Masacre en Centro Andino: ¿De quién es la autoría? ¿De la ultraderecha santista?

Es inmensa la consternación entre los colombianos por la masacre ocurrida en uno de los baños del Centro Andino de Bogotá, en la que murieron varias jóvenes inocentes y apenas iniciando sus vidas.


El episodio nos regresa a los peores momentos de la violencia endémica que carcome a la sociedad nacional desde hace décadas como consecuencia de la absurda manera como las criminales elites oligárquicas nos imponen su privilegios y arbitrariedades.


En momentos en que se hacen esfuerzos para poner fin a un largo ciclo de violencia social y armada, reaparece esta problemática con sus crueles manifestaciones como para recordarnos las imperfecciones de los recientes acuerdos de paz firmados desde noviembre del 2016 en Bogotá entre el señor Santos y Timochenko el de las Farc.
Como se trata de un acontecimiento de grandes implicaciones y repercusiones, el gobierno está manipulando y haciendo circular diversas hipótesis sobre la autoría de tal evento sangriento en el que perecieron tres mujeres muy jóvenes.


En principio hay un abusivo monopolio santista de la verdad criminalística con evidentes tintes políticos como no podría ser de otra manera.


Los altos círculos del gobierno, y el santismo de los usufructuarios del poder (E incluyo cierta izquierda en plan de conciliación neoliberal), han dejado circular interpretaciones que los grandes medios de comunicación, aferrados presupuestalmente al Estado, plantean en los siguientes términos:


Primero. Se trata de un acto desestabilizador de la ultraderecha ligada al uribismo, empecinado en el fracaso de la paz. Tesis muy débil si se tiene en cuenta que el Centro Democrático ha ganado mucho espacio político con su pertinaz oposición al actual gobierno, colocándose en óptimas condiciones para que uno de los suyos sea el próximo Presidente de la Republica. Ni tontos que fueran para embarcarse en tremendo error.


Segundo. Se trata de una acción de los Elenos empecinados en mantener el ejercicio de la violencia a toda costa. Algo bien improbable si se tiene un conocimiento completo de los avances de los diálogos que se adelantan en Quito entre los delegados del gobierno y los representantes de la guerrilla camilista. Ni bobos que fueran como para dañar la más consistente experiencia de negociaciones políticas con resultados tangibles y concretos para las demandas históricas de dicho movimiento histórico de la resistencia popular colombiana.


Tercero. Los del Clan Usuga tampoco parecen ser los autores, pues hasta su plan pistola contra la policía lo cancelaron después de hacer recientemente arreglos con los jefes policiales acantonados en Uraba, Córdoba y el Choco. Puro cuento de analistas trasnochados.


Cuarto. La disidencia de las Farc localizada en el Guaviare también se sugiere como la responsable de dicho evento, conjetura poco solida si se tiene en cuenta que esa es una estructura muy débil y errática cuya prioridad aparente es el negocio de la coca.


Quinto. La tesis de que los autores son los integrantes de un Movimiento Revolucionario del Pueblo-MRP organizado en triadas y con disciplinada compartimentación, parece ser un novelón de los servicios de inteligencia del gobierno para estigmatizar a la Universidad Nacional como lo ha denunciado el Rector Mantilla y para apalancar un chivo expiatorio que se utilizara para montar la correspondiente cacería de brujas con atropellos y arbitrariedades muy comunes en los servicios policiales del Estado colombiano, como lo sabemos desde los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, que las investigaciones de años demostraron fueron planificadas y realizadas por los directores del Das, como Maza Marquez y otros. ¿Cuánto de eso no se repetirá ahora con estas investigaciones carentes de profesionalidad científica?


Sin embargo, un análisis más fino del actual contexto político puede llevar a pensar que detrás de todo esto hay una “ultraderecha santista” que deambula por los servicios de inteligencia del Estado sin control, haciendo todo cuanto se les venga en gana para imponer los objetivos de la camarilla dominante en el Estado. Esa facción ha entrado en pánico en vista del grave deterioro de la gobernabilidad y legitimidad del régimen dominante.


Hay varios elementos que se deben considerar al hacer las reflexiones correspondientes.


Tales asuntos se refieren a los siguientes fenómenos:


Primero. El descomunal desprestigio del señor Santos cuyas cifras de aceptación entre la ciudadanía han caído de manera severa. Solo 12 de cada 100 colombianos tiene buena imagen del presidente según las más recientes encuestas.


Segundo. Hay una demoledora recesión económica con evidentes impactos fiscales, sociales y estratégicos en la supervivencia del régimen de poder.


Tercero. El proceso de paz con las Farc no ofrece resultados tangibles para millones de personas, pues el señor Santos y sus asesores redujeron la terminación del conflicto a una mera dejación de las armas a cambio de toneladas de papel con leyes y decretos absolutamente inútiles e ineficaces. Lo único cierto es que la paz santista es un plan para remozar el modelo neoliberal en su nueva fase extractivista y agroindustrial, en perjuicio de más de 13 millones de campesinos para los cuales el acceso a la tierra y la titulación de los predios seguirá siendo una entelequia.


Cuarto. La indignación y rebelión de las masas ciudadanas ha crecido de manera notoria en los meses recientes mediante la huelga de los educadores y los paros cívicos del Choco y Buenaventura, cerrados con grandes conquistas populares; anunciándose para el mes de agosto un gran Paro cívico nacional con la parálisis de todas las actividades en el territorio nacional.


Quinto. La realización de una Constituyente comunal en Venezuela ha incrementado la conspiración santista contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ocasionando grandes tensiones entre los dos Estados. La oligarquía bogotana siente pasos de animal grande con los cambios que se anuncian en Caracas para profundizar la democracia revolucionaria y avanzar en la construcción del socialismo.


Este cuadro sociopolítico le tiene los nervios de punta a los núcleos más retardatarios y violentos del gobierno del señor Santos y es una pista que se debe explorar para llegar a la verdad sobre los responsables de la masacre que entristece a la ciudadanía.


Desde la sociedad civil es necesario demandar una investigación independiente que arroje resultados muy rápidos para evitar mayores manipulaciones del agónico régimen neoliberal.

Publicado enColombia
Jueves, 01 Junio 2017 06:51

Un feroz ataque golpeó Kabul

Un feroz ataque golpeó Kabul

Aunque ningún grupo se adjudicó la agresión con un camión cisterna en el barrio de las embajadas, autoridades afganas señalaron a la red Haqqani, vinculada al talibán. Es el peor ataque desde que empezó la invasión en 2001.

 

Un atentado de proporciones pocas veces vistas sacudió a Afganistán. La tranquila mañana de uno de los barrios residenciales de Kabul se vio interrumpida ayer en hora pico por una explosión que dejó decenas de muertos y centenares de heridos cerca del Palacio Presidencial y del área de embajadas en la capital. El saldo de víctimas fue confirmado por las autoridades afganas. “De acuerdo a informes recibidos, este potente ataque causó la muerte a 90 personas y heridas a 463 de nuestros civiles e inocentes compatriotas”, indicó en su cuenta de Twitter el Centro Gubernamental de Información y Prensa afgano.


La detonación de un camión cisterna repleto de explosivos provocó el incendio de decenas de coches que quedaron calcinados en el barrio diplomático de la capital afgana. Cuerpos despedazados y personas heridas por los cristales rotos a causa de la onda expansiva aparecieron en el lugar de la detonación. Aunque nadie se adjudicó el atentado, el Directorio Nacional de Seguridad (NDS) afgano responsabilizó a la red Haqqani, grupo ligado al talibán, con apoyo de la inteligencia paquistaní.


Se trata del atentado más sangriento registrado por la misión de Naciones Unidas en Afganistán desde que comenzara la invasión estadounidense en 2001, que superó al ataque que en julio pasado causó 85 muertos y 413 heridos durante una manifestación de la minoría hazara en la capital afgana. El presidente afgano, Ashraf Gani, convocó luego de la explosión a un encuentro de emergencia de su gabinete para analizar la información que se había recabado hasta el momento, al tiempo que ordenó el inicio de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades en el ataque.


De acuerdo con un comunicado del Palacio Presidencial, el dirigente pidió también al Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Alcaldía de la capital que reconstruyeran las áreas destruidas por el estallido del coche bomba, que dejó un agujero de varios metros en una de sus principales avenidas y grandes daños materiales. “La explosión estuvo causada por una cisterna de agua que contenía más de una tonelada y media de explosivos. Dejó un cráter de 7 metros de profundidad”, detalló una fuente occidental en Kabul. La carga explosiva del camión bomba fue accionada por un kamikaze cerca de las 08.30 hora local (0.30 de Argentina), según señaló el ministerio de Interior. El estallido provocó una potente onda expansiva que causó numerosos daños en los alrededores, según imágenes aéreas difundidas por el canal afgano Tolo.


Por el momento se desconoce cuál era el objetivo de los terroristas. La bomba estalló cerca de la embajada alemana, pero al cierre de esta edición nadie había señalado a los alemanes como destino del ataque. Cerca del lugar hay otros objetivos posibles: el palacio presidencial, ministerios, el cuartel general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, embajadas, grandes supermercados y oficinas de grandes empresas como la de telecomunicaciones Roshan. De hecho, entre los muertos hay muchos trabajadores de esa compañía.


Según el alto mando, el objetivo de los insurgentes no era el área en que ocurrió la explosión, donde hay embajadas y edificios gubernamentales, sino una ubicación desconocida a la que se dirigían cuando fueron parados por las fuerzas de seguridad. La misión de la OTAN en Afganistán, Apoyo Decidido, indicó en un comunicado que las tropas afganas detuvieron a los atacantes antes de que accedieran a la zona de alta seguridad. “Su objetivo se encontraba en otro sitio y eso podría haber sido peor que este incidente, cuya ejecución se pudo oír en buena parte de la ciudad”, dijo el general Murad.


Y aunque ningún grupo reivindicó su autoría en el ataque, la principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad responsabilizó a la red Haqqani. “El ataque bárbaro de Kabul fue planeado por la Red Haqqani en Pakistán y contó con la dirección y cooperación directa de la Agencia de Espionaje de Pakistán ISI”, denunció el organismo de inteligencia afgano en un comunicado, que responsabilizó en múltiples ocasiones a Haqqani de los atentados en el país.
El gobierno afgano acusó en varias ocasiones a Pakistán de alentar una guerra no declarada contra Afganistán y de cobijar a los terroristas de la red Haqqani. A pesar de su vinculación con la red Haqqani, los talibanes negaron estar detrás del ataque y argumentaron que sus filas no están autorizadas a llevar a cabo acciones como esta sin ningún objetivo. La formación liderada por el mulá Haibatullah tiende a desvincularse de las acciones que dejan un gran número de víctimas civiles.


El atentado se produce en un contexto de gran incertidumbre para Afganistán. El presidente estadounidense Donald Trump está analizando el posible envío de miles de militares para hacer frente a la situación. El jefe del Pentágono, Jim Mattis, declaró días atrás que 2017 será un año difícil para el Ejército afgano y para los soldados extranjeros desplegados en Afganistán. Estados Unidos, implicado en la República Islámica en el conflicto más largo de su historia, mantiene a 8.400 hombres junto a 5.000 militares de los Estados aliados, cuya principal misión consiste en formar y asesorar a las Fuerzas Armadas afganas.


Kabul no es una ciudad segura. El año pasado murieron tantos civiles como en la guerra civil en los años 90. Las cifras se dispararon un 75 por ciento respecto a 2015. Este año la capital afgana se ubica a la cabeza de víctimas civiles en comparación con otras ciudades del país. Probablemente, la bomba que estalló cerca del Palacio Presidencial haga que ninguna ciudad la supere. En los últimos meses se podía respirar cierto nerviosismo en Kabul. Pero desde ayer se respira miedo

Publicado enInternacional
EE UU admite que mató a al menos 105 civiles en un bombardeo en Mosul en marzo

La operación iba dirigida contra el ISIS, pero derrumbó un edificio lleno de familias

 

El Pentágono reconoció este jueves que el bombardeo llevado a cabo el 17 de marzo por el Ejército estadounidense en Mosul, la ciudad iraquí que las fuerzas aliadas tratan de liberar del autodenominado Estado Islámico, se saldó con la muerte de hasta 105 civiles. Se trata de la mayor tragedia con civiles por parte de los estadounidenses desde que la campaña aérea comenzó en 2014. El Departamento de Defensa presentó su informe definitivo sobre aquella matanza, de la que culpa en gran medida al grupo terrorista alegando que el edificio objetivo almacenaba gran cantidad de explosivos.


El ataque sobre dicho inmueble, cerca del casco antiguo de Mosul, provocó la explosión del armamento del ISIS (siglas en inglés del Estado Islámico). Murieron así 101 civiles que estaban dentro, además de otros cuatro que se encontraban en las proximidades. “La explosión secundaria desató un rápido colapso de la estructura que mató a dos francotiradores del EI, a 101 civiles que estaban en los pisos inferiores de la estructura y a cuatro civiles en la estructura vecina del oeste”, dijo el general Matthew Isler. Pero la cifra de víctimas podría aumentar, ya 36 personas que se encontraban en la zona siguen desaparecidas.


Según los datos disponibles por el Observatorio Iraquí para los Derechos Humanos, a finales de aquel mes cerca de 700 civiles habían muerto ya por ataques del ISIS o bombardeos de las fuerzas gubernamentales o de la coalición internacional como consecuencia de la ofensiva iniciada en febrero, aunque solo 439 están completamente confirmados.
Las fuerzas del servicio de contraterrorismo iraquí, según la versión del Pentágono, se estaban desplazando hacia la zona de Al Jadidah, en el oeste de Mosul, aquella mañana del 17 de marzo cuando fueron atacadas francotiradores escondidos en el piso del edificio y los soldados, sin datos sobre la presencia de civiles, respondieron con una bomba de precisión que en teoría no debería haber causado tanto daño en el edificio, pero hizo estallar el arsenal depositado por los yihadistas.


Mosul, la segunda ciudad de Irak, es el último gran bastión del ISIS y, pese a los avances de las fuerzas aliadas en la zona oriental, la expulsión de los yihadistas presenta muchas complicaciones. El Ejército iraquí ha acusado a los yihadistas de utilizar a la población civil como escudo humano, de colocar explosivas en viviendas habitadas por familias y disparar desde sus tejados a las fuerzas de seguridad. El ISIS mantiene a 400.000 iraquíes encerrados en el Casco Antiguo, según las cifras de Naciones Unidos, una población que vive sin agua corriente ni electricidad y corre grave peligro. A riesgo de causar más víctimas civiles, los soldados se ven obligados al cuerpo a cuerpo.


El informe del Pentágono se alinea con las primeras explicaciones que dio el Ejército iraquí el marzo. Un comunicado señaló entonces que expertos militares habían inspeccionado el edificio “supuestamente alcanzado por el bombardeo" y habían descubierto que el inmueble "estaba completamente destruido, pero no había signos de que lo hubiera sido por un ataque aéreo”.


"Nuestras condolencias están con todos los que fueron afectados por este ataque", dijo el general Joseph Martin este jueves, según AFP, y agregó que "la coalición toma todas las medidas a su alcance para proteger a los civiles y la mejor manera de hacerlo es derrotar al Estado Islámico".


A mediados de abril, el Pentágono también admitió haber matado por error a 18 milicianos kurdos en un ataque aéreo llevado a cabo por la coalición internacional en Siria, en el que era el tercer bombardeo en un mes que mataba equivocadamente a civiles o aliados.

Washington 25 MAY 2017 - 14:05 COT

Publicado enInternacional
La ecología política conquista Latinoamérica

En estos tiempos de emergencia planetaria y de máxima explotación social, el trabajo intelectual para tener sentido debe cumplir dos requisitos. Uno es epistemológico, el otro es político. El primero se refiere a dejar de estudiar la realidad de manera fraccionada, obedeciendo a las parcelas de conocimiento que dominan en la investigación especializada y monodisciplinaria. Hoy se debe abordar la compleja realidad del mundo desde ópticas integradoras u holísticas y eso supone la confluencia y colaboración de los científicos sociales con los naturales, el rompimiento de las capillas de las disciplinas y el quiebre de los sectarismos profesionales. El trabajo colectivo y articulado de los investigadores es necesario para que fluya la verdadera orquestación de los saberes. El segundo es político, y por ende cultural y ético. O los investigadores e intelectuales trabajan para mantener y apuntalar el orden actual, que nos lleva a todos hacia un colapso (tecnociencia al servicio del capital corporativo), o realizan una ciencia con conciencia social y ecológica, una ciencia ciudadana. Una ciencia para la liberación y emancipación. La ecología política opera como nueva área del conocimiento que cubre ambas demandas. Por ello se ha ido convirtiendo en un poderoso instrumento de análisis, que ha terminado por conquistar a innumerables pensadores y corrientes de vanguardia de la América Latina, continente en plena ebullición tanto en la dimensión de las ideas como de las praxis políticas.

Su recorrido no es tan reciente. Al menos debemos ha­blar de unas cuatro décadas dedicadas a la construcción de esta nueva área de conocimiento. Aquí debe señalarse la contribución de buen número de autores, así como la realización de eventos, coloquios, seminarios y congresos, y la creación de colectivos de escala regional. Entre los impulsores de este nuevo campo podemos citar a E. Leff, S. Zermeño y Gian Carlo Delgado en México; a A. Escobar, A. A. Maya y J. Carrizosa en Colombia; a H. Alimonda, W. Pengue y H. Sejenovich en Argentina; E. Gudynas en Uruguay; G. Gallopin y A. Elizondo en Chile, y C. Cavalcanti y C.W. Porto-Gonzalvez en Brasil. De especial importancia ha sido el impulso que desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) se ha dado a esta corriente, encabezado por Héctor Alimonda, recientemente fallecido, y cuya visión y esfuerzo lo sitúan como el indiscutible promotor de una ecología política latinoamericana. Entre los eventos que son dignos de citarse por su impacto y repercusiones están el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, celebrado en Santiago de Chile en 2014, y el primer Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales organizado por la Universidad Nacional General Sarmiento en Argentina, donde se presentaron cerca de 600 trabajos y se hizo un recuento del "pensamiento ambiental del Sur", que es el nombre del libro con las conferencias magistrales del acto (en prensa). La última evidencia de este acto de seducción regional ha sido el Seminario Latinoamericano organizado hace unos días en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que reunió a investigadores de todos los campos del conocimiento (desde biólogos, agrónomos y geógrafos hasta educadores, sociólogos, politólogos y antropólogos ) y a dirigentes, militantes y actores políticos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y varias regiones de México.

La ecología política en la región se ha ido ensanchando y consolidando en la medida en que las luchas políticas relacionadas con la naturaleza han ido cambiando su epicentro: de las áreas urbanas e industriales hacia las regiones rurales y agrarias. Esto ha permitido la transición desde un ambientalismo urbano, clasemediero, eurocéntrico y un tanto ingenuo, a una verdadera ecología política ligada y comprometida con lo que J. Martinez-Álier llamó el "ambientalismo de los pobres" (véase mi olvidado ensayo sobre el tema en Nexos, 69, 1983). Ello ha sido acentuado con el retorno y la expansión del extractivismo a lo largo y ancho de la región: minería, petróleo y gas, biodiversidad, recursos forestales e hidráulicos, expansión carretera y aun proyectos eólicos, solares y megaturísticos. Por ello la ecología política latinoamericana está básicamente centrada en las luchas que los pueblos rurales llevan a cabo en la defensa de su territorios, sus culturas y sus equilibrios regionales. Aquí no debe olvidarse que en Latinoamérica viven unos 65 millones de campesinos, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas que hablan mil 26 lenguas, además de una nutrida población afrodescendiente con una presencia notable en Venezuela, Colombia y Ecuador, y de un mosaico de pueblos tradicionales en Brasil. Tampoco puede obviarse el hecho de que la población indígena de la región crece a tasas mucho mayores que la de los mestizos, y que estas comunidades tradicionales detentan gigantescos territorios como es el caso de Brasil, Perú, Colombia y México.

En lo general la ecología política ha desatado amplios debates e innumerables reflexiones en torno al destino de la región, ha desechado y sepultado el mito del desarrollo y el crecimiento, ha tomado contacto con las propuestas andinas y mesoamericanas del "buen vivir" o "la comunalidad", ha inducido en cierta forma la aparición de la "Encíclica Verde" (a través de las ideas ecoteológicas de Leonardo Boff), y ha cuestionado tanto las políticas públicas neoliberales como las de los llamados "gobiernos progresistas". En esto último han sido notables las contradicciones con los gobiernos de Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela (que favorecieron los grandes proyectos mineros, hidráulicos, de maíz y soya transgénicos, carne, petróleo y gas), y su apoyo decidido a las resistencias locales y regionales ante el avasallamiento de las grandes corporaciones favorecidas por los gobiernos. Finalmente debe señalarse que en el supremo debate sobre el devenir del mundo y del planeta, la ecología política al nutrirse de las cruentas luchas que se realizan en el laboratorio latinoamericano, están aportando importantes novedades ante lo que cada vez más será un campo de batalla entre "proyectos de muerte" y "proyectos de vida". Entre colapso y supervivencia.

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 22 Mayo 2017 06:28

Prender la luz

Prender la luz

Pocos días después de que Donald Trump se mudó a la Casa Blanca pidió al ahora ex director de la FBI James Comey que considerara encarcelar a los periodistas que se atreven a publicar información oficial confidencial, según una versión de la conversación que fue filtrada a los medios hace unos días. O sea, argumentaba que debe ser delito informar sobre lo que los gobernantes deciden que el pueblo que supuestamente representan no deben saber.

La semana pasada, Trump se presentó con un sable a ofrecer un discurso de graduación en la Academia de Guardacostas, y al regresar a su asiento junto al secretario de Seguridad Interior, John Kelly, éste le bromeó con una sonrisa: "Puedes usar eso con la prensa". "Sí, es cierto", respondió el comandante en jefe.

Vale recordar que Trump se ha referido a la prensa en términos de "enemigos del pueblo estadunidense" y no ha cesado, desde que empezó su campaña electoral hasta hoy día, de reprobar públicamente a los medios y denunciarlos como promotores de "noticias fabricadas" y de acusar a los periodistas de ser lo peor de lo peor.

No es el primer presidente en pretender controlar y hasta encarcelar a reporteros –se puede suponer a falta de evidencia de lo contrario que tal vez no hay excepciones–, expertos indican que aunque en general se han respetado las normas durante décadas, no hay leyes explícitas para la protección a periodistas. La primera enmienda de la Constitución garantiza la libre expresión, incluida una prensa libre, pero hay preocupación sobre qué tanta latitud tiene un presidente como Trump para castigar a los medios, sobre todo con un procurador general tan represivo como Jeff Sessions.

Los gobiernos aquí no necesariamente buscan controlar la prensa con amenazas directas, sino a través de perseguir a sus fuentes, y con ello suprimir la relación vital entre fuentes confidenciales y reporteros dedicados a informar a la opinión pública el comportamiento de su clase política. Los peores no han sido hasta ahora los gobiernos conservadores, sino el supuestamente liberal Barack Obama, quien persiguió penalmente a más individuos por filtrar información clasificada según la centenaria Ley de Espionaje, que todos sus antecesores desde 1917 (ocho de un total de 12). Su gobierno también usó la amenaza de prisión para intentar obligar al reportero James Risen, del New York Times, a testificar sobre sus fuentes durante siete años.

El Comité para la Protección de Periodistas informó que no se ha probado legalmente si el gobierno puede encarcelar a periodistas por publicar información oficial secreta. El famoso abogado James Goodel, quien representó al New York Times en el caso de los Papeles del Pentágono, comentó al comité: "he pensado desde el momento en que Trump llegó a presidente que la amenaza más grave para la prensa libre es que él y su procurador general intentarían encarcelar a periodistas".

Hay otras señales ominosas: el mes pasado Sessions comentó a reporteros que arrestar a Julian Assange, director de Wikileaks, era "una prioridad". Varios expertos en leyes advierten que cualquier fiscalización del sitio de filtraciones establecería un precedente legal peligroso para todos los medios, ya que podría ser aplicado a otras organizaciones que publican o reportan sobre información clasificada, incluyendo periodistas individuales.

Una de las personas más peligrosas en Estados Unidos –afirmaba el gobierno cuando fue enjuiciada– acaba de ser liberada la semana pasada después de cumplir siete de sus 35 años de sentencia. No era "terrorista", general, espía o multimillonario, sino el ex soldado Bradley, hoy día la ciudadana Chelsea Manning. Durante su servicio en Irak decidió que su pueblo necesitaba enterarse de qué estaba haciendo el gobierno en su nombre y filtró a Wikileaks cientos de miles de documentos clasificados sobre las guerras más largas de este país, como su diplomacia secreta por el mundo.

Otra de las personas acusadas de traición y de poner en peligro la seguridad es Edward Snowden, quien vive refugiado en Moscú por filtrar información clasificada a medios que reveló programas secretos de vigilancia y espionaje masivo al pueblo estadunidense y a otros del mundo.

Todo esto viene al caso porque hace unas semanas fuimos obligados a escribir con dolor y rabia de un ataque mortal contra uno de nosotros, sólo para tener que hacerlo otra vez más en los días recientes. La mayoría de nosotros (perdón por repetir parte de lo que ya escribí hace tan poco) no deseamos ser noticia. Nos importan las voces de los demás, identificar a monstruos y héroes, contar acerca de esa incesante pugna cotidiana que determina qué, cómo y cuándo será mañana, si habrá un amanecer o si la noche será más larga, y preguntar siempre, ¿por qué? Contar eso de verdad a veces es inconveniente para los que se dedican al juego del poder; y así debe ser la relación entre el periodismo y el poder (por eso el "periodismo" del poder es a fin de cuentas sólo propaganda).

Aquí, hasta donde se sabe, los periodistas no están arriesgando sus vidas al contar lo que está pasando en lo oscurito, donde operan los poderosos, pero la libertad de la prensa para revelar los secretos del poder sí está bajo ataque en todas partes, y eso pone en riesgo no sólo a los periodistas, sino a todos.

El periodista y novelista Pete Hamill dice que el primer periodista fue ese cavernícola que, a la entrada de una cueva donde su gente buscaba asilo de los elementos y los peligros, tomaba una antorcha para ir hasta el fondo de la oscuridad a averiguar qué había –bestias, hoyos, trampas, calor, frío, agua o veneno– para después salir y contar a todos lo que vio, escucho y olió. La vida de todos dependía en qué tan preciso, honesto y responsable era su reporte.

El compañero Javier nos invitó a rehusar subordinarnos al silencio y la oscuridad. Cada acto, cada intento de arrojar luz sobre los que desean ejercer poder sobre los demás –lícita o ilícitamente– es peligroso para los que necesitan obrar en las tinieblas. Por eso, hay que prender cada vez más antorchas y contar la verdad sobre nuestras cuevas.

Publicado enInternacional
Viernes, 19 Mayo 2017 08:14

No al silencio

No al silencio


Doce disparos, a las 12 horas, acabaron en Culiacán con la vida del periodista de Río Doce. México cuenta con seis periodistas asesinados en lo que va del año; 105 desde el año 2000. Ninguno de ellos ha obtenido justicia.

 

Salió de la redacción de Río Doce pasado el mediodía, después de enviar su colaboración al diario La Jornada. Llevaba su sombrero característico, su amabilidad de siempre, su pinta bonachona de hombre panzón y agradable cuando le dispararon 12 veces con dos armas distintas. Horas después de que Javier Valdez Cárdenas fuera asesinado, Sonia Córdova, subdirectora del diario El Costeño, de Guadalajara, Jalisco, fue acribillada junto a su hijo, quien murió.

Dos días antes, siete periodistas fueron retenidos en Guerrero por un comando armado cuando acababan de cubrir un operativo policial; les robaron sus pertenencias y les dijeron que no eran bienvenidos, y que si no se marchaban los iban a quemar junto con las camionetas en que viajaban. Esa misma semana un integrante de la guardia presidencial de Enrique Peña Nieto amenazó a un fotógrafo que cubría la inauguración del Hospital Materno Infantil en Colima, diciéndole a otro integrante de la guardia: “Oye, pero no lo vayas a desaparecer... no todavía, hasta el rato, fíjate bien quién es y grábatelo”.

Con Valdez son seis los periodistas asesinados en lo que va del año; 36 en el sexenio de Peña Nieto; 105 desde el año 2000. Ninguno de ellos ha obtenido justicia. Ninguno.

Lo primero que se aprende al llegar a México a trabajar en la prensa es que, saliendo de la ciudad, una debe cumplir protocolos de seguridad. Hay que buscarse un monitor que siga el trayecto que se hace, que reciba el número de la matrícula del ómnibus en que se viaja, que tenga los contactos para activar una búsqueda si te llevan, porque en realidad uno no tiene cómo evitar los riesgos que implica reportear en este México herido. A lo único que se puede aspirar es a achicar el tiempo de respuesta de quienes están pendientes de lo que le pueda pasar a una.

Se aprende también que los medios para los que trabajás te dejan en banda, que la primicia ha muerto porque, tanto para seguir una puntita de información como para cubrir un levantamiento armado, lo primero que hacemos es llamar a los otros compas, para ver cómo vamos a llegar juntos al punto caliente.

Todas y cada una de esas muertes duelen, pero la de Valdez pesa un poquito más, porque se llevaron a un maestro. Valdez fue un periodista generoso y abierto, una referencia obligada para quien quisiera entender el mundo narco, y también para saber cómo hacer para obtener información fidedigna en un ambiente en el que todo es oscuridad. Enseñó a extremar el método, nos explicó que la autocensura es una forma de sobrevivir y que es también una frontera que se mueve. En este contexto, para un periodista la osadía debe ser secundaria, como nos dijo una vez: “Aquí ser valiente es ser pendejo”.

Valdez, como Walsh –cuál maestro sino él–, entendió que el valor del periodismo es dar testimonio en momentos difíciles, que callar es perder, y sobre todo que uno tiene que aprender a leer la realidad como el aire que respira. Y que la tragedia en todo esto es que el buen periodismo no tiene respaldo, porque la sociedad no lo abraza, y por eso nos pueden seguir matando.

“Es un golpe demoledor para nosotros, para su familia, pero también para el periodismo, el sinaloense, el mexicano, sobre todo ese que investiga, escribe y publica en libertad”, escribieron sus compañeros de Río Doce, el periódico cooperativo que fundó Valdez hace 14 años, en un editorial que publicaron la noche de su asesinato.

Cuando otra colega, Miroslava Breach, fue asesinada semanas atrás en Ciudad Juárez, Valdez escribió estas palabras, que ahora resuenan el triple: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena por reportear este infierno. No al silencio.”

No al silencio, repetimos los huérfanos de su guía que seguiremos trabajando aquí.

Publicado enSociedad
Guerra y caos social en la Ciudad Maravillosa

El pasado mes de febrero, el estado de Río de Janeiro, con 16 millones de habitantes, registró 18 muertos por día, 502 en todo el mes. Es el mayor índice de homicidios en ocho años, con un crecimiento del 25% respecto a 2016. El año pasado se produjeron 4.212 enfrentamiento armados entre la policía militar y los narcotraficantes.


Pero los elevadísimos niveles de violencia sólo saltan a los medios cuando suceden hechos graves, como la muerte el 30 de marzo de una niña de 13 años que estaba tomando clases de educación física, o cuando se difunden imágenes —grabadas por vecinos o transeúntes— de policías matando personas indefensas.


Las imágenes de dos policías rematando a sospechosos heridos caídos en el suelo recibieron el apoyo de más de 100.000 firmas en la plataforma change.org, lo que revela el estado de ánimo de la población carioca. Casi el 80% de las muertes a manos de la policía se producen bajo la figura 'auto de resistencia' (supuestas muertes en enfrentamiento armado), con la que tanto la justicia como la policía validan la muerte de civiles, sin necesidad de testigos ni juicios.


Pero los policías también mueren. Se calcula que cada dos días es abatido un uniformado de la Policía Militar, que tiene pésima reputación entre los habitantes de las 'favelas', en general negros pobres, ya que suelen ingresar disparando, matando más inocentes que delincuentes. Lo cierto es que en los tres primeros meses de 2017 cayeron 50 policías y, según el testimonio de la reportera de la edición brasileña de El País, "cuatro de ellos fueron torturados y carbonizados por traficantes de drogas".


La ciudad cuenta con 47.000 policías que perciben salarios bajos y que no cobran puntualmente por la crisis económica, ya que el estado de Río de Janeiro declaró meses atrás la cesación de pagos, una situación que se resume en "pago atrasado de salarios, hospitales parcialmente paralizados, dependencias estatales sin recursos, cárceles desbordadas y al borde de la rebelión".


El fantasma del caos social ronda la ciudad. El Gobierno del estado negocia una ayuda urgente de 20.000 millones de reales —casi 6.300 millones de dólares—, que podrían llegar a 50.000 en 2019 —15.700 millones de dólares—. En febrero pasado la situación fue más que caótica. Los familiares bloquearon la salida de 30 batallones de la Policía Militar para exigir que se les paguen los salarios e impedir que sus esposos prestaran servicio. El Gobierno federal envió 9.000 soldados para garantizar el orden, algo menos de los movilizados durante los Juegos Olímpicos de agosto pasado.


Una comisión de la Policía Militar elaboró un estudio sobre las causas de las numerosas muertes de efectivos, concluyendo que se deben a tres razones: escaso entrenamiento, armas obsoletas y vehículos sin blindaje, además, por supuesto, de los bajos salarios, lo que fomenta la corrupción en el cuerpo. Muchos policías militares tienen relaciones con los narcos, que poseen armamento más sofisticado y recursos muy superiores.
En cinco años, los enfrentamientos armados crecieron un 300% en la ciudad, la muerte de policías escaló un 275% y las víctimas civiles un 66%. Sin embargo, por cada policía caído son muertos 23 'marginales', como denominan a los civiles sospechosos de pertenecer al narco o estar involucrados con la delincuencia.


La situación es grave no sólo por los altos niveles de violencia, sino por la sensación de desborde. "Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre Asesinatos de Jóvenes publicado en 2016, cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Cada año, mueren 23.100 jóvenes negros de 15 a 29 años. La tasa de homicidios de jóvenes negros es cuatro veces mayor que la de los blancos", escribe el periodista Marcelo Aguiar.


Por el lado de los policías, las cosas son simétricas. "Cuando un soldado ingresa en la policía ya es un muerto vivo, porque acaba siendo victima y rehén de los preconceptos de una política pública equivocada. Hay toda una construcción para hacerles creer que son héroes, que deben morir por el deber", dice Jaqueline Muniz, profesora en seguridad pública de la Universidad Federal Fluminense.


"Ellos necesitan creer que van a morir en nuestro nombre, para poder aceptar la cultura de guerra contra el crimen, una especie de cortina de humo para encubrir las relaciones entre el Estado y las facciones criminales de Río", concluye Muniz. Muchos policías viven atemorizados e intentan esconder su profesión a sus vecinos: algunos secan el uniforme detrás de la nevera o en el horno y esconden la placa de identidad en la rueda de repuesto del maletero, como ilustra la periodista María Martín.


La ONG Justicia Global envió el pasado 31 de marzo un informe a las Naciones Unidas en el que asegura que la política de seguridad pública de Río tiene una lógica de "exterminio y represión", focalizada en la población negra, joven y 'favelada' de la ciudad.


El documento destaca que se está avanzando en "una política de militarización y de encarcelamiento en masa como supuestas soluciones a los problemas de seguridad pública". La ONG denuncia a su vez la persistencia de un racismo estructural que se comprueba con simples números: mientras los homicidios de negros crecieron un 10% entre 2003 y 2014, los de blancos cayeron el 27% en el mismo periodo. El sistema de justicia es cómplice de esta situación que criminaliza a la población negra.


Ese es el caso de Rafael Braga, recolector de residuos, el único manifestante que permanece preso después de las revueltas de junio de 2013. De los 20 millones de personas que salieron a las calles ese mes, protestando por el aumento de las tarifas del transporte y la represión policial, el único que permanece en prisión es Rafael, joven, negro y pobre, una combinación letal en una sociedad cada vez más racista y violenta, que coloca todos los males en las 'favelas', a las que considera —con absoluto desprecio e ignorancia— como espacios 'liberados' del narco.

Publicado enInternacional
México es un cementerio lleno de periodistas

El año pasado se registraron 426 agresiones contra la prensa en México, incluidos 11 asesinatos de periodistas, parte de los 104 homicidios de reporteros, fotógrafos y editores desde el 2000, casi todos impunes. En 2017 mataron a cuatro y 23 siguen desaparecidos.


México está convertido en un cementerio de periodistas, dice Pedro Canché, un reportero maya, para resumir en una imagen la vulnerabilidad de la prensa en un país donde matar periodistas es gratis. Con una impunidad de 90,75% de los casos de ataques contra la prensa, que generan censura y autocensura, México se está quedando ciego, sordo y mudo ante la descomposición política y social en que se hunde.


En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organismos nacionales e internacionales exigieron ayer al presidente Enrique Peña Nieto acciones eficaces para proteger a los periodistas y para resolver la abultada lista de crímenes en su contra, y hasta la Embajada de Estados Unidos en México alertó sobre las graves consecuencias de la ineficacia gubernamental para salvaguardar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.


Solamente el año pasado, la organización Artículo 19 registró 426 agresiones contra la prensa en México, incluidos 11 asesinatos de periodistas, parte de los 104 homicidios (119, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos) cometidos contra reporteros, fotógrafos y editores en el país desde 2000, casi todos impunes. En lo que va de este 2017, ya han matado a cuatro periodistas. A ello se debe sumar 23 periodistas que permanecen desaparecidos.


“La impunidad endémica permite a los grupos criminales, los funcionarios corruptos y los carteles de la droga silenciar a sus críticos, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Nueva York, al presentar ayer un informe especial sobre “uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.


El CPJ responsabilizó al gobierno de Peña Nieto y a sus instituciones de seguridad por el clima de impunidad e hizo una serie de recomendaciones para investigar exhaustivamente los asesinatos de periodistas, “enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”.


Simbólicamente, el CPJ presentó su informe en Veracruz, “donde los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa”, hoy preso en Guatemala. En ese estado, como en el resto del país”, la justicia sigue ausente y la impunidad es la norma”.


En la misma sintonía, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, publicó este miércoles un atípico artículo en el diario izquierdista La Jornada en el que puso el foco en las consecuencias de vivir con una prensa bajo ataque en México: “Es bien sabido que existen zonas de silencio. Zonas de la República en las que los medios no pueden ejercer un periodismo real. Tierra de nadie donde todo puede pasar”.


No es común que un diplomático estadounidense estacionado en México se refiera abiertamente a temas de seguridad interior del país, pero la crisis de libertad de expresión en México (parte, a su vez, de una desbordada crisis de derechos humanos) se ha convertido en un riesgo demasiado alto para una democracia tan endeble como la mexicana.


Ante la evidente incapacidad e indolencia del Estado mexicano para contener (ya no se diga controlar y mucho menos erradicar) al narcotráfico, Estados Unidos prende la alarma ante una de sus manifestaciones más claras: el amordazamiento de la prensa.


“Percibo también un silencio atemorizado; un silencio que crece”, dijo Jacobson, a fuerza de amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos que quedan impunes. De la mano va la autocensura, que se ha expandido por todo el país. Lo peor es que, como recordó Jacobson, “la impunidad empodera al crimen”.


A eso mismo se refirió Pedro Canché la semana pasada, durante un acto de desagravio en Chetumal, la capital de Quintana Roo, estado del caribe mexicano donde el periodista maya pasó nueve meses encarcelado entre 2014 y 2015 con cargos falsos. Al responder a la disculpa pública que le ofrecieron el gobierno del estado y la alcaldía de Felipe Carrillo Puerto, Canché cuestionó: “¿Quién le pedirá disculpas públicas y reconocimiento como víctimas que lo son a los 104 periodistas asesinados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Ellos no pueden defenderse ya. El Estado mexicano le debe mucho a sus familias. El Estado Mexicano no tiene a nadie en prisión por estas bajas en la libertad de expresión. La Presidencia de la República tiene una deuda de sangre con los periodistas en México, no solo por permitir a sus virreyes los gobernadores abusar del poder, sino por alentar la impunidad desde los pinos al no parar este cementerio de periodistas en que se ha convertido México. Un cementerio que lastima nuestro gremio. Y este fantasma mortal no para contra los periodistas. No hay voluntad de los pinos para parar la impunidad contra los delitos de la libertad de expresión”.


En estas condiciones, “aún falta ver cómo los periodistas se convierten en actores para la democracia”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, quien recordó que sin plena libertad de prensa, transparencia y verdadero acceso a la información “no habrá democracia y en ningún momento los ciudadanos podremos participar”.


El desagravio a Canché “es un primer paso”, reconoció Ruelas, pero recordó que aún falta enjuiciar a los responsables de la violación de los derechos humanos del periodista y la reparación económica del daño, para que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso no sea burlada por tercera vez y siga engrosando el expediente de impunidad en México y provocando más ataques a la prensa.


Según la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, la situación es incluso más grave. En su artículo publicado ayer en La Jornada, la diplomática llega a una conclusión que es, al mismo tiempo, una grave advertencia: “Envalentonados con este grado de impunidad, los criminales y los agresores sienten que pueden continuar silenciando a periodistas”.


Como reflejo de la preocupación de la clase política estadounidense, Jacobson lanzó la alarma: en México “hay que alzar la voz, decir ‘ya basta’, De lo contrario el silencio será ensordecedor”.

 

Por Gerardo Albarrán de Alba
Páginai12 En México
Desde Ciudad de México

Publicado enInternacional
Crean método para obtener ADN de arena y polvo en lugar de huesos

Por medio del código genético recabado, equipo de investigadores, dirigido por el Instituto Max-Planck, demostró que había neandertales y homínidos de Denisova, así como distintos mamíferos

 

Leipzig (Alemania).

Arena y polvo en lugar de huesos: los paleontólogos dejarán de depender en un futuro sólo de restos fosilizados para comprobar en una excavación la existencia simultánea de animales y hombres primitivos.

Un equipo internacional, dirigido por el Instituto Max-Planck para Antropología evolutiva, en Leipzig (MPI, por sus siglas en inglés), desarrolló un método para obtener ADN de sedimentos y poder analizarlo. Por medio del código genético obtenido, el equipo de investigadores, liderado por Matthias Meyer, demostró la existencia de neandertales y hombres de Denisova, así como diferentes tipos de mamíferos.

En el estudio, publicado en la revista especializada Science, los científicos informan de la existencia de muchos yacimientos arqueológicos del Paleolítico que incluían herramientas u otros objetos. Sin embargo, los restos de los hombres primitivos que los fabricaron son escasos, indicaron.

Por ello, el equipo de investigadores de Leipzig llegó a la idea de analizar los sedimentos de conocidas excavaciones arqueológicas en busca de restos de ADN. "Sabemos que se puede obtener de algunos componentes de sedimentos", explicó Meyer.

El ADN procede de partes blandas que no dejaron tras de sí rastros fosilizados. Los investigadores alemanes trabajaron con científicos internacionales que llevaron a cabo análisis en las excavaciones en España, Francia, Bélgica, Croacia y Rusia.

Los expertos de Leipzig recibieron muestras del suelo de estos lugares, principalmente cuevas, que analizaron con ayuda de una técnica moderna de ADN.

La mayor parte de la herencia genética no pudo asociarse a ningún ser vivo y el código genético que se identificó provenía en su mayor parte de microorganismos. No obstante, los antropólogos encontraron también huellas genéticas de diversos mamíferos, entre los que había algunos extinguidos, como el mamut, el rinoceronte lanudo y la conocida como la hiena de las cavernas.

Mitocondrias

El grupo de Meyer se concentró en el ADN de las mitocondrias, que proporcionan energía a las células. Pero la tarea no fue sencilla. "Los primeros resultados nos hicieron temer que la mayoría de las muestras contenían la herencia genética de demasiados tipos de mamíferos como para descubrir el rastro de ADN humano", comentó Viviane Slon, del MPI de Leipzig y autora principal del estudio.

"Así que tuvimos que modificar nuestra forma de proceder y nos centramos en el análisis de fragmentos especiales de ADN procedentes de humanos", indicó.

En las muestras de sedimentos de cinco de los siete yacimientos analizados los investigadores encontraron herencia genética de hombres primitivos: cuatro de neandertales y una de Denisova.

En los sedimentos de la cueva belga de Troy Al’Wesse se encontró el gen de neandertales, aunque hasta el momento sólo se habían descubierto allí huesos de animales y herramientas.

Miércoles, 26 Abril 2017 06:50

La madre de todos los nombres de bombas

La madre de todos los nombres de bombas

¿Por qué EE.UU. usa nombres de los pueblos originarios que exterminó o de los líderes de esos pueblos para bautizar a su industria guerrerista? Las preguntas surgen de la escalada de tensión mundial desde que asumió Trump.


“La Madre de todas las bombas” fue usada en Afganistán contra un complejo de túneles del EI.

Como si una bomba de alto poder destructivo o una aeronave militar no fueran suficiente disuasivos, necesitan un nombre propio, una señal que los identifique. Estados Unidos es un país inagotable en armamento y a cada uno de sus productos bélicos los denomina de una manera curiosa. A veces parece coherente con su historia nacional de tierra arrasada. Lo cuenta Noam Chomsky en su último libro, ¿Quién domina el mundo?: ¿Por qué Estados Unidos llama Apache, Black Hawk o Cheyenne a sus helicópteros hechos para la guerra? ¿Por qué llamó Operación Gerónimo al ataque y la violación de la soberanía de Pakistán que terminó con la muerte de Bin Laden? ¿Por qué usa nombres de sus pueblos originarios o de los líderes de esos mismos pueblos que exterminó para bautizar a su industria guerrerista? Las preguntas vienen a cuento en estos tiempos de escalada armamentística, de proyectiles arrojados contra los bunkers del ISIS –como la “Madre de todas las Bombas” (la MOAB)– de las nuevas bombas atómicas estadounidenses, las B61-12 que empezarán a fabricarse en serie en 2020.

“Todo lo que vuela contra todo lo que se mueva”, ordenó Henry Kissinger cuando era el consejero de Seguridad Nacional de Richard Nixon para empezar los bombardeos de 1969 sobre Camboya. Hoy no cae el Napalm sobre Vietnam, pero hasta el año pasado Arabia Saudita arrojaba bombas de racimo fabricadas en Estados Unidos sobre los civiles de Yemen. El antídoto antiterrorista de la MOAB fue utilizado después de que diera la orden el presidente Donald Trump mientras comía una torta de chocolate. Su objetivo era destruir los túneles o cuevas construidos por el ISIS en el distrito afgano de Achin, provincia oriental de Nangarhar. Barack Obama siguió por TV junto a Hillary Clinton desde la Casa Blanca el asesinato de Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en 2011. Al líder de Al Qaida y la operación para matarlo, Estados Unidos los bautizó Gerónimo. El nombre del último jefe apache que combatió al hombre blanco hasta que cayó detenido y fue confinado a una reservación.

La industria militar de EE.UU. también tomó el nombre de la tribu de Gerónimo y se lo puso a un helicóptero de ataque, el AH-64 Apache, que en sus distintas versiones actualizadas ha participado en las invasiones de Panamá, Afganistán e Irak. Hoy lo sigue fabricando la compañía Boeing. Su antecesor fue el Cheyenne –el nombre de otro pueblo originario– que se utilizó en la guerra de Vietnam pero que por su alto costo fue discontinuado después. Lo desarrollaba la Lockheed.

Otro helicóptero que alude a un jefe indio es el Black Hawk (Halcón Negro) fabricado por Sicorsky, utilizado para el transporte de tropas. La caída en 1993 de uno de ellos en Mogadiscio, Somalia, fue tratada por el cine de Hollywood en una película que ganó dos Oscar. La tradición de ponerle nombre a estas naves se remonta a fines de la década del 50, cuando la Bell llamó “Iroqués” a uno de sus prototipos que todavía sigue volando para el ejército de EE.UU. Chomsky dice de esta costumbre que “la elección del nombre recuerda la facilidad con la que bautizamos nuestras armas homicidas con el nombre de las víctimas de nuestros crímenes...” Y enseguida se pregunta en su libro: “¿Cómo habríamos reaccionado si la Luftwaffe hubiera llamado a sus cazas judío o gitano?”

El piloto Paul Tibbets, quien comandaba el bombardeo B-29 que arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, le puso a su nave Enola Gay. Lo hizo en honor a su madre, que se llamaba igual. Falleció en 2007 cuando tenía 92 años en su casa de Ohio. No se arrepintió de lo que hizo. Fue muy gráfico cuando lo confesó sin pudor: “Nunca perdí una noche de sueño por Hiroshima”. A la bomba que lanzó desde su avión la habían bautizado Little boy (niño pequeño). A la que destruyó Nagasaki tres días después, Fatman (hombre gordo). Murieron 240 mil personas entre los dos ataques ordenados por Washington, los únicos de la historia en que se emplearon proyectiles nucleares.

Estados Unidos consiguió la rendición incondicional de Japón, pero desde entonces la carrera armamentística nunca se detuvo. Junto a Rusia acumula con holgura los mayores arsenales atómicos del planeta, muy lejos de Francia y China, que los siguen según las estadísticas de ojivas nucleares más difundidas realizadas por la FES (La Federación de Científicos Estadounidenses). La escalada beligerante por las armas nucleares que tiene hoy como centro a la península de Corea es la consecuencia de esa política. Las presiones crecientes de EE.UU. sobre Corea del Norte –que posee armas atómicas– empeoran la tensión internacional para algunos especialistas reconocidos.

Con un costo estimado de entre 8.000 y 10 mil millones de dólares, la principal potencia planetaria tiene previsto fabricar las B61-12, sus nuevas bombas atómicas. Su producción en serie comenzará en 2020 y se desplegarán por Europa entre sus países aliados como armamento disuasivo contra Rusia. Ya hubo una prueba en el estado de Nevada, donde se arrojó desde un F-16 un proyectil de estas características sin el explosivo. El anuncio se realizó el 13 de abril pasado. El aparato militar de Estados Unidos se mantiene activo y al acecho. No importa que nombres les ponga a sus armamentos y operaciones encubiertas. La MOAB, esa bomba gigantesca de 10 toneladas –considerada la hija de la BLU-82 utilizada en la Guerra de Vietnam–, es la mejor prueba del militarismo con que intenta domesticar al mundo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional