puzder en el marco de la campaña para que renuncie: “Este es un hombre que donó como 700.000 dólares a la campaña de Trump. Es un capitalista republicano muy ideológico. Tienen que entender que, si Andy Puzder pasa a ser director del Departamento de Trabajo, es esencialmente darle lugar a este grupo de presión, que ha estado presionando desde la era de la esclavitud para mantener los salarios tan bajos como sea posible, o directamente eliminarlos. Básicamente, se le estaría dando a la Asociación Nacional de Restaurantes un puesto en el Gabinete y el control absoluto sobre el departamento que debería velar por el bienestar de los trabajadores”.

Puzder se opone al salario mínimo, a la lucha por un salario básico de 15 dólares la hora, a la licencia paga por enfermedad y a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Declaró al Business Insider hace casi un año que era partidario de reemplazar a los trabajadores con robots. En esa ocasión, Puzder dijo “Son siempre amables, siempre aumentan las ventas, nunca toman vacaciones, nunca llegan tarde, nunca hay demandas fraudulentas por accidentes ni un juicio de discriminación por edad, sexo o raza”.

Puzder también admitió haber contratado a una inmigrante indocumentada para realizar tareas domésticas en su casa, y, como si fuera poco, no pagó los impuestos correspondientes durante el período en que ella trabajó allí. Esto ha sido suficiente en el pasado para destruir varias designaciones a nivel de Gabinete, como fue el caso de las nominadas a la fiscalía general del presidente Bill Clinton, Kimba Wood y Zoe Baird.

Puzder también fue acusado de violencia doméstica por su ex esposa. Lisa Fierstein apareció en un episodio de 1990 del programa “The Oprah Winfrey Show”, bajo un disfraz, en el que describió el abuso que había sufrido. Fierstein declaró que Puzder le dijo: “Te veré en una zanja. Esto no se va a terminar nunca. Vas a pagar por esto”. Fierstein más adelante se retractó de sus acusaciones. El video fue entregado al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, y fue visto por otros senadores también. Para el miércoles, entre cuatro y 12 senadores republicanos indicaron que era poco probable que apoyaran a Puzder, reduciendo sus oportunidades. Puzder, finalmente, renunció a su postulación.

Los principales medios de comunicación le atribuyen a una revuelta republicana el fracaso de la candidatura a secretario de Trabajo de Andrew Puzder. En el caso del teniente general Michael Flynn, los medios de comunicación afirman que lo aniquilaron las filtraciones de información de la comunidad de inteligencia. Pero el motor que condujo a ambas derrotas son los movimientos de miles y miles de personas en todo el país, que están diciéndole “no” al odio, la intolerancia y la injusticia.

 

 

© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

 

 

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