Viernes, 26 Mayo 2017 06:45

Salvo el poder, todo es ilusión

Salvo el poder, todo es ilusión

José Batista Sobrinho comenzó a trabajar a los 15 años. Dejó la escuela en el cuarto grado. Cuando terminó el servicio militar se dedicó a faenar vacunos vendiendo a carnicerías de la ciudad de Anápolis, de unos 50 mil habitantes, en el estado de Goiânia (Brasil). Cuando el presidente Juscelino Kubitschek, década de 1950, decidió construir Brasilia, Zé Mineiro (su apodo), se trasladó a la futura capital para instalar un matadero donde faenaba 25 vacas diarias.

Medio siglo después, en 2007, JBS (iniciales de José Batista Sobrinho) era uno de los mayores frigoríficos del mundo. Tanto que compró el frigorífico estadunidense Swift por mil 400 millones de dólares. La gigantesca operación pudo realizarse gracias a que el banco estatal BNDES capitalizó JBS al adquirir 14 por ciento de las acciones para que una de las "campeonas nacionales" (son palabras de Lula), tuviera acceso al mercado estadunidense.

En la fusión de los frigoríficos JBS y Bertín, en setiembre de 2009, otro paso delante de la empresa, el BNDES invirtió 4 mil 700 millones de dólares para hacerla posible. El banco estatal llegó a tener una participación de 22.4 por ciento en JBS, a instancias del gobierno federal.

Todos los hijos de Zé Mineiro abandonaron sus estudios para dedicar todo su tiempo al negocio familiar. "Nuestro conocimiento no es académico, aprendimos de la vida", dijo Wesley a la revista Forbes. Junto a los otros dos hermanos, José y Joesley, aquel matadero familiar se convirtió en una enorme multinacional: está presente en 110 países, tiene 200 mil empleados, 150 plantas y factura más de 50 mil millones de dólares. En Estados Unidos, el mayor mercado de carne vacuna del mundo, JBS era responsable en 2011 de 22 por ciento de la oferta.

Joesley figura entre las 70 personas más ricas del mundo, según Forbes. Bajo los dos gobiernos de Lula (2003-2010), el Grupo J&F que controla JBS, creció de modo exponencial, multiplicando por más de diez su facturación. El grupo fue uno de los principales beneficiarios de la política de Lula de seleccionar grandes empresas para insuflarles dinero público y convertirlas en grandes multinacionales.

Era una de las piezas maestras de proyecto Brasil Potencia del Partido de los Trabajadores. Las otras son más conocidas: Odebrecht, Camargo Correa, OAS y un puñado más.

Henrique Meirelles, nombrado director del Banco Central por Lula, se mantuvo ocho años al frente de la institución. Al dejar Lula la presidencia, Meirelles fue nombrado presidente del consejo de administración de J&F, lugar que ocupó hasta 2016, con el objetivo de "crear estructuras de gobernanza en la compañía para prepararla para salir a bolsa" (goo.gl/R0RThD). Cuando Dilma Rousseff fue destituida, el 31 de agosto de 2016, Meirelles pasó a ocupar el cargo de ministro de Hacienda del gobierno de Michel Temer.

Joesley Batista decidió grabar y denunciar a Temer como parte de su estrategia de negocios. Según análisis del diario económico Valor, decidió "rifar" Brasil para mudar sus negocios a Estados Unidos, donde la empresa ya posee 80 por ciento de sus operaciones: 56 fábricas procesadoras de carne y la mitad de su operativa mundial ya están en ese país.

"Para garantizar la ejecución de su plan, la empresa y sus controladores necesitaban llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el poderoso DoJ" (goo.gl/xhOohg). En diciembre la empresa realizó una IPO (oferta pública inicial) en la Bolsa de Nueva York como parte de "un amplio proceso de reorganización que llevará al grupo a dejar de ser brasileño", afirma el diario brasileño Valor.

El artículo finaliza con una frase que resume la lógica empresarial: "Los Batista actuaron rápido, eligiendo el camino opuesto al de la familia Odebrecht, que vio sus negocios hundirse mientras rechazaba colaborar con las investigaciones". Falta agregar que horas antes de la difusión de la grabación, que hundió a Temer, los Batista compraron millones de dólares, previendo que la divisa sufriría una fuerte devaluación. Ganaron dos veces.

Hasta aquí la historia contada telegráficamente. Una historia que liga a cuatro personajes que lucharon, ardua y exitosamente, por el poder.

La familia Batista hizo lo que saben hacer los empresarios capitalistas, las "aves de rapiña" como las definía Fernand Braudel. JBS creció bajo el ala del desarrollismo brasileño y se benefició como pocas de la política de las "campeonas nacionales" de Lula. Miles de millones de dólares del Estado para convertirla en lo que hoy son: rapaces sin límites, capaces de morder la mano (estatal) que les dio de comer.

Meirelles es un ejecutivo de carrera del sector financiero global, trabajó 28 años en el Banco de Boston, de los cuales 12 años se desempeñó como presidente del banco en Brasil y luego estuvo tres años como presidente del Banco de Boston mundial. En Estados Unidos se lo consideraba muy cercano al presidente Bill Clinton. De ahí pasó al gobierno de Lula, quien le tenía gran estima.

Temer es el típico político brasileño, mediocre y ambicioso. Hizo carrera en el centrista PMDB y fue ascendiendo hasta que Lula y Dilma lo eligieron como candidato a la vicepresidencia en dos ocasiones, en las elecciones de 2010 y las de 2014. Esperó su momento para dar el salto y, cuando lo consiguió, cayó al vacío. En unos años pocos lo recordarán.

El cuarto es Lula. En vistas de la crisis en curso, acelera el paso para retornar a la presidencia. Puede lograrlo. Si lo consigue, gobernará un país destrozado, no tendrá la mayoría parlamentaria que consiguió tejer en 2003, deberá lidiar con una sociedad dividida y enfrentada, y afrontará un escenario global desfavorable. Cualquier persona sensata le aconsejaría desistir, ya que las posibilidades de éxito son mínimas.

La obsesión por el poder, que reúne estas cuatro biografías que en la última década se entrecruzaron, es parte indivisible de la lógica capitalista. Aunque en muchos casos, como quien fraguó la frase del título (Abimael Guzmán, Sendero Luminoso), tuvieran un discurso opuesto.

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Por Leonardo Fernandes

 

Fabiana Braga tiene 22 años y está en la cárcel ilegalmente, por ser campesina, mujer y luchar por el derecho a la tierra. Creció en campamentos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, Brasil) y a los 18 años se fue a probar suerte a la ciudad. Allí se terminó de convencer que su lugar estaba en la vida campesina, con el MST en la lucha por la tierra y por la dignidad como joven, mujer y campesina. A los 20 años se integró con su compañero en el asentamiento Tomás Balduíno, en Quedas de Iguazú, Paraná, donde coordina el Colectivo de Mujeres y es parte del Colectivo de Juventud. El asentamiento está en tierras públicas recuperadas por el MST para la reforma agraria, pero que la maderera Araupel se había apropiado fraudulentamente, en connivencia con autoridades. En 2014, el MST consiguió que un tribunal otorgara el reconocimiento legal de que esas tierras debían ser destinadas para la reforma agraria, con lo que la empresa aumentó las agresiones. En abril 2016 una banda de pistoleros disparó contra miembros del asentamiento, asesinando a dos compañeros. La policía, en lugar de actuar contra los pistoleros y la empresa, comenzó la Operación Castra, que como su burdo nombre indica, tiene la meta de “castrar” al MST, criminalizándolo.

En el marco de esta funesta Operación, Fabiana fue detenida en noviembre 2016, junto a Claudelei Lima, locutor de la radio comunitaria del asentamiento. La operación no se quedó allí, sino se desplegó en varios estados. La Escuela Nacional Florestán Fernández del MST en São Paulo fue invadida sin orden de allanamiento y con armas de fuego, en nombre de la misma operación, supuestamente buscando “acusados”. Fabiana y Claudelei siguen presos, mucho más allá de los límites legales de las medidas de “prisión preventiva” con la que fueron detenidos. Hay una campaña internacional del MST, donde se puede firmar por su liberación: Meucrimeelutar.com.br

Estas operaciones de criminalización han recrudecido en Brasil contra los movimientos sociales, intentando presentarlos como delincuentes, cuando su único “delito” es luchar por sus derechos. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Brasil, informó que en 2016, se cometieron 61 asesinatos por conflictos en el campo, la mayor cifra desde hace 25 años, exceptuando el año 2003. En el mismo año aumentó 185 por ciento el número de personas del medio rural presas por defender sus derechos, tierra, agua y territorio. En 2017, ya han sido asesinadas 20 personas, incluyendo 9 militantes del MST atacados en su propio asentamiento, en Mato Grosso.

La CPT afirma que la criminalización y persecución de los que luchan por sus derechos en el campo ha llegado a límites sin precedentes en Brasil, con el aumento de asesinatos y agresiones impunes comandados por empresas y latifundistas junto a la represión y encarcelamiento legalizado por parte de fuerzas públicas. Un hecho particularmente ignominioso fue el uso de la Ley 12.850/2013, contra el MST en Goiás para detener a varios de sus militantes, porque tipifica al movimiento como organización criminal. Luego de casi un año de prisión ilegal, el MST consiguió que un juez decretara que el MST no es una organización criminal y que debían ser liberados, pero aún sigue preso un compañero: Luiz Borges.

Este método de acusaciones falsas y uso de leyes (anti-terroristas o contra crimen organizado) para criminalizar y reprimir a los movimientos y a quienes luchan por sus legítimos derechos, también se usa contra las comunidades mapuches en Chile y Argentina, contra campesinos e indígenas en Paraguay y en otros países del continente, incluyendo por supuesto, México.

En Argentina, sigue la renovada guerra de extinción contra las comunidades originarias, ahora con la detención en Formosa del líder indígena wichí Agustín Santillán el 14 de abril, que se suma a la anterior de Bautista Macedonio y Roberto Frías. Varias organizaciones argentinas denuncian este proceso de criminalización y estigmatización de la lucha de los pueblos indígenas, pidiendo su inmediata liberación, según informa Darío Aranda.

En México, con el segundo lugar en muertes violentas a nivel mundial, solamente detrás de Siria, las autoridades y bandas criminales -con una difusa línea divisoria entre ambas– se usan todos los métodos anteriores y otros.

La constante en todas partes es que estos procesos de criminalización, represión, muertes y desapariciones forzadas o por bandas criminales, siempre terminan abriendo territorio a transnacionales y megaproyectos, beneficiando a grandes empresas.

En la semana pasada, se sumó al dolor y la rabia, el asesinato de Miriam Rodríguez, madre cuya hija fue desaparecida y que habiendo develado el caso de su hija, se sumó al activismo con otras madres y familiares de desaparecidos en Tamaulipas, México. Como en Argentina, con las Madres de Plaza de Mayo, a varias de las cuales también asesinaron por el delito de buscar a sus hijas e hijos.

Pero como dice la frase surgida de la búsqueda y resistencia de madres, padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos (y otros asesinados) de la escuela rural de Ayotzinapa, “querían enterrarnos pero no sabían que éramos semilla”.

Un sentido que como gramínea crece por abajo y vuelve a germinar todo el tiempo y en todas partes, a través de tiempos y espacios diversos. Un ejemplo reciente fue la manifestación masiva con pañuelos blancos , en Argentina el 10 de mayo, con y junto a las Madres de Plaza de Mayo, contra el intento de perdonar a los genocidas en ese país.

A veces surge como enormes manifestaciones, muchas más veces en actos más pequeños, en el trabajo cotidiano de grupos y colectivos barriales y comunitarios en la denuncia, en la defensa de derechos, en la resistencia y también en la construcción permanente, en las muchas formas de seguir construyendo la vida. Siempre vuelve a germinar.

 

Silvia Ribeiro

Periodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.

 

 

 

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Daniel Feierstein

 

El sociólogo argentino, que ha investigado durante más de treinta años masacres y holocaustos en diferentes contextos históricos, dice que un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación.

 

Cuando Daniel Feierstein comenzó a estudiar el genocidio, lo hizo por sus raíces judías. La experiencia del nazismo lo atravesó y tuvo que comenzar a hurgar debajo de las almas y de los muertos para entender. Para entenderse. Para descifrar esa palabra creada por el judío polaco Rafael Lemkin, que la había inventado después de su investigación acerca del exterminio de armenios, sirios y griegos de manos del Estado moderno turco, pero que fue aceptada a nivel social y penal después de que exterminaron a su pueblo, en 1946, luego del holocausto judío. Las Naciones Unidas usaron el concepto para definir que “el genocidio es la negación o la destrucción de un grupo social a través del terror”.

Después de que Feierstein se zambulló en esa historia al otro lado del océano, al frente de él estaba pasando algo similar. Comenzó a observar lo que ocurría en su país: una dictadura que desaparecía, hostigaba y torturaba a sus detractores y que de a pocos fue eliminando a cada uno de ellos. Después de eso Feierstein no volvió a ser el mismo. Trabajó con organismos de derechos humanos en la Argentina para pelear una batalla bestial: contra la impunidad. Reabrió el proceso de juzgamiento a los involucrados en los crímenes y logró que se aceptara que esas muertes, esas desapariciones, eran un genocidio. “Mi vida tenía que estar dedicada a eso”, sentenció el sociólogo, que viene por primera vez a Colombia para presentar en la Filbo su libro “El genocidio como práctica social” (Fondo de Cultura Económica, 2011).

 

¿Por qué es importante haber creado el concepto genocidio?

Es fundamental la creación de ese concepto y después transformarlo en figura legal porque habla de una práctica muy distinta a todas las otras prácticas que conocíamos en el código penal. Un genocidio no es un homicidio, no es una suma de homicidios, no es una serie de masacres o de horrores, es algo muy específico que es el intento de destruir la identidad de un pueblo. No existía ningún concepto para abordarlo ni ninguna herramienta legal para abordarlo. Necesitábamos conceptualizarlo para poder enfrentarlo, no sólo legalmente. Para poder enfrentar cualquier práctica necesitas entenderla y para entenderla necesitas nombrarla.

 

¿Cuál es la diferencia entre masacre y genocidio?

Masacre es un término muy amplio que da cuenta de cualquier proceso de muerte masiva. Las masacres pueden ser espontáneas, pueden ser el resultado de una confrontación específica en alguna guerra, pueden ser la represión puntual de algún hecho; eso, obviamente no les quita su horror. Pero, lo que no hay en una masacre es la intención de usar el terror para destruir la identidad: la masacre, podría decirse, es una reacción, mientras que el genocidio nunca es una reacción, el genocidio es una intención planificada. Un proyecto para transformar la identidad de un pueblo.

 

En el caso colombiano, ¿qué caso podría tomarse como un genocidio?

Yo creo que en Colombia hubo varios genocidios. Lo que pasa es que no todo el conflicto armado fue el genocidio. Me parece que ese es el tema más delicado de este país, donde hubo simultáneamente un conflicto armado y un genocidio. El conflicto armado y el genocidio son dos cosas distintas. La guerra tiene determinadas características y determinadas lógicas que tienen que ver con la confrontación de distintos sectores sociales, mientras que el genocidio es otro tipo de proyecto que se propone la destrucción de la identidad. Ha ocurrido en distintos casos históricos, como el nazismo, lo mismo que pasa en Colombia: la guerra y el genocidio coinciden, es decir, ocurren en el mismo período histórico. Lo importante a nivel político es poder distinguir un momento del otro. Porque una guerra requiere un proceso de paz y de reconciliación entre quienes libraron la guerra, pero un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación. Me parece que es fundamental distinguir esos dos procesos. Colombia vivió distintos momentos de prácticas genocidas, los dos más fuertes fueron toda la política dirigida a los sectores rurales, y sobre todo comunidades indígenas y campesinas, por parte del aparato estatal y los paramilitares, y luego, el caso más tratado jurídicamente, el de la Unión Patriótica. Son dos procesos que dejan claro su contenido genocida y, si bien se encuentran articulados con la guerra, sus objetivos no son los objetivos de la guerra. El aniquilamiento de la Unión Patriótica se hace en el contexto de un proceso de paz, cuando uno de los bandos en conflicto decide incorporarse al espacio político y transformarse en un partido. Por lo tanto, hubo una fuerte convicción del Estado para impedir esa posibilidad y lo hizo a través del terror y la persecución sistemática de sus miembros. Lo mismo ocurrió con el intento de transformar la estructura productiva colombiana a partir del ataque a determinadas comunidades indígenas o comunidades campesinas. Creo que el gran desafío del caso colombiano es poder distinguir entre estas dos situaciones. Creo que requieren políticas distintas.

 

¿Cuál es la importancia de distinguir qué fue un genocidio y qué fue parte del conflicto armado?

Una sociedad no puede avanzar con la impunidad de genocidas. El tejido social no puede sanar si los responsables de prácticas genocidas no se hacen responsables de las consecuencias de sus acciones. Si no son atravesados por el aparato judicial, si no son sometidos a la ley, es imposible que esas conductas no se sigan repitiendo. Mientras, en el contexto del conflicto armado existe la posibilidad de evaluar distintos acuerdos dentro de un proceso de paz para poder, de alguna manera, reconstruir el lazo social en función de que no es la misma gravedad de los hechos ocurridos en una guerra que el diseño sistemático de un proyecto de exterminio. Me parece que esa es la importancia de poder entenderlo. Básicamente hay que diferenciarlos para saber cómo abordar estos dos tipos de conflicto.

 

¿Qué hacer cuando el Estado no reconoce un genocidio?

Yo creo que lo más común es que los estados no reconozcan su responsabilidad en procesos genocidas. Ahí está la enorme importancia del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los movimientos de los derechos humanos y, por supuesto, de la academia. Ellos deben intentar clarificar a la población, no sólo a los miembros del aparato estatal. Hay que aclarar lo ocurrido, tanto en una guerra como en un genocidio. El nivel de afectación de quienes sufren ese proceso es tan alto que lleva mucho tiempo poder percibir lo que ocurrió y poder ordenar dentro de la sociedad ese proceso. Sobre todo en un conflicto tan largo como el colombiano, en donde cada uno de sus factores ha tenido lógicas diferentes: desde la pelea por las tierras hasta el narcotráfico. La academia no puede ser abstracta: los conceptos sirven para actuar, así que en esos espacios se debe propender por la creación de esos conceptos. El sentido del conocimiento en cualquier disciplina es poder generar consecuencias en la acción, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad enorme en las ciencias sociales. Es una responsabilidad de todos señalar cuál sería el camino más útil para la sociedad, más aún cuando el Estado va por donde no es.

 

En los últimos 14 meses han asesinado en el país a 120 líderes sociales, sobre todo de zonas rurales. ¿Podría decirse que es el inicio de un genocidio?

Ese trabajo de periodización que he realizado del genocidio en Colombia es muy difícil de distinguir, por la continuidad del conflicto. La pregunta sería: ¿es la etapa de un nuevo proceso genocida o es la continuidad de algo que ha concluido? Uno de los problemas actuales de este país es que no se ha detenido el paramilitarismo y esa debería ser la prioridad número uno en cualquier proceso de paz. Si se sigue garantizando la impunidad de quienes participaron en prácticas genocidas es muy difícil que se pueda detener la práctica genocida, por más que se detenga el conflicto. Porque son actores que se creen autorizados para continuar con esas prácticas. Lo bueno es que en Colombia sí ha habido procesos judiciales, en específico con el caso de la UP.

 

¿Los procesos genocidas tienen un “modus operandi”, comparten similitudes?

Por lo general, siempre hay una serie de cuestiones que se repiten en diferentes procesos genocidas. Una de ellas es el rol de las organizaciones paraestales. Esto es muy común y por lo general se encuentra en la etapa de hostigamiento. Pero los casos de Colombia y México, donde la relación del Estado y lo paraestatal nunca termina de quedar clara, son como una avanzada de una nueva modalidad de implementación del genocidio. En ambos países no hay un golpe militar que establezca un gobierno dictatorial, continúa la formalidad democrática y por eso la participación estatal es más mediada. En la mayoría de los procesos genocidas hay un momento de confusión donde operan las organizaciones paraestatales y luego, por lo general, el Estado asume la coordinación de ese proceso de exterminio. Acá, por el contrario, el aparato paraestatal nunca ha desaparecido y por eso el Estado se ha desentendido de unas prácticas que surgieron desde su propio riñón. Para que el Estado afronte sus nexos con el paramilitarismo va a tener que haber una revolución social.

 

¿Cuáles son los roles más importantes en los grupos que cometen genocidio?

En un genocidio hay distintos tipos de funciones. Lo más importante es poder desarmar al grueso de los que participan en un proceso genocida. Los principales no son los que lo diseñan, los que odian a aquella población que persiguen, sino los que obedecen. Todo un sistema montado sobre el sistema de la obediencia y de no hacerse responsable de las consecuencias de las acciones. Muchos de los genocidas no están contentos con lo que hacen, tienen problemas para asumirlo, pero lo resuelven desde la lógica de la obediencia. El elemento central para combatir la posibilidad de cualquier genocidio es poder construir en la población la idea de hacernos cargo de nuestros hechos y que en ese sentido tenemos la capacidad de oponernos a aquello que nos indigna. De resistirnos, de hacer lo que no queremos hacer. Lo que demuestra la historia de los procesos genocidas es que esto no necesariamente cuesta la vida. Hay mucha gente que se ha opuesto a procesos genocidas, a desempeñar tareas en esos procesos y se pierde el trabajo o hay un traslado —un tipo de castigo—. No es necesariamente algo que requiera un altísimo nivel de heroísmo, pero es algo que puede detener la maquinaria de la muerte.

 

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/cultura/hasta-que-el-estado-no-aclare-sus-nexos-con-el-paramilitarismo-el-genocidio-en-colombia-va-continuar-articulo-692264

 

 

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Domingo, 30 Abril 2017 06:49

El cínico doble rasero de los medios

El cínico doble rasero de los medios

 

Sobre el último reporte de Amnistía Internacional (AI) sobre la monarquía petrolera.

 

En Arabia Saudita no se reprimen las manifestaciones, como está sucediendo en Venezuela. Simplemente no es posible manifestarse. El último reporte de Amnistía Internacional (AI) sobre la monarquía petrolera dice: “Las autoridades restringían severamente el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión, deteniendo y encarcelando por cargos imprecisos a quienes las criticaban, a defensores y defensoras de derechos humanos y a activistas de los derechos de las minorías. La tortura y otros malos tratos (...) seguían siendo habituales, especialmente durante los interrogatorios”.

El informe destaca la discriminación contra las mujeres, en la ley y en los hechos (no pueden conducir coches, viajar, trabajar y ser intervenidas quirúrgicamente si no cuentan con el permiso de un familiar varón). Numerosas penas de muerte “incluso por delitos no violentos y contra personas condenadas por presuntos delitos cometidos cuando eran menores de edad”. Más aun, en la guerra dirigida por Arabia Saudita en Yemen se cometen “violaciones graves del derecho internacional, crímenes de guerra incluidos”.

Lo que sucede en Turquía desde el fallido golpe de Estado del 15 de julio pasado resulta estremecedor. El informe de AI destaca que “más de 40 mil personas permanecieron detenidas en espera de juicio durante los seis meses que duró el estado de excepción”. Agrega que hay indicios de que se ha torturado a personas detenidas, que se despidió a casi 90 mil funcionarios públicos, se cerraron “cientos de medios de comunicación y se detuvo a periodistas, activistas y miembros del parlamento”.

Las fuerzas de seguridad violan impunemente los derechos humanos, especialmente en el sureste del país, de población predominantemente kurda, donde en los núcleos urbanos se impuso el toque de queda durante las 24 horas del día. Alrededor de 140 periodistas están en prisión, y es por segundo año consecutivo el país con más periodistas presos.

En cuanto a la intervención militar en Yemen, AI señala: “En todo Yemen se cometen espeluznantes crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, causando un sufrimiento insoportable a la población civil”. Stephen O’Brien, alto jerarca de las Naciones Unidas, dijo el 30 de marzo que 7 millones de yemeníes, sobre una población de 25 millones, corren un gran riesgo de sufrir hambrunas y enfermedades. Diecinueve millones necesitan ayuda humanitaria: comida, agua, refugio, combustible y saneamiento, y otros 3 millones fueron forzados a abandonar sus hogares.

Es seguramente la peor guerra de estos años, pero está fuera del campo de visión de los medios occidentales. Algo similar ocurre en Turquía, donde el pueblo kurdo es sistemáticamente perseguido, incluso sus parlamentarios han sido detenidos y despojados de la inmunidad. Pero ambos países son cortejados por Occidente: Turquía como aliado estratégico desde la Segunda Guerra Mundial; Arabia Saudita como proveedor de petróleo y clave de bóveda de la arquitectura estadounidense en Oriente Medio.

Peor aun: Ankara esgrime como espada de Damocles sobre Europa la posibilidad de que millones de refugiados sirios inunden el viejo continente, desencadenando una imprevisible crisis política.

 

COLOMBIA, MÉXICO Y VENEZUELA.


Según AI, en Colombia se registra“un aumento de los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los que había líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos”. En 2016 fueron asesinados 120 dirigentes sociales, y en los tres primeros meses de 2017 fueron muertos 30, registrándose un total de 156 ataques a dirigentes sociales, sobre todo integrantes del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica.

“Hay una agresividad especial contra las mujeres dirigentes de movimientos sociales, con asesinatos, amenazas y judicializaciones”, destaca la activista pro derechos humanos Milena López Tuta (Público.es). Por eso AI asegura que “en grandes zonas de Colombia el conflicto armado está más vivo que nunca”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) asegura que le han asesinado 1.300 dirigentes, activistas y afiliados, “mientras el Poder Ejecutivo ha ido quitando la protección de que gozaban varios de sus directivos que corren peligro de muerte, en especial en zonas del país donde han quedado a merced de grupos terroristas y esbirros de hacendados y empresarios” (Rel-Uita, 21 de abril de 2017).

Ni qué hablar de la crisis social en México, donde han sido asesinadas 200 mil personas y hay 30 mil desaparecidos, con la comprobada participación del Estado, que permanece impávido ante las brutales violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, a nadie se le ha ocurrido aplicarle al país azteca la “cláusula democrática” de la Oea.

El caso de Venezuela es sumamente aleccionador para la izquierda y la derecha. La primera porque, como destaca el sociólogo Edgardo Lander, se ha empeñado en mirar para otro lado (en general hacia Washington) y se muestra incapaz de reconocer que el régimen transita hacia un creciente autoritarismo, que el mal llamado “socialismo del siglo XXI” es la hoja de parra que esconde la vergonzosa corrupción que es una de las principales características en las alturas del régimen.

La derecha y los medios que le son afines hacen su juego, y lo hacen bien. En México le echan la culpa de la violencia al narco, mientras presentan al gobierno y al Estado casi como víctimas, cuando son cómplices, y nadie busca explicar por qué la violencia afecta sobre todo a los sectores populares organizados en movimientos sociales. En Colombia, en tanto, todo el problema sería responsabilidad de los paramilitares y de bandas criminales, omitiendo que sus víctimas son dirigentes sociales.

El doble rasero mediático y político parece irreversible y es una de las principales señas de identidad de los medios en un período de caos sistémico en el cual las elites tienen mucho que perder. El resultado es una fenomenal crisis de credibilidad de los partidos: en Francia por vez primera ninguno de los partidos históricos pasó al balotaje. En cuanto a los medios, algo muy de fondo está cambiando: la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (Arecia) informó en diciembre que los lectores de sus casi 200 publicaciones (hay muchas más en el mismo espectro) son ya 5 millones, lo que representa el 15 por ciento de la población del país.

Un mundo está agonizando ante nuestros ojos, si somos capaces de ver más allá de la desinformación mediática.

 

 

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“La lucha por la vida, la dignidad y el territorio nos marca otro horizonte de sentido político”

 

La Tinta (Argentina)

 

Carlos Walter Porto Gonçalves analiza en esta entrevista la crisis ecológica, los modelos de desarrollo, el rol de las comunidades indígenas, y el escenario político regional

 

Géografo, militante teórico-político, compañero de ‘Chico Mendes’, discípulo y par de ‘Milton Santos’ son algunas de las tantas definiciones que pueden perfilar a Carlos Walter Porto Gonçalves. Cuando lo presentan y destacan sus pergaminos, como el premio Casa de las Américas por su libro ‘La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización’ (2008), agradece pero agrega: “siempre digo que falta decir en mi currículum ‘hijo de obrera y obrero’, eso me marcó más que nada’”.

Este referente intelectual latinoamericano ha desarrollado una vasta producción teórica siempre anclada en el calor de las luchas territoriales. Cuestiones como ‘ruptura metabólica de la naturaleza’, la r-e(x)sistencia de las comunidades campesinas indígenas, la crítica al eurocentrismo, y la crisis cultural, política, productiva del actual sistema de poder han estado entre sus temas de abordaje. Invitado a dictar un seminario al Doctorado en Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca dejó espacio para un intercambio en el que habló de temas que van desde el “monocultivo como modelo de poder” hasta el “nuevo horizonte de sentido político” que marcan las comunidades indígenas frente a “ciclos electorales perversos”.

 

Leonardo Rossi.- Usted explica que el monocultivo, hoy tan extendido a escala global, tiene una profundidad mucho mayor que la mera cuestión técnica ¿podría ampliar esa idea?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- En la historia de la humanidad las grandes áreas de monocultivo empiezan en la colonia, no tengo noticias antes. Toda la cultura agraria era de múltiples cultivos. En Brasil el monocultivo de caña empieza en el siglo XVI, y se obliga a producir en grandes áreas una sola cosa para extraer. Nadie hacía eso de manera espontánea, se hizo a fuerza de trabajo esclavo. ¿Cómo va producir alguien eso que no es para sí? Eso se impuso. Mientras que los indígenas, que conocían los territorios, escapaban, los esclavos eran más susceptibles ante esa situación. Entiendo entonces que el monocultivo no es sólo una técnica de producción, es una técnica de poder. El monocultivo se fundó en el trabajo esclavo.

 

Leonardo Rossi.- ¿En qué marco económico-político se asienta ese modelo?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Es importante ver ahí que todos los libros de economía y de historia han instalado que los latinoamericanos somos históricamente exportadores de materias primas. Y esto no es así. Brasil, Haití y Cuba en siglo XVI no exportaban materia prima, exportaban azúcar, un producto manufacturado. Eso es importante explicarlo, porque aquí empiezan las primeras técnicas de industrialización, durante la colonia. Esas prácticas que incipientemente se desarrollan en Cabo Verde explotan acá. Eso nos muestra que la modernidad tecnológica no necesariamente fue liberadora y emancipadora, si no que en este caso fue la condición de la opresión.

Aquí, somos ‘modernos’ hace 500 años, cuando aún no había desarrollo de industria en Europa. Esa condición tecnológica, el ‘agronegocios’, para nosotros tiene 500 años. El ingenio de azúcar en el siglo XVI no fue otra cosa que una tecnología de punta. Eso es importante ponerlo de relieve porque tenemos una ideología tecno-céntrica que sostiene que la tecnología es libertad. Hoy continuamos prisioneros de una lógica desarrollista, tecno-céntrica.

 

Leonardo Rossi.- ¿Cómo analiza la actual expansión del agronegocio y los monocultivos en la región?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Me parece que estamos ante un proceso muy acelerado de expansión. Desde los años setenta para acá un 25 por ciento del territorio brasileño fue arrasado por el agronegocios. Con el soporte del Estado, con las investigaciones que se financian, se apunta actualmente por ejemplo a la tropicalización de la soja. Por caso, no pasaba a esas regiones tropicales y hoy avanza en esas áreas en Brasil, en Bolivia y en otros países de la región. Al igual que con lo que ocurrió antes, vuelvo a destacar que ninguna comunidad que realiza agricultura para alimentarse produce monocultivos. Eso nunca existió. Y ahí también se expone que el monocultivo es una técnica de poder.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué fenómenos está observando con más atención en torno a estos modelos productivos en sus aspectos ecológicos y sociales?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Lo que más preocupa es que hace cincuenta años teníamos 1.200 millones de personas en áreas urbanas y que hoy tengamos 3.600 millones, y que la población rural era de 1.800 millones y hoy es de 3.400. En ese sentido, me gusta destacar que tenemos una visión tan urbano-céntrica, que analizamos que la urbanización es el vaciamiento del campo. ¿Qué pasó en realidad? Nunca hubo tantos campesinos a pesar de que nunca hubo tanta expulsión de comunidades campesinas e indígenas. Entonces no se puede analizar esa dinámica con la mirada europea.

A partir de eso, me planteo cómo se va a alimentar esa gente de la ciudad, mientras también crece el número de gente en el campo. ¿Vamos a seguir despojando? ¿Qué va a pasar con la huella ecológica ante una demanda impresionante en materia de energía? La gente del campo de Asia y África que va a ser despojada a dónde va a ir. Estamos frente a un proceso de des-ruralización que tiende a la sub-urbanización. Las personas se asientan mayormente en sitios donde hay violencia, miseria, fractura social. No hay tal ‘ciudad luz’ prometida.

 

Leonardo Rossi.- Uno de los temas que viene desarrollando relacionado a estos procesos es el de la ‘ruptura metabólica’ de la naturaleza ¿qué apuntes puede brindarnos sobre este aspecto?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Estamos en un proceso acelerado de pérdida de biodiversidad, estrés hídrico, contaminación, lluvias fuera de temporada, inundaciones de gran amplitud. Ya no es un problema local de Argentina, de Colombia, de Perú. Es un proceso global gravísimo, enmarcado en una enorme presión sobre los recursos en el marco de una sociedad regida por la obsolescencia programada. Y en esto me parece central resaltar que el problema no es ‘malthusiano’, porque se prevé una estabilización de la población para el 2050 en 9.000 millones de habitantes.

Por ejemplo, veamos qué pasa con la agricultura industrial que tenemos, que avanza en sitios como la Amazonía. Allí encontramos que el bosque siempre ofreció alimentos, que fue un gran refugio para comunidades esclavizadas que escapaban y sitio de diversos pueblos indígenas, porque esa naturaleza permite un grado de libertad notable a partir de productividad biológica. Ese océano verde, de 800 hectáreas, genera en algunas zonas entre 40 y 70 toneladas de biomasa por hectáreas/año. Y esa misma parcela, cuando se la desmonta para producir soja genera tres toneladas anuales. En el medio perdemos una gran diversidad biológica clave en la dinámica metabólica global del planeta. Asimismo, tenemos hoy dentro de la Amazonía 26.000 proyectos mineros en explotación, y otros 26.000 en exploración para los próximos cinco años. Ese bosque que asimila la energía solar y la transforma en vida, que irriga agua, se convierte ahora en suelo desnudo, donde el sol refleja directamente, una señal de ruptura metabólica asustadora.

 

Leonardo Rossi.- ¿Cómo califica el accionar de las diversas expresiones políticas dominantes (progresistas, nacionales-populares, neoliberales) en torno de estas cuestiones?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- El Ciclo Progresista, como dice (Maristella) Svampa, reflejó el ‘consenso de las comoditties’, el modelo desarrollista con avance de los monocultivos, de la gran minería más allá de los matices gubernamentales que había. Y ahí hay un dilema en el que todos estamos metidos. Existe una condición de miseria en la ciudad que es muy susceptible al cortoplacismo, a las demandas inmediatas, a vivir de las ‘migajas’ de estos modelos productivos, y la gente acepta eso y es entendible que lo acepte. No tenemos un horizonte político claro para salir de inmediato de eso. No es fácil.

Veamos la elección de Ecuador, que se decidió dentro de dos referencias de la misma lógica de explotación minera, petrolera. Uno de los candidatos con la máquina del Estado (Lenin Moreno) y el otro un banquero (Guillermo Lasso). Pero vemos también que más de un cinco por ciento votó Pachakuti (Acuerdo Nacional por el Cambio), que tiene que ver con pensar estas ideas que estamos planteando.

Frente a esa maquinaria sacar cinco por ciento, con estas ideas es fantástico. Ahora visto desde lo electoral es poco. Pero creo que más de fondo existe una crisis de estos ciclos electorales perversos, que producen dependencia, cooptación. Y es una crisis que va mucho más allá, que tiene que ver con estos procesos de desarrollo, donde colapsan las ciudades, donde no alcanza el agua, donde se saturan las zonas suburbanas, como problemas derivados de todo ese despojo de las áreas rurales que ensanchan la brecha metabólica y eso ya no tiene cómo continuar.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué rol juegan las comunidades, organizaciones y colectivos indígenas en este escenario?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Desde la Caída del Muro, la crisis de la izquierda abrió espacios a referenciar la lucha por la tierra desde otros léxicos teóricos, ya no desde una perspectiva sindical campesina clásica, sino desde lucha por la vida, por la dignidad y por el territorio. Esa fue una de las consignas de grandes movimientos que irrumpen desde finales de los ochenta. Y ese es otro horizonte teórico-político por fuera de las grandes estructuras partidarias, y lo marcan los movimientos indígenas y campesinos.

 

Leonardo Rossi.- ¿Qué espacios pueden pensarse a partir de esos horizontes?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Primero entiendo importante entender que atravesamos un ‘caos sistémico’, como dice (Immanuel) Wallerstein, y una ‘crisis de un patrón de saber-poder’ moderno, colonial, capitalista, patriarcal que tiene 500 años, como planta Aníbal Quijano. Si entendemos que es una crisis de larga duración no tenemos horizonte de largo plazo.

Hay que apoyar, por ejemplo, las experiencias urbanas de ayuda mutua, las mingas, las ferias, otras formas de economía que están disponibles y que mucha gente desarrolla para vivir. Todo ese repertorio de prácticas, que suele ser parte de una memoria indígena, nos sirve de referencia para fundar otro horizonte de sentido político.

 

Leonardo Rossi.- Un texto suyo reciente destaca que ‘se han formado muchos líderes pero pocas comunidades’ ¿cómo incorpora esa definición en este planteo de fundar nuevos horizontes políticos-epistémicos?

Carlos Walter Porto Gonçalves.- Fue una frase de un afro de Maranhao (Brasil), durante un congreso de la Comisión Pastoral de la Tierra (CTP), y realmente me conmovió. Justamente plantea eso, que durante las últimas décadas la formación política se centró en formar grandes líderes, que finalmente terminaron abasteciendo partidos y sindicatos pero no se construyeron lazos en las comunidades. Creo que es una gran verdad, porque la formación política también está en crisis y necesita un cambio en los procesos, en valorar las experiencias prácticas comunitarias. Pero me parece también que esa lucha emancipadora existe y avanza en varios lugares.

En México, el zapatismo es una referencia, pero existen a lo largo de ese país muchas otras, lo mismo en Colombia, y otros países con comunidades afro, indígenas, campesinas. Hoy, por ejemplo en Brasil, la CTP habla de territorio, más que nunca, y es una organización con extensión en todo el país. Se está trabajando en la recuperación de territorios, en pensar las cualidades territoriales locales y es importante ver cómo vamos conectando estas experiencias. Entonces frente a toda esa esquizofrenia política que mencionaba antes, donde estamos acabando el mundo, tenemos procesos locales muy ricos que me permiten tener esperanza.

 

Fuente:http://latinta.com.ar/2017/04/la-lucha-por-la-vida-por-la-dignidad-y-por-el-territorio-nos-marca-otro-horizonte-de-sentido-politico/

 

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“Es tiempo de crear, construir
y transitar nuevos caminos”.
Isabel Rauber

 

¿Alguien tendrá memoria de la primera convocatoria realizada en Colombia con el supuesto propósito de lograr la unidad entre las organizaciones sociales y políticas? ¿Sucedió hace 40 años? ¿O tal vez fue hace 3 décadas? ¿Quizás la convocatoria tuvo lugar hace 25 años? Como sea, desde varias décadas, una y otra vez los movimientos sociales y organizaciones políticas, a pesar de actuar enconchadas en su imaginario y diseño político, dicen buscar la unidad. Para lograrla han convocado infinidad de congresos, seminarios y talleres.

 

El pasado mes de marzo, durante los días 17 y 18, sesionó en Bogotá otro evento con igual postulado. Citación similar a la realizada hace varias décadas, o tal vez una, o tal vez cinco años atrás, o quizás el año inmediatamente anterior. Unidad, su necesidad es inobjetable, la pregunta vuelve y juega, ¿es posible?

 

La del 17 y 18 decía: “Asistimos a un momento que requiere un salto cualitativo [...]. La unidad política de todos los sectores partidarios y sociales [...]”.

 

¿Alguien está en contra de tal propósito? No. Desde hace cinco décadas, o desde hace unos pocos años, o desde el año inmediatamente anterior, todos los actores sociales dicen desearla, estar dispuestos a ella. Si es así, entonces, ¿por qué no se concreta?

 

Si leemos unos renglones más abajo de la cita ya relacionada encontramos una afirmación que dice mucho del objetivo pretendido con la unidad en los actuales momentos: “Si no se consolida el proyecto político de la unidad democrática, desde la construcción de poder popular, los acuerdos de paz no pasarán de ser buenos propósitos o efímeras reivindicaciones que pronto serán absorbidos por el modelo de dependencia y dominación”.

 

Hay que releer bien este párrafo para comprender, como también ocurrió en otros momentos de nuestra reciente historia nacional, por qué la unidad del campo popular termina siendo una quimera: “Si no se consolida el proyecto político de la unidad democrática [...] los acuerdos de paz no pasarán de ser buenos propósitos [...]”. La argumentación es categórica.

 

Ante tal afirmación cabe hacerse este par de preguntas –más allá de la importancia que le indilguemos al Acuerdo de paz en la coyuntura que corre: ¿Los acuerdos de paz compendian todos los contenidos por los cuales debe luchar la izquierda y el pueblo colombiano en este momento de su historia? ¿Si los acuerdos no recogen algunas o muchas de las necesidades inmediatas, mediatas y de más largo aliento con las cuales sueñan las mayorías nacionales, cómo será el contenido sustantivo de la unidad y el camino para lograrla?

 

En cuanto a que la unidad de la izquierda, incluso la que a toda vista es más difusa y difícil: la unidad democrática, sea la garantía para la realización de los objetivos de la paz, habría que decir que dado por sentado que el Acuerdo sí recoge lo fundamental de las reivindicaciones sociales, todavía será muy largo el trecho por caminar para su concreción, lo que demandará una manera muy distinta de accionar político para que amplios sectores sociales se sientan interpelados, convocados y, sobre todo, partícipes de un proyecto que sintetice sus necesidades. Por ello, más allá de la unidad, lo requerido es capacidad para sustentar y desplegar fuerzas en una disputa que de paso a una nueva relación poder tradicional – sectores alternativos, a través de la cual le quede claro al país nacional por qué, a pesar del Acuerdo firmado, las circunstancias de vida de las mayorías nacionales no varía, por qué la concentración de la riqueza y la desigualdad social prolongan su realidad de injusticia, por qué la violencia conserva sus dominios en muchos territorios del país, por qué la democracia continúa siendo una palabra vacía de sustancia, etcétera.

 

Insistimos: ¿Es posible sellar la unidad –la más ampliamente posible–, estableciendo en su centro un propósito que puede estar más acá y por lo tanto insuficiente ante las necesidades y afanes de quienes la izquierda dice representar, y más allá del conjunto de prioridades del tejido plural de los movimientos sociales y de la izquierda como un todo?

 

La respuesta ¡no! es categórica. Respuesta que nos invita a recorrer nuevas vías, a implementar otras formas de proceder, a girar, a romper con tradiciones políticas sepultadas por nuestros propios errores y por la historia misma.

 

Es claro. No es posible lograr la unidad del más amplio espectro social y político si ella está predefinida como vía para lograr el propósito central de uno o de varios proyectos de izquierda, sobre todo de quienes parecen que repiten el llamado a la unidad como si el problema fuera ella misma, como si la ‘cosa’ tuviera vida propia por fuera de un cuerpo –en este caso político y social– y de un tiempo, sin parar a preguntarse por qué ha sido imposible, tantas veces, sellarla como factor consustancial para un salto cualitativo y cuantitativo de quienes la pretenden.

 

Ahora sucede que el llamado a la unidad vuelve y queda en el aire –a pesar de supuestamente ser fundamental para la concreción de los acuerdos de paz–, pero si repasamos la historia reciente del país, seguramente encontraremos que la ‘unidad’ tenía como propósito, en unas ocasiones, ganar las elecciones, en otras lograr la liberación de los presos políticos, garantizar mayor presencia en uno u otro territorio de la geografía nacional también podía ser uno de los motivantes. Tales propósitos seguro que correspondían a necesidades sentidas en aquellos momentos por parte de uno u otro proyecto político, por lo cual tenían validez, pero con toda seguridad no cobijaban los intereses del conjunto político alternativo. Y con seguridad tampoco recogían los intereses y necesidades de las mayorías empobrecidas y marginadas, a las cuales se las ‘representa’ pero no se les consulta.

 

Una vez más. El propósito de la unidad es innegable en su imperiosa necesidad, pero la forma de procurarla no resulta procedente. Con seguridad, en los eventos realizados para discutir su necesidad todos, o la mayoría de los convocados, llegaron y expusieron sus argumentos –sus análisis de coyuntura–, en los cuales confirmaron de manera afirmativa la necesidad de la unidad, pero también, con seguridad, en los hechos siguieron concentrando sus fuerzas alrededor de la concreción de su ideario ideológico, político y lo que éste les indicara que era más imperioso, reforzando su proceder con lo indicado por su programa, mínimo y máximo.

 

Así, como en un diálogo de sordos, este tipo de eventos recorre, una y otra vez, un camino que a ninguna parte verdaderamente importante conduce, un reencuentro para saludos y despliegue de buenos propósitos que, cuando más, lleva a coordinaciones puntuales, bien para realizar un evento, una jornada de protesta, o realizaciones similares.

 

Sin embargo, volvamos a lo que nos dice Isabel Rauber, intelectual argentina que abrió el evento realizado en marzo anterior: “Es tiempo de crear, construir y transitar nuevos caminos”.

 

Y en esa orientación, las conclusiones del evento en cuestión realzan que “[...] el Método y la Ética es central para el ejercicio de una política renovada”. Método, categoría siempre relegada pues lo fundamental es el propósito y la seguridad en el objetivo central del proceder de cada proyecto político y social. Y ética, la cual, por descontado, se supone pulcra y unánime, pues el propósito de “liberación de la humanidad” así lo dispone.

 

Por fortuna los tiempos cambian. Ahora no es suficiente con acertar en el propósito central, ahora es indispensable establecer cómo proceder para su concreción. El Método, precisamente ese que es necesario explorar con nueva vista pues en los tiempos remozados que vivimos ya no es posible proseguir tras la ‘unidad’ –política– sin partir de las mismas luchas e imaginarios populares, de sus demandas inmediatas y mediatas.

 

Método, cambio de proceder para alcanzar un certero vínculo social, que nos obliga a alistarnos para realizar entre las diversas organizaciones y proyectos proclives a la ‘unidad’, una verdadera vuelta a Colombia a través de la cual identifiquemos en diálogo con las mayorías sociales– de las más diversas identidades y territorios–, intereses, necesidades y sueños, fruto de lo cual estructuremos una plataforma de lucha común con la cual construyamos una “unidad social”, algo más concreto que la “unidad política e ideológica”.

 

Tal vez si así procedemos, logremos romper el esquema y el dogma, los mismos que llevan a que cada cual parta para el análisis del país y de los tiempos que corren, únicamente de sus esquemas ideológicos. Actuar similar al adoptado, desde siempre, por iglesias e imperios, para los cuales los otros siempre fueron bárbaros y por ello era necesario someterlos. La pluralidad no tenía cabida en su lógica. Occidente enseña mucho sobre este particular.

 

Y la ética, esa misma que las mayorías encuentran totalmente marchita en el proceder cotidiano de los políticos, hay que fundirla como sello indeleble en el actuar de los sectores alternativos.

 

Es por ello que, en esa perspectiva de creación, de transitar nuevos caminos, de coherencia ética, mientras alcancemos esa edad de madurez que demanda la misma ‘unidad’, es indispensable superar la lectura y el interés de grupo y abrazar el interés mayoritario de los excluidos y empobrecidos. Mientras esto llega a ser una realidad, lo que corresponde de manera sensata en todas las organizaciones dispuestas a ello es la coordinación, la unidad de acción.

 

Diagnóstico reforzado por las mismas conclusiones emanadas por el evento unitario acá comentado, el cual enfatiza que el llamado a la unidad realizado por el mismo es: “[...] un hecho inédito e histórico [...]”!! ¿Hace cincuenta años, hace cuarenta, o hace un año, no se decía lo mismo?

 

Un lugar común. Como no lo fue otra de sus conclusiones: “[...] evaluar, crítica y propositivamente, las experiencias históricas pasadas y presentes...”.

 

Reto obligatorio de encarar sí de verdad existe disposición, como nos invita Isabel Rauber, para transitar nuevos caminos, pues como está comprobado, una y otra vez: “él que no conoce la historia está condenado a repetirla...”. Conocimiento que demanda de otro ingrediente de igual importancia: la disposición a reconocer los errores, a superarlos, dejando a un lado las agendas de grupo, las cuales presuponen que siempre sea más importante lo definido por mi colectivo que lo priorizado por los otros.

 

Propósitos, uno y otro, que no son factibles de materializar por fuera de la acción social concreta, pues solamente la necesidad obliga a romper con las pesadas herencias que todos y cada uno de los proyectos sociales y políticos cargamos.

 

Así lo enfatiza también Isabel Rauber: “Apostar a la construcción del protagonismo colectivo de los pueblos para construir la fuerza político-social de liberación es el factor neurálgico que marcará el rumbo y las dinámicas políticas del presente y el futuro inmediato en los procesos populares en curso en cada país y en la región. Es vehículo, también, para la construcción de la unidad de los pueblos”.

Publicado enEdición Nº234
Viernes, 28 Abril 2017 16:21

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

Rotundo: 6.165 ¡No!, 75 Sí

“Porque yo amo la tierra, amo el agua y amo estas montañas que me han dado de comer y me han acogido”. Así respondió don José Ananías Cárdenas a la pregunta ¿por qué se siente tan contento?, acababa de conocer los resultados de la consulta popular que en Cajamarca dio un rotundo No a la minería de Anglogold.

 

Llegó al cañón de Anaime hace más de 50 años, en calidad de desplazado de Paz de Río –Boyacá– por los impactos que en su propio territorio tuvo la extracción de hierro para la antigua Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Río. Fue conmovedora su expresión de júbilo, momentos después de conocerse en el parque central de esta pequeña localidad los resultados de la consulta popular. Sus manos se entrelazaron, miro al cielo en expresión de gratitud y lloró, “ahora sí puedo morir tranquilo” afirmó.

 

Poco después de las 4:00 p.m. de este domingo 26 de marzo, en Anaime, sitio donde nos encontrábamos era ya evidente que el No a la minería había sido la opción para los votantes. Apostados en la puerta del salón, quienes habíamos acudido como veedores, nos dimos cuenta que en el recuento, el montoncito de papeletas que se decidieron por el no crecía sin cesar, a su lado, sólo 5 electores habían votado sí a la minería.

 

Resultados similares se obtuvieron en Cajamarca así como en la vereda El Cajón –tercer puesto de votación–, lugar éste último donde de 105 votos, dos no habían sido marcados y por tanto eran nulos, 103 votos dijeron no a la minería. El No arrasó. Voladores al cielo, intervenciones de los pobladores, agradecimientos a los acompañantes y una atmósfera de emoción envolvió este pequeño corregimiento.

 

Los cajamarcunos expresaban así, su desacuerdo frente a la pretensión por parte de la multinacional Sudafricana Anglogold Ashanti (AGA) de explotar oro en un territorio eminentemente agrícola y forestal. De adelantarse este proyecto, La Colosa sería la más grande mina de oro a cielo abierto en América Latina.

 

Ante la pregunta ¿Está de acuerdo si o no con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?, 6.165 ciudadanos votaron No, frente a una pequeña minoría (75 votos) que se decidieron por el Sí. Algunos habitantes del cañón de Anaime, expresaron que la lucha no ha sido fácil y haciendo uso de un pasaje bíblico, señalaron que “esto ha sido como el enfrentamiento entre David y Goliath”

 

Un enfrentamiento en el que evidentemente el campesinado, es la parte más débil de la contienda. En algo más de una década de presencia en este municipio, la multinacional –tercera en el mundo en cuanto a explotación de oro se refiere–, ha hecho uso de diversas estratagemas para hacerse con los terrenos en donde se adelantaría la explotación de más de 24 millones de onzas de oro, según estimaciones hechas hacia el año 2012.

 

Proyecciones que con el correr de los años se han incrementado entre 4 y 9 millones de onzas (La Corporación Geoambiental Terrae apoyados en cifras de la propia empresa, maneja la cifra de 33 millones de onzas) quizá porque como es conocido en el municipio “han estado adquiriendo terrenos a través de terceros, a consecuencia de lo cual hoy tienen alrededor de 10.000 hectáreas en toda Cajamarca” sostuvo Jimmy Torres de la organización Conciencia Campesina, “dicen que para reforestación, pero nosotros sabemos que eso no es cierto” señaló Gustavo Roa, concejal de Cajamarca.

 

En todo caso, desde que reveló su verdadera identidad –llegó a Cajamarca como Kedhada S.A.Colombia alrededor del año 2000–, “la multinacional se ha paseado por estas tierras como Pedro por su casa”. Testimonios de campesinos de la vereda La Alsacia y el Cajón dan cuenta de cómo el territorio ha sido explorado palmo a palmo. “Eso era pa´allá y pa´acá por todo ese cerro [...] dijeron que lo iban a tumbar y que eso iba a quedar una llanura dizque muy bonita”, “pasaron con helicóptero y de la parte delantera colgaba un aparato, que creemos era un detector de metales. Eso pasaban bajito, bajito y a uno le da una rabia, una impotencia”, y alguien más señaló “acá vinieron cuando yo no estaba porque a veces me voy para Ibagué, vinieron con unos aparatos y perforaron un hueco arriba al lado de un nacedero, ese nacedero se secó, cuando yo vine ya no había agua, nadie me pidió permiso”.

 

Mentiras, cooptación, división de la población, presiones indebidas, forman parte de su proceder, por eso y por el poder económico que tiene, muchos de los pobladores de Cajamarca entienden que los resultados de la consulta son un inmenso logro que corona un esfuerzo iniciado por un puñado de habitantes desde el año 2013, cuando bajo la administración de Evelio Gómez se empezó un trabajo de socialización con las comunidades en torno a los beneficios que les reportaría en la defensa del territorio la realización de una consulta popular.

 

El camino no ha sido sencillo. Aunque la atención suele dirigirse a la contienda jurídica, lo cierto es que los resultados de la consulta son fruto del esfuerzo que por años sostuvieron personas que lo han dado todo –incluso la vida– por la defensa del lugar que los ha visto nacer o que los ha acogido. Los costos sociales y humanos son invaluables y forman parte de los 10 años de historia de la primera consulta popular que se hace en el país por iniciativa ciudadana.

 

Una historia que empieza en el momento mismo en que la AGA en el 2007, hace pública su intención de explorar y explotar oro en estas montañas de la Cordillera Central. Para entonces y entendiendo ya los riesgos que entrañaba la explotación a gran escala del preciado metal, un pequeño grupo de personas se dio a la tarea de pensar qué opciones tenían a mano para proteger el territorio y su permanencia en el.

 

La primera posibilidad que visibilizaron –hace ya más de diez años– “fue demandar ante el Estado colombiano la protección y garantía de los derechos fundamentales de los pobladores de Cajamarca” señaló Robinson Mejía del Colectivo socio-ambiental de Cajamarca –Cosajuca–, un par de años más tarde, pensaron en la posibilidad de realizar una consulta popular autónoma, que no prosperó porque como afirma Mejía “El gobierno nacional saca decretos para impedir que este tipo de iniciativas prosperen, para quitarle el poder de decisión a las comunidades y la competencia a los entes territoriales”. Se deciden entonces por el camino de la iniciativa ciudadana para respaldar la consulta popular.

 

Una vía también plagada de trampas y recovecos. La AGA ha acudido en diversas oportunidades no sólo a mecanismos de carácter jurídico para evitar la realización de la consulta popular –cuatro tutelas, una de las cuales fue interpuesta por el representante legal de la Asociación de Minería e Hidrocarburos, Alberto Enrique Cruz Tello, persona que según comentó en medios locales el alcalde de Ibagué –Guillermo Alfonso Jaramillo–, es socio de la AGA e impidió con este mismo recurso la realización de la consulta popular minera de Ibagué en octubre de 2016 y una acción de desacato contra el Tribunal Administrativo de Ibagué, que todavía está en curso.

 

De carácter extra-jurídico lo es la cooptación y la manipulación de la propia población y sus autoridades. Es conocido en el municipio que el actual alcalde Pedro Pablo Marín es una pieza de su maquinaria. A la pregunta de por qué el actual alcalde de Cajamarca puede ser considerado una ficha de Anglogold, Mejía contesta “La campaña del actual alcalde de Cajamarca fue financiada por la Anglogold Ashanti AGA [...] “Los trabajadores de la multinacional participaron de la organización de la campaña”, y “Anglogold realizó una reunión en las oficinas que tiene en el pueblo, a la que citaron varios líderes de la región para definir que el candidato fuera el actual alcalde”.

 

Por su parte, Gustavo Roa Torres concejal de Cajamarca refiere su proceso de elección. “Pedro Cruz no tiene trayectoria política reconocida en este municipio y sólo en mes y medio de campaña logró una votación de 4.756 votos, algo que quienes viven en el municipio y han aspirado a cargos de elección popular sólo logran con un trabajo arduo y sostenido de varios años”. A su entender, eso sólo fue posible gracias al apoyo económico brindado a esta candidatura por la multinacional.

 

“Ellos no sólo lograron cooptar a los funcionarios de la administración municipal, también lo hicieron con los del Hospital y con los contratistas y formaron un comité pro-abstencionista”, añadió Roa. “Los trabajadores y sus familias hacen lo que les diga la empresa y les compensan con viajes y ese tipo de cosas”, señaló frente al tema Robinson Mejía. La multinacional ha copado espacios dentro de la administración y dividido a la propia población y eso es así, aunque en pronunciamientos públicos tanto la empresa como el alcalde y sus funcionarios expresen ser respetuosos de las decisiones del pueblo.

 

En días previos a la consulta popular, fue un rumor constante entre los pobladores que “los pedrunos”, electores del actual alcalde Pedro Pablo Marín Cruz (del partido de la U y sucesor de William Póveda) “tenían la orden de abstenerse de votar”, señaló Olga Castro en un intento por impedir que se alcanzara el umbral necesario para que la consulta fuera un hecho.

 

En cuanto se dio inició el proceso, “Anglogold indujo a sus trabajadores a impugnar la iniciativa” y en días anteriores, cuando era necesaria la recolección de firmas, destacó parte de su personal “para que hicieran lo mismo, con el ánimo de confundir a la población”, aseguró Mejía.

 

Al día de hoy, la movilización en contra de La Colosa, ha ofrendado varias vidas, “vivimos con la certeza de que podemos perder la vida, vivimos con zozobra, sufrimos constantes amenazas y nuestras familias viven en la angustia”, comentó Robinson Mejía. Hemos sufrido igualmente la estigmatización de un sector de la población por ser “jóvenes y mechudos”, o “de la fuerza pública por ser, según ellos, de izquierda o miembros de la guerrilla [...]. No tenemos fácil acceso a los medios de comunicación de carácter nacional” y todo ello se conjuga para “invisibilizar el movimiento social, para invisibilizar la consulta popular”, afirmó por su parte Jimmy Torres de Conciencia Campesina. Y aunque el panorama pareciera un poco gris, el movimiento ha crecido, muchos de los familiares de [email protected] activistas apoyan ahora la movilización de las distintas organizaciones que en Cajamarca e Ibagué están por la defensa del territorio.

 

Para los pobladores de Cajamarca, los resultados de esta consulta son un tributo muy merecido a tantos años de lucha, a las vidas ofrendadas. La exigencia ahora es que el Estado colombiano de fiel cumplimiento a la voluntad de los electores expresados en la consulta.

Publicado enEdición Nº234
Asesinatos de líderes sociales alarma a HRW

A las voces que alertan sobre el incremento de agresiones a defensores de derechos humanos, se sumó ayer la ONG Human Rights Watch (HRW), que, además pidió al Gobierno nacional redoblar esfuerzos para protegerlos e investigar los homicidios ocurridos en el país y que según algunas organizaciones alcanza los 120 en los últimos 14 meses.


La Defensoría del Pueblo, la ONU, Somos Defensores, entre otras entidades, habían llamado la atención sobre lo que estaba ocurriendo en el país y coincidido en que muchos de estos asesinatos se han presentado en antiguas zonas de influencia de las Farc y que fueron dejadas tras el traslado de los guerrilleros a las zonas veredales.


“El proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el estado de derecho en zonas asoladas desde hace tiempo por la violencia y los abusos”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Agregó que “sin embargo, es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia”.


Para documentar la solicitud, la ONG incluye casos puntuales de activistas asesinados en lo que va corrido de este año, como el de José Yimer Cartagena Usuga, cuyo cuerpo apuñalado fue hallado en Carepa, Antioquia, el 10 de enero. Cartagena era vicepresidente de una organización local de campesinos y miembro de la comisión de derechos humanos de Marcha Patriótica, un movimiento político y social nacional de izquierda.


De la misma manera Feiver Cerón, presidente de un consejo comunitario local fue encontrado muerto en Mercaderes, Cauca, el 18 de febrero. Las investigaciones preliminares concluyeron que el cuerpo presentaba 11 heridas de bala, según señaló una organización local de derechos humanos.


Recordó HRW que “el 30 de enero Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas, dijo que, desde el 30 de noviembre de 2016, cuando el Congreso aprobó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, 17 activistas habrían sido asesinados. Somos Defensores, una de las principales organizaciones de Colombia que denuncia abusos contra activistas, ha recibido información de que 25 líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil habrían sido asesinados desde el inicio de 2017 y ha confirmado que 20 eran efectivamente activistas de la sociedad civil. Somos Defensores todavía no ha confirmado si los otros cinco restantes eran activistas”.


Así mismo, a través de un comunicado la ONG con sede en Estados Unidos, indicó que “la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que, en 2016, fueron asesinados 60 defensores con un rol de liderazgo, lo cual representa un aumento significativo respecto de los 41 que documentó en 2015. Somos Defensores informó 80 asesinatos en 2016 y 63 en 2015. La mayoría de las víctimas no había sufrido amenazas y, por lo tanto, no contaba con protección”.


Ante este panorama, dijo el director de HRW para las Américas que “el único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”.


Recordó HRW que para Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se considera defensor de derechos a cualquier persona que, en forma individual o conjunta, intenta promover o proteger derechos, incluidos sociales o de los trabajadores. “Sin embargo, ambas organizaciones sólo informan sobre asesinatos de defensores que consideran que tienen un rol de liderazgo. Estas organizaciones no establecen si el homicidio se debió a la labor realizada por el activista, pues consideran que esa determinación corresponde a las autoridades colombianas”.


Entre los que se sospecha que han sido víctimas de abusos en 2016 se encuentra Henry Pérez, presidente de una organización comunitaria, cuya desaparición del municipio de Tibú, en el noreste del país, se denunció a fines de enero de 2016. “Pérez aún no ha sido hallado y su caso no ha sido resuelto. Su esposa ha recibido amenazas instándola a que deje de buscarlo, según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que realiza un seguimiento de las políticas de paz en Colombia”, indicó HRW.


Las zonas


De acuerdo con el informe de la ONG, numerosos abusos en contra de defensores han ocurrido en áreas donde las Farc solían tener presencia militar.


“A medida que las Farc se desmovilizan, los delitos y actividades de otros grupos armados se han intensificado en algunas de esas áreas, sobre todo donde hay actividades rentables de tráfico de drogas y minería ilegal”, señaló.


Entre los municipios que solían tener presencia de las Farc y “en los cuales han ocurrido niveles altos de abusos en contra de activistas se encuentran Tumaco, en Nariño; El Tambo, en Cauca; y El Bagre, en Antioquia”.


Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, más del 60% de los homicidios que denunciaron se produjeron en áreas donde antes hubo presencia militar de las Farc.
“El 3 de marzo, el Defensor del Pueblo de Colombia manifestó que el acceso por parte de otros grupos armados a territorios antes controlados por las Farc había expuesto a abusos a los activistas de derechos humanos”, recordó la ONG.


Somos Defensores y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia indican que, aparentemente, la mayoría de los asesinatos habrían sido cometidos por grupos sucesores del paramilitarismo.


“Si bien la Fiscalía realizó importantes avances en 2016 y logró cuatro condenas en casos de activistas asesinados ese año, aún no ha habido imputaciones en la mayoría de los homicidios de defensores cometidos en 2015 y 2016”, indicó.
“El único modo de garantizar que los activistas de derechos no sean disuadidos de la posibilidad de ejercer su rol clave en la búsqueda de una paz justa en Colombia es asegurar que los homicidios se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia”, manifestó Vivanco.

 

Abril 25, 2017 - 02:15 AM

Publicado enColombia
El presidente Santos habla con una guerrillera durante su visita a una zona veredal.

 

Dos líderes sociales fueron baleados esta semana en Colombia, al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz.

 

Desde Medellín

 

Esta semana las muertes tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia no dieron tregua. Dos líderes sociales fueron baleados al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerrilla más antigua del continente. Y aunque los homicidios a manos de esa guerrilla cesaron provocando bajas en las estadísticas, va en aumento la violencia contra los pacifistas que lideran procesos campesinos, indígenas, de mujeres o afros, las poblaciones más vulneradas a lo largo de décadas conflicto armado interno y siglos de una violencia que no cesa aunque muestra cifras esperanzadoras y contradictorias a la vez.

Gracias al cese unilateral y luego bilateral al fuego entre gobierno y Farc, la tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue la más baja registrada desde 1974. Sin embargo, aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12 mil asesinatos en todo Colombia el año pasado. Unos 130 a líderes, y 33 desde que comenzó la implementación de la paz, 1 de diciembre también llamado Día D.

En el tratado firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe de la Farc, se contemplan medidas de protección entre muchas una Comisión de Garantías para el ejercicio de la política desde todas las orillas del pensamiento sin temor al homicidio. Los casos que se sumaron esta semana, Gerson Acosta indígena del Cauca y Rubiela Sánchez en Antioquia, engrosan la lista dolorosa de quienes, sin armas, han resistido ciclos de violencia, expulsión de sus territorios, muerte de seres queridos y amenazas y hoy son alcanzados por las balas, sin protección del Estado. También el Acuerdo de Paz incluye la seguridad para los integrantes de Farc que salgan de cárceles y todos aquellos que están en zonas veredales y puntos de normalización (zonas de paz) y que próximamente regresarán a la vida civil. Ni lo uno ni lo otro se ha implementado y la Unidad para desarticular el paramilitarismo creada en la Fiscalía no muestra resultados después de que su primera directora, Alexandra Valencia, fuera despedida del cargo.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han venido alertando sobre los grandes riesgos que corre Colombia por la falta de cumplimiento del gobierno en la implementación del ya firmado y refrendado tratado de paz.”El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso”, dijo Tod Howlando de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia recientemente levantando polémica. En dichos incumplimientos está también la construcción de campamentos y adecuaciones de las zonas de paz que debieron estar listos el DÍA D y aún continúan a medias. También, las amnistías e indultos que se esperaban por más de mil para esta fecha habiendo logrado apenas casi un centenar, pues los jueces empezaron negando las amnistías, luego salieron a paro, y ahora el alto gobierno entrega certificaciones de que quienes serán excarcelados son guerrilleros de a poco.

Ese fue el caso de Luis Alberto Ortiz Cabezas conocido como Pepe, quien llevaba apenas un par de semanas en su casa, cuando llegaron hombres armados y le propiciaron tres disparos. El primer ex guerrillero de las Farc asesinado se encontraba en la localidad de Tumaco, Nariño, al Sur del país. El secretariado de las Farc mostró su preocupación, entre tanto la Fiscalía dijo que investigará con prioridad este homicidio y envió un equipo especial a ese territorio por siempre complejo en materia de Derechos Humanos y poblado principalmente por negros e indígenas.

Desde la zona de paz donde se ubican las Farc, se emitió un comunicado que cuestiona el accionar del Estado. “¿Qué están haciendo las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados, que no cuentan con protección alguna; pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de los excarcelados es condición para garantizar una paz estable y duradera y en cuánto a la protección de nuestro tránsito a convertirnos en un partido político civil, se refiere?”

En Tumaco las últimas semanas han sido convulsionadas por las protestas de los campesinos cultivadores de coca que protestan en vías públicas reclamando que, a pesar de que firmaron un acuerdo derivado de los Diálogos de La Habana para sustituir voluntariamente la hoja de coca, el Ejército está erradicando forzosamente. Los abusos de la Policía han sido evidenciados en videos que circulan en la web donde muestran a los agentes disparando contra la población civil y hombres campesinos heridos por doquier.

La preocupación se extiende hasta Chocó y Urabá donde tropas paramilitares continúan avanzando a caseríos lejanos sin que la Fuerza Pública llegue a dichos lugares a actuar contra éstos. Así lo han denunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por su parte Amnistía Internacional generó alertas esta semana que termina haciendo eco de dichas denuncias y exhortando al presidente Juan Manuel Santos y la Fuerza Pública a cumplir su mandato de proteger a sus ciudadanos.

Según la Comisión Interclesial también en Buenaventura, Valle del Cauca, los “paras” están abiertamente ocupando los territorios dejados por Farc. “El viernes 21 de abril, a las 10:00 p.m. en el asentamiento indígena Woaunaan Phobor, Corregimiento de Córdoba, kilómetro 20 de la vía Buenaventura, Cali, cinco hombres presuntamente de la estructura paramilitar de los Urabeños con armas cortas, vestidos con prendas oscuras y linternas, ingresaron al caserío de la comunidad y hasta la madrugada merodearon al rededor de las viviendas”, dice la Comisión en comunicado público.

 

 

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“La impunidad tapa el 90% de las violaciones de derechos humanos en Colombia”

La activista proderechos humanos Milena López Tuta describe una Colombia alejada de la paz y con heridas abiertas como la presión a las comunidades locales por parte del Estado y de los paramilitares

 

“La realidad es diferente de la que se representa en los medios. Incluso algunos colombianos se han creído que estamos en una situación de paz cuando la situación de los derechos humanos está empeorando”, explica Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, que describe una Colombia distante de la imagen de “postconflicto” que parece haberse instalado en la opinión pública occidental desde el inicio de las conversaciones entre el Estado y la guerrilla.


López, que estos días realiza una gira por varias ciudades españolas para hablar de la situación de su país –en Zaragoza y Huesca participa en los actos de la Semana de la Tierra que organiza Ecologistas en Acción-, sostiene que Colombia, donde los conflictos armados han generado seis millones de desplazados en apenas 30 años, sigue lejos de la paz pese a las conversaciones entre Gobierno y guerrillas: “Hay intereses económicos sobre los territorios, el Estado es servil con esos intereses, y mientras sigan seguirá generándose violencia”.


- Nos han contado que en Colombia la paz estaba hecha, pero ¿cómo están las cosas en realidad?


La gente cree que estamos en postconflicto y que el último día de guerra fue en octubre, pero para las comunidades [locales] eso no es así, porque el conflicto no ha cesado, sino que continúa intensamente. Los gobiernos no están teniendo ningún interés en lograr un compromiso para que haya paz.


- Pero sí está habiendo conversaciones...


El Gobierno llama paz a la desmovilización de las guerrillas y de los fusiles, pero para nosotros la paz tiene que ver con la garantía de derechos, con la permanencia digna en los territorios, con la soberanía. Sin embargo, en los últimos años se están dando una serie de reformas legales que van en detrimento de esos derechos fundamentales.


- ¿De qué tipo de medidas se trata?


Por ejemplo, aumentar el salario mínimo un 7% y luego elevar los impuestos como el IVA un 19%. Eso desmejora las condiciones de vida de la gente. Hay reformas como las zonas Sidre, para la reindustrialización, que en realidad buscan legalizar el despojo que los paramilitares, los propietarios y los industriales han hecho a sangre y fuego. Y la Ley de Seguridad Ciudadana penaliza acciones como salir a una vía a protestar, hacer plantones o entrar en una institución. Eso ahora se ha judicializado.


- ¿Qué penas puede acarrear una acción de ese tipo?


Está el derecho a la protesta, pero si sales y paralizas una vía eso es obstrucción y las penas son de más de cuatro años, y pueden llegar a veinte y más...por protestar. Y ahora se está reformando el Código de Policía, que permite entrar en las casas sin orden judicial y que permiten detenerte si consideran que estás en estado de alteración o que puedes suponer un riesgo.


- ¿Ese proceso de endurecimiento de las leyes no se está dando en toda Latinoamérica?


Es una medida de los distintos regímenes para evitar que el pueblo se organice y se movilice y para garantizar los macroproyectos extractivos. No va a haber una paz real mientras el Estado continúe con su política mineroenergética. Por un lado se habla de paz, pero por otra continúa la explotación de los territorios. El Estado busca la pacificación de los territorios para evitar un obstáculo a las empresas transnacionales.


- Pero las movilizaciones de las comunidades para conseguir esa permanencia siguen.


El 21 de marzo fueron detenidos en el sur de Bolívar cuatro dirigentes sociales que participan en una mesa de interlocución con el Estado y que habían hecho denuncias concretas sobre megaproyectos como el de la Ruta del Sol, o sobre el impacto ambiental de la navegabilidad del río Magdalena y las macroextracciones mineras o la presencia paramilitar en la zona. Les pasaron la cuenta por oponerse a proyectos que contrarían los derechos fundamentales de la gente y ponen en peligro la permanencia de las comunidades.


- ¿Cuál es su situación?


Para la Fiscalía, deben estar presos porque constituyen un peligro para la sociedad, aunque a Milena Quiroz, portavoz de la comunidad ante la Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular, le sustituyeron la cárcel por arresto domiciliario por ser madre. Pero no puede cumplirlo allí sino en Medellín, donde no tiene gente. Eso es una forma de destierro. La mesa en la que participan es producto de las movilizaciones y tiene como objetivo buscar soluciones por la vía pacífica y del diálogo, pero este es el resultado de la paz que realmente estamos viviendo en la región.


- ¿Qué nivel de violencia vive el país?


El año pasado fueron asesinados 120 dirigentes sociales en Colombia y este año ya llevamos treinta, dentro de un total de 156 ataques y sin contar la gente que diariamente está siendo asesinada en los territorios. Hay una agresividad especial contra las mujeres dirigentes de movimientos sociales, con asesinatos, amenazas y judicializaciones. El Gobierno ha sido claro en plantear que las organizaciones guerrilleras están en procesos de diálogo tendente a parar el conflicto armado, pero que continúa el conflicto social y político. La arremetida va a venir contra nosotros.


- ¿Cuántos de los autores de esos asesinatos han sido detenidos o identificados?


La situación de impunidad en los casos de violación de los derechos humanos llega al 90%. Solo algunos casos han tenido un impulso de la investigación por la presión social y el acompañamiento internacional. Hemos tenido que acudir a la Corte Interamericana para que se investigue. La impunidad es una herramienta más para reprimir.


- ¿Mientras se producen esos diálogos con las guerrillas, con los movimientos sociales al margen, qué ocurre con los paramilitares?


Los grupos paramilitares siguen. Una de las exigencias de los movimientos sociales al Gobierno es que, si estamos avanzando hacia la paz, la desmovilización de las guerrillas es solo una parte. Pedimos como garantía el desmonte real de las estructuras paramilitares que siguen actuando en los territorios tanto militar como políticamente. Vemos de buena manera que el ELN plantee claramente la necesidad de que la sociedad civil participe en las propuestas de paz. Las nuestras son esos planes de vida que hemos venido defendiendo a través del tiempo, de la movilización y de la construcción social.


- Pero sí existe una Mesa Social de la Paz ¿Qué ámbito tiene?


Es una iniciativa del movimiento social de ámbito estatal con mesas regionales que elaboran propuestas. Es una mesa complementaria de las del ELN y las FARC pero independiente, porque consideramos que la mesa sobre el conflicto político, social, cultural y económico debe seguir andando al margen de la revisión del armado. Estamos aportando a ese proceso. Si no se solucionan estos otros conflictos se van a generar otros tipos de violencia, y la paz quedaría en ‘veremos’.


- ¿Cómo va el Gobierno a esta mesa?


Tenemos la experiencia de la Cumbre Nacional Agraria, que tiene una mesa de interlocución cuyos acuerdos han sido sistemáticamente dejados de lado por el Estado. Por eso el movimiento social hemos hecho uso de la movilización, para pedir el cumplimiento de esos acuerdos y pedir la participación real de la sociedad civil en la construcción de la paz.


- ¿Qué papel juega el narco en todos estos procesos?


El tema de la droga está muy ligado a las estructuras del Estado. Por eso no hay un interés real en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido una excusa del Gobierno para arremeter contra el campesinado. En Arauca, por ejemplo, la coca la erradicó el campesinado con organizaciones como la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos. Pero el Estado no tuvo ningún interés en apoyar al campesinado para implementar otros proyectos agropecuarios. Hoy, en el marco de los Acuerdos de La Habana, están erradicando los cultivos que habían quedado

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