Viernes, 12 Octubre 2018 06:11

La urgencia de buscar nuevos caminos

La urgencia de buscar nuevos caminos

La abrumadora votación que recibió Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, que lo colocan en las puertas de la presidencia, son una buena oportunidad para que las personas de izquierda reflexionemos sobre la necesidad de transitar nuevos caminos. No alcanza, por tanto, limitarse a denunciar lo que ya sabemos: el carácter militarista, autoritario y ultraderechista del candidato. Hay que explicar porqué medio país lo vota y qué implicaciones tiene para el proyecto emancipatorio.

Brasil vive una profunda fractura de clase, de género y de color de piel que se expresa de forma nítida en los partidos de la derecha, que han delineado sus objetivos de forma clara y transparente: quieren instalar una dictadura pero manteniendo el sistema electoral. La izquierda cree en una democracia inexistente, asentada en una imposible conciliación de clases. Si Bolsonaro es fascista, como dicen el PT y sus intelectuales, debemos recordar que nunca fue posible derrotar al fascismo votando. Hace falta otra estrategia.

La otra es la fractura geográfica: un país dividido entre un sur rico y blanco y un norte pobre y negro/mestizo. Lo curioso es que tanto el PT como los principales movimientos sociales nacieron en el sur, donde tuvieron algunos gobiernos estatales y municipales. Esa región es ahora el epicentro del hondo viraje hacia la derecha, con claro contenido racista y machista.

Debemos explicarnos las razones por las cuales las élites y las clases medias acomodadas han producido este fenomenal viraje, desertando de su partido preferido, la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso, hacia Bolsonaro. Han abandonado la democracia y apenas conservan las elecciones como máscara de la dominación.

La razón principal la explica el filósofo Vladimir Safatle. "Brasil llega a 2018 con dos de sus mayores empresas siendo públicas, así como dos de sus mayores bancos. Además, con un sistema de salud que cubre a 207 millones de personas, gratuito y universal, algo que no tiene ningún país con más de 100 millones de habitantes" (goo.gl/KRX6EE). Agrega que las universidades no son sólo para las minorías ricas y concluye que "Brasil llega a los días actuales en una situación muy atípica desde el punto de vista del neoliberalismo".

El autoritarismo es el modo de imponer la agenda que necesitan el sistema financiero, el agronegocio y las mineras para seguir acumulando riqueza en un periodo de crisis sistémica. No lo pueden hacer sin reprimir a los sectores populares y criminalizar sus movimientos. Por eso Bolsonaro convoca a militares y policías y se permite amenazar al activismo social, con modos muy similares a los de la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, quien acusa a los movimientos sociales de mantener relaciones "muy estrechas" con el narcotráfico, cuando todos sabemos que es la policía la que los ampara (goo.gl/eLWyNZ).

El racismo, las violencia anti-LGBT y el odio a la izquierda de las clases medias brasileñas, muestran la cara oculta del país con mayor desigualdad del mundo. No quieren perder sus privilegios de color, de género, de posición geográfica y de clase. Poco les importa que sean asesinadas más de 60 mil personas cada año, en su inmensa mayoría jóvenes, negros, pobres, porque saben que es el precio para mantener sus privilegios.

Ante este panorama las izquierdas no deben seguir aferradas a una estrategia que fue esbozada para otros tiempos, cuando el diálogo de clases era aún posible. En el anterior medio siglo hemos pasado de la estrategia de la lucha armada a la estrategia puramente electoral. Ambas tienen en común el objetivo de la tomar del poder y enfocan todas sus baterías en esa dirección.

Este péndulo es nefasto porque coloca a los sectores populares sólo como apoyo logístico o como votantes, siempre al servicio de vanguardias o caudillos, pero nunca como protagonistas de sus vidas políticas. Ante nosotros algunos pueblos originarios, comunidades negras y un puñado de movimientos están transitando otros caminos, por fuera de las instituciones pero sin confrontarlas abiertamente.

Están abriendo espacios en los territorios de los pueblos que juegan un doble papel: resistir creando vida. En los recientes años hemos reporteado, como otros compas, quizá miles de resistencias creativas en todos los países de la región. Son caminos que lo recorren por sí mismas, sin que ninguna vanguardia o partido les indique los pasos a seguir.

Si en algún momento decidieran tener presencia electoral, lo harán desde esos "poderes en movimiento" pero sin desarmarlos. Lo que no tiene el menor sentido, es que mientras la burguesía está desmontando una democracia que le sirvió durante el periodo de los estados del bienestar, nos limitemos a actuar sólo en ese terreno, colocando todas las construcciones previas en peligro.

La estrategia puramente electoral nos deja a merced de los de arriba, menos al puñado de cargos que saltan del partido al Estado, en un viaje sin retorno.

Publicado enPolítica
Miércoles, 26 Septiembre 2018 18:28

Los retos de los nuevos movimientos sociales

El arte de Tigua surge en la década de 1970, es un arte de una especial fuerza expresiva y de gran riqueza cromática que se plasma, además de los cuadros, en la pintura de las máscaras y de los tambores. Los temas principales son las actividades cotidianas tradicionales; escenas agrícolas, ganaderas, artesanales y comerciales; el ciclo vital, las cosechas, las fiestas donde se activan los lazos de amistad o solidaridad, pero es un arte que también habla de los levantamientos indígenas, y de las fiestas religiosas. El presente suplemento está ilustrado con la exposición “Tigua: Arte desde el centro del mundo”, Madrid, 30/09/2015.

1. Estamos instalados en plena sociedad del riesgo, en un discurrir cuya característica más evidente es precisamente la indefinición, la incertidumbre, el no saber hacía donde vamos. La sensación de estar cabalgando en una transición permanente en donde cohabitan viejas normas y nuevos valores, viejas y nuevas estructuras, precisa superar el solipsismo de la mirada de corto plazo, del vivir el presente sin imaginar y sin ir construyendo el futuro. Los nuevos movimientos sociales aportan esa mirada hacia el futuro generando innovaciones en el presente, de reflexión y de práctica que debe permitir la autodeterminación del sujeto, el control sobre los procesos sociales, el dirigir y controlar nuestras propias vidas. La mirada hacía el futuro nos permite reflexionar sobre los desafíos y los obstáculos que tenemos por delante.
2. Desde luego son muchos y muy complejos los retos que los movimientos sociales tienen por delante, si bien optamos por agruparlos en cuatro ideas, en cuatro erres: Repartir el poder (la democracia participativa); Redistribuir la economía y el trabajo; Respetar la naturaleza (las sostenibilidad ambiental) y Reconocer la interculturalidad.

a) El reto de la democracia de repartir el poder: Relacionarse con las instituciones esquivando la institucionalización

3. En las primeras etapas de la sociedad industrial se consolida una estructura social de nítidas diferencias entre clases sociales muy homogéneas y enfrentadas. La desigualdad en el acceso a los recursos y la explotación económica permite con relativa facilidad establecer repertorios de confrontación que se proyectan en marcos de acción colectiva. Las clases subalternas, especialmente la clase obrera, generan movimientos sociales (la clase para sí) y organizaciones de vanguardia con vocación de dirigir el movimiento a la toma del poder político. El tándem: clase-movimiento social-partido político de vanguardia, representa a groso modo el itinerario de la institucionalización de los movimientos en la etapa de modernización. En la medida que los cuadros dirigentes del movimiento se transformaban en cuadros dirigentes del poder, sus posiciones sociales eran transformadas, ocurriendo lo mismo, inevitablemente con sus psicologías individuales1. Así la orientación hacía el poder hace de los dirigentes, profesionales especializados que inhabilitan a los demás en la toma de decisiones.

4. Los partidos, ya en el marco del Estado de derecho, se orientan hacía el sufragio electoral en un sistema donde la política y la competencia entre partidos tienden a medirse en parámetros cuasi mercantiles en una lucha por la obtención de réditos electorales; mientras, que los nuevos movimientos sociales se orientan hacia la democracia directa y participativa en la búsqueda de un nuevo paradigma2. Si bien la estructura social, debido al fuerte impacto del neoliberalismo, se encuentra enormemente fragmentada en casi infinitas fracciones de clase, algunas de las cuales (las infraclases) quedan fuera del sistema en varias de sus dimensiones (sistema político, mercado de trabajo, segregación social y espacial) abriendo nuevas dimensiones del conflicto social en la medida que aparecen nuevas contradicciones solapadas que cuestionan la baja calidad democrática de un modelo representativo que presenta síntomas graves de desafección por parte de los ciudadanos. Se pone en evidencia, así, el desacoplamiento entre las viejas estructuras propias de la modernidad y una sociedad civil crecientemente compleja, lo que motiva, por otro lado, el surgimiento de nuevos actores políticos y nuevos protagonismos sociales.

5. Ya no podemos pensar en un sujeto histórico nítido y único, ni en clases sociales puramente homogéneas, ni, en consecuencia, en organizaciones políticas que representan los intereses de grandes clases exclusivas. De hecho se puede argumentar con toda propiedad que las nuevas demandas sociales han dado vigor a los nuevos movimientos sociales en la medida que los partidos políticos tradicionales son incapaces de encauzar, generar o atender las nuevas solidaridades3. Surgen algunos interrogantes: ¿Para qué y para quién una organización partidista? ¿Qué modelo organizativo se corresponde con los nuevos fenómenos y nuevas condiciones? ¿Qué política de alianzas? Los nuevos movimientos sociales tienen ante sí el reto de articular intereses y repertorios diferenciados pero no excluyentes, sino más bien complementarios e imbricados entre sí, es decir, tienen que jugar con una pluralidad que es en sí misma un valor ético y práctico. La mejora de la calidad de la democracia es un camino para ello y es consecuencia un desafío primordial para los nuevos movimientos. Tal y como expresa Enrique Venegas: “En correspondencia con la voluntad de conciliar teoría y práctica, se busca un modelo organizativo lo más parecido posible a la sociedad a que se aspira: democrático, pluralista, respetuoso de la diversidad, contrario a cualquier forma de elitismo, orientado a socializar los conocimientos y el poder, organizado de abajo a arriba”4. Esquivar la institucionalización es posible en unos movimientos que se encuentran crecientemente liberados de las estrategias nacionales de antaño y que acogen la democracia participativa como centralidad de acción promoviendo la incorporación de la política en el ámbito de lo cotidiano. Precisamente, en la ampliación de la democracia, en la socialización del poder, en la incorporación de los ciudadanos a la política, es como se puede generar “anti-cuerpos” contra el mal de la institucionalización.

6. Aún así, no podemos obviar la democracia representativa, la existencia de instituciones democráticas, etc. que son irremediablemente parte de la pluralidad con la que hay que jugar, a la que hay que transformar en una perspectiva democratizadora y de proximidad a la ciudadanía, de tal modo que permita el acceso a la política por parte de unos ciudadanos que son cada vez más pro-activos. Las relaciones de poder inhabilitantes no pueden cambiarse en los procesos electorales, aunque éstos sí pueden ser un instrumento, entre otros, para crear condiciones más favorables a la transformación social. La mediación entre los movimientos y las instituciones precisa de estructuras intermedias que sean en realidad una prolongación de los movimientos sociales. El modelo organizativo que haga de puente entre movimientos e instituciones debe poseer atributos más propios de los movimientos sociales que de las estructuras crecientemente obsoletas. Es decir, de un nuevo tipo de organización capaz de motivar y enriquecerse con una pluralidad interna, que precisa del pleno uso de la democracia participativa, es decir, flexible, transparente, basada en la confianza y fundamentalmente orientada, no a la toma del poder que asienta estilos de vida excluyentes e inhabilitantes, sino a la socialización y difusión del mismo. Se trata de una nueva organización política exploradora de nuevos procedimientos para articular y democratizar las distintas esferas de poder, teniendo presente un contexto donde la descentralización del Estado y la construcción de un Estado relacional5 es simultáneamente un objetivo y una oportunidad. Se trata, en definitiva, de explorar nuevas fórmulas para articular y democratizar las distintas esferas de poder, para una repolitización de la sociedad que a través de la democracia participativa y de la descentralización del Estado permita una redistribución del poder real y efectiva.

7 El reto de articular, lleva a pensar en las estrategias de alianzas, pero estas son complejas e intervienen múltiples dimensiones, políticas, culturales, socioeconómicas, todas ellas necesarias para vertebrar nuevos bloques sociales. Apuntamos las más relevantes. En primer lugar, desde las relaciones que se pueden establecer entre la gobernación local y los movimientos y entidades sociales, es necesario un reconocimiento de la existencia de un sector público estatal (estructura pura y dura administrativa) y de un sector público no-estatal (organizaciones y movimientos sociales con vocación pública). La complementariedad y acoplamiento entre ambos es primordial para el desarrollo de la democracia participativa. La construcción de una nueva hegemonía de la solidaridad pasa, en consecuencia, por la alianza entre los actores políticos emergentes: los gobiernos locales y los movimientos sociales, pero ya se ha dicho, el puente entre ambos precisa de un nuevo modelo organizativo permeable y fusionado con los propios movimientos sociales, que además tenga como objetivo asociar, en una estrategia de construcción política en común, a los propios movimientos parcializados promoviendo su autonomía y una integración en los procedimientos capaz de unir experiencias y de combinar la reivindicación y la movilización con la gestión directa de los recursos. En segundo lugar, es primordial una alianza entre fracciones de clase, particularmente, los excluidos (los que están fuera), los de abajo (los asalariados vulnerables), y los sectores ilustrados que se guían por valores posadquisitivos. Todos ellos son  subjetividades complejas que precisan o abogan por una reorientación del modelo social.

b) El reto de redistribuir la economía y el trabajo

8. La dimensión económica se sitúa en el desafío de la superación de la explotación económica (del hombre por el hombre). Los efectos deshumanizadores (la alienación) provocados por la división social del trabajo en un marco de desigualdad y el cuestionamiento sobre el procedimiento de la obtención y distribución de la plusvalía en el proceso de producción no dejan de obtener una significativa centralidad en la agenda de los movimientos sociales. Las contradicciones capital-trabajo, indudablemente sigue siendo, quizá, la más importante de las dimensiones en cuanto a los efectos que provoca el modelo neoliberal. Una expresión de la creciente contradicción, en palabras de José Luis Coraggio, «es la incapacidad del modelo económico imperante para asignar recursos de uso social en magnitudes suficientes y a la vez sostener el proceso de acumulación capitalista»6. Especialmente paradigmático representa la aplicación de la receta neoliberal en los países en vías de desarrollo, donde su despliegue ha mostrado su carácter marcadamente ideológico, basado en un individualismo antropológico carente de cualquier eficacia productiva. “El neoliberalismo no sólo es una ideología del egoísmo privado, es también una práctica arcaica de las relaciones de producción puesto que no ve (y no puede reconocer) que hoy el valor es sólo un producto de la sociedad entera puesta a trabajar”7.

9. Obviando determinismos economicistas, parece que la construcción de un nuevo paradigma, como el que se esfuerzan en construir esa conjunción de múltiples subjetividades representadas por los nuevos movimientos sociales, precisa de una paulatina ocupación del espacio de la esfera económica como para forzar unas nuevas relaciones económicas que sean capaces de cohabitar con el capital y sobre todo que sean capaces de ir sustituyéndole. La consecución de un nuevo paradigma, al igual que ocurrió con la construcción del paradigma del capital (el cual cohabitó con el feudalismo durante prácticamente todo el segundo milenio) implica, en primer lugar, que las transformaciones necesarias precisan de la construcción de una base productiva alternativa capaz de ir implantando otras relaciones económicas y laborales, que en el contexto de la globalización tendrían que orientarse a obtener una cierta autonomía económica de los ámbitos locales respecto de las dinámicas globales, y tendría que establecer nuevos equilibrios entre las diversas economías. En segundo lugar, se precisa de una desmercantilización del ámbito productivo, “solamente a través de la vinculación entre la gestión democrática de la apropiación social y el ‘adelgazamiento’ del mercado, la ley del valor y del asalariado es como será posible una verdadera transformación de la economía, y no apenas una nueva administración avanzada implementada por un capitalismo renovado”8.

10. En este sentido, considerando la existencia de una economía de la diversidad: Economía Pública, Economía de Mercado, Economía Popular y una Economía Social, el desequilibrio vendría establecido por la dominancia de la Economía de Mercado cada vez más frecuentemente promovida y apoyada desde la Economía Pública, por ejemplo, a través de las privatizaciones9. El reto de los movimientos sociales se encuentra precisamente en trabajar por el desarrollo de la Economía Popular y de la Economía Social, de tal modo que la estrategia debe encaminarse a que la Economía Pública se reoriente a promocionar e imbricarse con la Economía Popular, dignificándola; y a la Economía Social y Solidaria. En el caso de la Economía Popular10, gracias a la cual sobrevive la mayoría de la población en los países del Sur, el desafío se encuentra en articular y movilizar la producción, dicho de otro modo, organizar y repolitizar a la economía informal motivando una reapropiación del proceso productivo por parte de la propiedad social11 que permita un nuevo modelo de desarrollo que se fundamente en una producción socialmente útil y responsable ambientalmente.

11. Particularmente, nos interesa aquí la Economía Social, Alternativa, Solidaria (según diferentes acepciones y matizaciones). Una buena síntesis de las características de la economía solidaria la recogió la declaración final del encuentro de Lima por una “Globalización de la Solidaridad” (1997): “La economía solidaria incorpora la cooperación, el compartir y la acción colectiva, colocando al ser humano como centro del desarrollo económico y social. La solidaridad en la economía implica tanto un proyecto económico como político y social, que conlleva una nueva forma de hacer política y de construir las múltiples relaciones humanas sobre la base de los consensos y acciones ciudadanas”.
12. Se trata, en consecuencia, de desarrollar una democracia económica que viene definida por el control del proceso productivo por parte de los participantes que cooperan en el mismo, y por la apropiación de los medios de producción y lo producido por parte de los trabajadores. Este desafío presenta dimensiones interrelacionadas que confluyen en tres orientaciones:

13. La democratización del trabajo o liberación en el trabajo12. Se inscribe en una lógica de superación de la “experiencia social escindida”13 entre la vida cotidiana (donde ganan protagonismo los valores democráticos) y la vida laboral (donde persiste el predominio de valores autoritarios). Se trata pues de la integración del sujeto en los procesos productivos (calidad de vida, apropiación, cooperación, participación).

14. La liberación del trabajo14. Quizá el factor más claramente exógeno es la disponibilidad de tiempo para poder participar en la gestión de los recursos y en las decisiones públicas, lo que André Gorz denomina como tiempo liberado (1995) absolutamente necesario para que el sujeto recupere autonomía en la esfera de la vida cotidiana, ya que la enajenación de los sujetos en la esfera laboral es un enorme obstáculo para satisfacer las necesidades de creación y de participación. Se trata de una optimización de la autonomía a través de una liberación del tiempo de trabajo que puede inducir, por un lado un reparto del trabajo y, por otro, un mayor control del mismo lo que puede tener consecuencias orientadas al surgimiento de otras actividades voluntarias y autoorganizadas encaminadas a la optimización de la satisfacción de las necesidades. Ello permite una mayor integración del sujeto en los procesos sociales y en su entorno.

15. Una economía descentralizada y endógena. El protagonismo conferido al sujeto en los procesos de liberación en el trabajo y en la liberación del trabajo apunta un carácter descentralizado de la economía, a un protagonismo local, y también a una mayor proximidad entre el ámbito del trabajo/producción y el ámbito de la vida cotidiana/reproducción generando una economía social basada en una sustitución de capital mercantil por un capital social que, además, sea capaz de generar nuevos recursos satisfaciendo necesidades sociales y ambientales de carácter local.

16. En consecuencia, cabe apuntar un múltiple desafío que deben afrontar los movimientos sociales consistente en desarrollar las sinergias que se producen entre perspectivas como el desarrollo local, la economía solidaria, el tiempo liberado y la democracia económica que se superponen y se retroalimentan hasta el punto de que cada uno de ellos no puede optimizarse sin la presencia del otro.

c) El reto de hacer respetar la naturaleza

17. La dimensión ambiental se sitúa en el desequilibrio derivado de la distancia sujeto-objeto, de la contradicción hombre-naturaleza. Aparece la necesidad de resolver el desajuste producido sobre la gestión de los recursos renovables sobre la base de dos principios básicos del desarrollo sostenible: por una parte, que el nivel de explotación de los recursos no exceda la capacidad del nivel de regeneración natural de los ecosistemas (rendimiento sostenido). De otro lado, que los niveles de emisión de residuos no excedan o sean equivalentes a las capacidades de asimilación natural por parte de los ecosistemas receptores de dichos residuos. Las capacidades de regeneración o reposición, y de asimilación o absorción deben considerarse capital natural, y el fracaso en el mantenimiento de dichas capacidades debe considerarse consumo de capital natural y, por tanto, no sostenible15. Desde esta perspectiva se fija la vinculación de los sujetos y de las organizaciones sociales al territorio, a la vez que se desarrolla una conciencia sobre los efectos del modelo económico productivista.

18. Así la percepción y convicción frente a las situaciones que se viven y que se evidencian como insostenibles para intereses propios o ajenos, y que son provocadas por agentes externos poderosos (poderes, instituciones, elites políticas y económicas) es lo que esta motivando una acción colectiva que persigue objetivos de transformación de esas situaciones. Esta perspectiva se ve reforzada en un marco de “sociedad del riesgo” donde la inteligencia16 ha puesto de relieve la amenaza que el proyecto productivista y despilfarrador del neoliberalismo global supone para la humanidad (cambio climático, inseguridad alimentaria, pobreza, crisis energética, enfermedades globales, agujero de ozono, lluvias ácidas, inseguridad nuclear, etc.) haciendo de los diversos intereses particulares una comunidad de interés en la defensa de la propia humanidad y del planeta

19. Los nuevos movimientos sociales conectan directamente con la idea de “democracia ambiental”17 y su consecución en un desafío central la acción colectiva. La implicación de los ciudadanos en la resolución de la crisis ambiental es crucial en la medida que la descentralización de los procesos, la comunicación entre los agentes sociales y la participación de los ciudadanos llevan a un devenir consciente sobre las responsabilidades de cada cual. El comercio justo y el consumo responsable, por ejemplo, no son posibles sin ese devenir consciente. La democracia ambiental se fundamenta, por tanto, en la participación directa de los productores y de la ciudadanía en la gestión de sus recursos ambientales (el patrimonio común es mundial) y su construcción es ecosistémica, es decir, es por definición reticular. Estas iniciativas, en suma, al reconocerse en el medio social y el entorno físico, se colocan en una posición preferencial para afrontar actividades sociales y ambientales de “responsabilidad pública” y de defensa de los intereses generales de las comunidades locales. La aproximación entre la producción y el consumo ayudan a desarrollar dinámicas de eficiencia energética y de calidad de vida, sin comprometer la eficacia productiva.

d) El reto de reconocer las otras culturas: generar reciprocidad y confianza intercultural

20. Hay quienes consideran que el hito fundacional de los movimientos de resistencia global se produce en el Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo convocado en el verano de 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional18. Entra en escena la perspectiva indigenista promocionando la convergencia de movimientos. Es quizás el indigenismo el más fiel exponente del regreso del sujeto19, del sujeto que se basa más en los valores éticos que en los técnicos. En palabras de Touraine “no busca ni el beneficio, ni el poder, ni la gloria, sino que afirma la dignidad y el respeto que cada ser humano merece”20. Desde la demanda de los derechos culturales se recrea la conciencia de la complementación de las culturas y se alerta de los exclusivismos endogámicos. La perspectiva indigenista (de los derechos culturales), permite, así construir la articulación desde la satisfacción de las necesidades territoriales y culturales, es decir de abajo a arriba, de la periferia al centro y del Sur al Norte, rompiendo los vicios etnocéntricos e incorporando una transversalidad que evite el peligro expresado por Albert Recio: “el peligro estriba en que el movimiento cristalice en una acción volcada hacia el entorno exterior, estructurada a partir de acciones globales que resultan epidérmicas para los que no participan en ellas y alejada de las cuestiones de la vida local”21.

21. En otro sentido, aparece otro peligro. La existencia de múltiples identidades que deben ponerse en común, trasladado a la acción colectiva significa la existencia de muchos focos de atención que dispersan el activismo convirtiéndolo en un hiperactivismo que pierde eficacia. La versatilidad de los activistas que participan simultáneamente de varios focos movimentistas disipa la energía social. Nuevamente, la respuesta se encuentra en la distribución del poder, con metodologías participativas adecuadas, ya que es la que posibilita establecer puentes con las bases sociales y conlleva la incorporación de los sujetos a las habilidades y las destrezas de la gestión política.

22. Ahora bien, los impactos del proceso globalizador han generado enfrentamientos entre culturas y repliegue y auto-cierre defensivo de las culturas más periféricas sobre las que se han despertado sentimientos de amenaza y actitudes endogámicas. El intercambio desigual, el fenómeno migratorio, el etnocentrismo occidental que provoca el refuerzo del etnocentrismo en las culturas agraviadas y la consolidación de los procesos de exclusión social representan graves problemas para el desarrollo del sujeto ético y supone la puesta en escena del anti-sujeto que utiliza la violencia y la crueldad22 como respuesta identitaria particularista.

23. La combinación de las contradicciones propias de la desigualdad con la de los conflictos asociados a los atributos diferenciales nos lleva a una nueva mirada sobre los tipos de movimientos sociales. Hasta ahora nos estamos refiriendo a los movimientos que podríamos identificar como movimientos antisistémicos23, pero la tensión que se produce entre la fuerza de la violencia y los valores solidarios hace emerger tanto al sujeto ético como al anti-sujeto.

24. Algunos han venido a identificar como “antimovimientos sociales” o “contramovimientos sociales” a aquellos movimientos que inscribiéndose en la defensa de supuestos derechos culturales, o sociales, y obviando la integralidad de los derechos humanos y particularmente los derechos políticos24 su acción colectiva se dirige no contra un sistema, o contra un gobierno, sino que se dirigen fundamentalmente contra un grupo social con atributos diferenciados reforzando así los procesos de exclusión de éste. Más acertadamente habría que denotarlos como movimientos antisocietarios ya que sin dejar de ser movimientos derivan de los conflictos subjetivos entre sectores y fracciones de clase, y no de la confrontación entre proyectos sistémicos alternativos. Tales serían los movimientos racistas, xenófobos, fundamentalistas y ultranacionalistas. Ambos tipos de movimientos, antisocietarios y antisistémicos, son sistemas de comunicación que vinculan sujetos y nudos de sujetos, por tanto, esto no diferencia totalmente un tipo de movimiento de otro. El primero se desarrolla en redes endogámicas cerradas al exterior, ancladas en el pasado y por donde fluyen estereotipos culturales exclusivistas, mientras que los segundos se desarrollan en constelaciones de redes abiertas a la transpenetración y, por tanto, a la información, por donde fluyen y se intercambian conocimientos que generan conciencia subjetiva y que frecuentemente se vinculan a redes emisoras de conocimiento científico. La mirada al futuro, de estos últimos, y las oportunidades que instituyen para la innovación facilita el acceso a los análisis de la realidad que a su vez proporcionan la construcción de proyectos de futuro, de orientaciones utópicas que permiten con mayor o menor éxito la acción colectiva en pro de la transformación de la realidad.

25. Un tercer tipo de movimiento que obligadamente hay que reseñar son los movimientos de los desesperados, de las infraclases, de los que se encuentran fuera del sistema, particularmente del político, y que en los últimos años se han puesto de relieve en movilizaciones en barrios desfavorecidos y protagonizados por minorías étnicas o religiosas. El caso francés y estadounidense25 son los más paradigmáticos y nos muestra la movilización durante meses de colectivos excluidos que mantienen en jaque al sistema sin tener unos objetivos claros, una estrategia política y organizaciones que les incluyan, representen y canalicen su desesperación.

26. La presencia creciente de estos tipos de movimientos, tanto los movimientos antisocietarios como los movimientos de los desesperados son un desafío para los movimientos antisistémicos, igualmente son un reto el incidir en las causas que les hacen emerger: la desigualdad y la exclusión social. En el primer caso, la extensión y el éxito de los movimientos antisistémicos sería un antídoto para evitar  la emergencia del anti-sujeto, en el segundo caso, el desafío esta en reorientar la energía social que se libera en las fricciones del sistema para construir el sujeto en proceso, el sujeto de derechos.

 

 

1Wallerstein, I. (2005), “O que significa hoje ser um movimento anti-sistêmico?” en: Leher, R.; Setúbal, M. (organizadores), Pensamento crítico e movimientos sociais, Cortez editora, São Paulo, p. 277.

2Offe, C (1988), Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Sistema, Madrid.

3Funes, M. J. y Monferrer, J. (2003), “Perspectivas teóricas y aproximaciones metodológicas al estudio de la participación” en: Funes, M. J.; Adell, R., Movimientos sociales: Cambio social y participación, UNED, Madrid, p. 43.

4Venegas,  E.  (2003), “Movimientos  sociales y nuevas estrategias de poder civil en la Era de la globalización” en: Alguacil, J., Ciudadanía, ciudadanos y democracia participativa, Fundación César Manrique, Lanzarote, p.125.

5Mendoza, X. (1996), “Las transformaciones del sector público en las sociedades avanzadas. Del estado del bienestar al estado relacional”, en: Papers de Formació, 23, Diputació de Barcelona.

 

6Coraggio, J. L. (1999): “La economía popular es más que la suma de microproyectos (alternativas para el desarrollo humano globalizado)”. En Política y Sociedad nº 31, Madrid.

7Negri, A.; Cocco, G. (2006), Global. Biopoder y luchas en una América Latina globalizada, Paidós, Buenos Aires, p. 69.

8Chesnais, F., Serfati, C.; Udry; C-A. (2005), “O futuro do movimento ‘antimundializaçao’. Primeiras reflexôes para uma consolidaçâo de seus fundamentos teoricos” en Leher, R.; Setúbal, M. (organizadores), Pensamento crítico e movimientos sociais, Cortez editora, São Paulo, p. 286.

9Cabe afirmar que no es nada ético que desde la Economía Pública sustentada por el conjunto de la sociedad, si hablamos de una sociedad democrática, se promocione el lucro representado por el beneficio privado y estructuras no democráticas como son las empresas tradicionales.

 

10La Economía Popular estaría conformada por la economía del ámbito de lo doméstico e incluiría el trabajo doméstico, el trabajo no asalariado (autónomos, ayuda familiar) y las micro Pymes.

11Chesnais, F., Serfati, C.; Udry; C-A. (2005), op. cit.

12Gorz, A. (1995), Metamorfosis del trabajo, Sistema, Madrid.

13Tezanos, J. F. (1987), “La democratización del trabajo en los umbrales de la sociedad post-industrial” en Tezanos, J. F., La democratización del trabajo, Sistema, Madrid, p. 21.

14Gorz, A. (1995), Metamorfosis..., op. cit.

 

15Daly, H. E. (1989), Economía, ecología y ética. Ensayos hacia una economía en estado estacionario, FCE, México.

16En el sentido que Jesús Vicens (1995) entiende lainteligencia (en El valor de la salud. Una reflexión sociológica sobre la calidad de vida, Siglo XXI, Madrid) como una acción consciente inversa a la entropía, es decir como la capacidad humana para aminorar y cambiar los procesos de degradación estableciendo estrategias de calidad de vida basadas en las necesidades humanas.

17Leff, E. (1994), Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable, Siglo XXI, México.

18Taibo, C. (2002), “Los movimientos de resistencia frente a la globalización neoliberal” en Taibo, C. y Tamayo, J. (dir.), 10 palabras clave sobre globalización, Editorial Verbo Divino, Navarra.

19Aunque otros  movimientos de mujeres, de liberación sexual, de jóvenes...

20Touraine, A. (2005), Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy, Paidós, Madrid, p. 112.

21Recio, A. (2001), “Más acá de la lucha antiglobalización” en Mientras Tanto, Nº 80, Barcelona.

22Touraine, A. (2005), Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy, Paidós, Madrid, p. 172.

23Arrighi, G.; Hoopkins, T. K.; Wallerstein, I. (1999), Movimientos Antisistémicos, Madrid, Akal.

24Touraine, A. (2005), Un nuevo paradigma... op. cit., p. 188. 

 

25Puede recordarse al respecto los amotinamientos de la población negra en la ciudad de los Ángeles en 1992 donde el gobierno estadounidense se vio obligado a desplegar a la guardia nacional y mantener un estado de excepción durante dos meses y replicas posteriores motivadas por el visionado del maltrato policial a personas de color.


El poder en manos de todos

“Minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad”

Es dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y candidato del Partido Socialismo y Libertad, la formación más a la izquierda del espectro político brasileño nacional. A pesar de no poder aspirar al cargo de presidente (tiene una intención de votos en torno al 1 por ciento), Guilherme Boulos prometió que un gobierno suyo indultaría al encarcelado ex presidente Lula. Respondió a preguntas de Brecha1 sobre su respaldo y críticas al PT.

 

A los 20 años comenzó su militancia en el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (Mtst). Es miembro de la Coordinación Nacional de dicha organización, pero sobre todo se habla hoy de Guilherme Boulos en Brasil como el candidato presidencial más joven de las próximas elecciones, el 7 de octubre. En ellas representará al Partido Socialismo y Libertad (Psol), que fue creado por una escisión del Partido de los Trabajadores, y al que pertenecía la concejala y militante feminista asesinada Marielle Franco.


Además de ser activista, Boulos es profesor y escritor, graduado en filosofía, especializado en psicología clínica y tiene una maestría en psiquiatría. Es la primera vez que se presenta a un cargo electivo y lo hace en fórmula con la activista indígena Sônia Bone Guajajara.


—¿Cuál es su lectura del actual mapa político-electoral de Brasil?


—La elección se produce dos años después de que Michel Temer y sus aliados empujaron al país a una profunda crisis económica, social y de esperanza. Este grupo, cuya agenda no fue refrendada por la población en las elecciones de 2014, se metió con el derecho de los trabajadores, congeló las inversiones en educación y salud por 20 años, y generó 14 millones de desempleados. Con estas y otras medidas desastrosas contribuyeron a la profundización de la incredulidad popular en la política y en los políticos. En este escenario de inestabilidad, reforzaron la persecución al ex presidente Lula pues sabían de la dificultad que tendrían para vencerlo en las urnas. El proceso que lo condenó, según observó incluso la Onu, está lleno de ilegalidades, empezando por el simple hecho de que no existen pruebas concretas. El caso del tríplex (en el que Lula fue condenado por haber recibido de la constructora Oas un apartamento de lujo en el balneario brasileño de Guarujá) es extremadamente frágil y no cumple con los mínimos requisitos jurídicos, al punto de que los fiscales, al presentar el caso, destacaron su “convicción”, en detrimento de las pruebas que no presentaron. Lamentablemente, lo que estamos viendo es un Poder Judicial partidario. Esto quedó más que patente en el apuro que tuvo en condenar a Lula para impedir su candidatura, más aun si lo comparamos con el trato que se le dio a políticos de otros partidos que, incluso con muchas pruebas en su contra, no fueron ni acusados. Perdieron tanto la democracia como el pueblo brasileño.


—¿Cuál ha sido la relación de los movimientos sociales brasileños, de los que usted proviene, con los gobiernos del PT?


—Hubo mayor apertura que con otros gobiernos, pero también límites. El principal fue la insistencia en la “política de consenso”, que evitó la ruptura con las estructuras tradicionales. Los avances, desde el punto de vista de los programas sociales, de acceso al consumo de los más pobres, de reorientación del presupuesto con mayor inversión social, son innegables y los defendimos antes y ahora en la elección. Pero también fueron insuficientes, porque no alteraron la relación de fuerzas. Esconder o minimizar el conflicto de clases despolitiza la sociedad y crea la idea de que todo ascenso es individual, y no fruto de un proceso de disputa política. Es tarea de los movimientos sociales exponer y combatir esa lógica.


—Usted es el candidato presidencial del Psol, un partido creado por desencantados del PT. Por otro lado, Lula expresó públicamente el apoyo a su candidatura. ¿Cuál es su opinión sobre el PT y el manejo del Lava Jato? ¿Cuál es la relación del Psol con el PT?


—Tengo mucha admiración por la trayectoria del ex presidente Lula y es innegable que Brasil avanzó mucho durante los años de gobierno del PT. Sin embargo, tanto mi partido como yo tenemos críticas hacia la política conciliadora de alianzas que el PT promueve hasta hoy, asociándose a sectores ultraconservadores y partidos “fisiológicos” (expresión brasileña para referirse a los partidos que sólo buscan cargos políticos), como el Movimiento Democrático Brasileño (Mdb, el partido del presidente Michel Temer) y los de “centro”. Incluso después del golpe (N de E: se refiere al juicio político con el que el Congreso depuso a la presidenta petista Dilma Rousseff y le entregó la presidencia a Temer), el ahora candidato del PT, Fernando Haddad, subió a un escenario con miembros del Mdb. Para nosotros, esto es inadmisible. Demuestra que no aprendieron nada con el golpe de 2016. El PT, a pesar de haber tenido la oportunidad, no enfrentó temas esenciales como la reforma política, la democratización de los medios de comunicación, la reforma tributaria y el combate a los privilegios. Son críticas que yo, como miembro del Mtst, así como el Psol, hemos hecho públicamente desde hace algún tiempo. Es, incluso, con base en esa insatisfacción que el Psol se creó y consolidó.


—Usted ha afirmado que la desigualdad social es el principal problema en Brasil. ¿Cómo se visibiliza como un problema y cómo se enfrenta?


—Es necesario, por encima de todo, voluntad política. Brasil es el país con la mayor concentración de ingresos en el mundo: el 30 por ciento está en manos de sólo el 1 por ciento, según la encuesta Desigualdad Mundial 2018. La riqueza de los seis principales multimillonarios brasileños equivale a la de los 100 millones más pobres. La renta mensual del 0,1 por ciento más rico equivale a 19 años de trabajo para un trabajador con salario mínimo. Todos estos datos alarmantes demuestran que el abismo social es profundo en nuestras ciudades y en el campo. Lo vemos también cuando analizamos la falta de acceso a derechos básicos como vivienda, educación, salud y saneamiento. El Estado no puede seguir manteniendo los privilegios de esa elite y hay varias tareas por cumplir. Una es acabar con la “bolsa (subvención)empresarial” que representan las exoneraciones fiscales a las grandes empresas y que sólo este año ascendieron a 288.000 millones de reales (69.000 millones de dólares). Nuestro programa también prevé el fin a la “fiesta de los bancos”, reduciendo los intereses y promoviendo la regulación del flujo de capitales especulativos. Proponemos también una reforma tributaria progresiva, con aumentos de los impuestos a la renta, al patrimonio, las ganancias y los dividendos.


—¿Es posible hacer una reforma tributaria en Brasil? ¿Cuáles serían sus principales elementos?


—El sistema tributario brasileño es una de las principales expresiones de la desigualdad social brasileña. Para dar algunos ejemplos: quien tiene un automóvil debe pagar un impuesto anual (el Ipva), mientras que los dueños de yates y jets no pagan ni un real. Puede parecer improbable, pero hoy un profesor universitario paga la misma parte alícuota que Neymar. Esta tasa, extremadamente asimétrica, hace que las clases baja y media sostengan el aparato estatal, mientras que los súper ricos no pagan o pagan muy poco en impuestos. Es posible hacer una reforma tributaria progresiva, con un aumento de la imposición sobre la renta, el patrimonio, las ganancias y los dividendos. Nuestro objetivo es simple: hacer que quien tenga más, pague más, y quien tenga menos, pague menos. Tenemos que gravar la renta y el patrimonio para crear condiciones con el fin de reducir gradualmente la tributación sobre el consumo y la producción. Vamos a aplicar el impuesto sobre las grandes fortunas (Igf), un tributo ya previsto en la Constitución brasileña. También, crear una nueva franja de impuesto a la renta. Finalmente, volveríamos a introducir el impuesto a las ganancias y los dividendos, que se dejó de cobrar bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.


—Usted es uno de los dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, ¿cómo describe el problema de la vivienda en Brasil?


—El problema de la vivienda en Brasil está atravesado por la enorme concentración de riquezas en manos de unos pocos, y se manifiesta tanto en las ciudades como en el campo. Los datos del último censo agropecuario mostraron el aumento de la concentración de tierras rurales; la mitad de la tierra agrícola son latifundios. No es diferente en las ciudades: en San Pablo, por ejemplo, el 25 por ciento de los inmuebles está en manos del 1 por ciento de los propietarios. Hay más de seis millones de familias sin hogar en Brasil y más de siete millones de inmuebles ociosos. Es decir que hay más casas sin gente que gente sin hogar. Si además se toma en cuenta la falta de infraestructura y de servicios en los barrios, la situación resulta peor. La Constitución brasileña asegura tanto el derecho a la vivienda como la función social de la propiedad, e ilegaliza todas aquellas que estén ociosas, vacías o abandonadas. Los mecanismos para expropiar y recalificar esos inmuebles ya están previstos en el Estatuto de la Ciudad, de 2001. Pero en Brasil las leyes que no se cumplen son aquellas que favorecen a la mayor parte del pueblo.


—Existe una gran dispersión en la oferta electoral y ningún candidato tendría mayorías para gobernar. ¿Cómo se asegura la gobernabilidad del que resulte electo? ¿Con quiénes podrían establecer alianzas poselectorales?


—No podemos seguir apostando al modelo de gobernabilidad de canje de votos en el Congreso por cargos en el Ejecutivo o favores. La política no puede ser un mostrador de negocios. El Mdb es uno de los principales ejemplos de esa forma de hacer política, pues estuvo en todos los gobiernos sin haber sido nunca elegido. Vamos a construir nuestra gobernabilidad con la población, haciendo consultas populares, como plebiscitos y referendos, y alentando la formación de consejos comunitarios para aproximar las decisiones nacionales a los ciudadanos. Esta herramienta está prevista en la Constitución, pero desgraciadamente se utilizó sólo dos veces desde 1988.


1. Esta entrevista fue hecha por email.

 

Por Alejandro Ferrari
14 septiembre,

 

 

Publicado enInternacional
Martes, 11 Septiembre 2018 07:57

Las autonomías después del progresismo

Las autonomías después del progresismo

Luego de una larga década de gobiernos progresistas, los debates sobre la autonomía y las prácticas autonómicas parecen haber mutado; abandonaron el escenario y se han refugiado en los pliegues menos visibles de los movimientos anti-sistémicos.


En este cambio han confluido varios procesos. Por un lado, los gobiernos progresistas han apoyado con abundantes fondos muchas iniciativas de los movimientos, produciendo un efecto de cooptación o de neutralización de los rasgos anti-capitalistas de las organizaciones. Por otro, ha ganado terreno la propuesta de “jugar en la cancha grande”, como denominan algunos a competir en el terreno electoral, ya que consideran que las “islas de autonomía” no logran conmover al sistema.


Una tercera cuestión se relaciona con las enormes dificultades que tienen los colectivos que trabajan de forma autónoma, para sostenerse en el tiempo en base a sus propios esfuerzos y tender puentes hacia otros grupos similares para emprender acciones más potentes y desafiantes. En resumen, no pasamos por buenos momentos quienes apostamos a la construcción de espacios de autonomía, con estilos de trabajo que se apoyan en la auto-construcción de mundos nuevos.

Una recorrida por diversos espacios realizada este año con movimientos argentinos en Córdoba, tanto en la capital como en Traslasierra, así como con colectivos de las provincias de Santa Fe y Paraná, me permitió auscultar otros debates y modos de trabajo. Uno de ellos es la diversificación de lo que se entiende por autonomía, al punto que muchos colectivos se consideran realmente autónomos aunque reciben fondos de los Estados. Separan la autogestión del espacio propio, de los aportes financieros que perciben.


Aunque en principio resulta una posición algo incómoda y difícil de aceptar, lo cierto es que las prácticas autónomas no sólo no han desaparecido sino que se sostienen en numerosos colectivos, más allá de las definiciones de cada quien. Intuyo que la autonomía como propuesta política goza de mayor simpatía que la capacidad de ser realmente autónomos; que las prácticas autónomas son bastantes más que los colectivos que sólo dependen de sus esfuerzos.


En suma, que la realidad se ha vuelto mucho más compleja y no admite simplificaciones. Sin embargo, existen decenas de organizaciones autónomas, por lo menos en las provincias mencionadas. Tienen algunas características comunes que quiero desglosar.


La primera es que esas prácticas anidan en grupos muy variados, no dedicados a lo que se entiende por “política”, en el sentido de disputar el poder en la sociedad, sino volcados hacia actividades culturales (música, danza, radios libres, editoriales y revistas independientes), sociales (educación popular, comercio justo, alimentación sana) y productivas (elaboración de pan y otros alimentos orgánicos, artesanías y reciclajes).


La segunda es que estos grupos suelen compartir ideas y prácticas ambientalistas o ecologistas, se niegan a plegarse al consumismo, conforman redes de resistencia a la minería y a los monocultivos como la soja, pero también a la especulación inmobiliaria urbana.


No todos son totalmente autónomos, en el sentido de que se apoyan en sus propios recursos, pero cuestionan la participación en las elecciones y gestionan sus espacio y sus tiempos según sus propios criterios. La mayoría han construido espacios de auto-formación, lo que contribuye a potenciar las prácticas autónomas.


En tercer lugar, se trata de un sector muy amplio aunque no suele estar vinculado por una estructura organizativa estable. La tendencia es que los colectivos se agrupen para una actividad concreta o para campañas acotadas en el tiempo, y luego cada organización sigue su propio rumbo. En realidad, existen vínculos estables entre muchas de ellas, pero no están sujetas a un aparato orgánico que las supera.
Existen coordinaciones nacionales, regionales y sectoriales. Pero cada grupo que las integra es, en este caso se aplica perfectamente, autónomo a la hora de tomar sus decisiones sin tener que someterse a la coordinación a la que pertenece. Por eso creo que la autonomía abarca muchos más espacios que aquellos que se definen como autónomos.


La autonomía se ha transformado profundamente desde que emergió en la década de 1990, influida por el zapatismo, la debacle de los partidos de la vieja izquierda, el neoliberalismo que destruyó los estados del bienestar y un sindicalismo funcional al sistema. La mayoría tienen claro que las políticas sociales de los Estados buscan domesticar a los movimientos y parecen haber aprendido a neutralizarlas.


En uno de los varios encuentros en los que participé, uno delos grupos de trabajo destacó la importancia de trabajar en “cómo nos abrazamos desde abajo”. Mientras avanzan en reconocer las dependencias que mantienen, no sólo del Estado sino también del mercado, también crecen en dilucidar los modos de relacionarse, para ampliar resistencias y luchas, mientras tejen lo nuevo. No es poco para tiempos tan difíciles.

Publicado enSociedad

En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
“El movimiento de mujeres en Argentina y América Latina es heredero del 68”

Hace 50 años el mundo era un volcán en ebullición. Por lo general, 1968 es recordado por las revueltas estudiantiles en ciudades como París, Praga y Berlín, aunque fue un momento bisagra también en nuestro continente, tanto en ámbitos urbanos como rurales. Raúl Zibechi acaba de publicar 1968 en América Latina, un libro en el que recupera precisamente aquellos desbordes desde abajo vividos en diversos territorios de la región, y que resultan fundamentales para entender el presente. Las raíces del feminismo y los movimientos campesinos e indígenas en el ‘68, los sentidos de esa verdadera revolución global y la vigencia de las luchas emancipatorias en las periferias de las grandes ciudades. La necesidad de mirar la historia en perspectiva, para celebrar lo sembrado y profundizar el trabajo militante.

¿Por qué este libro ahora, siendo que hay tantos libros del ‘68 más centrados en Europa? ¿Qué te decidió a escribirlo?


Lo que me motivó a escribir este libro fueron dos ideas básicas. Por un lado, el eurocentrismo, ya que cuando se piensa en el 68, se piensa en mayo y en París. Y el 68 fue una revuelta que a nivel global cambió el mundo, como plantea Wallerstein, pero que además tuvo su epicentro en Vietnam, en lo que fue la ofensiva del Têt, que derrota por primera vez en la historia a las fuerzas armadas imperiales, las más poderosas del mundo. Eso me parecía importante colocarlo fuera de París y fuera de Europa, a nivel mundial, concretamente en América Latina y desde los movimientos de abajo. Y la segunda cuestión, que en la historia cada tanto tiempo se produce una institucionalización de la memoria, en la cual los grandes eventos, los grandes patriarcas ocupan un lugar central, y lo que queda al costado no se visualiza como importante. Por ejemplo, en Argentina, los movimientos populares indígenas aparentemente no existieron en esa época, o los campesinos de las Ligas Agrarias, si bien sabemos que existieron, a nivel de la memoria militante no aparecen en un lugar destacado. En ese mismo sentido, yo tengo un enorme respeto por el Cordobazo y por la figura de Agustín Tosco, pero el Cordobazo fue mucho más que Tosco y Elpidio Torres. Fue un proceso nacional de unas 15 puebladas en los años siguientes y en todo el país, pero además fue de un protagonismo muy de base, de los obreros de taller, de las mujeres en la fábrica y también fuera de la fábrica. El libro un poco busca poner en un lugar destacado los procesos que normalmente no tienen ese grado de visualización y, por lo tanto, no se congelan en la memoria como los protagonistas principales.


En la primera parte analizas un conjunto de experiencias latinoamericanas de desborde desde abajo , que tienen su génesis en un ciclo que no se ciñe al año 68, sino que es parte de un proceso más prolongado e invisible. Más allá de los contextos específicos, ¿qué las emparenta entre sí y por qué resultan actuales?


Las emparenta una cuestión básica y es que son experiencias de abajo, que surgen en la cotidianidad de la resistencia y la convivencia de lo popular indígena afro. Me dediqué a buscar información, entre otras, sobre la experiencia del campamento Nueva La Habana, en Santiago de Chile, protagonizado por el MIR. Encontré que el campamento de Nueva La Habana no era muy distinto de lo que hoy podían estar haciendo los zapatistas o los mejores grupos territoriales ex piqueteros en Argentina. Fue una experiencia alucinante de salud, educación y producción de poder popular y fue en los primeros años de la década del 70. Quiero recalcar algo: a veces pensamos que lo que pasó en el ciclo piquetero en Argentina es la novedad. Sí, sí, por supuesto que hay novedad, pero hay también historia. Tanto en este caso como en los restantes, quería recapitular alguna de esas historias que me parecen importantísimas como antecedente y como ejemplo de lo que empezó a pasar en una época. En los ´60 y ´70 se comienzan a construir otros mundos, en la misma tónica que hoy hacen los sin tierra, los sin techo, los zapatistas, y muchos movimientos más, como las fabricas recuperadas y los bachis, que no esperan que se haga la revolución para empezar a construir relaciones sociales de otro tipo. Entonces me parece que aquí hay un punto de inflexión importante, y es que los procesos históricos son procesos largos. Creo que esta idea de crear mundos nuevos, o mundos otros, ya empieza en germen en los ‘60 de forma muy clara, y eso es lo que quería destacar en esas experiencias.


¿En qué sentido las luchas del movimiento feminista y las resistencias indígenas contemporáneas tienen una de sus raíces en el ‘68 como proceso?


Jorge Zabalza plantea que en el MLN Tupamaros había una presencia importante de mujeres, como en todos los grupos armados, más que en otras instancias de partidos de izquierda o movimiento sindical, y él marca un matiz que me parece muy importante: esas mujeres eran valoradas en la medida que tenían un comportamiento masculino, que eran valientes, que agarraban los fierros y que daban órdenes. Ese fue quizás el precio para tener un protagonismo, pero a partir de ahí el peso de las mujeres fue creciendo. Creo que hoy el movimiento de mujeres en Argentina y en América Latina es heredero del ‘68, las raíces profundas están ahí, en ese cambio en el papel de las mujeres, y creo que también en esos años, un poco después, pero influido por esos años, empieza el camino de un feminismo popular, plebeyo, indígena y negro en América Latina. En el libro destaco el caso de Villa El Salvador en Perú, donde la lideresa del lugar era María Elena Moyano, quien creó la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES), un barrio ocupado que hoy tiene medio millón de habitantes y es realmente una ciudad. María Elena Moyano era una mujer pobre y negra, de la periferia de Lima, una mujer extraordinaria que terminó siendo asesinada por Sendero Luminoso en 1992. Me parecía importante destacar esta experiencia como un feminismo nuestro, latinoamericano, distinto al primer feminismo que aterrizo en América Latina a principios de los ‘80, muy eurocéntrico y académico, de mujeres blancas profesionales. A partir de aquí hay muchas inflexiones: las Bartolinas y todas las corrientes populares, ANAMURI en Chile, CONAMURI en Paraguay… y así multiplicaríamos los feminismos populares, hasta el gran encuentro de Morelia del 8 de marzo de este año, convocado por las mujeres zapatistas. Ahí hay un arranque de estos múltiples feminismos comunitarios, negros, plebeyos, populares e indígenas, que tenemos hoy en América Latina y que, a mi modo de ver, enriquecen este movimiento.


Mencionaste a estos feminismos plebeyos y se nos hicieron presentes Marielle Franco y Berta Cáceres. ¿Te parece que el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado implican hoy una guerra contra las mujeres?


Totalmente. Creo que hay una guerra contra las mujeres y contra los jóvenes pobres, porque son los sujetos anticapitalistas por excelencia. Marx planteaba que el proletariado no tiene nada que perder salvo sus cadenas, a mí me parece que definir desde ese lugar al proletariado, a las y los anticapitalistas, es mucho más útil que una versión muy abstracta, muy teórica, que es lo que solemos hacer los militantes cuando decimos “clase obrera es quien vende su fuerza de trabajo”. ¿Quiénes son hoy los que no tienen nada que perder salvo sus cadenas? Las mujeres de clase media para abajo y los jóvenes de las periferias urbanas. Y ambos son víctimas de un fenómeno que es el narco. Al hablar del complejo del narco refiero a la alianza de lo que llamamos narcotráfico con partes del Estado, como la policía, sectores del poder judicial y bandas que giran en torno a ellos, que tienen como objetivo principal a las mujeres y los jóvenes pobres. Este complejo del narco -que Rita Segato lo ha trabajado bastante, si bien desde otra perspectiva, pero convergemos- implica una refuncionalización del patriarcado, porque son bandas muy patriarcales, muy machistas, muy caudillistas y sumamente violentas. Yo me hago una preguntan: ¿dónde estarían esos chicos si no existiera el narco? Porque son los que no tienen lugar en esta sociedad, son los que el modelo extractivo margina y no les da futuro. En la época de Agustín Tosco, los jóvenes y las mujeres de los sectores populares emigraban del campo o de las pequeñas ciudades a la gran ciudad y, al cabo de una generación de trabajo industrial o comenzando en la construcción, o en el empleo doméstico, tenían una cierta perspectiva de vida ascendente. Hoy en día estos chicos tienen, respecto a sus padres, una performance de vida descendente. Y esto me parece importante tener en cuenta para explicar por qué el narco arraiga en esos lugares. En Uruguay, que hoy tenemos niveles de violencia superiores a Argentina, más de la mitad de los feminicidios son provocados por policías, soldados y guardias de seguridad privada. Quiere decir que hay ahí un núcleo duro de la violencia contra las mujeres que esta intimidante ligada a la institución para-militar o militar policial del Estado.


Hay otro proceso que mencionas y recuperas en el libro, que es el de las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación, que tienen en nuestro presente una presencia importante en muchas de las organizaciones y movimientos populares. Veíamos una tensión en el imaginario de cierta izquierda, que intenta equiparar esa experiencia con el planteo de la Iglesia como institución y del Papa como referencia global. ¿Cómo lees ese vínculo y en qué medida difieren los procesos?


Las comunidades eclesiales de base surgen a contrapelo de la institución eclesial, surgen como una experiencia de iglesia popular y de sectores populares involucrados en procesos de transformación. Tuvieron una masividad descomunal: 80.000 comunidades en Brasil, decenas de miles en toda América Latina, millones de personas que tomaron la experiencia en sus manos y transformaron la práctica eclesial. En Argentina se dio a partir de los sacerdotes del tercer mundo, con los curas villeros, de los cuales Carlos Mugica es una expresión, no es la única. Eso permitió que después viniera una reflexión teológica que es la teología de la liberación, pero no es que la Iglesia impulsó la teología de la liberación, y la teología de la liberación impulsó las comunidades, es al revés. Las comunidades eclesiales de base empezaron por una necesidad popular que había, y por personas concretas o militantes vestidos con sotana, da lo mismo. Como Camilo Torres en Colombia, como Juan Carlos Scannone en Argentina, como los curas villeros que mencioné, en una experiencia que sectores de la institución no tienen más que bendecir porque eran millones de personas que se les escapaban. Yo miro las cosas de abajo para arriba, creo que el arriba tiene una influencia, pero el arriba no tuvo más remedio que aceptar lo que estaba pasando. Como sucede en tantas situaciones en la historia, este fue un cambio importante. Recordemos que el grueso de los movimientos populares tuvo alguna influencia de las comunidades eclesiales de base. En Brasil, por ejemplo, la CUT, el PT y el MST surgen muy vinculados a la experiencia de las comunidades, y además recordemos que el imperio, en el Documento de Santa Fe II, menciona que la teología de la liberación es uno de sus enemigos prioritarios, más que el comunismo, más que la guerrilla que ya estaban derrotados en ese entonces. Por lo tanto, hay un cambio importante, una experiencia relevante que en algún momento se cruza con la educación popular, porque los participantes de las comunidades eclesiales de base y los que practicaron educación popular en los ‘70 eran más o menos los mismos. Ahí tenes una riqueza de experiencias maravillosa.


Te preguntamos porque acá entre los movimientos populares es una discusión abierta el papel de Bergoglio a nivel global. ¿Cuál es la lectura que haces de la intervención del papa Francisco en los diferentes conflictos de América Latina?


El papel de Bergoglio, si lo comparamos con los papas anteriores, es un papel positivo, y punto. Aunque algunos como Leonardo Boff hoy sean francisquitas, yo creo que la experiencia de vida y personal de Francisco no tiene nada que ver con las comunidades eclesiales de base ni con los curas villeros, si bien algunos de ellos me han dicho que el Papa los apoya. Me parece muy bien, pero es otra experiencia. Bergoglio no viene de la matriz de Scannone, de Dussel, del Padre Mujica, de los curas del Tercer Mundo. Bergoglio viene del núcleo duro de la institución iglesia con una vertiente distinta, por que Francisco se forma intelectualmente en un sector de la iglesia que no es fascista, que dentro de la institución tienen un guiño favorable a los movimientos en un momento en el cual la iglesia necesita limpiar su imagen. Mi análisis de Francisco no es negativo, es más bien positivo, pero creo que hay que ser muy cuidadoso, en el sentido en que no viene de esa corriente, esa corriente es ajena a Francisco. Otra cosa es que esa corriente hoy simpatice con Francisco porque estuvo en el congelador, o si prefieren, en el Purgatorio, durante mucho tiempo y fue perseguida, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. Puede haber ciertas confluencias, pero yo no comparto las opiniones de Evo Morales, ni de los sin tierra, ni de otros movimientos con respecto a Francisco, en Argentina saben a qué me refiero. Creo que está muy bien, podemos hacer alianzas puntuales con Francisco, pero sin confundir los puntos. No me sirve decir que Francisco es heredero o que tuvo algo que ver con las comunidades eclesiales de base porque no tuvo nada que ver.


En estos días está habiendo un debate muy fuerte en torno a la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La Iglesia como institución, y algunos representantes de ella en los barrios populares como los curas villeros, salieron a posicionarse en contra. ¿Cómo ves esta tensión entre la Iglesia y la irrupción de los feminismos que plantean la soberanía sobre los cuerpos?


Aquí se mezclan varias cosas que me gustaría brevemente explicar. Por un lado, la lucha de las mujeres por la interrupción del embarazo es muy importante y muy justa. Segundo, después que se aprueba la ley aparecen otros problemas, que miden la relación de fuerza en la sociedad. En Uruguay tenemos una ley aprobada, pero hay muchos médicos y hay departamentos enteros en los que no se puede abortar porque hay objeción de conciencia. Por otro lado, aquí la iglesia y sus operadores están haciendo lo posible, no solo porque no se apruebe, sino por dividir al campo popular que apoya esta iniciativa. No podemos olvidarnos que durante los gobiernos de Cristina no se aprobó esta ley ni se discutió. Acá hay intereses muy profundos en que la ley se discuta, en que aparezca este debate, y ahí evidentemente la iglesia juega a dividir.


En el libro afirmas en clave vivencial y autocrítica “fuimos una generación rebelde pero eurocéntrica”, y rescatas a Fausto Reinaga y Abdias do Nascimento, dos figuras poco conocidos por una izquierda que, muchas veces ha sido racista y eurocéntrica ¿Qué tienen para enseñarnos en la construcción de un pensamiento y un mundo otro?


Fausto Reinaga es más conocido que Abdías do Nascimento. En Bolivia es muy conocido, al punto que la vicepresidencia que dirige Álvaro García Linera ha publicado recientemente sus obras completas. Fausto tiene la gran virtud de hacer en los ‘60 un viraje hacia el pensamiento indígena, y luego hacia el pensamiento amautico, que es el pensamiento cósmico aymara quechua. Si hablabas de Reinaga en el ’70, cuando empecé con 19 años la militancia, te decían “me estás hablando en chino”, ya que nosotros apoyábamos al Che, al ELN, al gobierno de Torres, sabíamos de Tupac Amarú, pero no de la existencia de Tupac Katari y todo lo que era ese pensamiento tan rico. Para nosotros el sujeto era la clase obrera y no existía el mundo indígena. Creo que es importante rescatar a Fausto y todo el indigenismo, y me parece que el Manifiesto de Tiwanaku, del año 1973, es una pieza político-ideológica importante, escrita por indígenas aymaras, primera generación de indígenas alfabetizados, y urbanizados, profesores, maestros y estudiantes que lo redactan. A mí siempre me gusta hacer el juego con las Tesis de Pulacayo, de 1946, de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, un manifiesto muy importante, pero eurocéntrico, en la onda de la Internacional, que valora a los aymaras y a los campesinos quechuas como pequeñoburgueses, cosas que yo hubiera compartido en esos años, y que es muy eurocéntrico en su análisis. El Manifiesto Tiwanaku es una pieza fundamental, en el libro lo pongo entero porque creo que las y los militantes deben conocer estas cosas. Y con Abdías do Nascimento mi encuentro pasó en una situación que no podía haber sido de otra manera. Hace unos años estuve en Timbau, una de las 17 favelas del complejo de la Maré, de los más grandes de Río de Janeiro. Allí una amiga tiene un teatro negro. Posteriormente estuve en otra favela de Brasilia, en esta ocasión pequeñita, pero también de población negra, y un amigo me empieza a hablar de Abdías Do Nascimento, que creó en los años ‘40 el teatro experimental negro, el TEM. Esta experiencia negra y marginal había ocurrido 20 años antes de la educación popular de Paulo Freire. Abdías empieza a hacer el teatro negro porque vio que cuando en los años ‘40 iba al teatro y aparecía un negro en escena, era un blanco pintado haciendo de negro. Frente a esto, Abdías empieza a hacer teatro con negros, y el teatro experimental negro es un espacio de formación, de educación, de desalienación colectiva, como diría Silvia Rivera. Era necesario también recuperar esa experiencia. Y más recientemente después de escribir el libro, me llega la historia de Carolina María del Jesús, una escritora negra, favelada, cartonera y muy pobre. En los ‘60 Carolina vendió muchos más libros que Jorge Amado o Clarice Lispector, a quienes yo he leído mucho, pero no sabía que había una mujer que vendió un millón de ejemplares de su primer libro, que es una cifra alucinante. Me parece que esas experiencias que están en el sótano, en el subsuelo, son las que es importante recuperar. Cuando tenés una olla con leche y queda la nata arriba, es lo único que ves. Es necesario revolverla y sacar a la superficie las cosas que han quedado abajo, subordinadas o invisibles. Fausto, Abdías, el feminismo plebeyo… era importante remover estas experiencias y volver a ponerlas en circulación.


Por último, subyace en el libro un diálogo con las periferias urbanas, con esos territorios signados por la violencia pero que a la vez cobijan saberes, haceres y sentires plebeyos, que tienen que ver con los ámbitos rurales y con esa migración que se mixtura en las grandes ciudades para construir y ensayar formas comunitarias de producir y reproducir la vida. ¿Consideras que en estas realidades se tejen otros mundos?


Creo que esos otros mundos están pululando en todas las periferias. Tenemos 100 bachilleratos populares, 400 fábricas recuperadas, casi 200 revistas comunitarias de estas que censa AReCia, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, con millones de lectores, eso es la periferia del sistema de comunicación. Eso es fundamental y eso es el futuro, con un cambio con respecto a los ‘60, ya que en los ‘60 estas experiencias eran marginales, mientras que hoy son minoritarias, pero ya no marginales. Cuando te digo 100 bachis, o 400 fábricas o 200 revistas autogestivas, estoy hablando de un mundo que no es mayoría, pero que ya no es un mundo marginal. En estos 50 años hay que ver ese proceso y ver que se ha avanzado enormemente. Alguien me puede decir: “bueno, de los 100 bachis, de las 400 fábricas, algunos funcionan más o menos bien, otros no”. Sí, sí, pero están. Son la posibilidad de que creemos algo nuevo y ahí es donde está el futuro de una sociedad diferente a la actual. Por eso mi optimismo no es un optimismo ciego, sino un optimismo que viene de una reflexión sobre la experiencia y de observar de que en esos otros mundos están surgiendo lo nuevo. Cuando Darío Aranda plantea que los mapuches de Argentina recuperaron en 30 años 100.000 hectáreas, uno podría decir, “en la Patagonia 100.000 hectáreas no son nada”, pero son 100.000 y eso va creciendo. El gran temor de las clases dominantes es que esto que es minoritario, mañana en una situación de crisis -una crisis que es inevitable-, se multiplique. De hecho, ya se está multiplicando, aunque todavía muy lentamente. Este es el punto en el que estamos: pasamos de lo marginal a lo minoritario y ya somos una masa crítica. Cuando uno mira la historia en perspectiva, no hay motivos para la tristeza ni la depresión, sino para celebrar, para la alegría y para profundizar el trabajo.

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enColombia
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enEdición Nº247