Agroecología: nuevo paradigma agroalimentario

El actual sistema agroalimentario es insostenible. Nunca lograremos el reto de alimentar a una cada vez más creciente población mundial, si se continúa con el paradigma de intensificación productiva, pues ha llevado a los límites los recursos naturales: suelos, agua, bosques, biodiversidad y recursos pesqueros. Se requiere promover un cambio transformador en el modo de producción y consumo de alimentos.


Es hora de innovar para aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, con la vista puesta en el cambio climático. Sostenibilidad e innovación son palabras clave. Se trata de un nuevo paradigma. El futuro de la agricultura y de los sistemas alimentarios no es intensivo en insumos, sino en conocimiento.
La agroecología puede ofrecer distintas contribuciones para encontrar una solución a nuestro dilema, pues combina ciencia y saberes culturales, además pone énfasis en los vínculos entre valores humanos y los medios de vida sostenibles, incluso la cultura de las tradiciones alimentarias.


La agroecología ofrece múltiples beneficios al aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia; impulsar los medios de subsistencia y las economías locales; diversificar la producción de alimentos y las dietas; promover la salud y la nutrición, salvaguardar los recursos naturales, la biodiversidad y las funciones ecosistémicas; mejorar la fertilidad y la salud del suelo; además de la adaptación y la mitigación al cambio climático y preservar las culturas locales y los sistemas de conocimiento tradicionales.


La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) convocó recientemente al segundo Simposio de Agroecología, donde se reunieron más de 700 participantes: representantes de 72 países, seis agencias de las Naciones Unidas y cerca de 350 agrupaciones de la sociedad civil, academia y sector privado, con la finalidad de debatir el futuro de los sistemas agroalimentarios, teniendo presente la agroecología como un modelo alternativo que puede contribuir para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de cara a 2030.


El documento final del simposio hace un llamado a la FAO para que desarrolle un plan de acción detallado a 10 años para promover la agroecología e implementar iniciativas que amplíen su escala en los países miembros y a escala global. Se insta a los consumidores y ciudadanos a actuar como agentes de cambio en el sistema alimentario, promoviendo así un consumo responsable. Al mismo tiempo, se recomienda a los fondos, mecanismos y agencias de financiamiento que incrementen recursos para las políticas públicas sobre promoción e implementación de la agroecología. Se alienta también a las instituciones académicas y de investigación a ampliar su participación en este campo.


La FAO publicó en 2017 un estudio sobre las políticas públicas en favor de la agroecología en América Latina y el Caribe, en el marco de las recomendaciones del primer simposio (septiembre 2014). El documento presenta las principales evidencias de la influencia de las políticas públicas en la promoción de la agroecología en países que han incentivado dicha alternativa, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México y Nicaragua.


El estudio de la FAO (2017) incluye un análisis comparativo en escala regional que toma en cuenta cuatro aspectos: los conceptos utilizados por los países, las características de los procesos, las políticas en favor de la agroecología en términos de contenidos, instrumentos y gobernanza y sus efectos en términos de transición, así como desarrollo para la agroecología. El documento sienta las bases para los países de la región, teniendo la agroecología como una estrategia política para lograr los objetivos de desarrollo estratégico, como ha recomendado este segundo simposio.


Es por ello que los gobiernos deben desarrollar marcos normativos y legales para promover la agroecología y los sistemas alimentarios sostenibles. Por su parte, los agricultores familiares, mujeres y jóvenes, deben seguir siendo piezas clave para ampliar el alcance de la agroecología. Sin ellos no hay forma de implementar tales políticas públicas.

Por Crispim Moreira, representante de la FAO en México

La tabacalera Philip Morris se aprovechó de la adicción a la nicotina, que siempre había negado, para promover sus ventas

La multinacional dueña de marcas como Marlboro o Chesterfield conocía, desde el año 2000, la importancia de dependencia a la nicotina en el tabaquismo, según revelan documentos secretos de la compañía públicos a raíz de un litigio.


Washington

La compañía tabacalera más grande del mundo, la estadounidense Philip Morris, identificó a la nicotina como el principal impulsor del hábito de fumar en 2000 y redirigió sus políticas para promover su uso, según un estudio publicado en la revista especializada PLOS Medicine.


Después de décadas negando el papel de la dependencia de la nicotina en la adicción al tabaco, Philip Morris, dueña de marcas como Marlboro o Chesterfield, tenía una comprensión interna de la adicción al tabaco superior a la que admitía de manera pública, tal y como revelaron documentos secretos de la compañía hechos públicos a raíz de un litigio en su contra.


Un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco (EEUU) analizó estos documentos para explorar la comprensión de la compañía de la adicción y descubrieron que Philip Morris aprovechó entonces su conocimiento para enfocar sus promociones y productos.


Los autores Jesse Elías, Yogi Hendlin y Pamela Ling descubrieron que la tabacalera continuó estudiando la adicción durante la década de los 2000 para desarrollar productos de nicotina "exitosos y potencialmente más seguros".


Además, tras analizar los documentos secretos, encontraron que desde mediados de la década de los noventa hasta por lo menos 2006, los modelos internos de adicción de Philip Morris consideraron factores psicológicos, sociales y ambientales como comparables en importancia a la nicotina en el uso de cigarrillos.


Elías y sus colegas argumentaron que este conocimiento sobre el papel de la nicotina en el hábito de fumar permitió a Philip Morris redirigir la política lejos de las intervenciones sociales y ambientales y hacia la promoción de productos "perjudiciales".


Los investigadores señalaron en su estudio que debido a la naturaleza fragmentada e incompleta del archivo de documentos de la industria tabacalera, es posible que se hayan perdido algunos documentos importantes.


No obstante, los autores enfatizaron que la reducción de la prevalencia del tabaquismo requiere de políticas que aborden todos los factores que impulsan la adicción al cigarrillo, por ejemplo, restricciones de publicidad, empaquetado genérico, impuestos al tabaco y restricciones generalizadas al consumo de cigarrillos.


"Es más probable lograr resultados de salud positivos al complementar la investigación y los consejos de conducta con intervenciones cada vez más fuertes a nivel de la sociedad que aborden los componentes psicológicos, sociales y ambientales de la adicción", apuntaron los autores.

 

Publicado enSociedad
Lunes, 30 Abril 2018 06:06

Antiterrorismo

Antiterrorismo

A uno le tiembla la mano escribiendo, reportando, ciertas cosas. Y uno duda si dar aún más detalles sobre lo más oscuro y bárbaro sólo sirve para alimentar el nihilismo, o a fin de cuentas sólo lo normaliza más, o si acaba funcionado como anestesia. O peor, que nos volvemos sólo simples mirones del paisaje del horror. Antes uno hacía eso leyendo el Alarma o yendo a ver ciertas películas (ahora resulta que tal vez algunos de los filmes de horror más extremos son documentales).

Pero según algunos sabios, hay que confrontar el horror para superarlo y transformarlo, ya que no hacerlo, no reportarlo, no responder, no actuar, es volverse cómplice.

El jueves pasado se inauguró el Monumento Nacional por la Paz y la Justicia en Montgomery, Alabama. Ahí están instaladas 805 columnas de acero suspendidas de un techo, cada una representando un condado, y grabadas sobre ellas los nombres de más de 4 mil 400 afroestadunidenses y otros que fueron linchados entre 1877 y 1950. Fueron espectáculos públicos, a veces con miles de espectadores, y además de ahorcados, a veces fueron quemados vivos, castrados o desmembrados, casi siempre en público, a veces en frente de tribunales. Las razones para algunos de estos actos brutales: por caminar demasiado cerca a una mujer blanca, por tener la foto de una mujer blanca, o una mujer embarazada que se atrevió a protestar por el linchamiento de su esposo.

Es parte del “terrorismo racial” que forma parte de la historia de este país, afirma Bryan Stevenson, fundador de la Iniciativa de Justicia igualitaria que diseñó y construyó el monumento y un museo dedicado al asunto y cuyos bisabuelos eran esclavos. “No hemos creado espacios en este país que ofrezcan la historia de la desigualdad racial, de la esclavitud, del linchamiento, de la segregación que motive a la gente a decir ‘nunca más’”, comentó en entrevista con el Washington Post.

Afirmó que los afroestadunidenses, “a pesar de la brutalidad, a pesar del odio a pesar de la violencia, seguimos insistiendo ‘busquemos un camino para avanzar adelante’. Y es una historia notable de una comunidad de gente que desesperadamente sólo desea la paz”, afirmó Stevenson. Agregó que parte de la visión para el museo es crear un país donde de aquí a 100 años, la gente negra y café no serían presuntos peligrosos y culpables, donde reconocemos esta historia, donde logramos recuperarnos de ella. Indicó en entrevista con el New York Times: “no me interesa hablar de la historia estadunidense porque quiero castigar a Estados Unidos. Quiero liberar a Estados Unidos”.

Y es que a pesar de los grandes avances, sobre todo el cambio generado por el movimiento de derechos civiles, ese pasado sigue muy presente. Tal vez ya no hay linchamientos, pero hoy día existe la encarcelacion masiva; la profesora de leyes Michelle Alexander reveló que hay más hombres negros en las prisiones que el número de esclavos poco antes de la Guerra Civil. Mientras tanto, las condiciones de los que viven en la pobreza (sobre todo las comunidades afroestadunidenses y latinas) no han avanzado en medio siglo, con todo lo que eso implica para educación, salud y empleo.

Ese “terrorismo racial” desatado contra los inmigrantes africanos que llegaron en cadenas para ser el “combustible” de la economía estadunidense, ha sido ejercido en cierta medida contra olas de otros inmigrantes (irlandeses, italianos alemanes, chinos, y latinoamericanos) desde hace siglo y medio. De hecho, entre los linchados –aunque la gran mayoría eran afroestadunidenses– también hubo mexicanos, judíos, indígenas, y hasta algunos disidentes progresistas blancos; o sea, cualquiera que pudiera ser considerado una amenaza al dominio cristiano blanco.

Y en momentos en que la clase política necesita un “enemigo” para dividir a los pobres, versiones de ese mismo “terrorismo racial” se ha aplicado una y otra vez hasta hoy día.

El sábado, el presidente Donald Trump, en un discurso ante un mar muy blanco de sus fanáticos en Michigan preguntó: “¿hay hispanos en el salón. No, no tantos, está bien”, poco antes de afirmar que “toda esta gente que se está volcando a través de la frontera van a votar (por los) demócratas (…) muchas veces no saben qué están haciendo ni por qué lo están haciendo, pero tenemos que tener fronteras y pronto (…) necesitamos el muro”. Poco antes, Trump grabó un mensaje para apoyar la campaña de un representante federal en Arizona donde advertía que si ganaba el contrincante demócrata, “los inmigrantes ilegales se volcarán sobre tu frontera, trayendo con ellos sus drogas y su crimen”.

Algunos expertos señalan que Hitler estudió los sistemas económicos y legales racistas de Estados Unidos para desarrollar sus políticas. De hecho, hace una semana, hubo un desfile público nazi en Georgia. Un comentarista advirtió: “cuando los nazis no tienen miedo de caminar por las calles de Estados Unidos, y los afroestadunidenses sí, pues mejor despierta y escucha la chingada alarma”. Un 57 por ciento de los estadunidenses –incluyendo más del 80 por ciento de los afroestadunidenses y un 75 por ciento de los latinos– opinan que Trump “es un racista”, según una encuesta reciente de AP-NORC.

Ese mismo “terrorismo racial” se expresa en las tácticas de las autoridades migratorias, quienes están literalmente arrancando a niños de los brazos de sus madres (más de 700 niños han sido separados de sus padres inmigrantes desde octubre, reportó el New York Times), en el juego cruel con que se amenaza a los jóvenes indocumentados que llegaron siendo menores de edad (los dreamers) como en las declaraciones del presidente y sus seguidores de que las familias centroamericanas que llegan a pedir asilo son “amenazas” a Estados Unidos.

Pero los inmigrantes, los esclavos liberados, los perseguidos, los refugiados, los “otros”, son las reales fuerzas antiterroristas en Estados Unidos, son los que han obligado a este país a enfrentar sus propios horrores y que una y otra vez lo invitan a cumplir con sus propias promesas de libertad y justicia para todos.

 

Publicado enInternacional
Petroleras: el negocio de la contaminación

La industria petrolera sabía desde hace más de seis décadas que estaba causando el cambio climático global. Además, patentó en ese periodo varias opciones de tecnología para energías renovables y otras que podrían haber disminuido el daño, pero no las desarrolló, porque los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) resultaban más rentables. Por si este crimen fuera poco, usaron, además, a los mismos investigadores que la industria del tabaco usó para negar por décadas los problemas de salud causados por fumar.

Aunque la industria petrolera siempre niega esa conexión, la organización Centro Internacional de Ley Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés), ha recopilado miles de evidencias, ahora publicadas en el informe Smokes and Fumes (Humo y gases), demostrando no sólo la conexión entre ambas industrias, sino que incluso fueron empresas petroleras las que diseñaron la estrategia y sugirieron investigadores a la industria del tabaco para engañar al público (https://tinyurl.com/ya2lapzd).

A partir de la década de 1950 en adelante, las industrias petroleras y tabacaleras usaron las mismas empresas de relaciones públicas y los mismos grupos de investigación, y también los mismos investigadores, explicó Carroll Muffett, presidente de CIEL, al presentar el proyecto. “Una y otra vez encontramos que tanto las empresas de relaciones públicas y los investigadores, trabajaron primero para las petroleras y luego para las tabacaleras. Era como un pedigrí que las empresas tabacaleras reconocían y buscaban”, añadió.

La estrategia en ambos casos seguía un patrón de negación de evidencias y de crear confusión sobre la realidad de daños e impactos, sembrando incertidumbre en el público y en comités políticos y judiciales, para que no se pudiera generar una política pública al respecto. Siguieron este modelo también con la negación de los impactos en salud y ambiente del plomo en la gasolina, el smog, la contaminación del aire, la toxicidad del benceno y otros casos.

Las evidencias recopiladas por CIEL, entre otras que han permitido atribuir el cambio climático a industrias específicas, como la de combustibles fósiles, han dado pie a iniciar una serie de juicios contra esas empresas por su responsabilidad en causar el cambio climático. Esto es algo que antes no se había intentado porque era difícil establecer legalmente la responsabilidad por los daños causados por el cambio climático en comunidades y regiones concretas a empresas específicas. CIEL muestra en su reporte que las industrias petroleras, por ejemplo ExxonMobil (antes como Standard Oil y Esso) recibían reportes desde la década de 1950 y 1960 sobre la relación causal entre los gases producidos por la quema de combustibles fósiles y el cambio climático.

Toda la industria petrolera, por conducto de su Instituto Americano del Petróleo, recibió informes constantes desde 1968 sobre los riesgos climáticos de sus producción. Desde 1980, la industria petrolera comenzó incluso a incluir los riesgos climáticos en los cálculos de rentabilidad y en el aseguramiento de sus activos. Pese a esto y pese a que el cambio climático ya estaba científica y notoriamente probado, desarrollaron desde 1990 una agresiva campaña de relaciones públicas para negar el cambio climático.

A finales de 2017, las ciudades de San Francisco y Oakland, así como varios condados de California emprendieron una acción legal contra las grandes petroleras Exxon, BP, Chevron, Conoco-Phillips y Shell por su contribución al cambio climático, y los daños que está causando a esas ciudades, en particular por la necesidad de crear nueva infraestructura para protegerse del aumento del nivel del mar. Además, acusan a las empresas de usar la misma estrategia que la industria del tabaco para desacreditar informes científicos críticos a sus actividades y ocultar intencionalmente “la amenaza existencial para la humanidad” causada por el cambio climático debido al uso y abuso de los combustibles fósiles. Se trata de demandas de miles de millones de dólares.

En enero de 2018, la ciudad de Nueva York inició otro juicio por responsabilidad civil contra las mismas cinco petroleras, por daños a la ciudad causados por el cambio climático, sumando nueve entidades entre ciudades y condados.

ExxonMobil respondió a las demandas con una campaña de intimidación, acusando legalmente a los fiscales responsables de las demandas y a una serie de funcionarios de esas ciudades, de “una conspiración para atacar los derechos constitucionales” de Exxon, una frase totalmente trumpiana, porque si hay alguien que ha hecho exactamente eso contra la población mundial, han sido estas empresas. A finales de marzo de 2018, la juez federal Valerie Caproni de Manhattan desechó la contrademanda de Exxon, por no existir materia para tal medida.

En Europa, Amigos de la Tierra de Holanda inició el 4 de abril de este año un juicio contra Shell (petrolera con sede en ese país) por su responsabilidad en el cambio climático, teniendo conocimiento de las consecuencias de su explotación desde hace 30 años. También porque sus actuales planes empresariales y de inversión, sabotean directamente el Acuerdo de París sobre cambio climático, ya que aseguran un aumento en la temperatura de cuatro grados para 2100. Esta demanda cuenta con el apoyo de Amigos de la Tierra Internacional, con miembros en 75 países, y está abierta a manifestar el apoyo de otras organizaciones e individuos (https://tinyurl.com/y73fvway).

Es apenas el comienzo. Hay un movimiento mundial para enjuiciar a las petroleras por causar el cambio climático, uno de los más graves crímenes ambientales contra la gente y el planeta.

* investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 28 Abril 2018 06:18

Denuncian y se abre el diálogo

Denuncian y se abre el diálogo

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua informó el jueves que al menos 63 personas murieron y otras 15 están desaparecidas, en lo que definió como “una masacre contra el pueblo”. La CPDH, creada en 1977 en plena dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue clave en sus derrocamiento con sus denuncias a las persecusiones de campesinos que recorrieron el mundo, y desde entonces es la principal fuente de consulta sobre violaciones a los DD.HH. en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos internacionales y centros académicos especializados.


En tanto, aún no se sabe cuándo se iniciará el diálogo propuesto por el gobierno, aceptado con condiciones por los estudiantes, que siguen atrincherados en una universidad, y con la mediación de la Iglesia, principal aliado del gobierno, que a su vez convocó a una marcha en Managua para el próximo sábado.


La cifra de muertos difundida por la CPDH, que el miércoles estimaba que los desaparecidos eran 60, sextuplica el número de fallecidos informados por el gobierno de Nicaragua, y casi duplica las estimaciones de gente abatida a tiros, la mayoría de ellos jóvenes, difundida por ONGs y otros organismos defensores de los derechos humanos.
El director del CPDH, Marcos Carmona, señaló el jueves, flanqueado por jóvenes que estuvieron detenidos por la policía, algunos visiblemente golpeados y lastimados, y por madres que mostraron fotos de sus hijos fallecidos en los disturbios, que “lo que se dio es una masacre contra los estudiantes, contra el pueblo de Nicaragua”.


La posición del recién creado Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19A) fue plasmada en una proclama divulgada anoche en rueda de prensa en la Universidad Politécnica (Upoli) por líderes estudiantiles cuya identidad no fue revelada. “Para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos extendió la Conferencia Episcopal de ser partícipes en la mesa del diálogo, en el marco del respeto a todos los estudiantes y a nuestra Constitución Política”, indica el texto leído por una integrante de la agrupación. Sin embargo, asistirán al diálogo “siempre y cuando se nos garantice la seguridad de todos los estudiantes y que no exista persecución política para ninguno de los insurrectos”,

advirtió la proclama citada por medios locales. El M19A responsabilizó al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, “de cualquier acto que atente contra las garantías y derechos constitucionales de nosotros y nuestras familias”, y reclamó la renuncia de ocho jefes policiales.


La ola de manifestaciones en Nicaragua comenzó la semana pasada detonada por reformas en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que aumentaba los aportes patronales, en menor medida de los trabajadores, y reducía las jubilaciones en un cinco por ciento. A causa de las protestas, el domingo el presidente Ortega anuló esa reforma.

Publicado enInternacional
América Latina, el continente más homicida del mundo

Sufre el 33% de los homicidios de todo el mundo a pesar de tener sólo el 8% de su población


Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países más afectados

 América Latina ha sufrido más de 2,5 millones de asesinatos desde el comienzo de este siglo y se enfrenta ahora a una grave crisis de seguridad pública que requiere soluciones urgentes e innovadoras. Esto es lo que advierte un nuevo informe que acaba de ser publicado.


"Las dimensiones totales de la violencia homicida son impresionantes", dice el informe del Instituto Igarapé, un think tank de Brasil que se centra en asuntos de seguridad y desarrollo. La publicación, que vio la luz este jueves, muestra un retrato sombrío de lo que llama el continente más homicida del mundo.


América Latina sufre el 33% de los homicidios de todo el mundo a pesar de tener solamente el 8% de su población. Una cuarta parte de los homicidios que se producen en todo el mundo se concentran en cuatro países –Brasil, Colombia, México y Venezuela– y todos ellos se están preparando para elecciones presidenciales, en las que uno de los grandes temas va a ser el de la seguridad.


"La tendencia general que se presenta en estos momentos en América Latina es la de que sigan aumentando los homicidios y el deterioro de la seguridad", dice Robert Muggah, uno de los autores de este informe.


"América Latina es un área inmensa y hay muchas variaciones. Pero como región –incluyendo a México, a Centroamérica y a Sudamérica– la tasa de asesinatos seguirá aumentando hasta 2030. Los únicos otros dos lugares en los que vemos aumentos parecidos son partes del sur y del centro de África y algunas zonas en guerra".


El informe también pone de manifiesto que los jóvenes latinoamericanos se sienten desproporcionadamente afectados, ya que casi la mitad de todas las víctimas de asesinato han sido personas de entre 15 y 29 años. También denuncia el "increíble" papel que tienen las armas de fuego.


"Además de tener estos niveles extremadamente altos de homicidios, la gran mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego. En el 75% de los casos, se han utilizado pistolas", añade Muggah. La media del uso de pistolas en casos de homicidio es de un 40%.


La crisis de seguridad ha ocupado un lugar central este año, ya que las naciones más violentas de la región se encaminan a elecciones presidenciales. Colombia y Venezuela celebrarán elecciones a finales de mayo, mientras que México, que el año pasado registró su peor tasa de asesinatos desde que existen este tipos de informes, votará el 1 de julio y Brasil lo hará en octubre.


Algunos aspirantes a presidentes han expresado ideas verdaderamente radicales al intentar sacar partido de la furia pública en torno a este asunto. Este domingo, un candidato mexicano, Jaime Rodríguez, sugirió cortar las manos de los ladrones. "Es una propuesta seria, no me la acabo de sacar de la manga", aseguró.


En Brasil, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, uno de los primeros candidatos a la presidencia, se comprometió a relajar las leyes de control de armas. "Debemos dar a todos el derecho de llevar armas, como en EEUU", dijo a O Globo esta semana. "Ya tenemos un bang bang abierto en Brasil, pero solo uno de los lados tiene permitido disparar".


Muggah explica que teme que muchos votantes elijan opciones populistas de estilo férreo que ofrezcan "soluciones simplistas, enérgicas y agresivas para lo que consideran uno de sus principales problemas".


"Existe el peligro de que los latinoamericanos se sientan seducidos por este discurso de la mano dura. Pero esto no resolverá este problema, simplemente provocará que haya más presencia policial, sentencias más largas y más prisiones", concluye el especialista.

Por Tom Phillips - Ciudad de México
26/04/2018 - 19:56h


Traducido por Cristina Armunia Berges

Publicado enInternacional
Nicaragua: “Los muertos no dialogan”

Mientras el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla de paz en sus discursos televisados, en las calles las fuerzas oficialistas seguían masacrando estudiantes. A cinco días de protestas en este país centroamericano se reportan más de 25 personas fallecidas, entre ellos el periodista Ángel Gaona, de la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe. También se reportan más de 60 heridos y 40 desaparecidos.


Desde el pasado 17 de abril, jóvenes universitarios, trabajadores y jubilados han salido a manifestarse en contra de la reforma de la Seguridad Social, que aumentaría la cuota que empresas y trabajadores dan al sistema, y a su vez quita el 5 % de sus pensiones a los retirados.


COMPARECENCIAS


El presidente Daniel Ortega ha comparecido públicamente dos veces en televisión nacional pregonando que su gobierno quiere paz y llamando a los empresarios para abrir un diálogo. En la primera conferencia, Ortega se refirió a los protestantes como “delincuentes” y dijo que se trata de “jóvenes manipulados por partidos políticos que reciben dinero de Estados Unidos”.


En su segunda comparecencia este domingo 22 de abril, Ortega anunció la derogación de la reforma del seguro social y se presentó con empresarios estadounidenses y asiáticos, quienes declararon sentirse preocupados por las afectaciones al clima de inversión para el país. Ortega dijo que “no quisieron usar a la policía” y que “la inmensa mayoría de los nicaragüenses está condenando estos hechos y está respaldando las acciones que tomamos para restablecer el orden y la estabilidad, ya con el acompañamiento de la población”.


Mientras tanto, la Policía nacional y el Ejército siguen regados por el territorio nacional, en confrontaciones con los manifestantes. Sobre las acusaciones de Ortega los jóvenes son contundentes en rechazarlas: “No somos delincuentes, decir eso es lo más absurdo y manipulador. Yo estuve ahí con gente del mismo Frente. Somos el pueblo contra la opresión”, expresó el joven profesional Hermes Cruz. “Ninguno de nosotros anda de vándalos. Los único que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho a expresarnos. ¿Por qué mienten?”, se pregunta la estudiante universitaria Gema Hernández.


LAS PROTESTAS


La primera protesta, que se planeó como un plantón pacífico, escaló rápidamente en violencia. Miembros de la Policía Nacional en conjunto con la Juventud Sandinista, que funciona como un órgano paramilitar del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), robaron y golpearon a manifestantes, incluyendo a periodistas independientes que cubrían el evento.


“Los motorizados pro-Gobierno llegaron con tubos, palos, piedras y machetes a agredir la protesta. Yo logré retirarme e irme a la UCA (Universidad Centroamericana), ahí también nos siguieron para apedrearnos. La policía también nos reprimía”, relata Hernández, estudiante universitaria de 19 años.


Las universidades públicas y privadas del país, otrora bastiones del gobernante FSLN, han sido algunos de los principales focos de batalla. Desde el 18 de abril, los jóvenes se han atrincherado en los recintos universitarios y han librado duras batallas con la policía y miembros de las fuerzas de choque del partido de gobierno.


Gema, estudiante de cuarto año de Derecho, ha participado en las protestas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y asegura que mientras la policía atacaba con balas y gases lacrimógenos, los universitarios se encontraban desarmados. “Los jóvenes que estamos en las calles no tenemos cómo defendernos, no tenemos armas, no teníamos nada más que nuestra voz. Tuvimos que tirar piedras, pero es lo único”, relata.


El Gobierno ha utilizado operativos combinados para reprimir las protestas, utilizando a las fuerzas del orden público y a los miembros de la juventud partidaria. Según relata Hermes Cruz, un profesional de 24 años que también está participando en las protestas universitarias, lo que han tenido que sortear los jóvenes ha sido extremadamente difícil. “Mientras la policía nos reprimía y agarraba a varios jóvenes para desaparecerlos, la Juventud Sandinista se tomó la universidad y le prendieron fuego a un predio vacío con monte que hay ahí. Nos perseguían, ellos tenían armas y nosotros tuvimos que correr a la catedral”, relata Cruz.


Se han registrado decenas de enfrentamientos de los jóvenes con la Policía y el Ejército, quienes han utilizado armas de alto calibre para disipar las protestas.
EL “SAQUEO”, LA EMPRESA PRIVADA Y LA “VERDAD IMPOLUTA”


El diálogo al que convocó Ortega invitó únicamente al Consejo Superior de Empresa Privada (COSEP), que hasta ahora había mantenido una estrecha alianza con el Gobierno, instaurando durante años un modelo corporativista.Sin embargo, las cámaras empresariales se han distanciado del Gobierno, poniendo como condición para iniciar las negociaciones el cese de la represión a la población. Ortega en su discurso del domingo dijo: “No hay que poner condiciones para paz”.


Por su parte los jóvenes estudiantes rechazan el llamado a diálogo de Ortega, pues les parece excluyente y sin verdadero compromiso. “Yo no estoy renuente al diálogo, pero tiene que ser de verdad e incluirnos a los jóvenes, y a todos los ciudadanos atropellados. Ortega sigue sin mencionar a los muertos en sus discursos. Ese tiene que ser el punto más importante”, manifestó Hernández.


El Gobierno, que ha hecho oído sordos ante estas peticiones, intentó presionar al los empresarios y desprestigiar a los protestantes. Los medios oficialistas reportaron cientos de saqueos en comercios en todo el país, y responsabilizaron a los manifestantes de ser los responsables. Sin embargo, a través de medios independientes y redes sociales, los ciudadanos demostraron que quienes realizaron los robos fueron miembros del partido de gobierno, protegidos por fuerzas policiales.


El modelo comunicacional del gobierno, manejado por la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, ha seguido una línea dura de lo que ellos llaman la “verdad incontaminada”. Los medios del Gobierno reportan solo a fuentes oficiales o partidarias. A su vez a través de entes estatales ha cancelado las transmisiones televisivas de los pocos medios independientes del país, entre ellos el canal 100% noticias y el canal 12.


Reporteros de todo el país han sufrido ataques y robos de sus equipos por parte de grupos afines al Gobierno, incluyendo el periodista asesinado en el Caribe de un balazo en la cabeza, mientras transmitía en vivo en su página de Facebook.


EL MOVIMIENTO SIN LÍDERES Y LA JUVENTUD APÁTICA


Esta es la primera vez en los 11 años consecutivos que Ortega lleva en el poder que se ha realizado una insurrección popular de esta magnitud. El mandatario, que también gobernó el país durante los años 80, llegó a la presidencia en 2006, cambiando el discurso de socialismo duro por la reconciliación social y la alianza con las iglesias católica y evangélica.A través del control de todos los poderes de Estado, Ortega anuló la prohibición de reelección indefinida, que se encontraba en la Constitución política. En 2011 y 2016, Ortega se declaró ganador de las elecciones presidenciales en medio de serias denuncias de fraude electoral.


La oposición partidaria en el país ha sufrido múltiples fragmentaciones y su representación ha perdido fuerza durante los últimos años. Según una encuesta de la firma CID GALLUP, más del 50% de los nicaragüenses se identifica como “independiente”, es decir que no simpatiza con ningún partido político. Según los jóvenes y el pulso de las redes sociales, ese grupo es el que se ha volcado a las calles.


En los miles de ciudadanos que han protestado durante estos días no hay líderes visibles, y usualmente se organizan en grupos de amigos, vecinos o compañeros de clase, sin distingo de tendencia política. “Yo no pertenezco a ningún partido pero estuve ahí inclusive con gente del mismo Frente, estamos juntos en esto, esto es más que cualquier partido”, expresa Cruz.


La generación de jóvenes que ha encabezado las protestas, que nacieron después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, había sido duramente criticada por ser apática a los problemas sociales del país.


Sin embargo, en esta vuelta de tuerca se posicionan en un nuevo escenario. El obispo auxiliar de la Iglesia Católica, Silvio Báez, los ha llamado la “reserva moral del país”. Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra, ha reinvidicado el papel de la juventud en las luchas sociales de Nicaragua. “Las generaciones adultas les reclamaban frecuentemente por esa supuesta indiferencia y apatía, pero el desborde de energía y beligerancia desplegado en estas movilizaciones muestran que, al igual que el resto de la sociedad, los jóvenes no son apáticos, ni indiferentes, ni están desinformados”, escribió Cuadra en un artículo de opinión publicado en el medio nacional Confidencial.


Al cierre de estas líneas, los manifestantes siguen en las calles de todo el país enfrentándose al ataque de la Policía, el Ejército y las fuerzas de choque pro-Gobierno. Mientras, el “diálogo” propuesto por Ortega queda como palabras al viento, pues no se vislumbra apertura del Gobierno para realizar una discusión franca que incluya a los jóvenes y a otros sectores del país. En muchas de las pancartas que llevan los jóvenes a las protestas se lee: “Los muertos no dialogan”.

Por Dánae Vílchez
23 abril 2018 0

Publicado enInternacional
La agonía del proceso de paz colombiano

Ni la guerra ni la coca, ni las armas desaparecieron con el acuerdo de paz

En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas –ex paras, disidencias de la guerrilla y nuevos paras– causan terror y muerte.

Campesinos que huyen, cadáveres de líderes, cartas de amenazas, periodistas baleados, paramilitar armado, ex paras extraditados y el líder rebelde Jesús Santrich aguantando sus últimos alientos en la Cárcel La Picota. La Colombia de esta semana no es una en paz como prometían los acuerdos. Los escándalos por la corrupción en el manejo de los dineros de la paz se atenúan con las escenas de sangre, terror y narcotráfico que recuerdan que ni la guerra, ni la coca, ni las armas, han desaparecido en un país a punto de elegir su próximo presidente. Como toda época de comicios, la violencia arrecia pero esta vez con una ex guerrilla de las FARC desarmada y uno de sus principales líderes tras las rejas, en huelga de hambre, y poniendo en agonía, además de sus órganos ya maltratados por huelgas similares en exigencia del cumplimiento de la amnistía y el Acuerdo de Paz, el futuro de la paz de Colombia. 

“Lo que pase con Jesús Santrich tendrá efectos no solo en la implementación inmediata del Acuerdo de Paz sino que definirá la historia próxima del país”, le dice a PáginaI12 Gustavo Gallardo, abogado de Seuxis Pausivas (Santrich) que no cesa de mandar mensajes desde su frío lugar de reclusión en el sur de Bogotá, a donde fue trasladado después de pasar los primeros días en el búnker de la Fiscalía donde la semana pasada una gran protesta que incomodó al Fiscal habría provocado el traslado al Pabellón de Alta Seguridad. En sus cartas a ex combatientes, al mismo Fiscal General, y a su familia, “Santrich” insiste en despedirse y dejar claro que ofrendará su vida ante el “fallido” proceso de paz en el cual se declara traicionado y víctima de un montaje de Estados Unidos y la derecha colombiana, interesada, dice, en no realizar la reforma rural, en no devolver la tierra robada a los campesinos, en continuar cultivando y exportando cocaína, en mantener el poder limitado para ellos, y en seguir acallando los movimientos sociales.


En los rincones empobrecidos de Colombia, como Catatumbo, Tumaco y Chocó, las balas retumban y las amenazas de los hombres alzados en armas –ex paras, bacrim, disidencias de la guerrilla, “elenos”, y nuevos paras– causan terror y muerte. Aún no se recuperan los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados por “Guacho” en la frontera con Ecuador, y la Mesa de Conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya fue expulsada de ese país dilatando así el nuevo cese al fuego que aliviaría a los negros, indígenas y campesinos que padecen los fusiles en las ricas y exuberantes sábanas de Catatumbo, o en las montañas de Antioquia, o entre los ríos del Pacífico donde los criminales aprovechan los vacíos de las Farc. Mientras tanto, los ahora integrantes del partido político –ya desarmados, sin dinero tras devolver sus bienes al gobierno, y en muchos casos sin alimento– esperan con las últimas gotas de paciencia a que el Estado cumpla con las tierras, los proyectos productivos y sobretodo la seguridad jurídica pactada en el Acuerdo que se negoció en La Habana durante cuatro años y uno de cuyos principales artífices está hoy detenido presionando con su propia vida para que su caso sea traslado a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tal como reza el Tratado de Paz que fue avalado por el Congreso, depositado como acuerdo humanitario especial y le valió el Nobel de Paz al Presidente Juan Manuel Santos.


“Estamos agotando la paciencia. Por ahora, seguiremos las directrices del Partido, pero si no vemos garantías futuras, si el camarada Santrich no es puesto en la JEP como debe ser, no por capricho de nadie sino por cumplir lo que pactamos, y sino vemos seguridad para nosotros, tendremos que tomar decisiones”, expresó desde un Espacio Territorial de Reincoporación y Capacitación (ETCR) antes Zonas Veredales el ex comandante “Silfredo Mendoza” quien recuerda que los centenares de hombres y mujeres que componían su tropa y siguen en la Zona tiene hoy comida y actividades productivas, “es gracias al propio esfuerzo nuestro porque el gobierno no solo nos está incumpliendo con las tierras, se está robando el recurso que llega de otros países, sino que arma montajes para poner nuestros líderes en la cárcel”.


Entre tanto, los temblores por el revolcón en el negocio de la coca pusieron en un avión de la DEA al ex paramilitar Daniel Rendón Herrera “Don Mario” el día de ayer; mientras las ciudades se desangraron como en los años noventa por cuenta de las disputas narcos. En las comunas populares de Medellín las balas tronaron y acabaron con la vida de 9 personas entre el domingo y el lunes; y panfletos amenazantes en apartadas zonas cocaleras donde un nuevo grupo paramilitar advierte que pondrá “orden” a su estilo, también circularon en las calles de la capital antioqueña.


Al mismo tiempo, se descubre que las Fuerzas Militares están desviando dinero de sus compras de logística, y que los agentes de seguridad de líderes sociales están actuando, en algunos casos, como mulas de narcotráfico, mientras los candidatos a la presidencia prometen una cosa y otra para salvar esta patria que se sacude, como durante décadas, derramando la sangre de los más inocentes y llenando los bolsillos de políticos y militares que son noticia de la semana.

Publicado enColombia
Decenas de miles de nicaragüenses exigen el fin del régimen de Ortega

Numerosos manifestantes se dirigieron a la Universidad Politécnica, bastión de la resistencia estudiantil, para demandar el cese de la represión, en una demostración de fuerza inédita



Fue una demostración de fuerza cívica inédita en Nicaragua en la última década. Decenas de miles de nicaragüenses, vestidos de blanco y ondeando la bandera nacional, recorrieron varios kilómetros en Managua después de que la represión de las protestas de los últimos días haya dejado al menos 25 muertos. Coreaban consignas contra el régimen del presidente Daniel Ortega, que ha sofocado con dureza las manifestaciones originadas por la reforma al Seguro Social promulgada el pasado martes. Aunque el presidente derogó las reformas, la marcha convocada por las cúpulas empresariales se desarrolló de forma pacífica, una muestra del rechazo de los ciudadanos a la violencia desatada por el Gobierno.

Los manifestantes, en una conmovedora demostración de solidaridad, rompieron con la ruta prevista de la marcha y se dirigieron varios kilómetros más allá, hacia los barrios orientales de Managua. Allí todavía hay barricadas y es donde está la sede de la Universidad Politécnica (UPOLI), bastión de la resistencia estudiantil, atacada la noche del domingo por las fuerzas antidisturbios y los seguidores del Frente Sandinista. A las protestas en Managua se suman las manifestaciones masivas en las ciudades de Estelí, Matagalpa, Masaya, Granada, Bluefields y León.


“¡Qué se vayan, qué se vayan!”, coreaban miles de personas al unísono exigiendo el fin del régimen del presidente Daniel Ortega, que ha gobernando Nicaragua de forma autoritaria durante 11 años. “¡Daniel y Somoza, son la misma cosa!”, gritaban a todo pulmón. Una consigna muy dura para el mandatario, porque lo compara con el dictador contra el que luchó en su juventud.


El ánimo en Managua era de triunfo. La gente formaba parte de una marea humana que contrastaba con el discurso oficial dominado por Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Ortega, para quien las protestas eran “minúsculas” y sus manifestantes “vampiros en busca de sangre”. Esta marcha nacional comenzó a las 15.00 hora local, en la céntrica garita de Rubén Darío y avanzó hasta la UPOLI, unos seis kilómetros más allá del destino inicial. Varios manifestantes cargaban imágenes con los nombres de los muertos y exigían la liberación de los detenidos por la Policía Nacional. Entre quienes cargaban pancartas estaba Marcos Olivares, un joven de 28 años que denuncia la captura de uno de sus amigos, Jorge Chamorro Flores, maestro de arquitectura que había llegado hasta la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a entregar víveres a los estudiantes que estaban atrincherados en esa universidad pública, como lo hicieron decenas de nicaragüenses durante el inicio de la crisis.


“Me estoy manifestando por una patria libre, porque se detenga ya la represión y porque liberen a mi mejor amigo, mi hermano, a quien conozco desde los ocho años”, explicó Olivares, quien aseguró que su amigo lleva cuatro días detenido. “No me puedo quedar tranquilo, en la comodidad de mi casa, mientras él está preso”, agregó

.
Para los jóvenes como Olivares la manifestación de este lunes representa una ruptura con la realidad política del país en el que han vivido su vida adulta. Por primera vez decenas de miles de nicaragüenses han tomado las calles de la capital para exigir un cambio en la forma de gobernar el país. A los mayores de la manifestación, les recordaba a las protestas para derrocar la dictadura de Somoza, pero para quienes no vivieron en aquel régimen esta era una novedad. “Esta marcha es increíble. En mis 28 años nunca había visto que el pueblo se levantara. Y es por esta casa justa, noble, por la patria. El pueblo sabe que se puede unir sin violencia”, expresó Olivares.


Las manifestaciones contra el régimen comenzaron el pasado miércoles después de que el presidente decidiera imponer la reforma al Seguro, que establece una reducción del 5% a las pensiones y aumentos en las cuotas que deben pagar la patronal y los trabajadores para evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El Gobierno desató una dura represión contra los manifestantes, que ha dejado al menos 25 muertos.


Está por verse el impacto que esta demostración de fuerza tendrá en el régimen de Ortega, que ya sufrió una dura derrota en su intransigencia y autoritarismo al tener que derogar las reformas al Seguro. Hasta el momento queda claro que el comandante perdió el control de las calles y que hay un movimiento civil que después de una semana histórica de manifestaciones marca un antes y un después para el poder en Nicaragua.

 

Managua 24 ABR 2018 - 04:55 COT

Publicado enInternacional
Sube a 25 la cifra de muertos en 4 días de protestas en Nicaragua

Al menos 25 personas murieron, 67 resultaron heridas, 43 desaparecieron y 20 han sido detenidas por la policía durante los cuatro días de protestas en Nicaragua, reportaron ayer organizaciones humanitarias, mientras el gobierno únicamente notificó el "fallecimiento de 10".

El recuento preliminar fue realizado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Iniciativa de Defensoras de Derechos Humanos (Inddh), explicó la abogada y activista Mónica López a la agencia de noticias internacionales Dpa.

De acuerdo con un informe, 17 víctimas (entre ellos un agente de la policía) murieron durante los incidentes violentos en Managua y en dos municipios vecinos. Tres fallecieron en Masaya, dos en León, dos en Estelí y una en Sébaco. La televisión local reportó el deceso del periodista Ángel Eduardo Gahona cuando cubría las protestas en la ciudad de Bluefields.

Además de los 67 lesionados (53 hombres y 14 mujeres), el texto subraya la destrucción de la emisora Radio Darío, en la ciudad de León, que fue incendiada el viernes por presuntos simpatizantes del gobierno.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abrió ayer un diálogo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para reformar los aumentos decretados al sistema de seguridad social, que provocaron las violentas protestas desde el pasado miércoles.

El gobierno está "totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz y la estabilidad para el trabajo, para que nuestros país no esté en medio del terror que se está viviendo en estos momentos", afirmó Ortega en cadena nacional.

El mandatario no fijó fecha para comenzar el diálogo, propuesto el viernes por el gremio empresarial, pero dijo que sus representantes están listos para "discutir ese decreto" –entró en vigor el miércoles– y hacer ajustes o redactar uno nuevo si es necesario, pues la reforma entrará en vigor el primero de julio.

Denunció, sin ofrecer nombres, que las protestas son alentadas por políticos críticos de su gobierno, quienes reciben financiamiento de sectores extremistas de Estados Unidos. Lo hacen para "sembrar el terror, la inseguridad y destruir la imagen de Nicaragua tras 11 años de paz y tomar el gobierno", manifestó.

Nuevas protestas y choques

Tras el discurso del mandatario, primero desde que comenzaron las movilizaciones, cientos de jóvenes nuevamente chocaron de manera violenta con policías antimotines en esta capital y otras urbes. Con los rostros cubiertos con camisetas, levantaron barricadas en las calles y lanzaron piedras a los policías, quienes los reprimían con gas lacrimógeno.

También había focos de tensión en la Universidad Politécnica, bastión de los manifestantes, mientras cientos de ciudadanos se concentraron al sur de la capital para protestar. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, indicó por la madrugada que la movilizaciones dejaron "10 personas muertas" y decenas de heridos.

Las protestas, de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, comenzaron el miércoles anterior, un día después de la publicación, en el diario oficial La Gaceta, de un paquete de reformas que aumentó hasta 22.5 por ciento las cuotas de trabajadores y patrones al seguro social y dispuso una disminución de 5 por ciento a las pensiones de miles de jubilados para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad.

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, llamó al gobierno a dialogar para detener la violencia, que también ha dejado destrucción por vandalismo en edificios públicos, viviendas y comercios.

"Exhortamos a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes y la voz de otros sectores que se han pronunciado sobre las reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social y derogar las reformas a las políticas de esta institución", subraya un mensaje de la conferencia episcopal del país.

El gobierno de Costa Rica pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nicaragua, debido a la ola de violencia que sacude esta nación por las protestas.

La cancillería costarricense, en un comunicado, también hizo recomendaciones a las personas que "indefectiblemente deban visitar la vecina nación y a quienes residan allá".

Publicado enInternacional