Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enColombia
Una triada para avanzar: sindicato, comunidad y medio ambiente

Una organización sindical con inquietudes e iniciativas en campos como la organización social territorial, el medio ambiente y la defensa del patrimonio público, clara evidencia de la renovación sindical en proceso, está representada en la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE), sindicato filial de la federación Únete*. Acá un diálogo con su dirigencia.

 

En un foro realizado el pasado 18 de mayo, la Unión Sindical de trabajadores de Emcali (USE) presentó ante diversos procesos y organizaciones sociales de “la sucursal del cielo” su larga experiencia de re-configuración y su apremiante preocupación de trascender más allá de sí mismos. Experiencia y proceso social digno de ser conocido a nivel nacional. Luego de lo escuchado acordamos con Roosevelt Lugo, presidente del sindicato y el equipo de trabajo comprometido en tal labor, una entrevista, para indagar más acerca del proyecto que lideran y poder llevar a otras organizaciones sindicales y otros sectores obreros del país los aportes de esta experiencia, ejemplar para toda la lucha popular.

 

desdeabajo (da). José Roosevelt ¿Qué nos puede contar de USE?
José Roosevelt (JR). Podemos hablar de la transformación que hemos inspirado para los trabajadores desde la organización sindical. Una transformación que no olvida los principios sindicales, la defensa del trabajo, la dignidad y, por supuesto, de las empresas, especialmente porque somos un sindicato del patrimonio público de todos los colombianos y siempre hemos tenido presente defenderlo. En concreto, la transformación para nosotros se refiere a un asunto que es mucho mayor: poner en blanco y negro aquellos proyectos de los que hablamos muchas veces como sociedad pero que no logramos realizar, quizás por falta de recursos, o de avanzar, desde las organizaciones sindicales, con posiciones firmes frente al gobierno.

 

USE, desde el derecho de negociación colectiva puso un artículo, el 61 de nuestra convención, que nos permite discutir no solo de derechos laborales sino también de derechos de orden social, en este caso de orden ambiental, comprometiendo unos recursos específicos para poder trabajar temas relacionados con el medio ambiente y el agua en nuestra ciudad.

 

Entonces, el sindicato propugna hoy por una política clara frente a temas de orden colectivo –en los que todos debemos coincidir como sociedad: la defensa del agua como patrimonio de todos, la defensa del medio ambiente y el derecho que tenemos de gozar dignamente de la naturaleza de manera igualitaria y responsable. Para que así sea, concretamos una articulación a través de proyectos, y a través de una vinculación de organizaciones sociales –tanto fundaciones como alianzas con otros sindicatos–, que son ricos en planes de transformación, pero que el gobierno nacional no pone recursos a su favor.

 

da. ¿Qué logros han tenido en lo que lleva de largo esta perspectiva en la organización sindical?
JR. Quiero destacar uno, que a su vez integra otros: es el acuerdo ambiental con una organización llamada Acuacali, una especie de Ong que trabaja por el río Cali y los otros 6 ríos que atraviesan la ciudad. Ahí hay una lucha contra la minería, legal e ilegal que contaminan las fuentes hídricas, haciendo un llamado de atención frente a la provisión de agua para la ciudad de Cali y todos los corregimientos atravesados por estos ríos.

 

Para este propósito y como primer aporte, USE contribuyó para pagos por compensación ambiental en aquellos sectores donde hay que hacer encerramientos o fincas privadas, concientizando a las personas en temas de compensación ambiental, en pro de que cambien un poco sus prácticas y puedan hacer reforestación, porque esas fincas tuvieron bosques y hoy ya no los hay. Ese proyecto lo trabajamos directamente en las veredas de Pichindé, en la Leonera y en Felidia.

 

La organización sindical invirtió cerca de 70 mil dólares en esto, cosa que ninguna organización sindical en el mundo ha aportado, y a partir de ello construimos el plan denominado maestros del agua, el cual ya tuvo la fase 1 y 2, y que lo volvimos diplomado con la intervención de la Universidad del Valle –sede Tuluá–, el cual fue dictado a los campesinos de la región, así como a trabajadores afiliados a USE y otros sindicatos, quienes obtuvieron el título de maestros del agua.

 

da. Todo suena muy interesante, ¿cómo han traducido estos espacios de formación en procesos sobre el territorio?
JR. Pues el otro aspecto, después del segundo diplomado, tiene que ver con el diseño de los planes estratégicos de los acueductos comunitarios, para lo cual el sindicato contribuyó para una organización que trabaja este tema en la parte alta de los farallones de Cali, en las veredas La Reforma, La Sirena y otros sitios cercanos a la ciudad.

 

Además, con Fecoser, que es la federación que agrupa 1.800 acueductos comunitarios en el Valle del Cauca, acompañamos la elaboración de una nueva normatividad jurídica, la ley de los acueductos comunitarios que ellos han impulsado. Es una labor que nos ha parecido importante, porque hay sitios donde las empresas de acueducto no llegan, el Estado no llega y le corresponde a la misma comunidad organizarse y utilizar el río u otras fuentes de agua con que cuente su territorio, con unas prácticas distintas, que a pesar de estar reguladas todavía no tienen en Colombia una ley propia, cosa que deja a las comunidades indefensas ante agentes externos.

 

Adicional a esto, en discusiones sobre el efecto de la minería que desvía ríos y que los contamina, también tuvimos una discusión. Hace 2 años fue firmado el Pacto social por el agua, con un llamado de atención sobre la parte alta de los farallones de Cali donde habían desviado la quebrada El Socorro en función de la minería. Debo destacar el trabajo de Sintracuavalle, Sintrambiente y demás organizaciones, logrando que el Batallón de Alta Montaña se pusiera las pilas pues les hicieron presión para que tuviera un poco más de control frente al tema de la minería.

Igualmente, la USE participó en lo que se llamó el Ecofestival Rio Cali, realizando a lo largo de varios kilómetros del río actividades de limpieza, además de promoción de temas de emprendimiento comunitario y temas de desarrollo cultural.


da. Bueno, entendemos que todo esto han querido convertirlo en una política ambiental de carácter más general, que es uno de los propósitos centrales de la organización sindical, ¿de qué trata esta política?
JR. Bueno, el 18 de mayo hicimos una convocatoria con distintas comunidades para crear un comité grande, un comité técnico para volver a tomar una iniciativa que se va a llamar: El foro por el agua y que tiene un subtema que es el agua como derecho fundamental, con el cual, en lo fundamental tratamos de incidir en la política pública del agua, construir una política del agua para ser vinculada en los planes de desarrollo, bien sea municipal, departamental o, incluso, en los planes nacionales, si lo logramos.

 

Pero este proceso no solo nos llevará al Foro por el agua, sino también a un simposio internacional por sesionar el año que viene, con organizaciones internacionales, como la internacional de servicios públicos, la organización de Waterlab y Contaguas, que es una organización en la que existen 45 mil mujeres, argentinas y uruguayas, que trabajan por el tema de la protección del agua y que luchan contra el fracking. Pero hay otra intencionalidad posible, que es llamar la atención poderosamente sobre lo que está pasando para poder que haya una economía más sostenible con el medio ambiente. Estos foros tratan de concienciar y USE lo está impulsando como filial de Únete.

 

da. Algo que ustedes mencionaron al principio es la importancia de la gestión que ha hecho USE para financiar todos estos proyectos, ¿qué tal ha sido el proceso de financiación y cómo funciona?
JR. Bueno, USE realiza una inversión de 270 mil dólares –casi 800 millones de pesos–, por invertir a lo largo de los años 2018–2022; para ello motivamos la construcción de un banco de proyectos desde las comunidades, buscando en todo momento tejer una articulación a través de la financiación que podamos brindar como organización sindical, como ya expuse, a través del artículo 61 que ganamos en la negociación colectiva.

 

Por eso hablamos que este es un sindicalismo también transformador, un sindicalismo que llega no solo con el convencimiento de la gente de que aquí hay una lucha de clases y de intereses comunes, sino también con un asunto que es lógico: la necesidad de recursos para poder avanzar, recursos que la organización logró pactar a través de la negociación colectiva. Esto nos permite estar en lo que estamos; podríamos hacer cualquier otro tipo de cosas, pero hoy estamos al nivel de lo que espera la gente: que el dinero que es de todos sea visible en los proyectos comunitarios, en los proyectos urbanos y rurales que necesita específicamente la ciudad.

 

da. ¿Cómo influye esta perspectiva de transformación organizativa al interior del trabajo sindical de la empresa?
JR. Todo es parte de la política pública que estamos iniciando, pero también es parte del trabajo sindical como actuación conjunta y organizada de los trabajadores, pues en el plano sindical seguimos en la defensa del patrimonio público en las empresas municipales de Cali, empresa que como todos sabemos es prestadora de servicios públicos, de energía, acueducto y telecomunicaciones.

 

Consecuentes con ello, organizamos entre los afiliados dispuestos una mesa técnica, una mesa digamos de profesionales de alto nivel, en la que estamos trabajando por un plan estratégico y una transformación integral de la empresa, para hablar de lo público con eficacia y eficiencia, pero también para superar graves problemas que tenemos al interior. Uno de los más grandes radica en la malformación política que permite que, efectivamente, a veces la gente incorporada a la empresa no cuente con grandes calidades, sino con amigos, incorporados por favoritismos políticos, por burocracia, lo cual no contribuye a una buena gestión en las empresas públicas.

 

Y en el plano sindical, pues seguimos construyendo, no solo presentando los informes como debe ser, una rendición de cuenta a todos los afiliados, sino también un plan estratégico que nos está llevando tanto a la transformación de la misma sede sindical, la cual queremos que funcione con energías renovables, sino también en distintas comisiones, desde los trabajadores afiliados, empoderándoles para poder presentar proyectos a la empresa, hecho que es una gran transformación, pues nosotros no solo nos quedamos en la protesta, sino que pasamos a la propuesta.

 

Con esto, consideramos, vamos ganando recorrido en el debate de lo que hay que hacer más allá de la empresa, en los barrios, veredas, en la ciudad, que es lo que hay que hacer con lo púbico; es así como, finalmente, le respondemos de manera eficiente y eficaz a todos los ciudadanos, pues son trabajadores/as como nosotros, no solo en materia de la prestación de los servicios públicos, sino también como le respondemos en la satisfacción de sus necesidades, ojo sin asistencialismo, sino generando niveles de conciencia ambiental y de clase, a través de proyectos que permitan que tengamos una matriz un poco más lógica y, sobre todo, más respetuosa frente a lo que esperan también las comunidades de nosotros.

 

da. En pos de lo que están impulsando, más o menos, ¿cuántos procesos comunitarios u organizaciones inscritas tienen en este momento en su convocatoria?
JR. Hoy hay 18 organizaciones inscritas, esto seguramente se va a ampliar con la convocatoria a los presidentes de junta de acción comunal y a los comuneros, pero la idea es que podamos avanzar en un comité ampliado donde cada uno de ellos tenga participación en el diseño de los proyectos, pues son ellos los que finalmente los van a presentar y ejecutar.

 

Aquí estamos como lo dice su periódico “desde abajo”, para poder en esa línea, más allá de un banco de proyectos en la organización sindical, satisfacer efectivamente las necesidades sociales y posibilitar a mucha gente que no tiene oportunidades, que presenten los proyectos y poner esos proyectos también no solo en el medio de comunicación adecuado para articularlos, sino poder seguirlos impulsando y avanzando con ellos, proyectos de sostenibilidad con innovación. Sabemos que hay mucha gente, en la mayoría de barrios de la ciudad, que no tiene posibilidades económicas para hacerlo, pero tiene la idea y tienen el conocimiento, les falta el tema del recurso, podemos hacerlo a través de un recurso limitado, pero que definitivamente algo les aportará, y sin arrodillarse a ningún partido político. Como ya está expresado, no solo para satisfacer necesidades, también para generar una matriz de concientización colectiva.

 

Para que así sea, estamos pensando con las universidades poder articular algo que nos parece fundamental: la cátedra del agua, en la cual debemos retomar la historia, que anteriormente la sacaron del pensum, y poner esta cátedra del agua en los colegios públicos y privados para tener una incidencia en el tema de la educación, respecto a lo que representa la naturaleza y el agua en la vida de todos; lo que busca USE es la armonía en todos los niveles.

 

* Federación Unión nacional de los trabajadores del Estado, los servicios públicos y la comunidad.

 

Publicado enEdición Nº247
En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular*

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

Publicado enColombia
La guerra sigue para las defensoras de la naturaleza en Colombia

Colombia está en los noticiarios internacionales por las elecciones. Cambios en la presidencia, instituciones, buenas palabras. En Europa, la gente de la calle casi no conoce los nombres del saliente Santos, o del nuevo presidente uribista, Iván Duque y su opositor en la segunda vuelta, Petro. Y eso que estos días, al calor electoral, algo sale en la prensa.

 

Pero hay muchos otros nombres en Colombia que merecen ser recordados. Hace dos meses, se otorgaba el premio Goldman a la defensora de derechos humanos Francia Elena Márquez. Estos premios, conocidos como “Los Nobel del medio ambiente”, se otorgan cada año, coincidiendo con el Día de la Tierra, a personas que destacan por su labor de defensa de la naturaleza. La afrocolombiana Francia E. Márquez se lo ha ganado por la labor que ha venido desempeñando a lo largo de varios años, por poner su vida en juego para preservar el territorio y frenar la desmedida actividad minera. Denuncia que la minería se caracteriza por el uso de mercurio y cianuro, que contaminan los ríos y sus afluentes, afectando gravemente el ecosistema de la región colombiana de Cauca, al suroeste del país. Es este uno de los departamentos y municipios más afectados por el conflicto armado, a pesar de haber firmado los acuerdos de negociación para la construcción de paz estable y duradera, entre el Estado Colombiano y las Farc.

Las transnacionales mineras amenazan la vida


En casi todos los departamentos de Colombia, cientos, quizás miles de familias viven en zonas rurales y su único medio de supervivencia es la pesca artesanal y el cultivo de alimentos de pan coger (de subsistencia:maíz, plátano y yuca). Sin embargo, esta actividad que se ha realizado de generación en generación, se ha visto afectada por los intereses y la disputa histórica por el territorio. La llegada de las transnacionales, especialmente de las extractivistas de recursos mineros y energéticos, ha incrementado los riesgos no solo para las familias, si no para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Francia Elena Márquez, por ejemplo, tuvo que abandonar su pueblo de origen en el año 2014, debido a su denuncia de la minería. ¿Cómo va a enfrentar el nuevo gobierno el poder de las transnacionales?


La llegada de las transnacionales se vincula, en los últimos dos años, a un aumento sustancial de los homicidios selectivos y sistemáticos de las lideresas y los líderes sociales y de defensores de los derechos humanos en Colombia. Estos líderes y defensores han venido realizando procesos de resistencia por permanecer en el territorio en que nacieron o en el que han cimentado sus historias de vida en torno a sus familias y la comunidad.


Los violentos le apuestan a condenar al país a la guerra, y sumen Colombia en el miedo, en el odio y la falta de oportunidades. Son quienes han cometido una serie de actos atroces, con el único objetivo de sabotear la respectiva implementación y los pertinentes avances de los acuerdos de paz. A la fecha no se tiene precisión del número de homicidios ocurridos en este primer semestre del 2018. Algunos informes hablan de más de cincuenta y siete; otros, de sesenta y tres. ¿Cuál es la cifra exacta de homicidios perpetrados? No se tiene la respuesta concreta, pero son demasiados. Lo cierto es que sus nombres, Hector Janen Latin, María Magdalena Cruz, Belisario Benavides Ortiz, María del Carmen Moreno, Luis Alberto Torres Montoya, Hugo Albeiro George, Iber Angulo Zamora, que sigue “desaparecido” … casi nadie los conoce, y mucho menos fuera de Colombia. Se caracterizaron por ser personas que trabajaban por preservar el medio ambiente en sus comunidades, oponiéndose a los macroproyectos. Sus rostros valientes y su incansable labor en pro de la defensa de los derechos humanos, nos han sido arrebatados. Los rostros que deberían conocerse también en Europa.

Un Estado cómplice: la impunidad


Las autoridades competentes, especialmente la Fiscalía, no realizan de manera eficaz y ágil las investigaciones que conlleven a la captura de los responsables de estos deplorables hechos, con lo cual se puede afirmar que más de un ochenta por ciento de los casos actualmente se encuentran en total impunidad. Mientras se escriben estas líneas, mientras se leen, un líder o lideresa, un defensor o defensora de derechos humanos está siendo asesinado o está en alto riesgo en Colombia. El Estado se mantiene incapaz de efectuar una política pública contundente y eficaz, que permita preservar la vida e integridad física de esta vulnerable franja de la población. La reforma judicial, para acabar con la impunidad, es una tarea pendiente para la nueva presidencia.


Se necesitan con urgencia verdaderas garantías estatales de que no volverán a ocurrir amenazas, asesinatos. Para no privar a la sociedad en general de compartir, reír y aprender de las personas que dan verdadero ejemplo: Erlendy Cuero Bravo, defensora que por culpa de las balas ha perdido a tres seres queridos (su padres y dos hermanos) en los últimos dos años y, sin embargo, actualmente ella lidera el trabajo que segó la vida de sus familiares, y quien ha sido revictimizada en diferentes oportunidades y por diferentes sectores armados.


Se busca realmente la capacidad de tejer los lazos de una verdadera convivencia y reconciliación. Queremos caminar por calles y senderos donde se pueda respirar un aire limpio, cálido y liviano, que inunde de manera tan profunda la esencia del ser, que no permita lastimar al otro o la otra. Pretendemos tener la capacidad de reconocer en los ojos y en la sonrisa del similar la belleza de la vida, que la tibieza de la piel no tenga que soportar los horrores de la guerra. Que se permita disfrutar el susurro de los ríos y la montaña.


Se necesitan con urgencia más reconocimientos y menos señalamientos, Por ello, la gran sonrisa de Francia al recibir tan honorable reconocimiento a tan sublime labor nos reconfortaba, y es esa misma sonrisa la que se capta frente a los gigantes defensores y defensoras de derechos humanos que han hecho aportes , contagiando de alegría y esperanza de pensarse en un país y en un mundo diferente. Aportaciones mucho más grandes que ganar una presidencia. Esto son los retos para el próximo gobierno de Iván Duque: una paz basada en la justicia y la defensa de la vida y el territorio. Reconocer la defensa de los derechos humanos. Ponerse a la altura de estos hombres y mujeres de corazones gigantes.

 

Por Erika Gómez Ardila
Defensora de DDHH del CPDH
2018-06-18 07:00:00

 

Dedicado a los más de trescientos cinco líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos vilmente silenciados, asesinados, pero no olvidados, a los gigantes que nos han sido arrebatados. De igual manera, a aquellos hombres y mujeres que decidieron dejar las armas por construir un nuevo país y quienes también les cegaron su existencia en pleno proceso de reincorporación a nuevos caminos.

Publicado enMedio Ambiente
Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

Compartimos el libro “Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica”, publicado por Oilwatch en 2018

El término energías extremas se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extrapesados, las arenas bituminosas e incluso la recuperación mejorada de hidrocarburos mediante la aplicación de desarrollos biotecnológicos en pozos agotados.


Como una segunda edición, este libro reúne 13 artículos de autores latinoamericanos, quienes analizan el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado


Extracto:


Las fronteras extremas de América Latina


Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno delshale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección.


Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de camposde tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.


Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal (una formación geológica en la plataforma continental que está debajo de la capa de sal en el lecho marino), hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras.


La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal de Brasil intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.


En el mismo sentido, la francesa Total perforó en 2016 un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Si bien no se conoce la profundidad final, proyectaba atravesar 3400 metros de “columna de agua” y otros 3000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.


En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

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"La raíz de la crisis está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales"

“En la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente. Tendría que ser justo al revés", sostiene Bourboulon en la entrevista


"El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción"


"En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas"

 

Isabelle Bourboulon, periodista, escritora y miembro de ATTAC Francia – grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, está en España para presentar el libro "10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas" (ATTAC). La principal denuncia es el impacto negativo que producen los mercados financieros "cortoplacistas y antidemocráticos" provocadores de la desigualdad social, la pobreza y el cambio climático. 

10 años de crisis. ¿Cuál es la alternativa al mercado financiero “desregulado”?


La alternativa es difícil de poner en marcha porque los Gobiernos europeos no han tomando decisiones acertadas, ni las están tomando. Desde hace 10 años, las reformas que se han llevado a cabo –con la intención de evitar otra crisis– han sido incompletas y superficiales, por tanto, estamos en riesgo de caer en otra. No deberíamos confiar más en los Gobiernos actuales. El problema de la hegemonía de las finanzas a nivel mundial se soluciona con voluntad política y ciudadana, con el objetivo de regular y limitar el poder de los bancos. Los ciudadanos tenemos un papel clave en este sentido, podemos denunciar, protestar y actuar.


En Francia, ATTAC acaba de ganar dos juicios. Apple y el banco francés BNP nos denunciaron por realizar acciones de desobediencia cívica. En relación a Apple, ocupamos una de sus tiendas más grandes de Francia, protestamos porque muchas multinacionales no pagan impuestos donde deberían. En el caso del banco, sacamos todas sus sillas a la calle (luego las devolvimos), nos acusaron de robo. Nuestra acción era simbólica y por supuesto pacífica. El juez en ambas sentencias dictaminó que las acciones eran de interés general, por tanto, vamos a seguir realizándolas porque demuestran que tenemos legitimidad sobre los mercados. Muchos expertos y políticos llevan años diciendo que los mercados se autorregulan solos pero la crisis demostró que no es cierto.


¿Si las empresas fueran más transparentes en materia fiscal habría menos desigualdad?


En general, las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, en el sector financiero pasa lo mismo con los bancos. No existe armonía fiscal a nivel europeo, las grandes empresas optan por la optimización fiscal, es decir, declaran sus impuestos en países donde la tasa es muy baja, como hace Apple y eso hace daño a las pequeñas empresas locales. Reformar las finanzas es complicado, el sistema está desregulado y liberalizado, los capitales pasan de un país a otro a golpe declick. La Comisión Europea está tratando de armonizar las leyes fiscales a nivel europeo, pero hasta ahora no se ha actuado. Por eso no se puede confiar en las autoridades, en la mayoría de ocasiones, son cómplices de los mercados.


¿Qué propone para que la ciudadanía tome el control de las finanzas?


En ATTAC trabajamos en base a dos pilares. Por un lado, trabajamos la parte teórica con expertos y economistas heterodoxos sobre cómo reducir la desigualdad, medidas relacionadas con el medio ambiente o la transparencia de las empresas, entre otros. Por otra parte, trabajamos la acción ciudadana. Cuando ocupamos Apple pintamos los cristales de la tienda con pintura blanca con la intención de protestar contra la opacidad de una empresa que no paga todos sus impuestos. Grabamos y compartimos las acciones para hacer ruido y concienciar a la sociedad. Es un trabajo a largo plazo y vamos a extenderlo a toda Europa.


¿Qué papel deben asumir los movimientos sociales?


El rol de los movimientos sociales es denunciar, protestar y actuar. La última manifestación que ATTAC organizó en Francia en contra de la reforma del ferrocarril reunió a partidos políticos y organizaciones sociales. Salieron unas 200.000 personas a la calle. Estamos concienciando poco a poco a la ciudadanía y no solo en materia de finanzas, también en relación al problema del medio ambiente y el cambio climático. Susan George, una de las fundadoras de ATTAC, señala que “en la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente”. Tendría que ser justo al revés.


La Tierra nos está avisando de que las consecuencias de la actividad humana degenerativa se acercan.


El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción. Por otro lado, hay que tener en cuenta el cambio climático, estamos a punto de superar la temperatura límite acordada en el Acuerdo de París. Habría que pensar en otro modelo económico completamente diferente que no esté basado sobre el crecimiento ni en el neoliberalismo.


¿Qué modelo propone?


Existen alternativas locales. Yo vivo en el norte de Marsella y muchos productores están renovando su sistema de producción y de comercialización, se agrupan para producir productos con mejor calidad, biológicos u orgánicos. Son alternativas pequeñas y territoriales. Hay que empezar a consumir y producir de manera responsable. El problema es que las alternativas no se traducen en políticas. También creo que los jóvenes están más sensibilizados con el medio ambiente y el cambio climático y están empezando a formar comunidades y cooperativas, llevan a cabo muchas iniciativas y eso es esperanza para el futuro.


La nueva ministra para la Transición Ecológica en España, Teresa Ribera, ve poco futuro al carbón y pretende derogar el impuesto al sol.


Entre las promesas políticas y lo que se lleva a cabo hay una gran diferencia. En Francia también nos prometieron cerrar las centrales nucleares pero producen el 75% de la electricidad del país y no es viable. Alemania es un buen ejemplo de políticas públicas basadas en energías renovables.


El lobby financiero tiene un papel importante en este escenario.


En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas en muchas ocasiones. El impuesto de transacciones financieras internacionales lo bloquearon ellos.


¿Cómo deben interactuar los actores económicos para lograr la prosperidad?


La convergencia de todos las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. En primer lugar, habría que crear una alianza global y convergente para lograr esta prosperidad. Por parte de los Gobiernos no hay mucho que esperar. En España, con el cambio de Ejecutivo veremos si se cumplen las expectativas, de momento, el Presidente ha roto con la dinámica anterior nombrando mayoría de ministras y eso es significativo, esperemos que no se quede solo en una estrategia de marketing. A nivel europeo, creo que Pedro Sánchez se va a llevar bien con Emmanuelle Macron.


¿Estamos saliendo de la crisis?


No. Seguimos inmersos en ella. Estamos en una crisis estructural, no coyuntural. La raíz está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales. Vamos a seguir en crisis. Los recursos naturales se agotan, las desigualdades se agravan y no creo que sea posible seguir creciendo. Los gobiernos socialistas no pueden solucionarlo, los préstamos sociales se irán reduciendo y mientras aumenta la riqueza de los fondos de inversión. Las finanzas no se han regulado adecuadamente a nivel mundial, por tanto, mañana mismo podríamos entrar en una nueva crisis.


Pero estamos a tiempo de encontrar soluciones.


Macron dijo en Francia que implantaría más políticas sociales y protegería a los más vulnerables pero no lo ha llevado a cabo, solo ha aprobado reformas en contra de las necesidades humanas. La presión europea pesa. Vivimos en una época en la que el poder político ya no controla casi nada, el poder se concentra en las multinacionales, los mercados financieros y los grandes bancos. Es una visión pesimista y precisamente por eso queremos involucrar a los ciudadanos para que todos ejerzamos como contrapoder.

15/06/2018 - 20:31h

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Aníbal Quijano y los movimientos anti-sistémicos

La reciente desaparición de Aníbal Quijano (1928-2018) ha sido una oportunidad para recordar algunas de sus más notables contribuciones al pensamiento emancipatorio, en particular desde que acuñó el concepto de “colonialidad del poder”.


Como señala la antropóloga Rita Laura Segato, los trabajos de Quijano representan un viraje en la historia del pensamiento crítico de la década de 1970, que fue posible por el quiebre de la polaridad capitalismo-comunismo con el fin de la Unión Soviética.


Del conjunto de análisis de Quijano quisiera rescatar apenas uno, aquel vinculado a la heterogeneidad de las sociedades colonizadas en América Latina, ya que siento que encarna un aporte importante a los movimientos populares del continente. En efecto, la “heterogeneidad histórico-estructural de la existencia social”, no puede ser aprehendida con las categorías marxistas. En este sentido, es necesario “rescatar el marxismo de su larga prisión eurocéntrica”, como sostiene Segato.


Mientras en Europa la principal forma de control del trabajo es el salario, en nuestro continente existen cinco formas: esclavitud, servidumbre, pequeño emprendimiento familiar, reciprocidad y salario. Aunque todas están subordinadas al mercado capitalista, la heterogeneidad de formas de vida/trabajo impide la construcción de un sujeto anti-capitalista homogéneo, tal como sostiene la teoría de crítica de corte eurocéntrico.


La primera consecuencia para los movimientos que luchan por cambiar el mundo, es que no funciona, y esto lo destaca especialmente Quijano, una imagen del cambio que consiste en la salida del escenario histórico de una totalidad unitaria/homogénea para que su lugar lo ocupe otra totalidad igualmente unitaria/homogénea.


Esta ha sido la imagen dominante en el pensamiento crítico, que suponía que la revolución consistía en la derrota definitiva del capitalismo como una totalidad y el comienzo de la construcción de una sociedad diferente, socialista en camino hacia el comunismo. La mencionada heterogeneidad, evidente en nuestra América Latina, torna imposible que las sociedades se muevan enteras en una misma dirección.


La segunda cuestión deriva de la anterior. Ante esta realidad los revolucionarios tienen dos caminos: o trabajan para potenciar la homogeneidad de sus sociedades, cuestión que a menudo han intentado hacer desde arriba, con lo que se comportan de modo despótico y neo-colonial, o bien aceptan la heterogeneidad y aceptan que cada pueblo camine según su propio ritmo y sus modos. No habrá una salida conjunta de todos los sectores de la sociedad del capitalismo actual, sino procesos diferentes en cada región y en cada pueblo, que no pueden ser encorsetados en procesos idénticos de cambio.


Si la primera actitud fue la que practicaron los partidos comunistas, en particular bajo el estalinismo, la segunda es la que promueven los zapatistas. Por ese motivo (entre otros) no quieren hacerse cargo del Estado, que sería la herramienta para la uniformización del campo popular. Rechazan la posibilidad de gobernar o “liberar” a otros pueblos, porque sería tanto como imponerles sus propios modos, que trasladarían mecánicamente a otras realidades que siempre serán resistentes a cualquier tipo de dominación.


Promueven, como lo acaba de mostrar la gira de la candidata Marichuy, la auto-organización de cada quien, con sus maneras y sus tiempos, porque no existe un autogobierno único, válido para todos y todas en cualquier parte del planeta. Las ideas de arcoíris donde ningún color domina a los demás, de respetar los modos de caminar de cada movimiento, de construir puentes para el encuentro de las diversidades y de un mundo donde quepan muchos mundos, van en esa misma dirección. La denuncia de los intentos de homogeneización como fascismo, representa un sólido balance de casi un siglo de desvaríos de los procesos revolucionarios.


Creo que existe cierta sintonía entre el pensamiento de Quijano y algunos procesos de organización y lucha en América Latina. Lo que no quiere decir, en absoluto, que exista alguna relación mecánica o jerárquica entre ideas y prácticas. Todo lo contrario: Quijano tenía muy claro que es la existencia real y concreta de sujetos anti-coloniales lo que le permitió fraguar la idea de la colonialidad del poder, uno de sus principales aportes al pensamiento crítico.

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Rechazamos desde Asocoetnar el asesinato de CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO el pasado 2 de junio en Olaya Herrera, Nariño.

La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño Asocoetnar, rechaza el asesinato y atentado contra líderes y lideresas, exigimos al estado colombiano esclarecer los hechos del asesinato de nuestro hermano, líder, defensor de derechos humanos, directivo de la organización Asocoetnar, delgado al Espacio Nacional Consulta Previa y Medidas Legislativas de Negros, afrocolombianos, palanqueros y raizales en el Departamento de Nariño, Representante Legal de la Organización Satinga Joven, CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO el pasado 2 de junio en la cabecera urbana del municipio de Olaya Herrera, en circunstancias hasta el momento desconocidas.

Expresamos nuestra profunda preocupación, por el recrudecimiento de las amenazas y atentados en contra de la vida de los líderes y lideresas sociales en Colombia. exhortamos al Estado a responder de manera efectiva por la ineficacia de las medidas de protección asignadas, las cuales no corresponden las realidades de nuestras comunidades, no garantizan el libre y legítimo ejercicio de la defensa de la vida y los territorios ancestrales.


Pues, así como Carlos Jimmy de manera oportuna denuncia ante la fiscalía, y los organismos judiciales la amenazas contra su vida, hoy denunciamos de forma pública y reiterada la ineficacia del Estado en su obligación de proteger la vida de sus ciudadanos; Pues en esta ocasión, como en otras un chaleco y un teléfono celular no fueron suficientes para impedir que cegaran la vida de nuestro hermano.


Colombia vive en la actualidad una coyuntura caracterizada por la recomposición del control ejercido por las organizaciones armadas ilegales en distintos territorios. El ingreso de actores armados en Nariño plantea escenarios de disputa por el control de los mismos y de las economías ilegales que fueran del dominio de las Farc-Ep.


Estas nuevas circunstancias han venido impactando principalmente sobre personas y organizaciones que abanderan la defensa del territorio, los recursos naturales, los derechos de las víctimas, la restitución de tierras, quienes propenden por el fortalecimiento de las agendas comunitarias y la implementación de los acuerdos de paz en el nivel territorial. El asesinato del líder social CARLOS JIMMY PRADO demuestra una vez más que no hay garantías por parte del estado para el pleno ejercicio de gobernabilidad territorial que nos otorga la ley 70/93 a quienes representamos los consejos comunitarios.


A los actores armados ilegales exigimos el respeto por la autonomía en nuestros territorios, por la vida, los derechos humanos, el respeto al derecho internacional humanitario para quienes no participamos en esta absurda guerra, al Misterios Públicos, a La Fiscalía General de la Nación, A la Unidad Nacional de Protección y a los Órganos Judiciales exigimos activar las respectivas rutas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos al reconocimiento de la verdad y judicialización de los responsables.


Al gobierno nacional exigimos respuesta efectiva frente al cumplimiento de los donde Corte Constitucional de manera reiterada, exige al estado la adopción de medidas provisionales urgentes para la protección de la población afrodescendiente e indígena de la Costa Nariñense, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios 004 y 005 de 2009, 174 de 2011, 073 de 2014 y 373 de 2016.


A las autoridades nacionales para que adopten medidas urgentes de protección a la vida e integridad personal de los líderes y defensores de derechos humanos, así como acciones que rodeen de garantías el desempeño de la labor comunitaria.


A los organismos nacionales e internacionales solicitamos seguir acompañando los procesos comunitarios y la defensa de la vida; pues nuestra convicción de un mundo mejor nos mantiene en pie, no nos callaran, seguiremos defendiendo y construyendo la paz que anhelamos desde los territorios de Comunidades Negras.

 

Domingo 3 de junio de 2018, por DDHH Comosoc

 

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