La estética del miedo: el conflicto de la frontera norte ecuatoriana en los medios de comunicación

El cambio de gobierno en Ecuador a partir de la victoria del presidente Lenín Moreno ha traído novedades a un país que se había caracterizado por la reducción de homicidios y los episodios de violencia común en los últimos años.


Los atentados y el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas en la frontera norte con Colombia han desatado la alarma entre una población que podría llegar a apoyar el regreso de la base militar estadounidense expulsada durante el mandato de Rafael Correa. En este contexto, los medios de comunicación masivos parecen aceptar de manera poco crítica la dudosa gestión del suceso por parte de un gobierno que ha declarado la guerra a un disidente de las FARC, supuesto autor de los asesinatos y convertido en la cara visible de un conflicto de gran complejidad.


Esmeraldas es el nombre de la provincia que conecta a través de la costa a Ecuador con Colombia. La situación de aislamiento geográfico y la cercanía al territorio donde operan grupos criminales vinculados al narcotráfico hicieron de esta zona fronteriza un área de tránsito de gran complejidad que, a inicios de año, se convirtió en noticia tras los ataques con coche bomba a sedes de la Policía Nacional del Ecuador. Dos meses después, la sociedad quedaba conmocionada por el secuestro de tres periodistas del diario El Comercio que habían sido desplazados a la zona para cubrir lo que empezó a denominarse conflicto de la frontera norte.


Tras dieciocho días de secuestro, el presidente Lenín Moreno comunicaba a la población, con gran emotividad en sus palabras, la confirmación del asesinato de los tres ecuatorianos. El pronunciamiento oficial se producía después de que la noticia abriera los medios colombianos, dando lugar a especulaciones y confusión entre las familias de las víctimas. En ese momento, el presidente anunciaba un despliegue militar para capturar a Wálter Artizala, conocido como Guacho, supuesto responsable de la muerte de los tres periodistas y de otros miembros del ejército que fallecieron en el ataque.


El vídeo grabado por el periodista Javier Ortega como prueba de vida permitió identificar al Frente Oliver Sinisterra y a su líder, Guacho, como autores de los atentados y asesinatos que habían conmovido al país. Los medios de comunicación difundieron la imagen y el perfil del Guacho hasta la saciedad: el terrorista que había puesto en jaque al gobierno de Lenín Moreno era un joven semi-analfabeto, desvinculado de la guerrilla desmovilizada de las FARC, y conectado a organizaciones de narcotráfico con presencia en la zona.


Un mes después de que los asesinatos fueran confirmados, la presencia del ejército en el territorio de Esmeraldas aún no ha logrado la captura de Guacho ni la localización de los cuerpos de los periodistas asesinados, petición expresa de las familias al presidente Moreno.


Estrategias de terror


Los sucesos ocurridos en los últimos meses han posicionado en los medios de comunicación ecuatorianos una agenda informativa habitual en otros países de la región con presencia de organizaciones criminales y amenazas a las vidas de periodistas que no se daban en el país andino, hasta este momento. Las representaciones realizadas por los medios de un conflicto relativamente nuevo no pueden dejar de ser conectadas con otra serie de acontecimientos y cambios que se están produciendo en la actualidad, y que remiten a estrategias de terror identificadas en otras latitudes del continente.


La estética del miedo como arma de guerra psicológica es un recurso utilizado por los cárteles del narcotráfico para generar terror en la sociedad. La violencia empleada en los crímenes, las amenazas constantes, la exposición de muñecos ahorcados a la vista pública, se convierten en mensajes dirigidos a la población y amplificados por unos medios de comunicación que aún deben resolver el profundo desafío de cumplir con su labor informativa sin caer en el juego cómplice del poder.


Aunque se trata de hechos muy recientes, es posible percibir en la sociedad ecuatoriana una serie de discursos que evidenciarían el impacto del tratamiento informativo de los sucesos ocurridos. La difusión de la imagen de los periodistas con cadenas al cuello durante su captura y, posteriormente, de sus cadáveres, o la repetida de Guacho portando armas en actitud desafiante, representan una estética del miedo que termina generando una reacción de terror en la esfera pública.


Coincidiendo con otros episodios de violencia en los que se hizo hincapié en la nacionalidad del agresor, el miedo ha generado reacciones diversas en la sociedad ecuatoriana, casi todas ligadas a una emocionalidad desbordada y un dañino e inusual sentimiento nacionalista expresado en discursos xenófobos dirigidos hacia población colombiana y venezolana.


La percepción constante de una situación de amenaza y su direccionamiento hacia ese otro (un otro extranjero, violento, pobre) facilita el debilitamiento de resistencias a las formas de control, incluida la militarización del territorio que, en el caso de Esmeraldas, conforma una zona económicamente deprimida, con mayoría de población afrodescendiente y de escasas oportunidades laborales.


Consecuencias en lo político


Los episodios de violencia ocurridos en el norte ecuatoriano, acompañados de falsas amenazas de bomba en otros puntos del país, han provocado, o coincidido, con medidas que parecen delinear un nuevo escenario de alianzas de un gobierno cada vez más distanciado del legado de Rafael Correa.


Como consecuencia inmediata a la amenaza de Guacho (presentado siempre por su pasado vinculado a las FARC), el presidente Lenín Moreno anunció la retirada de Ecuador como facilitador de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de José Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), sin que aún haya sido aclarada la relación de la actividad de Guacho con un proceso de paz reclamado por el país vecino.


Con todo, lo que más incredulidad genera entre una parte de la población crítica con la gestión de la crisis es el acercamiento del gobierno ecuatoriano a Estados Unidos a través de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad dirigido a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se produce casi diez años después del cierre de la base militar ubicada en Manta.


El convenio, firmado recientemente, se llevó a cabo después de la notable cobertura a las declaraciones del embajador Todd Chapman sobre los sucesos ocurridos en la frontera y la eliminación, días antes de que se produjeran los secuestros, de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador, decisión tomada “recogiendo el clamor ético de la ciudadanía”, según anunció el presidente Moreno.


Las medidas tomadas por el Gobierno coinciden, también, con un contexto de acusaciones por parte de Moreno sobre una supuesta colaboración de su antecesor, Rafael Correa, con las bandas criminales que habrían desencadenado el episodio de violencia actual, así como con la salida a la luz de la situación en un territorio conocido en la ruta del narcotráfico hacia el norte, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, personas, madera y minerales.


Estas medidas del gobierno y las nuevas alianzas en política exterior invitan a prever un escenario de durabilidad del conflicto para el que todavía no han dado respuesta unos medios de comunicación concentrados en el aspecto emocional de un suceso que de manera trágica ha impactado en la profesión. Hasta el momento son escasas las voces críticas que han denunciado la militarización de un territorio ya golpeado y cómo la coyuntura ha sido hábilmente utilizada por Estados Unidos para generar nuevas alianzas y ganar presencia en un contexto que en los últimos años había rechazado, y denunciado, su participación en cuestiones de índole interna.

 

Shura Rosero  / Mª Cruz Tornay
www.revistapueblos.org
2018-05-25 10:10:00

Publicado enInternacional
Sensor con bacteria permite diagnosticar males gástricos

Investigadores estadunidenses desarrollaron un sensor equipado con una bacteria genéticamente modificada que se puede ingerir para diagnosticar sangrado en el estómago u otros problemas gastrointestinales.

De acuerdo con un estudio publicado este jueves en la revista Science, el proyecto combina sensores de células vivas con electrónica de ultra bajo poder que convierte la respuesta bacteriana en una señal inalámbrica que puede leerse con un teléfono inteligente.

"Al combinar sensores biológicos modificados con electrónica inalámbrica de baja energía, podemos detectar señales biológicas en el cuerpo y en tiempo casi real permitir capacidades de diagnóstico para aplicaciones de salud humana", explicó Timothy Lu, profesor asociado de ingeniería biológica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y uno de los autores del artículo.

Probado en cerdos

Según el trabajo, los sensores pueden responder al hemo, componente de la sangre, y funcionan en cerdos. Los científicos también diseñaron sensores que pueden responder a la molécula tiosulfato, marcador de inflamación.

Con anterioridad, los biólogos sintéticos diseñaron bacterias que responden a estímulos como contaminantes o marcadores de enfermedades y producen luz, pero normalmente se requiere equipo de laboratorio especializado para medir esta respuesta.

"Nuestra idea fue empaquetar las células bacterianas dentro de un dispositivo", señaló Phillip Nadeau, otro de los autores y ex estudiante de posdoctorado del MIT.

Periodismo y poder: ¿traición o independencia política?

La detención en Kiev del periodista del portal RIA Novosti Ukraina Kiril Vishinski puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre periodismo y poder, ya que enseña el abuso de los Estados frente a la labor de información y opinión de los medios.


Sólo en 2017 fueron reportados 85 casos de agresión física en relación a los periodistas en Ucrania. Varios fueron asesinados en 2014 y 2015, a la vez que el país restringió el trabajo de los medios denegando el acceso al país a los reporteros de Rusia. En marzo de 2016 fueron suspendidas las acreditaciones de 115 medios rusos.


Vishinski fue acusado de "alta traición y presunto apoyo a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk" y se le dictó arresto de 60 días sin fianza. Ese tipo de acusaciones remiten a la Guerra Fría y a situaciones bélicas, que suelen ser las ocasiones en las que el periodismo siente la presión del poder.
Los ataques a la libertad de expresión tienen una larga historia en el mundo. Quizá el caso más célebre fue el del escritor y periodista francés Émile Zola, quien en 1897 se implicó en el célebre 'caso Dreyfus', un militar francés, de origen judío, culpado falsamente por espía. El 13 de enero de 1898 publicó un largo artículo en el diario L'Aurore titulado 'Yo acuso', en el que demostraba las falsedades de los acusadores.


La edición del diario tuvo amplia circulación, con más de 300.000 ejemplares y fue una pieza central en la revisión del proceso. Sin embargo, el Gobierno francés condenó a Zola a un año de cárcel y a una multa de 7.500 francos, lo que lo forzó al exilio en Londres donde vivió de forma secreta para regresar recién cuando se había finalizado el proceso judicial. Vivió penosamente, ya que la justicia le embargó sus bienes y los grandes medios lo acosaron de forma permanente.
Aunque se trata de un caso muy particular por la notable influencia del escritor/periodista, no es el caso más sobresaliente. Las dictaduras en el Cono Sur de Sudamérica persiguieron y asesinaron al periodista argentino Rodolfo Walsh, cerraron el mítico semanario uruguayo Marcha y encarcelaron a su director Carlos Quijano y a colaboradores de la talla de Juan Carlos Onetti, quienes debieron exiliarse al salir de la cárcel.


El periodista estadounidense Gary Webb puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga, mostrando cómo los barrios negros fueron inundados de drogas para abastecer de dinero y armas a la CIA. En sus investigaciones denunció también a Luis Posada Carriles y a otros cubano—americanos involucrados en este negocio.


El 10 de diciembre del 2004, Webb fue encontrado muerto en su vivienda con dos disparos de revólver en la cabeza. A pesar de esto, la policía dijo que se trataba de un suicidio. Varias investigaciones han demostrado que en realidad se trató de un asesinato.


En Saigón, actual Ho Chi Minh (Vietnam), hay un museo dedicado a los horrores de la guerra de Vietnam, que cuenta con un exposición titulada 'Réquiem: por los fotógrafos que murieron en Vietnam e Indochina', donde se detalla que durante el conflicto armado murieron 135 reporteros gráficos: 72 periodistas vietnamitas del lado revolucionario, otros 11 del régimen de Saigón, 16 estadounidenses, 12 franceses y 4 japoneses, entre otros.


En las relaciones entre periodismo y poder, observamos un conjunto de violaciones sistemáticas que tienen algunos puntos en común, desde el caso Zolá hasta el de Vishinski.


Recordemos a Julian Assange, cuyas denuncias en Wikileaks provocaron una aguda persecución en su contra que lo llevaron a exiliarse en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace seis años.


La primera es la opacidad y los caprichos del poder. Habitualmente la acusación de 'traición de la patria' tiene escaso o nulo fundamento, además de vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos y de forzar a los medios a cerrar filas con los Gobiernos de turno. De hecho, es un tipo de acusación demasiado general que suele encubrir otras intenciones.


La segunda cuestión es preguntarse por qué, en un período en el que no hay guerras mundiales, abundan este tipo de agresiones a periodistas críticos que se dedican a develar los secretos y atrocidades del poder, como es el caso de Assange y algunos otros. Aquí aparecen dos cuestiones.


Una de ellas gira en torno a la transición hegemónica que estamos viviendo, con una seria e inevitable decadencia del poder estadounidense, que provoca una reacción defensiva para alargar su dominación. Un férreo control de los medios, sobre todo en las zonas más calientes del planeta, parece ser un requisito indispensable en este período que tiende al caos. Por lo mismo, el periodismo crítico o no alineado con las grandes agencias mundiales es percibido como una 'amenaza'.


Por otro lado, aunque no existe una guerra mundial, hay numerosos conflictos entre Estados y pueblos que son de hecho verdaderas guerras de alta intensidad. Oriente Medio es el punto más caliente del planeta, fuera de dudas. Pero existen otros como Afganistán, Crimea y Ucrania, la frontera de México con Estados Unidos y el mar del Sur de China, entre los más evidentes, que nos impiden hablar de una situación de normalidad.


En el caso de Vishinski, la actitud antirrusa del régimen de Kiev es la única razón de su encarcelamiento. De ese modo, como en los demás reseñados, la lógica de la guerra es motivo de ataque a los periodistas. En períodos de alta tensión geopolítica la verdad y la calidad de la información son las primeras víctimas, como puede atestiguarlo cualquier lector más o menos imparcial de un medio que supo ser tan prestigioso como The New York Times, reducido según Robert Parry (quien denunció el caso Irán-Contra y ganó el premio Pulitzer) a una simple página de propaganda antirrusa.

03:38 22.05.2018 (actualizada a las 03:39 22.05.2018) URL corto

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“Si no se van, el agua los va a sacar”*

El diablo que son

Por, Equipo desdeabajo

Ofrecieron vida y regaron el territorio de cadáveres. Prometieron bienestar y destruyeron los boques, inundaron tierras de labor y acabaron la economía tradicional de los sin tierra. Garantizaron progreso, el que hasta hoy no conocen los naturales de esta región, pero si cumplieron con la destrucción del entorno que encontraron. No es una exageración, es la realidad sembrada con el megaproyecto Hidroituango, la mayor hidroeléctrica del país.

Muerte y destrucción, que no solo llega ahora con la “sorpresiva” crecida del río Cauca y el caos observado en la calculada obra, con cientos de pobladores de las riveras de municipios como […] expuestos en su integridad física, sometidos a la angustia del ¿qué vendrá?, quienes perdieron buena parte de lo poco que tenían, y otros cientos trasladados a refugios temporales. Muerte y destrucción extendida entre 1990 y 2016, según un estudio de la Corporación Jurídica Libertad*, a “[…] 110.363 personas (que) fueron víctimas del conflicto en los municipios de la zona de influencia del megaproyecto (sobre una población estimada por el Dane para el año 2016 de 175.471 habitantes). De estos, 106.027 fueron desplazados forzosamente, 163 fueron víctimas de agresión sexual, 616 fueron desaparecidas forzosamente, 3.557 fueron asesinados en el marco del conflicto”.

Proceso de muerte y terror generalizado, marca indeleble de la estrategia paramilitar y su contubernio con las fuerzas oficiales. Protección, dejar pasar-dejar hacer, silencio cómplice, encubrimiento, y otras prácticas tan comunes en otras regiones del territorio nacional, acá también se hicieron lugar común, además de la acción directa de las propias fuerzas armadas oficiales, que además dejaron su huella con “34 ejecuciones extrajudiciales”.

Es así, por medio de este accionar, extendieron sus huestes los paramilitares; el bloque Mineros y el bloque Noroccidental. La inconformidad social con la obra en proyección, las protestas contra la misma, fueron acalladas con la brutalidad del poder. El desplazamiento se impuso: de Ituango salieron de manera forzosa 39.383 pobladores; de Peque 15.127; Valdivia vio partir 7.991; Yarumal, 6.975.

Otros no alcanzaron a dejar su terruño, pues las masacres no les permitieron partir: entre 1990-1994 fueron ejecutadas seis masacres, con 36 víctimas; entre 1995 y 2006, cuarenta masacres con 240 víctimas. Seis de las masacres se presentaron en territorios donde se realizaron las obras del megaproyecto. Entre 2007 y 2016 tres masacres con 14 víctimas.
La desaparición forzosa también extendió su vuelo: 616 personas la padecieron–así lo registra la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (Uariv), dato que desconoce que “[…] al solo bloque Mineros le imputan 1.150 desapariciones […]”. Como es reconocido, las víctimas fueron arrojadas al río Cauca o sepultadas en terrenos que terminaron inundados por la represa, garantizando con ello impunidad y la pervivencia de cientos de cuerpos insepultos, causa de dolor, violencia y venganza en nuestro país.
El potencial antioqueño

La región noroccidental de Antioquia está identificada como un territorio estratégico para la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y forestal, así como para el desarrollo de la industria lechera y turística.

Según el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Bird), en un estudio del año 2011, el potencial hidroeléctrico instalado o en construcción de esta parte del país, es de 36 Gigawatios (GW); capacidad instalada o en construcción: más de 76 GW; y siguen en proyección casi 176 GW.


E indican, además que: “La región norte es el territorio con mayor potencial hidroeléctrico de Antioquia, aunque en el 2010 producía sólo el 17 por ciento de generación total. Tiene dos terceras partes (de este ) potencial […] en construcción (Hidroituango); el 90 por ciento del (mismo) en diseño y la mitad de los proyectos en estudios de factibilidad”.

Es decir, en las proyecciones de las mal llamadas Empresas Públicas de Medellín (EPM), en sus cálculos por extender sus negocios de venta de energía a Centro América y otras partes de nuestra región, todavía hay mucha naturaleza por devastar y miles de miles por desplazar. Los proyectos de microcentrales ya públicos en distintos municipios del departamento, así lo corroboran. En tales territorios, como lo garantiza en Hidroituango la alianza Fuerzas Militares (con 2.000 efectivos al 2016 dedicados a la protección de la obra), Policía Nacional, y empresa, todo aquel que manifieste inconformidad saldrá de la zona, sino es que le sucede algo mucho peor. Y así actúan porque, de acuerdo a los manuales aún en uso entre militares, la población civil es asumida como el enemigo interno. Contra toda lógica y evidencia, la protesta social recibe tratamiento de guerra, lo que posterga una real democratización del país.

Es un tratamiento de fuerza y violencia, que durante los últimos días arrebató a los movimientos sociales colombianos, con activismo en el movimiento social Ríos Vivos, dos victimas mortales más: Hugo Albeiro George Pérez –baleado junto a su sobrino Domar Egidio Zapata George el 2 de mayo– quienes a pesar de vivir en Ituango fueron asesinado en el corregimiento de Puerto Valdivia; y Luis Alberto Torres Montoya, baleado el 8 de mayo en el municipio de Valdivida, corregimiento de Puerto Valdivia.

* Caso Hidroituango: una lucha por la memoria y contra la impunidad, 2018, inédito


 Hidroituango:

“Si no se van, el agua los va a sacar”

Declaran alerta roja en Hidroituango. El 16 de mayo fueron evacuadas más de 4.500 personas de los municipios Valdivia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Caucasia, Guaranda, entre otros. Esto se suma a las 600 personas damnificadas el pasado jueves 10 de mayo en el corregimiento de Puerto Valdivia. Este es el resultado de la decisión tomada por las EPM para salvar Hidroituango, después de que el embalse aumentara su nivel. Hay que resaltar que los responsables de la hidroeléctrica ignoraron las constantes advertencias de las comunidades campesinas que habitan el área de influencia del megaproyecto, quienes previeron lo sucedido.

A pesar de lo informado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el pasado 10 de mayo, confirmando que la emergencia reinante en Hidroituango, causante de la inundación del corregimiento de Puerto Valdivia estaba controlada, más pudo la naturaleza que la palabrería y la desinformación que cargan los comunicados emitidos por las EPM.

Así quedó en evidencia al medio día del 16 mayo, cuando de nuevo fueron activadas las alarmas que le anunciaban a los pobladores del sector que el Río Cauca podía inundar y llevarse sus vidas, viviendas y enseres.

Luego de escuchar las alarmas, más de 4.800 personas salieron de sus casas con los enseres que pudieron rescatar. Los afectados habitan los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, Briceño, Ituango; en Antioquia. Majagual, Guaranda en Sucre; Ayapel en Córdoba, y Achí y San Jacinto del Cauca en Bolívar.

Mucho más que lluvia

El parte oficial del 10 de mayo informó que las constantes lluvias aumentaron el caudal del río Cauca, lo que sumado a los derrumbes que taponaron el túnel de desviación del río, terminaron por aumentar el nivel de agua en la represa, poniendo en riesgo todo el proyecto hidroeléctrico. Buscando bajar el nivel del agua, las EPM decidieron inundar la sala de máquinas del megaproyecto y habilitar uno de los túneles de generación para liberar más de 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, incrementando el cauce del Cauca río abajo e inundando el corregimiento de Puerto Valdivia.

El 16 de mayo, pasadas las 12 del medio día, el túnel que evacúa el agua de la sala de máquinas colapsó, ésta se inundó y dirigió el agua hacia la vía de acceso a la presa. La solución fue destapar dos túneles de evacuación que llevan el agua al cauce del Cauca, incrementado a niveles insospechados su caudal y poniendo en riesgo inminente a las comunidades que habitan la rivera del río aguas abajo del proyecto hidroeléctrico.

De esta manera, lo hecho indica que los intentos de los operadores de Hidroituango por evitar los desastres que pudiera causar la represa son inútiles; todo su esfuerzo está dedicado a proteger el megaproyecto, mas no la tranquilidad de quienes allí habitan, sus viviendas, enseres y cultivos.

Emergencia del 10 de mayo

Una tragedia con rostro humano. Juan Pablo Soler, vocero de Movimiento Ríos Vivos cuenta que hoy los impactos río abajo son desastrosos, pues todo el corregimiento de Puerto Valdivia se desplazó a dos albergues en donde las familias se mantienen con mucho temor y desazón por lo ocurrido y lo que les depara. “Existe una situación muy compleja porque hay viviendas totalmente destruidas y a la comunidad se le dijo que les van a pagar tres o seis meses de arriendo para luego ver su reubicación, o que van a recibir un alivio temporal y podrán retornar a sus casas. Adicionalmente, las comunidades que viven entre el kilómetro 15 y 14, y que perdieron sus cultivos de yuca, maíz y plátano por la inundación, luego de 6 días del incidente no han sido asistidas por ningún funcionario de la hidroeléctrica” añadió.
Pero lo sucedido no solo afecta a las poblaciones que se encuentran ubicadas aguas abajo de la represa, sino que también hay una seria afectación aguas arriba del embalse en los municipios de Toledo, Briceño e Ituango, ya que allí el impacto social se relaciona con el desplazamiento forzado ocasionado por las inundaciones imprevistas y el eventual llenado del embalse.

Soler manifiesta que es por esto que la población en general pide que la reubique, frente a lo cual no hay respuesta ni de la Gobernación ni de las EPM. Como vocero de Ríos Vivos, Soler expresa que “el reporte de EPM dice que este fenómeno puede ocurrir en cualquier momento. Nuestra pregunta es, ¿en qué dimensión?”, porque el caudal del Cauca no superó los niveles promedio que alcanza en una época invernal cualquiera, y se sabe que lo sucedido en Puerto Valdivia fue causado por el vertimiento descontrolado de grandes cantidades de agua.

Frente a esto, ¿quién responde por los impactos psicosociales que genera a las poblaciones vivir al lado de una represa que tiene problemas técnicos? Existe una sensación generalizada en los habitantes de que Hidroituango perdió el control del río, y explican que “si no hubo muertos fue porque pudimos correr, pero las alarmas instaladas por la empresa sonaron tarde, es decir, si nos confiamos en las alarmas más de uno hubiese muerto”.

La hidroeléctrica más grande de Colombia

El proyecto Hidroituango inició su etapa de construcción en el 2009, cinco décadas después de haberse concebido. Este megaproyecto abarca 75 km de longitud desde Santa Fé de Antioquia hasta el municipio de Ituango. y se espera que contenga más de 2.700 millones de metros cúbicos de agua. Su importancia radica en la influencia que tendrá para los sectores cafeteros y mineros del Bajo Cauca y del occidente del país, además de garantizar la supuesta soberanía energética nacional, gracias a la producción de 2.400 MW hora.

Una obra planeada y construida en contra de las comunidades que allí habitan, y con profundas implicaciones. Así, a lo largo de los 9 años transcurridos desde su inicio de obras, se han visto afectados 12 municipios del noroccidente de Antioquia (ver mapa). Bajo el discurso del desarrollo y la producción de energía “limpia”, las EPM arrasó 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, desvió el Río Cauca y, amparada en el argumento de que en esa zona no hay mayor cantidad de pobladores, inició procesos de desplazamiento, amenazas y persecuciones en contra de las comunidades campesinas que habitan este territorio, llegando incluso a desplazar más de 400 campesinos en el 2013, que tuvieron que refugiarse durante 5 meses en la Universidad de Antioquia.

Además, la ejecución de este megaproyecto generó una creciente preocupación en las comunidades que fueron víctimas del conflicto armado a finales de la década de los noventa e inicios del 2000, ya que al finalizar la obra se inundarán las fosas comunes donde fueron enterradas más de 600 personas asesinadas en numerosas masacres cometidas por los paramilitares y el ejército. La casa de la memoria de Toledo fue quemada en el proceso de construcción del embalse, y el Puente Pescadero, uno de los puntos claves en el proceso de recuperación de la memoria histórica de éstas comunidades, también será destruido después de que la hidroeléctrica comience a operar; frente a todo esto, cabe preguntarse si es más importante la represa o la voluntad de las comunidades y su necesidad de verdad y reparación.

A todo este cóctel de negligencia por parte del Estado, hay que añadir que en el área de influencia se han otorgado 18 títulos mineros para explotar en Ituango, 20 para Briceño, y en Buriticá las concesiones a la multinacional Continental Gold que superan el área del municipio. Todo esto deja ver algunas de las intenciones secundarias que hay en este megaproyecto, como lo es el abastecimiento de energía para las empresas mineras que poco a poco se han instalado en este territorio.

La reciente inundación es otra de las tantas afectaciones soportadas por esta población, hoy más vulnerable. Soler le narró a desdebajo que a través de una manifestación realizada por la comunidad de Puerto Valdivia en el municipio de Sabanalarga el pasado 2 de mayo (día en el que fue asesinado Hugo George, integrante del movimiento y habitante de Puerto Valdivia), se increpó a las EPM cuestionándola sobre cuáles eran las estrategias para garantizar la tranquilidad de los habitantes que viven río abajo del proyecto, ante lo cual la empresa respondió reuniendo a las comunidades para decirles que no creyeran en chismes, que “todo está controlado, está controlado el caudal del río y cualquier riesgo posible”. Ocho días después quedó evidente que no había ningún control, que lo pretendido por las EPM era desmovilizar a la población para evitar las acciones de protesta.

¿Falla geológica o falla humana?

Una realidad dura, con profundo impacto social, que debe ser debatida por todo el país pues, más allá de la economía está, de manera prioritaria, la gente, garantizar el derecho fundamental a la vida, con dignidad. Por ello, desdeabajo entrevistó a Luis Alberto Arias López, profesor de geología y geomorfología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional sede Medellín, quién en el año 1980 trabajó en la fase de factibilidad del proyecto Hidroituango, con el fin de profundizar las causas y responsabilidades de lo sucedido con la represa.

En tal fase del proyecto, el equipo del cual él hizo parte concluyó que la represa se podía hacer, sin embargo su tamaño, la necesidad de energía del país y la envergadura del proyecto fueron razones suficientes para que su construcción se aplazara. A través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia –Idea– el proyecto pasó a manos de la Gobernación de Antioquia, quién más adelante llegó a un acuerdo con EPM, quien concentró el 95 por ciento de la propiedad del mismo.

Arias considera que “todo proyecto debe combinar varias racionalidades: económica, técnica, ambiental y social. En este proyecto, desde sus inicios, desde que está en manos de la Gobernación de Antioquia, no tiene todas esas racionalidades bien equilibradas. La racionalidad económica predomina sobre las otras”. Es por ello que para el profesor hay fallas en la ejecución técnica de las obras, que en su proceso de construcción no tuvieron en cuenta los impactos ambientales y sociales.

Frente a las recientes inundaciones, el profesor declara que “ni siquiera quienes manejan el proyecto saben qué está ocurriendo allá; son problemas técnicos en los túneles, son los problemas del embalse que está sosteniendo el río, que también se está llenando muy rápido; no tienen control del desembalse del río, y tampoco pueden desembalsar rápidamente porque es un problema”.

Por lo tanto, las declaraciones de las EPM y los diferentes medios de comunicación, que le atribuyen lo sucedido a una falla geológica inesperada no son del todo convincentes para el investigador, quien declara que el término falla geológica ha sufrido una devaluación en el medio de la geología, convirtiéndose en un “cliché usado en los medios para referirse a cualquier imprevisto”. En su criterio, Arias considera que “en lugar de una falla geológica lo que hay es una falla humana… Como geólogo veo que en Hidroituango el problema es un terreno que ya se ha caracterizado como muy frágil y por lo mismo hay que manejar eso con mucho cuidado. Hay que romper con esa costumbre de utilizar un caballito de batalla para explicar lo inexplicable”.

Arias considera que la actitud ligera asumida por las EPM respecto a los problemas geotécnicos que implican estas obras, tiene como consecuencia la falta de predicción de los sucesos que han acontecido los últimos días. Respecto a lo que pueda suceder, el profesor declara que hay que dar espera a que se supere la situación de emergencia para ver las consecuencias del aumento del caudal del río Cauca y para evaluar lo sucedido con los túneles, “en cuanto pase esto hay que ver si se continúa con el proyecto, si hay que hacer ajustes –que es lo más probable que suceda–, todavía no sé si lo ocurrido sea un elemento suficiente para descartar el proyecto. Pero si la emergencia empeora, la discusión será de otro tipo”.

Por su parte, Juan Pablo Soler menciona que el aumento de las aguas en el embalse se da por decisiones técnicas mal tomadas al interior del proyecto hidroeléctrico. “Nos han hablado de que los túneles fueron sellados prematuramente; debieron esperar hasta que el muro de la presa estuviera terminado. Entendemos que hoy el muro no está totalmente terminado, por eso deciden llenar la casa de máquinas; de no hacerlo, el nivel del agua hubiese afectado la estructura del muro. Si bien el invierno aumentó el nivel del río, esto debió ser previsto; contrario a esto optaron por tomar riesgos innecesarios”.


Recuadro

Por qué no se debió construir Hidroituango donde se construyó

Los investigadores y docentes de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Luis Alberto Arias y Keneth Cabrera Torres, en su proyecto “estudio de actividad tectónica vigente en el cañón del Río Cauca”, encontraron que el Cauca, en su travesía por Colombia en vez de ampliar el valle se vuelve más estrecho, con una inclinación más fuerte y un cañón más cerrado. Este encañonamiento se debe, según los investigadores, a que en el departamento de Antioquia las cordilleras central y occidental están levantándose más al norte que al sur, situación que les ha permitido concluir que se trata de una zona que todavía tiene una actividad tectónica importante.

Según el desarrollo del estudio, existe un riesgo al haber construido la represa de Hidroituango en el lugar en donde está, ya que los datos recolectados en sus estudios les permiten asegurar que se trata de una zona que todavía se está asentando; esto podría significar deslizamientos y derrumbes de la montaña, por no mencionar eventos sísmicos y telúricos que pueden amenazar la vida de las personas que habitan el área de influencia, además del proyecto en sí mismo.

El pueblo negado se niega a claudicar

Un caso que grafica las vivencias de las comunidades de la zona y el paulatino deterioro de sus posibilidades de seguir en el territorio, son los relatos de Isabel Zuleta, directora del Movimiento Ríos Vivos, quien habló con desdeabajo e hizo una crónica de los padecimientos que ha generado para ellos la construcción del embalse y todo lo que antecede al proyecto.

Isabel recuerda “hace mucho tiempo que venimos hablando de cómo se ha vaciado el territorio, precisamente al hacer seguimiento de la cifras de desplazamiento forzado, uno se da cuenta que en los periodos históricos en los que se empieza a motivar más la obra por Álvaro Uribe Vélez en 1997, cuando crea la sociedad promotora de pescadores Ituango, es precisamente en ese periodo donde se intensifican las masacres en el Cañón del Río Cauca, hasta hoy documentamos 72 masacres, y en ese periodo de tiempo pues fruto de esas masacres, prácticamente se vació el cañón del río Cauca”.

“... cuando ellos entraron matando gente entraron los paramilitares, masacraron en ese punto y volvieron a salir matando gente, entonces una masacre para nosotros es el recorrido de muerte, nunca fue un hecho puntual. Y ese recorrido de muerte, coincide con la zona geográfica del proyecto Hidroituango”.

En la proyección de Hidroituango se trabaja sobre el supuesto de que en esa zona no hay población. La negativa de las comunidades que allí habitan a la construcción de la hidroeléctrica no ha impedido la planificación de este megaproyecto, ya que la empresa ha implementado métodos para la ejecución de las obras, que la población ha experimentado en carne propia.

“Para mí lo más fuerte que escuché fue decir que en la zona no había gente, entonces la gente dijo “¿yo que soy?”, no es que en esta zona no hay gente, por eso la represa es tan barata y demás afirmaciones; entonces claro, la gente era como ¿yo no existo?, se arrebató el derecho a la identidad básica del “yo estoy aquí”.

Las distintas estrategias, que buscan invisibilizar, negar, extinguir o desaparecer a un pueblo, se implementan de todas las formas posibles, a pesar de la fortaleza y la estoica posición de sus habitantes, que no dejan de luchar y recoger lo que quede de sus memorias. Isabel sigue narrando y ella misma establece la relación que hay entre hechos y desapariciones.

“A eso me refería y las cifras de los desplazamientos, de las masacres también coinciden y las cifras de los asesinatos selectivos, cuando empieza el proyecto HidroItuango… por eso es que todo eso se combina y por eso nosotros estamos hablando de un vaciamiento del territorio, literal, espiritual y emocional”

Una vez más la imposición de una forma de vida sobre otra, por priorizar los intereses económicos sobre la gente y sus conocimientos, termina generando tragedias y dolores personales y colectivos, que desangran el corazón de los territorios y sus poblaciones.

 

*articulo incluido en la edición No. 246 del periódico desdeabajo –Mayo 20-Junio 20–; en circulación.

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Viernes, 18 Mayo 2018 06:33

"Tesis" sobre el cuerpo palestino

"Tesis" sobre el cuerpo palestino

¿Cómo explicar que –tratemos de usar las palabras precisas– la salvaje explosión de la violencia colonial y el premeditado asesinato de los palestinos desarmados por el ejército israelí en Gaza o sea la prolongada y brutal represión de la Gran Marcha del Retorno (bit.ly/2GW2z09) con el saldo de más de 110 muertos por balas vivas culminada el 14 de mayo con un verdadero baño de sangre –¡62 manifestantes ejecutados uno por uno por francotiradores israelíes en una jornada de protesta!– en el 70 aniversario de la fundación de Israel y en la víspera del aniversario de la Nakba (la "catástrofe") que expulsó a más de 750 mil palestinos de sus casas en 1948 justo cuando Trump inauguraba –por medio de su hija y yerno– "su" embajada en Jerusalén (bit.ly/2GqBfWU) hablando de un supuesto "plan de paz" [sic], pase (casi) desapercibida?

¿Cómo es posible que ocurra para empezar?

Simple.

Se explica por el generalizado racismo hacia los palestinos y por la persistencia de los modos coloniales de dominación cuya mejor muestra es el "free pass" que el mundo le sigue dando al proyecto colonial israelí en Palestina.

Es posible por una serie de supuestos ideológicos respecto a los palestinos que podrían ser plasmadas en unas "tesis" biopolíticas centradas en su cuerpo, enraizadas en la sociedad israelí, pero compartidas también –al menos en parte– por el mundo.

Veamos:

• El cuerpo palestino es un problema "fundacional" de Israel (desde los primeros asentamientos, primeros organizados despojos de la tierra y primeros transfers poblacionales hasta la Nakba y la limpieza étnica que ésta trajo). El deshacerse de él es un problema histórico y actual a la vez cuya solución es cosa del presente (bit.ly/2Km21ST).

• El cuerpo palestino es en sí mismo un peligro (su existencia hace peligrar a la exclusividad racial y la identidad excluyente de un Estado establecido violentamente en su tierra y a su costa).

• El cuerpo palestino es en sí mismo un arma. Un palestino desarmado –incluso un niño o un discapacitado (bit.ly/2IuT5dh)– está armado por el solo hecho de existir. La mejor manera de desarmar al cuerpo palestino es convertirlo en un cuerpo muerto.

• El cuerpo palestino es un terreno donde las reglas universales de la guerra no aplican (olvídense por ejemplo del "uso proporcional de la fuerza"). La guerra en su contra ha de llevarse a cabo indiscriminadamente y con el máximo uso de la fuerza ("doctrina Dahiya"). La muerte siempre es la primera opción.

• El cuerpo palestino no conoce la diferencia entre un civil y un combatiente; entre una mujer y un hombre; entre un adulto y un niño: "en Gaza no hay gente inocente" (A. Lieberman dixit). Su delito es existir y ocupar un espacio que no le pertenece.

• El cuerpo palestino siempre muere "solo". Nunca es asesinado. En el mejor de los casos "muere en choques" (bit.ly/2rOzL4n).

• El cuerpo palestino es violento por su naturaleza. Si cae víctima de la violencia, es porque él mismo la ha provocado. Es incapaz de actuar de manera no-violenta y si lo aparenta es sólo un truco para actuar violentamente. El cuerpo palestino no lucha por sus derechos, incita. No protesta, ataca.

• El cuerpo palestino es "diferente": "ellos no aman a sus niños como nosotros", "no aman a la vida como nosotros" (una vieja y calculada estrategia colonial de deshumanización para justificar masacres de "nativos").

• El cuerpo palestino es "subhumano", inferior en la escala del ser: "bestias de dos patas" (M. Begin dixit); "chapulines para aplastar" (Y. Shamir dixit); "serpientes cuyas madres hay que exterminar" (A. Shaked dixit).

• El cuerpo palestino es un cuerpo colonizado y racializado (sujeto a una doble estrategia de deshumanización y eliminación): "no se le reconoce la misma dignidad humana que se atribuye a quienes lo dominan"; "su vida tiene poco valor para quien los oprime, es fácilmente desechable" (bit.ly/2vbGCZC). Es "masacrable". Su muerte no cuenta.

• El cuerpo palestino es una "amenaza demográfica". Dado que constituye una ligera mayoría entre el Mediterráneo y el río Jordán y además posee una natalidad mayor, hay que hacer todo para "mantener el balance": desde la negación de sus derechos hasta su "neutralización" (bit.ly/2k7mX4K).

• El cuerpo palestino ha de ser sujetado a diferentes métodos de control según su ubicación: a) en Gaza, un paradigmático "lugar de no-ser", la hacinada "población sobrante" palestina a un cruel bloqueo y un "genocidio incremental" (I. Pappé) por los que "ella misma tiene la culpa" [sic]; b) en Cisjordania a un racializado régimen de la ocupación militar; c) en Israel –los palestinos-ciudadanos israelíes– a un discriminatorio sistema de leyes raciales (el apartheid).

• El cuerpo palestino es un peligroso portador de la memoria sobre sus orígenes, identidad y tradiciones (sobre todo las pre- Nakba). Ésta ha de ser borrada, preferentemente junto con el portador.

• El cuerpo palestino no es un sujeto. Es pura biología ("bios" versus "zoé"). La "vida desnuda" (Agamben). En el cuerpo palestino no hay política (resistencia, organización, proyecto nacional, etcétera) y nada de lo que le pasa es el resultado de ella (colonialismo, ocupación militar, etcétera). Su vida son puros instintos e impulsos. Si sufre, es como una bestia que careciendo de la razón "no sabe adaptarse a la realidad".

• El cuerpo palestino como una "cosa de la naturaleza" tiene que ser dominado y controlado tal como se domina y controla a ella: "en Gaza de vez en cuando hay que podar el pasto" (un general israelí dixit).

• El cuerpo palestino es un prisionero en "la cárcel más grande del mundo [los territorios ocupados]" (I. Pappé) o en el "campo de concentración más grande jamás [Gaza]" (B. Kimmerling) y así ha de ser tratado: confinado en un espacio más pequeño posible, castigado y disciplinado cuando se amotina, exterminado cuando sea necesario.

• El cuerpo palestino es un problema "técnico" a resolver que requiere un "nuevo enfoque": ¡adiós a la "solución de dos Estados" (Oslo): Israel y Palestina semi-independiente (que sin embargo lo empoderaba demasiado y de por sí era sólo un escaparate israelí para ir colonizando más tierra)!; ¡bienvenida la futura fórmula de "tres": Israel, Egipto y Jordania!

Su meollo es precisamente la "absorción de los cuerpos". Quién –como resultado de una simultánea anexión y separación de ciertos territorios– se quedará con cuantos.

Si no cambia nada, ya verán, a esto se resumirá el "deal of the century" de Trump.

 

Por Maciek Wisniewsk, periodista polaco

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La ONU acusa a Israel de cometer crímenes de guerra e insta a terminar con la ocupación de Palestina

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos inauguró una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos, convocada para debatir la represión contra los palestinos en Gaza.


El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los palestinos, Michael Lynk, dijo este viernes que el "asesinato deliberado" es un crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma, al referirse a la muerte de manifestantes palestinos en Gaza por disparos de soldados israelíes.


Al intervenir en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos convocada para debatir sobre la situación en Gaza, Link afirmó que ese tipo de acciones también violan gravemente las Convenciones de Ginebra, que rigen el Derecho Internacional Humanitario


Agregó que cualquier condena de lo que ha ocurrido en Gaza "es vacía si no está acompañada de una persecución ante la Justicia y de una rendición de cuentas". El relator cifró en "más de un centenar" el número de manifestantes muertos "a manos de las fuerzas israelíes" y en más de 12.000 los heridos, muchos de ellos con lesiones "devastadoras".


"Las protestas en Gaza han sido casi totalmente pacíficas y sin armas. Miles y miles han marchado, cantado, protestado contra sus condiciones de vida y reclamado el derecho a un futuro mejor", dijo el relator, quien hace el seguimiento de la situación de los derechos de los palestinos en los territorios ocupados por Israel.


Frente al discurso del Gobierno israelí de que ha actuado en defensa propia, Link explicó: "sí, algunos han arrojado cocteles molotov, hecho volar cometas incendiarias o arremetido contra la valla de alambres en la frontera de Gaza, pero la gran mayoría ha actuado de forma no violenta en las últimas siete semanas".
Miles de palestinos han participado desde el pasado 30 de marzo en manifestaciones pacíficas para reclamar su derecho al retorno a las tierras ocupadas por Israel, pero el pasado día 14 la represión israelí causó más de 60 palestinos muertos en un solo día.


Israel debe poner fin a la ocupación de Palestina


Antes de las declaraciones de Link, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, dijo que Israel debe poner fin a la ocupación de los territorios palestinos, donde la gente está "enjaulada en tugurios desde que nacen hasta que mueren".


"La ocupación debe terminar, de modo que el pueblo de Palestina pueda ser liberado", sostuvo al inaugurar esta sesión urgente.


Zeid explicó que el "fuerte contraste entre las víctimas de ambos lados" es una clara evidencia del uso desproporcionado de la fuerza de parte de Israel, pues sólo un soldado resultó levemente herido por una piedra.

 

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Miércoles, 16 Mayo 2018 19:41

Un solo hueso

Retrato de Jaime Yesid en la casa de sus padres

En Barrancabermeja, el 16 de mayo de 1998, tuvo lugar otra de las masacres perpetradas por algunos de los trágicos protagonistas de ese eufemismo colombiano llamado conflicto armado. En esta ocasión, un grupo de paramilitares, con la connivencia de ejército y policía locales, incursionaron en esta población y llevaron a cabo otra de sus macabras acciones “de limpieza social”. El resultado que queda, al margen de las víctimas directas, son el dolor, la congoja y la incertidumbre de las familias y sus sobrevivientes.

Tras una incursión paramilitar en la capital de la región del Magdalena Medio, quedaron atrás siete personas muertas y veinticinco desaparecidas, de las que los asesinos dejaron como rastro un único hueso. O al menos eso es lo que se ha podido recuperar veinte años después de la matanza. Raro y doloroso, pero cierto. Como muchos de los hechos de un país donde la realidad de su historia supera, por desgracia con creces, el realismo mágico de sus narraciones.

De entre las personas asesinadas y desaparecidas, solamente una mujer que no quiso dejar solo a su hermano que era obligado a subir al camión en el que los sacaron del lugar. Ambos desaparecieron y nunca más se supo.


Tampoco tiene noticias de su hijo, dos décadas después de los hechos, don Jaime Peña. Al joven Jaime Yesid Peña Rodríguez se lo llevaron con apenas dieciséis años, pasando por la puerta de su casa sin que su padre se imaginara la tragedia. Cuando al rato salió a buscarle ya no lo encontró, lo habían cargado en una de las dos camionetas en las que se llevaron a veinticinco jóvenes inocentes.
Conocí la historia y al señor Peña a través de una de mis estudiantes de la maestría. Él me confesó, en una entrevista, que todavía le quedaban lágrimas, que le apesadumbraba la indolencia del Estado y que le servía de terapia conversar sobre aquello aunque le volviera un sufrimiento que nunca se había ido. Recordándolo, las palabras le fluían más y le ayudaban a seguir viviendo y a coger fuerzas para luchar por la dignidad de su hijo y de todas las personas desaparecidas y muertas en aquel ataque. No busca venganza ni condenas, quiere, como muchas otras familias de víctimas de la violencia en Colombia, que se sepa la verdad, que se haga justicia conforme al Derecho Internacional Humanitario, que se dé la reparación integral y que no se vuelva a repetir nunca.
Don Jaime vive resistiendo y persistiendo en la pelea y en la vida. Aquella noche de mayo de 1998, él estaba viendo un programa de televisión que se llamaba “Sábados felices”. Qué paradoja, aquel fin de semana a una parte de la población de Barrancabermeja les robaron la felicidad y la tranquilidad, les marcaron para siempre y les quitaron un pedazo importante de su existencia.

 En su búsqueda de una explicación sobre los hechos, aquella misma noche recorrió el barrio El Campín para encontrar a su hijo Yesid y al resto. Solamente recibió largas y palabras huecas, inoperancia y falta de compromiso y de acción por parte de las fuerzas de seguridad y de las instituciones públicas.


También le duele al señor Peña la doble moral con las víctimas, la falta de decisión política para dar solución a un problema tan grave y tan triste que mancha la historia de un país y una ciudadanía que buscan la paz mientras una parte de la clase política hace negocio con la continuación de la guerra.


Aquella noche de mayo los paramilitares pudieron entrar con toda tranquilidad en ese sector de Barrancabermeja porque tenían la connivencia del ejército y la policía. Después se supo que la única condición que las fuerzas del orden pusieron a los victimarios es que hicieran lo que fueran a hacer en media hora y sin dejar cadáveres en la población.


El Colectivo 16 de mayo, creado a raíz de los hechos y al que pertenece Jaime Peña, sigue luchando por la paz y la verdad. “Un colectivo que le apuesta a la conservación, enaltecimiento y reconstrucción de la memoria”. Dicen que es la memoria la que les “ayuda al esclarecimiento de la verdad de los hechos que nos convirtieron en víctimas, pero también a generar espacios y lenguajes desde las víctimas, a tender brazos de unidad y solidaridad.” No buscan una reparación económica, sino justicia y dignidad. Desde esa organización, según explica don Jaime, renunciaron a una indemnización de unos dieciocho o veinte millones que les ofrecían a plazos. Cree que la Ley 1448 de Víctimas ha sido positiva a pesar de haber echado a todas las personas damnificadas en el mismo saco.


Para él, la desaparición forzada hiere a toda la comunidad y a la sociedad en su conjunto. En su colectivo “no han tragado entero” con la Unidad de Víctimas porque les exigen declarar de nuevo y piensan que eso supone una revictimización. Tampoco está conforme con una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander (departamento al que pertenece Barrancabermeja) que condenó a la Fuerza Pública, pero reconociendo como víctimas solamente a madres y esposas. El caso se elevó al Consejo de Estado.


El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente desde el 1 de julio de 2002, reconoce la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad y así lo recoge en su artículo 7.1. i) y lo define en el apartado 2.i) del mismo artículo como “la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”


Jaime Peña, como otras personas del Colectivo 16 de mayo y de otras asociaciones de víctimas, estuvo presente en los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP. Ellos creen que su organización cumplió con su meta al “poner nuestro grano de arena para que la terminación del conflicto armado incluya el reconocimiento y realización de los derechos de las víctimas. Así demostramos nuestra opción por la paz con verdad, justicia y reparación integral.”


Ahora falta que el Estado cumpla. Aplauden la creación de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” (CEV) y la de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD); pero, después de todo este proceso, la pregunta que se sigue haciendo este padre, y muchas de las víctimas de esta guerra absurda, es ¿cuánta justicia se va a sacrificar en aras de la paz? Porque así los culpables pagaran cien años de cárcel, nadie les va a devolver a sus hijos.


Una parte llamativa de esta historia es que al señor Peña le llamó “el Panadero”, uno de los cabecillas de la masacre, para pedirle perdón. Él le respondió que le diera las coordenadas del lugar en que se encuentra el cuerpo de su hijo y de las demás personas desaparecidas. Está convencido de que si luchan pueden perder, pero si no lo hacen están perdidos, y reconoce que solamente descansará el día que le devuelvan los restos de su hijo, cuyo espíritu le da las fuerzas necesarias para seguir viviendo y luchando. Pero eso no cree que se llegue a dar nunca.


Mientras, él y su esposa, igual que hacen miles de personas en el país, mantienen viva la memoria por dignidad y contra el olvido. Porque la memoria es un instrumento de incidencia política en la búsqueda de la verdad y la justicia. Las familias de las víctimas siguen esperando conocer la verdad, que se imparta justicia y que se haga la necesaria reparación. Por eso don Jaime reconoce que es fundamental que “la historia que se cuente sea la vivida por las víctimas; pues esa será la verdad real de lo que ha pasado, y no la historia interpelada por los victimarios que, con sus argumentos querrán entrar a justificar sus crímenes.”


Para Jaime Peña, como también para una parte importante de la población colombiana, la paz no es solamente el silencio de los fusiles; es necesario acabar con la corrupción y con tanta inequidad social.


Pueden encontrar algo de la historia de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja en el libro “Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena Medio” (págs. 380 y ss.). Ese texto es un informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017) que recoge ciento veintiocho casos de desapariciones forzadas ocurridas entre 1970 y 2013 en diez de los municipios de ese territorio colombiano en las márgenes de uno de sus grandes ríos. Esas poblaciones pertenecen a cuatro departamentos de la región: en Antioquia, Yondó y Puerto Berrío; en Bolívar, san Pablo y Cantagallo; en Cesar, Aguachica, y en Santander, Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de Torres y san Vicente de Chucurrí.


El documento constituye el sexto trabajo del CNMH en su afán por dar a conocer los hechos y las víctimas del delito de desaparición forzada, una violación del derecho que tuvo que esperar hasta el año 2000 para ser tipificado con la Ley 589. En la sentencia C-317 de la Corte Constitucional del año 2002 se define dicho delito: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley”.


Anteriormente, el CNMH publicó los informes: “Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia”, “Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)”, “Entre la incertidumbre y el dolor: impactos psicosociales de la desaparición forzada”, “Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas”, todos ellos en 2014, y “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia”, en 2016, en el que se informa que en los últimos cuarenta y cinco años de esta guerra sin sentido 60.630 personas han sido desaparecidas en Colombia.


En el discurso de presentación del informe “Nunca más”, elaborado en 1984 en Argentina por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el escritor Ernesto Sábato, presidente de ese organismo, señalaba que las personas víctimas de ese delito pasaban “a formar parte de una categoría fantasmal: los ´desaparecidos`”. Y afirmaba: “Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimiento y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.”


El doctor Christian Salazar Volkman, en su intervención como representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recogida en el documento “La desaparición forzada” como presentación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, manifestó que es un delito que constituye “una de las violaciones de los derechos humanos más graves y terribles. Viola varios derechos, incluyendo el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a la tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante, y también viola o constituye una grave amenaza al derecho a la vida.”


En 2017, cuando se cumplieron diecinueve años de la masacre de Barrancabermeja, el Colectivo 16 de mayo hizo público un comunicado en el que declaraban: “Si queremos que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir, se tendrá que destapar todo lo que está detrás de esa línea oscura que trazó la política de enemigo interno, enseñada desde los cuarteles de Estados Unidos a nuestros militares, que hizo volver las armas de la república contra sus propios ciudadanos.”


Recordar los sucesos acaecidos en Barrancabermeja hace ahora veinte años debería contribuir a que la sociedad colombiana en su conjunto demande justicia y reclame que se conozcan las historias ocultadas. El Colectivo 16 de mayo cree que es inexcusable e importante recordar “Porque la impunidad se alimenta del olvido, el silencio y la indiferencia.”
Recuperar la memoria es un ejercicio necesario para salir del silencio y la apatía. Para resistir y, parafraseando a Mejía Vallejo, no extraviar los primeros recuerdos de tanto andar a solas y evitar morir porque nos hayan olvidado.


Espero que a don Jaime Peña y a su esposa les ayude a seguir existiendo, a mantener vivo el espíritu de Yesid y a continuar luchando para que algún día se conozca toda la verdad.
Por la dignidad de las víctimas y sus familias, nunca más contra nadie, nunca más desapariciones forzadas.

16MAY2018

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A la provocación de Trump le siguió la muerte

La derecha dura de Estados Unidos e Israel castiga con 58 víctimas fatales palestinas las protestas en la frontera de Gaza contra la reubicación de la embajada norteamericana. Hubo miles de heridos.

 

Tropas israelíes mataron ayer a tiros a 58 palestinos e hirieron a unos 2800 durante masivas protestas en la frontera de Gaza contra el traslado a Jerusalén de la embajada estadounidense en Israel, en la jornada más sangrienta desde la ofensiva israelí de 2014 en Gaza y desde el inicio de una ola de movilizaciones palestinas, en marzo.


En el 70° aniversario de la creación del Estado de Israel y en una muestra de indignación por la reubicación de la embajada, decenas de miles de palestinos se acercaron a la valla fronteriza con Israel, y cientos prendieron neumáticos y lanzaron piedras y bombas molotov en más de una docena de puntos a lo largo del límite. El ejército israelí dijo que sus soldados fueron atacados a tiros en varias zonas, y que manifestantes intentaron atravesar la valla. Aviones y tanques israelíes, además, bombardearon objetivos de Hamas, el grupo islamista que controla la Franja de Gaza.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un video proyectado durante la inauguración de la embajada –que tuvo lugar a sólo 45 kilómetros de los disturbios en Gaza– que seguía comprometido con “facilitar un acuerdo de paz duradero” entre Israel y Palestina. Sin embargo, la matanza en Gaza y las condenas de muchos de los aliados árabes y europeos de Estados Unidos al traslado de la embajada ponen en serio entredicho las ambiciones de Trump de mediar entre las partes y alcanzar lo que una vez calificó del “acuerdo del siglo” para la paz en Medio Oriente.


El presidente palestino, Mahmud Abbas, acusó a Israel de “masacres” y su gobierno pidió protección a la ONU, mientras que Amnistía Internacional (AI) describió la represión israelí como una “violación aberrante” de los derechos humanos y Human Rights Watch denunció un “baño de sangre”.


La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, dijo que esperaba “que todos actúen con la máxima contención para evitar más pérdida de vidas”, mientras que el vocero de la primera ministra británica, Theresa May, pidió “calma y moderación”. Alemania y Francia pidieron a Israel “proporcionalidad” en el uso de la fuerza.


El Ministerio de Salud de de Gaza informó que 58 palestinos, entre ellos cinco menores, murieron por los disparos israelíes en la frontera y 2771 resultaron heridos. Uno de los menores muertos era una niña, dijo la cartera.


En la ceremonia en la embajada en Jerusalén, el yerno y jefe de asesores de Trump para Medio Oriente, Jared Kushner, responsabilizó del caos a los manifestantes palestinos. “Como hemos visto a partir de las protestas del último mes e incluso hoy (por ayer), los que provocan la violencia son parte del problema y no de la solución”, declaró. Kushner y la hija de Trump, Ivanka, lideraron una delegación de alto perfil que incluyó al secretario del Tesoro y a cuatro senadores republicanos.


En el acto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a Trump durante su discurso que “al reconocer la historia, usted ha hecho historia”. Netanyahu también defendió la represión en Gaza, y dijo que “todo país tiene obligación de defender sus fronteras”.


Las protestas fueron las más multitudinarias desde que los residentes de Gaza lanzaron una campaña, en gran parte organizada por Hamas, contra el bloqueo del territorio -que ya lleva una década-, el 30 de marzo.


El bloqueo de Israel y Egipto, que comenzó en 2007, cuando Hamas tomó el control de la Franja de Gaza, ha sumido en la desesperación y la pobreza extrema a los 2 millones de palestinos, que viven en lo que califican de “la mayor prisión a cielo abierto del mundo”.


Los 58 muertos sólo el día de ayer superan a los alrededor de 50 que habían muerto hasta ahora en siete viernes consecutivos de protestas similares en la frontera con Gaza, igualmente reprimidas por el ejército israelí.


El ejército israelí estimó que unos 40.000 palestinos participaron de las manifestaciones, y que esto era menos que la cifra que esperaba Hamas.


El traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén –una promesa de campaña de Trump– indignó a los palestinos, que quieren que el sector este de la ciudad sea la capital de su futuro Estado. Hamas dijo que las protestas en la frontera continuarán “hasta que los palestinos obtengan sus derechos”.


“Trasladar la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén será un desastre para el gobierno estadounidense y un día negro para la historia del pueblo de Estados Unidos porque esto lo hace cómplice de la ocupación y de la agresión contra el pueblo palestino”, dijo Ismail Radwan, un dirigente de Hamas. La inauguración de la embajada siguió a la decisión de Trump del 6 de diciembre pasado de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.


Abbas, que gobierna en Cisjordania, dijo que la nueva embajada equivale a “un nuevo asentamiento estadounidense” en Jerusalén y que esto prueba que Estados Unidos “ya no es un mediador en Medio Oriente”.


El momento de los eventos de ayer también fue muy simbólico, ya que fue el 70° aniversario de la creación de Israel. Hoy, los palestinos conmemoran lo que llaman “Nakba”, o Catástrofe, en alusión al desarraigo de cientos de miles de personas que huyeron o fueron expulsados durante la guerra árabe-israelí de 1948, que rodeó a la creación de Israel.


La mayoría de los 2 millones de habitantes de Gaza son descendientes de refugiados, y la protesta se ha bautizado “Gran Marcha del retorno” a las tierras y hogares perdidos en lo que hoy es Israel. Israel capturó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén en una guerra en 1967. Años más tarde se anexionó la Ciudad Santa, sin reconocimiento internacional.


Sólo dos países, Paraguay y Guatemala, han dicho que imitarán a Estados Unidos y trasladarán allí sus embajadas. El resto, incluyendo a Argentina, tienen sus embajadas en Tel Aviv, por considerar que esta cuestión debe ser resuelta por israelíes y palestinos.

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El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes

Un nuevo estudio revela que el Ejército colombiano mató entre 2002 y 2010 a muchas más personas de lo que se creía en los casos de 'falsos positivos' para trucar las estadísticas y justificar la ayuda militar estadounidense

 

Gloria Astrid Martínez vio a su hijo por última vez el 8 de febrero de 2008. Después de desayunar, Daniel, de 21 años, salió de casa, en Soacha, un suburbio abandonado de la capital de Colombia, para empezar un nuevo trabajo en fincas situadas en el campo y propiedad de ricos.


“Me dijo que había encontrado un trabajo que pagaba tanto que yo no tendría que trabajar más”, recuerda Martínez. “Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero él insistió, así que se fue”.


Ocho meses después, el cuerpo de Daniel apareció en una fosa común cerca de la frontera con Venezuela vestido con ropa de camuflaje. Soldados del Ejército colombiano habían atraído a Daniel con la promesa de trabajar en la ciudad de Ocaña, a 660 kilómetros de Bogotá, donde le asesinaron y le calificaron de rebelde con el objetivo de mejorar las estadísticas en la guerra contra los insurgentes izquierdistas.


Las cifras infladas, conocidas como “falsos positivos”, se utilizaron para justificar la ayuda militar estadounidense. Los agentes que llevaron a cabo las ejecuciones fueron premiados con ascensos y vacaciones.


Cuando en 2008 salió a la luz la noticia sobre las matanzas, el escándalo acorraló al Ejército colombiano: decenas de destacados militares fueron destituidos y otros muchos de menor rango fueron enviados a prisión.


Pero un nuevo estudio del que es coautor un antiguo coronel de policía sostiene que la práctica estaba mucho más extendida de lo que se había informado con anterioridad. De acuerdo con los autores Omar Rojas Bolaños y Fabian Leonardo Benavides, aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010, más del triple que la cifra calculada por los grupos de derechos humanos.


En el informe 'Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega en campos de batalla ficticios', los autores describen cómo el Ejército de Colombia mató sistemáticamente a civiles para mejorar sus estadísticas de muertos en la guerra contra los rebeldes.


"Podemos llamarlos 'falsos positivos' o 'ejecuciones extrajudiciales', pero realmente estos fueron asesinatos a sangre fría”, denuncia Rojas, que ejerció como policía durante 31 años. “Fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con diversidad funcional por su vulnerabilidad, así como un puñado de militares sospechosos de filtrar secretos.


“Esto no es algo que solo ocurrió en el pasado, a día de hoy seguimos encontrando casos de falsos positivos, aunque no con la misma intensidad de antes. Ahora lo llaman errores militares”, afirma Rojas.


El principal grupo rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016 poniendo formalmente fin a 52 años de la guerra civil que dejó 220.000 muertos y unos siete millones de desplazados, la mayoría civiles. Grupos paramilitares alineados con el Gobierno y otros grupos armados de izquierdas también han contribuido al derramamiento de sangre. Todos los bandos han cometido atrocidades.
El presidente Juan Manuel Santos, que fue galardonado con el premio Nobel de la Paz por liderar el acuerdo, ocupó el cargo de ministro de Defensa entre 2006 y 2009, el periodo con más matanzas por falsos positivos.


Los activistas denuncian que ni Santos ni su predecesor, Álvaro Uribe, han rendido cuentas por el escándalo, aunque Uribe se enfrenta a varias investigaciones independientes por supuestos crímenes de guerra. Un testigo clave en uno de los casos fue asesinado en Medellín el mes pasado.


A menudo el Gobierno de Colombia ha restado importancia al escándalo calificándolo como acciones de unos pocos individuos sin escrúpulos.


“Los falsos positivos no es solo un problema de unas pocas manzanas podridas”, señala José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América. “Estas matanzas aparentemente generalizadas y sistemáticas se cometieron por tropas adscritas prácticamente a todas las brigadas en todas y cada una de las divisiones del Ejército de Colombia”, añade.


El soldado que reclutó a Daniel está actualmente cumpliendo una pena de 39 años de prisión, junto con muchos otros militares de bajo y medio rango. Pero no se ha condenado a ni un solo general.


Para Martínez, que ha recibido amenazas de muerte por su lucha por la justicia, la impunidad es desgarradora. “Dicen que el dolor de la pérdida se alivia con el paso del tiempo, pero eso es mentira. Empeora”, afirma con la voz quebrada. “El Estado debe proteger a su gente, no matarla”, añade.

 

Joe Parkin Daniels - Bogotá (Colombia)
09/05/2018 - 20:08h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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“Deberíamos preocuparnos por la calidad de lo que comemos”

El director de Memoria del saqueo continúa con su serie de documentales y ahora se ocupa del modelo agrosojero que amenaza la salud de la población: “Hay muchas cosas que no sabe el común de la gente: va al verdulero y compra cosas que están todas envenenadas”.



En el octavo film de la serie documental de Fernando “Pino” Solanas, Viaje a los pueblos fumigados, el director de La hora de los hornos profundiza en los severos problemas para el medio ambiente y los seres humanos que genera la utilización de los agrotóxicos como los herbicidas, pesticidas e insecticidas con que se fumigan parte de los campos argentinos. Filmada en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Salta, Chaco y Misiones, la nueva película de Solanas investiga las consecuencias sociales –no sólo ambientales– que dejó el modelo transgénico con esos agrotóxicos. El film denuncia que en la Argentina actual para lograr mayor volumen exportador se producen granos, carnes, verduras y otros alimentos con sustancias químicas muy dañinas. Para poder concretar su investigación cinematográfica, Solanas contó con testimonios de ingenieros, productores, chacareros, maestros y directores de escuelas rurales, médicos, profesores universitarios, investigadores del Conicet y víctimas de las fumigaciones. A través del contacto con la población afectada, el cineasta pudo comprobar el aumento de cánceres, diabetes y malformaciones de los embriones, entre otros graves problemas para la salud humana. Viaje a los pueblos fumigados está en las antípodas del documental televisivo porque tiene la marca identitaria del cine de Solanas, caracterizado por la fusión de géneros. El film se estrena el jueves 3 de mayo, tras una proyección especial que tuvo en la Berlinale, en febrero pasado.


“Era una asignatura pendiente que la venía postergando porque aparecieron otros temas con más urgencia. Acá hay secuencias que yo filmé en 2003”, cuenta Solanas en diálogo con PáginaI12. “Empecé esta obra con la idea de hacer una película larga, grande, una suerte de La hora de los hornos en cuanto al análisis y lo testimonial. Después, me fui dando cuenta de que eso iba a ser enorme, y no se iba a poder ver. Nadie soporta una película de más de una hora y cincuenta”, cuenta Solanas. Y explica la diferencia que tiene este tipo de cine con el comercial: “Estas son películas que exigen al espectador porque son de reflexión. No son de acción. Podés ver cinco horas de films de acción porque te llevan como una montaña rusa. Es causa y efecto, causa y efecto: no son películas para pensar sino para dejarse llevar. Y en ésta se dicen y se muestran cosas y se analiza lo que se ve y lo que se muestra. Es un cine más ligado al ejercicio de la lectura”.


A finales del 2002, Solanas se dio cuenta de que tenía que pensar en varias películas. “Primero, fue Memoria del saqueo, con lo que pasó en los 90. En cuanto a cómo se defendieron las víctimas de los años 90 lo mostré en La dignidad de los nadies. Y así se fueron concatenando. La que estreno ahora se vino postergando, pero forma parte de una larga obra. El tema central son algunos aspectos de la crisis social de la Argentina contemporánea. Mejor dicho, lo que quedó después de las privatizaciones de los años 90, lo quedó después del saqueo monumental de los 90. Y lo que quedó es un bote a la deriva de la correntada”, plantea el director que en junio presentará una versión restaurada de La hora de los hornos en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, con motivo de cumplirse los cincuenta años de su estreno.


–¿Qué fue lo que más le impactó al investigar la producción de alimentos con agrotóxicos?


–Lo que me llamó la atención es la desinformación de la población, porque la población sufre muchas enfermedades que cuesta diagnosticar. Vivimos en un mundo de una alta contaminación. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires vivimos con un smog altamente contaminante y es una ciudad que todavía no nos informa cuál es la tasa de contaminación del día. Las grandes ciudades del mundo marcan todos los días en sus noticieros y en sus diarios cuál es la tasa de smog y de contaminación. Dicen: “Mañana los autos impares no entran más a la ciudad”. Reducen a la mitad el parque automotor y toman medidas. Las aguas también tienen índices de contaminación. Si agarramos un vaso de agua y lo analizamos encontramos algunos problemas, pero la dosis es insignificante, se dice. El tema es que esta insignificancia junto a la que traen los alimentos, todo suma, y mucho. Lo más sorprendente es que no existen investigaciones públicas, programas de investigación en hospitales y en universidades sobre las consecuencias de la salud de la población de las fuentes de contaminación. Y esas fuentes de contaminación vienen por dos orígenes. Uno es que la industria química hace varias décadas comenzó a meterse en la industria alimentaria: conservantes, colorantes, saborizantes, etcétera. Después, la producción de vegetales, hortalizas, frutas, yerba mate, todo se hace con pesticidas, fungicidas y agrotóxicos. Algunos dirán: “Qué exagerado. No son agrotóxicos. Son agroquímicos”. Y otros dirán: “No son agroquímicos, son fitosanitarios”. Estas sustancias químicas son tóxicas, algunas en reducida medida, y otras, en gran medida.


–¿El motivo del empleo de los agrotóxicos es que permite una mayor rentabilidad del negocio del agro o hay otros factores que intervienen?


–En el fondo de esto, está la búsqueda de los productores de una mayor eficiencia productiva. Eficiencia productiva quiere decir producir más cantidad a menor costo. Esa ecuación de producir en escala, reducir los costos y reducir la mano de obra ha llevado a este modelo. La siembra directa con la receta de la semilla transgénica que prospera si está rodeada de una batería de agrotóxicos o herbicidas eliminó el 90 por ciento de la gente en el campo.


–¿Por qué no está prohibido el uso de glifosato en la Argentina si, de acuerdo a lo que se desprende del documental, está comprobado científicamente que produce malformaciones en los embriones, cánceres y retardos mentales, entre otros efectos?


–Este es el gran problema y por eso hacemos este documental. Si esto estuviera bajo control, a lo mejor no tendría mucho interés la película. Yo he buscado con estas películas colocar la lupa sobre algunos grandes temas sociales de la Argentina contemporánea, no sólo para dar testimonio sino para abrir el debate. Ninguna película tiene la posibilidad de tratar a fondo un tema. Lo puede tratar un libro o una investigación, pero la película tiene la ventaja de que es un campanazo fuerte que te abre la ventana hacia un paisaje desconocido. La gente debería empezar a preocuparse de cómo se producen los alimentos que come. Y no ir y comprar en el supermercado esa verdura sino buscar algunos de los negocios que venden verdura orgánica; digamos, agricultura ecológica. En general, la exigencia del hombre y la mujer contemporáneos es tal que comenzaron a delegar en los fabricantes de alimentos la calidad, con qué y de qué manera se producen los alimentos. Nadie sabe cómo se producen. “Esta marca es importante. Yo confío que esta marca está colocando lo mejor”, piensa la gente. La realidad es muy otra. El gerente de la gran empresa o la multinacional que produce tiene como objetivo cumplir con la pauta que la dirección de arriba le ha marcado: pauta de producción, pauta de insumo, pauta de costos. Su rol no es cuidar la salud de la población.


–Igual, el debate no es sólo si está prohibido o no porque usted señaló que el Endosulfán está prohibido en la Argentina desde 2013 y, sin embargo, esa prohibición se vulnera. ¿Fallan los controles?


–Totalmente. Yo diría que en la Argentina prácticamente los controles son mínimos. Acá no se controla casi nada. Una cosa es el verso y otra cosa es la realidad. Tomemos el caso de la verdura: llega a los mercados concentradores de madrugada. Y se vende dos horas después y no queda nada. A las 5 de la mañana están los verduleros eligiéndola. A las 7, la instalan en sus locales. Y a las 7.30, 8 están vendiendo la verdura. No se puede controlar. La única manera de hacerlo es controlar la fuente de producción. Cuando ves al Senasa con un presupuesto paupérrimo, ¿qué puede controlar el Senasa? No hay control. Lo único que le importa al productor, que está semiquebrado, es que no lo desalojen, poder pagar la factura de luz que si no se la cortan. “Yo estoy compitiendo y si tengo que rociar dos veces a los pimientos o a los tomates para que no tengan ninguna pinta lo hago”. Estás vendiendo tomates que son “perfectos” y acá el cliente, el consumidor compra por los ojos. Compra lo que no tiene ninguna pinta, lo que es igualito, lo que es perfectito. No compra por el gusto. Y los “perfectitos” son lo que están más formateados químicamente y controlados químicamente. Una ensalada que presuntamente es el plato más sano y liviano para comer tiene de diez a veinticinco fungicidas y plaguicidas.


–¿Por qué la población argentina no es consciente de este grave problema? ¿Tiene que ver con las máscaras publicitarias de los alimentos?


–Por supuesto. Todo es publicidad. Compran la mayor parte en el supermercado. Hay una gran incultura. Esto no lo sabe la población: va al verdulero y compra cosas que están todas envenenadas. Tampoco hay una cultura defensiva, que sería lavar bien la verdura que comprás. La podés lavar con lavandina, con bicarbonato de sodio, otros le ponen mucho vinagre, la dejan en remojo. Todo eso mata lo que está afuera, lo que es exterior. Pero lo que es interior a la planta, no lo mata. Y como esa planta creció con toda esta batería de elementos, eso está en su estructura. Como todo esto es nuevo y como estas cosas emergen con el tiempo, los daños ambientales o los daños de la contaminación en la infección son con el tiempo. Yo me tomo un vaso de agua. Si es aislado es una cosa. Si durante 365 días tomo agua que tiene determinado metal pesado o una dosis de arsénico –que es lo común en el agua– superior, al final de uno o dos años me hizo un agujerito adentro. Si vas a un médico, en quince minutos te despacha. Estas son enfermedades y daños nuevos en la salud.


–¿Cree que es posible modificar el modelo agrario actual que destruyó los bosques?


–Por supuesto. No hay solución de un día para el otro, pero hay solución. Va a llevar tiempo. Por ejemplo, el modelo agroindustrial que va desde la semilla transgénica para producir en gran escala, se siembra y luego con el empleo de los agrotóxicos, es un combo. No se puede salir de un día para el otro porque esa renta, esa producción del campo, de alguna manera lo financia en buena parte el Tesoro Nacional. Tampoco podés desfinanciar el Estado de un día para el otro. Por supuesto que con decisión política, seguida de planificación y si se compensa lo que vas sacando, se puede. Todo es complejo para que lo pueda explicar en este momento, pero hay posibilidades. Por ejemplo, hay producción orgánica en la Argentina agroecológica. Toda la soja orgánica que se cultiva se exporta. Te la sacan de las manos porque hay un consumidor en el norte europeo que no quiere el cereal transgénico, quiere el orgánico. No le importa pagar un poquito más.


–¿Cómo notó que importa este tema en Europa a partir de haber presentado la película en la Berlinale?


–La película llegó a la Berlinale en un momento crucial. Pocas semanas antes había culminado un gran debate que llevó todo el año pasado: si se iba a prorrogar la autorización de utilizar glifosato en Europa. Fue un gran debate. Finalmente, ese debate se decidió en Alemania, se perdió por un voto, pero semanas o meses después que la Bayer había comprado Monsanto. Es un gran debate. Hoy en día, se utilizan los pesticidas en todos los países agrícolas. Lo más interesante que yo creo que muestra esta película es que revela lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que no se ve y se oculta son las consecuencias negativas que tiene el modelo en lo social. Apuntemos ahí el éxodo rural, la migración espectacular que ha habido hacia las ciudades o pueblos. Hoy hay una agricultura sin agricultores. Las otras son las consecuencias en el suelo porque esta pampa de la tierra negra, la famosa pampa argentina está llena de bichos, lombrices y bacterias que son la riqueza del suelo y hacen que el suelo tenga vida. El suelo no es roca inerte. La vida se la da todo ese mundo de bacterias y en la naturaleza todo tiene un rol. De la misma manera que el puma come al cabrito o a alguna otra especie porque si no sería plaga. Los ciclos de la naturaleza son trágicos, pero al mismo tiempo sabios. Se han generado a través de miles de años. Y todo tiene un sentido en la naturaleza. Entonces, el suelo ha sido severamente castigado con los agrotóxicos. Son suelos muertos. Matan todo y para darle vida ahí van los herbicidas, el fósforo y todo lo que se le coloca para darle fertilidad al suelo. Pero lo más trágico es el daño a la salud de la población. Y esos daños no se verifican en el momento, como tampoco uno se da cuenta de qué daño se le hizo al suelo en unos meses o en un año.

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