Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
Asesinatos de líderes sociales alarma a HRW

A las voces que alertan sobre el incremento de agresiones a defensores de derechos humanos, se sumó ayer la ONG Human Rights Watch (HRW), que, además pidió al Gobierno nacional redoblar esfuerzos para protegerlos e investigar los homicidios ocurridos en el país y que según algunas organizaciones alcanza los 120 en los últimos 14 meses.


La Defensoría del Pueblo, la ONU, Somos Defensores, entre otras entidades, habían llamado la atención sobre lo que estaba ocurriendo en el país y coincidido en que muchos de estos asesinatos se han presentado en antiguas zonas de influencia de las Farc y que fueron dejadas tras el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales.


“El proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Agregó que “sin embargo, es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia”.


Para documentar la solicitud, la ONG incluye casos puntuales de activistas asesinados en lo que va corrido de este año, como el de José Yimer Cartagena Usuga, cuyo cuerpo apuñalado fue hallado en Carepa, Antioquia, el 10 de enero. Cartagena era vicepresidente de una organización local de campesinos y miembro de la comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica, un movimiento político y social nacional de izquierda.


De la misma manera Feiver Cerón, presidente de un consejo comunitario local fue encontrado muerto en Mercaderes, Cauca, el 18 de febrero. Las investigaciones preliminares concluyeron que el cuerpo presentaba 11 heridas de bala, según señaló una organización local de derechos humanos.


Recordó HRW que “el 30 de enero Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, dijo que, desde el 30 de noviembre de 2016, cuando el Congreso aprobó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, 17 activistas habrían sido asesinados. Somos Defensores, una de las principales organizaciones de Colombia que denuncia abusos contra activistas, ha recibido información de que 25 líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil habrían sido asesinados desde el inicio de 2017 y ha confirmado que 20 eran efectivamente activistas de la sociedad civil. Somos Defensores todavía no ha confirmado si los otros cinco restantes eran activistas”.


Así mismo, a través de un comunicado la ONG con sede en Estados Unidos, indicó que “la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que, en 2016, fueron asesinados 60 defensores con un rol de liderazgo, lo cual representa un aumento significativo respecto de los 41 que documentó en 2015. Somos Defensores informó 80 asesinatos en 2016 y 63 en 2015. La mayoría de las víctimas no había sufrido amenazas y, por lo tanto, no contaba con protección”.


Ante este panorama, dijo el director de HRW para las Américas que “el único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”.


Recordó HRW que para Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se considera defensor de derechos a cualquier persona que, en forma individual o conjunta, intenta promover o proteger derechos, incluidos sociales o de los trabajadores. “Sin embargo, ambas organizaciones sólo informan sobre asesinatos de defensores que consideran que tienen un rol de liderazgo. Estas organizaciones no establecen si el homicidio se debió a la labor realizada por el activista, pues consideran que esa determinación corresponde a las autoridades colombianas”.


Entre los que se sospecha que han sido víctimas de abusos en 2016 se encuentra Henry Pérez, presidente de una organización comunitaria, cuya desaparición del municipio de Tibú, en el noreste del país, se denunció a fines de enero de 2016. “Pérez aún no ha sido hallado y su caso no ha sido resuelto. Su esposa ha recibido amenazas instándola a que deje de buscarlo, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realiza un seguimiento de las políticas de paz en Colombia”, indicó HRW.


Las zonas


De acuerdo con el informe de la ONG, numerosos abusos en contra de defensores han ocurrido en áreas donde las Farc solían tener presencia militar.


“A medida que las Farc se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal”, señaló.


Entre los municipios que solían tener presencia de las Farc y “en los cuales han ocurrido niveles altos de abusos en contra de activistas se encuentran Tumaco, en Nariño; El Tambo, en Cauca; y El Bagre, en Antioquia”.


Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los homicidios que denunciaron se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las Farc.
“El 3 de marzo, el Defensor del Pueblo de Colombia manifestó que el acceso por parte de otros grupos armados a territorios antes controlados por las Farc había expuesto a abusos a los activistas de derechos humanos”, recordó la ONG.


Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia indican que, aparentemente, la mayoría de los asesinatos habrían sido cometidos por grupos sucesores del paramilitarismo.


“Si bien la Fiscalía realizó importantes avances en 2016 y logró cuatro condenas en casos de activistas asesinados ese año, aún no ha habido imputaciones en la mayoría de los homicidios de defensores cometidos en 2015 y 2016”, indicó.
“El único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”, manifestó Vivanco.

 

Abril 25, 2017 - 02:15 AM

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El presidente Santos habla con una guerrillera durante su visita a una zona veredal.

 

Dos líderes sociales fueron baleados esta semana en Colombia, al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz.

 

Desde Medellín

 

Esta semana las muertes tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia no dieron tregua. Dos líderes sociales fueron baleados al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerrilla más antigua del continente. Y aunque los homicidios a manos de esa guerrilla cesaron provocando bajas en las estadísticas, va en aumento la violencia contra los pacifistas que lideran procesos campesinos, indígenas, de mujeres o afros, las poblaciones más vulneradas a lo largo de décadas conflicto armado interno y siglos de una violencia que no cesa aunque muestra cifras esperanzadoras y contradictorias a la vez.

Gracias al cese unilateral y luego bilateral al fuego entre gobierno y Farc, la tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue la más baja registrada desde 1974. Sin embargo, aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12 mil asesinatos en todo Colombia el año pasado. Unos 130 a líderes, y 33 desde que comenzó la implementación de la paz, 1 de diciembre también llamado Día D.

En el tratado firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe de la Farc, se contemplan medidas de protección entre muchas una Comisión de Garantías para el ejercicio de la política desde todas las orillas del pensamiento sin temor al homicidio. Los casos que se sumaron esta semana, Gerson Acosta indígena del Cauca y Rubiela Sánchez en Antioquia, engrosan la lista dolorosa de quienes, sin armas, han resistido ciclos de violencia, expulsión de sus territorios, muerte de seres queridos y amenazas y hoy son alcanzados por las balas, sin protección del Estado. También el Acuerdo de Paz incluye la seguridad para los integrantes de Farc que salgan de cárceles y todos aquellos que están en zonas veredales y puntos de normalización (zonas de paz) y que próximamente regresarán a la vida civil. Ni lo uno ni lo otro se ha implementado y la Unidad para desarticular el paramilitarismo creada en la Fiscalía no muestra resultados después de que su primera directora, Alexandra Valencia, fuera despedida del cargo.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han venido alertando sobre los grandes riesgos que corre Colombia por la falta de cumplimiento del gobierno en la implementación del ya firmado y refrendado tratado de paz.”El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso”, dijo Tod Howlando de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia recientemente levantando polémica. En dichos incumplimientos está también la construcción de campamentos y adecuaciones de las zonas de paz que debieron estar listos el DÍA D y aún continúan a medias. También, las amnistías e indultos que se esperaban por más de mil para esta fecha habiendo logrado apenas casi un centenar, pues los jueces empezaron negando las amnistías, luego salieron a paro, y ahora el alto gobierno entrega certificaciones de que quienes serán excarcelados son guerrilleros de a poco.

Ese fue el caso de Luis Alberto Ortiz Cabezas conocido como Pepe, quien llevaba apenas un par de semanas en su casa, cuando llegaron hombres armados y le propiciaron tres disparos. El primer ex guerrillero de las Farc asesinado se encontraba en la localidad de Tumaco, Nariño, al Sur del país. El secretariado de las Farc mostró su preocupación, entre tanto la Fiscalía dijo que investigará con prioridad este homicidio y envió un equipo especial a ese territorio por siempre complejo en materia de Derechos Humanos y poblado principalmente por negros e indígenas.

Desde la zona de paz donde se ubican las Farc, se emitió un comunicado que cuestiona el accionar del Estado. “¿Qué están haciendo las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados, que no cuentan con protección alguna; pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de los excarcelados es condición para garantizar una paz estable y duradera y en cuánto a la protección de nuestro tránsito a convertirnos en un partido político civil, se refiere?”

En Tumaco las últimas semanas han sido convulsionadas por las protestas de los campesinos cultivadores de coca que protestan en vías públicas reclamando que, a pesar de que firmaron un acuerdo derivado de los Diálogos de La Habana para sustituir voluntariamente la hoja de coca, el Ejército está erradicando forzosamente. Los abusos de la Policía han sido evidenciados en videos que circulan en la web donde muestran a los agentes disparando contra la población civil y hombres campesinos heridos por doquier.

La preocupación se extiende hasta Chocó y Urabá donde tropas paramilitares continúan avanzando a caseríos lejanos sin que la Fuerza Pública llegue a dichos lugares a actuar contra éstos. Así lo han denunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por su parte Amnistía Internacional generó alertas esta semana que termina haciendo eco de dichas denuncias y exhortando al presidente Juan Manuel Santos y la Fuerza Pública a cumplir su mandato de proteger a sus ciudadanos.

Según la Comisión Interclesial también en Buenaventura, Valle del Cauca, los “paras” están abiertamente ocupando los territorios dejados por Farc. “El viernes 21 de abril, a las 10:00 p.m. en el asentamiento indígena Woaunaan Phobor, Corregimiento de Córdoba, kilómetro 20 de la vía Buenaventura, Cali, cinco hombres presuntamente de la estructura paramilitar de los Urabeños con armas cortas, vestidos con prendas oscuras y linternas, ingresaron al caserío de la comunidad y hasta la madrugada merodearon al rededor de las viviendas”, dice la Comisión en comunicado público.

 

 

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“La impunidad tapa el 90% de las violaciones de derechos humanos en Colombia”

La activista proderechos humanos Milena López Tuta describe una Colombia alejada de la paz y con heridas abiertas como la presión a las comunidades locales por parte del Estado y de los paramilitares

 

“La realidad es diferente de la que se representa en los medios. Incluso algunos colombianos se han creído que estamos en una situación de paz cuando la situación de los derechos humanos está empeorando”, explica Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, que describe una Colombia distante de la imagen de “postconflicto” que parece haberse instalado en la opinión pública occidental desde el inicio de las conversaciones entre el Estado y la guerrilla.


López, que estos días realiza una gira por varias ciudades españolas para hablar de la situación de su país –en Zaragoza y Huesca participa en los actos de la Semana de la Tierra que organiza Ecologistas en Acción-, sostiene que Colombia, donde los conflictos armados han generado seis millones de desplazados en apenas 30 años, sigue lejos de la paz pese a las conversaciones entre Gobierno y guerrillas: “Hay intereses económicos sobre los territorios, el Estado es servil con esos intereses, y mientras sigan seguirá generándose violencia”.


- Nos han contado que en Colombia la paz estaba hecha, pero ¿cómo están las cosas en realidad?


La gente cree que estamos en postconflicto y que el último día de guerra fue en octubre, pero para las comunidades [locales] eso no es así, porque el conflicto no ha cesado, sino que continúa intensamente. Los gobiernos no están teniendo ningún interés en lograr un compromiso para que haya paz.


- Pero sí está habiendo conversaciones...


El Gobierno llama paz a la desmovilización de las guerrillas y de los fusiles, pero para nosotros la paz tiene que ver con la garantía de derechos, con la permanencia digna en los territorios, con la soberanía. Sin embargo, en los últimos años se están dando una serie de reformas legales que van en detrimento de esos derechos fundamentales.


- ¿De qué tipo de medidas se trata?


Por ejemplo, aumentar el salario mínimo un 7% y luego elevar los impuestos como el IVA un 19%. Eso desmejora las condiciones de vida de la gente. Hay reformas como las zonas Sidre, para la reindustrialización, que en realidad buscan legalizar el despojo que los paramilitares, los propietarios y los industriales han hecho a sangre y fuego. Y la Ley de Seguridad Ciudadana penaliza acciones como salir a una vía a protestar, hacer plantones o entrar en una institución. Eso ahora se ha judicializado.


- ¿Qué penas puede acarrear una acción de ese tipo?


Está el derecho a la protesta, pero si sales y paralizas una vía eso es obstrucción y las penas son de más de cuatro años, y pueden llegar a veinte y más...por protestar. Y ahora se está reformando el Código de Policía, que permite entrar en las casas sin orden judicial y que permiten detenerte si consideran que estás en estado de alteración o que puedes suponer un riesgo.


- ¿Ese proceso de endurecimiento de las leyes no se está dando en toda Latinoamérica?


Es una medida de los distintos regímenes para evitar que el pueblo se organice y se movilice y para garantizar los macroproyectos extractivos. No va a haber una paz real mientras el Estado continúe con su política mineroenergética. Por un lado se habla de paz, pero por otra continúa la explotación de los territorios. El Estado busca la pacificación de los territorios para evitar un obstáculo a las empresas transnacionales.


- Pero las movilizaciones de las comunidades para conseguir esa permanencia siguen.


El 21 de marzo fueron detenidos en el sur de Bolívar cuatro dirigentes sociales que participan en una mesa de interlocución con el Estado y que habían hecho denuncias concretas sobre megaproyectos como el de la Ruta del Sol, o sobre el impacto ambiental de la navegabilidad del río Magdalena y las macroextracciones mineras o la presencia paramilitar en la zona. Les pasaron la cuenta por oponerse a proyectos que contrarían los derechos fundamentales de la gente y ponen en peligro la permanencia de las comunidades.


- ¿Cuál es su situación?


Para la Fiscalía, deben estar presos porque constituyen un peligro para la sociedad, aunque a Milena Quiroz, portavoz de la comunidad ante la Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular, le sustituyeron la cárcel por arresto domiciliario por ser madre. Pero no puede cumplirlo allí sino en Medellín, donde no tiene gente. Eso es una forma de destierro. La mesa en la que participan es producto de las movilizaciones y tiene como objetivo buscar soluciones por la vía pacífica y del diálogo, pero este es el resultado de la paz que realmente estamos viviendo en la región.


- ¿Qué nivel de violencia vive el país?


El año pasado fueron asesinados 120 dirigentes sociales en Colombia y este año ya llevamos treinta, dentro de un total de 156 ataques y sin contar la gente que diariamente está siendo asesinada en los territorios. Hay una agresividad especial contra las mujeres dirigentes de movimientos sociales, con asesinatos, amenazas y judicializaciones. El Gobierno ha sido claro en plantear que las organizaciones guerrilleras están en procesos de diálogo tendente a parar el conflicto armado, pero que continúa el conflicto social y político. La arremetida va a venir contra nosotros.


- ¿Cuántos de los autores de esos asesinatos han sido detenidos o identificados?


La situación de impunidad en los casos de violación de los derechos humanos llega al 90%. Solo algunos casos han tenido un impulso de la investigación por la presión social y el acompañamiento internacional. Hemos tenido que acudir a la Corte Interamericana para que se investigue. La impunidad es una herramienta más para reprimir.


- ¿Mientras se producen esos diálogos con las guerrillas, con los movimientos sociales al margen, qué ocurre con los paramilitares?


Los grupos paramilitares siguen. Una de las exigencias de los movimientos sociales al Gobierno es que, si estamos avanzando hacia la paz, la desmovilización de las guerrillas es solo una parte. Pedimos como garantía el desmonte real de las estructuras paramilitares que siguen actuando en los territorios tanto militar como políticamente. Vemos de buena manera que el ELN plantee claramente la necesidad de que la sociedad civil participe en las propuestas de paz. Las nuestras son esos planes de vida que hemos venido defendiendo a través del tiempo, de la movilización y de la construcción social.


- Pero sí existe una Mesa Social de la Paz ¿Qué ámbito tiene?


Es una iniciativa del movimiento social de ámbito estatal con mesas regionales que elaboran propuestas. Es una mesa complementaria de las del ELN y las FARC pero independiente, porque consideramos que la mesa sobre el conflicto político, social, cultural y económico debe seguir andando al margen de la revisión del armado. Estamos aportando a ese proceso. Si no se solucionan estos otros conflictos se van a generar otros tipos de violencia, y la paz quedaría en ‘veremos’.


- ¿Cómo va el Gobierno a esta mesa?


Tenemos la experiencia de la Cumbre Nacional Agraria, que tiene una mesa de interlocución cuyos acuerdos han sido sistemáticamente dejados de lado por el Estado. Por eso el movimiento social hemos hecho uso de la movilización, para pedir el cumplimiento de esos acuerdos y pedir la participación real de la sociedad civil en la construcción de la paz.


- ¿Qué papel juega el narco en todos estos procesos?


El tema de la droga está muy ligado a las estructuras del Estado. Por eso no hay un interés real en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido una excusa del Gobierno para arremeter contra el campesinado. En Arauca, por ejemplo, la coca la erradicó el campesinado con organizaciones como la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos. Pero el Estado no tuvo ningún interés en apoyar al campesinado para implementar otros proyectos agropecuarios. Hoy, en el marco de los Acuerdos de La Habana, están erradicando los cultivos que habían quedado

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Movimientos sociales en América Latina El “mundo otro” en movimiento

Un inmenso arco iris, pintado por diversidad de movimientos sociales tiene hoy vida en América Latina y, junto a ellos tenemos sociedades otras que se mueven no sólo para reclamar o hacer valer sus derechos ante el Estado, sino que construyen realidades distintas a las hegemónicas, que abarcan todos los aspectos de la vida, desde la sobrevivencia hasta la educación y la salud. ¿Cómo encasillar esta bastedad de lo popular alternativo en un concepto –movimientos sociales– graguado para otras realidad?


Pensando siempre en esta diversidad social, este trabajo se propone acompañar los cambios en las resistencias y luchas de los de abajo, con el objetivo de permitir a los activistas comprender mejor lo que está sucediendo en los espacios en que se organizan y actúan, lo que puede contribuir a hacer más potente su militancia.

Edición 2017. Formato: 11,5 x 17,5 cm, 166 páginas.
P.V.P.: $ 17.000, ISBN: 978-958-8926-40-7

 

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Caminando la palabra. Movilizaciones en Colombia (2010-2016)

En Caminando la palabra. Movilizaciones en Colombia (2010-2016), su autor estudia el ciclo de protestas desarrollado en Colombia durante un periodo de siete años, reconstruyendo su contexto general y cada uno de los grandes episodios de acción colectiva allí sucedidos, análisis que permite develar la recomposición de los movimientos sociales, así constatada por la renovada capacidad de agenciar protestas de gran magnitud, construir estructuras de movilización unificadas a nivel nacional y crear marcos de acción colectiva capaces de articular diversos actores en torno a sus distintas reivindicaciones.

Edición 2017. Formato: 17 x 24 cm, 294 páginas.
P.V.P.: $ 25.000, ISBN: 978-958-8926-38-4

 

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Caminando la palabra. Movilizaciones en Colombia (2010-2016)

Martes, 18 Abril 2017 07:21

Saludos a mister Trump

Saludos a mister Trump

Una tras otra, cinco mujeres toman la palabra en su lengua. Son comandantas del EZLN. Amada lo hace en chol. Everilda en tojolabal. Yésica en tzoltzil. Miriam en tzeltal. Y Dalia en castilla. Mandan un saludo al presidente de Estados Unidos: "¡Vete a la chingada, Trump!" Galeano se encarga de traducirlo al inglés: “Fuck you, Trump!”

Así comenzó el seminario Los muros del capital. Las grietas de la izquierda, realizado por el EZLN en las portentosas instalaciones de Cideci/Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, entre el 11 y el 16 de abril pasados. Un acto que tuvo como "objetivo principal" darle un abrazo colectivo a don Pablo González Casanova, de quien les "enorgullece la compañía de su paso, su palabra crítica y, sobre todo, su compromiso sin tibiezas ni dobleces".

El seminario fue parte de la campaña mundial: Frente a los muros del capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda, convocada por los rebeldes chiapanecos. Su objetivo consiste en "llamar a la organización y la resistencia mundial, frente a la agresividad de los grandes dineros y sus respectivos capataces en el planeta, y que aterroriza ya a millones de personas en todo el mundo".

Organizada en el contexto de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, convoca "a organizarse con autonomía, a resistir y rebelarse contra las persecuciones, detenciones y deportaciones". Sostiene que "cada ser humano tiene derecho a una existencia libre y digna en el lugar que mejor le parezca, y tiene el derecho a luchar para seguir ahí".

El mandatario estadunidense fue recordado a lo largo de todo el encuentro. En muy interesantes trabajos, Gilberto López y Rivas, Tom Hansen y Sergio Rodríguez analizaron la naturaleza del proyecto trumpista. El 14 de abril, mientras leía la ponencia Lecciones de geografía y calendarios globalizados (https://goo.gl/NPvB8Y), el subcomandante Galeano colocó sobre la mesa una figura de madera de mister Trump que fue derribada por una muñeca de tela que representa a la niña Defensa Zapatista.

“Cuando Trump habla de recuperar las fronteras de EU –leyó Galeano– es la de México, pero la mirada del finquero apunta a territorio del mapuche. La lucha de los originarios no puede ni debe circunscribirse a México, debe alzar la mirada, el oído y la palabra, e incluir todo el continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego.”

Un par de días antes, en el arranque del encuentro, el subcomandante Moisés explicó, en una ponencia titulada El mundo capitalista es una finca amurallada, cómo el planeta entero se está convirtiendo en una finca y los gobiernos nacionales en capataces que simulan poder e independencia. “Porque el que manda –señaló– ya no es el que manda. El que manda son el patrón capitalista. Esos gobiernos que se dicen: el de Peña Nieto, el de Guatemala, que el de El Salvador y todo lo demás son capataces. Los mayordomos: los gobernadores. Los presidentes municipales son los caporales. Todo está al servicio del capitalismo”.

La llegada al poder de Trump representa una nueva amenaza para quienes han emprendido el éxodo al vecino país del norte. El mismo Moisés, en un discurso titulado Café organizado contra el muro (https://goo.gl/CCcbG1) expresó su apoyo a los que han emigrado a Estados Unidos, debido a la pobreza y violencia en su lugar de origen, donde los explotan, reprimen y despojan, como en una finca de hace 100 años. “Los migrantes –puntualizó– no se fueron porque quisieron, sino porque ya no pudieron estar en su finca, mejor conocida como país”.

Ante esta emergencia, los zapatistas decidieron solidarizarse con los migrantes del otro lado de la frontera. Lo harán donándoles a sus luchas 3 mil 791 kilos de café tostado (5 mil kilos en pergamino). "Son iguales que nosotros", asegura Moisés. Hay que apoyar a los que nos apoyaron. Nos toca decirles que luchen con resistencia y con rebeldía, porque ya no les queda de otra.

Café contra el muro es un formidable ejemplo de cómo los rebeldes chiapanecos están cambiando las relaciones sociales, poniéndolas de cabeza. El aromático fue durante muchos años un cultivo de finca destinado a la exportación que se convirtió en un producto campesino e indígena porque los jornaleros que lo cosechaban en condiciones de explotación salvaje lo hicieron un cultivo propio en sus parcelas. También, por la acción combinada de la reforma agraria y el extensionismo estatal.

Desde hace casi tres décadas, los pequeños productores comenzaron a apropiarse de la cadena productiva y a exportar su grano sin intermediarios. Los mejor organizados lograron entablar relaciones de cooperación con consumidores conscientes de países del norte para tratar de construir un mercado justo.

Los caficultores zapatistas dieron un un salto en estas experiencias al organizarse y funcionar sin recibir un solo centavo de ayuda gubernamental. Trabajando en colectivo, derrotaron a los coyotes locales y comenzaron a adquirir paulatinamente infraestructura para industrializar su grano. Desde hace años, colectivos trasnacionales cercanos a ellos, adquieren el café pagando precios por arriba de los del mercado internacional.

Hoy, los zapatistas le han dado "la vuelta a la tortilla" a esa relación, y, de ser beneficiarios de la solidaridad internacional, se han convertido, a pesar de la escasez material con que viven, en generosos donantes. No dan lo que les sobra. "Necesitamos ayudarnos entre los de abajo, para demostrar que no necesitamos a los que dan apoyo condicionado", señaló Moisés.

En el camino, han formado cooperativas como Yach’il Xojobal Ch’ulchan (Nueva Luz del Cielo), con presencia en más de ocho municipios de los Altos, y oficinas en San Cristóbal de las Casas. Además del aromático, comercializan miel, cacao y té limón.

Explican el avance de su proyecto como sueños que se van realizando. Y, cuando se les pregunta cómo es que le hacen para que el café, que sirve para no dormir, produzca tantos sueños, responden: no descansamos, somos los hombres murciélago, los hombres de la noche.

Ahí lo mandan a saludar, mister Trump...

Twitter: @lhan55

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Comunicado de los Movimientos Sociales: “Esta situación es inaguantable para la nación”

 

COMUNICADO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

 

"Unión unión, o la anarquía os devorará"

"El despotismo lleva consigo su remedio y

La anarquía envenena para siglos la sangre del cuerpo social"

Simón Bolívar

 

 

Esta situación es inaguantable para la nación. Casi todos los venezolanos vivimos al borde de la indigencia.

La carencia de liderazgo apaga las luces de un mejor porvenir. El pacto de élites trae miseria y la dependencia total del rentismo petrolero sólo produce hambre y mediocridad; más aún si sólo se puede sostener con corrupción desmedida que deviene en mafias y muerte.

La anarquía impera, muy pocos respetan las leyes. De un lado y otro, los funcionarios están completamente desprestigiados, no se cree en nadie.

No podemos seguir así, es necesaria una alternativa de las mayorías. Trabajadores, profesionales y obreros, científicos, maestros, campesinos, indígenas; todos quienes sabemos que si no tomamos partido, el país entero caerá en el vacío.

Debemos rescatar la esperanza, el saber que podemos, sentirnos poder, elevar los ánimos y dar la cara por un mejor país.

Se acabó el tiempo de los demagogos, hay mucha gente con moral y honesta, dispuestos a asumir el liderazgo que necesitamos todos.

Gente dispuesta a construir un Gobierno de salvación nacional que rescate la unidad de todo el pueblo para acabar con la corrupción y poner en orden al país

Un planteamiento que acabe con el pacto de élites y organice todas nuestras fuerzas para impulsar el desarrollo y alcanzar por fin la justicia social.

 

Acabar con la corrupción, poner en orden al país

Alimentos, producción y dignidad

 

BRAVO SUR---VOCES ANTIIMPERIALISTAS--- FRENTE NACIONAL COMUNAL SIMON BOLIVAR (FNCSB) --- COLECTIVO PUEBLO REBELDE----VANGUARDIA OBRERA---FRENTE NACIONAL CAMPESINO PEDRO PEREZ DELGADO---CONTRALORIA OBRERA DE ARAGUA---COLECTIVO DE TRABAJADORES EN REVOLUCION---FRENTE MULTIETNICO Y PLURINACIONAL INDIGENA.

 

 

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Una joven salvadoreña protestó el pasado miércoles contra la minería en la Asamblea Legislativa en San Salvador.

 


IPS

El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo, aseguran activistas y pobladores.

“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo a IPS el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.

Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.

Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.

“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó a IPS el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.

Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.

El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.

El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.

Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.

El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.

Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.

En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.

En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).

Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.

“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley a IPS.

La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.

Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.

El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.

“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.

La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.

La compañía demandó a El Salvador por 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derechas, le negara el permiso de explotación.

Los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han mantenido desde el 2009 esa moratoria no declarada.

En octubre del 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pagar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.

Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.

Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.

“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continúa allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló a IPS la coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, Rina Navarrete.

Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anerior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.

Naverrete, una madre soltera de dos hijos, residente en la localidad de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.

Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.

 

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/el-salvador-el-primer-pais-del-mundo-en-prohibir-la-mineria-metalica/

 

 

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CNI y EZLN anuncian nombramiento de la candidata indígena para el próximo 26 de mayo

 

 

Ciudad de México | Desinformémonos. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunciaron que el próximo 26 de mayo darán a conocer el nombre de la vocera del Concejo Indígena de Gobierno que, con la representación del CNI, participará en las elecciones presidenciales del 2018.

En un comunicado conjunto, el CNI y el EZLN convocaron a las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI a la celebración de la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México, que se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo en el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Durante la asamblea, indicaron, se planearán los propósitos y estrategias del Concejo Indígena de Gobierno, su funcionamiento y organización, así como su vinculación con otros sectores de la sociedad civil.

A continuación el comunicado completo difundido por la página de Enlace Zapatista:

 

 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

CONVOCATORIA

 

Considerando que el V Congreso Nacional Indígena (CNI), en su segunda etapa realizada los días 29, 30, 31 de diciembre de 2016 y primero de enero de 2017, acordó:

PRIMERO.- “...Nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá como voz a una mujer indígena del CNI, o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018...”.

SEGUNDO.- “...[Llamar] a los pueblos originarios de este país, a los colectivos de la Sexta, a los trabajadores y trabajadoras, frentes y comités en lucha del campo y las ciudades, a la comunidad estudiantil, intelectual, artística y científica, a la sociedad civil no organizada y a todas las personas de buen corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya nos sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a la izquierda, a sumarnos en una sola organización en la que la dignidad sea nuestra palabra última y nuestra acción primera...a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo...”.

TERCERO.- “[Convocar] a una asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México en el mes de Mayo de 201... para hacer retemblar en sus centros la tierra, vencer el miedo y recuperar lo que es de la humanidad, de la tierra y de los pueblos, por la recuperación de los territorios invadidos o destruidos, por la presentación de los desaparecidos del país, por la libertad de todas y todos los presos políticos, por la verdad y la justicia para los asesinados, por la dignidad del campo y de la ciudad...haciendo que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo.”

Es que hemos acordado CONVOCAR a las autoridades, representantes, delegados y concejales nombrados por los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas que participan en el CNI a la celebración de la:

ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO PARA MÉXICO

Que se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI- UNITIERRA) en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, territorio zapatista, de acuerdo con el siguiente:

 

P R O G R A M A

 

26 de mayo

Llegada a CIDECI y registro físico de concejales, autoridades, representantes, delegados indígenas, prensa e invitados por la Comisión de Coordinación del CNI.

Ceremonia tradicional.

 

27 de mayo

Inauguración e instalación de la Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México.

Mesas de trabajo bajo los siguientes ejes:

Propósitos y estrategias del Concejo Indígena de Gobierno.

Funcionamiento y Organización del Concejo Indígena de Gobierno.

Vinculación del Concejo Indígena de Gobierno con otros sectores de la sociedad civil.

Nombramiento de la Vocera del Concejo Indígena de Gobierno.

 

28 de mayo

Plenaria Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno para México y toma de protesta de sus integrantes.

Discusión y aprobación de acuerdos, resoluciones y declaraciones.

Clausura de la Asamblea.

El nombramiento de los concejales que integrarán el Concejo Indígena de Gobierno deberá hacerse de conformidad con los lineamientos que se señalan en el ANEXO I de esta Convocatoria y en las regiones que se relacionan en el ANEXO II, aclarando que en caso de existir dudas sobre las regiones propuestas o necesidad de hacer la revisión, e incluso la modificación de alguna de ellas, deberá comunicarse a la Coordinación del CNI.

El registro previo de [email protected] indígenas podrá hacerse en el correo electrónico del CNI: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Podrán participar como INVITADOS OBSERVADORES quienes reciban expresamente invitación de la Coordinación del CNI o del EZLN.

[email protected] integrantes de la Sexta Nacional e Internacional que deseen integrarse como participantes observadores deberán registrarse previamente en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Atentamente

Marzo de 2017

Por la reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

 

ANEXO I

_________________________________________________________________

BASES PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONCEJALES QUE INTEGRARAN EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO PARA MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL QUINTO CONGRESO NACIONAL INDÍGENA EN SU ASAMBLEA PLENARIA DEL DÍA 01 DE ENERO DE 2017.

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) se integrara con dos concejales, preferentemente hombre y mujer, por cada una de las regiones indígenas participantes en el Congreso Nacional Indígena (CNI) que se indican en la tabla anexa, a excepción de los pueblos residentes en las Zonas Metropolitanas de México y Guadalajara, en cuyos casos se nombrará un concejal por pueblo.

Los concejales serán nombrados por consenso en asamblea de su pueblo o de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo y el nombramiento de los mismos deberá constar en acta por escrito.

Quienes sean propuestos como concejales deberán obedecer el mandato del pueblo que los nombró y el de la asamblea del CNI, trabajar bajo los siete principios del CNI y de manera colectiva.

Quienes sean propuestos para ser concejales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener pertenecía y permanencia en el CNI.

Practicar los siete principios del CNI.

Pertenecer a un pueblo originario.

Conocer la historia y la cultura de su pueblo y tener reconocimiento y autoridad moral en su comunidad.

Ser propuestos, nombrados y legitimados en Asamblea o en la instancia de decisión de sus pueblos según sus usos y costumbres.

Haber acompañado a sus pueblos en su lucha y tener una trayectoria de lucha congruente, que conozcan cómo trabajar la tierra, que sean humildes, que escuchen y que sirvan a sus pueblos y que conozcan el caminar del CNI.

Ser anticapitalista de abajo y a la izquierda.

El cargo de concejal es rotativo en el período de tiempo que cada pueblo decida y es revocable en cualquier momento por la asamblea o instancia que haya nombrado a los concejales.

Preferentemente los concejales deberán ser nombrados antes de la asamblea del CNI programada para los días 27 y 28 de mayo en San Cristóbal de las Casas y la organización y funcionamiento de los mismos y del CIG serán acordados por dicha asamblea.

 

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

LA COORDINACIÓN PROVISIONAL

ANEXO II

_________________________________________________________________

LISTADO DE REGIONES PARA EL

CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

 

Región No. Pueblo- Lengua


Baja California


1 Cucapá

2 Kumiai

 

Campeche


3 Castellano de Candelaria

4 Chol de Campeche

5 Maya de Campeche

6 Tzeltal de Campeche

 

Chiapas

 

7 Castellano de la Costa de Chiapas

8 Chol

9 Mam de Chiapas

10 Tojolabal

11 Tzeltal de la Selva Norte

12 Tzeltal de los Altos de Chiapas

13 Tzeltal Zona Fronteriza

14 Tzotzil de los Altos de Chiapas

15 Tzotzil de la Costa de Chiapas

16 Tzotzil de la Región Centro de Chiapas

17 Lacandón

18 Zoque del Norte de Chiapas

 

Chihuahua

19 Rarámuri

 

Ciudad de México

20 Nahua del sur del Distrito Federal

 

Colima

21 Nahua de Colima


Durango

22 Wixárika de Durango

 

Guanajuato

23 Chichimeca


Guerrero

24 Afromexicano

25 Mephaa de la Montaña de Guerrero

26 Nahua Centro de Guerrero

27 Nahua Montaña de Guerrero

28 Amuzgo de Xochistlahuaca

29 Ñu Savi de la Costa de Guerrero

30 Ñu Savi de la Montaña de Guerrero


Hidalgo

31 Nahua de Hidalgo


Jalisco

32 Coca

33 Nahua del Sur de Jalisco

34 Tepehuano de Jalisco

35 Wixárika de Jalisco


Estado de México

36 Matlatzinca

37 Nahua del Centro del Estado de Mexico

38 Nahua del Oriente del Estado de Mexico

39 Otomí- Ñatho

40 Otomí- Ñañhú


Michoacán

41 Mazahua

42 Nahua de La Costa de Michoacán

43 Otomí de Michoacán

44 Purépecha


Morelos

45 Nahua de Morelos

Nayarit

46 Náyeri

47 Wixárika de Nayarit


Oaxaca

48 Chinanteco de la Chinantla Alta

49 Chinanteco de la Chinantla Baja

50 Cuicateco

51 Ikoots

52 Mazateco

53 Mixe

54 Ñu Savi de la Costa Chica Oaxaqueña

55 Ñu Savi de la Mixteca Alta Oaxaqueña

56 Ñu Savi de la Mixteca Baja Oaxaqueña

57 Ñu Savi de la Mixteca Media Oaxaqueña

58 Triqui Alta

59 Binnizá de la Sierra Norte

60 Binnizá de la Sierra Sur

61 Binnizá del Istmo

62 Binnizá de Valles Centrales

63 Chontal de Oaxaca

64 Zoque de Chimalapas


Puebla


65 Nahua de la Mixteca Poblana

66 Nahua de la Sierra Norte de Puebla

67 Nahua de los Volcanes Puebla

68 Totonaco de La Sierra Norte de Puebla

 

Querétaro

69 Otomí- Ñañhú de Amealco y Tolimán


Quintana Roo

70 Maya de Quintana Roo

 

San Luis Potosí


71 Castellano de Wirikuta

72 Nahua de la Huasteca potosina


Sinaloa

73 Mayo de Sinalóa


Sonora

74 Guarijío

75 Mayo de Sonora

76 Seri

77 Tohono Odham

78 Yaqui

 

Tabasco

79 Chol

80 Chontal de Tabasco

81 Zoque de Tabasco


Veracruz

82 Nahua de la Huasteca

83 Nahua del sur de Veracruz

84 Nahua de Zongolica

85 Otomí- Ñuhú

86 Popoluca

87 Sayulteco

88 Tepehua del Norte de Veracruz

89 Totonaco de la Costa de Veracruz

90 Totonaco de la Sierra del Totonacapan


Yucatán


91 Maya de Yucatán


Pueblos migrantes

92 Pueblos residentes en el Valle de México
93 Pueblos residentes en Guadalajara

 

 

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