La Carta Magna es el destino, nuestro destino
Sucesos recientes marcan una trayectoria amenazadora, en forma suficientemente clara, que quizá valga la pena ver hacia el futuro unas cuantas generaciones, hasta el aniversario milenario de uno de los grandes hitos en el establecimiento de los derechos civiles y humanos: la creación de la Carta Magna, la cédula de las libertades inglesas que le fue impuesta al rey Juan en 1215.


Lo que hagamos ahora mismo o dejemos de hacer determinará qué tipo de mundo recibirá al aniversario. No es una perspectiva atractiva –en buena parte porque la Carta Magna está siendo desgarrada frente a nuestros ojos.


La primera edición académica de la Carta Magna fue publicada en 1759 por el jurista William Blackstone, cuya obra fue una de las fuentes de la legislación constitucional de Estados Unidos. Fue intitulada The great charter and the charter of the forest, siguiendo las prácticas previas. Ambas cartas son altamente significativas hoy día.


La primera, la Carta de las Libertades, es generalmente reconocida como la piedra toral de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa –o como expresó Winston Churchill, en forma más amplia, “la carta de cualquier hombre que se respete así mismo en cualquier tiempo y cualquier tierra”.


En 1679 la carta se vio enriquecida por la ley de habeas corpus, oficialmente llamada “una ley para mejor aseguramiento de la libertad del sujeto y para prevenir el encarcelamiento allende los mares”. La versión moderna, más severa, es llamada “rendición” –encarcelamiento con fines de tortura.


Junto con buena parte de la legislación inglesa, la ley fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos, la cual afirma que “el auto de habeas corpus no será suspendido” salvo en caso de rebelión o invasión. En 1961, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los derechos garantizados por esta ley fueron “considerados por los fundadores como la más importante salvaguarda de la libertad”.


Más específicamente, la Constitución garantiza que “ninguna persona (será) privada de vida, libertad o propiedad sin el proceso debido de la ley (y) un juicio rápido y público” por sus pares.


El Departamento de Justicia explicó recientemente que esas garantías han quedado satisfechas por deliberaciones internas en la rama ejecutiva, como informaron Jo Becker y Scott Shane a The New York Times el 20 de mayo. Barack Obama, el abogado constitucional de la Casa Blanca, estuvo de acuerdo. El rey Juan hubiera asentido con satisfacción.


El principio subyacente de “presunción de inocencia” también ha recibido una interpretación original. En el cálculo de la lista de ejecución de terroristas del presidente “todo varón en edad militar en una zona de ataque” es contado, de hecho, como “combatiente”, a menos que “haya conocimiento póstumo que pruebe su inocencia”, explicaron Becker y Shane. Esta determinación de inocencia posterior al asesinato es suficiente, actualmente, para mantener este principio sagrado.


Esto es sólo una muestra del desmantelamiento de “la carta de todo hombre que se respete a sí mismo”.


La Carta del Bosque que la acompaña es quizá incluso más pertinente hoy día. Demandaba protección del pueblo bajo o vulgo por el poder externo. Ese vulgo era la fuente de mantenimiento para la población en general –su combustible, sus alimentos, sus materiales de construcción. El Bosque no era la tierra llana. Era tierra cuidadosamente nutrida, mantenida en común, con riquezas disponibles para todos, preservada para generaciones futuras. Para el siglo XVII, la Carta del Bosque había caído víctima de la economía de materias primas, de la práctica del capitalismo y de la moralidad. Ya no protegida por cooperativas y por su uso, los comunes estaban restringidos a lo que no podía ser privatizado –una categoría que sigue reduciéndose ante nuestros ojos. El mes pasado, el Banco Mundial decretó que la multinacional minera Pacific Rim puede proceder en su caso contra El Salvador por tratar de preservar tierras y materias primas y comunidades contra la altamente destructiva minería de oro. La protección ambiental privaría a la compañía de ganancias futuras, un crimen según las reglas del régimen de derechos de inversionistas mal llamado “libre comercio”.
Éste es sólo un ejemplo de las luchas que se libran hoy en buena parte del mundo, algunas con violencia extrema, como en Congo, rico en recursos, donde millones de seres humanos han sido asesinados en años recientes para asegurar una reserva amplia de minerales para teléfonos celulares y otros usos, y, por supuesto, amplias utilidades.


El desmantelamiento de la Carta del Bosque trajo consigo una revisión radical de cómo los comunes son concebidos, capturada en 1968 por la influyente tesis de Garret Hardin, que asegura “la libertad en los comunes nos causa ruina a todos”, la famosa “tragedia de los comunes”. Lo que no es de propiedad privada será destruido por la avaricia individualista. La doctrina no carece de ser desafío. Elinor Olstrom ganó el Premio Nobel Memorial en Ciencias Económicas en 2009 por su trabajo para mostrar la superioridad de los comunes administrados por sus usuarios.


Pero la doctrina tiene fuerza si nosotros aceptamos el principio implícito de que los seres humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores estadunidenses, en la aurora de la revolución industrial, llamaron “el nuevo espíritu de la era, obtener riqueza olvidándose de todo menos de uno mismo” –doctrina que ellos condenaron amargamente como destructiva, ataque contra la naturaleza misma del pueblo.


Enormes esfuerzos se han dedicado desde entonces a inculcar “el nuevo espíritu de la era”. Grandes industrias dedicadas a lo que el economista político Thorstein Veblem llamó “fabricar deseos” –dirigir a la gente a “las cosas superficiales” de la vida, como el consumismo de modas” en las palabras de Paul Nystrom, profesor de mercadotecnia de la Universidad de Columbia.


De esa forma la gente puede ser atomizada, dedicada sólo a la búsqueda de ganancia personal y alejada de esfuerzos peligrosos, como pensar por su cuenta, unidos y desafiar a la autoridad.


Es innecesario pensar en los peligros extremos planteados por un elemento central de la destrucción de los comunes: la dependencia de combustibles fósiles, que plantea un desastre global. Se puede debatir acerca de los detalles, pero hay escasas dudas serias de que los problemas son demasiado reales y que en la medida que posterguemos su solución más terrible será el legado que dejemos a las próximas generaciones. La reciente conferencia de Río+20 es el esfuerzo más reciente. Sus aspiraciones eran pequeñas y su resultado irrisorio.


A la cabeza en enfrentarse a esta crisis, a lo largo del mundo, se encuentran las comunidades indígenas. La posición más firme ha sido tomada por el país que ellos gobiernan, Bolivia, el país más pobre en Sudamérica y, durante siglos, víctima de la destrucción de sus ricos recursos por occidente.


Después del ignominioso colapso de la cumbre de cambio climático global en Copenhague, en 2000, Bolivia organizó una cumbre de pueblos con 35 mil participantes de 140 países. La cumbre hizo un llamado para la severa reducción de emisiones y una Declaración de Derechos de la Madre Tierra. Ésa es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo.


La demanda es ridiculizada por los occidentales sofisticados, pero a menos que podamos adquirir algo de la sensibilidad de las comunidades indígenas es muy probable que ellos rían al último –una risa de amarga desesperación.

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“El futuro que queremos” desde la perspectiva boliviana
Río de Janeiro, Brasil – Junio 20, 2012 – Las primeras secciones (1 y 2) del documento “El futuro que queremos” se denominan “Nuestro futuro común” y “Renovando nuestros compromisos políticos” y presentan el acercamiento conceptual de la Declaración y los principales aspectos políticos. En este contexto, la Declaración ha finalmente reivindicado los Principios de Río 1992 y de la Agenda 21 que estaban siendo puestos en duda por algunos países desarrollados.

 
Para el Estado Plurinacional de Bolivia es importante que el párrafo 39 reconozca al planeta tierra como nuestro hogar y se haya manifestado que la expresión Madre Tierra sea común para varios países y regiones, notando que algunos países han reconocido los derechos de la naturaleza para la promoción del desarrollo sostenible. A su vez, el párrafo 40 hace un llamado a una visión holística del desarrollo que guíe a la humanidad a la armonía con la naturaleza y a la restauración de la integridad y salud de los ecosistemas de la Tierra.

 
Sin embargo, en el párrafo 7 todavía persiste la lógica antropocéntrica en la que prima el hombre sobre la naturaleza, colocándolo en el centro del desarrollo sostenible. Asimismo, si bien el párrafo 49 enfatiza la importancia de la participación de los pueblos indígenas no convoca la aplicación o suscripción universal a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.

 
La sección 3, denominada “Economía verde”, sin lugar a dudas se ha constituido en la sección más polémica de la Declaración, en tanto que la sociedad civil y las organizaciones sociales han identificado que a través de este término se está aceptando la incorporación del capitalismo en la naturaleza, promoviéndose la mercantilización de las funciones ambientales y procesos naturales con serias implicaciones sobre el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades indígenas y poblaciones locales.

 
En esta sección el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado tres importantes aspectos. En primer lugar, se ha promovido el “reconocimiento de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas” para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 56). De este modo, se ha avanzado en el hecho de que los países que no comparten sus postulados no tienen por qué aparecer como prisioneros de la “economía verde” en el futuro. En segundo lugar, se ha logrado degradar a la “economía verde” a una simple herramienta para el desarrollo sostenible (el mismo párrafo 56). En tercer lugar, se ha conseguido diluir el significado y el alcance de la “economía verde” introduciéndose una serie de salvaguardas que incluyen el respeto a la soberanía de los países a sus recursos naturales; la promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible; fortalecimiento de la población indígena y comunidades tradicionales; manejo sustentable de los recursos naturales; preservación y respeto a enfoques de no mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza (párrafo 58).

 
Entonces, se ha conseguido hacer inaplicable un enfoque mercantilista de la economía verde y neutralizarlo en la práctica. Sin embargo, es de esperar que los países desarrollados sigan insistiendo en la puesta en marcha de este enfoque y dirigiendo los recursos financieros y asistencia técnica y tecnológica a los países en desarrollo que escojan soberanamente avanzar en la implementación de proyectos de economía verde.

 
La sección 5 se denomina “Marco para las acciones a seguir”. El mayor logro del Estado Plurinacional de Bolivia en esta sección ha sido la eliminación de los mecanismos de mercado, pago por servicios ambientales, incorporación de los costos ambientales en la economía y evitar un enfoque muy climatizado y/o ambiental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Bolivia también ha logrado eliminar cualquier mención en el texto al mecanismo REDD+ que está vinculado a la mercantilización de los bosques.

 
Un problema que todavía persiste en el documento es el rol excesivo que se le ha asignado al sector privado, ya no como un grupo más de la sociedad civil, sino como una entidad de financiamiento del desarrollo sostenible, a través de las alianzas publico-privadas, lo que debilita el concepto de cooperación internacional a favor de las inversiones privadas. Por otra parte, no se ha podido lograr que los países desarrollados trabajen en medios de implementación coherentes para lograr el desarrollo sostenible.

 
Con relación a la seguridad alimentaria, se han reafirmado los compromisos con el derecho humano a la alimentación y el acceso a la nutrición, la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros para eliminar el hambre. También se reconoce el rol de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos en la agricultura y de sus prácticas productivas que preservan el medio ambiente, reducen la degradación de la tierra, promueven la seguridad alimentaria y fortalecen la producción nacional.

 
En el tema del agua, Bolivia ha logrado reafirmar los compromisos sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, aunque en un lenguaje más diluido que el de la Resolución promovida por el Estado Plurinacional de Bolivia. También se resalta la importancia crítica del agua para ejercer el derecho al desarrollo, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública, la agricultura, la seguridad alimentaria, la generación de energía hidroeléctrica, la forestación y el desarrollo rural.

 
Con relación al tema de la biodiversidad, Bolivia ha insistido para que fueran retiradas del documento todas laspropuestas que mercantilizaban la naturaleza, como es el pago por los servicios de los ecosistemas.
 

Con referencia a la sección 6 de “Medios de implementación”, que es también una de las partes más controversiales de la Declaración, ya que se están debilitando de manera sistemática los compromisos y esfuerzos de los países desarrollados para promover e impulsar el desarrollo sostenible en el mundo. En esta sección simplemente se han reafirmado los medios de implementación prometidos en las Cumbres de 1992 y 2002 y otras. También se establece dar inicio a un proceso intergubernamental para determinar necesidades financieras y evaluar necesidades adicionales para proponer opciones para una Estrategia para el Financiamiento del Desarrollo Sostenible. Esta propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por el Brasil, Bolivia y la India.

 
Este es uno de los temas donde existe un importante retroceso ya que se han introducido en el lenguaje los cambios que se han venido dando en los últimos años con el impulso a una arquitectura de la ayuda internacional en el marco de la movilización de recursos de la inversión privada, el comercio para la ayuda, y la exigencia para que los propios países en desarrollo contribuyan financieramente a su desarrollo.

 
Por René Orellana y  Diego Pacheco integran el Equipo de Negociación de la Delegación boliviana para el Cambio Climático y Río+20

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"Indígenas reciben migajas por su riqueza natural"
En América Latina el problema para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos es la falta de voluntad de los gobiernos y la vigencia del colonialismo, aseveró la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas (FPNUPI), Mirna Cunningham Kain (1947).

El elemento central que está presentándose como una violación a los derechos de los pueblos indígenas en la región es el tema de la consulta sobre las concesiones para la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

"Nosotros planteamos que la consulta en sí es apenas un procedimiento para el ejercicio del derecho a la libre determinación", indicó la reconocida activista misquita nicaragüense, entrevistada cuando estuvo en México en días pasados.

Subrayó que es urgente cambiar la perspectiva mental y el discurso con el que los gobiernos y empresas se acercan a los pueblos indios para realizar dicha consulta, porque muchas veces se ve a éstos "sólo como el grupo vulnerable que está en las zonas donde se va a hacer la inversión, entonces les van a ofrecer algo, algún empleo... migajas".

Mencionó que gobiernos y empresas ven a los pueblos indios como sujetos minorizados, que es la forma como históricamente se les ha tratado, sin tomar en cuenta que ellos son los dueños del territorio y los recursos "y por tanto vos te acercás a un dueño donde quieres hacer una inversión planteándole que quieres ser socio de ellos, pero no los están viendo como titulares plenos de derecho"; eso es colonialismo.

Más bien, lo que se debiera considerar, enfatizó, son los mecanismos para que los pueblos indígenas tengan acceso al beneficio de esos proyectos, "cómo pueden ser cogestores, coadministradores, cómo pueden ser socios", añadió.

Doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (2010), ex presidenta del Consejo Autónomo de la Región Atlántica Norte en la ciudad de Bilwi, estado de Puerto Cabezas, en Nicaragua, Cunningham ha recorrido un largo camino en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, tanto en su país como a escala internacional.

La presidenta del FPNUPI señaló que ante la escasez de recursos naturales y los problemas del cambio climático, el colonialismo vigente de los grupos de poder ve que las zonas donde todavía hay recursos naturales son aquellas donde viven los pueblos indígenas y entonces buscan apoderarse de ellas en forma mucho más agresiva, "violando de forma premeditada los derechos de las comunidades, utilizando argumentos que ya no son válidos", pues aplican los mismos principios de hace 500 años.

"Adoptan modalidades de colonización que en muchos casos son tanto o más agresivas que lo que pasó hace muchísimos años", pese a que teóricamente hay grandes avances en el tema de los derechos humanos individuales y colectivos.

La aplicación de esos principios de hace 500 años es "totalmente malvada, porque nadie puede alegar ignorancia ante los instrumentos internacionales de derechos humanos", como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indios o el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subrayó.

Cunningham explicó que precisamente el tema central de la próxima sesión del FPNUPI, que se llevará a cabo del 7 al 18 de mayo próximos en Nueva York, es el análisis de la doctrina del descubrimiento de la colonización y cómo se sigue manifestando en la actualidad. "Se tocarán los factores filosóficos, jurídicos y legales; los argumentos que se utilizaron para justificar la conquista de nuestros territorios y de nuestro patrimonio natural y cultural. Uno creería que eso fue hace más de 500 años, pero sigue vigente; están en la reconquista y la recolonización", subrayó.

Citó como ejemplo los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en muchos países de América Latina, que cuentan con proyectos de inversión de empresas trasnacionales o megaproyectos nacionales que pretenden realizarse en sus territorios sin que se aplique el principio de consulta previa, informada, de buena fe, contenido en la DNUDPI, pero también en el convenio 169, ratificado por casi todos los países de la región.

“Para nosotros es claro –dijo– que el tema central no es si se hace o no una buena consulta, sino si se respeta o no el acuerdo de la consulta”. El tema central es que, desde 2007, tenemos un instrumento internacional que es la DNUDPI, que reconoce su derecho a la libre determinación y a tener participación plena y efectiva en la toma de decisiones que les conciernen.

Entonces, "la verdad es que pareciera como que se está jugando a inventar mecanismos para trazar el ejercicio de esos derechos; nosotros siempre alertamos que no debemos confundir el procedimiento en sí con el ejercicio real del derecho".

Subrayó que además de los gobiernos, las corporaciones y las empresas "definitivamente no pueden evadir su responsabilidad de asegurar que en la zona donde ellos trabajen se respeten los derechos humanos" y los derechos colectivos de los pueblos.

Las empresas tienen que entender que pierden más si no hacen la consulta, porque la gente les va a detener sus proyectos, o sea, los pueblos van a demandar el respeto a sus derechos; entonces el argumento de no invertir en una consulta a la larga se revierte contra ellos, porque posteriormente no hay condiciones de gobernabilidad para invertir.

Afirmó que en todos los países de América Latina se ve el interés de los gobiernos, manifestado muchas veces por los presidentes, de que van a hacer la consulta mencionada, "pero no hay necesidad de respetar los acuerdos, y esto lo vimos en Bolivia, en el caso del Tipnis (donde indígenas de tierras bajas se oponen a la construcción de una carretera por su territorio), y lo vemos con la aprobación de una ley del derecho a la consulta, pero prácticamente obligando a la gente, o sea, una ley del derecho a la consulta sin consultar cómo hacerla".

Mencionó que "en Chile se ha discutido también un proceso de la consulta de la consulta, sin haber mucho avance; en México se analiza el tema en el Congreso, sin prosperar; Guatemala también tiene una ley en el parlamento que tampoco ha podido avanzar, en tanto que el Estado guatemalteco se niega a reconocer más de 33 consultas dirigidas por los propios pueblos indígenas en zonas afectadas por la minería; en Perú se ha dado un paso con la reglamentación de una Ley de Consulta Previa, después de la masacre de Bagua hace dos años; el tema está también en Argentina..."

Sin embargo, remarcó Cunningham, la ausencia de mecanismos para la consulta, vinculada, por ejemplo, a las industrias extractivas, no es el problema principal porque, por ejemplo, México ha ratificado desde 1990 el convenio 169 de la OIT, y éste es un instrumento que tiene como eje central para su implementación la consulta... Entonces, una ley lo que vendría a hacer es fortalecer, profundizar, definir mecanismos de cómo realizar la consulta, pero el derecho a ella está reconocido desde hace muchos años”, indicó.

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Lunes, 02 Abril 2012 06:00

El mundo maravilloso del capitalismo

La búsqueda de la verdad política siempre será una tarea dura, aun en nuestros tiempos cuando la ciencia ha puesto en nuestras manos un gran número de conocimientos. Uno de los más importantes fue conocer y estudiar el fabuloso poder de la energía contenida en la materia.

 
El descubridor de esa energía y su posible empleo era un hombre pacífico y bonachón que, a pesar de su repudio a la violencia y a la guerra, solicitó su desarrollo a Estados Unidos, presidido entonces por Franklin D. Roosevelt, de conocida posición antifascista, líder de un país capitalista en profunda crisis, que había contribuido a salvar con fuertes medidas que le ganaron el odio de la extrema derecha de su propia clase. Hoy ese Estado impone al mundo la más brutal y peligrosa tiranía que ha conocido nuestra frágil especie.

 
Los despachos procedentes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se refieren a las fechorías cometidas por ellos y sus cómplices. Las ciudades más importantes de Estados Unidos y de Europa reflejan constantes batallas campales entre los manifestantes y la policía bien entrenada y alimentada, con carros blindados y escafandras, repartiendo golpes, patadas y gases contra mujeres y hombres, torciendo manos y cuellos de jóvenes y viejos, mostrando al mundo las cobardes acciones que se cometen contra los derechos y la vida de los ciudadanos de sus propios países.

 
¿Hasta cuándo pueden durar semejantes barbaries?

 
Para no ser extenso, ya que estas tragedias se irán presentando cada vez más por la televisión y la prensa en general, y serán como el pan que cada día se niega a los que menos tienen, citaré el despacho cablegráfico, recibido hoy, de una importante agencia de noticias occidental:

 
“Buena parte de las costas japonesas del Pacífico podrían quedar inundadas por una ola gigantesca superior a los 34 metros (112 pies) si se produjera un sismo poderoso, según los cálculos revisados de un panel del gobierno.

 
“Cualquier tsunami desencadenado por un terremoto de magnitud 9 en la depresión de Nankai, que va desde la principal isla nipona de Honshu hasta la isla sureña de Kyushu, podría alcanzar los 34 metros de altura, señaló el comité.

 
“Un cálculo anterior en el 2003 estimaba que la altura máxima de dicha ola sería inferior a los 20 metros (66 pies).”

 
“La planta de Fukushima había sido diseñada para resistir un tsunami de 6 metros (20 pies), menos de la mitad de altura de la ola que la impactó el 11 de marzo del 2011.”

 
Pero no hay razones para preocuparse. Otro despacho fechado hace dos días, el 30 de marzo, nos puede tranquilizar. Procede de un medio realmente bien informado. En breves palabras sintetizaré: “Si usted fuera futbolista, jeque árabe o directivo de una gran multinacional ¿Qué tipo de tecnología le haría suspirar?

 
“Recientemente, unos conocidos almacenes de lujo en Londres inauguraron una sección entera dedicada a amantes de la tecnología con abultadas billeteras.

 
“Televisores de un millón de dólares, cámaras de video Ferrari y submarinos individuales son algunos de los fetiches para hacer las delicias del millonario.”

 
“El televisor del millón de dólares es la joya de la corona.”

 
“En el caso de Apple, la empresa se compromete a entregar sus nuevos productos el mismo día de lanzamiento en el mercado.”

 
“Pongamos que hemos salido de nuestra mansión y ya estamos cansados de rondar por ahí con nuestro yate, limousine, helicóptero o jet. Todavía nos queda la opción de comprar un submarino individual o para dos personas.”

 
La oferta prosigue con celulares con carcasa de acero inoxidable, procesador de 1,2 GHz y 8 G de memoria, y tecnología NFC para realizar pagos a través del celular. Videocámara con sello Ferrari.

 
¡Verdad compatriotas que el capitalismo es cosa maravillosa! Quizás nosotros seamos culpables de que cada ciudadano no tenga un submarino particular en la playa.

 
Son ellos y no yo quien mezcló en este mismo saco a los jeques árabes y los directivos de las grandes transnacionales con los futbolistas. Al menos estos últimos entretienen a millones de personas y no son enemigos de Cuba. Debo aclararlo.
 


Fidel Castro Ruz
 
Abril 1 de 2012
 
8 y 35 p.m.
 

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Miércoles, 28 Marzo 2012 11:04

De la resistencia a la esperanza

De la resistencia a la esperanza
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, conjuntamente con otras organizaciones sociales, llevaron adelante la Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos, del 8 al 22 de marzo de 2012, con una plataforma de 19 puntos entre los que constaban la oposición a la megaminería a cielo abierto, la defensa del agua, el rechazo a la criminalización social, entre otras;  demandaban, además, el cumplimiento de los derechos que constan en la Constitución y que no han sido ni cumplidos ni respetados por el gobierno de Alianza País.

En Bolivia, en cambio, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, CONAMAQ, y otras organizaciones sociales, en especial aquellas de los territorios indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), realizaron, en septiembre de 2011, la VIII Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS, los derechos territoriales, el medio ambiente, las áreas protegidas, los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos indígenas, y anuncian la realización de la IX Marcha para el 25 de abril de 2012 que, además, cuenta con el apoyo de la histórica COB (Central obrera boliviana).

Las organizaciones bolivianas realizan esta marcha en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que partiría en dos el TIPNIS y lo integraría a los procesos de mercantilización y privatización territorial contenidos en los planes de integración de la IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud América) y que, según las organizaciones indígenas, expresa el compromiso cada vez creciente del gobierno de Evo Morales con las transnacionales de la minería, el petróleo, el agronegocio e, incluso, el narcotráfico.

Es significativo que en ambos países las organizaciones indígenas y sociales se opongan a gobiernos que se han autocalificado de izquierda y que gozan de un amplio reconocimiento a nivel mundial como gobiernos progresistas y críticos al neoliberalismo. También es significativa la forma por la cual ambos gobiernos, tanto Alianza País en el Ecuador, cuanto el Movimiento Al Socialismo, MAS, en Bolivia, se han confrontado a estas marchas y han utilizado todos los recursos del Estado para boicotearlas, deslegitimarlas, manipularlas, minimizarlas y, finalmente, reprimirlas. Son comunes los argumentos utilizados por ambos regímenes tanto para legitimarse a sí mismos cuanto para desacreditar a las organizaciones sociales, así como son parecidas las estrategias de cooptación, división social y confrontación con organizaciones o redes clientelares creadas por estos gobiernos.

Así por ejemplo, en Ecuador, Alianza País utiliza el respaldo de organizaciones relativamente pequeñas como la FEI, o la Red Agraria, para oponerlas a la CONAIE; moviliza también al sector público y a los receptores de las transferencias monetarias condicionadas, el Bono de Desarrollo Humano, para crear la sensación de un enorme y multitudinario apoyo a su favor. En Bolivia, el MAS llegó a inventarse un movimiento social, el CONISUR (Consejo Indígena del Sur), para confrontar a la CIDOB y la CONAMAQ y, de paso, incumplir con los compromisos que la VIII marcha en defensa del TIPNIS le había obligado a suscribir.

Ahora bien, es necesario referir y contextualizar estas marchas indígenas y sociales, que no solamente se producen en Ecuador y Bolivia sino en toda Abya Yala, al interior de las resistencias a los procesos de acumulación por desposesión que caracterizan al posneoliberalismo, es decir, aquel momento de la historia en el cual aparentemente en Abya Yala (América) se ha superado el neoliberalismo duro del Consenso de Washington para entrar, en cambio, en la privatización de los territorios, los recursos naturales y la criminalización social.

La presión extractivista de las transnacionales, sobre todo de la megaminería a cielo abierto y el agronegocio (soja transgénica, maíz transgénico, biocombustibles, etc.), está provocando una fuerte disputa sobre los territorios, los recursos naturales y la soberanía estatal. El despojo, la expropiación, y la violencia del extractivismo están generando el mismo miedo social y la misma pobreza que en su tiempo provocaron las políticas de shock del FMI.

El extractivismo, de otra parte, está transformando los sistemas políticos de la región hacia modelos de dominación política cada vez más autoritarios, violentos, panópticos y clientelares.

En esa dinámica, la criminalización social, la represión y la eliminación de las resistencias sociales, van de la mano del incremento del gasto fiscal en salud y educación, así como de un amplio abanico de transferencias monetarias condicionadas, creadas, además, desde el Banco Mundial (en Ecuador: Bono de Desarrollo Humano; en Bolivia: Bono Juancito Pinto).

Este proceso simultáneo de criminalización y asistencialismo clientelar, a veces se acompaña de una retórica nacionalista y de una fuerte crítica al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, por parte de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Una crítica que ha demostrado ser irrelevante cuando se trata de entregar los recursos naturales a las transnacionales. Sin embargo, esto ha conducido a que varios sectores de izquierda a nivel mundial, apoyen a estos gobiernos incluso en contra de las organizaciones sociales que luchan y resisten al extractivismo.

La marcha organizada por la CONAIE en Ecuador en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua, así como la marcha en defensa del TIPNIS que realizaron la CIDOB y la CONAMAQ en Bolivia, indican una recuperación del movimiento social y de sus posiciones críticas, y el fracaso de la intención gubernamental de adscribir a estas organizaciones y movimientos sociales a sus propias dinámicas. Estas marchas tienen varios puntos en común y están generando un proceso de transición política en Abya Yala, que es necesario señalar.

Uno de los primeros aspectos que comparten las organizaciones sociales de Bolivia y Ecuador es que sus movilizaciones han logrado arrebatar la iniciativa política a sus respectivos gobiernos y están llevando al debate político y sus definiciones por fuera de las coordenadas del liberalismo. Los movimientos sociales no esperan el tiempo electoral, ni tampoco confían en las instituciones del sistema político liberal (como el parlamento) para frenar al extractivismo, porque saben que la definición y disputa real se juega por fuera de los márgenes del sistema político.

Es una ingenuidad pensar que la acumulación del capital, sobre todo en su fase de desposesión y extractivismo, pueda contenerse solamente utilizando las instituciones liberales. En general, esas instituciones sirven para imponer las prioridades que nacen desde la acumulación del capital y casi siempre son de una sola vía, aquella que nace desde el poder. Precisamente por ello han recuperado la movilización, porque saben que fue con la movilización que pudieron frenar el neoliberalismo, e intuyen que será con la movilización que detendrán al extractivismo.

Empero, este cambio de las reglas de juego resiente a los gobiernos que quieren que la conflictividad social se procese desde las coordenadas disciplinarias del liberalismo. Estos gobiernos están plenamente conscientes del rol político que tiene la movilización, porque cuando estuvieron del otro lado de la orilla apostaron todo, precisamente, a la movilización social. Su constitución como opciones políticas nació con la movilización, por ello ahora pretenden controlarla y asumirla como prerrogativa propia. En virtud de que estos gobiernos nacieron desde la movilización y la resistencia al neoliberalismo, asumen que tienen patente de corso sobre la movilización social. Por eso, los gobiernos de Ecuador y Bolivia, han acusado a los movimientos sociales de estar respaldado por la CIA norteamericana, por la derecha oligárquica, por los grupos tradicionales de poder que utilizan al  movimiento social para restaurar el statu quo, etc. Todo con tal de evitar que la movilización social regrese nuevamente a los movimientos sociales.

Asimismo, han acusado a las organizaciones sociales de aprovechar las movilizaciones para posicionarse electoralmente y han negado validez a la agenda de los movimientos sociales, haciendo uso, de esta manera, de la misma retórica que utilizaban los regímenes neoliberales para desacreditar a las movilizaciones sociales. Han intentado, incluso, desprestigiarlas utilizando criterios racistas, sexistas, machistas y xenófobos. Los gobiernos “progresistas” de Ecuador y Bolivia tienen miedo cerval a la movilización social porque saben que éstas pueden generarles un vacío político cuyas consecuencias no quieren ni siquiera imaginar.

En ambos países, los gobiernos también han utilizado sus redes clientelares para movilizarlas en contra de los movimientos sociales y han tratado de provocarlos generando confrontaciones, para luego acusar al movimiento social de violento y, en consecuencia, deslegitimarlo y reprimirlo. De hecho, el gobierno de Bolivia ha acusado a las víctimas de la represión gubernamental durante la VIII Marcha en defensa del TIPNIS de ser ahora ellos los victimarios y los ha acusado de intento de homicidio (aunque no dicen a quién).

No obstante, tanto la CONAIE del Ecuador y sus aliados, cuanto la CIDOB y la CONAMAQ de Bolivia, han superado esa intención de sus respectivos gobiernos de que su movilización sea reducida a las coordenadas del liberalismo, y han sostenido su resistencia en el espacio que mejor conocen y procesan: la movilización social. Esa movilización tensa la cuerda del liberalismo y agota a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia y, al mismo tiempo, fortalece a los movimientos sociales.

Las movilizaciones sociales están recuperando nuevamente el sentido de la política como praxis histórica, pero en un nivel diferente porque una cosa era confrontar a regímenes expresamente neoliberales y otra a los gobiernos progresistas posneoliberales. Su tarea es quizá más compleja que antes porque tienen que demostrar que la adscripción a la izquierda que hacen estos gobiernos es solamente un simulacro del poder.

Una segundo punto común a ambos procesos es que al recuperar la agenda política y su discurso, los movimientos sociales están desalojando del espacio de la izquierda política tanto a Alianza País en Ecuador, cuanto al MAS en Bolivia, y de esta manera los están empujando hacia el centro político. Ahora bien, el centro solo existe desde la mirada de la derecha política. Se trata de una jugada importante porque estos regímenes se legitimaban, precisamente, en una ideología crítica al capitalismo y que establecía una relación simbólica importante con la historia de movilización, resistencia y lucha social de los movimientos sociales de ambos países.

La adscripción a la izquierda se convertía en un dispositivo ideológico fundamental para mantener la hegemonía política y movilizar a la población en función de sus prerrogativas. Este desplazamiento hacia el centro hace que la referencia a cualquier discurso de izquierda por parte de Alianza País en el Ecuador o el MAS en Bolivia, sea asumido más como un recurso de mercadeo y publicidad política que como un compromiso real. Esto implica que ambos partidos políticos no son ya una opción de cambio sino una solución de continuidad con el posneoliberalismo.

Un tercer punto en común está en la agenda que ambos movimientos sociales han logrado posicionar con fuerza: el modelo extractivista como eje central que caracteriza a estos gobiernos posneoliberales. Se discute ampliamente en Ecuador sobre la megaminería a cielo abierto y la defensa del agua gracias a la CONAIE y sus aliados. El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en esta discusión y como es lógico en un gobierno posneoliberal, defiende con ahínco y devoción a las corporaciones mineras transnacionales. En Ecuador, la CONAIE ha logrado provocar un amplio debate sobre el agua, la tierra y los territorios, en un contexto en el que existe una Constitución que, al menos teóricamente, le es favorable. De esta forma, la CONAIE ha recuperado su rol político de subrayar aquellos temas del debate político que son prioritarios para el país. La agenda de la política regresa, nuevamente, hacia los movimientos sociales.

En Bolivia, la defensa del TIPNIS ha creado las condiciones para que los movimientos sociales sitúen el debate en un contexto más geopolítico. La defensa del TIPNIS se hace en contra de la IIRSA y de las pretensiones geopolíticas de la burguesía brasileña (de hecho, la empresa que construirá la carretera en el TIPNIS es la brasileña OAS). El movimiento social boliviano, sobre todo luego de las movilizaciones en contra del presidente Morales que pretendía aplicar un ajuste macrofiscal en el mismo estilo de aquellos aplicados por el FMI, incrementando el precio de la gasolina, en diciembre de 2010, ha comprendido que en el momento posneoliberal la resistencia es, básicamente, geopolítica. Es ésta una dimensión aún ausente en el movimiento social ecuatoriano.

Un cuarto punto en común a ambos procesos hace referencia a la forma por la cual se interrogan sobre el futuro político. ¿Cuáles son las opciones luego de Correa en Ecuador y Morales en Bolivia? Poco a poco, los movimientos sociales empiezan a comprender que las opciones reales no pasan necesariamente por el sistema político liberal; comprenden también que ese sistema político, a pesar de todas las referencias a la democracia y a la participación, en realidad debe ser comprendido siempre como un sistema de dominación. Ahora entienden que la democracia quizá se encuentre por fuera de ese sistema político liberal. Esta comprensión de la democracia como una apuesta por descolonizarla del liberalismo, es correlativa a aquella otra constatación de que el desarrollismo que hacen gala los gobiernos progresistas de la región, es otra expresión de la acumulación por desposesión del capitalismo. Ni desarrollismo económico ni democracia liberal, sino democracia social y comunitaria, y Buen Vivir. Alianza País en Ecuador, y el MAS en Bolivia, no son alternativas al desarrollismo, en realidad expresan otras formas de desarrollismo y liberalismo, vale decir, capitalismo.

Es por ello que se ha suscitado un fuerte debate sobre las propuestas emancipatorias de los movimientos sociales. En Bolivia se ha tratado de trivializar y banalizar la propuesta emancipatoria del movimiento indígena etiquetándola como pachamamismo. En Ecuador también se ha producido ese debate en contra del concepto del sumak kawsay (Buen Vivir). Sin embargo, los movimientos sociales comprenden claramente que el extractivismo y el desarrollismo son incompatibles con el Buen Vivir, cualquiera sea su definición, y que mientras más avance el extractivismo más en peligro está la supervivencia de la vida humana, lo que recuerda las derivas biopolíticas del posneoliberalismo, de ahí que en ambos países una consigna común del movimiento social sea la defensa de la vida.

Los movimientos sociales también comprenden que en el liberalismo los gobiernos, de forma independiente de su color político que, incluso, puede tener los colores de la wiphala (el arcoiris), ahora está del lado del poder, y que ese poder apuesta con todo por la violencia y la desposesión extractiva. En los movimientos sociales de Ecuador y Bolivia, hay una percepción cada vez más clara que Rafael Correa y Alianza País, así como Evo Morales y el MAS, son los rostros que asume el nuevo poder, son las nuevas amenazas a la vida, a la soberanía y a la paz. En estos dos países, gracias a los movimientos sociales, radican las esperanzas más firmes del movimiento social de continente por superar el momento posneoliberal y las tentaciones de los gobiernos progresistas.

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Jorge Enrique Adoum escribió en 1970 “El Sol Bajo las patas de los Caballos” donde trata sobre la conquista española en los Andes. El libro hace referencia al fin de una civilización solar: a una sociedad agrícola, derrotada por el poderío europeo con una tecnología de guerra que los pueblos andinos no conocían: las armas de fuego. Ahora el sol está a punto de volver a caer bajo los cascos de nuevas tecnologías, desconocidas para la mayoría de la humanidad: la geoingeniería.

La mayoría de la vida en la tierra depende de la capacidad que tienen las plantas, las algas y las cianobacterias de usar la energía del sol para transformar el CO2 atmosférico en alimentos (hidratos de carbono) y Oxígeno, a través del proceso de la fotosíntesis. Estos son lo únicos organismos capaces de elaborar su propio alimento; todos los otros seres vivos dependen de los alimentos elaborados por los organismos fotosintéticos. La respiración de todos los seres vivos, junto con la descomposición orgánica (hecha por bacterias y hongos), permite que el Carbono biológico vuelve a la atmósfera, aunque una porción queda fijada en los tejidos de los seres vivos y en el suelo.

Se estima que en ausencia de la interferencia humana, cada 20 años hay una renovación total del Carbono atmosférico. El Carbono se almacena en tres grandes depósitos: terrestre (20.000 Gt), atmósfera (750 Gt) y océanos (40.000 Gt). A pesar de que el reservorio atmosférico de carbono es el menor de los tres, este es el que determina el clima terrestre. Ahora, debido a las actividades de la civilización petrolera, existe demasiado CO2 (fósil) en la atmósfera lo que ha conducido al calentamiento global. Para enfriar al globo planetario, la geoingeniería propone reducir la cantidad de luz solar que entra al Planeta.

ALTERANDO EL CICLO DEL CARBONO

Los océanos representan el mayor depósito de carbono, y a través de procesos químicos hay un traspaso de CO2 a la atmósfera, estableciéndose un delicado equilibrio entre las capas superficiales del océano y el aire superficial. La cantidad de CO2 que el océano absorbe depende de la temperatura (siendo mayor la absorción cuando la temperatura es más baja) y de la concentración.

El fitoplancton absorbe grandes cantidades de CO2, y este es consumido por el zooplancton en sólo algunos días. Un porcentaje del carbono es acumulado en el fondo del mar, cuando las conchas del zooplancton compuestas de carbonato de calcio, se depositan en el fondo tras su muerte; y otro porcentaje, generado en los procesos biológicos de los organismos marinos, sube a la atmósfera.

Lo que se quiere ahora es alterar este balance por medio de limitar el ingreso de energía solar a la Tierra para enfriarla, pero al mismo tiempo, se limitaría el proceso de la fotosíntesis. Hay al menos dos formas de hacerlo:

Una de las propuestas en experimentación, es el llamado “blanqueando las nubes” (o modificación de la reflectividad de las nubes) que tiene como objetivo incrementar el albedo, es decir la reflectividad de la superficie terrestre; la energía reflejada desde la Tierra al universo.

Entre mayor es el albedo, mayor es el retorno de energía de la Tierra al universo y menor la cantidad de energía radiante solar disponibles para la consecución de la vida en el Planeta.

Esta es una propuesta absurda, pues mientras que por un lado el Planeta se enfriaría por la menor incidencia de energía solar, por otro lado, se calentaría porque habría menor posibilidad que las plantas y las algas hagan fotosíntesis y capturen el CO2 atmosférico, pero es sobre todo peligroso porque afecta el albedo.

El multimillonario Bill Gates es uno de los que apoya esta iniciativa a través de un financiamiento a un grupo de investigación en San Francisco llamado Silver Lining. El principio a través del cual funciona este proyecto es que las nubes se forman a través de partículas (aerosoles) lo suficientemente pequeñas como para mantenerse en suspensión en el aire llamadas “núcleos de condensación de nubes”. Silver Lining está desarrollando máquinas que conviertan el agua del mar en partículas microscópicas capaces de ser lanzadas a 1.000 metros. Lo que aumentaría los núcleos de condensación de nubes, la formación de nubes y por lo tanto el albedo.

Un primer “ensayo” supondría poner en el mar diez barcos que afectarán 10.000 kilómetros cuadrados de océano. La máquina puede extraer diez toneladas de agua marina por segundo. De acuerdo a información proporcionada por el Grupo ETC, uno de los lugares donde se haría las primeras pruebas sería en el Pacífico, frente a Ecuador (el país de los derechos de la naturaleza), Perú y Chile.

Otra propuesta en la misma línea consiste en bombardear a la estratósfera millones de aerosoles de sulfato para incrementar la formación de nubes. La introducción de grandes cantidades de sulfato en el aire pretende replicar de manera artificial a las erupciones volcánicas: se genera gran cantidad de substancias contaminantes que hacen opaco el cielo, propician la creación de nubes, y enfrían un lugar, al menos regionalmente. La intensión es crear este ambiente volcánico a nivel más generalizado, para que tengo un impacto en el clima planetario.

En los océanos, el dimetil sulfuro es la más importante fuente de formación de núcleos de formación de nubes. Esta una molécula es producida por el fitoplancton oceánico, pero que puede llegar a ser muy contaminante en condiciones de desequilibrio ecológico. Por ejemplo es responsable de las lluvias ácidas en zonas altamente industrializadas en las que se generan contaminantes en base a sulfuro. La presencia de grandes cantidades de sulfuro, más allá de la capacidad biológica de reciclarlo, afectará la vida en los océanos. Y constituiría una fragante violación a los derechos de la naturaleza, pues la vida sobre la Tierra depende del flujo de energía procedente del Sol. Aunque sólo una pequeña fracción de la energía solar que alcanza a la Tierra se transforma en la energía que impulsa todos los procesos vitales, es la cantidad suficiente para que continúe la vida en el Planeta.

James Fleming describe esta tecnología como una declaración de guerra a la estratosfera. Se necesitará un bombardeo constante de partículas para poder regular el clima a largo plazo y a nivel planetario.

Los científicos que están jugando con el clima no pueden predecir los impactos que estos cambios pueden generar en los procesos biológicos, la estructura de los ecosistemas y sus funciones (que también están “protegidos” por la Constitución del Ecuador).

¿Cuál es la motivación que está atrás de estos peligrosos experimentos?

En su obra sobre la conquista española Adoum hace que uno de sus personajes le pregunte a un soldado:

Por qué está usted en esta guerra a miles de kilómetros de su país?

Y el soldado le responde:

Porque me pagan mejor que en cualquier otro sitio.

Hoy hay miles de millones de dólares atrás del negocio del cambio climático.

GEOINGENIERÍA Y DERECHOS DE LA NATURALEZA

Estas nuevas tecnologías surgen con fuerza casi en paralelo con uno de los principales aportes que hace el Ecuador a la historia de la humanidad: el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

¿Qué relación hay entre estos dos eventos?, pues que la geoingeniería viola los derechos de la naturaleza, tal como están estipulados en la Constitución ecuatoriana. Veamos lo que dice el artículo 72.

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derechos a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.

En los casos que hemos visto, estas tecnologías estarían atentando al ciclo del Carbono. Y dado que los experimentos que se están haciendo rebasa los límites nacionales, los derechos de la naturaleza deberían ser universales.

Por Elizabeth Bravo

Fuentes:

Constitución de Ecuador. 2008

http://www.handsoffmotherearth.org/2010/05/bill-gates-funds-field-trial-global-coalition-urges-immediate-halt-to-geoengineering/

James Fleming. The Climate Engineers. The Wilson Quarterly. Primavera 2007
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La transnacional petrolera Texaco-Chevron provocó daños irreparables en la Amazonía ecuatoriana. En un histórico fallo, la justicia ecuatoriana la ha condenado a pagar a los afectados más de 8.000 millones de dólares por contaminación y compensación. Las comunidades y los pueblos celebran esa decisión judicial, aunque consideran que la compensación por los daños es insuficiente. Esto ocurre a pesar de los poderosos lobbies internacionales de Chevron, que intentaron deslegitimar al país y al gobierno, y que sistemáticamente pidieron al Congreso y al Senado estadounidenses excluir al Ecuador del sistema de preferencias arancelarias, como una retaliación.

Es importante indicar que hay daños cuantificables y otros que no lo son. En economía hay distintos lenguajes para denominar a los daños ambientales: externalidades: “fallos de mercado”, "deseconomías", pasivos, etc.

Las externalidades son los efectos negativos –también pueden ser positivos- provocados por las actividades de producción o consumo, no incorporados en los precios de mercado. Por ejemplo, la contaminación de mercurio por la actividad minera (externalidad negativa), un paisaje bonito (externalidad positiva).

La ‘internalización’ de las externalidades consiste en asignar un precio de mercado a los daños o beneficios ambientales. Esto supone que se pueden valorar de forma monetaria los daños o beneficios ambientales. Esto es parcialmente cierto. El juicio contra la Texaco Chevron nos demuestra que es posible cuantificar parte de los daños, y que además se los puede judicializar, pese a las presiones de las empresas transnacionales.

Pero otros daños ambientales no son cuantificables. La desaparición de biodiversidad no se puede contar en dinero (no hay reconstrucción ni reparación posibles). No se pueden recuperar las ranas y otros anfibios del Yasuní que se pierdan para siempre. Hay valores que no tienen precio. Uno de los iniciadores de la Economía Ecológica, William Kapp, afirma que los daños ambientales no sólo son el resultado de fallas de mercado, sino que estos impactos provocan un traslado “exitoso” de costos hacia quienes tienen menos poder de mercado. Este es el caso, por ejemplo, del tratamiento de los desechos o residuos tóxicos y radioactivos que los países ricos tratan de depositar en países con menores estándares ambientales. 2

¿Quién y dónde se colocan los precio de las externalidades? Los juicios contra la Shell en Nigeria y Chevron Texaco en Ecuador son ejemplos de que los pueblos buscan resarcir sus daños históricos.

A inicios de la década pasada, ya se planteó no replicar los costos ambientales y sociales de la extracción petrolera en la Amazonía Norte del Ecuador. Los costos sociales y ambientales de extraer el petróleo son enormes, en términos monetarios (sísmica, transporte, etc.). Esto sin contar con los pueblos indígenas desaparecidos o la pérdida de biodiversidad.

¿Existen tecnologías limpias para evitar los daños ambientales? Claro que sí, existen mejores tecnologías para la extracción. Pero no existen tecnologías proteicas que evitarían cualquier daño social y ambiental, en particular en zonas ricas en biodiversidad y sensibles en términos ecosistémicos. Por ello, es mejor aplicar el principio de precaución: ante el desconocimiento de los riesgos, es mejor no emprender proyectos que podrían generar una enorme destrucción. En este contexto, la iniciativa Yasuní- ITT cobra nuevas fuerzas y resulta más relevante. Al dejar el petróleo en tierra, el Ecuador renuncia a un ingreso económico grande, pero, a cambio, proporciona bienes para toda la humanidad. Esta es la esencia de la corresponsabilidad internacional. Como Galápagos desde Charles Darwin, el Yasuní es la historia viva del Planeta. La defensa de la Amazonía, de sus culturas, pueblos y biodiversidad, adquiere ahora un significado y una acción integral.

Notas:

2 Basta recordar el ignominioso memorando de Lawrence Summers, en el cual recomienda colocar los residuos tóxicos en los países que tienen menor ingreso por habitante, ya que éstos tienen una menor expectativa de vida.
Fander Falconí es Ex Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador. Doctor en Economía Ecológica. Coordinador del doctorado de economía del desarrollo de FLACSO- Sede Ecuador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Jueves, 27 Enero 2011 06:16

¿Se está muriendo la Naturaleza?

Es misterioso y todavía no hay explicación científica: desde los últimos días del año pasado se registran muertes casi simultáneas de peces, aves y otras especies en cuatro continentes. El primero de estos fenómenos que se hizo público aconteció en Maryland, a fines de diciembre: dos millones de peces aparecieron muertos en las playas de la bahía de Chesapeake. Días después, en Arkansas: amanecieron 5000 mirlos muertos en las calles y 200.000 peces muertos en el río Arkansas. Noticias parecidas comenzaron a venir de diferentes rincones del mundo.

En la playa inglesa de Thantet, condado de Kent, se encontraron estrellas de mar, cangrejos, esponjas, langostas, caracoles y anémonas sin vida; en Nueva Zelanda, centenares de peces y decenas de pingüinos; en el sur de Vietnam, 150 toneladas de peces; pulpos en el puerto de Vila Nova, Portugal, centenares cada mañana desde el 3 de enero; 400 tórtolas caídas de los árboles, muertas, en Faenza, al norte de Italia, el 6 de enero; pérdidas similares en Argentina (100 toneladas de peces en el río Paraná), Brasil (15 toneladas de sardinas, corvinas y peces gato), en Chile (más de un millón y medio de langostinos en la playa de Quenchi, Chiloé), en Canadá, Alemania y otros países. Son hechos que se han registrado antes. Lo que hoy llama la atención es su coincidencia en el tiempo.

Abundan las explicaciones más diversas de esta supuesta anomalía, aunque lo cierto es que las investigaciones no han arrojado resultados firmes. Más bien al revés: despiertan nuevas preguntas. ¿Una suerte de envenenamiento general? No se han hallado hasta ahora elementos que confirmen esta hipótesis. ¿El uso de pesticidas? Esto se podría aplicar a las aves, difícilmente a los peces. Hay inferencias místicas: se acerca el año 2012, portador del Apocalipsis. Otras son francamente disparatadas. Un veterinario sueco explicó así las muerte de unos cien grajos en Suecia: “Nuestra teoría principal es que los fuegos artificiales asustaron a las aves y éstas se posaron en la ruta, pero el cansancio les impidió levantar vuelo y las atropelló un coche” (www.rawstory.com, 5-1-11). Debe haber sido un automóvil formidable.

Algunos expertos proponen que la causa radica en la brecha abierta en el polo norte del campo magnético de la Tierra, que la envuelve y protege de los vientos solares y de la caída de asteroides y otros objetos que vagan en el espacio (//earthfrenzyradio.com, 6-1-11). Para las aves, va. ¿Y los peces? El vocero de la Comisión de Pesca de Arkansas, Keith Stephens, opina que los peces tambor que terminaron en Chesapeake podrían haber sido víctimas de una enfermedad, dado que todos pertenecían a la misma especie. No deja de ser una especulación. También se menciona el calentamiento global y es bien probable que todos esos factores influyan. Pero el problema de base radica en otro lugar.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) acaba de dar a conocer una lista de las diez especies que corren el mayor peligro de extinción: el tigre, el oso polar, el gorila de la montaña, el pingüino magallánico, el rinoceronte de Java, entre otras (www.tlegraph.co.uk, 25-1-11). Son víctimas desde hace años, siglos, de la depredación humana. La tortuga laúd, la más grande de todas, que ha logrado sobrevivir 100 millones de años sobre este planeta, está diezmada por la caza y su hábitat corre peligro por el aumento del nivel de los mares. Hay peces cuyo destino es convertirse en sushi: “Un solo ejemplar de atún rojo se subastó en Tokio al precio record de 32,49 millones de yenes, aproximadamente 400.000 dólares por un solo pescado” (www.treehugger.com, 15-1-10). ¿Cuánto tiempo le quedará al atún rojo antes de desaparecer?

Unas 900 especies vegetales y animales se han extinguido en los últimos 500 años, según una infografía del sitio Mother Nature Network, y más de otras 10.000 corren el peligro de seguir su suerte (www.mnn.com, 5-3-10). Pero es de un siglo a esta parte que este lance se acelera: la acción del hombre es más rápida que el ritmo de reproducción natural de la flora y la fauna. La ballena gris no está precisamente a salvo y tampoco ecosistemas como el mayor arrecife de coral del mundo, la Gran Barrera de Coral, a veces calificada como el ser animal vivo más grande del planeta. Ubicado frente a la costa australiana de Queensland, se extiende a lo largo de 2600 kilómetros y es visible desde el aire. La Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1981, pero no faltan los que prefieren el patrimonio propio.

La súbita muerte de aves y de peces era en la antigüedad un presagio seguro de catástrofe que no siempre se cumplía. En el siglo XXI es una realidad tangible. La Naturaleza, ¿se muere o la están matando?

Por Juan Gelman
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Un cataclismo ambiental, social y humano se ha abatido en la segunda semana de enero sobre las tres ciudades serranas del Estado de Río de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis y Nueva Friburgo, con cientos de muertos, destrucción de regiones enteras y un inconmensurable sufrimiento de quienes perdieron familiares, casas y todos sus haberes. Sus causas más inmediatas han sido las lluvias torrenciales propias del verano, y la configuración geofísica de las montañas, con poca capa de suelo sobre el cual crece una exuberante floresta subtropical, asentada sobre inmensas rocas lisas, que a causa de la infiltración de las aguas y el peso de la vegetación provocan frecuentemente deslizamientos fatales.
 
Se culpa a las personas que ocuparon las áreas de riesgo, se incrimina a los políticos corruptos que distribuyeron terrenos peligrosos a la gente pobre, se critica al poder público que se mostró indolente y no hizo obras de prevención por no ser visibles y no atraer votos. En todo esto hay mucha verdad, pero la causa principal de esta tragedia avasalladora no reside en eso.
 
La causa principal deriva del modo como solemos tratar a la naturaleza. Ella es generosa con nosotros, pues nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir, pero en contrapartida la consideramos como si fuera un objeto del que podemos disponer a capricho, sin sentido de responsabilidad por su preservación y sin que le demos retribución alguna. Al contrario, la tratamos con violencia, la depredamos, arrancando todo lo que podemos de ella para nuestro beneficio. Y encima la convertimos en un inmenso basurero de nuestros desechos.
 
Todavía peor aun: no conocemos su naturaleza ni su historia. Somos analfabetos e ignorantes de la historia que se realizó en nuestros lugares a lo largo de millares y millares de años. No nos preocupamos de conocer su flora ni su fauna, las montañas, los ríos, los paisajes, las personas significativas que vivieron ahí, artistas, poetas, gobernantes, sabios y constructores.
 
Somos en gran parte todavía deudores del espíritu científico moderno que identifica la realidad con sus aspectos meramente materiales y mecanicistas sin incluir en ella la vida, la conciencia y la comunión íntima con las cosas que los poetas, músicos y artistas nos evocan en sus magníficas obras. El universo y la naturaleza tienen una historia que está siendo contada por las estrellas, por la Tierra, por la afloración y la elevación de las montañas, por los animales, por los bosques y selvas, y por los ríos. Nuestra tarea es saber escuchar e interpretar los mensajes que nos mandan. Los pueblos originarios sabían captar cada movimiento de las nubes, el sentido de los vientos, y sabían cuando venían o no trombas de agua. Chico Mendes con quien participé en largos recorridos por la selva amazónica de Acre sabía interpretar cada ruido de la selva, leer las señales del paso de la onza en las hojas del suelo, y con el oído pegado a la tierra conocer la dirección que llevaba la manada de peligrosos cerdos salvajes. Nosotros hemos olvidado todo eso. Con el recurso de las ciencias leemos la historia inscrita en las capas de cada ser, pero este conocimiento no ha entrado en los currículos escolares ni se ha transformado en cultura general. Antes bien, se ha vuelto técnica para dominar la naturaleza y acumular.
 
En el caso de nuestras ciudades serranas es natural que haya lluvias torrenciales en el verano. Siempre pueden ocurrir desmoronamientos de las laderas. Sabemos que ya se ha instalado el calentamiento global que hace estos sucesos más frecuentes y más intensos. Conocemos los valles profundos y los riachuelos que corren por allí. Pero no escuchamos el mensaje que nos envían, que es no construir casas en las laderas, no vivir cerca del río, y preservar celosamente la vegetación de las riberas. El río tiene dos lechos: uno normal, menor, por el cual fluyen las aguas corrientes y otro mayor por donde se vacían las grandes aguas de las lluvias torrenciales. En esta parte no se puede construir ni vivir.
 
Estamos pagando un alto precio por nuestro descuido y por la destrucción de la Mata Atlántica que equilibraba el régimen de lluvias. Lo que se impone ahora es escuchar a la naturaleza y hacer obras preventivas que respeten el modo de ser de cada ladera, de cada valle y de cada río.
 
Sólo controlamos la naturaleza en la medida en que la obedecemos, sabemos escuchar sus mensajes y leer sus señales. En caso contrario tendremos que contar con tragedias fatales evitables.
 
Por Leonardo Boff, Teólogo y filósofo
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Jueves, 16 Diciembre 2010 18:38

Buen Vivir: un necesario relanzamiento

La idea del Buen Vivir ganó amplia difusión en los últimos años. Representa tanto la disconformidad con la marcha del desarrollo convencional, como la búsqueda de cambios sustantivos bajo nuevos compromisos con la calidad de vida y la protección de la Naturaleza.
 
Antes que un concepto acabado, el Buen Vivir expresa un proceso, una construcción paulatina donde intervienen una amplia variedad de voces. Por lo tanto existen distintas versiones, cada una de ellas con sus énfasis y respondiendo a coyunturas específicas. Nadie puede reclamar obediencia a un decálogo, y todavía hay mucho camino para recorrer. Esta diversidad no es necesariamente un aspecto negativo, ya que permite nutrirse de los mejores aportes de cada corriente, y a la vez revitaliza el debate sobre las políticas en desarrollo. Además, estos primeros pasos han tenido efectos positivos concretos, y el mejor ejemplo es el reconocimiento de esta idea en las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia.
 
En esta diversidad de voces de todos modos existen coincidencias en varios aspectos esenciales. Por ejemplo, el Buen Vivir es ostensiblemente una crítica a las ideas del desarrollo convencional que defiende el crecimiento económico perpetuo, obsesionado con la acumulación material, y que celebra la mercantilización de la Naturaleza. El bienestar de las personas aparece como una preocupación central, y no se espera que resulte apenas del derrame económico del crecimiento de las economías.
 
También es una construcción multicultural. Los aportes de las cosmovisiones de algunos pueblos indígenas han sido muy importantes, tanto al romper con muchos de los problemas anclados en la Modernidad europea, como en permitir que se expresaran saberes subordinados y marginados por mucho tiempo. Por ejemplo, desde allí se renovaron las discusiones sobre el bienestar y la calidad de vida, o sobre las comunidades y sus territorios.
 
Finalmente, el Buen Vivir alberga otra postura sobre el ambiente, reconociéndose los derechos de la Naturaleza, tal como sucedió en Ecuador. Y esto no es una mera adición de un derecho más, sino que implica un cambio radical en cómo se reconocen los valores frente a lo que nos rodea, donde el ambiente se convierte en un sujeto.
 
Esta breve enumeración no pretende brindar una definición del Buen Vivir, ni agotar las dimensiones en juego, sino que tan solo apunta a dejar en claro que en esa diversidad de posiciones, poco a poco se está construyendo un consenso. Esos acuerdos implican un cambio radical sobre nuestras ideas acerca del desarrollo. Es que el Buen Vivir no es solamente uno más entre otros “desarrollos alternativos”, sino que pone en discusión toda la base conceptual del desarrollo occidental.
 
Pero a pesar de todas estas potencialidades, el proceso de construcción del Buen Vivir parecería que se está enlenteciendo y asoman algunas amenazas. Un primer conjunto de problemas reside en banalizarlo. Desde un extremo hay críticas conservadoras, con un retrogusto neoliberal, que consideran todo esto como meras reivindicaciones indigenistas, que fomentan la haraganería y llevarían a nuestros países al atraso. En el medio están unos cuantos académicos, en especial en la economía, quienes ven esta problemática como muy alejada de sus cátedras o investigaciones. Finalmente, desde otro extremo, se lo reduce a meros planes asistencialistas, tal como acontece en Venezuela, con una tarjeta plástica gubernamental, idéntica a una de crédito, pero que tiene una etiqueta sobre el vivir bien.
 
El Buen Vivir no es ni lo uno ni lo otro. Nadie postula regresar a sociedades de cazadores recolectores viviendo en la selva, sino que se exige poner el centro de atención en la calidad de vida de las personas, y no en el aumento del PBI. No es un slogan alejado de una reflexión rigurosa, sino que poco a poco se nutre de bases conceptuales complejas, que incluyen aportes que van desde la economía post-material a la antropología ecológica. Tampoco se desprecia el saber tradicional, sino que se apoya en él con respeto e incorpora sus lecciones, como pueden ser sus prácticas agroecológicas o la reciprocidad. De la misma manera, el Buen Vivir es mucho más que pagar bonos asistencialistas, ya que reclama cambios profundos en las dinámicas económicas, las cadenas productivas y la redistribución de la riqueza.
 
Otro conjunto de problemas que está deteniendo esta temática giran alrededor de las interacciones entre grupos no-gubernamentales y el Estado. Algunos actores de la sociedad civil enfrentados con un gobierno, abandonan los espacios de debate sobre el Buen Vivir, al entender que este tema ha sido acaparado y controlado por agencias estatales. Sus discrepancias se expresan en abandonar el debate. Como espejo de esta situación, hay actores gubernamentales que parecería que ya todo lo saben y no toleran la crítica, y de ese modo cercenan el diálogo con la ciudadanía, sin ofrecer oportunidades para avanzar colectivamente en la construcción del Buen Vivir. Aquí, la suficiencia estatal es la que impide el debate.
 
Una vez más encontramos extremos que están impidiendo avanzar en la construcción de las ideas sobre el Buen Vivir. Por un lado, guste o no, el Estado es un espacio clave en la construcción de este concepto, por lo que es necesario incidir en su seno; por otro lado, los funcionarios gubernamentales deberían reconocer que marginar la sociedad civil solo resultaría en ideas empobrecidas y sin mucha legitimación social.
 
Es necesario reaccionar contra todos estos problemas, sea la banalización del Buen Vivir, o la disolución de los espacios colectivos de construcción. Es tiempo de re-apropiarse de las discusiones sobre el Buen Vivir, y volver a lanzarlo. Es una tarea necesaria tanto en el ámbito de la sociedad civil como en él de la sociedad política, y unos y otros se necesitan mutuamente. Esta es una idea que no tiene dueños, y donde todos tienen algo para aportar, y en varios casos esta tarea se está volviendo urgente.
 
Esto es particularmente urgente en Bolivia y Ecuador, donde el Buen Vivir aparece en sus Constituciones. Es necesario precisar esas formulaciones, y explorar las formas de implementación, seguimiento y evaluación. En el caso ecuatoriano, la aprobación de un plan nacional sobre el Buen Vivir, con metas futuras post-extractivistas, es un gran paso adelante, pero a la vez obliga a precisar los contenidos de las futuras etapas que propone, y por lo tanto la tarea aquí es más exigente, y el concurso de todos se vuelve indispensable. Un debate similar está en marcha en Perú, pero sorprendentemente la situación se ha vuelto más compleja en Bolivia. En este país, en el último plan de desarrollo prevalecen las estrategias convencionales.
 
Mucho más atrás se encuentra el debate en otros países, como por ejemplo Argentina, Brasil o Uruguay, donde los éxitos exportadores refuerzan visiones convencionales del desarrollo, y los espacios para discutir el Buen Vivir son muy estrechos. La situación en estos países refuerza todavía más la relevancia del debate sobre el Buen Vivir en Ecuador, Perú o Bolivia. Lo que en ellos suceda, sea en su éxito o en su fracaso, influirá directamente en las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de los demás países. Por todas estas razones, es indispensable relanzar el debate sobre el Buen Vivir, y éste deberá contar con todas las voces.
 
Por Eduardo Gudynas, investigador principal en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).
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