Sábado, 16 Marzo 2019 06:51

Vandalismo genómico

Vandalismo genómico

A contrapelo de la copiosa propaganda de empresas y científicos sobre los beneficios de las nuevas biotecnologías, particularmente Crispr-Cas9 y similares, se siguen publicando estudios sobre sus efectos secundarios imprevistos y nocivos. Al respecto, el investigador Georges Church, de la Universidad de Harvard, patriarca de la biotecnología, declaró en una conferencia en enero pasado que la tecnología Crispr es como un "hacha desafilada". Y por si a alguien le quedaban dudas, agregó: "Le llaman edición, pero en realidad es vandalismo genómico" (https://tinyurl.com/y5dypgsp).

La afirmación de Church fue motivada por varios estudios publicados recientemente, que muestran que Crispr, aunque promocionada como una tecnología "exacta, rápida y barata", no es tal. Al contrario, podría ser aún peor que los transgénicos anteriores por los desarreglos genómicos que provoca en plantas, animales y células humanas.

La industria biotecnológica, con Monsanto-Bayer, DuPont-Dow y otras, presiona para que los productos de este tipo de ingeniería genética no tengan que atenerse a las regulaciones de bioseguridad ni de etiquetado. Estados Unidos ya aprobó unos 20 cultivos manipulados genéticamente con esta tecnología (entre otros, papa, alfalfa, maíz, arroz, soya, tabaco, tomates, trigo y setas) que podrían ser procesados y vendidos sin que agricultores ni consumidores sepan que son productos de ingeniería genética. Argentina y Brasil cambiaron sus normativas de bioseguridad en el mismo sentido para permitir que las industrias puedan comercializar este tipo de nuevos transgénicos sin siquiera informar sobre ello.

Desde que se comenzó a experimentar, en 2012, se observó que Crispr (con alguno de sus sistemas asociados, como Cas9) actuaba no sólo sobre la parte del genoma que se quería modificar, sino también sobre otras secuencias, lo cual implicaba efectos imprevistos, por ejemplo, cortar genes que no eran el objetivo, silenciando o alterando funciones que pueden ser vitales en los organismos. En 2018, un estudio del Instituto Karolinska, de Suecia, mostró que el sistema Crispr seleccionaba células que no contienen ciertas defensas naturales contra el cáncer, porque ello impide su acción, por lo que su uso podría significar un aumento del riesgo de contraer cáncer. Investigadores del Wellcome Center, de Reino Unido, encontraron después que Crispr-Cas9 eliminaba largas secuencias en otras partes del genoma, lejos del sitio de corte intencional ( https://tinyurl.com/y5r5cza4).

Church sugirió por todo ello usar otras tecnologías de edición genómica, que según él serían (ahora sí) más exactas. Por ejemplo, no cortar las dos hebras de la doble hélice del ADN para insertar nuevo material genético (que es como actúa Crispr-Cas9,), sino cambiar solamente una de las bases de ADN por vez, o sea, una sola de las letras C, G,T, A.

Debido a las evidencias crecientes de los impactos nocivos de Crispr-Cas9, varios laboratorios están experimentando técnicas cuya meta es justamente cambiar una sola base. No obstante, la organización GM Watch reporta que dos nuevos estudios publicados en la revista Science, el 28 de febrero de 2019, muestran que también este tipo de modificación, que parece tan mínima, acarrea problemas imprevistos y dañinos (https://www.gmwatch.org/ en/news/latest-news/18811).

Esos estudios fueron hechos en colaboración entre diferentes universidades de China y Estados Unidos. Uno de ellos con células embrionarias de ratón, y otro con arroz. En ambos casos, al cambiar una sola base con un nuevo método asociado a Crispr, se comprobó un alto número de efectos secundarios graves. En el estudio con ratones, en las células a las que se le cambió la base A (adenina) por la T (timina) en un solo punto, no se detectaron otras alteraciones. Pero cuando se cambió la base C (citosina) por la G (guanina) se detectaron 20 veces más cambios que en las células de control, con un promedio de 283 alteraciones no deseadas por embrión. Son alteraciones inaceptables para cualquier uso de esta tecnología en la realidad.

También el experimento en arroz usando Crispr para alterar una sola base arrojó resultados similares. No detectaron alteraciones mayores al cambiar la base A, pero al cambiar la base C se produjeron numerosos cambios imprevistos.

David Liu, uno de los autores principales, dijo a la revista Science que alterar el genoma con este método "es como si un niño pequeño pone golosinas no permitidas en el carrito de compras de sus padres cuando no están mirando... es decir, (el constructo con Crispr) puede agarrar cualquier ADN de una sola hebra que esté a su alcance y hacer su propia edición" (https://tinyurl.com/yx9zjuw5)

Los estudios dejan claro que aun este tipo de ingeniería genética minimalista o edición genómica, incluso aunque no inserte nuevo material genético en los organismos, tiene efectos imprevistos, con consecuencias potencialmente muy graves. Por ejemplo, en el caso de alimentos o forrajes derivados de este tipo de ingeniería podrían causar alergias y otras formas de toxicidad.

En México, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, ha declarado repetidamente que la edición genómica no son transgénicos, que "apenas se trata de cambiar una sola base" y que por ello podrán ser comercializados en México. Urge ajustar las leyes de bioseguridad para impedir que esto suceda.

Por, Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

 

Las compañías de refrescos copiaron la estrategia del tabaco para atraer a los jóvenes

Los investigadores descubrieron que a medida que el tabaco se enfrentaba a un mayor escrutinio por parte de las autoridades sanitarias, sus ejecutivos transfirieron los mismos productos y tácticas para vender refrescos.


Los conglomerados de tabaco que usaban colores, sabores y técnicas de marketing para atraer a los niños como futuros fumadores transfirieron estas mismas estrategias a las bebidas endulzadas cuando compraron compañías de alimentos y bebidas a partir de 1963, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California (UC) San Francisco, en Estados Unidos.


El estudio, que se basa en una caja fuerte de documentos secretos de la industria tabacalera que formaban parte de la Biblioteca de Documentos de la Industria de la UCSF, hizo un seguimiento de la adquisición y las campañas de comercialización posteriores de marcas de bebidas azucaradas por parte de dos compañías tabacaleras líderes: R.J. Reynolds y Philip Morris.


De esta forma, los investigadores descubrieron que a medida que el tabaco se enfrentaba a un mayor escrutinio por parte de las autoridades sanitarias, sus ejecutivos transfirieron los mismos productos y tácticas para vender refrescos, según informan en un artículo publicado este jueves en The BMJ.


"Los ejecutivos de las dos compañías tabacaleras más grandes de Estados Unidos desarrollaron colores y sabores como los aditivos para los cigarrillos y los usaron para construir las principales líneas de productos de bebidas para niños, incluyendo Hawaiian Punch, Kool-Aid, Tang y Capri Sun", dice la autora principal Laura Schmidt, del Instituto Philip R.
"Incluso después de que las compañías tabacaleras vendieron estas marcas a corporaciones de alimentos y bebidas, muchas de las líneas de productos y técnicas de marketing diseñadas para atraer a los niños todavía están en uso", señala esta investigadora.


Los jóvenes estadounidenses consumen actualmente un promedio de 143 calorías por día en bebidas azucaradas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidenses. Estas bebidas densas en calorías no proporcionan la saciedad de los alimentos y están vinculadas con la obesidad y el síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que aumentan el riesgo de enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.


Las bebidas azucaradas incluyen la mayoría de los zumos de frutas, las bebidas deportivas y energéticas, los refrescos y otras bebidas endulzadas con azúcares añadidos, como miel, fructosa, glucosa, sacarosa, dextrosa, edulcorante de maíz, jarabe de malta, jarabe de maíz, azúcar moreno y azúcar en bruto.
Conexiones entre las industrias de tabaco y alimentos


Los nuevos documentos, que están disponibles en la Biblioteca de Documentos de la Verdad sobre la Industria del Tabaco de UCSF, un subconjunto de la Biblioteca de Documentos de la Industria de la UCSF, revelan conexiones entre las industrias de tabaco y alimentos.


El gigante del tabaco R.J. Reynolds lideró la transición a las bebidas endulzadas en 1963 cuando compró Hawaiian Punch, de Pacific Hawaiian Products Company. La bebida previamente había sido promovida para adultos como mezcla para cócteles, pero R.J. Reynolds procuró reforzar la mascota "Punchy" de la bebida, una contraparte del personaje de dibujos animados "Joe Camel" que la compañía utilizaba para promocionar los cigarrillos, y lo presentó en juguetes, portadas de libros escolares, cómics, vasos, ropa y anuncios de televisión. Según los documentos de la industria tabacalera, Punchy se convirtió en el "mejor vendedor que jamás haya tenido la bebida".


En los años 60 y 70, la compañía realizó pruebas de sabor con niños y madres para evaluar la dulzura, los colores y los sabores de las extensiones de la línea de productos Hawaiian Punch. Se priorizaron las preferencias de los niños, señalan los autores.


Para 1983, R.J. Reynolds presentó la primera caja de zumos de la nación, comercializada como "un pequeño envase de mano que viene con su propia pajita". Esta innovación fue en gran parte responsable de un aumento del 34% en las ventas, según documentos de la industria.


Mientras tanto, el competidor del tabaco Philip Morris adquirió Kool-Aid, a través de General Foods, en 1985. La compañía cambió su audiencia de marketing de familias a niños, creó su mascota "Kool-Aid Man" y lanzó colaboraciones con juguetes de marca, como Barbie y Hot Wheels. También desarrolló un programa de lealtad Kool-Aid para niños descrito como "nuestra versión de Marlboro Country Store", un programa de incentivos para cigarrillos.

 

"La campaña de estilo Wacky Wild Kool-Aid tuvo un alcance y un impacto tremendos", subraya el primer autor Kim Nguyen, que también trabaja en el Instituto de Estudios de Políticas de Salud de UCSF. "Muchos niños en la década de los 80 soñaban con conseguir un botín de Wacky Warehouse. Lo que realmente es una locura es que el programa para niños de Kool-Aid se inspiró en una estrategia de marketing de tabaco diseñada para construir lealtad con los fumadores", agrega.


Para 2004, Philip Morris había desarrollado al menos 36 sabores probados por niños para su línea Kool-Aid, de los cuales algunos, como "Great Bluedini", se integraban con los personajes de dibujos animados. El gigante del tabaco también adquirió Capri Sun y Tang, y utilizó estrategias de publicidad integradas y enfocadas en los niños para impulsar esas ventas.


Necesidad de regulaciones gubernamentales


La mayoría de los fabricantes de bebidas endulzadas afirman limitar la comercialización a los niños de alimentos y bebidas poco saludables. La industria lanzó tanto la Unidad de Revisión de Publicidad para Niños, para promover la publicidad responsable a los niños, y la Iniciativa de Publicidad de Alimentos y Bebidas para Niños, que afirma que dedica el 100% de la "publicidad dirigida a los niños a alimentos mejores para ti".


"La industria afirma que estas estrategias de marketing inspiradas en el tabaco no están dirigidas realmente a los niños y deben ser excluidas de estos acuerdos dirigidos por la industria", explica Schmidt. "Pero la evidencia citada en nuestra investigación muestra que estas líneas de productos y técnicas de comercialización fueron específicamente diseñadas y probadas en niños", añade.


Los autores concluyen que, dados los altos índices actuales de obesidad infantil, existe una clara necesidad de reemplazar los estándares voluntarios actuales impulsados por la industria con regulaciones gubernamentales bien aplicadas sobre la comercialización de bebidas azucaradas para niños.


"Los padres juegan un papel importante en lo que comen y beben sus hijos", afirma Nguyen. "Sin embargo, no podemos subestimar la influencia de estas corporaciones de bebidas y su publicidad. Ellos desarrollan intencionalmente campañas de marketing que atraen a los niños al hacer que las bebidas sean divertidas y emocionantes", concluye.

15/03/2019 17:43 Actualizado: 15/03/2019 17:43
europa press

Publicado enSociedad
Carroza del carnaval que representa a la figura de la activista del clima Greta Thunberg, la semana pasada en de Duseldorf. Lukas Schulze

“Los jóvenes tienen razón”, afirman los profesionales ante la gran movilización global del próximo viernes

“Los jóvenes tienen razón”. “Ya no hay más excusas”. Esas son algunas de las conclusiones a las que han llegado científicos que este martes han presentado en Berlín una iniciativa con la que secundan la movilización de los jóvenes contra el cambio climático y que aseguran respaldan hasta 12.000 científicos firmantes.


Desde hace semanas, jóvenes de toda Europa se manifiestan los viernes para exigir a los políticos que actúen para proteger el futuro de las próximas generaciones. El movimiento, bautizado Fridays for Future e iniciado por la joven sueca Greta Thunberg, tiene previsto celebrar una gran huelga estudiantil global este próximo viernes contra el calentamiento global. Solo en Alemania, están previstas 180 protestas.


Será este viernes, cuando la lista de 12.000 científicos procedentes de Alemania, Austria y Suiza será entregada a los activistas de la huelga estudiantil. “La preocupación [de los jóvenes manifestantes] está justificada y respaldada por la ciencia disponible. Las medidas actuales para la protección del clima, la biodiversidad, los bosques, los mares y el suelo están muy lejos de ser suficientes”, indica el texto de los científicos. Y añade: “La gente joven exige correctamente que nuestra sociedad priorice la sostenibilidad y la acción climática sin más titubeos. Sin un cambio profundo, su futuro está en peligro”, sostienen los científicos de numerosas disciplinas.


Volker Quaschning, ingeniero y profesor de sistemas energéticos en la Escuela de Ciencias Aplicadas de Berlín dijo el martes que “nosotros somos los profesionales y decimos que esta generación de jóvenes tiene razón y tenemos que darles las gracias”, en alusión a las críticas del líder del partido liberal alemán FDP, que ha dicho recientemente que los estudiantes deberían dejar la lucha contra el cambio climático a los profesionales.


El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, ha apoyado sin embargo la lucha de las nuevas generaciones. “Me alegro de que os involucréis, porque muchos adultos no quieren darse cuenta de que se está haciendo demasiado tarde”, ha dicho recientemente. La canciller alemana, Angela Merkel, también ha apoyado al protesta estudiantil.


El divulgador científico Eckart von Hirschhausen criticó a los que en Alemania creen que las protestas deben tener lugar fuera del horario escolar, porque dijo que ninguna huelga se celebra en horas libres. “Los pilotos y los conductores de tren no hacen huelga en su tiempo libre”, indicó


Luisa Nuebauer, uno de los rostros más reconocibles de la protesta en Alemania pidió a los votantes que en las elecciones europeas de mayo se lo piensen dos veces antes de apoyar a un partido que no tengan un plan contra el cambio climático. Jakob Blasel, otro activista, explicó que uno de sus objetivos es llevar el cambio climático a la primera línea política con vistas a los comicios europeos. “Queremos que las elecciones europeas sean las elecciones del clima”, dijo Blasel, de Fridays for Future.

Por Ana Carbajosa
Berlín 12 MAR 2019 - 16:04 COT

Publicado enMedio Ambiente
Logran activar células de 28 mil años de un mamut lanudo

Tokio. Un grupo de científicos logró activar células de un mamut de 28 mil años de antigüedad implantándolas en ovocitos de ratón, aunque es muy poco probable que consigan devolverles la vida.

El proyecto, llevado a cabo en Japón por un equipo internacional, tomó células de un mamut bien conservado descubierto en 2010 en el permafrost siberiano y las introdujo en decenas de células sexuales de ratones hembra.

Se trata de una cría de mamut lanudo llamada Yuka, hallada en la República de Sakha, en el Lejano Oriente ruso.

Cinco de los ratones tuvieron reacciones biológicas características del inicio de la división celular, explicó a Afp Kei Miyamoto, miembro del equipo de la Universidad de Kindai, en Japón.

Sin embargo, ninguna entró en la fase de división que habría sido necesaria para crear un mamut, indicó.

"Esto demuestra que a pesar de los años, una actividad celular puede producirse", explicó el científico.

"Hasta ahora, numerosos estudios se concentran en el ADN fósil y no en saber si todavía funciona", agregó.

Sin embargo, los resultados de esta investigación, publicados este lunes en la revista Scientific Reports, dan pocas esperanzas de ver algún día un nuevo ejemplar de esta especie extinta, advirtió.

"También nos dimos cuenta de que los daños sufridos por las células eran muy profundos (...) Ni siquiera vimos división celular y por eso tengo que decir que estamos muy lejos de la reproducción de un mamut", aseguró.

Explorarán otros métodos

La universidad trabajó junto con otras instituciones japonesas y rusas para estudiar la posible clonación de un mamut y espera explorar otros métodos para dar vida al animal prehistórico.

"Necesitamos nuevas tecnologías, queremos intentar varias aproximaciones", sostuvo Kei Miyamoto.

El equipo utilizó núcleos de células musculares que estaban en relativamente buenas condiciones para examinar si aún podían funcionar tras el trasplante. Las células contienen ADN, e inmediatamente antes de dividirse, se forman los cromosomas.

Los investigadores insertaron 24 núcleos celulares en los óvulos de ratones y encontraron que las proteínas que forman los cromosomas se reunían alrededor de los núcleos celulares en 21 casos. En cinco de estos óvulos, también se observó la recolección de proteínas que forman el huso muscular.

ADN, dañado

Sin embargo, ninguno de estos casos dio lugar a una división celular completa. Los investigadores dicen que existe la posibilidad de que se haya detenido debido a que el ADN se haya dañado de forma significativa.

El objetivo de la investigación es trasplantar el núcleo celular de un mamut en el óvulo de una elefanta para fertilizarlo con genes de la especie extinta.

Citado por The Mainichi, Satoshi Kurosaka, del Instituto de Tecnología Avanzada de la Universidad de Kindai, quien participó en la investigación, afirmó: "Esperamos encontrar un mamut que esté mejor conservado".

La represión en bicicleta estática ¿Regresará la aspersión de glifosato para erradicar la coca?.

El debate no es menor y la Corte parece querer asumir la petición del gobierno para «modular» su decisión. En Audiencia pública celebrada este 7 de marzo la magistratura mayor del Estado escuchó argumentos en contra y a favor de su decisión.

 

En seguimiento de la sentencia T-236 de 2017 a través de la cual la Corte Constitucional decidió suspender las aspersiones aéreas de glifosato para la erradicación de cultivos de coca fundamentándose en el principio de precaución, el día 7 de marzo se realizó una Audiencia Pública para escuchar los argumentos en contra y a favor de su decisión. Personajes como el mismo presidente Duque, el expresidente Santos, ahora miembro de la Comisión global de Políticas de Drogas, el Fiscal General, el expresidente Gaviria, gobernadores de Putumayo, Nariño y Antioquia, así como expertos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, fueron citados para ofrecer sus puntos de vista al respecto. El debate, aunque lleno de eufemismos y lugares comunes, pareció indicar una posibilidad de parte del Despacho Sustanciador para atender la solicitud del gobierno nacional de modular la Sentencia.

La discusión no es menor, toda vez que los diversos estudios hechos en laboratorios indican la efectividad del herbicida, aunque el debate aún carece de mayores estudios realizados en campo sobre los efectos nocivos en materia de salud pública y ambiental, además de la terrible la línea regresiva para las comunidades por parte de la Corte, expresada ésta en su decisión sobre las Consultas Populares anti extractivismo, las cuales ha dejado en suspenso .

Pues bien, como sostiene el mandatario de los colombianos, el debate “no es sobre un herbicida”, y la mayor cantidad del glifosato usado en el territorio nacional no se dirige a esta práctica de erradicación sino a la fumigación de otros cultivos como el arroz, los argumentos favorables a dicha modulación estuvieron plenos de eufemismos y falacias. Sólo el 5% del herbicida se usa en aspersiones contra la coca . En primer lugar, para Duque los daños ambientales de la producción de cocaína en el territorio no se restringen al uso del herbicida, sino también a la utilización de gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento. Argumento que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, consideró de un nivel criminal ajeno a las lógicas de un Estado de Derecho, por cuanto si bien ello resulta cierto no se puede pretender que la solución de la problemática sea igualar daños, los de estos insumos y los del glifosato, pues por esa vía el país sólo se estaría encaminando a empeorar la situación en una lógica también criminal contra el ambiente y contra las economías de subsistencia. No obstante, la problemática en el debate público ha tenido implicaciones sociopolíticas que han sido desconocidas en la argumentación de diversos funcionarios quienes abogaron por un uso integral de todas las herramientas, noción desconcertantemente similar a la idea perversa de la combinación de las formas de lucha, tan cara ésta a los derechos fundamentales de los colombianos desde hace al menos cincuenta años.

Duque, en su cínico ánimo conciliador, sostuvo ante la magistratura que no pretendía un “choque de poderes” sino “un diálogo fraterno”. No obstante éste reportero considera que esa línea tiene grandes posibilidades de imponerse en una futura decisión de la Corte, toda vez que las preguntas de los magistrados se encaminaron a indagar acerca de las posibilidades de mantener las aspersiones aéreas controlando sus efectos nocivos a las poblaciones y sus posibilidades financieras. En ello también debe considerarse el antecedente de las consultas populares, las cuales desde el pasado 11 de octubre de 2018 se hallan en vilo por su decisión dejarles sin alcance para frenar el extractivismo minero-energético y, de hecho, ya el Consejo de Estado frenó la consulta que estaba programada en el municipio cundinamarqués de Une al considerar que “las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales” (El Espectador, 2018), en un manifiesto conflicto entre el poder local y el nacional que atraviesa este periodo pos-acuerdo.

El mandatario de los colombianos acudió a un argumento falaz al sugerir que “la presencia de cultivos ilícitos” es una amenaza a los líderes sociales, por cuanto en los territorios de cultivos de uso ilícito los homicidios contra estos sujetos son mayores, ocultando la responsabilidad jurídica del Estado en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la asociación y a la expresión, por una parte y, por otra, aludiendo a una causalidad mecánica que despolitiza estos homicidios, por lo demás estigmatizados por funcionarios de su gobierno, al considerar que sólo el narcotráfico y no el abandono estatal fungen como causas de estos homicidios que además SÍ son sistemáticos y generalizados.

Pues bien, más allá de la habitual retórica de los funcionarios, la problemática no es menor y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante otros problemas se han ido agravando. Durante la última década al menos 154 detonaciones de minas y 163 hostigamientos han sufrido los diferentes erradicadores manuales, con un promedio de 59 eventos dañinos de este talante cada año, en los cuales murieron 33 funcionarios y otros 268 fueron heridos. También las afecciones a los cultivos de pancoger y a la salud de los pobladores han sido evidenciadas desde la implementación del Plan Colombia por Ong’s, organizaciones sociales y líderes comunitarios. De hecho la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ha sido la organización social más afectada por homicidios políticos en el pos-acuerdo . Sin embargo, la pretendida solución integral anunciada por Duque a través del uso de “la combinación de muchas herramientas” o la del Fiscal General acerca de la apelación a “todos los instrumentos disponibles“, o bien la del Viceprocurador de “hacer presión en todos los frentes”, recuerdan la macabra lógica de la combinación de todas las formas de luchan en una práctica en la cual el brazo contrainsurgente de la política se ha encaminado a profundizar la represión a uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, éste el más societal en un Estado cuya ausencia denota la viabilidad para los cultivadores y jornaleros para cultivar la hoja. En últimas, son éstos los directamente afectados por las aspersiones así los funcionarios simulen bañarse con el herbicida que ha sido catalogado por la misma OMS como cancerígeno.

Esta argumentación, sino argucia, se encamina más que a la atención de los derechos económicos, sociales y políticos de los pobladores, a la atenuación de las externalidades de la práctica de aspersión aérea yal control de los efectos nocivos para el entorno, no al desarrollo y democracia de los pobladores locales. Sin embargo, el también interviniente General Jorge Luis Ramírez, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue enfático en sostener que otras tecnologías alternativas no alcanzaban por mucho la efectividad de las aspersiones aéreas ya realizadas en gran parte con su presupuesto y gracias al aporte de la cooperación internacional para la materia. Entonces, si no son efectivas otras alternativas tecnológicas ¿cuáles externalidades pueden corregirse?.

Pues bien, como lo sugirió el expresidente Santos, en los momentos de mayor uso de aspersiones la producción de coca no disminuyó y antes bien las áreas cultivadas aumentaron, así como en los momentos de utilización de sustitución voluntaria las aéreas cultivadas sí disminuyeron. Aunque durante su gobierno las violaciones a los derechos de estas comunidades tampoco cesó. Contrariamente a todos estos argumentos efectivistas, para los representantes de las comunidades de Nóvita, Chocó, por quienes la Corte a través de la Sentencia T-236 tomó su decisión, “el principio de precaución aplica porque las comunidades no pueden reclamar, por el costo de la aspersiones sobre la salud” denotando con ello una prioridad social más que económica, toda vez que la economía de cultivo de coca sucede en regiones periféricas de la República donde no existe ni inversión social ni infraestructura que permita la viabilidad de economías legales frente a la coca. Para el delegado ante el Consejo de Comunidades Étnicas de Nóvita, Víctor Dario Luna, “el desconocimiento y el abandono estatal llevó a esa comunidad a hacerlo”, a cultivar coca. Para el Fiscal General, por su parte, “7,5% de estudiantes declaran haber consumido cocaína”, en una alusión moral que si bien es efecto de la problemática no puede tomarse como causa, toda vez que ambos problemas, el del consumo interno de cocaína y el del abandono estatal, son responsabilidad estatal y su solución no está en optar por uno o por otro: falacia de falsa dicotomía que medió toda la discusión por parte del gobierno. El debate, pues, no es sobre la efectividad del herbicida sino sobre la prioridad en las políticas para la solución de esta problemática tan intrincada y violenta.

Al final, la diligencia que procuró el debate público dejó abierta la posibilidad de dicha modulación. La cuestión no es menor, pues obedece a políticas que desde el gobierno Barco vienen integrando todas las formas de lucha y los efectos son, tal como lo sugirió Santos, como andar en una bicicleta estática: por más esfuerzo que se haga, se mira a derecha y a izquierda y se observa que se sigue en el mismo punto de inicio: Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante !Colombia también es uno de los países más desiguales en el globo! Entonces la cuestión alude a otro sentido en la discusión: ¿sofisticar la aspersión o solucionar el problema?

El asunto queda ahora en manos de una Corte que ha señalado una línea regresiva y que coqueteó con las argucias del gobierno nacional durante la audiencia. Entonces que venga el diablo y escoja: o Estado Social y Democrático de Derecho para estos contextos de tanta violencia estructural, o bien continuidad de una política que por más efectiva que parezca no ha resuelto el lío y más bien prefiere seguir montando todas las bicicletas estáticas disponibles para la represión.

 

El Espectador. (2018). Consejo de Estado frena consulta minera en Une, Cundinamarca. Bogotá, abril 25. En la web: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consejo-de-estado-frena-consulta-minera-en-une-cundinamarca-articulo-752044

UN Periódico Digital. (2019). ¿Quién controla el glifosato?. Febrero 26. Bogotá. En la web: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/quien-controla-el-otro-glifosato/

Cinep, Iepri-Universidad Nacional, Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, Ascamcat, Movimiento Rios Vivos, Confederación Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2019). ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá.

 

 

Publicado enColombia
La justicia europea obliga a desclasificar informes sobre la peligrosidad del glifosato

El tribunal dice que el derecho a conocer sus efectos prima sobre el interés comercial

El secretismo y la opacidad no tienen cabida cuando se trata de la salud y el medio ambiente. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado este jueves que los estudios sobre la posible toxicidad del glifosato han de ser públicos. La Corte de Luxemburgo rompe así el velo de oscuridad que rodeaba a los informes sobre el herbicida más usado del continente, vetados a la consulta por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Cuatro eurodiputados ecologistas y un investigador habían solicitado sin éxito tener acceso a los papeles. El organismo alimentario les entregó parte de la información, pero rechazó proporcionar otros pasajes alegando que su difusión podía provocar un perjuicio comercial y financiero a las empresas que lo venden, entre las que se encuentran multinacionales como Monsanto. Además, negó que hubiera un interés público superior que justificase la divulgación. Los solicitantes no se dieron por vencidos y acudieron al Tribunal General de la UE, que les ha dado la razón.


El glifosato, un producto químico utilizado en los plaguicidas, es legal, y fue declarado como no cancerígeno por la EFSA, pero la sospecha sigue acompañándole. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud alertó de sus probables efectos cancerígenos, pero tanto la Comisión Europea como los Estados miembros se mostraron contrarios a prohibirlo, aunque sin unanimidad. La Unión Europea extendió a finales de 2017 su licencia durante otros cinco años con el apoyo de 18 socios comunitarios, nueve votos en contra —entre ellos Francia— y una abstención.


En su sentencia, los jueces anulan las resoluciones de la EFSA que impiden el acceso a los estudios. Y lo justifican argumentando que el derecho del público a tener información sobre las consecuencias del glifosato para el medio ambiente y la salud es más importante que la protección de datos sensibles. "Una institución de la Unión, que tramita una solicitud de acceso a un documento, no puede justificar su negativa a divulgarlo basándose en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica", señala el fallo.


La autoridad alimentaria suele ser celosa en la protección de esa información, dado que puede contener claves sobre cómo elaborar el producto que pueden ser aprovechadas por los competidores. Por ello, trata de mantener un equilibrio entre el interés público y el secreto comercial para no ser objeto de demandas si desvelan determinadas informaciones. "Gracias a la publicación de todos los estudios, en el futuro científicos independientes podrán hacer doble control sobre la ciencia detrás de las evaluaciones de los plaguicidas", celebró el eurodiputado de Los Verdes Florent Marcellesi.


Fuentes de la agencia alimentaria europea indican que sus servicios legales estudian ahora cómo llevar a la práctica la sentencia del TJUE, pero han valorado positivamente que los magistrados aporten claridad sobre cómo deben actuar. "La decisión de la Corte es importante porque nos orienta sobre cómo interpretar la legislación europea en el acceso a documentos públicos", ha indicado la EFSA en un comunicado.

Por Álvaro Sánchez
Bruselas 7 MAR 2019 - 14:02 COT

Publicado enInternacional
Arqueólogos datan en Perú el mayor sacrificio masivo de niños del Nuevo Mundo

Pruebas de un sacrificio masivo obtenidas en un sitio arqueológico del siglo XV en Perú, revelan que se realizó con el asesinato ritual de más de 140 niños y más de 200 llamas.

El estudio, publicado en Plos One, por Gabriel Prieto, de la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú, y sus colegas, describe el mayor sacrificio masivo conocido de niños, y de llamas, en el Nuevo Mundo.

Los sacrificios humanos y de animales se conocen a partir de una variedad de culturas antiguas, a menudo realizados como parte de rituales funerarios, arquitectónicos o espirituales. Sin embargo, hay muy poca evidencia de esta práctica en la costa norte de Perú. El sitio de Huanchaquito-Las Llamas era parte del estado de Chimú, cultura dominante en la costa peruana en el siglo XV.

Este estudio informa sobre los hallazgos de las excavaciones entre 2011 y 2016, que revelaron cientos de cuerpos enterrados en un área de aproximadamente 700 metros cuadrados. Los restos humanos eran casi todos niños, y los de animales, todos juveniles, se identificaron como llamas, pero posiblemente fueron alpacas.

La evidencia anatómica y genética indica que se incluyeron niños y niñas entre 5 y 14 años de edad. Las marcas de corte que atraviesan los esternones y las costillas desplazadas sugieren que tanto a los pequeños como a las llamas les pueden haber abierto el pecho posiblemente durante la extracción ritual del corazón.

Los restos fueron datados con radiocarbono hacia 1450 dC, durante el apogeo del estado de Chimú. Una capa gruesa de barro que cubre los sedimentos del entierro indica que esta matanza masiva fue precedida, y quizás inspirada, por una gran tormenta o inundación.

Los autores señalan que este sacrificio fue claramente una gran inversión de recursos para la cultura Chimú. Mediante estudios futuros, los investigadores esperan entender mejor el ritual por medio de sus víctimas, analizando las historias de vida y los orígenes culturales de los niños sacrificados.

El coautor John Verano, profesor de antropología en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, agrega que este descubrimiento arqueológico fue una "sorpresa" para todos.

"No habíamos visto nada como esto antes, y no había ninguna sugerencia de fuentes etnohistóricas ni relatos históricos de sacrificios de niños o camélidos en una escala así en la costa norte de Perú. Tuvimos la suerte de poder excavar completamente el sitio y tener un equipo multidisciplinario de campo y laboratorio para realizar la excavación y el análisis preliminar del material. Este sitio abre un nuevo capítulo sobre la práctica del sacrificio de niños en el mundo antiguo", concluyó.

Estados Unidos causa miles de muertos en Venezuela

Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás otra falsa declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente desapercibida.

Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una “emergencia nacional” a Estados Unidos y que representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos.


El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la muerte de personas en otros países.


Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el principal experto en el mundo en economía venezolana.


No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las recientes sanciones persisten.


¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y atención médica.


Por ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que murieron a causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.


Pero el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Esto significa que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando principalmente al común de la población, pues reduce los dólares que el sector privado y el gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades básicas de las personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la mayoría de los artículos que la economía requiere para funcionar.


Las sanciones de Trump de agosto de 2017 impusieron un embargo financiero que ha cortado casi todo el acceso de Venezuela a la obtención de préstamos. Esto tuvo un enorme impacto en la producción de petróleo, que ya había estado disminuyendo. La tasa de declive se aceleró rápidamente; durante el año posterior a las sanciones, caería en 700,000 barriles por día, aproximadamente tres veces más rápido que en los 20 meses anteriores. Esta aceleración en la pérdida de producción de petróleo posterior a las sanciones equivale a la pérdida de más de $6 mil millones. A modo de comparación, cuando la economía venezolana estaba creciendo, Venezuela gastaba alrededor de $2 mil millones por año solo en medicamentos. Se ha estimado que el total de las importaciones de bienes para 2018 fue de $11.7 mil millones.


Cuando se impusieron estas sanciones, Venezuela ya sufría una profunda recesión y tenía problemas en la balanza de pagos, los que requerían una reestructuración de la deuda. Para reestructurar la deuda, el gobierno tiene que ser capaz de emitir nuevos bonos, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron esto imposible.


Las sanciones de Trump –tanto las sanciones de agosto de 2017 como el nuevo embargo de petróleo– hacen que también sea casi imposible para el Gobierno tomar medidas que pongan fin a la hiperinflación, la que actualmente se estima en 1.6 millones por ciento anual. Para estabilizar la hiperinflación se debe restaurar la fe en la moneda nacional. Esto podría hacerse a través de la creación de un nuevo sistema de tasa de cambio y otras medidas que requerirían el acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo, las sanciones lo impiden.


Las sanciones impuestas por el Gobierno de Obama en marzo de 2015 (para las que igualmente se declaró una “emergencia nacional”) tuvieron también un impacto muy grave. Esto es bastante conocido dentro de las instituciones financieras, pero por lo general no se informa en los principales medios de comunicación, los que abordan estas sanciones tal y como las anuncia el Gobierno de EEUU, como “sanciones impuestas a individuos”. Pero cuando los individuos son funcionarios gubernamentales de alto rango, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, las sanciones causan enormes problemas, ya que estos funcionarios son aislados de las transacciones necesarias en la mayor parte del sistema financiero mundial.


Las instituciones financieras se alejaron cada vez más de Venezuela después de marzo de 2015, ya que vieron los riesgos de otorgar préstamos a un Gobierno que Estados Unidos estaba cada vez más decidido a derribar y, a medida que la economía empeoraba, parecía más probable que tuviera éxito. El sector privado venezolano se vio privado del acceso vital al crédito, lo que contribuyó a la caída sin precedentes –en realidad, casi increíble– del 80 por ciento de las importaciones en los últimos seis años, lo que ha devastado esta economía dependiente de las importaciones.


El 23 de enero, el Gobierno de Trump anunció que estaba reconociendo a Juan Guaidó, actualmente jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, como “presidente interino” del país. Al hacerlo (junto con los países aliados políticamente), Washington impuso básicamente un embargo comercial contra Venezuela. Esto es así ya que cualquier ingreso proveniente de las ventas de petróleo de cerca de las tres cuartas partes de los mercados de exportación de Venezuela (Estados Unidos y sus aliados) ya no se destinará al Gobierno, sino al “presidente interino”. Se establecieron algunas excepciones temporales para las compañías petroleras estadounidenses, pero este embargo es lo suficientemente amplio como para multiplicar rápidamente el daño económico, el sufrimiento y la muerte que han causado las sanciones anteriores.


En una declaración sobre las recientes sanciones emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señaló que “precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una base para la solución pacífica de las controversias”.


Siguiendo las declaraciones y acciones del equipo de Trump (incluido el asesor de seguridad nacional, John Bolton, el senador Marco Rubio y el criminal de guerra de los años ochenta y ahora enviado especial a Venezuela, Elliott Abrams) se desprende que no están interesados en una resolución pacífica a la crisis venezolana. No son de los que se preocupan por la cantidad de personas que morirán en el camino que lleve al derrocamiento del Gobierno.


La verdadera pregunta es por qué reconocidos progresistas de la talla de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, apoyan esta operación ilegal y cruel. ¿Acaso es posible que no sepan lo que están haciendo Trump y sus sanciones?


* Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global (2016, Akal, Madrid).

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HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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  Médicos estadounidenses de la base de operaciones de Howz-e- Madad tratan a un empleado afgano de una compañía de seguridad privada, quien ha resultado gravemente herido. El miliciano afgano estaba custodiando un convoy de la OTAN cuando fue emboscado por los talibanes. 17 de julio de 2010, Zhari District, provincia de Kandahar, Afganistán.

Hace 40 años los soviéticos cayeron en la trampa. En condiciones mucho más favorables, los americanos han multiplicado su desastre


Hace cuarenta años el ejército soviético entró en Afganistán. Aquel diciembre de 1979 hacÍa ya cinco meses que el presidente Carter y su consejero de seguridad, el fanático anti ruso de origen polaco Zbigniew Brzezinski, habían iniciado, con sus amigos saudíes, una multimillonaria ayuda para fomentar, financiar y armar un integrismo sunita en Afganistán. Los célebres muyahidines, “luchadores por la libertad”.


En París, algunos de los que entonces eran entusiastas valedores de aquellos oscuros personajes del siglo XVIII y los elevaban al título de héroes positivos son hoy especialistas en su consecuencia: el terrorismo integrista que llega a sus ciudades como resultado, entre otras cosas, de aquella cruzada anticomunista. Todo sin mediar la más mínima consideración autocrítica.


Hasta mediados de los años setenta, Afganistán era un país atávico que los hippies cruzaban en su ruta hacia la India. Los fusiles de los invasores británicos del siglo XIX que se cargaban por el cañón, las escopetas de caza y los trabucos, eran las armas habituales en su mundo rural. El conflicto Este/Oeste transformó aquello en un universo de armas automáticas, blindados, helicópteros, minas antipersonal, morteros y misiles antiaéreos portátiles Stinger, creando un desastre bíblico con más de dos millones de muertos y la destrucción de una sociedad que se contaba (y se cuenta) entre las más pobres del mundo.


El dinero de la CIA y de los saudíes y los cuadros del servicio secreto pakistaní, el ISI, introducían el fundamentalismo islámico en las repúblicas de tradición musulmana de la URSS, y también algunos comandos en acciones de sabotaje cerca de la frontera en las entonces repúblicas soviéticas de Tayikistán y Uzbekistán. En Pakistán, la CIA y el ISI organizaron una red de campos de entrenamiento para los afganos, cuyos comandos entraban en el país acompañados por supervisores militares paquistaníes en acciones de sabotaje.


“Las misiones iban de voladuras de oleoductos hasta ataques con cohetes a un aeropuerto o emboscadas”, explica en sus memorias (The Bear Trap) Mohammad Yousaf, jefe del departamento afgano del ISI. “Entre 1981 y 1986 pasaron por aquellos campos 80.000 guerrilleros afganos”, recordaba el militar con orgullo.


Los soviéticos entraron llamados por el Gobierno filocomunista afgano, dividido en facciones irreconciliables, tras una sucesión vertiginosa de golpes internos y asesinatos. Creyeron que sería una misión de algunos meses para pacificar el país y poner orden en su régimen, pero terminaron empantanados.


“Escribí al presidente Carter diciéndole que ahora teníamos la ocasión de darle a la URSS su Vietnam”, dijo Brzezinski en una de sus últimas entrevistas. Los soviéticos permanecieron en aquella trampa una década, hasta que la voluntad de Gorbachov de distender las relaciones con China y Occidente se impuso. Para entonces (1989), la URSS había perdido 15.000 soldados y otros 50.000 habían resultado heridos; la factura para Afganistán fue mucho peor; 1,3 millones de muertos, 2 millones de desplazados en el interior del país, y 4,5 millones de refugiados en los países vecinos.


La guerra soviética logró establecer un gobierno estable en el país –con todos sus horrores, el mejor que ha tenido aquel desgraciado país, tal como valoraban, por amplísima mayoría, los afganos en una encuesta de 2008– y organizar unas fuerzas armadas relativamente eficaces. Cuando los soviéticos concluyeron su retirada en 1989, aquel gobierno y aquel ejército aún se mantuvieron tres años, controlando todas las ciudades y las carreteras que las unían. El gobierno solo cayó cuando la Rusia de Yeltsin cesó todo suministro en 1992. Siguió una década de caos y guerra civil entre facciones en la que, sobre un panorama de ruinas y oscurantismo, se acabaron imponiendo los talibanes a partir de 1996, sin que la guerra cesara en el norte.


Diez años después de la retirada soviética, llegaron los americanos. Oficialmente para combatir a Bin Laden y su organización, que era uno de los desastres incubados por su propia política contra los soviéticos durante las dos décadas anteriores. Tampoco hubo autocrítica alguna. Brzezinski hasta se enfadó cuando le preguntaron hace un par de años si no reconocía su error: “¿Cómo voy a lamentarlo? ¡ fue una excelente idea, con ella metimos a los soviéticos en la trampa…!”


Los especialistas americanos –y tras ellos los papagayos del complejo mediático occidental– explicaban aquel otoño de 2001, por qué ahora nada iba a ser igual que en 1979 cuando entraron los soviéticos. El ejército de la URSS estaba integrado por reclutas sin experiencia, estaba mal equipado, su intendencia era desastrosa, con pésimas raciones de alimentos y bajos niveles de higiene que causaban enormes bajas por enfermedad, decían.


“Nada permite establecer un paralelismo entre la operación antiterrorista de ahora y la invasión soviética de 1979”, escribía en La Vanguardia hasta el malogrado Xavier Batalla, sin duda el comentarista internacional más competente, glosando aquel pronóstico general.


En un cochambroso hotel de la frontera afgana asistí aquel otoño a la llegada de los primeros contingentes de la CIA, tipos que hablaban uzbeco con acento de Oklahoma y que llevaban en sus mochilas papel higiénico, soluciones para potabilizar el agua y todo tipo de tecnologías y que decían trabajar para oscuras organizaciones “humanitarias” o “no gubernamentales”. Su conocimiento del país era pésimo. La Rusia de Putin les ofreció toda su cooperación en materia de inteligencia afgana, lo que no sirvió de gran cosa para la mejora de relaciones que el Kremlin buscaba entonces, a cambio de un mínimo reconocimiento de sus intereses en Washington. El 8 de octubre de 2001 comenzaron los bombardeos. A las pocas semanas habían matado más gente que el número de víctimas de las torres gemelas de Nueva York. Dos meses después, con la caída de Kandahar, último bastión talibán, se daba la guerra por concluida.


Dieciocho años después, la guerra continúa. Ahí están empantanados, con toda su tecnología militar, ayudados por los vasallos europeos (España se gastó 3.600 millones en esa campaña), sin una superpotencia que financie a sus adversarios pero con todo lo demás tan parecido. La simple realidad es que en condiciones mucho más favorables, los americanos han multiplicado el desastre de los soviéticos en Afganistán y han perdido la guerra.


El pasado enero un gran convoy militar fue atacado por los talibán en la provincia de Faryab. Más de treinta vehículos militares y de transporte fueron destruidos en aquella provincia fronteriza con Turkmenistán que pasa por tranquila. Con pocos días de diferencia, el ataque al cortejo del gobernador de otra provincia, Lowgar, mató a diez de sus escoltas y una acción contra una base de las brutales tropas especiales entrenadas por la CIA, causó la muerte de unos 200 soldados de aquel cuerpo.


En el conjunto Afganistán/Paquistán esta segunda guerra ha ocasionado 1,2 millones de muertos, según la contabilidad del reportero británico Nicolas J.S. Davies. El Gobierno afgano y sus mentores solo controlan alrededor de la mitad de los 407 distritos del país. El narcotráfico, ese negocio tradicional para sufragar las cajas negras de la CIA, campa a sus anchas. El opio afgano está creando serios problemas de drogadicción en Rusia. La dimensión del fiasco es tal que se han abierto negociaciones y conversaciones con los talibán. Con 18 años de retraso se habla de “talibanes moderados”.


El problema de los anuncios de retirada militar formulados por Donald Trump (y vale igual para Siria) es que al Pentágono no le gusta retirarse de una base que es importante para vigilar a sus reales adversarios, China y Rusia. Los chinos quieren usar un Afganistán pacificado para ampliar las conexiones de sus “rutas de la seda” a lo largo de Asia central y meridional. Los militares americanos buscarán la manera de quedarse de una forma o de otra.


Estados Unidos ha perdido la guerra de Afganistán de una manera no muy diferente a sus predecesores. Evidentemente, esa derrota no ha sido una victoria para los afganos. La guerra de los cuarenta años que trajeron, fomentaron y amplificaron los extranjeros ha sido para ellos una calamidad bíblica.

20 de Febrero de 2019

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