El Gobierno panameño sacará petróleo en el Tapón de Darién, fronterizo con Colombia. Los críticos alertan del riesgo medioambiental.

El Tapón de Darién, una muralla natural de casi 21.000 kilómetros cuadrados de tupida vegetación, jungla, pantanos, montañas y múltiples accidentes geográficos que comparten Colombia y Panamá y que impide que el sur y el norte de América se unan por la Carretera Interamericana, está ahora en la mira de empresas petroleras tras convertirse en base de narcotraficantes, 500 años después de ser descubierto y recorrido por el conquistador español Vasco Núñez de Balboa.

En la culminación de una secuencia de hechos que se remonta a 2010, la Asamblea Nacional de Panamá reformó el 27 de agosto una ley de 1987 para otorgar incentivos fiscales al sector privado para explorar y explotar petróleo en todo el territorio. En mayo de 2010, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirmó que "en Panamá hay petróleo en el área de Darién. Estamos haciendo los estudios y hemos confirmado que las mismas vetas de Colombia llegan a Panamá".

El 23 de agosto de 2011, la Secretaría de Energía de Panamá reveló que de acuerdo con un estudio contratado en 2010 a la compañía estadounidense OTS Latin America LLC, valorado en 400.000 dólares y financiado por la multinacional paraestatal Corporación Andina de Fomento (CAF), en Darién hay reservas por 900 millones de barriles de petróleo. El Estado panameño recibiría más de 20.000 de dólares millones en ganancias por los 90.000 millones que generaría la inversión de las petroleras, según los cálculos del informe. Petroleras de Estados Unidos, Colombia, Brasil, México y Europa han mostrado interés en participar en las posibles licitaciones.

El diputado Raúl Hernández, del gobernante Partido Cambio Democrático, ha afirmado que la nueva ley "prepara mejores condiciones" para que Panamá fomente y regule la exploración y explotación de yacimientos de petróleo. La meta, según el legislador, es que las empresas contratistas "paguen canon de arrendamientos en tierra firma como en aguas interiores y en el mar un cano superficial".

Los efectos ambientales son la cara B de la cuestión. "El riesgo de someter al Darién a la exploración y explotación de petróleo es muy grave", advirtió la ambientalista panameña Raisa Banfield, directora ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible, organización no estatal de ese país. "Los bosques del Darién representan un pulmón importante: son el segundo pulmón más importantes del continente después del Amazonas y junto con el de la Biosfera Maya, en El Petén en Guatemala", explicó Banfield a este diario.

"Justo en las costas donde se pretende explorar también hay una riqueza de biodiversidad enorme. De ahí depende la pesca en el Pacífico panameño. Es decir, los valores ecológicos en riesgo son muchísimos, sin mencionar a todo el desplazamiento a que serían sometidas las comunidades mayoritariamente humildes, campesinas e indígenas, por la exploración petrolera", añadió.

Un alegato es que Panamá debe reducir su dependencia de petróleo importado, recordó. El monto de la factura de petróleo de Panamá pasó de 447 millones en 2000 a 2.250 millones en 2012, según cifras oficiales.

Es contradictorio, insistió, que el gobierno impulse la producción y consumo de etanol para mejorar la calidad ambiental, pero con el plan del petrolero "somete al país a la vulnerabilidad de sus ecosistemas. Es mero interés comercial y no obedece a un desarrollo sostenible. Es más el daño que tendremos versus el beneficio". Este diario solicitó, sin éxito, una opinión de la Secretaría sobre los reiterados cuestionamientos ambientales.

Sin embargo, la panameña Renza Samudio, siendo directora de Hidrocarburos de la Secretaría, alegó el 13 de septiembre de 2011, citada por el diario La Prensa, de la capital panameña, que la explotación se realizaría "fuera de las zonas naturales protegidas" del Darién e identificó dos cuencas del Tapón en el Pacífico como objetivos del plan petrolero: Garachiné-Sambú y Bayano-Chucunaque-Atrato.

El área protegida del Darién es de 5.790 kilómetros cuadrados en el lado panameño. La cuenca de Garachiné-Sambú es de 7.410 kilómetros cuadrados y la de Bayano-Chucunaque-Atrato tiene 7.630 kilómetros cuadrados, según datos oficiales.

"Debió de existir una consulta pública, porque se afectarán derechos de terceros", adujo el abogado panameño Harley Mitchell, exdirector legal de la Autoridad del Ambiente de Panamá. "Las exploraciones petrolíferas vienen acompañadas de la necesidad de expropiaciones, de remover recursos naturales en el área superficial de los yacimientos, del uso de agua en proporciones que las poblaciones no están acostumbradas y otros asuntos que afectan la vida de la gente que está cerca de estos yacimientos", dijo Mitchell a EL PAÍS.

Colindante con los océanos Atlántico y Pacífico, el Tapón se extiende del norte de los departamentos colombianos del Chocó y Antioquia a la oriental provincia panameña del Darién y a comarcas indígenas y comunidades. La zona fue recorrida por Núñez de Balboa en la expedición que el 25 de septiembre de 1513 le permitió ser el primer europeo en avistar el Mar del Sur, hoy Océano Pacífico, en uno de los principales descubrimientos de la conquista española en el Nuevo Mundo.

Una grave amenaza que en los últimos años golpeó a la remota selva es que ha sido santuario de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y punto de acopio y pasadizo de droga transportada por mar y tierra de Colombia en ruta a México y Estados Unidos, vía Centroamérica. La primera plantación de hoja de coca en suelo centroamericano fue hallada en un operativo de soldados colombianos y policías panameños en junio anterior en el Darién, junto a un laboratorio artesanal para producir cocaína.

Desde sus inicios, el movimiento ecologista ha tenido dos vertientes o versiones. Una asume que el mayor problema que tiene la humanidad debido al deterioro del medioambiente se debe al crecimiento demográfico que, al generar el consumo de más y más recursos, llegará a determinar un deterioro total del medioambiente, que será inhabitable.
 

El autor más conocido de esta versión (que fue homenajeado por el gobierno de la Generalitat en 2009), que podríamos llamar malthusiana, es Paul Ehrlich que terminaba su famoso libro The Population Bomb con este párrafo “La causa más importante del deterioro ambiental a nivel mundial es fácil de ver. La raíz del problema es que cada vez hay más coches, más fábricas, más detergentes, más pesticidas, menos agua, demasiado dióxido de carbono, resultado de que hay demasiada población en el mundo”.

 
De esta explicación de la crisis medioambiental, Paul Ehrlich deriva su propuesta de solucionarla centrándose en controlar el tamaño de las poblaciones e intentar reducir su crecimiento. Esta versión aparece de muchas maneras y con distintos matices. Suele ir acompañada de la teoría de las limitaciones de los recursos que se están consumiendo y, entre ellos, los recursos energéticos son un ejemplo claro. La futura limitación de las fuentes de energía no renovables tiende a ser el caso citado como causa de alarma y preocupación por los autores pertenecientes a esta tradición.

 
La otra versión del movimiento ecologista es la que centra la causa del deterioro ambiental, no tanto en el crecimiento de la población, sino en el crecimiento de la utilización de tecnologías o sustancias tóxicas y contaminantes, que pueden sustituirse, independientemente del crecimiento de la población. Su máximo exponente es Barry Commoner que fue el fundador del movimiento ecologista progresista en EEUU y que, diferenciándose de la versión conservadora –que se caracterizó por su determinismo demográfico-, centró sus propuestas en el cambio y sustitución de los recursos y tecnología utilizados, cuestionando la inevitabilidad del deterioro medioambiental que Ehrlich consideraba como consecuencia del crecimiento demográfico. Barry Commoner mostraba la reducción del dióxido de carbono (resultado de sustituir el tráfico de mercancías por carretera por el de tráfico ferroviario, basado en la electricidad) como ejemplo de la reversibilidad del daño medioambiental. Barry Commoner no ponía el énfasis en el crecimiento demográfico sino en la utilización de productos que afectan negativamente al medioambiente y, por lo tanto, a la humanidad. La solución es encontrar sustitutivos a los productos contaminantes. La sustitución de la energía nuclear por las energías renovables como la solar es un ejemplo de ello.

 
En varios escritos, que se han convertido en clásicos, Commoner analizó la contaminación atmosférica (debida al dióxido de carbono) en varios países desarrollados y subdesarrollados, mostrando que la variable más importante para explicar la calidad ambiental no era la población sino la tecnología utilizada, de manera que países con escasa población podían ser muy contaminantes y países muy poblados no tenían que ser contaminantes, pues podían utilizar tecnologías que no afectaban negativamente al ambiente (Commoner, Barry “Rapid Population Growth and Environmental Stress” y “Population, Development, and Environment: Trends and Key Issues in the Developed Countries”, ambos publicados en el International Journal of Health Services, Volumen 21, 1991 y Volumen 23, 1993). La población podía ser una variable influyente en el crecimiento de la toxicidad en el medioambiente, pero el impacto de la tecnología utilizada era varias veces superior al impacto generado por el tamaño de la población. Barry Commoner cuestionaba el catastrofismo que suele caracterizar la versión ecologista conservadora, refiriéndose al mejoramiento de las aguas en varios ríos estadounidenses, resultado de la regulación del flujo de sus aguas.
 

Esta concienciación de la importancia de la utilización de estas tecnologías y productos contaminantes llevó a Barry Commoner a analizar porqué unas tecnologías eran utilizadas más que otras. Y ello le llevó al estudio de la estructura económica y energética de un país, concluyendo que la estructura de poder que sostiene el tipo de producción era el causante del deterioro ambiental. Y le preocupaba mucho, por ejemplo, la enorme concentración de la propiedad de las energías no renovables que coincidía con la de las renovables. Y de ahí deriva el problema.

 
Las teorías del decrecimiento

 
Una situación semejante existe ahora en algunas de las teorías del decrecimiento. En un momento en el que la economía no crece, causando enormes daños, como el elevado desempleo, aparecen teorías económicas que sostienen que el crecimiento económico es malo, pues consume más y más recursos que son finitos, cuya desaparición causará gravísimos daños, considerando el decrecimiento como una evolución positiva, forzándonos a todos a ser más austeros en nuestro consumo. Como millones de seres humanos ya viven en condiciones de gran austeridad, no queda claro qué es lo que tienen que hacer los países austeros, excepto desincentivar que se consuma más. Su solución, por lo tanto, se aplicaría a los países de gran consumo, comúnmente conocidos como “países económicamente desarrollados”. Y es ahí donde se centra la propuesta de reducir el consumo que se considera un despilfarro de recursos finitos e insustituibles.

 
El problema con esta propuesta es (tal como Barry Commoner criticaba a Paul Ehrlich) que asume erróneamente que solo hay un tipo de consumo y actividad económica y que hay solo una manera de crecer económicamente (además de sostener también la finitud de recursos y/o su falta de sustituibilidad).

 
El crecimiento es una categoría contable y tiene un carácter genérico que nos dice muy poco. Se puede crecer económicamente produciendo prisiones y tanques y se puede crecer construyendo escuelas e investigando cómo curar el cáncer. Se puede crecer construyendo grandes edificios o manteniendo los ya existentes para hacerlos más ahorradores de energía y habitables. Ser anticrecimiento, sin más, es una actitud que refleja un cierto inmovilismo que perjudicará a los más débiles de la sociedad como ya estamos viendo ahora, cuando las sociedades están decreciendo. La cuestión no es, pues, crecimiento o decrecimiento sino qué tipo de crecimiento, para qué y para quién. Hoy las necesidades de la población mundial son enormes. Exigir que el mundo deje de crecer es equivalente a negar la posibilidad de mejorar. Ni que decir tiene que existen ya los recursos para permitir una vida digna a todos los ciudadanos del mundo. Ahora bien, alcanzar esta realidad requerirá una enorme redistribución de los recursos que será necesaria pero insuficiente, pues habrá la necesidad de producir más y mejor para satisfacer las enormes necesidades, definidas estas democráticamente.

 
Esta redistribución no pasa necesariamente por una reducción del crecimiento de los países desarrollados como algunas voces del movimiento por el decrecimiento están sugiriendo. En realidad, y tal como he indicado anteriormente, el tema relevante no es el crecimiento sino el tipo de crecimiento. La sustitución del transporte de mercancías en camión por un sistema ferroviario no contaminante para ahorrar energía o la sustitución del coche contaminante por el coche eléctrico o del coche individual por el transporte público colectivo no suponen necesariamente un crecimiento menor sino otro tipo de crecimiento. Esto es lo que algunos defensores del decrecimiento parecen ignorar. Es necesario redefinir lo que se entiende por crecimiento pero me parece erróneo asumir que hay solo una forma de crecer y concluir, con ello, que el crecimiento económico es intrínsecamente negativo. Como también me parece erróneo asumir que la inteligencia humana, puesta al servicio de las necesidades de la población en lugar de optimizar la acumulación del capital, no pueda redefinir los recursos materiales, de manera que enriquezcan en lugar de que deterioren la calidad medioambiental del planeta. Ejemplos de que ello es posible ya tenemos, como bien documentó Barry Commoner.

 
Una última observación. Nada de lo que he dicho puede interpretarse como una dilución de mi compromiso en cuanto a la necesidad de tomar medidas radicales para prevenir el deterioro medioambiental y aplaudo el esfuerzo de movimientos ecologistas a favor de concienciar a la ciudadanía del grave problema que se ha creado con el crecimiento actual, poco respetuoso, cuando no hostil, con la calidad medioambiental de donde las poblaciones viven. Pero, es este mismo compromiso el que me exige ser crítico con aquellas voces que parecen añorar nostálgicamente un mundo pasado, negando la posibilidad del progreso. Hace años, debatí con Ivan Illich, criticando su postura opuesta a la universalización de los servicios sanitarios, por considerar que negaban al ser humano su característica de ser autónomo, creando dependencias del sistema médico. Este mirar atrás puede verse fácilmente como una mera actitud regresiva. Y es ahí donde creo que se puede llegar con este discurso anticrecimiento. Se tiene que exigir otro tipo de crecimiento, un crecimiento que responda a las necesidades humanas y no a la necesidad de acumular capital, pero esto es muy distinto a paralizar todo el crecimiento. Me parece un profundo error

Por Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

29 ago 2013

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se pronunció hoy porque ya no haya diarios en papel en el país y que sean todos digitales, para, dijo, evitar la tala indiscriminada de bosques. Planteó que la iniciativa sea incluida en una eventual consulta popular en la que los ecuatorianos también decidirán si permiten la explotación de petróleo en un parque nacional en la Amazonia.

El gobernante formuló la propuesta en su cuenta de Twitter, en la que se refirió con tono irónico a las críticas y los análisis aparecidos en los periódicos ecuatorianos sobre la decisión de permitir la explotación petrolera en la reserva amazónica Yasuní.

“Ahora los mayores ecologistas son los diarios mercantilistas. Bueno si vamos a consulta popular propondremos también diarios...”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, que de inmediato completó: “solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién. No se dejen engañar”.

En la misma red social, Correa añadió que “hay grupos que están politizando el Yasuní-ITT para derrotar al gobierno y manipulan sobre todo a los jóvenes”, en referencia a un ambicioso proyecto de explotación petrolera en el parque nacional Yasuní.

Correa decidió el jueves pasado poner fin a ese proyecto ecológico que consistía en no explotar y mantener bajo tierra, en una prístina región de la Amazonia, 846 millones de barriles de petróleo pesado a cambio de recibir 3 mil 600 millones de dólares por parte de la comunidad internacional. Pero el proyecto fracasó y luego de seis años apenas logró obtener fondos por 13.3 millones de dólares.

“Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gobierno. He firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y, con ello, poner fin a la iniciativa”, expresó Correa el viernes pasado.

Para llevar a consulta popular la explotación de crudo en el parque nacional los ecologistas y organizaciones sociales deben recoger cerca de 600 mil firmas de apoyo.

El domingo, voces dentro del propio gobierno se pronunciaron en favor de la consulta popular, informó el diario El Universo.

La gobernadora del estado de Guayas, confirmó que la explotación de parte del Yasuní siempre estuvo dentro del plan B del gobierno: “Es importante aclarar que la decisión explotar 0.1% #Yasuní estaba contemplado dentro del Plan B. Es decir, siempre existió un plan alternativo”, indicó en Twitter.

La ministra de Ambiente, Lorena Tapia, dijo al diario oficial El Ciudadano: “que la ciudadanía no dude ni un sólo momento que este es un proyecto responsable (explotar el Yasuní) y como ministra del Ambiente asumiré con total responsabilidad, para probar que la autoridad ambiental está comprometida. Tenemos un criterio de control y fiscalización estricto”.

La iniciativa comenzó en 2007 impulsada por el presidente ecuatoriano con el propósito de proteger el parque nacional Yasuní, declarado en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) como reserva mundial de la biósfera por su gigantesca diversidad animal y vegetal. Allí también habitan dos grupos indígenas en aislamiento voluntario: los tagaeri y los taromenane.

Frente a la decisión, se generó en Ecuador una corriente liderada por grupos ecologistas y amazónicos, que pide consultar a los ciudadanos sobre iniciar o no con la explotación del petróleo en esta zona.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este jueves la eliminación de la iniciativa Yasuní-ITT, porque, dijo, el mundo “ha fallado” al no contribuir con el proyecto que pretendía proteger un sector de la selva amazónica y dejar bajo tierra un importante yacimiento petrolífero a cambio de una compensación económica.

“Con profunda tristeza, pero con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi gobierno… he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y con ello poner fin a la iniciativa”, dijo el mandatario.

En cadena de radio y TV, dijo que “la iniciativa se adelantó a los tiempos, y no pudo o no quiso ser comprendida” por la comunidad internacional.

“El factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una global hipocresía”, aseguró el mandatario en un mensaje a la nación.

Añadió que también solicitó a la Asamblea “la declaración de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, utilización que afectará … menos del 1% del parque Yasuní, que tiene más de un millón de hectáreas”.

Posteriormente en Twitter, el mandatario indicó que sería el uno por mil y no el 1%. “Cometí un error: debí decir que se afectará menos del UNO POR MIL (no 1%) de nuestro Yasuní”, tuiteó.

Correa explicó que el aprovechamiento de las reservas del ITT arrojaría un valor presente neto de $18.292 millones que se destinarán “a vencer la misería, especialmente de la Amazonía”.

De estos recursos, especificó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la Amazonía recibiría casi $258 millones por la ley 010, y $1.882 millones por la repartición del 12% de los excedentes petroleros alrededor.

El mandatario anunció que en los próximos días se lanzará una campaña comunicacional para explicar las técnicas de extracción de última generación que se emplearán.

Correa propuso en 2007, durante una asamblea de la ONU, dejar ese crudo bajo tierra y evitar con ello la emisión de 400 millones de toneladas de CO2, responsable del calentamiento global.

A cambio pidió a los países una compensación de 3.600 millones de dólares en 12 años por la contribución a la lucha contra el calentamiento global.

Apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la propuesta, sin embargo, no obtuvo la respuesta deseada, admitieron las autoridades.

Las siglas ITT corresponden al bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini con reservas estimadas de 846 millones de barriles de petróleo, que representan el 20% de los depósitos de Ecuador, el socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/15/nota/1294861/rafael-correa-pone-fin-iniciativa-yasuni-itt

El sueño terminó
En el libro “Yasuní. El tortuoso camino de Kioto a Quito”, la ambientalista Esperanza Martínez de Acción Ecológica narra el largo camino que tuvo un hito en 2007 con la iniciativa oficial de Yasuní ITT (un bloque en el oriente del Parque Nacional Yasuní, donde se encuentran los campos petroleros Ishpingo-Tiputini-Tambococha). Si bien existe un apoyo al proyecto promovido por el gobierno, en base a la iniciativa de la sociedad civil, ya se alertaba en la publicación de 2009 que “es necesario superar la visión que arbitrariamente pretenden reducir la propuesta de No explotación del crudo a un modelo de compensación”.

El 17 de abril de 2010, ComAmbiental registró una visita de Acosta a la Argentina, quien ya se había alejado del gobierno de Correa por diferencias en sus políticas extractivistas. Entre las contradicciones, se encontraba la actitud soberana en el juicio contra Texaco-Chevron por la contaminación de la Amazonía. Sin embargo, ya en ese entonces también había otros proyectos petroleros que se ubican en zonas aledañas a Yasuní y que aguardan su aprobación oficial.

Respecto a Yasuní ITT, Acosta informó que representa el 20 por ciento de sus reservas de hidrocarburos, en una región de gran biodiversidad que alberga a comunidades indígenas en aislamiento voluntario. Como contrapartida, el gobierno ecuatoriano impulsaba la creación de un fondo de 3.500 millones de dólares provisto por los países ricos en concepto de co-responsabilidad por la biodiversidad preservada y las emisiones de carbono mitigadas.

En junio de 2012, ComAmbiental entrevistó a Acosta en Quito, y lo interrogó sobre Yasuní ITT:

-En esta estrategia del gobierno, de transformar los principios constitucionales, un caso emblemático es el Yasuní ITT...
-Sin ninguna duda ese un proyecto emblemático, fundamental, fundacional. Y ese es un punto donde se va a poner a prueba cuánto el gobierno se juega por la Constitución, por el Buen Vivir, por los Derechos colectivos y los Derechos de la Naturaleza.

-Lo que observo también es que se transforma en una “espada de Damocles”. En tanto en que se difunden las razones por las que es muy importante conservar el Yasuní, por la diversidad biológica y cultural que alberga, y por otra parte si no se consigue el objetivo monetario se procederá a realizar la extracción.
-Yo creo que la figura es adecuada. Para el gobierno se ha transformado en una “espada de Damocles”. O pongámoslo en términos más andinos, en una papa caliente. Porque el gobierno no sabe cómo desembarazarse del compromiso que adquirió. Yo creo que hay suficientes fuerzas del gobierno que impulsarían la explotación del petróleo. Pero como paulatinamente se ha ido consolidando en la sociedad ecuatoriana, y a nivel mundial, la importancia del Yasuní, le resulta muy complejo dar marcha atrás.

Además, no nos olvidemos, estamos en pleno proceso electoral [que luego ganó Correa], y como la Iniciativa Yasuní ITT tiene una altísima aceptación popular, el Presidente no quiere correr el riesgo de iniciar una actividad de explotación. Por eso es muy importante que la sociedad civil, de dentro y fuera de Ecuador, se apropie del proyecto, y le mantenga permanentemente caliente la papa. Que sea difícil para el Presidente tomar una decisión contraria a los intereses de los pueblos originarios, de la naturaleza y del equilibrio ambiental. Además, que no eche abajo un proyecto que puede cambiar el mundo en muchos aspectos. Es, sin lugar a dudas, vuelvo a la idea, una “espada de Damocles”.

Esta espada de Damocles es la que ahora cae sobre Correa, puesto que todo aquello que se dijo sobre las bondades de conservar el Yasuní, le juega en contra con el gran paso atrás dado. ”Durante seis años hicimos lo que pudimos. Necesitamos nuestros recursos naturales para superar la pobreza y la miseria. Cerca de 18 mil millones de dólares otorgaría la explotación del 1 por mil del parque Yasuní ITT”, expresó Correa y se publicó en la cuenta oficial de la Presidencia. Frente “al hacer lo que se puede”, es cierto que la responsabilidad primaria del cambio climático es de los países desarrollados. Sin embargo, seguir apostando al mismo modelo para “superar la pobreza” no da esperanzas de que surjan nuevos vientos del sur. En este sentido, la injusticia internacional no puede justificar que se avance sobre territorio de pueblos originarios que se mantienen en aislamiento voluntario, fuera del mundo auto-destructivo.
En ese sentido, este sueño terminó por convertirse en una pesadilla.

No obstante ello, Acosta mantiene el espíritu, en declaraciones recientes por las redes sociales, aseguró: “La Iniciativa Yasuní no ha muerto, simplemente retorna a sus orígenes, a la sociedad civil. Seguimos en la lucha”.

El Universo (Ecuador) / Comambiental

 
ALAI AMLATINA, 13/08/2013.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó un reporte especial sobre el futuro del clima y las negociaciones internacionales con un llamado de atención urgido a los gobiernos: el año 2020 será demasiado tarde para tomar decisiones(1). A juicio de la agencia algunas medidas deben ser adoptadas antes de esa fecha si se quiere “mantener vivo el objetivo de 2° C” y el sector energía debe reducir sus emisiones a partir de ahora a una tasa de 5% anual.

 
Evitar el cambio climático peligroso implica mantener un nivel de concentración de gases de efecto invernadero por debajo de las 450 ppm que asegure un aumento de la temperatura media del planeta no superior a los 2° C. Esta es la meta que se trazó la Convención de Cambio climático en 2009.

 
La última ronda de negociaciones de la Convención de Cambio Climático (Doha, diciembre de 2012) estableció una nueva hoja de ruta –Doha Climate Gateway- estableciendo el año 2015 como fecha límite para alcanzar una serie de acuerdos que entrarán en vigor en el año 2020. Pero lo que viene a alertar este informe es que esa es una fecha demasiado retrasada para asegurar el mantenimiento de la estabilidad climática en virtud de las emisiones que se habrán acumulado hasta entonces.

 
El sector energía es responsable por el 80% de las emisiones globales y se espera que para el año 2020 estas alcancen un nivel de 4 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) por encima de la trayectoria consistente con el objetivo de los 2° C. Para lograr esta meta es necesario que las emisiones alcancen su “pico” en 2020 y luego comiencen a declinar vigorosamente. Con las emisiones creciendo constantemente y un acuerdo que recién comience a implementarse en esa fecha, esto resultará imposible.

 
Las medidas

 
En virtud de ello la agencia propone 4 medidas urgentes a ser aplicadas con el fin de “comprar un tiempo precioso mientras las negociaciones continúan”. La primera de ellas es la adopción de medidas específicas de eficiencia energética, lo cual podría aportar la mitad de las reducciones necesarias. Una segunda propuesta es limitar la construcción y uso de las plantas de generación de electricidad a carbón (21% de las reducciones). La tercera medida es minimizar la fuga de metano proveniente de las actividades de explotación gasífera y petrolera (18% de las reducciones). Y finalmente, acelerar el desmantelamiento de los subsidios al consumo de combustibles fósiles que en 2011 alcanzaron 523 mil millones de dólares.

 
El documento recuerda que para tener un 50% de posibilidades de no sobrepasar el objetivo de los 2° C, el total de emisiones posible hasta durante la primera mitad de este siglo es de 1440 GtCO2e. De este “presupuesto de carbono” 420 Gt ya han sido emitidas entre 2000 y 2011 y otras 136 Gt serán emitidas de sectores no energéticos (agricultura, deforestación, etc.) hasta 2050. Esto deja un máximo posible de emisiones de 884 Gt del sector energía para esa fecha, para lo cual es necesaria una reducción de las emisiones del sector a una tasa de 5% anual.

 
El gas natural en cuestión

 
El gas natural ha aparecido en los últimos años como un sustituto menos contaminante del carbón lo que ha llevado a un desarrollo importante de su exploración y explotación, particularmente en el llamado gas “no convencional” (“shale” y “tight” gas).

 
El gas natural es alentado por presentar menores emisiones de carbono por unidad de energía consumida. Sin embargo esta misma condición hace que en términos absolutos las emisiones aumenten (una especie de “paradoja de Jevons” climática). En 2012 las emisiones globales del CO2 del sector energía aumentaron en 400 Mt respecto al año 2011 (1,4%). Este aumento responde al incremento del uso del gas natural (2,7%), petróleo (1,1%) y carbón (0,6%). Si se analiza la responsabilidad de cada uno de estos fósiles en el aumento global de emisiones energéticas vemos que un 44% corresponde al gas natural, 44% al carbón y 12% al petróleo.

 
Las termoeléctricas de ciclo combinado a gas, producen la mitad de las emisiones por kWh que aquellas a base de carbón. Pero parte de esta ganancia se pierde por las emisiones furtivas de metano derivados de la producción y distribución de gas natural. Solo un tercio de las reducciones necesarias pueden lograrse por el cambio de carbón a gas en el sector eléctrico lo que está indicando que el cambio del combustible no es la opción más apropiada.

 
El sentido de la urgencia

 
Estas medidas que la AIE propone son las que encuentra económicamente viables en el contexto actual. No significa ninguna amenaza para el crecimiento económico ni alentará una recesión planetaria. No son medidas de fondo, son paliativas. Pero más allá de que sus propuestas sean las más apropiadas o no, lo que debe llamar la atención es su mensaje central: no se puede esperar por las negociaciones de la Convención de Cambio Climático. Estas llegarán muy tarde.

 
Los gobiernos de cada uno de los países del mundo, pero sobre todo aquellos que presentan matrices energéticas más contaminantes, deberían tomarse un poco en serio la advertencia y no posponer decisiones a la espera del 2020. Para ese entonces, las medidas a tomar serán mucho más costosas y quizá el cambio climático ya sea una realidad irreversible.

 
1) Redrawing the energy-climate map. World Energy Outlook Special Report. OECD/IEA, 2013
 

Por Gerardo Honty, analista en energía y cambio climático del CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

La xeno-privatización” anglosajona (ver Bajo la Lupa, 24/7/13) propalada por el Centro Woodrow Wilson (WWC)/ITAM/Imco, bajo la batuta del estadunidense Duncan Wood, finca todos sus endebles argumentos tanto en la etérea “competencia” como en la burbuja del shale gas (gas esquisto/lutitas) a punto de estallar, si hacemos caso al connotado geopolitólogo alemán-estadunidense F. William Engdahl (Global Research, 13/3/13).

¿Cuál “competencia”? Más bien “incompetencia”: Pemex, sin bancos de apoyo y castrado fiscal y financieramente, claudicaría ipso facto frente a sus “competidores” foráneos asociados a la banca de Wall Street/la City, cuando el “México neoliberal” desmanteló deliberadamente 92 por ciento de su banca nacional, en términos de “capitalización de mercado”: la máxima, insensata, entrega global.

Ya había expuesto en forma dialéctica tanto la tesis de los turiferarios a ultranza de la revolución energética del siglo XXI, así como la antítesis de sus feroces detractores (ver Bajo la Lupa, 29/4/12, y colaboraciones posteriores).

En su libro Mitos, mentiras y guerras del petróleo, F. William Engdahl maneja al petróleo como una joya estratégica del máximo nivel jerárquico, lo cual reconoció el mismo Henry Kissinger, a quien cita: “Si controlas el petróleo, controlas a países enteros”.

Pero también lo contrario es cierto, según Engdahl: “Si el petróleo no puede ser controlado, los poderes controladores pierden su dominio sobre los otros países y entonces organizan las guerras”. ¡Irrefutable!

La tesis nodal de Engdahl radica en que las cuatro grandes trasnacionales anglosajonas (ExxonMobil/Chevron/BP/Shell) con un puñado de bancos de Wall Street controlan “la mayor materia prima esencial global”: el petróleo.

Este relevante aspecto no es abordado por el núcleo que encabeza Duncan Wood y que constituye la quintaesencia de la “reforma Peña/Videgaray/Aspe” (ver Bajo la Lupa, 10/7/13) y su excrecencia panista.

En su clásico libro Un siglo de guerra: la política petrolera anglosajona y el nuevo orden mundial, Engdahl se ha consagrado de lleno a la manipulación geopolítica de los hidrocarburos por Estados Unidos y Gran Bretaña.

Engdahl desmonta el espejismo de la “nueva Arabia Saudita” que sería Estados Unidos gracias a su próxima “autosuficiencia energética” y pone en tela de juicio el aserto de Obama de que Estados Unidos detenta “un abasto de gas natural que puede durar casi 100 años”.

Una cosa es que la producción petrolera de Estados Unidos se haya incrementado dramáticamente 38 por ciento desde 2008 (el equivalente a toda la producción de Nigeria, la séptima productora de la OPEP) y otra es que perdure su bonanza artificial más de 12 años.

La crítica del geopolitólogo es feroz: la revolución del shale gas “se basa en una burbuja (¡supersic!)”. Se trata de “una exageración de los brujos de Wall Street” y “cada vez es más claro que es un flash (sic) de corto plazo en la criba energética, un nuevo fraude (¡supersic!) Ponzi, construido cuidadosamente con la ayuda de los mismos bancos de Wall Street y sus amigos analistas del mercado, muchos de los cuales aportaron la burbuja dot.com de 2000 y, más espectacularmente, la burbuja inmobiliaria del 2000 al 2007 en Estados Unidos”. ¡Uf!

Atribuye el silencio sobre “las fortunas declinantes del shale gas y el petróleo” a las “rendijas legales de Halliburton” (“Halliburton loopholes”), que con los intereses trasnacionales de Wall Street y de la industria petrolera tratan de mantener vivo “el mito de la revolución del shale gas”.

Lo alarmante es que son “los profesionales de la industria petrolera” quienes están desmontando el mito.

Un asunto muy grave es que el contenido del líquido que se inyecta para el fracking constituya “un secreto (¡supersic!) de las empresas”, más allá de que un pozo promedio requiera hasta 13 millones de litros de agua, que se triplican con la “re-fracturación”.

Lo peor es que gracias a las influencias del entonces vicepresidente Dick Cheney, el gran patrón de Halliburton tras bambalinas (como lo es Condoleezza Rice con Chevron; ver su foto con el consejo consultivo “mexicano” del WWC http://es.scribd.com/doc/156213455/Rice-y-WWC), contó con la complicidad del Congreso en 2005 que exentó a la industria del fracking de la supervisión regulatoria de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) bajo la “Enmienda del Agua Potable Segura”, lo cual representa una amenaza a la salud pública (http://www.alternet.org/fracking/us-sues-exxon-fracker-pennsylvania-over-polluted-drinking-water).

No se puede ser muy estricto con Duncan Wood ni con el presidente del Imco, Valentín Diez Morodo, quienes cumplen misiones asignadas de desinformación para “xeno-privatizar” Pemex con el fin de favorecer unilateralmente a las trasnacionales anglosajonas en detrimento de la independencia/libertad/seguridad energética de México.

El empleado de Diez Morodo, el castastrofista Juan Pardinas Carpizo, es muy dado a eyectar demenciales cifras alegres y acaba de salir con que se necesitan 800 mil millones de dólares (¡supersic!): 16 veces más de las de por sí exageradas cifras de su aliado filopanista Héctor Moreira, “consejero profesional de Pemex” colocado por Calderón (ver Bajo la Lupa, 24/7/13).

Las cotizaciones de los hidrocarburos son controladas por la omnipotente banca de Wall Street/LaCity, como demostró Philip Verleger (ver The International Economy, invierno de 2007).

La burbuja financierista del shale gas ya empezó a estallar y sus efectos reverberantes pronto se notarán en los mercados.

¿La segunda productora de gas de Estados Unidos, Chesapeake Energy, tendrá la misma suerte que la quebrada gasera texana Enron (muy cercana a los Bush)?

Chesapeake Energy, amén de los desfalcos de su polémico director Aubrey McClendon –defenestrado por los furiosos accionistas defraudados–, ostenta una deuda de 20 mil 500 millones de dólares con sus acreedores, tasada como “deuda chatarra”.

F. William Engdahl cita a Bill Powers, analista financiero de Powers Energy Investors, quien anuncia que lo sucedido con Chesapeake Energy “es una gran indicación de que la burbuja del precio del gas natural se encuentra a punto de estallar”.

Extraña empresa, Chesapeake Energy, que no hace dinero perforando los pozos de shale gas.

Los críticos, citados por Engdahl, apuntan que “los métodos complejos (¡supersic!) de contabilidad de Chesapeake Energy hacen casi imposible para los analistas y los accionistas determinar cuáles son los riesgos”.

Engdahl es inmisericorde: “La muy cantada revolución del shale gas en Estados Unidos se está colapsando junto a las acciones de Chesapeake Energy”.

Duncan Wood representa la quintaesencia de la “reforma Peña/Videgaray/Aspe”, ¿apostaron insensatamente a la burbuja del shale gas a punto de estallar?

Lo trágico consistiría en que la burbuja del shale gas en México estalle y que la polémica “reforma Peña/Videgaray/Aspe” sirva, por la vía del artilugio financierista, para propalar el espejismo de la “revolución energética del siglo XXI”.

Los dirigentes chinos han soñado históricamente con dominar la naturaleza, invertir el curso de los ríos y domar las aguas para ponerlas al servicio de la economía y el poder. Algunas secciones del Gran Canal -el río artificial más largo del mundo, casi 1.800 kilómetros, que une Pekín y Hangzhou (capital de la provincia de Zhejiang)- fueron construidas hace más de 2.400 años. Y Mao Zedong, el fundador de la China comunista, no fue ajeno a esta visión. En 1952, preocupado por la escasez de agua en el norte del país, dijo tras una visita al río Amarillo: "El sur tiene cantidad de agua y al norte le falta. Si es posible, ¿por qué no tomar prestada alguna?".

 
El Gran Timonel murió en 1976 sin llegar a ver realizado su sueño. En 2002, medio siglo después de aquella frase premonitoria y tras innumerables debates y rediseños, el Gobierno aprobó el llamado Proyecto de Trasvase de Agua Sur-Norte. Contempla la construcción, en un plazo de otros 50 años, de las infraestructuras necesarias para desviar 44.800 millones de metros cúbicos anuales de agua desde diversos puntos del río Yangtsé y su cuenca, hacia el norte y el noroeste del país, con un coste inicial estimado en 500.000 millones de yuanes (61.400 millones de euros).

 
El caudal que será transferido es similar al del río Amarillo y pretende paliar las tradicionales sequías y falta de agua en China septentrional, agravadas en las últimas décadas debido al rápido desarrollo del país y el incremento de habitantes en ciudades como Pekín y Tianjin, con la consiguiente sobreexplotación de los acuíferos. El norte tiene alrededor de la mitad de la población de China, el 19% de los recursos de agua dulce, y recibe la cuarta parte de precipitaciones de lluvia que el sur.

 
El proyecto -formado por canales, presas y túneles- consta de tres rutas independientes, con una longitud conjunta de unos 5.600 kilómetros. La primera de ellas, la oriental, será inaugurada este otoño después de 11 años de obras. Esta vía, de 1.156 kilómetros, lleva el agua hacia el norte por las provincias costeras, con 13 estaciones de bombeo. Comienza en Jiangdu (provincia de Jiangsu), en el delta del Yangtsé, y concluye en la provincia de Shandong. Un tramo de 7,8 kilómetros cruza el río Amarillo por medio de dos canalizaciones de 9,3 metros de diámetro a 70 metros bajo el lecho de río. Proporcionará agua a zonas rurales e industrias. En mayo y junio pasados, han sido realizadas las pruebas de esta ruta, y, según ha asegurado en la prensa china Zhang Jinsong, subdirector de la oficina en Jiangsu del trasvase, la calidad del agua cumple ya los niveles de seguridad. Zhang afirma que ahora se vierte al Yangtsé un 85% menos de contaminantes que en 2000.

Los trabajos de la ruta oriental, que alcanzará Tianjin en una segunda fase, se han visto afectados por retrasos debido al efecto sobre el agua de la polución generada por fábricas y granjas, pero será la primera sección en ser inaugurada porque aprovecha las infraestructuras del Gran Canal, una vía utilizada a lo largo de las dinastías imperiales para transporte -en particular de grano-, comercio e irrigación, pero también como arma devastadora, capaz de anegar regiones y frenar el avance de ejércitos enemigos. Cuando esté finalizado, el trasvase oriental canalizará 14.800 millones de metros cúbicos anuales a las provincias de Jiangsu, Anhui, Shandong, Hebei, y Tianjin.

 
La segunda ruta, la central, será la que sacie la sed de Pekín y las zonas rurales en su camino. Nace en la presa Danjiangkou, situada en el río Han -afluente del Yangtsé-, en la provincia central de Hubei. La presa ha tenido que ser elevada 14,6 metros para subir el nivel del embalse de 162 metros a 176,6 metros, para generar la altura que permita al agua viajar por gravedad hacia el norte. Esto sumergirá 300 kilómetros cuadrados de terreno. Las obras han obligado a desplazar a unas 350.000 personas. La vía central tiene un caudal de 13.000 a 14.000 millones de metros cúbicos anuales, una longitud de 1.274 kilómetros -más otros 141 kilómetros de una derivación de la provincia de Hebei a Tianjin- y dos túneles de 7,2 kilómetros bajo el río Amarillo. Debió ser inaugurada a tiempo para los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. Fue retrasada, primero a 2010 y luego a 2014. El proyecto, que comenzó en 2003, se ha visto afectado por la grave contaminación que sufren partes del embalse; un problema que han empeorado la implementación laxa de las leyes medioambientales y la falta de fondos del Gobierno central para ayudar a las administraciones locales a hacer frente al tratamiento de las aguas que son vertidas al embalse, según un informe hecho público el mes pasado por la Conferencia Consultiva Política China, un órgano anexo al Parlamento sin capacidad de decisión. Se prevé que el agua del Yangtsé llegue a Pekín en otoño del año que viene.

 
La ruta occidental tomará agua en el curso alto del Yangtsé y ríos de las zonas montañosas de las regiones de Qinghai y Tíbet y la canalizará a una altitud de 3.000 a 5.000 metros hasta el Amarillo. Los ingenieros han efectuado los estudios correspondientes, pero muchos expertos aseguran que el proyecto será extremadamente caro y difícil. De momento, el trazado occidental es solo un proyecto.

 
Los críticos aseguran que generará más problemas que beneficios. Afirman que supone un malgasto ingente de recursos y provocará escasez de agua en el origen. El río Han, por ejemplo, tendrá que ceder entre el 25% y el 30% de su caudal, y para compensar esta pérdida se derivará agua del Yangtsé a su propio afluente. Además, afirman que el plan es terreno para la corrupción, inducirá graves efectos medioambientales y tiene un alto coste social, debido a los cientos de miles de personas que ha obligado a desplazar. Muchas de ellas se quejan de haber sido mudadas a viviendas de baja calidad y haber perdido sus medios de vida. Algunos campesinos tenían frutales en zonas montañosas y ahora no saben cómo cultivar arroz en las llanuras. El cierre de muchas fábricas contaminantes ha generado, en paralelo, desempleo.

 
"Aunque el trasvase de agua enriquecerá el suministro de agua en el norte, su impacto en el ecosistema es irreversible", ha asegurado Ma Jun, director del Instituto de Asuntos Públicos y Medioambientales y uno de los expertos medioambientales más renombrados de China, al diario China Daily.

 
Para los dirigentes de este país acostumbrado a las proezas de ingeniería civil, como la Gran Muralla o la presa de las Tres Gargantas, el precio pagado para llevar a cabo esta obra de titanes es menor que los beneficios que, según dice, aportará a cientos de millones de personas. Pero algunos expertos insisten en que sin medidas adicionales como fomentar el ahorro de agua y mejorar las prácticas agrícolas, algunas de las cuales están siendo implementadas por el Gobierno, el trasvase Sur-Norte no hará más que retrasar algunos años el problema de la sequía y la escasez de recursos hídricos en el norte de China.

Jose Reinoso Pekín 27 JUL 2013 - 22:50 CET

México y Sudamérica vienen gozando desde hace más una década de altos precios de las materias primas. Este año se han abaratado algo, pero pocos se animan a predecir que este ciclo positivo, por de más extenso, se acabará pronto. El índice de productos básicos DJ-UBS, que sigue el desempeño de 22 bienes básicos, cayó el 10,5% en la primera mitad de 2013. La pregunta que cada vez se formulan más economistas y hasta presidentes es qué más pueden exportar los países latinoamericanos. Si se acaba la bonanza de las materias primas, la respuesta se tornará más urgente.

Lo que ha ocurrido en los últimos años es que muchos países de la región descansaron en las altas cotizaciones de los bienes básicos para crecer y se preocuparon poco por desarrollar la industria o los servicios exportables. Varios países han padecido la llamada enfermedad holandesa, es decir, el fenómeno que sufrió Holanda en los 60, después de descubrir que tenía gas natural cerca del mar del Norte. Cuando comenzó a explotarlo, el florín se apreció tanto por el ingreso de divisas que terminó afectando la competitividad de su sector manufacturero. Lo mismo le ha sucedido en los años previos a 2013 a las monedas latinoamericanas no solo por la exportación de las encarecidas materias primas sino también por el abundante ingreso de capitales especulativos ante los tipos de interés bajos de los países desarrollados. En los últimos meses este proceso se ha revertido un poco ante las expectativas del fin de la política monetaria laxa de EE UU ante la recuperación de su economía.
 

La bajada de los precios de los bienes básicos sorprende a Latinoamérica en pleno debate sobre su desindustrialización. Algunos economistas consideran que es normal en una economía contemporánea más orientada a los servicios, pero otros advierten de que no lo es, ponen el ejemplo de Asia y hasta de EE UU o la Unión Europea en sus intentos de reconstituir el sector fabril.

En 2001/2002, el 27,6% de las exportaciones latinoamericanas era de materias primas, el 16,6% de manufacturas derivadas de recursos naturales y el 55,8% de otros bienes industriales. En 2010, los productos básicos representaban el 42,4%, las manufacturas derivadas, el 17,7% y el resto, solo el 39,9%, según un estudio de Sebastián Herreros y José Durán Lima, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que advierten de que “la tendencia a la reprimarización de las exportaciones regionales es fuente de preocupación”. Ambos autores comparan el valor de las monedas entre 1990 y 2009 y alertan de que “los elevados niveles de apreciación conspiran contra la competitividad de las exportaciones”. Hasta ese momento, Venezuela –después devaluó varias veces-, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Uruguay lideraban en apreciación, mientras que solo Argentina, Nicaragua, Panamá y Perú habían depreciado, pero en los últimos cuatro años la competitividad cambiaria de casi todos se redujo aún más.

 
Brasil pasó de que sus exportaciones de manufacturas no derivadas de recursos naturales supusieran el 71% del total en 2000 al 44% en 2010, según una investigación de Facundo Albornoz, de la Universidad de San Andrés (Argentina). México, con su industria de maquila (ensamblaje) de exportación a EE UU, pasó del 86% al 73%; Argentina, del 43% al 37%; Colombia, del 41% al 25%; Chile, del 30% al 23%; Perú, del 32% al 17% y Costa Rica, con desarrollo tecnológico, del 68% al 60%.

 
Albornoz también distingue las exportaciones diferenciadas, es decir, las de aquellos productos en los que no existe un mercado de referencia que determine su precio, como sucede con las materias primas agrícolas, minerales e industriales. Las exportaciones diferenciadas de Brasil retrocedieron del 52% del total en 2000 al 28% en 2010; las de México, del 81% al 56%; las de Colombia, del 32% al 16%; las de Chile, del 17% al 11%; las de Perú, del 17% al 10% y las de Costa Rica, del 70% al 55%. La excepción hasta 2010 era Argentina, donde se mantuvieron en el 30%.“Argentina había empezado a exportar cosas no tradicionales, como químicos, productos de diseño, medicamentos, por la competitividad del tipo de cambio, pero eso seguro se fue frenando desde 2008 por la apreciación cambiaria derivada de la inflación”, comenta Albornoz.

La mayoría de las exportaciones industriales de Latinoamérica se destina a la propia región y a EE UU, que compra sobre todo productos de las maquilas de México y Centroamérica. La competencia de China ha desplazado manufacturas latinoamericanas en la región, EE UU y la UE. Los principales países afectados han sido Brasil, México, Argentina y Colombia en productos como derivados de madera, químicos, maquinaria, eléctricos, de comunicación, metalúrgicos, coches y ordenadores, según el informe de Herreros y Durán.

 
Otro reporte de la CEPAL, elaborado por Nanno Mulder, muestra que en 2002 la industria proveía el 21% de los empleos en Latinoamérica y suponía el 18% del PIB. En 2010, había crecido el empleo manufacturero hasta representar el 22%, pero venía en descenso respecto a 2007 (24%), mientras el peso en el total de la economía se redujo al 17%. Mulder recuerda que en Asia-Pacífico la industria representa más del 30% del PIB y genera más del 25% de los puestos de trabajo. El investigador de CEPAL advierte de que América Latina sufre una “desindustrialización prematura”, con bajos niveles de ingreso y productividad, a diferencia de lo que ha sucedido en economías avanzadas, donde las fábricas cedieron lugar al desarrollo de servicios cuando aquellas dos variables eran más elevadas. El fenómeno descripto por Mulder “podría tener como consecuencias un estancamiento de la inversión, una desaceleración del crecimiento, un aumento en el desempleo y la informalidad laboral, un incremento de la restricción externa (escasez de divisas, lo que impacta en el pago de importaciones y deuda externa). Con la productividad estancada, las exportaciones manufactureras se vuelven competitivas únicamente vía precio, es decir, tipo de cambio”, señala Mulder.

Algunos gobiernos han reaccionado ante la desindustrialización adoptando ciertas medidas. Mulder explica que Argentina ha intervenido en el mercado cambiario, mientras que Brasil y Colombia han introducido controles de capitales para frenar la apreciación de sus monedas –ahora el Gobierno de Dilma Rousseff los está eliminando ante la salida de fondos por las expectativas de cambio en la política monetaria de EE UU-. Argentina y Brasil han apoyado directamente a determinados sectores y han aplicado barreras proteccionistas, generalizadas en el caso del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y puntuales en las del de Rousseff. Costa Rica y algunos estados de México han aplicado incentivos para que sus industrias se integren en cadenas productivas globales. Pero Mulder se pregunta si los países de la región tienen una visión de largo plazo sobre el desarrollo y promueven la inserción de sus plantas en esas cadenas, el añadido de valor a las exportaciones primarias, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) y la mejora de la calidad educativa y del clima de negocios.

 
Alguno podría pensar que las exportaciones manufactureras solo perdieron peso relativo sobre las totales únicamente por una cuestión del aumento de precio de las materias primas, pero Albonoz recuerda que la participación latinoamericana en el comercio mundial de bienes industriales no derivados de recursos naturales se redujo del 4% en 2000 al 3% en 2010. Las exportaciones latinoamericanas de ciertos productos crecieron muchos menos en esa década que las de sus competidores en el resto del mundo. Los distintos informes contienen estadísticas hasta 2010, pero Albornoz opina que la desindustrialización “se consolida y acentúa”.

Por: Alejandro Rebossio| 13 de julio de 2013

Increíble y difícil de comprender que en la segunda década del siglo XXI y en contraste con los inmensos avances en ciencia y tecnología, el ser humano dé pasos gigantes hacia atrás en su naturaleza.

Mientras la ciencia y la tecnología evolucionan y avanzan de manera continua, los seres humanos caminamos en paralelo involucionando emocionalmente.

La violencia sectaria, el machismo y la misoginia cobran cada vez más fuerza en nuestros días. En pleno siglo XXI ser mujer es todavía un desafío. Aún existen lugares donde es una moneda de cambio, se comercia con su vida, se le mutila, se le viola, se le casa siendo una niña; incluso, se le asesina por deudas de honor ante los ojos impasibles del mundo entero.

Existen amplios sectores en el mundo occidental, que experimentan un franco retroceso en su concepción de cómo debería ser la vida. Sectores que son incapaces de aceptar diferencias razonables respecto de preferencias e ideologías. Mientras en muchos países se está aprobando el matrimonio homosexual, en contraste, parte de su población sale a la calle a manifestarse en contra de algo tan elemental, cuando debiera haber una mente más abierta para aceptar las diferencias y el derecho de cualquier ser humano a ser igual y tener los mismos derechos ante la ley.

Realmente nuestra supuesta evolución espiritual se encuentra en etapas muy primitivas a juzgar por los hechos. La violencia, en todas sus manifestaciones, se encuentra a la orden del día y se va perdiendo el ingenio y la creatividad en los jóvenes de nuestro tiempo.

Ideas obsoletas de mentes obtusas cobran fuerza cada día, resurge no sólo la homofobia, sino en la misma escalada el racismo, el odio, el machismo, la misoginia, la pornografía infantil, la pedofilia y el abuso.

En abril pasado se publicó un artículo en la revista científica Tendencias genéticas, en el que se asevera que el hombre está perdiendo capacidad intelectual y emocional a causa de rápidas mutaciones genéticas que la forma de vida de la sociedad moderna es incapaz de corregir. El científico que lo escribió, el profesor Gerald Crabtree, director del Laboratorio de Genética de la Universidad de Stanford en California, afirma que si un ciudadano promedio de Atenas del año 1000 aC apareciera en nuestra sociedad repentinamente sería considerado un intelectual brillante, con una excelente memoria, una amplia gama de ideas y una visión lúcida sobre cosas importantes que se le plantearan. Además, asegura que sería una persona muy estable emocionalmente. Y opina lo mismo respecto de los habitantes de Asia, África, India o América de hace dos, o quizá, seis mil años.

La base de su argumento proviene de los nuevos avances en genética, antropología y neurobiología, que hacen una predicción clara de que nuestras capacidades intelectuales y emocionales son, desde el punto de vista genético, sorprendentemente frágiles.

Una comparación de los genomas de padres y niños ha revelado que hay entre 25 y 65 nuevas mutaciones produciéndose en el ADN de cada generación. Esto es debido al relajamiento de la selección natural, derivado de la mejora gradual en las condiciones de vida de la especie humana, misma que va unida a una sucesión de pequeñas mutaciones en los genes, lo que mermará nuestras facultades intelectuales hasta tal punto, que dentro de unos tres mil años nuestros descendientes experimentarán serias dificultades para resolver una suma.

Crabtree ha presentado la idea de que la inteligencia humana alcanzó su pico hace varios miles de años y desde entonces se ha venido produciendo un descenso lento en nuestras capacidades intelectuales y emocionales. Asimismo, agrega: “Aunque estemos rodeados de ventajas tecnológicas y beneficios médicos de una revolución científica, estos han ocultado una subyacente disminución en el poder cerebral que va a continuar en el futuro conduciendo al último embrutecimiento de la especie humana”.

El argumento de Crabtree se basa en el hecho de que en más de 99 por ciento de la historia de la evolución humana hemos vivido como comunidades de cazadores-recolectores, sobreviviendo con base en nuestro ingenio. Sin embargo, desde la aparición de la agricultura y las ciudades, la selección natural en nuestro intelecto se ha detenido y se han acumulado mutaciones en los críticos genes de la inteligencia.

En todo caso, es posible que esta polémica teoría explicara nuestro comportamiento irracional y nos plantea si la especie humana está condenada a la decadencia intelectual y heredará a sus descendientes la incapacidad de utilizar la tecnología que le hereden sus antepasados.

Interesante planteamiento. La polémica queda sobre la mesa.

Por Verónica Gutiérrez Portillo, médico familiar de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

1. El agua no puede ser una mercancía

Cada quince segundos muere un niño en el mundo por falta de agua potable. No hay pretexto posible. El agua no puede ser tratada como una mercancía más, transable en los mercados y sujeta a las reglas del lucro.

El acceso al agua es un derecho humano básico. Sin agua potable y saneamiento, no hay ciudadanía real. Sin ellas no hay salud, ni posibilidad de ejercer la ciudadanía.

La OMS ha identificado 25 enfermedades graves generadas por su falta. Las sufren 1100 millones de personas en el planeta. Entre otras, la diarrea infantil, la hepatitis A, el cólera, el dengue.

El mundo tiene todas las posibilidades materiales y ahora tecnológicas para dar agua a todos.

Se está violando en gran escala ese derecho.

Debería ser incluido en las constituciones.

2. La falta de agua y saneamiento mata

Las personas necesitan un mínimo de 20 litros de agua diarios. Mil cien millones tienen menos de 5 litros. En los países ricos se gastan más de 200 litros diarios per cápita.

Anualmente mueren 1.800.000 niños por diarrea infantil, causada en gran parte por falta de agua potable y de instalaciones sanitarias.

Hay 2600 millones de personas que no tienen un inodoro, en el siglo del IPOD y la Internet.

Desesperados, los “sin agua” toman agua contaminada. El 50 por ciento de las camas hospitalarias está ocupado por quienes la han ingerido.

3. La gran humillación

Los impactos de no tener agua ni inodoros son devastadores, psicológica y culturalmente.

Los niños pobres caminan seis horas diarias para traer agua. Pierden 443 millones de días escolares haciéndolo. Las madres luchan muy duramente para conseguir agua para sus hijos.

La sociedad entera los está humillando a diario con no garantizar este derecho básico.

4. El mercado no funcionó

Se apostó en Argentina y América latina en los ’90 a que la “bala mágica” para resolver el problema eran las privatizaciones. La ONU ha demostrado en su informe de Desarrollo Humano dedicado al tema que fracasaron. Los resultados fueron muy graves para la población. Hubo mala gestión, especulación, subinversión, exclusión de los más pobres.

La ONU recomienda que el agua debe estar en manos de la gestión pública. Corresponde a ella asegurar un derecho tan básico.

5. Las enseñanzas de la experiencia argentina

En los ’90, Menem privatizó masiva y salvajemente la prestación de agua y cloacas. Dejó sin política pública de agua al país y con organismos reguladores muy débiles. Los déficit de prestación se agudizaron. En el Gran Buenos Aires, buena parte de la población no tenía acceso a agua ni cloacas. Se verificó que los niveles de nitrato de la prestación de agua privada en algunos municipios excedían más del 40 por ciento las normas de la OMS, lo que pueda generar cianosis y finalmente asfixia.

En 2003 se inició la reconstrucción de una política pública de agua y saneamiento con Enosa, Aysa, otras empresas públicas y grandes inversiones. Como lo ha informado la Secretaría de Obras Públicas, en 2003 hubo 40.000 casos de hepatitis A. El reestablecimiento del derecho al agua, con una agresiva política de salud, fueron claves para que en 2012 fueran sólo 275. También incidieron en el descenso de la mortalidad infantil en el período del 16,5 al 11,7 por mil. En ese lapso se dio agua potable a 5.700.000 nuevos usuarios y cloacas a 3,2 millones.

Falta mucho, pero es en esa dirección.

El tema del agua y el saneamiento no puede seguir siendo marginal o que “viene después”. Ya en la Biblia se garantiza el derecho al agua para todos. Su violación abierta es uno de los mayores escándalos de nuestro siglo. No figura en la agenda del uno por ciento más rico del planeta, dueño de casi la mitad del producto bruto mundial. La ciudadanía organizada lo ha puesto en el centro de la agenda pública en todo la Unasur.

Por Bernardo Kliksberg. En el marco del Congreso de Aloas, ante 500 directivos de empresas de agua de todo el continente, Bernardo Kliksberg dictó una conferencia magistral en la que presentó sus cinco tesis sobre el tema del agua.