Jueves, 22 Agosto 2019 05:38

La guerra del agua

La guerra del agua

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua "gestionada de forma segura".

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

El agua es un derecho humano

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan 'transferir' a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

El caso de la República de El Salvador

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que "más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas".

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

Un derecho humano incompatible con el interés privado

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que "el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable", no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un 'ente rector' o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua "se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país" por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Informar mediante un cartelito

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y "solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar".

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además "por medio de un cartel". Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

La carga de la prueba cae en los posibles afectados

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer "razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización" y deben adjuntar "las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren".

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

Chile y Bolivia, dos antípodas

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como "la guerra del agua".

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que "el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo".

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto "no podrán ser objeto de apropiaciones privadas".

En Chile la propiedad del agua fue privatizada

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes" donde "los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que "el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado".

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio 'delegar' su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar 'fuera del mercado" implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina "demanda inelástica", entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

Por María Luisa Ramos Urzagaste

Sputnik Mundo

Publicado enSociedad
gingivitis

La gingivitis, una infección de las encías, parece estar conectada las enfermedades inflamatorias más conocidas, incluyendo la ateroesclerosis y el Alzheimer

 Uno de los errores monumentales de la ciencia médica fue creer durante décadas que las úlceras de estómago se debían a una combinación de estrés y comida picante. La cura era antiácidos y cirugía.

Barry Marshall, un científico australiano, descubrió que se trataba de una infección por una bacteria llamada Helicobacter pylori, pero las instituciones médicas no quisieron creerlo. Entonces Marshall se bebió un cultivo del estómago de uno de sus pacientes con úlcera, empezó a desarrollar todos los síntomas, y se lo curó en unos días con antibióticos, que es como se trata hoy esta enfermedad.

Durante más de 20 años se ha trabajado con la hipótesis de que la enfermedad de Alzheimer la causa laacumulación de un péptido llamado β-amiloide, porque se han encontrado placas de este compuesto en los cerebros de las víctimas de la enfermedad.

Esto recuerda a la falsa hipótesis de que el colesterol es la causa de la ateroesclerosis, hoy desprestigiada, simplemente por descubrir placas de colesterol en las arterias de los enfermos. Por desgracia las cosas no son tan simples.

Hoy en día los medicamentos para tratar el Alzheimer se basan en bloquear esta proteína. Recientemente esta hipótesis ha sufrido un tremendo revés al descubrir que personas con altísimos niveles de β-amiloide que no desarrollan Alzheimer, del mismo modo que personas con altos niveles de colesterol no desarrollan aterosclerosis.

Poco después, en un revolucionario estudio llevado a cabo por investigadores ocho universidades de distintos países, desde Polonia hasta Nueva Zelanda, se ha descubierto que la enfermedad de Alzheimer puede estar causada por una infección. La bacteria responsable de la infección es Porphyromonas gingivalis, la que produce la gingivitis y la periodontitis. Se encontró ADN de la bacteria en el cerebro de pacientes de Alzheimer, así como sus enzimas tóxicas, llamadas gingipainas.

¿Cómo llegan las bacterias que inflaman tus encías al cerebro? La bacteria P. gingivalis es especialmente astuta. La respuesta inflamatoria es por lo general la forma en que tu organismo mata a las bacterias. Sin embargo las gingipainas de la P. gingivalis debilitan la respuesta inflamatoria y hacen que siga indefinidamente. Esto hace que los tejidos alrededor de la infección se degraden, y se conviertan en más alimento para la bacteria.

Cuando esta bacteria pasa a la sangre, cambia las proteínas que la recubren para pasar desapercibida, y se oculta dentro de los propios glóbulos blancos, esperando para atacar, invisible al sistema inmunitario y los antibióticos. Cuando la infección llega al cerebro, produce la inflamación crónica que da lugar al Alzheimer. Las placas de β-amiloide podrían ser la forma en la que el cerebro se defiende de la infección, no la causa de la enfermedad. Un mecanismo parecido se había observado antes con el virus del herpes.

Por si fuera poco, la bacteria P. gingivalis y sus gingipainas tóxicas también oxidan las proteínas que transportan el colesterol, que es el proceso por el cual se desarrolla la aterosclerosis.  

Todavía es pronto para asegurar que esta infección es la causa única del Alzheimer, pero otros estudios han podido observar que las personas con periodontitis tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes. ¿Qué tienen en común estas enfermedades? La inflamación crónica, que es precisamente la que puede causar una infección por bacterias o virus que no se ha curado.  

Es de esperar que estos mecanismos de la enfermedad se refuercen unos a otros. Las infecciones debilitan el producen inflamación crónica, que debilita el sistema inmunitario, que abre la puerta a nuevas infecciones y más inflamación, que produce daños en nuestras arterias, en los depósitos de grasa y en nuestro cerebro.

Mientras se desenmaraña el mecanismo exacto, usa seda dental.

Por Darío Pescador

19/08/2019 - 22:33h

Lunes, 19 Agosto 2019 06:58

Romper cadenas

Durante una protesta de la ultraderecha que se llevó a cabo el fin de semana en un parque de Portland, Oregon, los asistentes hacen una señal de Ok, gesto que al parecer tiene connotaciones con la supremacía blanca.Foto Afp

Este mes marca el aniversario 400 del inicio de la migración forzada a Estados Unidos, cuando en agosto de 1619 un buque apareció frente las costas de Virginia con más de 20 esclavos africanos originarios de Angola. Estos primeros esclavos fueron aparentemente robados por piratas de un barco español que iba rumbo a México y que los había recibido, a su vez, de los portugueses, imperios que lucraron no sólo con los recursos naturales de otros países, sino también con el gran negocio de secuestros y compraventa de seres humanos.

Eran los primeros de los 400 mil a 600 mil esclavos transportados de África a Estados Unidos, alrededor de 5 por ciento del total de aproximadamente 12 millones de esclavos originarios de África que fueron comercializados por los europeos en la migración masiva forzada más grande de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial.

Para 1860, justo al estallar la Guerra Civil (que entre otras cosas llevó a la abolición de la esclavitud después de casi 250 años), la población esclava estadunidense era de casi 4 millones, 13 por ciento de la población total. Esta historia, esta migración forzada, en cadenas, fue parte integral de la creación de este país que desde sus inicios se ha proclamado como el faro mundial de la libertad.

"Sí, todos nuestros ancestros llegaron en barco a este país, pero algunos arribaron por su propia voluntad en las cubiertas de los barcos; otros, involuntariamente, encadenados en las bodegas de carga debajo", solía recordar el reverendo Jesse Jackson sobre los orígenes de Estados Unidos.

Fue la mano de obra esclava la que generó gran parte de la riqueza de las 13 colonias y que sentó las bases económicas del país que surgió oficialmente con la Declaración de Independencia de 1776. Por ello, algunos historiadores afirman que la fecha de nacimiento real de este país es 1619, cuando apareció ese barco con los primeros esclavos que fueron vendidos a los colonialistas ingleses.

Los orígenes de este país se construyen sobre el robo y genocidio contra los indígenas de estas tierras, y por la mano de obra de esclavos africanos. Por lo tanto, algunos historiadores recuerdan una y otra vez que el cuento de un país basado en los conceptos nobles escritos en su Declaración de Independencia (redactada por Thomas Jefferson, dueño de esclavos) y poco después en su Constitución, proclamando una nación basada en la libertad, la igualdad ante la ley, y la libre determinación de sus habitantes es en parte mentira. Ocho de los primeros 12 presidentes de esta república eran dueños de esclavos.

Hoy día, 400 años después, los afroestadunidenses (en gran parte descendientes de los esclavos) son 13 por ciento de la población, y por múltiples indicadores socioeconómicos, aún los más oprimidos de estas tierras. Los hogares afroestadunidenses tienen 10 centavos en riqueza por cada dólar en hogares blancos; el ingreso medio de los blancos es 10 veces más que el de los negros (Pew Research). Hoy día hay más afroestadunidenses encarcelados o bajo algún tipo de supervisión judicial en Estados Unidos, que esclavos en 1850 (Prof. Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow). Los hombres afroestadunidenses corren mucho mayor riesgo de ser asesinados por la policía que los varones blancos (Academias Nacionales de Ciencias).

Son las luchas de resistencia y liberación que iniciaron tambien hace cuatro siglos –las de los indígenas, los afroestadunidenses, las mujeres y subsecuentes olas de inmigrantes– las que han exigido que este país, el cual han construido, cumpla con sus promesas de libertad y democracia. Por eso mismo, no se puede reducir a Estados Unidos a un país de "gringos"; no todos comparten el mismo origen, la misma experiencia y ni la misma cultura.

Toni Morrison, la gran escritora afroestadunidense premio Nobel, quien falleció el 5 de agosto, escribió en The New Yorker poco despues de las elección de 2016 que parte del voto por Trump fue "no tanto por ira, sino por estar aterrorizados" de que están perdiendo su "privilegio blanco".

No hay manera de entender el presente estadunidense sin tomar en cuenta este conflicto histórico y las luchas por romper cadenas, algo tan antiguo como este país.

Publicado enInternacional
Sábado, 17 Agosto 2019 05:56

Transgénicos traen cáncer y muertes

“Las docentes rurales somos testigos privilegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos” , dice Ana Zabalo

Ana Zabaloy era maestra de una escuela rural en San Antonio de Areco, Argentina. También fundadora del movimiento "Red federal de docentes por la vida", en defensa de la salud y contra los agrotóxicos. A diario veía en la escuela cómo los niños se enfermaban por la fumigación con glifosato en campos de soya transgénica cercanos a la escuela. Decidió proteger a los niños, apoyar a las familias para protestar, juntarse con otros docentes para informar de los riesgos, denunciar la situación de cáncer, malformaciones y enfermedad en que los ha puesto la siembra de transgénicos. El 11 de junio pasado murió por las causas que denunciaba. Un mes después, el movimiento tuvo su primer plenario nacional con docentes de nueve provincias de Argentina, todos en escuelas en la misma situación. (Darío Aranda, tinyurl.com/y5ez2gs6)

En Argentina, tercer productor mundial de cultivos transgénicos, este movimiento se suma a otros, como las asambleas de vecinos de pueblos fumigados, las madres de pueblos fumigados, la red de abogados y la de médicos de pueblos fumigados, y a las protestas de organizaciones sociales y ambientalistas en áreas urbanas y rurales. La fumigación aérea de glifosato y otros agroquímicos cada vez más tóxicos es un componente esencial y sine qua non de la siembra de transgénicos en todos los países donde se les permite proliferar. Es un cáncer que se extiende de la mano de Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva (derivada de Dow-DuPont).

El 89 por ciento de los cultivos sembrados actualmente en el mundo son tolerantes a uno o varios agrotóxicos, además de insertarle también genes insecticidas. Los eventos transgénicos más recientes tienen tolerancia a glifosato (probable cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los herbicidas dicamba y/o 2-4 d, en la misma categoría de peligrosidad. Sólo 10 países tienen 98 por ciento del área sembrada con transgénicos a escala global y entre Estados Unidos, Brasil y Argentina tienen 78 por ciento.

En Estados Unidos hay 18 mil 400 juicios iniciados contra Monsanto-Bayer por causar cáncer a los demandantes o a sus familiares con glifosato, principal herbicida usado con los cultivos transgénicos. Las pruebas aportadas en los juicios muestran que Monsanto sabía de la peligrosidad del glifosato, pero la ocultó. Las víctimas ganaron a Monsanto en los tres primeros juicios, a quienes Bayer-Monsanto tiene que pagar 180 millones de dólares por daños causados y multas, por habérsele comprobado malicia e intencionalidad, al ocultar los riesgos que corrían los que usan y se exponen al glifosato.

Además, hay centenares de otros juicios en curso contra Monsanto-Bayer por todo el medio oeste de Estados Unidos, porque la deriva del herbicida dicamba aplicada a la soya transgénica RoundReady X-tend (tolerante a glifosato y dicamba) mató sus cultivos y hasta sus árboles. Imaginen el efecto en las personas, las expuestas directamente, las que beben agua que cruza las áreas fumigadas, las que consumen alimentos con residuos de esos potentes agrotóxicos.

Este es el contexto en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció este 14 de agosto que Yucatán no puede declararse "estado libre de transgénicos", en respuesta a una controversia constitucional planteada por el gobierno de Peña Nieto reclamando que sólo la Secretaría de Agricultura puede tomar tal decisión. En efecto, esa es la letra de la Ley de Bioseguridad, que por esa y otras razones fue bautizada como ley Monsanto, por ser una norma para servir a los intereses de las empresas de transgénicos. Es una disposición que urge derogar o cambiar radicalmente para que sirva a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, del maíz nativo, la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, todo lo cual los transgénicos minan e impiden.

De la decisión de la Suprema Corte se deriva que quien debería declarar el "estado libre de transgénicos", que demandan las comunidades y pobladores de Yucatán, es la actual Sader, cuyo titular es Víctor Villalobos, un viejo agente de las trasnacionales de transgénicos.

En cualquier caso, esta decisión de la Corte no significa que Monsanto puede proceder a sembrar soya o maíz transgénico en Yucatán. Están en pie otras demandas presentadas y ganadas por apicultores, organizaciones y comunidades en Yucatán, Campeche y Quintana Roo contra la siembra de transgénicos en la península, que obliga a las autoridades a realizar consultas con las comunidades antes de cualquier siembra. Están pendientes desde hace años, pero fueron saboteadas por la propia Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) a través de su entonces secretaria ejecutiva Sol Ortiz, que intentó manipular las consultas para dificultar la participación de los pueblos y tener que oír sus posiciones. Ya en el gobierno de AMLO, Villalobos se la llevó a trabajar con él, un nombramiento absurdo pensando en el interés público, dado el historial del personaje, pero muy coherente con la posición de Villalobos en favor de los transgénicos y los intereses de las trasnacionales.

Los transgénicos sólo traen enfermedad, devastación y muerte, como se ha comprobado en los países que lo siembran. Urge concretar con un decreto de prohibición las promesas del gobierno de que no se sembrarán transgénicos ni en la península ni en ninguna parte de México.

* Investigadora del Grupo ETC

 Terrenos destruidos de la comunidad campesina Guayaqui Cua, en Paraguay. SANTI CARNERI

Una persona murió envenenada y 22 más, entre ellos varios niños, resultaron intoxicadas, por el uso de agroquímicos en empresas productoras de soja transgénica en un pequeño pueblo paraguayo de 400 habitantes. Era 2011. Tras ocho años en los que la Justicia del país sudamericano no ha condenado a los culpables ni ha resarcido a las víctimas, un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace ahora responsable al Estado paraguayo por no prevenir la situación ni tomar medidas para la conservación de la vida y del ambiente.

El dictamen señala que Paraguay “no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales” y concluye que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Por lo tanto, declara “la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio”. El comité de la ONU llama, además, a Paraguay a acometer una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos, y le insta a sancionar a todos los responsables y reparar a las víctimas.

El uso masivo de agroquímicos que exige el cultivo extensivo de granos genéticamente modificados tiene consecuencias mortales en América del Sur. En la bautizada, popularmente, como "república unida de la soja" —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay— se cultivan millones de hectáreas de tierra de soja transgénica que alimenta a buena parte del ganado de Europa y China. Sin embargo, su población rural —muy arraigada a su tierra y que trabaja para vender a pequeña escala— vive en situación de permanente crisis, sin acceso a servicios públicos y asediada por latifundios que incumplen las normativas ambientales, dañando su forma de vida y sus cosechas.

“Es un dictamen histórico por el reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medioambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración”, subraya Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

“El Comité sienta una jurisprudencia histórica que relaciona el disfrute de los derechos humanos con la protección del medioambiente en una decisión de resonancia global”, completa, en declaraciones a EL PAÍS, el abogado paraguayo Hugo Valiente, miembro del equipo de letrados de las víctimas que presentó el caso en 2013. Es la primera vez, subraya, que un órgano aplica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos de 2018. “Momentos así me reconcilian con el derecho en su sentido más legítimo y verdadero: el derecho como ley del más débil”, explica.

Rubén Portillo murió envenenado a los 26 años en el mismo lugar en que nació. Vivía con su compañera, su hijo y su madre cerca del río Kuairú en una de las pocas casitas sin agua corriente de Yerutí, a unos 120 kilómetros de la frontera con Brasil. La colonia de familias campesinas se formalizó en 1991 y está administrada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la institución gestora de la política de acceso a la tierra en Paraguay. Rubén nació dos años después, cuando Yerutí (paloma o canto de las aves en guaraní) era aún un paraíso natural. Unas 1.225 hectáreas fueron entonces repartidas en 93 lotes entre bosques subtropicales, esteros y arroyos. Alejados de todo, sin servicios públicos ni carreteras, pero con tierra roja y fértil para cultivar.

Durante casi 15 años, las familias trabajaron sus tierras con éxito pese a las grandes dificultades del entorno: produjeron toneladas de comida, criaron miles de animales de forma sostenible, levantaron sus escuelas e hicieron sus propios caminos. Hasta que, de pronto, en 2005 los bosques a su alrededor comenzaron a ser talados. Donde antes había una selva con árboles centenarios como el lapacho, manantiales, guaridas de armadillos y jaguares, algunas empresas brasileñas sembraron plantaciones extensivas de monocultivos mecanizados de semillas de soja transgénica.

Un oasis entre la soja

Yerutí quedó como un oasis en el medio de un desierto verde: desde allí, se mire donde se mire, las plantas de medio metro de soja se extienden hasta el horizonte. Solo a veces, la silueta de un árbol solitario queda como testimonio de la naturaleza nativa. Toda la región agrícola de Paraguay fronteriza con Brasil es hoy la zona de mayor expansión del agro-negocio. Y sigue creciendo en toda la mitad oriental del país. En 2005, justo enfrente de la chacra de Rubén plantaron un sojal de la empresa brasileña Condor. Lo fumigaban masivamente mediante lanzamiento de agrotóxicos desde tractores y avionetas, “sistemáticamente incumplieron la normativa ambiental de derecho interno”, según el dictamen de la ONU hecho público este miércoles en Ginebra (Suiza).

“Primero murieron las gallinas, no sabemos por qué. Comenzaron a enfermarse los chanchos y un tiempo después falleció mi hermano”, cuenta la hermana de Rubén Portillo, Norma, que denunció ante las autoridades el caso junto las organizaciones Base Is y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). Rubén tenía el cuerpo lleno de llagas, su hijo también. En enero, su situación empeoró y fue llevado a un centro de salud donde fue tratado por los vómitos. Como no mejoraba, y dada su debilidad —ya ni siquiera podía mantenerse en pie— sus familiares lo llevaron al hospital, ubicado a más de cuatro horas de recorrido. Falleció en el camino.

Portillo no fue el único que enfermó: como en épocas de siembra de soja de años anteriores, otras 22 personas presentaron síntomas similares —náuseas, mareos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea y lesiones en la piel, entre otros—, pero sobrevivieron para denunciarlo.

“Los dos caminos de tierra que conectan la colonia con la carretera principal asfaltada atraviesan grandes extensiones de cultivos, sin que ningún trecho cuente con la protección adecuada. En consecuencia, los integrantes de la comunidad que necesiten acceder a la carretera principal están expuestos a los agrotóxicos”, dice el comité independiente, compuesto por 18 expertos internacionales de la ONU.

Paraguay es el cuarto exportador de soja de América y el sexto exportador mundial del grano, según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Más de un millón de toneladas de agroquímicos ingresan al país anualmente. Son fertilizantes, secantes, insecticidas y funguicidas que se aplican en más de 3 millones de hectáreas empleadas en el cultivo de soja y otros granos que el país exporta. Entre esos químicos existen varios prohibidos en el mundo por los daños que pueden provocar a la salud humana y al medioambiente, como el glifosato y el acefato, entre otros.

La Federación Nacional Campesina estima que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año. En este caso, según el dictamen, las empresas Cóndor, Hermanos Galhera Agrovalle del Sol y Emmerson Shimin usaron al menos dos prohibidos hace 20 años en Paraguay: Aldrin y Lindano.

“No basta con que el Estado no mate a las personas, sino que tiene que garantizarles una vida digna. El estado se decía sin competencia y el comité le ha demostrado por qué sí la tiene. El Estado, durante el proceso, dijo que era un caso aislado, pero hay muchos más. Y con esto se abren las puertas para que estos casos encuentren una respuesta”, detalla la abogada Julia Cabello. “Ahora debe haber medidas de reparación”, añade.

En Paraguay más de un millón de personas han migrado del campo a la ciudad en la última década por el aumento de los latifundios para los cultivos mecanizados, según la Federación Nacional Campesina, que calcula que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año para la soja. El país sudamericano tiene uno de los mayores índices mundiales de desigualdad de la tierra, un 2,5% de los propietarios son dueños de aproximadamente el 85% de la superficie cultivable, según Oxfam.

Por Santi Carneri

Asunción 16 AGO 2019 - 11:33 COT

Publicado enInternacional
Lunes, 12 Agosto 2019 05:57

Los señores de la guerra

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y Biniamin Netaniahu (derecha), primer ministro israelí, durante la visita del primero a Israel en agosto de 2018 / Foto: Afp, Pool, Sebastian Scheiner

En la búsqueda de un enemigo común con el que unificar a sus seguidores, la Casa Blanca acompaña su promoción de la xenofobia dentro de Estados Unidos con una política exterior cada vez más agresiva. A cargo de esta última tendencia está un grupo de creyentes en el “destino manifiesto” que, tras instigar la guerra de Irak en 2003, hoy impulsan las sanciones contra Venezuela y sueñan con una invasión a Irán.

 

El martes 6, durante la llamada Conferencia por la Democracia en Venezuela, realizada en Lima, John Bolton, asesor en seguridad nacional y uno de los hombres más escuchados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió una de sus frases más habituales de los últimos tiempos: “El tiempo del diálogo ya pasó, ha llegado el momento de pasar a la acción”. La utilizó para anunciar un bloqueo a los bienes del gobierno venezolano y la amenaza de sanciones a cualquier empresa internacional que comercie con Caracas. Meses atrás la había empleado para barajar abiertamente la posibilidad de una intervención militar contra Venezuela, y antes y después para alentar una guerra contra Irán. Bolton es, junto al vice Mike Pence, el canciller Mike Pompeo, el secretario de Defensa Patrick Shanahan, y, fuera del gabinete de gobierno, figuras como los senadores Marco Rubio y Tom Cotton y el ex alcalde de Nueva York y abogado presidencial Rudy Giuliani, parte de los superhalcones que marcan la política exterior washingtoniana.

Con una tradición de duro entre los duros en todo puesto que haya ocupado (en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, en la Usaid, como embajador ante la Onu), el septuagenario hombre de los bigotes tan raros para la usanza local es uno de esos conservadores de pura cepa que cree en el “destino manifiesto” de Estados Unidos. Es también un convencido de que la “primera potencia mundialno puede esperar a que un conflicto estalle para involucrarse en él y correr el riesgo de hacerlo de manera tardía, sino que debe estar en el origen de conflictos preventivos que le permitan reafirmar permanentemente su poder”, según dijo años atrás en una de sus (muy bien pagas) columnas en el muy derechista canal Fox News, propiedad del multimillonario Rupert Murdoch, íntimo amigo de Donald Trump. Cuando ejerció como subsecretario de Estado, entre 2001 y 2005, bajo el gobierno de George W Bush, Bolton fue quien armó el retiro de Estados Unidos de la Corte Penal Internacional, con el argumento de que los soldados y gobernantes de “la primera potencia mundial” no pueden ser sometidos a control externo alguno por sus actuaciones en defensa del “mundo libre”. En el mismo período, estuvo entre los principales promotores de la invasión a Irak de 2003, y a él se le atribuye la política de fake news que la justificó, como el invento de la posesión de armas de destrucción masiva por el régimen de Sadam Hussein. Cuando, entre 2005 y 2006, fue embajador del gobierno de Bush ante la Onu (una paradoja tratándose de una “institución despreciable”, como la calificó, y de un defensor ardiente del unilateralismo estadounidense) promovió la aplicación de sanciones internacionales cada vez más duras contra Irán, Corea del Norte y Venezuela. Ya manejaba entonces Bolton la posibilidad de una intervención militar contra Teherán, una alternativa que con los años fue alentando con menos tapujos. En 2015 le propuso a Barack Obama que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes. Obama no lo escuchó y poco después su administración fue parte del acuerdo internacional a seis sobre el programa atómico de la república islámica, que Trump denunciaría en mayo de 2018, ya con Bolton incorporado al gobierno. Como otros halcones republicanos, Bolton está obsesionado con provocar un “cambio de régimen” en Irán antes del cierre de 2019, año del 40 aniversario de la caída del sha y de la “imperdonable afrenta” que significó para Estados Unidos la toma de su embajada en Teherán. Cuando en febrero pasado las autoridades de Irán conmemoraban la revolución de 1979, Bolton subió un video a la cuenta de Twitter de la Casa Blanca en el que amenazaba al gobierno de ese país: “No creo que lleguen a festejar otro aniversario”, les advertía.

SIMILITUDES. En mayo pasado, el New York Times reveló, basándose en fuentes del Pentágono, que durante una reunión de los principales asesores de seguridad de Trump, tanto Bolton como el entonces subsecretario de Defensa, Shanahan, defendieron el envío a Oriente Medio de “120 mil militares”, una cifra que se acerca mucho a la del contingente que invadió Irak 15 años atrás. Hay muchas similitudes entre aquella intervención y este proyecto de intervención, escribió en 2018 Peter Beinart, profesor de periodismo en la City University de Nueva York. “En los dos casos –apuntó en The Atlantic–, los dirigentes estadounidenses temían que un ex aliado en Oriente Medio se liberara de las cadenas que lo atenazaban. En los dos casos, esos dirigentes defendían una política más agresiva, apoyada en declaraciones que intentaban meter miedo sobre los programas nucleares del régimen en cuestión. En los dos casos, los inspectores internacionales contradecían esas declaraciones alarmistas. En los dos casos, los aliados europeos de Estados Unidos defendían a los inspectores y advertían sobre el caos que una política agresiva podría generar. En los dos casos, los halcones de Israel respondían desacreditando a las inspecciones. En los dos casos, los dirigentes actuantes eran Biniamin Netaniahu y John Bolton” (8-V-18). Año y pico después, el cuadro y los actores principales se repiten como un calco.

La perspectiva de un ataque a Irán, promovida también por el secretario de Estado, Mike Pompeo (“hay que lanzar 2 mil bombas” sobre Teherán, dijo tiempo atrás), fue justificada en las semanas pasadas por los incidentes entre fuerzas navales iraníes y petroleros estadounidenses y “aliados” en el estrecho de Ormuz y por el derribo de un dron estadounidense en el cielo iraní (“¿Qué tenía que hacer un dron estadounidense allá lejos? ¿Qué hubiera hecho Estados Unidos si un dron iraní sobrevolara nuestro cielo?”, se preguntó el senador demócrata –y socialista– Bernie Sanders), así como por “el desarrollo vertiginoso” (palabras de Bolton) del programa nuclear iraní. “El gobierno de Trump miente como ningún otro (…). El propio Bolton ha sido acusado en el pasado de falsificar informaciones de inteligencia para justificar acciones contra Irak y Cuba. La manera en que utiliza ahora la amenaza iraní recuerda (…) los episodios previos a la guerra de Irak”, escribió a su vez Max Boot, un neoconservador que en su momento defendió la intervención en Bagdad y es hoy uno de los editorialistas de derecha más críticos de la política agresiva de Estados Unidos (The Washington Post, 7-V-19).

A LA FUERZA. Bolton es también partidario de “liquidar” al gobierno norcoreano, un objetivo que el extraño idilio que mantiene Trump con Kim Jong-un ha por el momento postergado. Y tiene por supuesto a Cuba y a Venezuela entre ceja y ceja. Ha sido uno de los apoyos más constantes del opositor venezolano Juan Guaidó y uno de los primeros en lanzar la idea de una intervención militar “contra la dictadura de Maduro”. Venezuela “tiene el petróleo que necesitamos”, habría afirmado durante una reunión en la Casa Blanca. Andrew McCabe, ex número dos del Fbi despedido por Trump, cuenta en su reciente libro The Threat, publicado en febrero de este año, que el presidente formuló declaraciones similares en 2017. Venezuela –dijo Trump según McCabe– “es el país con el quedeberíamos estar en guerra. Tiene todo ese petróleo y están en nuestra puerta trasera”.

En la reunión de Lima de esta semana, Bolton estuvo acompañado, entre otros, por Elliott Abrams, el enviado de Trump para Venezuela. Diplomático de carrera desde hace cuatro décadas, Abrams participó en “muchos de los actos más horrorosos de Estados Unidos” en ese período, señaló la publicación digital The Intercept (1-II-19). Encubrió, por ejemplo, la masacre de El Mozote, en El Salvador, en 1981, en la que fuerzas militares entrenadas y financiadas por Estados Unidos asesinaron a unos 1.200 indígenas acusados de colaborar con la guerrilla, entre ellos unas 500 mujeres y niños. Fue también un protector del general y masacrador guatemalteco ya fallecido Efraín Ríos Montt, y un promotor, desde los primeros años ochenta, época del sandinismo “originario”, de una invasión a Nicaragua. En 2002 estuvo entre los autores intelectuales del golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y es un mentiroso consuetudinario. En 1991, no tuvo problema alguno en admitir ante el Congreso que había ocultado información al declarar sobre el caso Irán-contras.

***

Poco después de haberlo designado asesor en seguridad, Donald Trump dijo de John Bolton, casi bromeando: “Algún día me llevará a hacer una guerra”. Por ese camino va el gobierno, afirma Max Boot, para quien es muy probable que Bolton y acólitos acentúen las provocaciones a sus enemigos (llámense Irán, Venezuela, Cuba) para desatar un conflicto. Lo único que entienden como estrategia diplomática es “la relación de fuerzas”,dice.Ni siquiera piensan en el día después, en lo que vendrá tras las guerras, más allá de los beneficios inmediatos que Estados Unidos, sus empresas y sus aliados más carnales (Israel o Arabia Saudita, para el caso de Oriente Medio) puedan obtener. ¿Qué pasaría a mediano plazo en Irán si la república islámica cayera?, se pregunta por ejemplo la investigadora Suzanne Maloney. Los precedentes de Irak y Libia, donde el caos que siguió al derrocamiento sangriento de los gobiernos respectivos se volvió incluso contra los propios occidentales, no son muy alentadores, concluye esta especialista en Irán en la Brookings Institution (Mediapart, 11-V-18).

Ilhan Omar, una de las cuatro legisladoras demócratas “rebeldes” a las que Trump invitó hace algunas semanas a “volver a su país” (ella nació en Somalia), dijo tiempo atrás que está en el Adn imperial de buena parte de los dirigentes estadounidenses intentar derrocar a gobiernos que no les son afines. Al interrogar en el Congreso a Elliot Abrams sobre la política hacia Venezuela, en febrero, Omar le preguntó: “¿Apoyaría a una facción armada en Venezuela que cometa crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio si cree que beneficia los intereses de Estados Unidos, como hizo con Guatemala, El Salvador o Nicaragua?”. “No voy a responder a esa pregunta”, contestó el funcionario.

Publicado enInternacional
¿Cuáles son los países con más crímenes? ¿Y las ciudades?

Los homicidios generan más defunciones en el mundo que los conflictos armados. Más de cinco veces, según un reciente informe de Naciones Unidas con datos de 2017. El Salvador, Venezuela, Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica lideran estas escabrosas listas. En cuanto a las ciudades, Caracas es la que más muertes violentas registra, en un top-ten en el que hay cuatro sudafricanas y tres brasileñas. Aunque otros indicadores sitúan a San Salvador y a la hondureña San Pedro Sula por delante.

 

La Agencia de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen (UNODC) reveló a mediados de julio su informe anual sobre índices de homicidios en el mundo. Con resultados inequívocos. Más de 464.000 personas murieron en el planeta, en 2017, por causas violentas, superando en más de cinco veces los fallecimientos ocasionados por los distintos conflictos armados que se hallaban en activo, que cifra en torno a las 89.000 defunciones.

Su Estudio Global sobre Homicidios 2019 incluye la violencia de género además de las distintas figuras delictivas relacionadas con muertes trágicas, en las que han intervenido la acción humana para acabar con la vida de las víctimas. En su objetivo esencial, los expertos de esta oficina oficial de la ONU insisten en que su radiografía de situación pretende “ofrecer datos crudos de la realidad con objeto de que las autoridades de los distintos países tomen medidas efectivas para reducir sus registros de violencia armada y se comprometan a luchar contra el crimen organizado”, explica su director ejecutivo Yuri Fedotov, quien recordó que todas las naciones que han suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta institución multilateral han adquirido el reto de reducir cualquier forma de violencia en sus sociedades para 2030.

El escenario que dibuja la UNODC, según sus siglas en inglés, es más que preocupante. Sus datos demuestran que es una lacra que avanza sin remedio. En el último cuarto de siglo se ha pasado de 395.542 homicidios violentos en 1992 hasta los 464.000 de 2017. Aunque la ratio de víctimas se haya reducido por efecto de la explosión demográfica global desde los 7,2 fallecimiento por cada 100.000 personas a los 6,1. Las organizaciones criminales fueron responsables del 19% de los homicidios. Pero su repercusión desestabilizadora del entramado institucional de los países, unido a sus perjuicios directos sobre la prosperidad económica y su obsesiva meta de erosionar los estados de derecho donde operan, requieren de medidas urgentes, alerta el informe. Sobre todo, en según qué regiones del planeta. Porque la tasa de criminalidad salta al 17,2 en América Latina y al 13 en África, mientras que en Europa, Oceanía y Asia se diluye hasta los 3, 2,8 y 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Más en concreto, focaliza en América Central y Sudamérica los territorios con riesgos sistémicos por muertes violentas, entre los que también contabilizan los suicidios o los actos en legítima defensa. El Salvador, el país que la UNODC sitúa a la cabeza de su lista negra, alcanzó las 62,1 muertes por cada 100.000 habitantes y Venezuela, las 56,8. En estas zonas, la violencia mortal se ha colectivizado, hasta el punto que ciertas comunidades civiles sobreviven en una atmósfera de conflicto armado con innumerables factores de riesgo. De forma mayoritaria, las víctimas son hombres, pero las mujeres son, muy a menudo, pierden su vida por acciones intimidatorias de grupos delictivos. El 81% de ellas, fueron de género masculino -incluidos menores-, que también copan, con más del 90% de los casos, las imputaciones de sospechosos. Aunque el criterio del género varía en función de la edad. Hasta los nueve años, las tasas de mortalidad permanecen en niveles similares, pero a partir de esta cota, las víctimas masculinas superan claramente el 50%. Aunque los adolescentes, entre 15 y 29 años, son los núcleos de mayor riesgo de homicidio.

Los datos de esta agencia de la ONU se corroboran, aunque con matices, con información oficial recabada por otras fuentes, públicas y privadas. Numbeo, considerada la mayor base da datos oficiales de países y ciudades, elabora un ránking con un Índice de Criminalidad que evalúa los niveles de siniestralidad mortal, de 0 a 100, y otro de Seguridad, que supone el diferencial entre el primer registro y el cómputo total. Su análisis establece cinco baremos: de 0 a 20, calificados de muy bajos; entre 20 y 40 (bajos); entre 40 y 60 (moderados); 60-80: altos y más de 80, índices excesivamente elevados. En su clasificación por países señala a Venezuela (84,86) como nación menos segura, la que mayor número de homicidios genera; seguida de Papúa Nueva Guinea, con 80,26. Son las dos únicas naciones que exceden el límite del 80. Sudáfrica (77,02), Honduras (75,84), Afganistán (73,26) y Trinidad y Tobago (73,15). Un grupo de 16 países completan la frontera entre los índices moderados de criminalidad: Brasil, El Salvador, Namibia, Siria, Jamaica, Bangladesh, Puerto Rico, Nigeria, Perú, Kazajistán, Argentina, Kenia, Libia, Malasia, República Dominicana e Islas Fiyi. Por el contrario, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón, Taiwán y Hong-Kong son los cinco estados más seguros para esta clasificación. España ocupa el lugar 91 de 123 naciones; es decir, el trigésimo segundo país más seguro.

La recopilación de Numbeo también engloba a las grandes ciudades, núcleos donde el crimen se reproduce con mayor intensidad. Siete urbes superan la cota 80. Caracas, Pietermaritzburgo, capital de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal; Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea; San Pedro Sula (Honduras) y Pretoria Durban y Johannesburgo (Sudáfrica). Justo por debajo de este límite, aparecen cinco ciudades brasileñas: Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre y Recife. Intercaladas entre otras urbes de mercados emergentes o en desarrollo figuran las primeras de potencias industrializadas; entre las cotas 60 y 80. Mayoritariamente de EEUU: Detroit y Baltimore -por encima de México DF-, Alburquerque, San Luis, Milwaukee, que sigue a Damasco, en pleno conflicto armado, Oakland, Nueva Orleans, Chicago, Atlanta, Houston y la ciudad-condado de Alaska, Anchorage, a la que precede Bogotá, en el puesto 55. Filadelfia es la primera del siguiente grupo, con 59,56. La canadiense Surrey, Catania (Italia) y Townsville (Australia) también están en el elenco de urbes de economías con rentas altas, pero con niveles de homicidios peligrosamente altos. Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Quebec (Canadá), Taipei (Taiwán) y Múnich (Alemania) forman el top-five de baja siniestralidad criminal. Málaga, en el puesto 293 de un total de 328, donde se ubica la capital de uno de los siete emiratos de EAU.

Pero, quizás, el más completo de estos compendios de homicidios en el mundo sea el de Global Residence, consultora dedicada al negocio inmobiliario que ofrece a sus clientes información de siniestralidad y altercados delictivos en las ciudades en las que desarrolla su actividad. Recopila los datos de Numbeo y otros barómetros de criminalidad, como el Global Peace, del think-tank australiano que lleva este nombre, los riesgos políticos o de seguridad -entre otros- para dibujar su mapa de peligrosidad por países. Y, entre sus 181 enclaves analizados, señala a San Salvador, como la mayor amenaza para vivir. A la que siguen otras tres latinoamericanas: la hondureña San Pedro Sula, Caracas y Tegucigalpa, capital de Honduras. El resto del top-ten lo configuran Damasco, Ciudad de Guatemala, Port of Spain (Trinidad y Tobago), Ciudad del Cabo (Sudáfrica); la brasileña Belo Horizonte y Johannesburgo. El triángulo centroamericano de San Salvador, San Pedro Sula y Tegucigalpa, con tasas de homicidios que superan el 80, impulsadas por la elevada actividad criminal de las maras, el fenómeno de grupos delictivos juveniles que ha expandido el terror por los países del istmo de América Central y que, en no pocos territorios, ha usurpado la autoridad de sus estados. Sus destinos más seguros son Vaduz (Liechtenstein); Andorra la Vella; Douglas (Isla de Man), Mónaco, Saint Helier (Jersey), Gibraltar, Singapur, Zúrich (Suiza), Reikiavik (Islandia) y Tokio.

12/08/2019 08:26 Actualizado: 12/08/2019 08:26

Por DIEGO HERRANZ

Publicado enSociedad
Dos muertos y seis heridos en atentado –declaración de guerra– contra la Guardia Indígena del Norte del Cauca

Un día después de celebrarse el día internacional de los pueblos indígenas, en Colombia se riega la tierra en el Norte del Cauca con la sangre de dos Guardias Indígenas asesinados y otros 6 heridos.

A mansalva. A las 7:30 de la mañana del 10 de agosto, dos vehículos en donde se transportaban participantes de la Feria del Café en Toribio y un grupo de Guardias que acompañaba, fueron atacados en el sector del Chorro, vía que conecta a los municipios de Toribio con Caloto. Según fuentes indígenas, siete actores armados dispararon con fusiles de largo alcance y con pistolas, pretendiendo una masacre, desconociendo que era personal civil, desarmado, defensores de la paz en sus territorios. El resultado da cuenta de su propósito: 8 heridos, de los cuales 2 fallecieron pasadas unas horas: los Guardias del resguardo indígena de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio.

Hasta el momento no se han identificado los actores del crimen, pero el atentado concreta las amenazas recibidas por medio de panfletos firmados, de manera individual, por distintos grupos armados que están en la región, como las Águilas Negras, el Cartel de Sinaloa y las disidencias de las Farc, en los que declaran objetivo militar a las autoridades y a todo el que tenga los distintivos de la Guardia Indígena, como la Chonta o Bastón de Mando.

 

 

Sin dejarse atemorizar, la respuesta por parte de la organización indígena y las comunidades fue la de realizar movilizaciones y desplazamientos masivos hasta la zona donde se presentaron los hechos, donde los armados continúan los hostigamientos con arma de fuego, zona que va desde el Palo hasta el Tierrero por la vía que conecta los municipios de Caloto-Toribio.

Al caer la tarde el sábado 10 las comunidades se encuentran concentradas en sitio de asamblea permanente, y desde la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se realizó una convocatoria urgente para el día 11 de agosto, a partir de las 8 de la mañana para abordar el tema en junta directiva extraordinaria. Allí deberán llegar las 126 autoridades, las 11 asociaciones y toda la Guardia Indígena de cada Territorio, así como la comisión política y todos los programas locales, zonales y regionales.

La guerra frontal contra la guardia indígena tiene que ver con el narcotráfico y el control de corredores estratégicos que cursan esta región en su ligazón con el Pacífico colombiano. Como se mencionó en el artículo “Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca”, fuentes cercanas a desdeabajo informan que estos ataques posiblemente tienen que ver con el narcotráfico y quienes están detrás son grupos delincuenciales. Sin embargo, este accionar deja abiertos algunos interrogantes, ¿No será esta una forma de actuar de grupos específicos, ligados al poder, que pretender debilitar por medio del miedo y el temor a la comunidad indígena? ¿No pretenderán con ello debilitar la capacidad de movilización del movimiento más fuerte en Colombia? ¿Será esta una nueva estrategia para generar divisiones y rupturas al interior de la organización indígena, campesina y popular en general?  

La situación es compleja y cada vez más crítica, pero seguramente la sabiduría de los pueblos logrará defender los territorios, garantizar la pervivencia en los mismos, evitando tensiones y divisiones a su interior y/o con campesinos y pueblos afrodescendientes. La declaración de guerra no debe prosperar.

Este es un reto, otro lo constituye, ante la realidad gubernamental y extragubernamental, la necesidad de plantear un accionar diferente para los movimientos sociales del país, uno que denuncien y haga cada vez más visible la democracia de papel imperante en Colombia, y de esta manera comenzar a organizar y crear otra democracia, una que vaya más allá de los formalismos institucionales o electorales y que ahonde el poder del gobierno propio, concitando la acción común con el resto de los actores sociales, y así, por fin, lograr encarar la construcción de una agenda común para avanzar hacia otro país con justicia y vida digna.  

Publicado enColombia
Los científicos de la ONU llaman a cambiar la dieta mundial con urgencia para frenar la crisis climática

El Panel Internacional de Expertos explica en su último informe que deben recortarse las emisiones de gas en la producción de alimentos que suponen el 25% del total

El documento incide en que una dieta con más vegetales y carne obtenida con sistemas que demanden menos energía tienen menor impacto climático

 

Atajar la crisis climática obliga a cambiar la manera de alimentarse. La fórmula actual de producir la comida supone casi un tercio de las emisiones gases de efecto invernadero por lo que resulta imposible contener el calentamiento global sin que el mundo –sobre todo el rico– modifique su dieta con urgencia: más vegetales y carne producida con sistemas que utilicen menos energía, según el último informe del Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicado este jueves.

El documento, aprobado este miércoles, viene a indicar que no basta con aplicar medidas a la producción de energía en las centrales eléctricas o los motores de los vehículos. No basta con transformarse en eólico y solar. En ocubtre de 2018, el IPCC ya avisó de que solo medidas urgentes y drásticas en la próxima década podrían evitar lo peor del cambio climático limitando el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Este nuevo informe añade otro paquete medidas cruciales.

Los expertos calculan que la producción de comida lanza unas 11 gigatoneladas de gases a la atmósfera. Son 11.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a base de prácticas agrícolas, el cambio en el uso del suelo, el almacenamiento, transporte, procesamiento, empaquetado y consumo de los productos. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado tras conocer el informe que el estudio indica "lo fundamental que es el suelo. Un bien precioso y escaso que ha pasado de ser un sumideros de gases a un emisor" por el uso intensivo que ha impuesto la humanidad.

Lo que va al plato

Los científicos piden variar hacia lo que llaman dietas más saludables. ¿Qué alimentos citan? Hablan de cereales, legumbres, verduras, frutos secos y semillas. También carne, pero con métodos de producción que permitan un uso "menos intensivo" de energía. Uno de los coordinadores del informe, Jim Skea, ha incidido en que ellos no recomiendan una dieta a la gente. "Señalamos que, según la evidencia científica, hay dietas que tienen una menor huella de carbono". Es decir, un impacto climático menor.

El Panel considera que estos cambios tienen el potencial para evitar que entre 1,8 y 3,5 gigatoneladas de CO2 terminen en la atmósfera. Y añaden otro aspecto: frenar el desperdicio de comida. Al tirar menos alimentos se reduce la necesidad de consumir más con lo que se rebaja la expansión de tierras dedicadas a la producción. Los científicos han calculado que un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciados. Una buena proporción del efecto invernadero se crea para nada.

Factura climática de la comida

La mayoría de la superficie terrestre del planeta se dedica a producir alimentos o vestido. Hasta un 72% del suelo libre de hielo está destinado a mantener a la población. El informe explica qué implica esta presión: el incremento en la producción de comida ha acelerado el uso intensivo de la tierras. También ha obligado a aumentar la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y el consumo de agua para el riego.

Todo esto ha multiplicado las emisiones. El cambio de uso de los suelos para sostener este crecimiento global ha contribuido a la cantidad de CO2 lanzado "sobre todo por la deforestación", explican. Es decir, la desaparición de árboles para dar paso a campos de cultivo o pastos para rebaños. También ha subido la cantidad de dióxido de nitrógeno emitido (NO2) por la agricultura y la de metano (CH4) por el ganado. Hasta la mitad de este gas, el de más potencia de invernadero, sale de las cabañas ganaderas.

Las medidas que ponen encima de la mesa abarcan desde la reducción en las emisiones de NO2 de los fertilizantes, la del metano de los arrozales, la mejora genética para que los cultivos soporten mejor las sequías y que el ganado tenga una mejor alimentación además de gestionar sus desechos. Le atribuyen un potencial de ahorro entre 1,4 y 4 gigatoneladas de gases al año.

El cambio climático degrada los campos

La influencia entre la obtención de comida y el cambio climático es de ida y vuelta. A medida que la temperatura crece se exacerban los daños: mayor desertificación, más degradación del suelo... Esto se traduce en peores rendimientos de las cosechas. En consecuencia un previsible encarecimiento del producto. Sus previsiones apuntan a que los precios de los cereales pudieran subir hasta un 29% para 2050.

Pero también afectará a la calidad de la misma comida ya que la mayor concentración de dióxido de carbono influirá en la composición de los nutrientes como, por ejemplo, las proteínas.

Freno a la fórmula de la bioenergía

El biodiésel a escala mundial desplaza a la comida, advierte el informe. Una de las soluciones adoptadas generalmente por los estados para cumplir con su compromisos de emisiones ha sido la apuesta por los biocarburantes. La bioenergía que se obtiene a base de cultivos como la palma o la colza. Los expertos avisan de los riesgos y aseguran que hay límites al cultivo de estas variedades. ¿Por qué? La proliferación de estas plantaciones puede suponer efectos "irreversibles" en la desertificación de la tierra.

Lo que describe el Panel es que la idea de recortar emisiones de CO2 a base de sustituir el combustible fósil por, por ejemplo, biodiésel, tiende a crear una competencia por el suelo entre los cultivos para energía y los destinados a producir variedades que alimenten a la población.

El documento incluye una advertencia: "Muchas de las respuestas toman tiempo para producir sus efectos". Piden paciencia. Sin ir más lejos, señalan que medidas como cambiar la manera de producir o variar la dieta precian un periodo de adaptación. Incluso la reforestación de la cubierta vegetal no se consigue rápidamente. Las plantas tienen que crecer.

Por Raúl Rejón

08/08/2019 - 10:00h

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 05 Agosto 2019 07:58

Balas de odio

 La comunidad gay se manifestó ayer en Times Square, Nueva York, en repudio a la violencia con armas de fuego, luego de los tiroteos del fin de semana.Foto Afp

Otro y otro y otro. Dos tiroteos masivos en menos de 24 horas perpetrados por jóvenes blancos estadunidenses; el saldo de ambos es de por lo menos 29 muertos y decenas de heridos. Esto, después de que hace una semana, otro joven blanco asesinó a tres e hirió a 15 en Gilroy, California. Suman 253 tiroteos masivos (definido como casos en los que cuatro o más personas son heridas o mueren por balas), y 32 matanzas por armas de fuego (definido como tres o más fatalidades en un solo incidente) en los 216 días que van del año.

 

Pero el ataque en El Paso, según información preliminar, no es un tiroteo más, sino un atentado de terror contra latinos e inmigrantes. Un "manifiesto" que aparentemente dejó el atacante poco antes de salir a realizar su masacre afirma que estaba haciendo esto "en respuesta a la invasión latina".

 

El alguacil del condado de El Paso, Richard Wiles, escribió: “Este hombre anglo vino aquí para matar latinos. Estoy indignado… y toda la nación debería estar indignada. Es hora de levantarnos y hacer que nuestros representantes rindan cuentas a todos los niveles”.

 

Las autoridades están investigando el tiroteo como un acto de "terrorismo doméstico" y como un "crimen de odio". Además del manifiesto del acusado, quien emplea el vocabulario de Trump, aparentemente también encontraron expresiones de admiración al mandatario republicano, incluyendo una foto de armas posicionadas para deletrear el apellido del presidente y el uso del hashtag sobre su muro fronterizo.

 

Los ataques de "odio" se han incrementado con Trump; más de 17 por ciento el año pasado, según la FBI. Los casos de terrorismo doméstico también (la agencia informa que desde el 11/S, más estadunidenses han muerto en atentados terroristas domésticos que en internacionales). En El Paso se combinaron. No es la primera vez. El jefe de la FBI, Christopher Wray, reportó que ha realizado cerca de 100 arrestos relacionados con "terrorismo doméstico" este año –cifra superior al total de 2018– y la mayoría de éstos están vinculados a la supremacía blanca.

 

Crímenes de odio y actos de terrorismo doméstico no son nuevos, y han ocurrido con presidentes demócratas y republicanos. Pero en tiempos modernos nunca se había responsabilizado a un presidente y a su gobierno de nutrirlos como ahora.

 

Organizaciones de defensa de libertades civiles y derechos humanos, líderes de organizaciones latinas, afroestadunidenses, musulmanes y judíos han advertido repetidamente sobre las consecuencias de la retórica presidencial. Este domingo, varios candidatos presidenciales acusaron directamente a Trump (quien estaba gozando un fin de semana de golf durante las mismas 24 horas de horror en su país), por fomentar la violencia con su retórica antimigrante y racista.

 

El pasado martes, antes del incidente ocurrido en El Paso, Texas, el liderazgo de la Catedral Nacional en Washington –la catedral de presidentes y de actos político-religiosos nacionales– emitió una sorprendente e inusitada reprobación de un mandatario. “No se equivoquen, las palabras importan. Y las palabras del señor Trump son peligrosas… Cuando palabras violentas tan deshumanizantes provienen del presidente de Estados Unidos, son un llamado de clarín, y un escudo, a supremacistas blancos que consideran a personas de color como una ‘infestación’ subhumana de Estados Unidos... Palabras violentas llevan a acciones violentas”. La declaración pregunta: Después de dos años de las palabras y acciones del presidente Trump, ¿cuándo será que los estadunidenses digan basta? ¿Cuándo es que el silencio es complicidad? ¿Qué se necesitará para que todos digamos, a una voz, que ya basta? La pregunta no es tanto sobre el sentido de la decencia del presidente, sino sobre el nuestro”.

 

Tal vez sea el momento indicado para que los gobiernos, incluido el de México, emitan alertas oficiales a sus ciudadanos sobre el peligro de viajar o residir en Estados Unidos, dadas las condiciones violentas y hostiles impulsadas por un régimen racista y xenófobo.

 

¿O será necesario contemplar preparativos para ofrecer refugio a estadunidenses que ya temen por sus vidas bajo este régimen?

 

Publicado enInternacional