La solución al problema del coronavirus es aislar en cuarentena a los alarmistas

El autor defiende que el Coronavirus es uno de los patógenos más comunes de las enfermedades respiratorias agudas, lo que no justifica las medidas de pánico tomadas por distintos Gobiernos en todo el mundo.

El bombo en torno al coronavirus no se basa en ningún peligro médico extraordinario. Sin embargo, causa un daño considerable a nuestra libertad y a nuestros derechos individuales a través de medidas de cuarentena superficiales e injustificadas así como de reglamentos prohibitivos.

Las imágenes en los medios de comunicación son aterradoras y el tráfico en las ciudades chinas está siendo controlado a golpe de termómetro clínico. El carnaval de Venecia fue cancelado después de que un paciente de avanzada edad que estaba en el hospital, moribundo, diera positivo. Cuando un puñado de personas en el norte de Italia también dieron positivo, Austria cerró inmediatamente el paso del Brennero de forma temporal. Debido a un presunto caso de coronavirus, más de 1.000 personas no podían salir de su hotel en Tenerife. 3.700 pasajeros no pudieron desembarcar del crucero Diamond Princess A principios de febrero, 126 personas de Wuhan fueron trasladadas a Alemania por avión y permanecieron allí en cuarentena durante dos semanas en perfecto estado de salud. El Coronavirus fue detectado en dos de los individuos sanos.

Hubo escenarios de horror similares una y otra vez en las últimas dos décadas. Sin embargo, la “pandemia de gripe porcina” anunciada por la Organización Mundial de la Salud fue, de hecho, una de las olas de gripe más leves de la historia y las aves migratorias siguen esperando la “gripe aviar”. Todas las instituciones que ahora nos alertan de nuevo sobre la necesidad de ser precavidos nos han decepcionado en varias ocasiones. Con demasiada frecuencia, vemos que existe la corrupción institucional debido a los intereses secundarios de los negocios y la política.

Para evitar dejarse llevar por mensajes de pánico infundados y poder evaluar de forma responsable el riesgo de propagación de una infección se debe utilizar una sólida metodología epidemiológica. Esto incluye una comparación tomando como base lo “normal”, la línea de base, antes de poder hablar de algo especial. Hasta ahora, casi nadie ha prestado atención a los coronavirus. Por ejemplo, en los informes del Instituto Robert Koch (RKI), sólo se mencionan marginalmente porque en 2002 hubo SARS en China y porque desde 2012 se han observado algunas transmisiones de dromedarios a humanos en Arabia (MERS). No hay estudios sobre la presencia regular y recurrente de coronavirus en perros, gatos y cerdos o incluso en los seres humanos. Sin embargo, los hospitales infantiles suelen ser muy conscientes de que una proporción considerable de la neumonía vírica, a menudo grave, también es causada de forma regular por los coronavirus. En vista del hecho bien conocido de que en cada “ola de gripe” entre el 7 al 15% de las enfermedades respiratorias agudas (ERA) son causadas por coronavirus, el número de casos que ahora se suman continuamente siguen estando completamente dentro del rango normal.

Alrededor de uno de cada mil de los que enferman siempre muere durante las olas de infección de invierno. Mediante la aplicación selectiva de métodos de detección de laboratorio —por ejemplo, sólo en clínicas y consultorios médicos ambulatorios— esta tasa puede, por supuesto, ser fácilmente llevada a niveles aterradores, porque los que necesitan ayuda allí suelen estar peor que los que están convalecientes en casa.

Desde el cambio de año, el foco de atención del público, la ciencia y las autoridades sanitarias ha cambiado de repente por completo. Algunos médicos de Wuhan (12 millones de habitantes) lograron atraer la atención mundial, con menos de 50 casos iniciales y algunas muertes en su clínica, en la que habían identificado al coronavirus como el patógeno. Los coloridos mapas que se nos muestran ahora en papel o en pantallas son impresionantes, pero por lo general tienen menos que ver con la enfermedad que con la actividad de hábiles virólogos y multitud de reporteros sensacionalistas. Actualmente no estamos midiendo la incidencia de los coronavirus, sino la actividad de los especialistas que las buscan.

Dondequiera que se hayan realizado esas pruebas —había menos de 9.000 pruebas semanales disponibles en 38 laboratorios de toda Europa el 13 de febrero de 2020— casi siempre se han encontrado casos y cada caso se convierte en un acontecimiento mediático autosuficiente. El hecho en sí de que el descubrimiento de una infección por coronavirus vaya acompañado de una búsqueda particularmente intensiva en sus contactos cercanos explica los grupos regionales de contagiados.

Los informes de horror de Wuhan eran algo que los virólogos de todo el mundo están esperando. Inmediatamente, las cepas de virus presentes en los refrigeradores fueron escaneadas y comparadas febrilmente con los recién llegados de Wuhan. Un laboratorio de la clínica berlinesa Charité ganó la carrera en la OMS y se le permitió comercializar sus pruebas internas en todo el mundo a varias veces el precio habitual.

Sin embargo, es mejor no hacerse el test del coronavirus, que vale unos 200 euros. Incluso con una ligera infección “parecida a la gripe”, el riesgo de tener un coronavirus es del 7% al 15% después de varios años de investigación prospectiva en Escocia (de 2005 a 2013). La detección de los coronavirus tendría graves consecuencias para la vida cotidiana de los investigadores y su entorno más amplio, como se puede ver en todos los medios de comunicación sin una larga búsqueda.

El hallazgo en sí mismo no tiene importancia clínica. Es sólo uno de los varios nombres de las enfermedades respiratorias agudas (ERA), que dejan temporalmente fuera de combate a entre el 20% y el 40% de la población en un país como Alemania cada invierno.

Según dicho estudio realizado en Escocia los patógenos más comunes de las enfermedades respiratorias agudas eran: 1. Rinovirus, 2. virus de la gripe A, 3. virus de la gripe B, 4. virus de la RS y 5. coronavirus. Este orden varió ligeramente de un año a otro. Incluso con los virus compitiendo por nuestras células de la membrana mucosa, aparentemente hay un quórum cambiante, como lo conocemos de nuestros intestinos en el caso de los microorganismos y del Bundestag en el caso de los partidos políticos.

Así que si ahora hay un número creciente de infecciones de coronavirus “probadas” en China o en Italia: ¿Puede alguien decir con qué frecuencia se realizaron tales exámenes en los inviernos anteriores, por quién, por qué razón y con qué resultados? Cuando uno afirma que algo se convierte en algo más, seguramente debe referirse a algo que ha observado antes. Un oficial experimentado en el control de enfermedades puede quedar aturdido cuando observa la confusión actual, el pánico y el sufrimiento que causa. Estoy seguro de que muchos de los médicos responsables probablemente arriesgarían sus trabajos hoy, como lo hicieron con la “gripe porcina” en aquel entonces, si se opusieran a la corriente principal.

Cada invierno tenemos una epidemia de virus con miles de muertes y con millones de personas infectadas incluso en Alemania. Y los coronavirus siempre juegan un papel en ella. Así que si el Gobierno Federal quiere hacer algo bueno, puede permitir a los investigadores del Robert Koch Institut (RKI) observen prospectivamente cómo el virus cambia cada invierno en la población alemana como hicieron los epidemiólogos de Glasgow. La política debe asegurar que el trabajo científico confiable en el Instituto Robert Koch, el Instituto Paul Ehrlich y otras oficinas sea más fácil de nuevo. Trabajar científicamente no significa hablar con los políticos o la comunidad empresarial en función de sus deseos. La ciencia es digna de confianza si utiliza métodos transparentes para cuestionar los supuestos conocimientos de manera profesional y coherente en todo momento. Aunque a veces esto lleva mucho tiempo, puede salvarnos de muchas aberraciones de salud costosas que los perros guardianes de la gripe impulsados por el interés nos harían creer.

Y para el individuo, se aplica lo siguiente: Cualquier persona que sea sometida a las medidas de cuarentena debido a una prueba de coronavirus positiva y sufra pérdidas financieras puede tener derecho a una indemnización (en virtud del §56 de la Ley de Protección contra la Infección de Alemania). Pero también hay que defenderse de una privación de libertad sin sentido. Cada invierno tenemos una epidemia de virus con miles de muertes y con millones de personas infectadas incluso en Alemania. Y los coronavirus siempre contribuyen a ello.

sobre el autor

El Dr. med. Wolfgang Wodarg, nacido en 1947, es internista y neumólogo, especialista en higiene y medicina ambiental, así como en salud pública y medicina social. Estudió medicina en Berlín y Hamburgo.  De 1994 a 2009 fue miembro del Parlamento alemán. (Comité de Salud y en la Cooperación para el Desarrollo. ) Portavoz en la Comisión de Investigación “Ética y Derecho de la Medicina Moderna”. Desde 2010 es miembro honorario de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que fue miembro durante más de diez años. En Estrasburgo fue presidente del Subcomité de Salud y vicepresidente del Comité de Cultura, Educación y Ciencia. Inició y acompañó a la comisión de investigación sobre el la OMS en el H1N1 (gripe porcina). Desde 2011 trabaja como profesor universitario independiente, médico y científico de la salud.

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El fantasma del colapso recorre el mundo

Las noticias que se acumulan estos días, traspasando la sobreexposición del coronavirus, son estremecedoras y nos llevan a imaginar que el colapso del sistema está comenzando.

El presidente de Turquía Reccep Tayyip Erdogan, abrió la frontera luego que un bombardeo sirio se cobró la vida de 50 soldados que están atacando la provincia de Idlib, que ese país quiere apropiarse. De ese modo, utiliza la desesperación de los civiles que huyen de la guerra como “arma geopolítica” (https://bit.ly/2TdPJTW).

En tanto, la policía griega dispara gases a los niños en la frontera para disuadir a toda la familia de ingresar a la Unión Europea (https://bit.ly/2TusNyr). Unos 15 mil refugiados, hasta el 2 de marzo porque las cifras crecen en horas, tiritan de frío en una zona de nadie entre Turquía y Grecia, mientras otros intentan ganar la orilla griega en pequeños botes, arriesgando la vida. En se marco, Grecia decidió suspender temporalmente el derecho de asilo (https://bit.ly/2TrVZpQ).

Esta vez no voy a hablar de los feminicidios en México, que según autoridades internacionales conforman una “crisis humanitaria” de la que culpan al Estado, porque “no hace prácticamente nada por paliar la situación”, como señaló la integrante del Sistema Nacional de Investigadores, Rita Canto.

Desde Grecia, las compañeras nos informan que el Estado decidió prohibir los carnavales con la excusa del coronavirus. En respuesta, la población salió a la calle en masa para celebrar la festividad, ante el inevitable acoso policial, como puede observarse en estas imágenes (https://bit.ly/32Jrq3l). En el decreto se prevé dos años de cárcel para quienes no obedezcan.

La militarización del agua en Brasil merece un párrafo aparte. Un informe del diario Estado de Sao Paulo, destaca que los canales que desvían el agua del río San Francisco hacia las grandes haciendas de la fruticultura en el Nordeste, están siendo vigilados por guardias armados y drones, mientras se levantan muros para proteger el agua, convertida en negocio para exportar frutas al mundo.

“En Petrolina, Pernambuco, guardias armados al estilo Robocop, apoyados por drones se mueven en motocicletas vigilando el canal para que la población no tenga acceso al agua. Los habitantes de la zona necesitan arriesgarse, furtivos, para paliar la sed. Agricultores que están a menos de cien metros del canal, no tienen acceso” (https://bit.ly/38cnb1j).

Brasil posee el 12% de toda el agua dulce del mundo. El acceso al agua, abundante y limpia, fue libre durante siglos. Hasta los años 90 del siglo pasado casi no había conflictos por el agua. Pero en los últimos cinco años, fueron registrado 63.000 confrontaciones con intervención de la policía, mientras surgieron 223 “zonas de tensión” por el agua.

Aunque los casos son muy diversos, hay un patrón común: “El poder económico, el agronegocio, la administración de las hidroeléctricas, industrias y taladores ilegales, que quieren apropiarse de tierras fiscales, intentan de muchas maneras restringir el acceso a ríos y represas”. El mismo informe establece que el Estado los apoya y siempre salen perjudicados los pueblos originarios y negros, agricultores familiares y comunidades tradicionales.

A lo anterior habría que sumar los millones de personas aisladas en cuarentena en el mundo, particularmente en China, pero cada vez más en Europa. ¿De qué normalidad podemos hablar cuando los migrantes centroamericanos son golpeados, encarcelados o expulsados cuando cruzan la frontera hacia México?

No tengo claro si las personas que leen estas líneas tienen clara la gravedad de la situación. No es cualquier momento el que estamos viviendo, sino el más grave desde, pongamos, el año 1347. Sí, desde hace casi siete siglos. Ese año comenzó la Peste Negra, que en apenas cinco años se llevó a dos tercios de la población europea y creó las condiciones para el ascenso del capitalismo, ante la neutralización de las trabas sociales que le impedían independizarse y alzar vuelo.

Al final de su exhaustivo libro, Ole Benedictow escribe: “La peste negra aceleró la evolución y transformación de la sociedad y la civilización europeas medievales hacia su forma histórica moderna”. Y concluye: “También aceleró el hundimiento de las estructuras y mentalidades económicas feudales y la aparición de una dinámica economía de mercado predominantemente capitalista y de las actitudes y mentalidades innovadoras que la acompañaron” (La Peste Negra, p. 521).

En esas estamos. “Ellos” conocen la historia y saben que estamos en un momento de viraje que cambiará el mundo. Mientras, nos toca a “nosotras” decidir qué haremos.

2 marzo 2020

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Un estudio científico considera la contaminación atmosférica una pandemia

Las distintas fuentes de polución del aire acorta en tres años la esperanza de vida de la población mundial, según una nueva investigación 

La contaminación atmosférica acorta la esperanza de vida de la población en todo el mundo "mucho más que las guerras y otras formas de violencia, enfermedades parásitas o el tabaco", según los resultados de una nueva investigación realizada por el Instituto Max Planck y el Departamento de Cardiología de la Universidad de Mainz, en Alemania. El impacto en la salud estaría siendo de tal magnitud que los investigadores consideran que el mundo se está enfrentando a una pandemia por contaminación del aire.

Un dato: mientras el tabaco reduce la esperanza de vida en 2,2 años, la polución la acorta en cerca de tres años, según esta investigación, que utiliza un nuevo método por el que se crean modelos para cruzar los efectos de varias fuentes de contaminación en los índices de mortalidad.

"En este estudio distinguimos entre contaminación evitable, la generada por los humanos y aquella que procede de fuentes naturales, como el polvo del desierto o las emisiones de un incendio, que no pueden evitarse. Mostramos que el 66% de las muertes prematuras puede atribuirse a la polución causada por humanos, principalmente por el uso de energías fósiles, que en los países ricos aumenta al 80%", consideran los investigadores Jos Lelieveld y Thomas Münzel, que han dirigido la investigación.

Estos científicos han analizado el impacto de la contaminación atmosférica en seis tipos de enfermedades, entre ellas la infección del tracto respiratorio, la obstrucción pulmonar crónica (EPOC) o el cáncer de pulmón.

Los resultados, lógicamente, dependen de la zona geográfica –en los países de Asia del Este es donde más se pierde esperanza de vida por la contaminación del aire, cuatro años; y en Europa 2,2 años– pero la conclusión es la misma en todas partes: "si la polución atmosférica se redujera eliminando las emisiones de las energías fósiles, la esperanza de vida media en todo el mundo aumentaría más de un año, y cerca de dos si se quitaran todas las emisiones causadas por los humanos".

Los dos investigadores que han liderado la investigación piden que la contaminación del aire sea considerada como un factor de riesgo para el corazón y para la circulación de la sangre, al igual que el tabaco, la diabetes, la presión arterial alta o el colesterol. "Los políticos y los médicos deberían estar prestando mucha más atención a esto. La contaminación atmosférica y el tabaco pueden prevenirse, pero en las últimas décadas se ha hecho mucho menos caso a la polución que al tabaco, sobre todo entre los cardiólogos"

03/03/2020 - 01:00h

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Lunes, 02 Marzo 2020 06:31

Aristas del virus

Aristas del virus

Seguramente Philip K. Dick haría una sugestiva narración sobre el asunto que hoy acapara buena parte de la atención en el mundo: el brote del nuevo coronavirus, sus condiciones y posibles consecuencias.

La Organización Mundial de la Salud ha emprendido una fuerte campaña de alarma sobre el brote del nuevo virus; propone una serie de acciones preventivas, esencialmente de higiene y cuidado, y contempla la posibilidad de que ocurra una pandemia.

Se cree que el nuevo virus probablemente provenga de los murciélagos, pero no se sabe si pasó a otro animal antes de transmitirse a los humanos. Hay quienes dicen que el origen del brote puede ser un laboratorio en Wuhan, lo que niegan las autoridades chinas. Así que, al respecto, todavía prevalece la incertidumbre.

Se discute, en otro nivel, el efecto de las formas de producción prevalecientes en la agricultura y ganadería en el surgimiento de nuevas cepas de virus, además de las prácticas de las farmacéuticas y el consumo de medicamentos entre la población.

Algunos reportes establecen la manera en que el nuevo virus se propaga y los efectos sobre la salud de quienes lo contraen. Una nota de la revista Nature (11/II/20) afirma que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es distinto de los previos brotes de SARS y H1N1, y que la enfermedad, así como la información y la desinformación, ahora viajan más de prisa.

Un aspecto relevante del proceso de infección y propagación del nuevo coronavirus tiene que ver que quien lo contrae puede tener síntomas leves durante días y en ese lapso transmitirlo, lo que dificulta la contención.

Aparte de las condiciones estrictamente médicas asociadas con una enfermedad de este tipo, las medidas para controlar su propagación y encontrar un remedio, afloran distintas manifestaciones de índole social y política alrededor de la emergencia.

La desinformación y la ignorancia juegan en la forma en que la gente enfrenta una situación como la actual. Es posible oír a quien dice que no cree en esas cosas. Mientras los efectos más graves del brote se mantengan alejados, esa postura podrá sostenerse. Si se dan de manera más visible y extendida en las comunidades, la percepción cambiará. Ese es un riesgo político que los gobiernos deben considerar. Aquí, la postura oficial ha sido que el brote del virus no es algo terrible o fatal, y no equivale siquiera a la influenza. Además, que el sistema de salud está preparado para enfrentarlo.

Siempre hay quien recurre a alguna forma de teoría conspirativa frente a una situación como ésta y así obtener ventaja. Es el caso de Donald Trump, quien criticó la narrativa de la prensa de su país y de sus opositores del Partido Demócrata respecto del nuevo virus. Afirma que de tal manera pretenden usar el asunto para destruir su presidencia y hundir los mercados financieros.

Esa postura la mantuvo hasta que ocurrió la primera muerte provocada por el nuevo virus en territorio estadunidense, el fin de semana. A partir de ese hecho ha dejado de referirse al mercado financiero. Seguramente adoptará alguna otra fórmula en el mismo sentido. La megalomanía y el poder concentrado son tipos de infección social.

No se conocen con certeza las formas en que se propaga el nuevo coronavirus. Algunos de los casos de contagio podrían ir disminuyendo en la medida en que la gente desarrolle cierta inmunidad, ya sea por la propia infección o mediante alguna vacuna. Pero, por ahora, aún se está lejos de eso.

Las condiciones sociales y políticas seguirán desarrollándose en torno al nuevo virus por un tiempo que hoy es indefinible. Las posibilidades representarían un amplio abanico y tendrán mucho que ver con la inclinación política de los gobiernos en distintas partes del mundo y con las modalidades de reacción de las poblaciones. En todo caso, no es un proceso políticamente inocuo.

En el entorno de preminencia financiera que prevalece en el mundo, la reacción ante la posible extensión del efecto del nuevo virus ha ocupado un amplio lugar en el escenario.

El miércoles 26 de febrero Trump sostuvo una rueda de prensa centrada en el nuevo virus. Fue muy controvertida. Ofreció una visión que no corresponde con lo que está ocurriendo en ese país e intentó mostrar de modo muy elemental que su administración tenía las cosas bajo control. Esto iba a contrapelo de la postura de los científicos y los médicos, y precipitó la caída de los mercados y generó dudas acerca de la preparación efectiva que hay para enfrentar una epidemia.

Hay ya un impacto negativo de la extensión del nuevo virus en la actividad económica y en el valor de las empresas. El viernes pasado el índice Dow Jones del mercado accionario había caído 3.5 por ciento, lo cual significa que se ha destruido valor por un monto de alrededor de 2 trillones de dólares (según se mide allá); el índice S&P 500 caía 3.2 y el Nasdaq 2.4.

Estas cifras son cercanas a las que se registraron en octubre de 2008, en plena crisis financiera. La economía se está resintiendo por el efecto adverso del virus en las cadenas de abastecimiento de la industria, especialmente la automotriz, turismo, comercio y transporte. El estado de la economía es crucial en la intención de Trump para relegirse en la presidencia.

Ciertamente, el comportamiento del mercado accionario no responde sólo al efecto del nuevo coronavirus, lo que exhibe en la inestabilidad que persiste debido a las condiciones generales asociadas con las bajas tasas de interés prevalecientes y que repercuten en una mayor especulación en otras inversiones, sean las acciones de empresas, inmuebles, oro o cualquier otro tipo de activo.

Las condiciones del brote del nuevo coronavirus, las formas de su propagación, la posibilidad de una epidemia de largo alcance y, por un lado, el efecto concreto sobre la gente, y, por otro, los intereses políticos y económicos, y las capacidades reales de atención y gestión de los gobiernos, se irá definiendo de a poco. Puede ocurrir también que el asunto no sea de la virulencia que hoy parecería tener.

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"Estaba en todas partes": cómo el plomo está envenenando a los niños más pobres de Estados Unidos

La toxina ha puesto en peligro a cientos de miles de niños y niñas, y, sin embargo, los padres de los barrios más expuestos a esta amenaza nunca serán advertidos por las autoridades

Shanaya Ball intentó hacerlo todo correctamente durante su embarazo: asistió a todas las visitas y controles médicos, comió sano y preparó la habitación para su hijo Amari, que nació en marzo de 2017.

Cuando Amari cumplió un año, prácticamente no había alcanzado ningún hito de desarrollo y no podía jugar, comunicarse o moverse como los demás bebés.

El pasado mes de agosto, con dos años y medio, se le diagnosticó un trastorno del espectro autista, un complejo conjunto de síntomas neurológicos y de desarrollo para los que necesitará apoyo especializado a largo plazo.

Ball, de 27 años, todavía estaba intentando procesar el diagnóstico, cuando el pediatra la llamó para darle otra mala noticia: Amari tenía niveles peligrosos de plomo en su sangre. Había sido envenenado en su casa de Filadelfia. La pintura de plomo que se desprende de las viejas ventanas, marcos de las puertas y zócalos creaba un polvo tóxico que había sido ingerido e inhalado durante todo este tiempo por la madre y el niño.

La madre ignoraba que Filadelfia tiene un gran problema con el plomo, especialmente en las viviendas más viejas, que a menudo son habitadas por las comunidades más pobres. Tampoco sabía que detrás de la laxitud de la normativa sanitaria para las viviendas y de la negativa a abordar este problema de salud pública se esconden poderosos intereses económicos.

"No sabía nada sobre el plomo, pero lo cierto es que en mi casa esta toxina estaba en todas partes y mi bebé entraba en contacto con esta sustancia cada vez que gateaba", explica. "Tenía un gran sentimiento de culpa: ¿Soy la culpable?, ¿debería haberlo sabido?"

Los peligros del plomo, un metal inodoro e invisible

El plomo, un metal pesado que es inodoro e invisible, podría ser cancerígeno y es muy tóxico para el cerebro y el sistema nervioso, así como para la mayoría de los demás órganos. Incluso cuando está presente en niveles bajos, se ha relacionado con la reducción del coeficiente intelectual, el ADHD, el fracaso escolar y la criminalidad. Las investigaciones sugieren que la exposición al plomo durante el embarazo puede aumentar el riesgo de que un niño desarrolle autismo.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) señalan que no existe un nivel de plomo seguro. El análisis de sangre de Amari mostró 29,6 µg/dL (microgramos por decilitro) de plomo. Tiene casi tres años y es un niño muy dulce, pero lucha por comunicarse y es emocionalmente volátil. Cuanto más alta y larga sea la exposición, peor será el alcance y la gravedad de los problemas.

El plomo se encuentra principalmente en las viejas tuberías de agua, en la tierra contaminada y en la vieja pintura descascarada; peligros que, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, se esconden en unos 3,6 millones de hogares con niños pequeños en todo el país.

En Filadelfia, el 7,6% de los menores de siete años examinados en 2018, o 2.881 niños, tenían niveles de plomo en la sangre de 5µg/dL o más, según cifras publicadas recientemente. Es probable que la cifra real sea significativamente más elevada, ya que solo se ha examinado al 30% de los niños.

La carga de plomo está desigualmente distribuida: una investigación del Philadelphia Inquirer descubrió que cerca de uno de cada cinco niños entran en contacto con este veneno en los barrios más pobres de la ciudad, donde viven principalmente familias negras, latinas e inmigrantes. Alrededor de dos tercios viven en pisos de alquiler.

"El envenenamiento por plomo es completamente evitable, pero una vez que el daño está hecho, es irreparable. No puedo ofrecer ningún remedio, e irán surgiendo problemas con el tiempo", explica George Dalembert, un pediatra del Hospital Infantil de Filadelfia.

La crisis del plomo en los Estados Unidos quedó expuesta en 2016 con el escándalo en Flint, Michigan. El 3% de los niños de esta población presentaban altos niveles de plomo en sangre debido a que las autoridades municipales habían optado por abastecerse con una fuente de agua más barata. En ese momento, Filadelfia estaba entre las 17 ciudades de Pensilvania donde entre el 10% y el 23% de los niños examinados presentaban envenenamiento por plomo en la sangre. Una investigación de las autoridades de Pensilvania, publicada el año pasado, encontró niveles peligrosos de plomo en los 67 condados del estado, siendo la pintura el culpable más común.

El gobierno federal prohibió la pintura con plomo en 1978, pero en Filadelfia, por ejemplo, cerca del 90% de las viviendas fueron construidas antes de que esta prohibición entrara en vigor.

En 2012, los legisladores de la ciudad aprobaron una norma que obliga a los propietarios de casas construidas antes de 1978 a proporcionar a los futuros inquilinos con niños menores de siete años un certificado que confirma que la propiedad es segura y no tiene pintura con plomo.

Sin embargo, los activistas de esta causa señalan que esta ley apenas se ha cumplido ya que el lobby de propietarios hizo mucha presión para que se suavizara, lo cual los ha beneficiado económicamente en detrimento de la seguridad de los inquilinos.

Tras el diagnostico de Amari, el departamento de salud le dio al propietario 30 días para sanear el apartamento, pero pasaron cuatro meses, hasta enero de 2020, antes de que la vivienda quedara completamente libre de plomo. El nivel de plomo en sangre de Amari está disminuyendo, pero sigue siendo alarmantemente alto, y se sitúa en 20 µg/dL.

"Me informaron sobre los beneficios de la lactancia materna y de una alimentación saludable, y cómo conseguir pañales gratis, pero ni una sola vez mencionaron los peligros del plomo", explica Ball a The Guardian mientras Amari le pide una galleta usando el lenguaje de signos.

Los niveles bajos pueden causar daños irreversibles

La magnitud del problema del plomo en Estados Unidos es alarmante: según el CDC, en 2016, medio millón de niños menores de seis años presentaban niveles de plomo en sangre superiores a 5 µg/dL, a pesar de que en los últimos cuarenta años se ha producido una caída significativa de casos. Miles más probablemente tenían bajos niveles de envenenamiento por plomo. Son muchos los estudios que han demostrado que los niveles bajos también pueden causar daños irreversibles.

Sin embargo, las pruebas a nivel nacional siguen siendo incompletas y los datos, fragmentarios. En Pensilvania, en 2018 solo se examinó al 19% de los menores de edad, de los cuales 8.822 presentaban envenenamiento por plomo. En Filadelfia, solo la mitad de los niños nacidos en 2015 que reunían los requisitos para recibir tratamiento médico [gratuito] habían pasado por dos exámenes médicos en 2018, como exige la ley federal.

La exposición al plomo durante el embarazo puede causar abortos espontáneos y alteraciones del desarrollo neurológico, pero los exámenes prenatales no son obligatorios.

“Es increíble que en 2020 los niños sigan siendo el indicador que enciende todas las alarmas para saber si hay plomo en las casas”, lamenta Colleen McCauley, directora de políticas de salud de la organización Public Citizens for Children and Youth (PCCY), que hace campaña para que sea hagan pruebas más completas, se recopilen datos sobre este problema y se saneen todas las viviendas viejas.

"Es difícil convencer a los políticos de los beneficios de apostar por la prevención primaria, porque detectar el plomo es costoso y eliminarlo, también”, señala. Puntualiza que no apostar por la prevención es corto de miras ya que el coste de cuidar a los niños una vez se han envenenado es mucho más elevado.

Invertir en la lucha contra el plomo tiene sentido desde el punto de vista económico. Según una investigación de Pew Charitable Trusts, sanear las viviendas viejas donde viven niños nacidos en 2018 proporcionaría 3.500 millones de dólares en beneficios futuros, el equivalente a 1,39 dólares por cada dólar invertido. La inversión protegería a más de 311.000 niños de familias de bajos ingresos durante 10 años. Cambiar las tuberías de agua de plomo generaría otros 2.700 millones de dólares en beneficios futuros.

Obligatorio acreditar que una casa está libre de plomo

Finalmente, después de que los activistas de los derechos de los niños hayan batallado durante años, se ha modificado la ley que obliga a los propietarios a informar a los inquilinos sobre los niveles de plomo de una vivienda.

A partir de octubre de 2020, todos los alquileres de viviendas, privadas y públicas, deberán obtener un certificado de seguridad que acredite que la vivienda está libre de plomo, sin excepción, o de lo contrario podrían perder la licencia de alquiler. En Rochester, Nueva York, y Baltimore, Maryland, se han adoptado medidas similares, y han dado lugar a una drástica disminución de los casos de envenenamiento por plomo.

"Las leyes de seguridad pública deben contener cláusulas que castiguen en caso de incumplimiento. Si los propietarios no tienen miedo de las consecuencias del incumplimiento, estas leyes son papel mojado", puntualiza Grace Osa-Edoh, una abogada de los Servicios Legales Comunitarios de Filadelfia que ayuda a los inquilinos de bajos ingresos a demandar a los propietarios negligentes.

Un portavoz del Departamento de Salud de Pensilvania ha indicado que el Gobierno estatal, liderado por el gobernador Tom Wolf, está "profundamente preocupado" por este problema de salud pública causado por el plomo y otras toxinas.

"La iniciativa Libre de Plomo de la Gobernadora de Pensilvania incluye una propuesta de invertir hasta mil millones de dólares en subvenciones para ayudar a sanear las escuelas para que estén libres de plomo, amianto y otros elementos tóxicos. El Estado también recibió recientemente una subvención de la EPA para analizar los niveles de plomo en el agua de más de 3.000 guarderías".

Lo cierto es que para cientos de miles de niños, esta reforma legal y la toma de consciencia por parte de los políticos llega demasiado tarde.

Fatu Kante nunca olvidará la llamada de la consulta del pediatra de su hijo en marzo pasado, para informarla de que Aly, de dos años, presentaba altos niveles de plomo en la sangre. "Hasta ese momento, no sabía nada sobre el plomo, y de repente me informaron por teléfono de la posibilidad de que el cerebro de mi hijo estuviera dañado. Recuerdo que lloré y no podía dejar de temblar. No dormí durante 30 días", explica.

El Departamento de Salud saneó su espacioso apartamento después de que el propietario se negara a eliminar la pintura descascarada que envenenaba a Aly. Los techos todavía tienen humedad y están hundidos, pero el polvo de plomo ha desaparecido.

El último análisis de sangre de Aly muestra que el nivel de plomo en su sangre ha bajado a 11 µg/dL, pero el niño sigue siendo hiperactivo y sufre de insomnio y repentinos ataques de agresividad. Su hermana, Cissy, de cuatro años, también presenta bajos niveles de envenenamiento de plomo en sangre. Kemo, de nueve, aún no ha sido examinado.

Kante afirma que, de haberlo sabido, se habrían mudado de casa y que "como es obvio" están asustados.

Por Nina Lakhani - Philadelphia

01/03/2020 - 20:35h

Traducido por Emma Reverter

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Por violaciones a los DD.HH. durante las protestas en Chile. Bachelet llama a fijar responsabilidades

La Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en que aseguró que en Chile y Ecuador existe "una necesidad de garantizar que se fijen responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante las protestas”. También apuntó a que se “atienda” la razón de éstas que es la “desigualdad”, informó el portal de noticias chileno La Tercera.

En un informe en que analizaron ante el Consejo de la ONU las distintas amenazas en el mundo en esta materia, sostuvo que su oficina, que envió misiones de investigación tras las protestas, ya realizó recomendaciones para investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos en esos dos países desde octubre de 2019 (fecha del estallido social en Chile).

La exmandataria chilena también mostró su preocupación por la actual situación de Bolivia. En su intervención recordó que la crisis política que afecta a esa nación se saldó "con al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos en operaciones del ejército y la policía”.

a oficina que encabeza Bachelet en la ONU envió una delegación al país entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, que elaboró un lapidario informe presentado el 13 de diciembre donde se constataron “violaciones graves de los derechos humanos” durante el estallido.

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Viernes, 28 Febrero 2020 06:10

 Bolsonaro viola DD.HH. en Brasil

 Bolsonaro viola DD.HH. en Brasil

Un informe de Amnistía Internacional condena la retórica del presidente 

Hay un "aumento del número de homicidios cometidos por policías" y una "grave crisis en la Amazonia". Para Bachelet, Brasil dio "marcha atrás" en  medio ambiente.

El gobierno brasileño y las autoridades regionales del país pusieron en práctica la dura retórica del presidente Jair Bolsonaro contra los derechos humanos a lo largo de 2019. Esa es la principal conclusión del informe anual de la organización Amnistía Internacional, en el capítulo dedicado exclusivamente a Brasil. Para Amnistía, el país es escenario de un "aumento del número de homicidios cometidos por policías" y de una "grave crisis en la Amazonia" que afectó principalmente a las comunidades indígenas. También citó los intentos del gobierno brasileño de restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales, así como el aumento de homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos. En la misma sintonía, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó a Brasil de dar "marcha atrás" en materia de protección del medio ambiente, y destacó su preocupación ante el aumento de "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas".

De acuerdo con Amnistía, las autoridades brasileñas "no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos". Por el contrario, "mantuvieron un discurso abiertamente contrario que incluía declaraciones dirigidas a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos". 

La organización señala en ese sentido los decretos de seguridad pública que contienen una definición de defensa propia "muy general e imprecisa" que podría usarse para justificar excesos por parte de los agentes del Estado, las normas que flexibilizaron las leyes para la posesión de armas, o las medidas que bloquearon la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

En relación al accionar de la fuerza policial, Amnistía critica el discurso de mano dura adoptado por las autoridades federales y regionales, especialmente en Río de Janeiro, donde 1.249 personas murieron a manos de efectivos entre enero y julio de 2016. La cifra significa un 16 por ciento más respecto a 2018, de acuerdo con una investigación presentada por la Fiscalía del estado fluminense.

Amnistía atribuye además el aumento de muertes a manos de agentes al consentimiento del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel , quien autorizó "intervenciones policiales militarizadas que se caracterizaban por altos niveles de violencia policial, crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos". Todo bajo la excusa de una "guerra contra las drogas".

Crisis ambiental

En otro de los apartados, Amnistía denuncia la falta de políticas públicas "coherentes" por parte del gobierno para frenar la creciente deforestación y los incendios que el año pasado amenazaron a la selva amazónica, donde ardieron alrededor de 435 mil hectáreas en los primeros ocho meses según datos de la ONG Instituto Socioambiental.

Para la ONG, esos incendios afectaron a los medios de vida y la salud de poblaciones rurales y urbanas, especialmente comunidades indígenas y de afrodescendientes que viven en la región. "Los devastadores incendios en la Amazonia eran el síntoma de una crisis mayor de deforestación ilegal y confiscación de tierras", resalta el estudio.

La legislación brasileña contenía disposiciones "firmes" para la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las reservas medioambientales, pero Bolsonaro "ha tratado activamente de socavar dichos mecanismos de protección", remarca Amnistía. De hecho, el mandatario cumplió con su promesa de campaña de abrir la Amazonia para ampliar la explotación agricola y minera sobre el territorio.

A lo largo de 2019, el presidente se encargó de denigrar a las organizaciones ambientalistas. Por ejemplo, el 21 de agosto en una declaración a periodistas en el contexto del aumento del 82 por ciento de los incendios forestales en la Amazonia, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de ser responsables de esos incendios: "Entonces, puede estar habiendo acción criminal de esos `oenegeros´ para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Esta es la guerra a la que nos enfrentamos".

Según el Consejo Indigenista Misionero, entre enero y septiembre de 2019 se registraron 160 invasiones de territorios indígenas, frente a los 109 de todo 2018 y los 96 de 2017. Los homicidios de indígenas también aumentaron, pasando de 110 en 2017 a 135 en 2018, y Amnistía ve una tendencia al alza que hace temer por "cifras sin precedentes" en el balance final de 2019.

"Importantes retrocesos"

Pero Bolsonaro no solo recibió críticas de parte de Amnistía. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó al gobierno brasileño de retroceder en materia de medio ambiente y derechos humanos. Bachelet habló en el marco del 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.

"La protección de nuestro medio ambiente es fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos", declaró Bachelet. En ese sentido, la comisionada lamentó "los importantes retrocesos en las políticas de protección del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas" en Brasil. Para Bachelet, en la tierra de Bolsonaro están proliferando "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas" en un contexto de retroceso de las políticas de protección de las minorías.

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Una vez destruidos los cuerpos y los tejidos sociales hay que destruir la memoria de las víctimas

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa, queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.

En primer lugar, revivir el dolor de aquella barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente Comunidad de Paz era una “guarida de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter elitista, excluyente  y opresor.

En los 23 años transcurridos desde nuestra primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500 crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano, fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este caso, su más alto nivel de podredumbre

Este 15° aniversario de una de las masacres más horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública, paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.

En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor, juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.

Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión, donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.

Lo que más nos duele en todas estas controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.

Pero para poder pisotear los valores éticos, las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el Decreto 1800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.

En su artículo 170, dicho decreto define la reparación simbólica como “los actos o las obras de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”.  Por ello ordena que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar” (art. 171).  Incluso en el artículo 184 se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos … y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus derechos” (art. 184, parágrafo 1)

El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición, de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales de las víctimas”.  Por eso el artículo siguiente (187) ordena: “las autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de memoria histórica”.

Al referirse a los sujetos de reparación colectiva, el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados. Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.

También en el Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA MEMORIA “el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones”.  En esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de recordar”.

En el artículo 55 del mismo Decreto se prohíbe “intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente”.

Cualquiera percibe que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.

Este recuento de normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus procedimientos.

Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”. La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así, el pasado  28 de septiembre, cuando el Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”.  Una ceguera profunda y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan atroz terrorismo de Estado como “víctimas del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.

En las últimas semanas se vienen divulgando panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la atención de ellos mismos.

Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos sinceros.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 25 de 2020

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Febrero 2020 06:13

El síndrome de Popeye

El síndrome de Popeye

 “Hay una cultura mafiosa incrustada en el ADN de la sociedad colombiana, una cultura gangsteril que se ha expresado en la política. […] Tenemos un narco estado, una narco democracia. Aquí ha habido presidentes que llegaron a la Casa de Nariño por el narcotráfico, ha habido presidentes con vínculos directos con Pablo Escobar, el Congreso ha contado en estas décadas con decenas de representantes del narcotráfico y, eso, indudablemente se ha trasladado a los medios de comunicación que han ido involucrando en su actividad diaria una idea de país que tiene mucho que ver con la cultura mafiosa”.

Karen Méndez Loffredo, “Popeye era el payaso del Cartel de Medellín”, en https://mundo.sputniknews.com/america-latina/

El 6 de febrero murió en la ciudad de Bogotá, John Jairo Velásquez, alias Popeye, un asesino que había sido sicario a sueldo de Pablo Escobar y, con orgullo cínico, había contado con detalle muchos de sus numerosos crímenes. Luego de su muerte, el general Eduardo Enrique Zapateiro manifestó su pesar por lo que consideró, de una forma implícita, como una lamentable noticia: “Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado. Estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 1993, decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye, somos seres humanos, somos colombianos».

Esta apología de un criminal nato por parte del comandante activo del Ejército de Colombia no ha sido ningún lapsus lingüístico, ni una apreciación apresurada, ni un comentario anecdótico. Es, por el contrario, una clara expresión de lo que podemos denominar el Síndrome de Popeye, una patología criolla que podría resumirse con el lema “gran parte de los colombianos lleva un paraquito y un traquetico en su corazón”. Recordamos que, según la RAE, por síndrome pueden entenderse dos cosas: primero, un “conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado” y, segundo, un “conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa”. Las dos acepciones del término se aplican al pie de la letra al caso colombiano, donde una buena parte de la población padece el Síndrome de Popeye, como lo evidencian las declaraciones antes citadas de un general activo, del más alto rango en la jerarquía castrense.

El síndrome de Popeye, ese mal que carcome a nuestra sociedad, se ha convertido en un nuevo sentido común de la colombianidad (cuyo lema favorito es “Colombia es pasión”) que reúne los peores atributos gansteriles del capitalismo (o capitalismo gore, sangriento), entre los cuales pueden nombrarse el arribismo, el culto al dinero y a los poderosos, el desprecio a los pobres y a los trabajadores (el clasismo), la reducción de la mujer a un objeto sexual y su degradación como ser humano (sexismo, misoginia, machismo), el racismo, el culto a la violencia y a la muerte, el rechazo visceral a izquierda, democracia o reivindicaciones sociales (sustentado en un descarnado anticomunismo), el desprecio por el saber y la cultura letrada, la apología de lo ordinario y vulgar, del ruido, del escándalo, de la ostentación… En breve, es una sumatoria de dinero, violencia, arribismo e impunidad, como lo ejemplifican los personajes que se han hecho dominantes en la sociedad colombiana, entre ellos los futbolistas, cantantes (masculinos y femeninos), politiqueros, gente de la farándula, presentadores de televisión…

Esta patología colombiana, que ya se exporta a nivel mundial no sin cierta dosis de orgullo chovinista, como lo ejemplifican las brillantes intervenciones de Iván Duque en destacados foros culturales y diplomáticos (Unesco, ONU), no ha caído del cielo, no es un castigo divino, ni tampoco está en los genes de los colombianos. Es un resultado de múltiples factores, que ameritan una explicación histórica, que nos remite a los últimos 35 años de nuestra tragedia, momento en el que confluyen varios factores, tales como la emergencia y consolidación del empresariado capitalista de la cocaína (mal denominado como narcotraficantes), importantes luchas sociales y movilización popular que va a ser ahogada a sangre y fuego por el paramilitarismo, promovido, organizado y financiado por una alianza siniestra de los Estados Unidos (a través de sus socios ingleses e israelitas) con el Estado colombiano e importantes sectores de las clases dominantes de este país.

Eso se fraguó en la zona antioqueña del Magdalena Medio y se puso en práctica inicialmente en el submundo de Medellín, en donde el culto al dinero, con una violencia sádica, el exterminio de los que eran vistos como estorbo (profesores, estudiantes, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda…) se convirtió en la norma de identificación de ese sector que luego dominó la economía, la sociedad y la política colombiana. La figura prototípica que encarnó como nadie ese nuevo modelo fue el capo Pablo Escobar Gaviria, al lado del cual se formaron criminales como Popeye. Y Escobar creó un entorno delincuencial que fue acogido en las altas esferas del Estado y las clases dominantes, que transformó el capitalismo colombiano, para darle un impulso duradero a ese comportamiento gansteril, y a la estética traqueta que lo caracteriza.

Aunque Pablo Escobar murió en 1993 su legado criminal se ha mantenido desde entonces, alimentado por varias fuentes, entre ellas la del político del entorno del Cartel de Medellín que llegó a ser gobernador de Antioquia y luego presidente del país, y la de los medios de desinformación (Caracol, RCN, El Tiempo, Semana…) que se han encargado de presentar a los criminales como héroes y ejemplos a imitar. Se construyó en Colombia, como resultado de los procesos antes señalados, un capitalismo gore (esencialmente criminal), cuyo sentido común lo forjó Pablo Escobar, lo legitimó el uribismo y lo expresa como uno de sus principales símbolos el sicario Popeye.

No por casualidad este individuo se regodeaba, con un sadismo inocultable, de sus múltiples asesinatos y acciones criminales, que muestran con toda crudeza los síntomas de ese Síndrome que se ha impuesto en la sociedad colombiana. Algunos de sus rasgos son evidentes, vistos a través de algunas de afirmaciones y acciones. Primero su presencia en la sociedad colombiana, como si hubiera sido un gran pensador, lo cual fue posible por la difusión consciente por parte de los grandes medios de desinformación, en la que en este caso se lleva las palmas Caracol, que le hizo una serie de televisión con el nombre de JJ y la que alcanzó los máximos raftings en sintonía. Esa serie es una apología del crimen que le dio popularidad a un vulgar sicario, que al mismo tiempo se presentaba como un youtuber y twitero, y cuanta estupidez se le ocurría era amplificada por medios como Caracol y compañía. Esta es una cota muy elevada de exhibición de la cultura traqueta, en la que la televisión comercial ha jugado un papel de primer orden. Tanto que puede decirse que en la TV colombiana se han institucionalizado dos programas: El Minuto de Dios (una concesión perpetua a los curas eudistas, a los que pertenecía Rafael García Herreros, quien llamaba a Pablo Escobar “Pablito” y de quien recibió dinero) y La Hora Traqueta, para series y telenovelas donde se engrandece a los narcos y sus sicarios.

Otro rasgo de Popeye es la obediencia al Patrón (como llamaban a Pablo Escobar), una reminiscencia del poder de los grandes hacendados y latifundistas que desde el siglo XIX han dominado este país. Esa sumisión llega al extremo de matar solo por cumplir los designios del Patrón y por eso al pueblo colombiano se le ha querido imponer (y lo han logrado en importantes sectores de la sociedad) la sumisión, la obediencia, la resignación ante el poder de capos y gamonales, bien sean traquetos declarados o encubiertos, como los que han alcanzado hasta la presidencia de la República. Y por ello mismo Popeye los adoraba a los dos, al Patrón del Cartel de Medellín y al Patrón del Centro Demoniaco (el heredero del primero), lo que indica que tras la muerte de Escobar, Popeye simplemente cambió de Patrón.

Pero, de lejos el rasgo más detestable de Popeye y le genera más popularidad, es su encarnación de la violencia, en el sentido de expresar el poder que da la impunidad de los ricos y opulentos (como el propio Escobar), que disponen de la vida de los demás, como si fueran de su propiedad. Que un individuo se regodee, como si fuera un gran orgullo, de haber matado en forma directa a 300 personas y de haber participado en la muerte de 3000, es un indicador de lo que es un sicópata. Lo preocupante radica en que esa violencia bestial en lugar de generar un rechazo social, le granjeó afectos y amistades de colombianos comunes y corrientes, para quienes representa el macho, el duro, el despiadado, como ejemplo a seguir y a imitar. Tanto así que ahora ese rasgo de violencia caracteriza el comportamiento de muchos políticos colombianos, uno de los cuales se destaca por haber justificado el asesinato de miles de colombianos, masacrados bajo la denominación de falsos positivos y el sub presidente avala el bombardeo criminal en el que fueron masacrados 18 niños.

Otro rasgo de Popeye que se ha convertido en norma en la sociedad colombiana es el desprecio a las mujeres, reducidas a un puro objeto sexual, vilipendiadas como seres humanos y sometidas a la violencia, por ser consideradas como inferiores. Al respecto el hecho más despreciable en términos de humanidad, pero más apreciado como muestra del machismo criminal, fue el asesinato por parte de Popeye de su propia novia, para cumplir las órdenes de Pablo Escobar y demostrar su sumisión incondicional a la lógica patriarcal, que genera un feminicidio diario, que poco nos avergüenza y se ha hecho dominante en la vida cotidiana de los hogares colombianos, sin importar la clase social.

Desde el punto de vista político la expresión más evidente del Síndrome de Popeye es el odio a lo que huela a izquierda, reivindicaciones sociales y mejora de las condiciones de vida de la población pobre. Para enfrentar cualquier proyecto medianamente reformista que se atreva a cuestionar el orden terrateniente-financiero-paramilitar dominante en nuestro país, Popeye nunca ocultó que lo combatiría a sangre y fuego, como cuando anunció que “si al poder de Colombia llega la izquierda, armará su ejército de extrema derecha para defenderla”. Y en otra ocasión por las redes sociales dijo: “Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”.

Afirmaciones traquetas como la anterior, que se han convertido en la jerga cotidiana de los políticos del establecimiento y de gran parte de la mal llamada “opinión pública”, no son solo amenazas. Son algo peor, la justificación de lo que se ha hecho en este país, por el conjunto de las clases dominantes y el Estado (bloque de poder contrainsurgente) en los últimos 70 años, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Lo sintomático, además, es que ese comportamiento criminal, propio del miedo a la democracia que profesan los viejos y nuevos ricos y sus sicarios, se ha convertido en una suerte de sentido común político de un numeroso sector de colombianos, para los cuales el asesinato, la desaparición y persecución de aquellos que piensen distinto está más que justificado. No por azar, Popeye participó como un vocero de la extrema derecha en el referéndum de 2016, apoyando abiertamente el no y también respaldó a Duque en la campaña presidencial.

Otro síntoma esencial del Síndrome de Popeye es el clasismo, irradiado desde las altas esferas del poder político y económico que supone el desprecio a los pobres, campesinos, trabajadores, indígenas, mujeres humildes… para venerar a los ricos y poderosos (nuevos y viejos), y exaltar el dinero, en medio de una morbosa exhibición del lujo y un desprecio por los que nada tienen.

Ha sido otro militar, en esta caso retirado, el ex general Mario Montoya quien ha mostrado este clasismo cuando refiriéndose a los asesinatos (denominados eufemísticamente como “falsos positivos”) en los que está involucrado, para librarse de responsabilidades sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los culpables de esos crímenes son los soldados rasos: “Hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil, doctora”. Aparte del clasismo que destila esta afirmación, ahora resulta que los responsables de los asesinatos, preparados desde las altas cumbres del poder político y militar del que Montoya formaba parte, son los pobres. ¡Bonita forma de lavarse las manos, por lo demás untadas de sangre, de un “héroe de la patria” carcomido por el Síndrome de Popeye!

Esta tampoco es una declaración apresurada o no pensada de un militar (como la del Comandante del Ejército), es por el contrario una muestra representativa del clasismo imperante en este país, donde cunde el desprecio por los pobres y desvalidos, los cuales para quienes padecen el Síndrome de Popeye, son los nadies, como diría Eduardo Galeano, “que cuestan menos que la bala que los mata”.

En conclusión, el Síndrome de Popeye perdura más allá de la reciente muerte física del sicario del Cartel de Medellín, puesto que es un virus que se ha proyectado por la sociedad colombiana durante los últimos veinte años, impulsado desde la Casa de Narquiño por un finquero paisa que, como heredero de Pablo Escobar, alcanzó la presidencia de la República. Ese virus ha inoculado a importantes sectores de la población con su culto a la patria, la familia, la venganza, el odio, la brutalidad, la ostentación, la impunidad, a los sicarios y matones (tanto del país como del exterior y de ahí su admiración por criminales de la talla de Donald Trump y los sionistas del Estado de Israel). Como lo ha dicho Omar Rincón, Popeye es “como los políticos, los abogados, los expresidentes, los empresarios, los emprendedores, los críticos, los periodistas y, más aún, la farándula”. Todos ellos expresan la estética traqueta, de origen paisa, que se basa en ser gritón, violento, y “derechoso, religioso y finquero”

Desde luego, no todos los colombianos padecen el Síndrome de Popeye y porciones significativas de la población que lo han soportado ya están encontrando la cura que los libre de tan peligroso virus, más destructivo que el coronavirus, como se ha expresado en la extraordinaria movilización de fines del año anterior, porque como dice el dicho no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Eso también se aplica al Síndrome de Popeye que empieza a borrarse en grandes sectores de la sociedad urbana colombiana, que han empezado a romper con el paramilitarismo de los uribeños, cuya hegemonía está seriamente cuestionada después de 20 años de su dominio criminal.

Por Renán Vega Cantor | 26/02/2020 

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Martes, 25 Febrero 2020 06:03

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Personal sanitario desinfecta las calles en Seúl, Corea del Sur. Chung Sung-Jun Getty Images

La epidemia por el Covid-19 crece de manera acelerada en el mundo

Italia reporta más de 200 contagios en cuatro días // Unos 30 países, afectados por el virus

Pekín. La epidemia del Covid-19 se aceleró ayer en todo el mundo, con nuevos países afectados: Irak, Afganistán, Kuwait, Omán y Bahrein. Creció la mortandad fuera de China: Italia sumó más de 200 nuevos contagios en cuatro días, y hay un tercer enfermo en España (un turista en Tenerife), lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a advertir sobre el riesgo de una pandemia.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó: "¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no. Entonces, ¿cómo deberíamos describir la situación actual? Lo que vemos son epidemias en diferentes partes del mundo, que afectan a los países de diferentes maneras y que requieren una respuesta adaptada. Nuestra decisión de utilizar la palabra pandemia se basa en una evaluación continua de la propagación geográfica del virus, la gravedad de la enfermedad que causa y el impacto que tiene en toda la sociedad".

Tedros, quien se mostró preocupado por el repentino aumento de casos fuera de China continental, insistió en que utilizar la palabra pandemia "por ahora no se ajusta a los hechos" y que “ciertamente puede causar miedo. He hablado constantemente sobre la necesidad de hechos, no de miedo.

"Este no es momento de centrarse en qué palabra usamos. Eso no evitará una infección ni salvará una vida. Es tiempo de que todos los países, comunidades, familias y personas se concentren en prepararse. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible por prepararnos para una posible pandemia", pidió el director de la agencia.

Expertos de la misión conjunta de la OMS –que visitó este fin de semana Wuhan, donde surgió el virus– determinaron que en China "la epidemia alcanzó un punto máximo, se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero, y declinó de manera continua desde entonces".

El grupo de médicos informó que no ha habido ningún cambio significativo en el ADN del virus. La tasa de mortalidad está entre 2 y 4 por ciento en Wuhan y 0.7 por ciento fuera de esta ciudad. El Covid-19 provoca tos, fiebre, dificultad para respirar y puede derivar en neumonía e insuficiencia renal. Los enfermos que no presentan síntomas graves tienen un tiempo de curación de dos semanas y los gravemente afectados pueden recuperarse en un plazo de tres a seis semanas.

En China continental, hasta hoy se registraron 2 mil 663 muertes y 77 mil 658 contagios, informó la Comisión Nacional de Salud.

Ante esta situación, el gobierno comunista decidió posponer indefinidamente, por primera vez en tres décadas, la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular que iba a empezar el 5 de marzo.

Pekín prohibirá "completamente" y de forma inmediata el comercio y consumo de animales salvajes, práctica que supuestamente contribuyó a la propagación del virus.

En Wuhan, las autoridades renunciaron a disminuir las medidas de cuarentena que se aplican desde hace un mes, al eliminar el anuncio que se había hecho horas antes de levantar el confinamiento para los no residentes.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a todos los donantes que financien completamente a la OMS para evitar que el brote viral se convierta en una "pesadilla global".

El presidente estadunidense, Donald Trump, tuiteó que el Covid-19, con 34 contagios en su país, está "bastante controlado" y que tanto los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades como la OMS están trabajando de manera inteligente.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos recomendó ayer a sus ciudadanos no viajar a Corea del Sur si no es indispensable.

En total, más de 30 países están afectados por el coronavirus, con más de 20 muertos y 2 mil contagios fuera de China. Corea del Sur e Irán registran el mayor número de casos de contaminación y muertes luego del gigante asiático.

En Irán, las autoridades prometieron "transparencia" sobre la epidemia y desmintieron de manera categórica al diputado que afirmó que la neumonía viral había causado la muerte de 50 personas en la ciudad de Qom.

La muerte de cuatro personas por el Covid-19 elevó ayer a 12 el balance de fallecidos en Irán, de un total de 61 contagiados en el país, indicó el ministerio de Salud.

Afganistán, Bahrein, Kuwait, Irak y Omán confirmaron sus primeros casos de contagio, provenientes de Irán.

Corea del Sur confirmó este martes ocho muertos y 60 nuevos contagios de coronavirus, con lo que el balance de enfermos subió a 893, el mayor número de casos en un país fuera de China continental.

Italia, que registró ayer seis muertos y 224 contagios en cuatro días, se convirtió en el primer país de Europa en instalar un cordón sanitario en 10 ciudades del norte.

La policía estableció ayer puntos de revisión alrededor de localidades en cuarentena en Véneto y Lombardía, y los residentes acumularon provisiones mientras el país se convertía en el punto focal del brote de coronavirus en el continente, al generar temores de una propagación a través de las fronteras.

España registró el tercer caso del virus después de que un médico italiano dio positivo en Tenerife; el hombre estaba de vacaciones en las Islas Canarias, informaron las autoridades regionales.

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