Miércoles, 26 Abril 2017 06:50

La madre de todos los nombres de bombas

La madre de todos los nombres de bombas

¿Por qué EE.UU. usa nombres de los pueblos originarios que exterminó o de los líderes de esos pueblos para bautizar a su industria guerrerista? Las preguntas surgen de la escalada de tensión mundial desde que asumió Trump.


“La Madre de todas las bombas” fue usada en Afganistán contra un complejo de túneles del EI.

Como si una bomba de alto poder destructivo o una aeronave militar no fueran suficiente disuasivos, necesitan un nombre propio, una señal que los identifique. Estados Unidos es un país inagotable en armamento y a cada uno de sus productos bélicos los denomina de una manera curiosa. A veces parece coherente con su historia nacional de tierra arrasada. Lo cuenta Noam Chomsky en su último libro, ¿Quién domina el mundo?: ¿Por qué Estados Unidos llama Apache, Black Hawk o Cheyenne a sus helicópteros hechos para la guerra? ¿Por qué llamó Operación Gerónimo al ataque y la violación de la soberanía de Pakistán que terminó con la muerte de Bin Laden? ¿Por qué usa nombres de sus pueblos originarios o de los líderes de esos mismos pueblos que exterminó para bautizar a su industria guerrerista? Las preguntas vienen a cuento en estos tiempos de escalada armamentística, de proyectiles arrojados contra los bunkers del ISIS –como la “Madre de todas las Bombas” (la MOAB)– de las nuevas bombas atómicas estadounidenses, las B61-12 que empezarán a fabricarse en serie en 2020.

“Todo lo que vuela contra todo lo que se mueva”, ordenó Henry Kissinger cuando era el consejero de Seguridad Nacional de Richard Nixon para empezar los bombardeos de 1969 sobre Camboya. Hoy no cae el Napalm sobre Vietnam, pero hasta el año pasado Arabia Saudita arrojaba bombas de racimo fabricadas en Estados Unidos sobre los civiles de Yemen. El antídoto antiterrorista de la MOAB fue utilizado después de que diera la orden el presidente Donald Trump mientras comía una torta de chocolate. Su objetivo era destruir los túneles o cuevas construidos por el ISIS en el distrito afgano de Achin, provincia oriental de Nangarhar. Barack Obama siguió por TV junto a Hillary Clinton desde la Casa Blanca el asesinato de Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en 2011. Al líder de Al Qaida y la operación para matarlo, Estados Unidos los bautizó Gerónimo. El nombre del último jefe apache que combatió al hombre blanco hasta que cayó detenido y fue confinado a una reservación.

La industria militar de EE.UU. también tomó el nombre de la tribu de Gerónimo y se lo puso a un helicóptero de ataque, el AH-64 Apache, que en sus distintas versiones actualizadas ha participado en las invasiones de Panamá, Afganistán e Irak. Hoy lo sigue fabricando la compañía Boeing. Su antecesor fue el Cheyenne –el nombre de otro pueblo originario– que se utilizó en la guerra de Vietnam pero que por su alto costo fue discontinuado después. Lo desarrollaba la Lockheed.

Otro helicóptero que alude a un jefe indio es el Black Hawk (Halcón Negro) fabricado por Sicorsky, utilizado para el transporte de tropas. La caída en 1993 de uno de ellos en Mogadiscio, Somalia, fue tratada por el cine de Hollywood en una película que ganó dos Oscar. La tradición de ponerle nombre a estas naves se remonta a fines de la década del 50, cuando la Bell llamó “Iroqués” a uno de sus prototipos que todavía sigue volando para el ejército de EE.UU. Chomsky dice de esta costumbre que “la elección del nombre recuerda la facilidad con la que bautizamos nuestras armas homicidas con el nombre de las víctimas de nuestros crímenes...” Y enseguida se pregunta en su libro: “¿Cómo habríamos reaccionado si la Luftwaffe hubiera llamado a sus cazas judío o gitano?”

El piloto Paul Tibbets, quien comandaba el bombardeo B-29 que arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, le puso a su nave Enola Gay. Lo hizo en honor a su madre, que se llamaba igual. Falleció en 2007 cuando tenía 92 años en su casa de Ohio. No se arrepintió de lo que hizo. Fue muy gráfico cuando lo confesó sin pudor: “Nunca perdí una noche de sueño por Hiroshima”. A la bomba que lanzó desde su avión la habían bautizado Little boy (niño pequeño). A la que destruyó Nagasaki tres días después, Fatman (hombre gordo). Murieron 240 mil personas entre los dos ataques ordenados por Washington, los únicos de la historia en que se emplearon proyectiles nucleares.

Estados Unidos consiguió la rendición incondicional de Japón, pero desde entonces la carrera armamentística nunca se detuvo. Junto a Rusia acumula con holgura los mayores arsenales atómicos del planeta, muy lejos de Francia y China, que los siguen según las estadísticas de ojivas nucleares más difundidas realizadas por la FES (La Federación de Científicos Estadounidenses). La escalada beligerante por las armas nucleares que tiene hoy como centro a la península de Corea es la consecuencia de esa política. Las presiones crecientes de EE.UU. sobre Corea del Norte –que posee armas atómicas– empeoran la tensión internacional para algunos especialistas reconocidos.

Con un costo estimado de entre 8.000 y 10 mil millones de dólares, la principal potencia planetaria tiene previsto fabricar las B61-12, sus nuevas bombas atómicas. Su producción en serie comenzará en 2020 y se desplegarán por Europa entre sus países aliados como armamento disuasivo contra Rusia. Ya hubo una prueba en el estado de Nevada, donde se arrojó desde un F-16 un proyectil de estas características sin el explosivo. El anuncio se realizó el 13 de abril pasado. El aparato militar de Estados Unidos se mantiene activo y al acecho. No importa que nombres les ponga a sus armamentos y operaciones encubiertas. La MOAB, esa bomba gigantesca de 10 toneladas –considerada la hija de la BLU-82 utilizada en la Guerra de Vietnam–, es la mejor prueba del militarismo con que intenta domesticar al mundo.

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La ilusión de la medicina correccional

En el inframundo de las prisiones de Estados Unidos, hay que deshacerse de todas las suposiciones médicas que uno trae del llamado mundo libre.


Hemos sido condicionados a ver a las enfermeras como dulces fuentes de consuelo y a los doctores como personas dedicadas a curar a los enfermos y aliviar nuestro dolor.


En prisión, nuevas reglas rigen la medicina y la atención médica.


Aquí el dinero manda. Las personas enfermas son prácticamente ignoradas.


Esto puede parecer severo, pero les aseguro que la realidad es aún más severa.


Hace poco escribí sobre un abogado autodidacta en prisión que se llama Dennis ‘Solo’ McKeithan y su batalla para recibir tratamiento para el doloroso trastorno nervioso conocido como culebrilla.


Mientras leí la transcripción del proceso, encontré los notables comentarios y preguntas del juez instructivos.
Él preguntó esencialmente si la empresa contratada por el Departamento de Correcciones (DOC) para proporcionar atención médica tendría un conflicto, porque como una empresa privada, sus intereses eran ganar dinero al negarse a proveer los medicamentos que los presos necesitaban. El testigo negó la sugerencia, pero el juez había tocado un nervio.
Desde el año 2015 hasta la fecha, mis abogados y yo hemos estado exigiendo un tratamiento verdadero para mi infección de Hepatitis C.


Inicialmente el DOC presentó una falsa declaración jurada para justificar que un magistrado federal desechara mi demanda. El DOC argumentó que mi Hepatitis iba bien, que podría durar años sin tratamiento.


Un juez federal no estaba de acuerdo con esto y celebró una audiencia que demostró la falsedad de la declaración jurada. Unos meses después, el mismo juez declaró que el protocolo del DOC era anti-constitucional.


El DOC respondió que mi Hepatitis C estaba en un nivel bajo. De nuevo, el juez discrepó, declaró anti-constitucional el protocolo por segunda vez y ordenó mi tratamiento.


El DOC esencialmente hizo caso omiso del dictamen durante casi dos meses.


A principios de esta semana, me hicieron análisis adicionales. Los resultados acaban de llegar.


No sólo tengo Hepatitis C muy avanzada, sino también cirrosis del hígado, llamado F4, porque el DOC no quería gastar el dinero para tratar mi infección. El DOC dijo que le costaría seis cientos millones de dólares.


A mí solo me puede costar la vida.


Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.


–©’17maj 31 de marzo de 2017 Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org Texto circulado por Fatirah Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Traducción [email protected] de Mumia, México


Fuente:http://amigosdemumiamx.wordpress.com/2017/04/06/la-ilusion-de-la-medicina-correccional/



Filadelfia: Por la libertad de Mumia Abu-Jamal, llaman a llenar el tribunal y las calles el 24 de abril.


Mumia es inocente. Fue incriminado. ¡Ya basta con 35 años en prisión!


El 24 de abril, el cumpleaños de Mumia, habrá una audiencia sobre su petición de Apelación de Remedio Post-Condena (PCRA) en el tribunal estatal de Pensilvania. El propósito es derogar todas las decisiones de la Suprema Corte estatal desde 1995 hasta 2008, las cuales le negaron libertad a pesar de evidencia que demuestra que la policía y la fiscalía de Filadelfia fabricaron las “pruebas” de su culpabilidad y suprimieron la evidencia de su inocencia.


Esta impugnación jurídica se basa en la reciente decisión de la Suprema Corte federal de Estados Unidos en el caso Williams vs Pensilvania, la cual establece que el juez en una apelación no puede participar en un caso en el cual él anteriormente tenía un papel personal en una importante decisión procesal.


Ronald Castille era el Fiscal de la ciudad de Filadelfia responsable por oponerse a la apelación de Mumia en 1989 de su condena de culpabilidad y su sentencia de muerte (de 1982). Después de ser elegido como juez de la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, Castille falló en contra de Mumia en todos los casos que criticaron las acciones de la Fiscalía de Filadelfia que él encabezó.


En su campaña para ser elegido como juez de la Suprema Corte estatal de Pensilvania, Castille alardeó de que 45 hombres, incluyendo a Mumia, fueron sentenciados a muerte por su Fiscalía y que su campaña fue financiada por la Orden Fraternal de la Policía (FOP), la cual lo nombró “Hombre del Año”.


¡Llamamos a la liberación inmediata de Mumia Abu-Jamal de la prisión!


Traducción: [email protected] de Mumia de México

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EU lanza decenas de misiles contra una base aérea en Siria

Estados Unidos lanzó decenas de misiles crucero contra una base aérea en Siria, en represalia por un ataque con armas químicas contra la población de Jan Sheijun, que el pasado martes dejó 86 muertos, en una operación unilateral que no fue autorizada por la Organización de las Naciones Unidas.

"Agresión estadunidense contra objetivos militares sirios con varios misiles", reportó la televisión siria al confirmar el ataque ocurrido en las primeras horas (local) de este viernes contra la base Al Shayrat, ubicada en Holms, muy cerca de Jan Sheijun, en la provincia de Idlib.

El bombardeo de Estados Unidos provocó "pérdidas", informó una fuente militar siria, sin precisar si se trataba de humanas o materiales, indicó la agencia Afp.

"Una de nuestras bases aéreas en el centro del país fue atacada al alba por un misil disparado por Estados Unidos, provocando pérdidas", señaló esta fuente citada por la televisión estatal, que poco antes habló de una "agresión".

El presidente estadunidense, Donald Trump, informó la noche de este jueves que ordenó un ataque militar selectivo contra el campo de aviación desde el cual se lanzó el ataque químico, y aseguró que no hay duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas.

"Es en el interés vital de la seguridad nacional de Estados Unidos prevenir y disuadir la difusión y el uso de armas químicas mortales", declaró Trump al justificar la acción bélica.

"No hay duda de que Siria utilizó gases neurotóxicos, violó sus obligaciones según la convención de armas químicas e ignoró el llamado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a no hacerlo", agregó.

"El martes, el dictador sirio Bashar al Assad lanzó un horrible ataque contra civiles inocentes en el cual utilizó un agente neurológico mortal", declaró Trump en una comparecencia televisiva desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

“Esta noche (del jueves) pido a todos los países civilizados que se unan a nosotros para buscar el fin del derramamiento de sangre en Siria y también para poner fin al terrorismo de todo tipo.

"Esperamos que mientras Estados Unidos defiende la justicia, prevalecerán la paz y la armonía", agregó.

Un funcionario dijo que se lanzaron más de 50 misiles crucero Tomahawk desde destructores de la marina estadunidense en el este del Mediterráneo contra varios blancos de la base Al Shayrat. La operación parecía haber sido completada, señaló un segundo funcionario, de acuerdo con la agencia Reuters.

Otro funcionario de la Casa Blanca citado por Afp indicó que fueron lanzados en total "59 misiles" contra la base aérea de Shayrat, “asociada al programa sirio de armas químicas y directamente vinculada a los horribles acontecimientos del martes que dejaron 86 muertos, entre ellos 30 niños.

The Washington Post recordó que cuando comenzó la invasión a Irak, en 2003, fueron lanzados unos 500 misiles crucero y 47 fueron disparados al comenzar la ofensiva contra el Estado Islámico en Siria en 2014.

Rex Tillerson, secretario estadunidense de Estado, declaró también previamente que Rusia falló en sus responsabilidades con Siria; según fuentes oficiales, Moscú fue informado con antelación del bombardeo.

Horas antes del ataque con misiles, Trump había declarado: "lo que hizo Bashar al Assad es horrible. Lo que ocurrió en Siria es un crimen verdaderamente atroz".

Cuando se le preguntó si Al Assad debía dejar el poder, respondió: "lo ocurrido en Siria es una deshonra para la humanidad; él está allí y da órdenes, de modo que algo debería ocurrir".

A su vez, Tillerson declaró a reporteros que "sin duda" el gobierno Al Assad era el responsable del ataque con gas.

Dijo haber sostenido una conversación con el canciller ruso, Sergei Lavrov, el pasado miércoles, durante el cual "buscamos el análisis de Rusia y su interpretación de lo sucedido".

Añadió que "ya se tomaron" medidas para retirar a Al Assad del poder, pues "no hay lugar para que gobierne el pueblo sirio", y exhortó a Moscú a "considerar con cuidado su constante apoyo al régimen de Al Assad".

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Miércoles, 05 Abril 2017 07:30

Intentan la judicialización del pueblo nasa

Intentan la judicialización del pueblo nasa

Después del asesinato del liberador de tierra JAVIER OTECA, registrado el día 23 de marzo a las 1:30 pm en la hacienda Miraflores, Incauca arremete contra la comunidad orquestando una estrategia de persecución judicial contra los indígenas que intentaron tomar medidas de justicia conducentes al esclarecimiento y judicialización de los responsables materiales de este repudiable homicidio.

Como es de conocimiento público, el día 27 de marzo la comunidad indígena retuvo a 6 trabajadores del Ingenio Incauca involucrados en el asesinato de JAVIER OTECA. Estas acciones de justicia autónoma no solo encuentran sustento legal en la Jurisdicción Especial Indígena, sino que además son medidas que responden a la repetida impunidad que domina los casos de amenazas, persecución y asesinatos en contra del pueblo milenario de los Nasa.

Pese al clamor comunitario de justicia frente al asesinato de uno de sus miemros, desde el día de 30 de marzo el conglomerado económico y financiero Ardila Lule desató una campaña en los medios hegemónicos de comunicación en la que sindica a la comunidad indígena de ser responsable del secuestro de 6 trabajadores del ingenio Incauca.

Esta sindicación, parte de una estrategia de persecución judicial, responde al interés del ingenio azucarero de enturbiar la investigación sobre el asesinato de JAVIER, revictimizando a la comunidad indígena al acusarla de secuestro, buscando refundir en la cárcel a los luchadores sociales que desde el 16 de diciembre del 2014, con piedras y caucheras, se han atrevido a desafiar a uno de los más grandes poderes económicos colombiano y latinoamericano.

No más impunidad

De la masacre del Nilo en 1991 al asesinato de JAVIER OTECA se esconde un oscuro plan de represión, persecución y exterminio contra las formas de acción y organización de el pueblo indígena nasa en lucha por el derecho a la tierra. En la sentencia T-030 del 2016 la Corte Constitucional reconoció 23.200 violaciones de los derechos humanos contra los nasa, por lo que los declararon en riesgo real de extermino.

Por su parte, desde que en el 2005 inició el nuevo ciclo de lucha por la tierra, fuerzas oscuran que defienden intereses opuestos a la comunidad han consumado los asesinatos de Belisario Camacho (10 de noviembre de 2005 en la Hacienda el Japio), Pedro Poscué (16 de mayo del 2006 en la María Piendamó), Lorenzo Largo Dagua (29 de noviembre del 2007 en la Hacienda la Emperatriz), (Guillermo Pavi, joven de 19 años, asesinado por dos disparos de bala el día 10 de abril del 2015 en la Hacienda La Emperatriz)

Más allá: territorio, violencia y resistencia

Pero la violencia y la persecución judicial no se restringe a los nasa. Tras el proceso de paz los grupos paramilitares desataron toda una ofensiva contra los liderazgos sociales, intentando someter a los movimientos sociales, y así garantizar espacio para la inversión del capital multinacional en los territorios indígenas y campesinos. Vienen por el oro, por el petróleo, el carbón, el agua, la tierra, el coltan. Vienen por todos los recursos naturales, vienen por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y contra tal pretensión, los únicos que constituyen una amenaza real para la penetración de las multinacionales en los territorios son los movimientos sociales indígenas y campesinos. Por ello la ofensiva militar en su contra.

De acuerdo a un informe de Indepaz, durante el transcurso del 2016 se presentó la lamentable cifra de 117 asesinatos, 350 amenazas, 46 atentados y 5 desapariciones forzadas en contra de activistas sociales y organizaciones comunitarias y populares en todo el territorio nacional. Sin embargo, la fiscalía solo reconoce 63 asesinatos de activistas sociales a nivel nacional. Por estos casos reconocidos no se ha presentado una sola condena.

La violencia contra las organizaciones sociales se tiende a concentrar en las zonas donde se presentan los mayores procesos de resistencia contra la implementación de megaproyectos mineros y agroindustriales: De los 117 asesinatos registrados el 66,6%, se concentraron en el sur-occidente colombiano. Con 43 homicidios, el departamento del Cauca es el más golpeado por la acción de los grupos paramilitares, le sigue Nariño con 5.

Al mismo tiempo, tomó forma un incremento de las acciones de represión en aquellas regiones en donde existía mayor presencia de las Farc; paradójico, la violencia se incrementa con la implementación de los acuerdos de paz, ya que sobreviene la reconfiguración de los poderes locales que buscan ejercer la hegemonía armada sobre territorios y recursos.

El Estado, lejos de perseguir y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de muerte, niega la existencia de una estrategia de exterminio contra la comunidad nasa y los movimientos sociales en Colombia. La impunidad que reina, como la incapacidad del Estado para ejercer justicia, abre el camino para la repetición de los atentados contra la vida de los miembros de las organizaciones sociales y populares. Pero no sólo esto, además se persigue a las víctimas, acusándolas de terroristas y secuestradores.

Frente a la impunidad no queda otro camino que el desconocimiento de la falsa justicia estatal, la organización comunitaria y el ejercicio directo del poder. Ante la desprotección y persecución del Estado las comunidades deben asumir su propia protección, como único poder legítimo y de base. Tanto la Guardia Campesina y Popular, como la Guardia Indígena ya vienen construyendo puntos de control en los territorios, como un mecanismo que busca proteger a las comunidades ante la avanzada de los grupos paramilitares y la militarización del territorio.

Resistencia que dificilmente puede cumplir con su propósito sino está acompañada de la solidaridad de todos los movimientos sociales a nivel nacional. Por ello, teniendo en cuenta lo que está en juego, es necesario que todas y todos estemos atentos a los acontecimientos de Corinto, prestos ala movilización y al rechazo del asesinato de JAVIER OTECA, y para ejercer una dura resistencia contra la posible judicialización y persecución de los activistas sociales de Corinto

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Miércoles, 29 Marzo 2017 09:30

Lo fallido no es la sociedad sino el Estado

Lo fallido no es la sociedad sino el Estado

En Colombia el ejercicio del poder político en democracia, ha sido paulatinamente destruidas, corroído o sencillamente violentado por el afán de quienes consideran que por derecho propio o quizá divino, pueden ir tomar las instituciones para actuar sin limite alguno, pero imponiendo limites a la sociedad a la que consideran una masa amorfa compuesta de súbditos. Esta situación da para entender que la sociedad permanece expuesta a la intervención de una clase social concreta que ocupa el aparato de estado, sus instituciones y redes para promover su beneficio particular.

La democracia en Colombia no esta funcionando como un modo político de organización social que orienta el destino común para vivir en paz, basada en reglas construidas en colectivo, en tanto su constitución y normas han sido reiteradamente ajustadas por la clase en el poder y en contravía de lo constituido socialmente. Tampoco han llegado al gobierno de los poderes públicos y sus instituciones los mas honestos y justos, sin importar si son blancos, negros, mujeres, hombres, indígenas, , mestizos, campesinos jóvenes o viejos. Ni las leyes han sido la referencia de equilibrio, imparcialidad y aplicación de justicia sin distinción. Lo que ocurre da cuenta que la democracia ha sido violentada y es rehén de practicas de poder no democráticas.

La naturaleza política de la democracia, puede mirarse a través de tres elementos generales, sobre los que cualquier persona al pasar una plantilla hace su propio ejercicio de validación: lo primero que la democracia exige es que todo su engranaje tenga como base el reconocimiento de los derechos humanos y estos cuenten con plenas garantías para su realización, pero a la vez que sirvan como limite al poder del estado; lo segundo que haya una efectiva separación e independencia de los poderes públicos y que las leyes no sean usadas como arma política; y lo tercero que la representatividad, las autoridades tengan legitimidad y atiendan y actúen siguiendo las demandas de los diversos grupos sociales y su discurso aliente la elevación de la conciencia política y social de la ciudadanía.

La democracia en Colombia dista de esos principios, es decir, no ha sido un fin del proyecto histórico de los gobernantes, pero si una estrategia de supervivencia sostenida con una seductora y manipulada retorica al presentarse como la democracia mas solida de América o la mas incluyente. A diferencia del cono sur (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia) donde las atrocidades fueron lo sustancial de las dictaduras del ultimo cuarto del siglo XX, en Colombia la barbarie ha ocurrido en democracia. No se han interrumpido elecciones, ni alterado destituido gobernantes, ni clausurado el congreso, ni sellado el poder judicial. Lo ocurrido es una articulada tragedia en democracia. Un proceso de cooptación de la representación de la sociedad y de los poderes del estado, por parte de un grupo de poder, que estando unido o temporalmente disperso sigue la misma línea ideológica y actúa en consecuencia, aunque se manifieste de diferentes maneras. Lo común es que sabe combinar, todas las formas de lucha, incluida la criminal, sin interrumpir el curso de la democracia formal.

En democracia y en menos de seis décadas, se han cometido las mas abominables expresiones de violencia, primero la guerra civil liberal-conservadora con saldo de 300.000 muertes cuando gobernaban los parientes cercanos de los mismos que gobiernan hoy; y después la guerra contrainsurgente, cuyas manifestaciones de odio terminaron con las mas crueles masacres de las que América entera tenga noticia (el Aro, el Salado, Santo Domingo, Trujillo, la Rochela, Mapiripan, Pueblo Bello, Montes de María) que ya tienen fallos condenatorios al estado por la Corte Interamericana de derechos humanos. También ocurrió en democracia el mas grande genocidio contra la UP, un partido de izquierda con mas de cinco mil militantes asesinados; el mas alto numero de presos de conciencia y de inocentes prisioneros producidos con falsas denuncias y pruebas para eliminar adversarios; y un desbordado monto de recursos invertidos para sostener la tragedia, mientras escaseaba la comida, el empelo, la salud y la educación y en contraposición crecía la acumulación de capital en manos prestigiosos empresarios y políticos, que siguen gobernando.

La democracia en Colombia es hoy un propósito común truncado por las elites, lo que no es equivalente a creer que hay una sociedad fallida. Lo que esta en descomposición no es la sociedad, es el estado, sus gobernantes, su clase política y sus filiales de negocios con ramificaciones de corrupción, de compra venta de conciencias y de votos y cuyos centros de mando experimentan con seres humanos debilitados, empobrecidos, a quienes usan como victimas o verdugos.

El Comienzo de la Ultima fase de descomposición

El estado comenzó su ultima fase de descomposición con el régimen Uribe, que se salió del marco de las reglas y encarnó al mas nefasto ejercicio de poder sin democracia, pero en nombre de la democracia. Las zonas grises, fueron hábilmente convertidas en escándalos mediáticos de corta duración para impedir ver la tragedia y hacer valer la palabra del poder como palabra sagrada y verdadera. La sociedad fue conminada a ponerse del lado del gobierno y acatar sus programas sin objeción, mientras el terror alimentaba a la seguridad democrática y esta se extendía con odio entre la población arrasando todo pensamiento y acción critica, hasta romper la línea de separación que distinguía entre población civil y combatientes, con lo cual la sociedad entera quedo bajo sospecha, entró en pánico y fue obligada al silencio.

El estado recibió el primer impacto con el cierre del Ministerio de la Justicia y del Derecho fusionado con el Ministerio de Gobierno, y la creación del Centro Nacional de Inteligencia inspirado en la CIA; a las Cortes de Justicia se les persiguió, espió y en su debilidad fueron tomadas por clientelas que convirtieron al Derecho Penal en un instrumento de venganza que afectó los juicios del derecho y alentó tanto los falsos judiciales para eliminar opositores, como la ampliación del populismo punitivo, sin sentido de justicia ni racionalidad en las penas y; por ultimo el poder legislativo al decir de los mismos jefes paramilitares quedó bajo su control, disponible para acomodar las leyes, favorecer la impunidad y legalizar sus actuaciones incluidas sus nuevas propiedades y capitales. La puesta en retroceso a los derechos se justificó alegando que alejaba la confianza inversionista y empezó el ataque a tres tipos de considerados enemigos: los teóricos de los derechos, las ONG y sus defensores y, los opositores. Y así ocurrió y no ha cesado de ocurrir. Ya sin obstáculos restaba cambiar las reglas de juego y para ello se implantó en la columna vertebral de la constitución política la figura tenebrosa y fatídica de la reelección.

Estar o no en democracia, no se define entonces por resultados de encuestas, ni rankings del marketing privado, ni indicadores de felicidad (que felizmente en 2017 muestra al país en un puesto mas real el 36), ni tampoco por el numero de eventos electorales controlados, ni por la cantidad de votantes. La democracia colombiana, esta vaciada de contenido democrático, igual que los derechos y el ejercicio del poder vaciado de soberanía y de voluntad popular. Los poderes públicos, dan cuenta de un estado fallido, saqueado, con instituciones dirigidas con autoritarismo, engaño, verdades a medias, gobernantes de alta y baja escala sin legitimidad, sin ética ni política y con primacía de la voluntad del gobernante. El sistema central de poder se reproduce en los ámbitos institucionales locales y regionales y las mayorías son desplazadas por minorías de poder electoral, que deciden sobre sus vidas, conductas y bienes materiales. El miedo continua sometiendo la participación y la ciudadanía no logra elevar su conciencia. El horror se pasea por campos y ciudades de la mano de solidas estructuras paramilitares que intimidan, asesinan y producen desplazamientos para defender las tierras, mantener las conductas impuestas y asegurar los bienes arrebatados a sus victimas, pero lo que los hace fuertes no es su capacidad de destrucción material basada en el alcance y potencia de sus armas, si no su proyecto de poder defendido desde adentro del mismo estado, del congreso, las cortes, las empresas, los directorios y las instituciones.

La paz, representa por ahora el principal bien común a defender, que sirva para reconfigurar la democracia, ajustar las estructuras del estado arrebatándoselas a los de siempre y recuperar el sentido de humanidad, de seres humanos con derecho a vivir y disfrutar de los derechos. Paz y Democracia exigen ser defendidas de la clase en el poder, por ser conquistas colectivas, no del estado, ni de sus gobernantes, si no de un pueblo cansado de la guerra, del odio y de la muerte, que puso sus demandas a debate y pactó la ruta a seguir, como resultado político de un acuerdo para la paz estable y duradera, entendida como un asunto político (no jurídico) que no puede ser tratado con desdén, ni ser irrespetado como paso previo para traicionar el camino trazado por una sociedad que quiere y apuesta y trata de aprender a vivir de otra manera, alejada del terror, el miedo y la miseria.

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Paramilitares en Colombia: un 'déjà vú' de sangre en tiempos de paz

Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado

 

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.


“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.


Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.


El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.


Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.


Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.


Negar la realidad


Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.


No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.


Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.


“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.


“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.


Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.


Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.


“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.


Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.


El engaño de los paramilitares desmovilizados


Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.

bogotá / popayán / cajamarca (colombia)
17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 08:00
JAIRO VARGAS
@JairoExtre

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Una de las niñas supervivientes del internado de Guatemala: "Golpeamos la puerta y no nos abrían"

Dos hombres se afanan arrodillados a las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala para limpiar del suelo la pintura roja con las palabras 'Estado Asesino'. La población no perdona y no quiere olvidar la muerte de 40 niñas, de entre 13 y 17 años, en un incendio durante su protesta en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo. Mientras, en un hospital de Ciudad de Guatemala, una niña de 13 años, una de las supervivientes, tampoco olvida y pide "ayuda" al presidente del país.

Con un hilo casi imperceptible de voz, la menor, con el rostro totalmente enrojecido por las graves quemaduras que ha sufrido, relata lo ocurrido. "Una niña a la que conocíamos como Mimí empezó a quemar las colchonetas. Solo las pusieron en la ventana y comenzaron a quemarse". Entonces, añade, las llamas aumentaron. "Empezamos a golpear la puerta para que nos abrieran y no nos abrían".


Tiempo después, decenas de cuerpos calcinados, apilados unos sobre otros daban cuenta del tiempo que estuvieron las adolescentes confinadas entre las llamas sin que nadie las liberara, pese a sus gritos y empujones a la puerta.


Esa jornada las menores de edad que vivían en el albergue dijeron basta de violaciones, maltratos, comida con gusanos, hacinamiento y todo tipo de vejaciones. El día anterior, 60 adolescentes lograron huir de este "infierno", como lo calificaban, sin saber que 24 horas después el día se tornaría en tragedia. Tras disfrutar de unas pocas horas de libertad, la Policía Nacional Civil devolvió a la mayoría de ellas al centro destinado, en teoría, a proteger a niños y adolescentes desamparados, abandonados por sus familias o que habían sufrido abusos físicos o sexuales, así como a menores con discapacidades mentales, adicciones o con problemas con la ley.


La superviviente de la tragedia lanza un mensaje al presidente: "Que nos ayude. Que apoye principalmente a las demás, a las que no tienen ni a su papá ni a su mamá", logra decir. Denuncia que las monitoras "trataban mal" a las menores internadas.


Una vez dentro, como ha reconocido el presidente del país, fue encerrada junto a 56 menores en un aula de la escuela. A las niñas se les acabó la paciencia después de las denuncias presentadas en juzgados por maltrato y violaciones desde 2015. Tras exigir sin éxito a las monitoras que las sacaran de ahí, una de las menores decidió que la única manera de lograr su liberación era provocando un fuego. Lo que nunca se imaginó es que nadie iba a abrir la puerta, que habían sido cerrada con candado por una psicóloga del centro gestionado por la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala.


Este lunes se han producido las tres primeras detenciones cinco días después de la tragedia. Se trata del exsecretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la exsubsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.


Rodas había presentado su renuncia este lunes, mientras que Keller fue cesada ayer por el presidente del país, quien también destituyó a Torres el mismo día del incendio. A todos ellos se les imputa los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad, por los cuales una jueza decretó este lunes su ingreso en la prisión militar de Matamoros.


Se siente "triste", indica la menor en el hospital, minutos antes de emprender el vuelo junto a otras tres niñas hacia EEUU para recibir tratamiento en el Hospital Shrinners (en Galveston, Texas) especializado en quemaduras de niños. Varios médicos voluntarios estadounidenses llegaron este sábado a la capital de Guatemala para tramitar los viajes de las cuatro primeras niñas, mientras que el domingo trasladaron a otras tres hacia Boston.
Los padres o familiares de las menores supervivientes que han sido trasladadas a EEUU no han podido acompañarlas. "No va a venir ninguna familia conmigo y quiero que venga mi sobrina o mi hermana conmigo", lamenta la menor entrevistada.


En los próximos días podrían viajar también las últimas seis menores que permanecen en los dos principales hospitales del país, de las cuales dos se encuentran en estado crítico.


En la segunda planta del Hospital San Juan de Dios, en el área de Cuidados Intensivos, Ada Kelli Alfaro está a punto de despedirse de su hija Cinthia Paola Morales, de 14 años. Ella es una de las cuatro primeras menores en viajar a EEUU ante la falta de medios en Guatemala, según han reconocido los doctores a las familias de las heridas. La mujer pudo hablar este jueves con Jimmy Morales, después de que acudiera a este hospital a visitar a las niñas: "Nos pidió disculpas por lo sucedido y garantizó que se haría justicia".


Su hija le confesó que había sido golpeada "brutalmente" en el Hogar Seguro, donde le daban, decía, "comida con gusanos". Ella siente que, debido a sus bajos recursos, no pudo pagar los 1.500 quetzales (215 euros) que le exigía el Juzgado para poner en libertad a la menor, que había ingresado por "rebeldía". Alfaro no se preocupa por el lento avance de las investigaciones, en lo único que piensa, apunta, es en volver a abrazar a su hija cuando regrese de EEUU y "darle mucho amor y la bienvenida nuevamente a la vida".


Madres que aún desconocen si sus hijas fallecieron


Mientras la Justicia sigue su curso a paso de tortuga, sigue habiendo familias que buscan desesperadamente a sus hijas. Desconocen su paradero pese haber acudido a los principales hospitales de la capital y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encargado de la identificación de las menores fallecidas. En este caos burocrático, se encuentra Vianey Claret Hernández, quien trata de encontrar a su hija Ashley Hernández, de 14 años, para lo cual ya se ha sometido a las pruebas de ADN para verificar si se encuentra entre las fallecidas.


Después de tres horas esperando en el Hospital San Juan de Dios para poder visitar a la única herida que sigue sin identificar. Sin embargo, muestra pocas esperanzas de que sea su hija, después de que el periódico 'Prensa Libre' publicara en la portada de la edición de este viernes su foto entre un listado de siete jóvenes fallecidas, víctimas de quemaduras e intoxicación de monóxido de carbono.


Hernández muestra sorprendida la portada de este diario, dado que, según asegura, nadie le ha avisado de que su hija se encuentre entre las víctimas mortales. Forma parte del listado de 57 menores que fueron confinadas bajo llave en el aula de cuatro por cuatro metros que ardió matando en el lugar a 19 menores de edad, mientras que otras 21 han fallecido en los hospitales. "Aparezca o no mi hija voy a luchar hasta que haya culpables de esta masacre y estén entre rejas", afirma. "El presidente de Guatemala no está haciendo nada".


"No eran calladitas, por eso las mataron"


"No eran calladitas, por eso las mataron"; "Este cuerpo no se toca, no se viola, no se quema, no se mata", son algunos de los lemas coreados durante la semana de manifestaciones donde centenares de personas han exigido la dimisión del presidente a quien acusan de "crimen de Estado". Cada noche, prenden decenas de velas en homenaje a las 40 niñas fallecidas.


En el cementerio general de Ciudad de Guatemala, cada día llegan los féretros de alguna de las 40 menores acompañados por los gritos de dolor, desmayos y reclamos de justicia de los familiares. Una de las primeras niñas enterrada fue Siona Hernández, de 17 años, cuya foto es sostenida en un marco por su tía, Cari Álvarez. Con lágrimas en los ojos, espera que se haga justicia "con todas las jovencitas que han fallecido".

 

Asier Vera Santamaría - Ciudad de Guatemala
14/03/2017 - 21:11h

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Viernes, 24 Febrero 2017 06:33

"Expandiremos nuestro arsenal"

"Expandiremos nuestro arsenal"

El mandatario estadounidense dijo que su país está "en el camino de ampliar la capacidad de armamentos nucleares" para "estar a la cabeza de las potencias atómicas".


"Estados Unidos está enrolado en el camino de ampliar la capacidad de armamentos nucleares. Debemos estar a la cabeza de las potencias atómicas", afirmó el mandatario en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. "Los Estados Unidos no van a ceder ante nadie su supremacía nuclear", insistió. También se declaró "muy enojado" por la prueba nuclear realizada la semana pasada por Corea del Norte.


Minutos después de conocida la entrevista, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, salió a ratificar los dichos de Trump. El vocero aseguró que Washington no va a "ceder su supremacía nuclear a nadie" y buscará modos de mantener la capacidad de un arsenal atómico que necesita modernizarse.


El portavoz aseguró que el mandatario quiso "dejar claro" que se mantiene "el dominio estadounidense en todo el mundo" y no se van a "quedar sentados cuando otros países aumentan (su arsenal)".


EEUU es junto a Rusia la potencia con mayor número de cabezas nucleares, seguido muy por detrás por otros países como Reino Unido, Francia y China.


Trump ya había adelantado durante la campaña y tras ser electo su intención de incrementar el poderío nuclear de su país. A fines del año pasado tuiteó: “Estados Unidos debe fortalecer y expandir su capacidad nuclear hasta que llegue el momento en el que el mundo entre en sentido en lo que refiere a armas atómicas”.

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“La derrota de las revoluciones árabes facilitó el retorno del fascismo”

En su artículo de opinión “Alepo, la tumba de la izquierda”, el filósofo y escritor español Santiago Alba Rico afirmaba, respecto del conflicto sirio, que “una buena parte de la izquierda mundial se ha situado al margen de la ética y al lado de los dictadores y de los muchos imperialismos que doblegan la zona”. En esta entrevista profundiza en ese tema.

 


—Observando las críticas a su artículo que algunos lectores de Brecha vertieron a través de Facebook, pareciera que en la izquierda occidental no hubiese habido novedad desde fines de los sesenta: se mantiene la fidelidad a dogmas y esquemas maniqueos según los cuales es bueno todo aquel que se opone a Estados Unidos.


—No se podría sintetizar mejor. Acá encontramos algo que de alguna manera es antropológico, casi biológico –y que en la izquierda se expresa de un modo particularmente simplificador–, que es esta dinámica binaria del pensamiento humano: somos incapaces de meter tres factores en una misma plaza, en una misma cabeza. Durante años ha resultado muy cómodo que existieran sólo dos factores y organizar todos nuestros alineamientos ideológicos en torno a la aceptación de que había un polo malvadísimo, que era Estados Unidos, y, obvio, no vamos a estar en desacuerdo con esto. Pero lo que siempre me asombra de las críticas que recibo es la poca voluntad que se pone en leer lo que digo: creo que en ningún momento he defendido a Estados Unidos ni, válgame el cielo, al Estado Islámico (EI). Por desgracia, vivimos en un mundo cada vez más complejo en el que ni podemos refugiarnos en la retórica de la complejidad para hacer dejación de nuestro deber de intervenir en él, ni podemos simplificar con mitos o esquemas que pertenecen al pasado. Han ocurrido muchísimas cosas desde que cayó el muro de Berlín. En los últimos seis años han ocurrido más: ha habido un deshielo acelerado de la Guerra Fría que ha tenido cosas muy buenas y muy malas, como estamos viendo ahora. Entre otras cosas, se ha producido un desorden global que nos devuelve a la Primera Guerra Mundial, a un conflicto entre potencias y subpotencias –que se alían de forma muy volátil y muy promiscua, con cambios acelerados en las diferentes relaciones de fuerza– que, de ninguna de las maneras, podemos seguir contemplando y analizando con el esquema de la Guerra Fría. No sólo porque es un error, intelectual y político, sino porque, por el camino, dejas fuera con una cierta displicencia a un montón de gente que se ha jugado, e incluso perdido, la vida luchando contra dictaduras y reivindicando justicia social, dignidad, democracia y libertad.


El conflicto sirio es muy complejo: empezó siendo una revolución y ha acabado siendo una guerra civil que alberga luchas de pueblos contra pueblos, de pueblos contra regímenes y de regímenes entre regímenes. Hemos visto, por ejemplo, cómo Kobane era liberada por los kurdos con la cobertura aérea estadounidense, sin que ninguno de estos que yo llamo “estalibanes” abriera la boca. Un aliado central, fundamental, de Estados Unidos, Turquía, considera terroristas a los mismos que Estados Unidos apoya y considera aliados. Turquía bombardea a los mismos que Estados Unidos con sus bombardeos salvaba.


—¿Cómo encaja las críticas llegadas desde América Latina?


—Ya no me resulta tan triste como antes, cuando parecía que compañeros, afines –que es esa la cuestión–, preguntándose quién me pagaba, me consideraban un traidor. Son cosas que me han hecho daño. Tú puedes pensar que el otro está equivocado, pero si en seguida piensas de alguien que no piensa como tú que se ha pasado al enemigo o le está pagando la Cia, creo que eso te convierte potencialmente en un defensor de la purga como criterio político definitorio de quiénes son los buenos y los malos. La tristeza no es tanto personal, sino que cuando has seguido desde el principio, con compromiso y con más o menos conocimiento, estos procesos desde el mismo año 2011 y desde uno de sus núcleos irradiadores, Túnez, te encuentras con que el juzgar de esa forma simplificadora lo que está ocurriendo en el mundo árabe, musulmán, desde hace seis años es un gran desprecio por pueblos que tienen derecho a levantarse contra las dictaduras que les someten desde hace décadas sin tener que pedir permiso a nadie y menos en este caso a América Latina. Lo duro para mí ha sido, por el vínculo muy fuerte que he tenido con Cuba, con Venezuela, al mismo tiempo que vivía en Túnez, descubrir esta mirada: un continente que lleva siglos peleando contra la visión occidental, colonial, que se acoge siempre al pensamiento “decolonial”, a la deconstrucción de esa visión que los europeos tienen de América Latina. Es triste ver cómo cuando ocurren cosas que no se comprenden, en una zona del mundo con la que sólo se tienen vínculos de interés geopolítico, se aplican los mismos clichés contra los que allí se han estado rebelando durante décadas, y acaban proyectando sobre esta zona del mundo todos los clichés islamofóbicos, que cuando se trata de América Latina y sus luchas seculares contra el colonialismo parecen denunciables y condenables.


—¿Qué queda de las revueltas de las primaveras árabes, de las que el colofón parece ser el dramático conflicto sirio?


—Siria ha sido, decía, la tumba de la izquierda, pero también de las revoluciones árabes, porque es ahí donde ese impulso popular se tuerce en una multiintervención, en un conflicto por delegación, en una zona concreta donde existe un régimen feroz que ha provocado intencionadamente esa intervención multilateral, así como la radicalización de las facciones rebeldes como única forma de legitimarse. ¿Qué queda? Sinceramente, queda mucho dolor, mucha amargura. Queda un mundo volteado: hace seis años hubo un impulso popular que comenzó en Túnez, que se extendió por toda la región, desde Mauritania hasta Bahréin, que se contagió también al norte del Mediterráneo, a España, a Grecia; que pasó a Turquía de nuevo, que llegó hasta Wall Street; un impulso democrático y global que se ha vuelto lo contrario. Creo que la derrota de las revoluciones árabes es lo que ha facilitado el retorno de lo que me atrevería a llamar neofascismo o, al menos, desdemocratización global.


Ya decía Antonio Gramsci que el fascismo es siempre el resultado de una revolución fracasada, y yo creo que estamos asistiendo al fracaso global de un impulso democrático que, volteado, está tomando la dirección inversa en el mundo entero. Por tanto, ¿qué queda? Concretamente, Túnez, donde tras muchos retrocesos –de una manera fragilísima hasta el punto de que bastarían un par de atentados más para que todo se viniera abajo– hay un proceso aún abierto que en comparación con lo que pasa en Argelia o Libia, y no digamos Siria, es relativamente democrático y esperanzador; con una tentativa de poner en marcha una justicia transicional que, por lo menos, haga públicos, como se está haciendo en sesiones retrasmitidas en directo por tevé, los crímenes de las dictaduras. No cabe la menor duda de que allí donde no caben alternativas, la gente sale a las calles esperando conquistar algo de justicia social, algo de democracia, y cuando no lo consigue, la frustración genera radicalización.


Este fracaso ha generado una radicalización que es mayor en Europa que en el mundo árabe. Doy unos datos de encuestas: el apoyo al EI en el norte de África, entre Libia y Argelia, oscila entre el 0,5 y el 1,5 por ciento, números que contrastan con la gente que en Europa apoya a la ultraderechista francesa Marine Le Pen o a los neofascistas austríacos y holandeses; si, además, se mira a Polonia, a Hungría creo que quien se está radicalizando es Europa, y como consecuencia también del fracaso de la revolución siria. Frente a un problema del que ellos mismos son responsables, los gobiernos europeos están abriendo las puertas a una radicalización enormemente peligrosa.


Estamos viviendo un momento parecido al de los años treinta del siglo pasado, porque hay un desprestigio total de la democracia, una crisis económica grave, con un crecimiento claro de la xenofobia. Con dos diferencias: una, este nuevo fascismo no es revolucionario, es decir, no invita al riesgo, a la violencia, a la expansión, sino todo lo contrario; y, dos, no hay ninguna alternativa de izquierdas, como sí las hubo en aquellos tiempos; y por lo tanto si queremos, primero, detener el monstruo y después, a mediano plazo, revertir el proceso, teniendo a Trump en Estados Unidos, a Putin en Rusia, con la amenaza de Le Pen, o François Fillon, que da un poco igual, en Francia, más Austria y Holanda, más lo que sucede en el mundo árabe, creo que hay que entender que la disputa no es entre dos radicalismos sino entre dos conservadurismos: uno es el de Trump y Le Pen, asociado a la islamofobia, la xenofobia, la exclusión y el autoritarismo, y el otro, al contrario, va ligado a la democracia, la inclusión, el feminismo, etcétera.


1. Brecha, 30-XII-16.

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La pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol y la hipertensión

Un macroestudio en 'The Lancet' critica que la OMS no incluya la desigualdad como factor a combatir


La evidencia científica es robusta: la pobreza y la desigualdad social perjudican seriamente la salud. Sin embargo, las autoridades sanitarias no ponen el foco sobre estos factores sociales tanto como lo hacen sobre otros cuando tratan de mejorar la salud de los ciudadanos. Un macroestudio sobre 1,7 millones de personas, que publica la revista médica The Lancet, vuelve a la carga con este problema descuidado: la pobreza acorta la vida casi tanto como el sedentarismo y mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. El estudio supone una crítica a las políticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no querer incluir en su agenda este factor determinante de la salud tan importante o más que otros que sí forman parte de sus objetivos y recomendaciones.

"El bajo nivel socioeconómico es uno de los indicadores más fuertes de la morbilidad y mortalidad prematura en todo el mundo. Sin embargo, las estrategias de salud global no consideran las circunstancias socioeconómicas pobres como factores de riesgo modificables", aseguran los autores del estudio que publica The Lancet, una treintena de especialistas de instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Columbia, el King's College de Londres, la Escuela de Salud Pública de Harvard y el Imperial College de Londres.


Su trabajo se centró en los datos de 1,7 millones de personas para analizar cómo influye el nivel socioeconómico en la salud y la mortalidad en comparación con otros factores más convencionales, como el tabaquismo o la obesidad. El resultado coincide con otros estudios previos: la pobreza es un agente que afecta a la salud de forma tan sólida y consistente como el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Es más, la capacidad de acortar la vida es mayor que varios de estos factores. El bajo nivel socioeconómico reduce la esperanza de vida en más de 2 años (2,1) en adultos entre 40 y 85 años; el alto consumo de alcohol la reduce en medio año; la obesidad la acorta 0,7 años; la diabetes reduce la esperanza de vida en 3,9 años; la hipertensión en 1,6 años; el sedentarismo, 2,4 años; y el peor, reduciendo la media de vida 4,8 años, el consumo de tabaco.


La elección de estos factores no es casual: son los tomados por la OMS para combatir las enfermedades no contagiosas en su plan para reducir su incidencia en un 25% para el año 2025, el llamado objetivo 25x25. "Nuestros hallazgos sugieren que las estrategias y acciones globales definidas en el plan de salud de la OMS excluye un importante determinante de la salud de su agenda", critican los investigadores, liderados por Silvia Stringhini, del Hospital Universitario de Lausana. Y añaden: "La adversidad socioeconómica debe ser incluida como un factor de riesgo modificable en las estrategias de salud local y global, las políticas y la vigilancia del riesgo para la salud".


Del mismo modo que se puede promover el abandono del tabaco o el deporte entre la población, el artículo defiende que el factor socioeconómico también puede modificarse a todos los niveles, con intervenciones como la promoción del desarrollo durante la primera infancia, las políticas de reducción de la pobreza o la mejora del acceso a una educación. Por eso, las estrategias de prevención de las enfermedades crónicas se equivocan al no abordar "poderosas soluciones estructurales".
No es ideología sino ciencia


"La fuerza de la evidencia del efecto del rango social sobre la mortalidad, como ejemplifica el estudio de Stringhini y sus colegas, es ahora imposible de ignorar", asegura un comentario en The Lancet firmado por Martin Tobias, especialista del Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda. Y añade: "Basan su argumento no en ideología política sino en ciencia rigurosa". Según este epidemiólogo, tener bajo nivel socioeconómico "significa ser incapaz de determinar el propio destino, privado de recursos materiales y con oportunidades limitadas, que determinan tanto el estilo de vida como las posibilidades vitales".
El investigador español Manuel Franco, que no ha participado en el estudio, considera que "es importante que los autores muestren que el factor socioeconómico importa, e importa tanto como los que señala la OMS". "La evidencia dice que la desigualdad mata. ¿Nos interesa la salud del país, tanto la de los pobres como la de los ricos? No se ataca este factor porque no interesa", asegura Franco, epidemiólogo de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en cómo afectan los factores sociales y ambientales en la salud.


Franco explica cómo en países ricos (el estudio se centra en datos de Reino Unido, Francia, Suiza, Portugal, Italia, Estados Unidos y Australia) hay diferencias "insoportables" de esperanza de vida dentro de una misma ciudad, como Barcelona, Madrid, Glasgow o Baltimore. "Y la brecha no deja de ampliarse: la esperanza de vida de los pobres no crece como la de los ricos", denuncia. Y concluye: "Hacemos investigación para mejorar algo. Sabemos que hay factores estructurales que perjudican la salud, pero las autoridades no quieren atacarlos, prefieren hablar solo de los factores individuales: haz deporte, no fumes".

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