El gran trozo era uno de los llamados "dientes flojos" por estar unido de forma precaria a Amery. En la imagen se muestra otro de esos bloques.Foto Afp

Un gran iceberg, de más de mil 600 kilómetros cuadrados y que contiene 315 gigatoneladas de hielo, se separó de la plataforma Amery de la Antártida Oriental.

Las plataformas son hielo flotante que se forman donde la capa congelada se encuentra con el océano. No afectan directamente el nivel del mar porque están flotando, como un cubo de hielo en un vaso de agua. Cuando se derrite sobre tierra firme es el causante del aumento del nivel del mar.

Helen Fricker, del Instituto Scripps de Oceanografía y coautora del hallazgo, señaló que este tipo de evento no está relacionado con el cambio climático: ocurre de forma natural cada 60-70 años.

"Sin embargo, este evento es parte del ciclo normal de la plataforma de hielo y, aunque hay mucho de qué preocuparse en la Antártida, todavía no hay motivo de alarma para Amery, en particular", explicó Fricker en la cuenta de Twitter de Scripps. Se trata de la tercera plataforma más grande de la Antártida.

El iceberg provenía de la parte occidental de un sistema de grietas en la parte delantera de la plataforma de hielo.

El sistema de grietas era el límite de un gran trozo de hielo que se había denominado el "diente flojo" desde 2002, porque parece haber estado unido de forma precaria durante algún tiempo.

El nuevo bloque masivo de hielo ha sido designado D-28. Los satélites continuarán observando el nuevo iceberg, porque podría convertirse en un peligro.

Fricker aseguró que este evento de desgarro subraya la importancia de las observaciones a largo plazo en la Antártida para comprender el ciclo natural de las capas de hielo, con la finalidad de que los científicos puedan comprender mejor los fenómenos provocados por el cambio climático del ciclo natural de "fondo".

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 Un niño permanece junto a una bomba de agua instalada por una empresa minera china en Masumbiri, Sierra Leona, el 26 de julio de 2019. Nellie Peyton Thomson Reuters Foundation

Los pueblos colindantes a una mina quieren un hospital, un colegio y agua potable, pero de momento ni los han obtenido ni han dejado de ser pobres

Cuando los mineros chinos llegaron al pueblo de Masumbiri, en el norte de Sierra Leona, en busca de oro, todo el mundo se puso a la cola para conseguir un empleo. Los adolescentes mentían acerca de su edad, y las mujeres y las niñas iban a cocinar y limpiar el campamento de los trabajadores, un complejo cerrado situado en la ladera de una montaña cercana que da a los campos de arroz.

Dayu, una empresa privada que empezó a operar en Sierra Leona en 2018, no era más que la última de una serie de compañías chinas en busca de oro atraídas por la riqueza mineral del subsuelo del distrito sierraleonés de Tonkoili. "Al principio la gente estaba muy contenta con los empleos", cuenta Hasan Tholley, el envejecido jefe de Masumbiri, sentado en su porche junto a los ancianos del lugar en este pueblo de calles de tierra. Pronto, cientos de jóvenes con casco empezaron a llevar un sueldo a casa, y la población, con sus 5.000 habitantes, tuvo por primera vez cobertura móvil y bombas de agua, todo cortesía de Dayu.

Sin embargo, cuentan los lugareños, al cabo de 18 meses del comienzo del proyecto, cuyo valor asciende a miles de millones de dólares, el sueldo que ganaban no compensaba la pérdida de tierras, y la pobreza empeoró.

Al igual que muchos otros países africanos, Sierra Leona ha cortejado a las empresas extranjeras que pagan a los Gobiernos elevadas tasas por los derechos de extracción, mientras que la población local a menudo tiene la sensación de que no se le pide su opinión ni recibe ningún beneficio.

China es, con diferencia, el mayor exportador de minerales de África subsahariana. En la última década ha invertido alrededor de 30.000 millones de dólares en minería metálica en el continente, alrededor del 15% de ellos en Sierra Leona. Allí, la extracción de oro ha sido un sector relativamente pequeño comparado con el de los diamantes o el mineral de hierro, pero está aumentando con empresas como Dayu, que afirma tener la mayor mina de oro subterránea del país. Su explotación es el único proyecto de la compañía.

Varios equipos menores, algunos de los cuales operan ilegalmente, también extraen oro de la zona al mismo tiempo que las empresas grandes. "Considerando la actividad de extracción, las comunidades deberían estar experimentando un gran desarrollo", señala Mohamed Smooth Bagura, miembro del consejo del distrito de Tonkoili.

A lo largo de la pista embarrada y llena de baches que conduce a Masumbiri, los carteles oxidados anuncian las compañías mineras que llegaron y se fueron. Los únicos coches, edificios o carreteras nuevas en un radio de kilómetros estaban en el campamento chino.

Empleos

Desde su tienda de la calle principal de Masumbiri llena de cerraduras, camisetas y relojes, Ibrahim Thulleh cuenta que el negocio ha disminuido. "Desde que llegó Dayu, la gente tiene menos dinero para gastar", se lamenta durante una tarde calurosa, sentado en su choza descubierta.

Antes de Dayu, durante algunos años no hubo en el pueblo ninguna compañía minera grande. La gente acudía en masa a buscar pepitas de oro, a menudo con éxito, y luego iba a la tienda de Thulleh a gastar lo ganado. Dayu contrató a unos 350 lugareños, y los demás mineros se fueron porque la empresa se quedó con los yacimientos que ellos explotaban.

Thulleh cuenta que, cuando los trabajadores reciben la paga —cada uno cobra entre 50 y 150 dólares al mes—, la reparten entre la familia y los vecinos y la utilizan para liquidar sus deudas. "A final de mes no queda dinero", cuenta Abdulai Kargbo, un minero de 29 años que tiene uno de los empleos mejor pagados: ocuparse de las voladuras y la perforación de la montaña en busca de oro. Antes de Dayu, transportaba a gente en su moto y ganaba entre 10 y 15 dólares al día, más del doble de lo que gana ahora, cuenta el trabajador, que es padre de seis hijos. Las ventajas de un empleo estable no compensan la mengua de los ingresos, asegura. Dentro de unas semanas, cuando lleve un año trabajando en la mina, piensa dejarlo y volver a la moto.

A William Bangura, que tiene dos hijos trabajando para Dayu, no se le ocurre nada que la familia pueda comprar ahora que no pudiese permitirse ya antes. "Solo nos llega para ir tirando", se queja. Aún así, está agradecido por los empleos. "No teníamos elección", sentencia.

En vez de cribarlas a mano y venderlas en el sitio, ahora las partículas de oro se extraen triturando las rocas en una planta de procesamiento situada en la ladera de la montaña. En el suelo de la última sala se apilan grandes bolsas blancas llenas de polvo gris que contiene unos cuantos gramos de oro. En este estado se transporta en camiones al puerto donde se embarca rumbo a China.

Repartir la riqueza

Sierra Leona está "abierta a las empresas", anunciaba el presidente Julius Maada Bio, que ha pregonado su mensaje entre los inversores de China, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos desde que llegó al cargo el año pasado con el compromiso de garantizar que su país se beneficiaría de la minería. De acuerdo con el Código de Minería, las compañías como Dayu pagan medio millón de dólares anuales al Gobierno por una licencia de extracción a gran escala, y se les exige que dediquen el 0,01% de sus ingresos al desarrollo de las comunidades.

Pero las medidas para el desarrollo de las comunidades no están claras y el código no siempre se aplica, afirmaba el Gobierno el año pasado al anunciar una nueva política minera dirigida a poner en marcha una serie de reformas.

Dayu ha decidido aumentar su contribución al 1%, pero todavía está negociando las condiciones con la población local, informaba Mohamed Daffae, gestor encargado de relaciones con la comunidad. Los tres pueblos de la zona piden cosas diferentes. Uno quiere un colegio, otro un centro de salud, y el tercero necesita agua potable, explica el concejal Bangura. Hasta ahora solo se han instalado las bombas de agua, que llega directamente del río sin filtrar. "Hacemos todo lo que podemos para contribuir al desarrollo de la comunidad", declara Peng Hui Yao, director general de Dayu. "Queremos sinceramente que la gente de la zona sea feliz".

Según Daffae, la población está impaciente por que le lleguen los beneficios. "La principal dificultad es que entiendan la concesión", añade desde su oficina del complejo. Los lugareños creen que la tierra y los minerales son suyos, pero no tienen autorización, afirma.

El acuerdo de Dayu con el Gobierno da acceso a la empresa a 9,6 kilómetros cuadrados durante 25 años. Hace poco, Daffae se encontró con la resistencia de la gente del lugar que estaba extrayendo oro de la zona en la que la empresa china quería excavar. "Tuve que desplazarme hasta allí y explicarles que no pueden parar una explotación como esta, que es para todos nosotros", concluye.

Este artículo ha sido realizado gracias al apoyo de la Fundación Thomson Reuters, la sección sin ánimo de lucro de Thomson Reuters dedicada a informar sobre temas humanitarios, derechos de las mujeres y LGTB+, tráfico de personas, derechos de propiedad y cambio climático.

Por Nellie Peyton y Richmond Tholley

MASUMBIRI (Sierra Leona) 20 SEP 2019 - 03:01 COT

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Sábado, 14 Septiembre 2019 06:37

Internet de las vacas

Internet de las vacas

Puede ser que le suene a broma, pero es real. Es un aspecto más de la invasión de tecnologías digitales en agricultura y alimentación, que propone una agricultura sin agricultores, industrializada desde la semilla al plato o al vaso de leche, y controlada por grandes empresas de agronegocios, maquinaria, informática. También un negocio más para las de telecomunicaciones. Telcel, por ejemplo, la promociona en su sitio como parte de la llamada "Internet de las cosas", en la cual la meta es aumentar exponencialmente los artefactos conectados a Internet en la vida cotidiana, desde las industrias hasta los hogares, que interactúan entre sí y con nuestros aparatos.

Empresas como IBM, Cisco y Huawei ofrecen paquetes tecnológicos para el Internet de la vacas. Se trata de dispositivos digitales (collares y/o chips) que se colocan en cada vaca para medir su pulso, temperatura, pico de fertilidad y otras condiciones de salud relacionadas con el sistema digestivo. Los datos se trasmiten por Internet a una nube de las propias compañías, que los almacena en sistemas de datos masivos ( big data), los analiza con inteligencia artificial y envía los avisos que el programa estime pertinentes a un computador o teléfono de la empresa agrícola o hacienda. También hay chips interactivos que pueden dirigir al ganado para su ordeñe cuando es hora, conectado a un sistema automatizado de ordeñe instalado previamente a la medida de la vaca en cuestión. Cada dispositivo está asociado a una vaca en particular.

Desde hace una década existen sistemas satelitales de monitoreo de ganado en ciertas áreas. La diferencia ahora es que la recolección de antecedentes es mucho más amplia, los datos son sobre cada animal y toda la información va a una nube de esas empresas, o según los contratos podrían ser nubes compartidas de Bayer-Monsanto o de maquinaria agrícola como John Deere.

También hay Internet de los cerdos y las ovejas, con bases similares. La idea no es que el proceso termine en cada rancho, sino que el monitoreo siga a cada animal individualmente, en las transacciones de ganado en pie, a través del uso de sistemas de cadenas de bloques ( blockchain) y pagos con criptomonedas, y luego las siga hasta el matadero y en cadenas de certificación que incluyen seguimiento del procesado, venta al menudeo y hasta nuestro refrigerador, supuestamente dando la ilusión de que sabremos más sobre lo que consumimos, cuando en realidad es lo opuesto. Es un sistema para que haya aún más separación entre productores y consumidores.

Tanto IBM como Microsoft han avanzado en sistemas digitales que abarcan toda la producción agropecuaria de una hacienda o establecimiento rural. El paquete que presentó Microsoft en México a mediados de este año ofrece un sistema de monitoreo permanente de la condición de suelos, humedad y agua, estado de los cultivos (si necesitan riego, si hay enfermedades, plagas, etcétera), datos climáticos, datos del tiempo (dirección del viento, lluvias, etc.) para avisar desde la nube de Microsoft cuándo y dónde sembrar, aplicar riego, fertilizantes o agrotóxicos, cuándo cosechar, etcétera. Para resolver el tema de la conectividad rural, elemento clave del sistema, pero que falta en zonas rurales, Microsoft usará los "espacios blancos de Tv", que son bandas de televisión en desuso. Esto permite instalar un router de Internet en cada propiedad, conectando sensores, drones, chips, teléfonos y computadoras con la red electrónica ­–que alcanza con este sistema un radio de varios kilómetros– para enviar la información a la nube de la compañía.

Las mayores empresas de agronegocios, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva (fusión de Dow-DuPont) y Basf, tienen divisiones digitales con proyectos de ese tipo. Desde 2012 cuentan con diversos acuerdos de colaboración o compañías conjuntas con las mayores firmas de maquinaria (John Deere, AGCO, CNH, Kubota) en sistemas de big data, nubes para almacenado y computación, y empresas de drones. Por ejemplo, Precision Hawk, Raven, Sentera y Agribotix son empresas creadas en colaboración entre las multinacionales de semillas-agrotóxicos y las de maquinaria (https://tinyurl.com/y5ejf844).

Cada propiedad conectada aportará una gran cantidad de datos que las empresas se apropian. En la medida que este sistema avance obtendrán mapas de recursos, suelos, agua, bosques, minerales, biodiversidad y regiones enteras, lo que les permitirá visualizar y negociar proyectos mucho más allá de cada hacienda o vender la información a empresas, como mineras y otras.

Nuevamente, como con los transgénicos, las empresas alegan que esta digitalización de la agricultura y la alimentación es para proveer a una creciente población mundial y aumentar la producción. En realidad se trata de un proyecto de agricultura sin agricultores y con alto uso de agrotóxicos y semillas patentadas, orientada a la expansión de empresas (muchas ni siquiera agrícolas). Un proyecto donde, desde la semilla al plato, el control lo tenga una cadena de trasnacionales que no dejará ninguna opción de decisión real a los agricultores, alejará más a los consumidores, amenazando de paso los territorios de producción campesina, que son los que realmente alimentan a la mayoría.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

La naturaleza se quema y la política se agota

Los incendios en la Amazonia están afectando a Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay, países con gobiernos de ideologías opuestas, pero con iguales modelos de desarrollo extractivista y agropecuario.

En los primeros días el fuego te acorrala; en los días siguientes las cenizas te entristecen. Así pueden describirse mis sensaciones en una de mis visitas años atrás a las zonas amazónicas de Brasil, Perú y Bolivia. Estas coincidieron con incendios como los que hoy causan alarma mundial.

Cuando las llamas están activas, el humo inunda todo, es peligroso transitar los caminos por la poca visibilidad, hay momentos en los que cuesta respirar, la garganta se inflama y los ojos lagrimean. Cuando las llamas se apagan, el ocre y el gris dominan las escenas. Aquí y allá siguen erguidos los restos de algunos árboles, mientras que en el suelo, entre las cenizas, aparecen de tanto en tanto los cadáveres calcinados de animales que no pudieron escapar.

Esta destrucción de la fauna y la flora es lo que está repitiéndose en estos días en América del Sur. Si bien la prensa convencional insiste con los titulares sobre la Amazonia y sobre Brasil, la realidad es más compleja, y también más hiriente.

En efecto, este tipo de incendios está ocurriendo en estos momentos en por lo menos cuatro países sudamericanos; además de Brasil, afectan a Bolivia, Perú y Paraguay. A su vez, se están quemando selvas tropicales húmedas, la Amazonia, pero lo mismo está sucediendo con los bosques secos y sabanas arboladas, como la Chiquitanía en Bolivia o el Cerrado brasileño.

En los datos más recientes, el número de incendios en Brasil superó los 82 mil focos (al 26 de agosto), la cifra más alta desde 2010, y casi el doble de lo registrado en estas mismas fechas en el año anterior. En Bolivia son más de 19 mil focos (el doble que en 2018), en Paraguay más de 10 mil (manteniéndose en valores semejantes al año anterior), y en Perú más de 6 mil (un poco más del doble).

Todas las grandes regiones ecológicas del trópico y subtrópico sudamericano están afectadas por los incendios. Por ejemplo, en Brasil, aproximadamente la mitad de los focos se ubican en la Amazonia, pero casi un tercio ocurren en el Cerrado, y un 10 por ciento en los bosques atlánticos. Bolivia en estos momentos vive el drama de ver cómo enormes áreas de bosques secos e incluso su Pantanal están siendo devorados por las llamas (las pérdidas al día de hoy se estiman en 1,5 millones de hectáreas). Por lo tanto, pensar que solamente está ardiendo la Amazonia brasileña es una simplificación. Las pérdidas ecológicas en todos esos ambientes son enormes. Por ejemplo, el bosque seco de la Chiquitanía es único en su tipo en todo el continente, y se estima que más de 750 mil hectáreas ya se quemaron.

EL CHAQUEO DE AYER Y LA DEFORESTACIÓN DE HOY.

La quema de bosques o campos, el llamado “chaqueo” en algunos sitios, ha sido una práctica tradicional realizada especialmente por pequeños campesinos e indígenas. Afectaba a pequeñas superficies en tanto estaba directamente vinculada al autoconsumo de alimentos o por limitaciones tecnológicas. Todo eso ha cambiado en las últimas décadas a medida que han llegado a las áreas tropicales y subtropicales todo tipo de colonos y empresas. Los incendios de hoy nada tienen que ver con aquellos del pasado.

En la actualidad se deforestan y queman amplias zonas, casi siempre con el propósito de liberar espacio para la ganadería extensiva, aunque en otros sitios es para la agricultura. Para hacerlo a esa mayor escala se necesitan importantes recursos materiales, como motosierras y maquinaria pesada, y mucho capital para financiar una ingeniería de trámites legales o ilegales, formales o amparados en la corrupción. Detrás de esto no están ni los indígenas ni los pequeños agricultores.

Esa presión ganadera puede ser brutal. Por ejemplo, en la zona de San Félix de Xingú (estado de Pará), se concentra un rodeo vacuno de más de 2 millones de cabezas. Factores como esos empujan a la agropecuaria convencional a las áreas naturales tropicales y subtropicales.

A su vez, la diseminación de los monocultivos, especialmente de la soja, en otras zonas de Brasil, pero también en Bolivia y Paraguay, hace que los ganaderos se desplacen hacia nuevas áreas a deforestar. Todo esto genera un enorme arco de deforestación amazónica que atraviesa América del Sur, desde la costa atlántica brasileña hasta las faldas de los Andes en Bolivia y Perú. Es una franja de casi 3 mil quilómetros de largo; una distancia similar a la que separa Madrid de Varsovia.

BOLSONARIZACIÓN PARA MILITARIZAR LA AMAZONIA.

Esta problemática se ha agravado notablemente bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado, recortó controles ambientales en cuestiones críticas como la deforestación, redujo el presupuesto del Ministerio del Ambiente, cesó a personal clave en las agencias del ambiente y de conservación de la biodiversidad, maniobró para que se cancelaran multas a los infractores ambientales, y mucho más.

Por otro lado, Bolsonaro y su equipo han hostigado repetidamente a los ambientalistas, indígenas y pequeños campesinos, presentándolos como trabas al progreso, potenciales criminales e incluso como responsables de los incendios. Tan sólo como ejemplo, el 27 de agosto, en la reunión con los gobernadores de los estados amazónicos, en lugar de analizar la crisis ecológica volvió a quejarse de que los indígenas ya tienen demasiadas tierras y anunció que no aprobará nuevas áreas protegidas.

Bolsonaro tampoco duda en repeler las críticas diciendo que son parte de un complot del exterior para quedarse con la Amazonia brasileña. Esa retórica tiene antecedentes desde por lo menos la década de 1970, cuando el gobierno militar se oponía a las primeras negociaciones internacionales ambientales. Bolsonaro revive parte de ese vocabulario, viene colocando a militares en puestos afectados a la gestión ambiental y ha dado señales de resucitar un programa de control militar en las fronteras amazónicas. Bajo esas condiciones, no puede sorprender que recibiera cierto respaldo de otro gobierno muy conservador, el de Ivan Duque en Colombia. Este también ha presentado un nuevo plan de desarrollo en el que la gestión ambiental pasa a ser parte de la estrategia de seguridad del Estado.

LA GEOPOLÍTICA AMAZÓNICA.

La condición internacional de la Amazonia volvió al primer plano con la reacción internacional ante los incendios. Una circunstancia que aprovechó Emmanuel Macron, en la que hay poco de ambientalismo y mucho de oportunismo comercial y político. Pero el problema es que, por lo menos desde la década de 1980, los gobiernos brasileños por un lado insisten en el control soberano sobre su Amazonia, pero al mismo tiempo repiten que no tienen dinero para protegerla y reclaman ayudas a los países industrializados. Desde allí se construyeron diversos mecanismos, financiados especialmente por Europa.

Por ejemplo, en 1992 se inició el Programa Piloto de Protección de los Bosques Tropicales del G7 (Ppg7), que funcionó hasta 2009, con un presupuesto de más de 460 millones de dólares. Cuando se hacía lobby por esos dineros, desde Brasil se insistía en que la Amazonia era un ecosistema único en el planeta y que los países ricos debían colaborar a protegerlo. También se alentó una visión deformada, como si sólo existiera Amazonia en Brasil, dejando en segundo plano a los otros países que comparten la cuenca. De ese modo, las propias autoridades brasileñas durante al menos 30 años han contribuido a ese entrevero que ha oscilado entre una Amazonia “solo mía” a otra que sería “de toda la humanidad”.

La actual crisis ha expuesto en toda su crudeza las tensiones entre la soberanía nacional y las responsabilidades ecológicas, no sólo hacia adentro de un país, sino con sus vecinos y con la salud ecológica planetaria.

LAS CENIZAS IDEOLÓGICAS.

El problema se vuelve más complejo cuando se entiende que las quemas y la crisis ambiental se repiten en las naciones vecinas. No sorprende que ocurra con gobiernos conservadores como los de Colombia, Perú y Paraguay. Más difícil se vuelve asumir que en Bolivia, desde posturas ideológicas que se presentan como opuestas, también se han debilitado los controles ambientales, se perdonaron las faltas a los deforestadores y se alienta el avance del agronegocio.

El gobierno de Evo Morales cita a la Pachamama, pero sus acciones concretas han sido las de promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la administración de Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con expulsarlos del país.

En los progresismos, la retórica se nutre de otros argumentos. Por ejemplo, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, cita a Marx y a Lenin, pero también sostiene que la protección de la naturaleza es un invento del norte y por eso no deberían ser guardabosques de nadie. Tuvieron éxito en esa promesa: no cuidaron los bosques y ahora se están incendiando. Y aunque los aderezos de sus discursos son opuestos a los de Bolsonaro, las similitudes en sus esencias dejan un gusto muy amargo.

Por todo esto, cuando se leen los titulares de la prensa en Madrid, Londres o París, siempre queda esa sensación de que realmente no están entendiendo lo que ocurre aquí en el sur. Es más sencillo atacar a Bolsonaro, en tanto es machista, racista, violento y autoritario, pero es más dificultoso asumir las serias contradicciones en otras tiendas políticas. Nos cuesta entender que estamos ante una crisis ecológica de escala continental y que ella también expresa el agotamiento de las ideologías políticas herederas de la Europa ilustrada. Las viejas políticas, todas ellas, han caducado. La cuestión es comprenderlo para construir alternativas antes de que se queme el último árbol.

*    Miembro del Centro Latino Americano de Ecología Social.

(Tomado de Ctxt por convenio)

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Roberto Aruj, investigador Untref, UBA y OIM.

Roberto Aruj analiza las causas históricas del desastre actula en esa zona y explica las propuestas que hizo al gobierno brasileño.

 En medio del gran incendio que arrasa con el Amazonas y se propaga sin tregua a través del continente americano, son cada vez más las personas que se ven forzadas a dejar sus hogares en búsqueda de un nuevo destino o que se preguntan cómo seguir en el barrio que las vio crecer cuando, a su alrededor, todo es cenizas. Roberto Aruj, investigador de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) analiza los movimientos poblacionales provocados por eventos climáticos extremos y explica cómo poner freno a un problema "que, a diferencia de lo que muchos creen, no es coyuntural sino que se viene arrastrando desde hace años y, si no se le pone un freno, va a seguir creciendo”.

En 2016, junto a otros investigadores, Aruj encabezó un estudio para la OIM --organismo de la ONU-- sobre desplazamientos poblacionales generados por eventos climáticos extremos en 5 países de América del Sur: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En Brasil, la investigación se centró en el Municipio Presidente Figueiredo, Rumo Certo (en el norte del Amazonas), con el objetivo de observar “cómo influye en esa población el gran problema de escasez de agua provocado por los altos niveles de deforestación” y de extender, a partir de ese análisis, recomendaciones para la generación de políticas y estrategias locales y nacionales de prevención, preparación, adaptación y monitoreo de estos eventos climáticos.

Las motivaciones económicas detrás de la deforestación del Amazonas, explicó el especialista, son tres: la construcción de represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera agropecuaria --ya que “en el sur de Brasil hubo un proceso importante de desertificación, por la sojización de grandes extensiones de tierra, por lo que los productores migraron hacia el norte (Amazonas) para trabajar la tierra con el mismo criterio”, explicó Aruj-- y los grandes proyectos inmobiliarios que están ocupando cada vez mayor territorio.

“Este último factor no se suele mencionar en los medios y realmente es muy importante. Hay una afloramiento de inversiones por parte de grupos económicos muy importantes que están construyendo clubes de campo con canchas de golf en el medio del Amazonas”, advirtió Aruj. Y agregó: “Esto lo vimos en Manaos, por ejemplo, donde había grandes anuncios en las rutas que alentaban a invertir en terrenos del Amazonas  destinados a construir esos clubes de campo”.

Esta “injerencia humana”, continuó el investigador, “produce cambios en el clima” que cooperan con la generación de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías e incendios.

Lo que queda luego de esas catástrofes climáticas, además del destrozo del ecosistema, es una situación desoladora para miles de familias que, ante la pérdida de sus pertenencias materiales y el miedo a que el evento climático se repita, se ven forzadas a migrar temporal o permanentemente a otras ciudades.

“Cuando ocurren eventos climáticos extremos, como los incendios que están arrasando con el Amazonas, la gente deja de tener trabajo, se cierran las escuelas, no hay comercio, no hay producción, no hay pesca. Entonces las familias tienen que migrar a otras zonas”, explicó Aruj. “Hay que tener en cuenta que en esos contextos, como la gente pierde todos sus bienes, suele crecer la pobreza”, con lo cual la reinserción en una nueva ciudad suele ser una experiencia muy difícil sin la asistencia estatal adecuada.

Las migraciones, para la mayoría de las poblaciones, son eventos traumáticos, porque “en general la gente tiende a no querer abandonar su lugar, las pertenencias que le quedaron, su casa. Por eso hay muchos que, cuando no tienen otra posibilidad, terminan migrando a otras ciudades de forma transitoria, esperando que pasen los efectos del evento climático para volver. Hay otras familias, en cambio, que por la recurrencia de los eventos deciden mudarse de forma definitiva”, explicó el investigador.

Los movimientos poblacionales por eventos climáticos en Amazonas, así como en las otras regiones del mundo, es una problemática que viene repitiéndose desde hace años: en 2012, 54 de 62 municipios brasileños del Amazonas sufrieron desplazamientos; en 2013, fueron 38 municipios; en 2014, 42; y en 2015, 48. Si se mantiene el ritmo y la intensidad de los cambios ambientales actuales, advierten algunos investigadores, para finales del siglo XXI habrá en el mundo más de 150 millones de migrantes por causas ambientales.

Lo que está ocurriendo en Amazonas, “a diferencia de lo que muchos creen”, “no es coyuntural” sino que es una problemática "que se viene arrastrando desde hace años”, advirtió en ese sentido el investigador. “Allí se producen incendios todos los años. La diferencia es que este es un incendio tan importante que ha llamado la atención a nivel internacional”, señaló.

Es por ello que, para el especialista, es importante poner un freno a la descontrolada injerencia del hombre en la naturaleza. Para eso, ofreció una serie de recomendaciones al gobierno brasileño y a los gobiernos locales: “Pedimos la protección de los bosques del Amazonas, la reforestacion de todas las zonas deforestadas, la utilización de energías alternativas y el mejoramiento de las represas actuales, en vez de construir nuevos emprendimientos hidroeléctricos”. 

El gobierno brasileño, además, debería “colaborar con las poblaciones afectadas para ayudarlas a recuperar lo que han perdido con esta catástrofe y para reubicarlas en otras zonas". Pero, sobre todo, "debería planificar cómo intervenir en esos espacios: cómo desarrollar obras de infraestructura, incrementar la cantidad de pozos para el agua freática, construir canales para el riego, mejorar los caminos de acceso a los sectores de producción agrícola, aprovechar regiones vecinas para producir energía solar y eólica e intensificar los controles de incendio", entre otras cosas. "Y, todo eso, respetando la propia cultura local”.

“Los intereses económicos que hay en juego parecen no tener en cuenta la importancia de la preservación de este ecosistema y de su biodiversidad. Pero lo que está pasando en el Amazonas es un problema de todos. La pérdida de bosques, de la floresta amazónica, influye sobre el conjunto del planeta”, concluyó el investigador.

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Las cigarras se aparean con sus extremos abdominales tocándose. Cuando las cigarras con una infección por hongos de Massospora se aparean, los hongos se desprenden y se adhieren a la pareja. Incluso después de perder la parte del cuerpo, los insectos seguirán reclamando más parejas.

«La naturaleza es un campo de batalla», escribió Darwin. Su sensibilidad y su educación religiosa se enfrentaban cuando buscaba sentido a la crueldad del mundo natural. La naturaleza puede ser cruel, extremadamente cruel.

En octubre de este año se publicará el número 41 de la revista Fungal Ecology, al que ya se puede acceder online. Un artículo ha llamado mi atención. Un nutrido grupo de científicos estadounidenses ha presentado nuevos detalles sobre un hongo que obliga a sus hospedantes, unas cigarras, a unos escalofriantes simulacros de apareamiento en los que los cuerpos momificados de los insectos, desprovistos de sus genitales por el ataque del hongo, dispersan con gran eficacia las esporas del parásito.

Muchos parásitos de animales, incluidos virus, nematomorfos, protistas y hongos, modulan el comportamiento de sus huéspedes para favorecer la transmisión de la plaga. Cada parásito posee rasgos adaptativos que maximizan la dispersión de sus esporas en un proceso que se interpreta como un “fenotipo extendido” del propio parásito.

Un ejemplo de fenotipo extendido entre los hongos entomopatógenos es el comportamiento de “transmisión activa al hospedante” (TAH). En este caso, el hongo mantiene o acelera una actividad “normal” del parasitado durante la esporulación, lo que permite una dispersión rápida y generalizada antes de la muerte del huésped.

Los entomoftorales (Zoopagomycota) se cuentan entre los hongos más importantes que atacan hasta la muerte a artrópodos (insectos y no insectos) e incluyen todas las especies conocidas con comportamiento TAH. Massospora, y otro género estrechamente relacionado, Strongwellsea, son los únicos en los que el TAH es la única forma conocida de modificación del comportamiento.

Massospora contiene más de una docena de especies patógenas transmisibles que infectan al menos veintiuna especies de cigarras (Cicadidae) en todo el mundo. Una de esas especies, M. cicadina, es una de las pocas especies de hongos entomopatógenos que mantiene vivos a sus hospedantes mientras continúa esporulando, un proceso que optimiza la dispersión de las esporas.

Los espectáculos de terror que implica la difusión de las esporas del hongo M. cicadinaaparecen en libros especializados desde 1879, cuando en el informe anual del Museo de Historia de Natural de Nueva York se describió por primera vez. Poco a poco se han acumulado detalles de cómo se contaminan los insectos y de cómo, una vez infestados, transmiten las esporas de su infectante mediante unas cópulas desenfrenadas y estériles para ellos, pero esenciales para que el parásito complete su ciclo de vida.

La vida de las cigarras no es envidiable. Cuando las ninfas sexualmente maduras se preparan para emerger después de pasar 17 años bajo tierra las esporas latentes del hongo, los conidios, se fijan sobre su exoesqueleto. Se supone que el cuerpo de la cigarra emite unas sustancias químicas hasta ahora desconocidas que actúan sobre las esporas, recordándoles que es hora de despertar y germinar. Ese es el conocido como estadio I, que afecta aproximadamente a un 5 % de las cigarras estadounidenses..

Las que soportan este estadio pueden considerarse unas cigarras afortunadas, porque su infección se limitará a servir como transporte de las esporas del hongo adheridas a su exoesqueleto. Pero esa no es la única forma que tiene el patógeno de moverse de un sitio a otro. En unas cuantas cigarras la infección va a mayores cuando las esporas se fijan en el abdomen, tanto de los machos como de las hembras. Enseguida, los machos comienzan a comportarse anormalmente.

Además de los comportamientos normales de apareamiento, los machos comienzan a agitar las alas tal y como hacen las hembras. Este comportamiento femenino atrae otros machos que intentarán aparearse con ellos, en una cópula inane de la que salen cargados con las esporas del hongo.

Los despechados y sexualmente enardecidos machos van en busca de hembras verdaderas. Se aparean y les transmiten los conidios que ellas, a su vez, transmitirán a los machos no afectados que intenten fecundarlas.

Comienza entonces lo que los investigadores llaman el estadio II: las esporas se multiplican una y otra vez en el interior de todas las cigarras infectadas hasta llenar poco a poco la cavidad del abdomen donde se encuentran los órganos sexuales. Llega un momento en el que el abdomen se colmata por completo y, como ocurría con la panza del señor Creosotaen El sentido de la vida, explosiona liberando una nube de esporas del hongo que emergen como una masa blanquecina.

Esta traca final hace que se desprendan los ya enmohecidos órganos sexuales de la cigarra, lo que no evita que siga aleteando frenéticamente intentando aparearse antes de quedar totalmente momificada.

La novedad del artículo de Fungal Ecology es que revela que Massospora cicadina utiliza un par de compuestos químicos que modifican el comportamiento de las cigarras hasta convertirlas en enloquecidos zombis sexuales. Tras analizar la bioquímica de mil compuestos químicos presentes en poblaciones infestadas, el equipo encontró un alcaloide típico de plantas y una sustancia química psicoactiva que se encuentra en los hongos alucinógenos.

El alcaloide derivado de las plantas es la catinona, un compuesto similar a la efedrina, el precursor bioquímico de las anfetaminas. Esto resulta especialmente interesante porque este podría ser el primer ejemplo de una catinona producida dentro de un organismo que no sea una planta. En cuanto al alucinógeno, se trata de psilocibina, el compuesto psicodélico en los hongos mágicos mexicanos.

El enigma es ahora saber cómo las cigarras incorporan esas sustancias a su metabolismo, porque las enzimas responsables de la síntesis de ambos estimulantes cerebrales no aparecen en el análisis bioquímico de los insectos atacados. Es posible que hayan evolucionado en los hongos para mantener bajos los apetitos alimenticios de sus hospedantes y así provocar que estos se concentren en satisfacer las apetencias sexuales mediante una prolongada orgía que solamente sirve para propagar la plaga.

Por Manuel Peinado Lorca

Catedrático de Universidad. Departamento de Ciencias de la Vida e Investigador del Instituto Franklin de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá

28/08/2019

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation

La NASA lanza sondas en las aguas del Ártico para medir el impacto de los océanos en el deshielo

El nivel del mar podría aumentar 7 metros y sumergir islas y regiones costeras por todo el planeta

 

A bordo de una vieja avioneta remodelada y rozando el desierto blanco de la costa este de Groenlandia, tres científicos de la NASA lanzan sondas en las aguas nacaradas del Ártico para medir el impacto de los océanos en el deshielo.

Joshua Willis dirige la misión Derretimiento de los Océanos Groenlandia (OMG, por sus siglas en inglés), que desde 2015 supervisa este territorio autónomo danés víctima del cambio climático.

En su traje azul de astronauta, este oceanógrafo con pinta de Elvis Presley, está al mando en esta jornada de agosto en la que se invitó a periodistas de Afp a acompañar a la misión en el cielo polar.

Mientras sobrevuelan los rocosos fiordos, los deslumbrantes glaciares y los icebergs a unas decenas de metros de altitud, Willis y su equipo lanzan al vacío por turnos sondas de metro y medio de diámetro, llenas de sensores.

La ojiva se hunde en las aguas, en medio de un halo de espuma y Sol boreal. En la línea de la costa, los glaciares en peligro, erosionados por el aire y el oleaje, se hunden y desarman, liberando en medio de un ruido ensordecedor bloques de hielo que parecen islotes de azúcar a la deriva.

"El nivel del mar podría aumentar probablemente en varios metros en los próximos 100 años, es una amenaza enorme para cientos de millones de personas en el mundo", alertó Joshua Willis.

Una vez sumergida, la sonda envía en tiempo real informaciones sobre la temperatura y la salinidad del océano, que se traducen en diagramas multicolores en las pantallas del laboratorio volador de los científicos.

"Mucha gente cree que el hielo se derrite debido al calentamiento del aire, como si fuera un cubito bajo un secador de cabello, pero en realidad los océanos también corroen el hielo", recordó el investigador estadunidense.

En un periodo de cinco años, el equipo de OMG compara los datos recopilados durante el invierno con los recabados a lo largo del verano, con el objetivo de afinar las predicciones de elevación del nivel del mar.

Groenlandia, isla de 2 millones de kilómetros cuadrados rodeada en tres cuartas partes por las aguas del océano Ártico, está cubierta de hielo en 85 por ciento.

 

Aumento de la temperatura el doble de rápido

 

Este inmenso territorio se encuentra en la línea de frente del deshielo del Ártico, región cuya temperatura aumenta el doble de rápido que en el resto del planeta. Si la banquisa y el hielo que cubren la base continental desaparecieran, el nivel de los océanos podría aumentar siete metros y sumergir islas y regiones costeras por todas partes del planeta.

La NASA empezó a interesarse por estos fenómenos en los años 70, después de que sus presupuestos para exploración espacial se redujeran de forma drástica. En la actualidad utiliza más de una decena de satélites para observar la Tierra.

"La lejanía de Groenlandia es un desafío singular", admitió por su parte Ian McCubbin, otro de los científicos de OMG, encargado de la logística para estas misiones que parten del pequeño aeropuerto de Qulusuk, una comunidad del sudeste de menos de 300 habitantes.

"Esos datos son preciosos porque, por primera vez, nos permiten vincular de forma cuantitativa los cambios de temperatura del océano con el deshielo", explicó, mientras su compañero Ian Fenty descifra las informaciones transmitidas por la sonda.

Este deshielo abre al tráfico marítimo las grandes vías del Norte, que permiten unir el océano Pacífico con el Atlántico, lo que aviva el apetito económico y geoestratégico de las grandes potencias, con Estados Unidos, China y Rusia a la cabeza.

Tanto es así que el presidente estadunidense, Donald Trump, propuso a Dinamarca comprarle Groenlandia, oferta rechazada.

Jueves, 22 Agosto 2019 05:38

La guerra del agua

La guerra del agua

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua "gestionada de forma segura".

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

El agua es un derecho humano

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan 'transferir' a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

El caso de la República de El Salvador

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que "más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas".

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

Un derecho humano incompatible con el interés privado

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que "el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable", no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un 'ente rector' o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua "se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país" por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Informar mediante un cartelito

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y "solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar".

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además "por medio de un cartel". Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las alcaldías municipales correspondientes.

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

La carga de la prueba cae en los posibles afectados

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer "razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización" y deben adjuntar "las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren".

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

Chile y Bolivia, dos antípodas

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como "la guerra del agua".

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que "el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo".

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto "no podrán ser objeto de apropiaciones privadas".

En Chile la propiedad del agua fue privatizada

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes" donde "los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que "el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado".

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuosa para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿Estados al servicio de las compañías transnacionales?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio 'delegar' su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar 'fuera del mercado" implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina "demanda inelástica", entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

Por María Luisa Ramos Urzagaste

Sputnik Mundo

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Arde Perú. En medio de protestas suspenden minera Tía María

Los primeros días de julio el gobierno de Martin Vizcarra otorgó la licencia para la construcción del proyecto cuprífero Tía María, de la  Southern Copper Corporationdel Grupo México. A principios de agosto el mismo gobierno debió dar marcha atrás y suspender esa licencia, “hasta que los recursos de revisión presentados por la autoridades y colectivos sociales de Arequipa se resuelvan”, según declara el Consejo de Minería del ministerio.

¿Qué sucedió para provocar un cambio tan drástico? La población de la región Arequipa se levantó contra la minera y el gobierno. Estaba en curso el paro de cinco días con epicentro en la provincia de Islay, donde se asienta la mina, pero con fuerte repercusión en la ciudad de Arequipa.

La huelga indefinida comenzó a mediados de agosto en el Valle de Tambo, una región situada entre el desierto costero y la cordillera andina, donde está el distrito Cocachacra, corazón de la resistencia anti-minera. El paro urbano de cinco días lo decidieron los gremios dela Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) junto a las asociaciones civiles que comenzaron la protesta el pasado lunes 5.

La paralización de la mina es uno de los mayores triunfos de la lucha popular contra la minería. El conflicto lleva ocho años en pie, pero se agudizó el 3 de agosto cuando el gobierno decidió la movilización de las fuerzas armadas en la región.

La región está en conflicto desde 2011, cuando la empresa que comenzó a gestionar la mina en 2003, presentó su proyecto de impacto ambiental. Se sucedieron paros, marchas y cortes de ruta con un saldo de siete muertos. El 2009 se realizó una consulta vecinal promovida por las autoridades distritales de la provincia de Islay y supervisada por la asociación civil Transparencia, con el resultado de que el 95% de los votantes se opusieron al proyecto.

José De Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que un paro que comenzó a escala local en Islay, se había instalado en Arequipa, la segunda ciudad del país con algo más de un millón de habitantes. Con los días, el conflicto se fue extendiendo hacia otras ciudades, como Moquegua, y estaba a punto de hacerse carne en toda la región macro sur, cuando el gobierno decidió la paralización del proyecto.

De Echave sostiene que el marco actual para la minería “fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial”, que beneficia a las empresas y “fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y esoexplica la creciente conflictividad social” (https://bit.ly/2MPr1Gx). Por eso, “el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial”.

El problema de fondo es que Perú es un país minero desde la conquista y la colonia, no ha desarrollado su industria pero tiene un importante sector agrícola que está siendo afectado por las explotaciones mineras. La nueva mega-minería a cielo abierto, aterrizada a base de militarización por el régimen de Fujimori a principios de la década de 1990, es una actualización del colonialismo. 

Va de la mano, naturalmente, de los estados de excepción, la ocupación empresarial-policial-militar de los territorios concesionados a las mineras, y de una sostenida resistencia comunitaria indígena y campesina.

La violencia no es excepcional sino intrínseca al modelo, como señala Gilberto López y Rivas cuando la define como “acumulación militarizada por desposesión” (https://bit.ly/2KCk4pG). Es una política de muerte, porque es el único modo como el capital puede seguir acumulando en su fase de decadencia global, que el zapatismo ha definido como “cuarta guerra mundial”.

Lo verdaderamente importante, es que pese al brutal despliegue de armas y violencia que hace el sistema, se consiguen victorias tan importantes como las de Conga y Tía María en Perú, Río Blanco y Kimsacocha en Ecuador, y un puñado más en Chile, Colombia y Argentina. 

Son triunfos de la pelea cara a cara con los opresores, victorias que no se consiguen tecleando “like” en la pantalla del celular ni firmando desplegados en los medios, sino poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, como se hizo siempre.

Son pequeñas victorias que no toman en cuenta los investigadores de arriba, pero que están abriendo brechas en la dominación y creando las condiciones para la fuga de los poderosos

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IUCN: ¿promoviendo la extinción de especies?

La IUCN, una amplia red global de instituciones relacionadas con la conservación de la naturaleza, publicó en mayo de este año un informe sobre biología sintética, en el cual se defienden los impulsores genéticos ( gene drives), una forma de ingeniería genética para causar la extinción intencional de especies enteras. Según el reporte 2019 del panel Ipbes, de Naciones Unidas, un millón de especies están en peligro de extinción, lo que convierte este informe de IUCN en una cínica paradoja. La explicación es que los promotores de la tecnología de extinción "asaltaron" el grupo que elaboró el informe.

Los impulsores genéticos son una tecnología para hacer organismos transgénicos, que buscan garantizar que los genes manipulados pasen a 100 por ciento de la descendencia, heredando así los genes alterados a toda una población o incluso a toda una especie. Por ejemplo, se quiere usar para que sólo nazcan machos de una especie para provocar su extinción. (https://tinyurl.com/y2lgbu27) Además de que Bayer-Monsanto, DuPont y otras empresas planean su uso en agricultura (para extinguir hierbas o insectos que según las empresas son dañinos al cultivo), sería la primera vez que se liberen intencionalmente organismos transgénicos a la naturaleza, agresivamente dominantes, para manipular genéticamente especies silvestres. Es también considerada un arma biológica y el principal financiador de esta tecnología es el ejército de Estados Unidos. (https://tinyurl.com/y59fkl7c)

El Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) adoptó en 2016 la resolución 086, que exhorta a la dirección del organismo a realizar un informe sobre los impactos en la conservación y la naturaleza de la biología sintética y, en especial, de la controvertida técnica de los impulsores genéticos, absteniéndose de defender o apoyar esta tecnología o de refrendar su investigación o experimentos en campo.

El mismo año, 30 personalidades globales en ecología y conservación y varias organizaciones científicas alertaron de las graves consecuencias que podrían tener los impulsores genéticos, llamando a detener su uso. 170 organizaciones internacionales demandaron al Convenio de Diversidad Biológica establecer una moratoria sobre cualquier liberación a campo. En 2018, 250 organizaciones y tres relatores especiales de Naciones Unidas exhortaron nuevamente a FAO y CDB a detener la experimentación y liberación de esta tecnología en la naturaleza o en agricultura por sus altos riesgos.

No obstante, este informe de la IUCN, llamado "Fronteras genéticas para la conservación", plantea el uso de la biología sintética a campo abierto; por ejemplo, crear árboles transgénicos para forestación o "revivir" mamuts, además de promover el uso de impulsores genéticos para eliminar especies, como ratones, mosquitos y otras.

El informe, lejos de ser científico y objetivo, es producto de un grupo gravemente sesgado. Incluso, de miembros con interés comercial en la tecnología.

Según un análisis detallado del Grupo ETC, de 40 miembros del grupo de elaboración 22 tienen posiciones declaradas a favor de la tecnología y/o graves conflictos de interés. La IUCN no incluyó investigadores u organizaciones de la sociedad civil con posiciones críticas a la tecnología, algo que le requiere su decisión 086. (https://tinyurl.com/yxvbq8ev)

Tres instituciones que trabajan para avanzar y liberar impulsores genéticos, Target Malaria, Revive and Restore y el proyecto Gbird (sigla en inglés del projecto Biocontrol Genético de Roedores Invasores), financiadas por Bill Gates y/o el ejército de Estados Unidos, lograron meter 15 miembros asociados o empleados por ellas en el grupo de elaboración del informe de IUCN. En el grupo de redacción, el sesgo es peor: de 14 autores, 11 participan en las tres instituciones mencionadas y/o en investigación y promoción de la biología sintética e impulsores genéticos.

Uno de los miembros más parciales es el propio presidente del informe, Kent Redford, conocido defensor de las tecnologías que debían ser evaluadas. Desde 2012 ha citado a varios eventos para promover el uso de biología sintética en "conservación". Tiene una empresa de consultoría privada que ha trabajado para la trasnacional de transgénicos DuPont y para Revive and Restore. Es miembro del comité de ética de Target Malaria.

En lugar de abrir un llamado transparente para integrar diversas voces y perspectivas en la elaboración del informe, tal como mandata la decisión 086, la IUCN designó a Kent Redford como presidente, quien integró a otros miembros con sus mismos intereses. De los 40 miembros, sólo siete son del Sur global y apenas uno es indígena, pese a que la IUCN tiene seis resoluciones que refieren que los pueblos indígenas deben participar en los procesos de elaboración y toma de decisiones. Además, que este tema afecta directamente sus hábitats y territorios.

Este sesgado informe debe quedar como lo que es: un folleto de propaganda de la biología sintética y los impulsores genéticos. La IUCN debe rechazarlo como base para la discusión y retomar la decisión 086, designando un grupo que elabore un informe que integre las perspectivas críticas y basadas en el principio de precaución, así como el respeto a la naturaleza y los pueblos indígenas.

Por 
Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC