¿Regresa el sujeto histórico con los chalecos amarillos?

Si alguien me preguntara el significado de la política, diría que se refiere a la disputa por el poder; es decir, la política es agonista, incluso antagonista. Y si esto es así, la política lo que debe cuestionar es el equilibrio de poder entre los diferentes intereses de clase. Como Marx reconoció, el propósito subyacente de las instituciones sociales, políticas, económicas e incluso legales de la sociedad capitalista es preservar el monopolio del poder que goza la clase propietaria del capital. Y, en consecuencia, cualquier intento de desafiar ese monopolio, en cualquier esfera, será contrarrestado, como lo están experimentando actualmente los chalecos amarillos en las calles de París.

Señalo esto porque la naturaleza de la política parece haber cambiado radicalmente en las últimas dos décadas. Me atrevo a decir que la política se ha vuelto más bien apolítica. Hoy se preocupa más por aliviar los excesos del capitalismo que desafiar al sistema en sí. Las protestas contra el capitalismo global que marcaron el fin del siglo se han convertido en una tregua no incómoda, a medida que han surgido nuevos actores “transnacionales” para llenar y “despolitizar” el espacio radical anteriormente ocupado por la clase obrera. Estos nuevos actores comprenden una serie de ‘Movimientos de Justicia Social Global’ (‘GSJM’) y ‘Organizaciones No Gubernamentales’ (‘ONG’) que imponen su agenda a una sociedad civil incipiente en todo el mundo.


Si bien el rango de sus intereses particularistas es vasto, en general están relacionados con el rechazo a una política independiente de la clase trabajadora. Estos movimientos tienden a ser manejados por personal de clase media occidental [1] y que muy a menudo son financiados, directa o indirectamente, por intereses corporativos occidentales [2], evitan las demandas de la política de clase, proponiendo, en cambio, un agenda “individualista” porque esta acción ejercería una autoridad moral superior. A los ojos de estos nuevos actores globales, la política “colectiva”, con sus demandas de representación, constitución e incluso democracia, son artefactos desacreditados de un sistema, que debe ser reemplazado por una forma más moral de gobierno global.


La rápida multiplicación de estos actores globales, conocedores de los medios de comunicación, que actúan de manera muy parecida a los cabilderos, al negociar concesiones en las cumbres capitalistas, no es simplemente una manifestación cruda de un capitalismo global expandido. No es extraño, entonces, que el Banco Mundial involucre a las ONG en sus programas para promover el “desarrollo en el tercer mundo”. También tienen una justificación filosófica para apuntalar el surgimiento de estos movimientos pospolíticos y la consiguiente sustitución del sujeto colectivo centrado en la política de clase por un socio “apolítico” más complaciente.


Mientras los neoconservadores se han empeñado en hacer retroceder al Estado (acogiendo la influyente obra del filósofo neoliberal John Rawls, que anunció la primacía del individuo autónomo [3]) lo que parece más sorprendente es que los nuevos socios del capitalismo global son, en gran medida, una creación de la izquierda.


Fue el abrazo de la izquierda del pensamiento posmoderno con su despreciación de las narraciones históricas lo que ha llevado al abandono de la clase obrera como sujeto histórico o, en términos marxistas, cuando la clase trabajadora se emancipa debe a la vez liberar al conjunto de la sociedad de la opresión de las clases dominantes.


Un corolario de esta supuesta evolución moral en la ‘política’ trans-global, es la depreciación de los objetivos políticos conquistados por el trabajo organizado y sus imperativos asociados de solidaridad y comunidad: términos que están notablemente ausentes de los nuevos movimientos ‘corporativos’ y su léxico moral.


De hecho, la difamación de la clase trabajadora, convertido en un meme cultural desde los años 80, ha demostrado ser una ayuda inestimable para el nacimiento de esta nueva élite apolítica. La otra anatema posmoderna es que la clase trabajadora es irresponsable. Deslegitimar las demandas de la clase trabajadora calificándola como codiciosa y egoísta, ha sido relativamente fácil para los medios capitalistas. Lo que ahora se promociona, por estos medios, es un pluralismo de intereses sociales y culturales, ninguno de los cuales tiene el poder político, ni la voluntad de desafiar el status quo.


El geógrafo urbano, Mike Davis, discute la revolución de las ONG bajo el título “Imperialismo suave”, y considera que es responsable de ”hegemonizar el espacio tradicionalmente ocupado por la izquierda” y “desradicalizar los movimientos sociales urbanos“. El activista de la vivienda, PK Das sostiene que el objetivo de tales movimientos es “subvertir, desinformar y desidealizar a las personas para mantenerlas alejadas de la lucha de clases. Al mismo tiempo que alienta la gente a pedir “favores por motivos compasivos y humanos, en lugar de hacer que los oprimidos sean conscientes de sus derechos“. [4] David Chandler describe a estos actores políticos como “antipolíticos y elitistas” [5]. Para Chandler “sus acciones replican a sus antepasados misioneros: aplacar a los nativos y despejar el terreno para la expansión de la explotación”.


Sin embargo, una breve mirada a las políticas progresistas de los años 70 demuestra que el consumismo compensatorio lanzado por los gobiernos neoconservadores, en los desregulados años 80, que ha llevado a niveles de deuda privada sin precedentes, fue la antítesis a los proyectos socialistas surgidos una década antes, cuando los trabajadores habían tratado de fundar una sociedad alternativa más allá de un capitalismo destructivo y derrochador.


Un análisis más preciso de esos años de disputa no es que los programas de izquierda se agotaron, sino que sus políticas nunca se implementaron. Ciertamente, en el Reino Unido, los trabajadores en huelga fueron engañados por sus propios representantes, tanto dentro como fuera del gobierno, pero también por el propio sistema político, que utilizó medios antidemocráticos para bloquear la implementación de un cambio, necesario, irrevocable y fundamental del sistema económico. Lo que unió todas las fuerzas de la reacción contra los trabajadores fue la demanda de una democracia más directa y la participación en el proceso político y económico, porque este era un desafío inaceptable, tanto para el control capitalista como para el clientelismo burgués.


Lo que ahora parece ser la ética gobernante que determina la política “izquierdista” es un cambio cultural que ha pasado de luchar por el cambio del capitalismo a aceptarlo sin cambios reales. Por lo tanto, parece oportuno reflexionar sobre la era anterior, no hace mucho tiempo, cuando una política de contestación dominaba el espacio público y estar “a la izquierda” era una postura socialista, indiscutiblemente vinculada con las demandas de la clase trabajadora y la construcción de una nueva sociedad.


En el Reino Unido, en la década de 1970, las huelgas, las sentadas y las ocupaciones de fábricas eran eventos comunes. Hombres grises enojados, acurrucados alrededor de los braseros, eran las noticias de la noche y todos parecían estar atrapados en un debate sobre el futuro económico y político del país. Cuando Ted Heath, el primer ministro del gobierno Tory en el poder, convocó una elección en 1975, (después de declarar 5 estados de emergencia), preguntó a la gente “¿Quién gobierna Gran Bretaña?”, el electorado respondió con decisión que no era él y le devolvió el gobierno al partido laborista.


Fue, de hecho, un momento de cambio. Y hubo un sentido real que un cambio fundamental era posible. Esto parece increíble ahora en una era que los reality shows son lo más destacado de la televisión del sábado por la noche. Que la silla usualmente ocupada hoy por los tipos Hollywood hubieran albergado al carismático dirigente comunista, Jimmy Reid, para promover los intereses de la gente común parece ahora bastante extraordinario. Pero así fue.


Lo que no es tan sorprendente, es que los medios de comunicación de ese tiempo hayan apodado “el invierno del descontento” una época en que el país estaba al borde del colapso económico. [6] Ansiosos por impulsar a Margaret Thatcher en la escena política como la gran gurú neoliberal, la prensa conservadora denigró a los trabajadores en huelga y presentó sus demandas como codiciosas y egoístas.


Sin embargo, lo que los trabajadores estaban pidiendo principalmente no era dinero, era poder y más participación en el proceso productivo. [7] Dado que muchas industrias manufactureras se están cerrando, debido a una combinación de mala gestión y falta de inversión, a pesar de los considerables subsidios del gobierno, los trabajadores podrían avizorar un camino a través de la producción de bienes socialmente útiles, tales como máquinas de diálisis y sistemas de calefacción eficientes para jubilados


En sus demandas de mayor participación, los trabajadores, a través de los Consejos de Trabajadores, presentaron estrategias industriales que reconocieron la importancia de la diversificación, los bienes sociales, la energía verde, las limitaciones ambientales, la cooperación y la responsabilidad de los trabajadores. En ‘Socialism and the Environment’, publicado en 1972 [8], varios años antes de la aparición de ‘Green Politics’, se reconoció la conexión entre la expropiación del medio ambiente y la del trabajador, así como la necesidad de poner fin al consumismo destructivo y derrochador que contaminaba el planeta y amenazaba con hacerlo inhabitable.


Para los jóvenes de hoy, la pasividad de los “apolíticos” en lugar de la contestación rebelde es la norma. Después de divisiones de clase, que promovió el poder en la década de 1970, el sistema las ha institucionalizado y empaquetado con trayectorias profesionales para “clases medias solidarias” o han pasado a ser exigencias del mercado, fuera del alcance del gobierno, ya que gran parte lo que la sociedad civil fue en ese momento, ha sido destruida o privatizado.


Margaret Thatcher es recordada por su papel en la desregulación del sector financiero y la venta de activos estatales y viviendas sociales, en un intento por crear una clase media expandida, pero su principal objetivo siempre fue la destrucción de la mano de obra organizada que reconoció como el principal desafío al monopolio capitalista.


Como víctimas del culto al individualismo que comenzó a estrangular a la sociedad en la década de los ochenta (y del “cuidado del consumidor”) hoy es muy difícil para cualquier persona que crece en el capitalismo postindustrial apreciar que hace muy poco tiempo los trabajadores llamaban a la solidaridad, a la justicia, la cooperación y a una nueva visión de la capacidad productiva en torno a un debate por la democracia en la industria, razón por la cual hubo una organizada oposición por parte de los intereses corporativos, los medios de comunicación, la administración pública y de los servicios de seguridad.


Los temores que la mano de obra organizada fuera capaz de efectuar un cambio histórico eran reales. Y la única manera de terminar con ese desafío y asegurar su monopolio era destruir el poder colectivo de la clase trabajadora utilizando todos los medios posibles.


Estructuralmente, eso significaba domeñar a los sindicatos y erradicar aquellos elementos de la sociedad civil que inculcaban nociones de comunidad y solidaridad. Culturalmente, significaba efectuar un cambio radical en la percepción que la sociedad tenía de la clase trabajadora. Se impuso un visión tan negativa y dominante que pocos, independientemente de sus circunstancias económicas, desearon ser identificados con las ideas y valores de la clase trabajadora.


Caricaturizados por medios implacables y reaccionarios, ser integrante de la clase trabajadora pronto se convirtió en sinónimo de ser parte de una “casta de privilegiados” o un “scrounger”. También se les imputó tener puntos de vista racistas y sexistas y, con la etiqueta “subclase salvaje” los jóvenes trabajadores fueron eliminados de toda influencia en la política.


Con el retiro del estado y la promoción del mantra neoconservador de “responsabilidad individual”, se hizo fácil presentar la pobreza y el desempleo como fallas personales. De este modo, se aseguró que las etiquetas ‘irresponsable’ y “no aspiracional” se impusieran, logrando en la práctica hacer desaparecer a los trabajadores de la escena política.


En “La clase social en el siglo 21” de Mike Savage, publicado en 2015, se da a conocer los resultados de la mayor encuesta de clase jamás realizado en el Reino Unido. Un dato importante es que con 161.000 participantes, no respondió ni un solo limpiador o trabajador en los servicios elementales’. [9] De esta manera Savage reconoce que hay “patrones reveladores” en los resultados de la encuesta, particularmente porque hubo una “excesiva representación de hombres de negocios y profesionales de las finanzas”, y que las respuestas recibidas de los CEOs son más de 20 veces del número esperado.


Desafortunadamente, él no explica cuál es “la proporción de encuestados que no creen pertenecer a una clase en una jerarquía de clases que desciende“. Solo una cuarta parte del “precariado” reconocen su estado de clase baja. Mientras esto ocurre con el precariado, la mitad de la élite está orgullosa que pertenecen a su “clase”.


Savage sugiere que esta es una ”inversión fascinante de la tesis de Marx. A saber; la conciencia de clase crece entre los proletarios, porque no tienen nada que perder, sino sus cadenas. ”Al contrario, dice Savage; ”de hecho, los que están al final son los que menos piensan que pertenecen a la clase trabajadora”. [10]


Aparte del hecho obvio que lo que la gente piensa y lo que dice es a menudo muy diferente, hay que decir que nadie quiere ser parte del equipo perdedor; por tanto no hay ninguna milagrosa inversión de la tesis de Marx con esta encuesta.


Una mejor explicación del porqué el proletariado no rompe sus cadenas es qué hay pocas posibilidades de perderlas en un momento en que su encarcelamiento se ha normalizado, es decir, despolitizado. En este momento, todo lo que se logra es recordarle su lamentable estado de olvido. La observación de Lenin sobre la “esclavitud cultural” de la clase trabajadora parece más cierta que nunca. [11]


El trabajo de Savage también es instructivo pues pone en evidencia la vulnerabilidad social de las clases medias y cómo la propia palabra clase ha adquirido un significado cultural: un significante de valor moral e intelectual. Sin embargo, la división de la encuesta en 7 divisiones de clase separadas oculta un panorama más amplio de ganadores y perdedores, dejando a la vista la actual incapacidad dramática de una respuesta social organizada.


Un análisis menos confuso de esa tendencia es quizás provisto por la simple distinción social hecha por Thorstein Veblen en “Los intereses adquiridos y el hombre común”. En el estudio de Veblen, el grupo de “Interés adquirido” de la clase capitalista tiene ”un margen relativamente estrecho de ganancia neta”. Pero a cambio de ese beneficio moderado, afirma Veblen, se “manipulan los sentimientos y las aspiraciones” para aumentar las ganancias.


En todo caso, en un momento en que el capital social y cultural ha alcanzado nuevos niveles de valor de cambio (tras la colonización del capitalismo en la esfera cultural) el análisis de Veblen es esclarecedor. Porque, en la era del capitalismo transnacional y la expansión de los movimientos sociales y culturales apolíticos que la acompaña, hay muchos más márgenes de ganancia.


El abandono de la clase obrera como sujeto histórico generalmente se remonta al surgimiento del pensamiento posmarxiano / posmodernista en Francia en los años 70, con su negación de las narrativas históricas de carácter general. El trabajo que ha proporcionado autoridad moral y política para ese abandono del marxismo es “Hegemonía y estrategia socialista: hacia una política democrática radical”, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, publicado en 1985.


En ese texto post-marxista, Mouffe y Laclau argumentan que la clase trabajadora ya no es el sujeto histórico, esencialmente porque no existe un sujeto histórico y, por lo tanto, no se le atribuye ningún privilegio ontológico como una fuerza histórica efectiva contra el capitalismo. En cambio, sugieren que una gama de grupos de interés social (por ejemplo, feminismo, antirracismo, ambientalismo, etc.) pueden, a través de un liderazgo “moral e intelectual”, (en oposición a un mero liderazgo “político”) combinarse para lograr tal reto.


Los trabajadores siguen siendo importantes en esa amalgama de grupos de interés, pero solo a través de su experiencia concreta y vivida, y no debido a la historicidad de su posición. Es en esta nueva ‘unidad de un conjunto de sectores’ que una ‘relación estructuralmente nueva, diferente de las relaciones de clase, debe ser forjada. Y tal conjunto, afirman, se logrará con una “democracia radical”. [12]


Esto es lo que Mouffe y Laclau llaman la “transición decisiva” del plano político al moral / intelectual y es donde tiene lugar un nuevo concepto de hegemonía “más allá de las alianzas de clase”. La razón por la que se piensa que es necesario alejarse de lo político es porque ellos perciben la necesidad que un conjunto de ideas y valores deben ser compartidos por diversos de sectores: “que ciertas posiciones de los sujetos atraviesan una serie de sectores de clase.”


Para Mouffe y Laclau sólo abandonando una política de clase inadecuada y que tenga una “coincidencia coyuntural de intereses”, se podrá establecer un nuevo movimiento singular. Parte del razonamiento es la suposición de que la clase trabajadora no puede pensar por el resto de la sociedad: que no puede ir más allá de la “defensa estrecha de sus intereses corporativos”. [13] Sin embargo, la historia no lo confirma.


Como se vio anteriormente, en los años 70 en el Reino Unido: una época en que el poder de la clase trabajadora estaba creciendo, fue una época muy ilustrada. Se aprobaron resoluciones antirracistas y antisexistas y también hubo una legislación progresiva que protegía los derechos de los homosexuales, legalizaba el aborto y facilitaba el divorcio. Los trabajadores se declararon en huelga para exigir más dinero para los jubilados. De hecho, es difícil pensar en un área de la vida social que no se consideraba parte del plan socialista de transformación.


Reflexionando sobre el hecho de que estudiantes e inmigrantes, así como los trabajadores participaron en las huelgas masivas que se desataron en Francia en 1968, Mouffe sugiere que “una vez que se rechaza la concepción de la clase trabajadora como una clase universal, es posible reconocer la pluralidad de los antagonismos que tienen lugar en el campo de lo que se agrupa arbitrariamente bajo la etiqueta de “luchas de los trabajadores“. [14] Sin embargo, ¿qué es exactamente “arbitrario” sobre esta etiqueta? y, ¿qué beneficio se deriva abandonarla en favor de una pluralidad de etiquetas diferentes que no tienen importancia política en el contexto de una lucha obrera? En realidad, la disolución de la solidez de la clase obrera en una multitud de antagonismos parece encaminada a destruir la solidaridad; También parece un suicidio político.


En la famosa huelga de Grunwick en 1976, iniciada por mujeres asiáticas no sindicalizadas que trabajaban por una miseria en condiciones extremadamente pobres, los trabajadores enviaron un poderoso mensaje de solidaridad acusando al gobierno laborista en el poder. Los problemas de etnicidad y género desaparecieron mientras se realizaba la mayor movilización de solidaridad obrera jamás vista en el Reino Unido y más de 20,000 trabajadores se presentaron en la línea de piquete para apoyar a los huelguistas. La huelga incluso fue internacional: participaron los trabajadores de los Puertos en Bélgica, Francia y los Países Bajos, boicoteando los productos de Grunwick.


Fue precisamente la solidaridad generalizada del movimiento lo que aterrorizó al gobierno, ya que lo que entonces se hizo evidente fue que la solidaridad de los trabajadores podía transformar la sociedad, por lo que el gobierno recurrió a la vigilancia policial para romper la huelga (la misma táctica que haría el gobierno de Thatcher un par de años más tarde contra los mineros.)


Por otra parte Mouffe afirma que el pluralismo solo puede ser radical si no existe un “principio de fundamento positivo y unitario”. Pero es difícil actuar como una fuerza unificadora en las luchas anticapitalistas si la lucha común olvida la explotación. ¿A quienes podían haber llamado las huelguistas recién llegadas del este de África, si no a sus compañeros trabajadores explotados? ¿Y qué tan efectivas habrían sido sus acciones en ausencia de esa solidaridad?


En su intento por justificar este dramático cambio de la política de clase y de los intereses históricos de la clase trabajadora, Mouffe y Laclau se basan en la noción de Gramsci de la “voluntad colectiva”. El consideraba que un movimiento nacional y popular debería ser capaz de expresar los intereses compartidos de las masas, y también debería reconocer la importancia de un liderazgo moral e intelectual.


Sin embargo, con respecto a estos dos aspectos de su estrategia política, el pensamiento de Gramsci se basa en la historicidad de la clase trabajadora. Porque si bien reconoce la necesidad de alianzas (no ve a la clase trabajadora resistiendo en solitario) sí la reconoce como la fuerza dirigente. El punto central de una voluntad colectiva es que se requiere una voluntad única, enfocada, y no una variedad dispar de tácticas y objetivos.


De hecho, Gramsci opinó que lo que había bloqueado la formación de tal voluntad en el pasado era una serie de grupos sociales específicos. ”Toda la historia, desde 1815 en adelante, muestra los esfuerzos de las clases tradicionales para prevenir la formación de una voluntad colectiva de este tipo y para mantener el poder ‘económico-corporativo’ en un sistema internacional de equilibrio pasivo“. [15]


El hecho de que Gramsci Identificara la necesidad de un liderazgo moral e intelectual en la formación de tal voluntad no significa que pierda su base política / económica. Por el contrario, es evidente que Gramsci proponía un movimiento liderado por un partido basado en la política. [16] También afirmaba que las políticas morales e intelectuales no son nada sin un cambio estructural: “La reforma intelectual y moral debe vincularse con un programa de reforma económica; de hecho, el programa de reforma económica es precisamente la forma concreta en que la reforma moral se presenta”. [17]


Al elevar un liderazgo moral espureo por encima de la política de clase, se ha creado una plataforma para una pluralidad abierta de causas apolíticas. El efecto ha sido despolitizar radicalmente la democracia al eliminar las cuestiones definitorias de la contestación de la clase trabajadora. Si bien Mouffe sugiere que una identidad muy fragmentada y separada de estos “antagonismos” específicos produce una ”profunda concepción pluralista de la democracia“, la realidad ha sido todo lo contrario.


Como señala Ellen Meiksins Wood en “La democracia como ideología del imperio”, es precisamente la desaparición de las relaciones de clase definidas políticamente lo que hace que esta versión de democracia “des-socializada” sea tan atractiva para el capitalismo global. Porque, al poner las preocupaciones sociales y políticas anteriores de la política de clase más allá del alcance de la responsabilidad democrática, la política se subordina fácilmente al mercado. [18]


Claus Offe también reconoce que el ”proyecto neoconservador de aislar lo político de lo no político” se basa en una redefinición restrictiva de lo que puede y debe considerarse político, lo que permite a los gobiernos eliminar las demandas sociales problemáticas de sus agendas. Al mismo tiempo, observa que el surgimiento de nuevos movimientos sociales, que operan en esferas de acción no políticas, sirve para justificar esa despolitización.


La protesta de los chalecos amarillos es una respuesta a una versión de democracia cada vez más “desocializada” y al poder de las élites, que solo ha aumentado bajo Macron. Lo que comenzó como una protesta contra el aumento del impuesto sobre el combustible es ahora mucho más. Alentados por la solidaridad generalizada, los trabajadores exigen el fin del elitismo y la corrupción del gobierno y notifican que la clase trabajadora NO quiere migajas.


¿El derrocamiento de Macron, el fin de la corrupción política, una nueva república, el surgimiento de un nuevo partido político de la clase obrera? Es imposible pronosticar cómo terminará la protesta. El movimiento no habría durado tanto si no hubiera sido por la solidaridad generalizada que los trabajadores han demostrado. La solidaridad se basa en el amor a la justicia, que es la sangre vital de la política de la clase trabajadora y, por lo tanto, hasta que se termine la injusticia, la disputa debe continuar. Porque, como reconoció el padre de la filosofía política, ”siempre son los más débiles quienes buscan la igualdad y la justicia, mientras que los más fuertes no les prestan atención“. [19)

 

Por Susan Roberts
Krítika

 

Notas
[1] Claus Offe, Nuevos movimientos sociales: desafiando los límites de la política institucional, investigación social 52: 4 (1985: invierno) 832

[2] James Heartfield, La Unión Europea y el fin de la política (Zero Books: Winchester 2013) 117

[3] John Rawls, Una teoría de la justicia (Oxford University Press: Oxford, 1972)

[4] PK Das, ‘ Manifiesto de un activista de la vivienda’ citado en Planet of Slums de Mike Davis, (Verso: Londres, 2006)

[5] David Chandler, Deconstruyendo la soberanía en la construcción de una sociedad civil global en Politics Without Sovereignty, (UCL Press: Londres 2007) 150

[6] John Medhurst, esa opción ya no existe – Gran Bretaña 1974-76, (Zero Books: Winchester, 2014)

[7] Intervención estatal en la industria: una investigación de los trabajadores (Russell Press Ltd .: Nottingham, 1980)

[8] Ken Coates, Socialismo y medio ambiente , (Portavoz: Nottingham, 1972)

[9] Mike Savage, clase social en la 21 st Century , (Pelican: Random House, 2012) 11

[10] Ibid., 367.

[11] VI Lenin Collected Works , vol. 27, (Moscú, 1965) 464

[12] Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, Hegemonía y estrategia socialista – Hacia una política democrática radical (Verso: Londres, 1985) 64

[13] Ibid., 66.

[14] Mouffe, ibid., 167.

[15] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks , editado y traducido por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith, (Lawrence y Wishart: Londres, 2003) 132

[16] Gramsci, Ibid., 129.

[17] Ibid., 133.

[18] Ellen Meiksins Wood, La democracia como ideología del imperio en The New Imperialists (Publicaciones de Oneworld: Oxford, 2006) 9

[19] Aristóteles, Política, traducción, Joe Sachs (Focus Publishing: Newburyport, 2012) 1318b

Susan Roberts, historiadora británica.
Fuente original: https://kritica.info/regresa-el-sujeto-historico-con-los-chalecos-amarillos/

Publicado enPolítica
Marx para mí (y ojalá también para otros)

La desigualdad no es un fenómeno individual ('mis ingresos son bajos'), sino un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ('mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas')

Ayer mantuve una conversación acerca de mi trabajo, acerca de cómo y por qué, hace más de 30 años, comencé a estudiar la desigualdad, qué fue lo que me motivó a hacerlo, cómo era ocuparse de la desigualdad de ingresos en una sociedad oficialmente sin clases (y no democrática), si el Banco Mundial se preocupa por la desigualdad etc. De esta forma, el entrevistador y yo tratamos algunas cuestiones metodológicas y la ineludible influencia de Marx en mi trabajo. Me gustaría exponerla de un modo más sistemático en este post.

La influencia más importante de Marx en las personas que trabajan en ciencias sociales es, creo, su interpretación económica de la historia. Esta ha entrado a formar parte de la corriente dominante de tal modo que ya no la asociamos mucho con Marx. Y ciertamente no fue el único y ni siquiera el primero en definirla; sin embargo, fue el que la aplicó de un modo más coherente y creativo.


Incluso cuando creemos que dicha interpretación de la historia es hoy en día un lugar común, no es del todo así. Examinemos la actual controversia sobre las razones que llevaron a Trump al poder. Algunos (principalmente los que creen que todo lo que ocurría previamente estaba bien) culpan a una repentina oleada de xenofobia, odio y misoginia. Otros (como es mi caso) consideran que esos estallidos han sido motivados por un largo período de estancamiento económico de los ingresos de las clases medias y un aumento de la inseguridad (de los empleos, del gasto en atención médica, la imposibilidad de pagar la educación de los hijos). Por lo tanto, este último grupo tiende a dar prioridad a los factores económicos y a explicar cómo estos derivaron en racismo y en todo lo demás. Hay una gran diferencia entre los dos enfoques, no solo en el diagnóstico de las causas, sino, sobre todo, en su opinión de lo que debe hacerse.


El segundo punto de vista de Marx que considero absolutamente indispensable del trabajo en materia de desigualdad de ingresos y riqueza es entender que los poderes económicos ejercen su influencia en los procesos históricos a través de "grandes grupos de personas con diferentes posiciones en el proceso de producción", a saber, a través de las clases sociales. Las clases se pueden definir por la diferencia de acceso a los medios de producción, tal y como Marx insistió, pero no solo por eso. Volviendo a mi trabajo en las economías socialistas, desde la izquierda se vertieron críticas muy influyentes hacia los sistemas socialistas que sostenían que las clases sociales de dicho sistema se formaron sobre la base de un acceso diferente al poder estatal. La burocracia, ciertamente, puede considerarse una clase social. Y no solo bajo el socialismo, sino también en formaciones precapitalistas en las que el papel del Estado como "extractor de la plusvalía" era importante, desde el antiguo Egipto a la Rusia medieval. En la actualidad, muchos países africanos pueden analizarse provechosamente desde esa perspectiva en particular. En mi próximo libro Capitalism, alone utilizo el mismo criterio respecto a los países con capitalismo político, especialmente China.

Para hacer hincapié: el análisis de clase es absolutamente crucial para todos aquellos que estudian la desigualdad precisamente porque la desigualdad, antes de convertirse en un fenómeno individual ("mis ingresos son bajos"), es un fenómeno social que afecta a amplios sectores de la población ("mis ingresos son bajos porque las mujeres están discriminadas" o porque los afroamericanos están discriminados o porque los pobres no tienen acceso a una buena educación, etc.). Un par de ejemplos de lo que tengo en mente: el trabajo de Piketty, especialmente en Los altos ingresos en Francia, y el libro de Rodríguez Weber sobre la distribución de la renta en Chile a muy largo plazo Desarrollo y desigualdad en Chile (1850–2009): historia de su economía política. Por otra parte, creo que el trabajo de Tony Atkinson sobre la distribución de la renta y la riqueza británicas y de varios países más no logró integrar suficientemente el análisis político y de clase.


Aquí también es donde el trabajo sobre la desigualdad toma distancia con una de las lacras de la microeconomía y de la macroeconomía moderna: el agente representativo. El papel del agente representativo era eliminar todas las distinciones significativas entre grandes grupos de población con diferentes posiciones sociales, centrándose en la constatación de que todo el mundo es un “agente” que trata de elevar al máximo los ingresos bajo una serie de condicionantes. Esto es, en efecto, trivialmente cierto. Y al ser trivialmente cierto ignora la multitud de características que hacen que estos "agentes" sean verdaderamente diferentes: su riqueza, antecedentes, poder, capacidad para ahorrar, género, raza, propiedad de capital o la necesidad de vender mano de obra, el acceso al Estado, etc. Por consiguiente, diría que cualquier trabajo serio sobre desigualdad debe rechazar el empleo del agente representativo como una forma de abordar la realidad. Soy muy optimista al pensar que esto sucederá porque la figura del agente representativo fue el resultado de dos novedades, ambas actualmente en retroceso: un deseo ideológico, especialmente marcado en los Estados Unidos debido a las presiones similares a las de McCarthy para negar la existencia de clases sociales, y la ausencia de datos heterogéneos. Por ejemplo, era difícil calcular el ingreso medio o ingreso por decil, sin embargo, era fácil obtener el PIB per cápita.


La tercera contribución metodológica fundamental de Marx es la conciencia de que las categorías económicas dependen de las formaciones sociales. Lo que son meros medios de producción (herramientas) en una economía compuesta de pequeños productores de productos básicos se convierte en capital en una economía capitalista. Pero va más allá. El precio del equilibrio (normal) en una economía feudal o en un sistema gremial en el que no se permite que el capital se mueva entre sectores, será diferente de los precios de equilibrio en una economía capitalista con libre movimiento de capital. Para muchos economistas esto sigue sin ser obvio. Emplean las categorías capitalistas actuales para el Imperio Romano, donde el trabajo asalariado era (y cito a Moses Finley) “espasmódico, ocasional y marginal”.


Sin embargo, aunque no lleguen a ser plenamente conscientes, reconocen de facto la importancia del establecimiento institucional de una sociedad que determine los precios no solo de los bienes, sino también de los factores de producción. De nuevo, lo vemos a diario. Supongamos que el mundo produce exactamente el mismo conjunto de mercancías y la demanda es exactamente la misma, pero lo hace dentro de las economías domésticas que no permiten el movimiento de capital y mano de obra, y después lo hace en una economía totalmente globalizada donde no existen las fronteras. Obviamente, los precios del capital y el trabajo (beneficio y salario) serán diferentes en esta última, la distribución entre los dueños del capital y los trabajadores será diferente, los precios cambiarán en función de los cambios de los beneficios y salarios, los ingresos también cambiarán, así como los patrones de consumo y, en última instancia, incluso la estructura de producción se verá alterada. De hecho, esto es lo que hoy en día está haciendo la globalización.


El hecho de que las relaciones patrimoniales determinen los precios y la estructura de producción y consumo es una visión sumamente importante. De este modo, se subraya el carácter histórico de cualquier ordenamiento institucional.


La última contribución de Marx que me gustaría destacar –quizás la más importante y grandiosa– es que la sucesión de formaciones socio-económicas (o más restrictivamente, de los modos de producción) está en sí misma “regulada” por las fuerzas económicas, incluida la lucha por la distribución del excedente económico. El cometido de la economía es nada menos que histórico y global: para explicar el auge y la caída no solo de los países, sino de las diferentes formas de organizar la producción cabe preguntarse por qué los nómadas fueron sustituidos por poblaciones sedentarias, por qué el Imperio Romano de Occidente se dividió en unas pocas heredades grandes y siervos de tipo feudal, mientras que el Imperio Romano de Oriente permaneció poblado por pequeños terratenientes, y cuestiones similares. Quien estudia a Marx nunca olvida la grandiosidad de las preguntas que se plantean. Para un estudiante así, emplear las curvas de la oferta y la demanda para determinar el coste de la pizza en su ciudad será ciertamente admisible, pero jamás será considerado el papel principal o más importante de la economía como ciencia social.

Por BRANKO MILANOVIĆ


9 DE ENERO DE 2019


---------------------
Este artículo se publicó en inglés. originalmente en el blog del autor.
Traducción de Paloma Farré.

Publicado enSociedad
La impune maquinaria del sicariato contra los dirigentes populares

El 11 de Enero, Alfamir Castillo, una emblemática luchadora popular del Valle del Cauca, fue víctima de un cobarde atentado mientras se desplazaba con su marido en la carretera de Pradera a Palmira. Hay que mencionar que esta carretera está altamente militarizada y tiene presencia policial permanente.

Alfamir Castillo ha vivido con un dolor muy grande: su hijo, Darbey Mosquera Castillo, fue asesinado por el Batallón de Contra Guerrilla No. 57 "Mártires de Puerres" del Ejército Nacional en Febrero del 2008, en una vereda de Caldas, donde el muchacho le habían ofrecido trabajo. Luego lo hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en el infame caso de los “falsos positivos”, cuando el “presidente de la paz”, Juan Manuel Santos, era ministro de defensa. Ese fue el asesinato sistemático de muchachos de escasos recursos, secuestrados por el ejército después de prometerles trabajo, para ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, a fin de que la soldadesca y los oficiales pudieran cobrar beneficios económicos, ser promovidos en la jerarquía castrense y obtener vacaciones, beneficios que les garantizaba el “pacificador” Santos en su política de conteo de cabezas. Estos no fueron casos aislados: la investigación “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” (2017), escrita por el ex policía y sociólogo Omar Eduardo Rojas y Fabián Benavides, presenta evidencia de que hubo más de 10.000 casos. Esto fue un genocidio sin proporciones en la historia colombiana, y las denuncias de que la práctica no han cesado siguen en pie.


Alfamir Castillo, sin embargo, no es una mera víctima. Es una luchadora popular excepcional que ha convertido el dolor ocasionado por el cobarde asesinato de su hijo, en ternura para todos los oprimidos. En cada movilización, ahí está ella. Patiana de nacimiento, de un pueblo cerca del Bordo, ha vivido muchos años en Pradera, Valle, junto a su marido, un cortero de caña que está lisiado, aquejado por enfermedades ocupacionales derivadas del corte, en una batalla legal contra los ingenios para que le reconozcan la afectación que ha sufrido y lo compensen. Cuando el paro de los corteros en el 2008, allá estuvo ella, organizando el Comité de Mujeres Corteras de Caña para apoyar a sus esposos en esa lucha contra el Goliat azucarero. Su liderazgo fue clave para mantener la movilización de los corteros, un punto de inflexión en la historia reciente de las luchas populares. En esas correrías fue que la conocí, y aprendí a admirarla y apreciarla. El atrevimiento de enfrentarse a los zares del azúcar, a los Caicedo, a los Ardilla Lulle, los Cabal, los Eder, les ha costado caro a los corteros: la mayoría de quienes lideraron ese paro, han debido enfrentar agresiones, atentados y el desempleo.


Alfamir no ha estado al margen de esta situación. Varias veces ha tenido que salir desplazada de Pradera por amenazas en su contra. En el 2012, incluso, recibió el “beneficio” de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [1], pero no pasa nada. En Cali, desplazada, la atacaron una vez con una jeringa. Otras veces le han apuntado con pistolas. Ahora la cosa fue a tiros. Tres tiros en contra de la camioneta en que se desplazaba, ninguno de los cuales la alcanzó, afortunadamente. Ese día había recibido dos amenazas, en las que le decían, “no creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo la muerte te ronda y tú no lo crees, ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere… muere… muere…” y “esto es un ultimátum vieja h.p. ya sabemos todo y tienes miedo pero ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros, tu insolencia a mi comandante la vas a pagar con sangre y la salida de nuestros hombres son nuestra mejor arma…muere… muere… muere” [2]. Tu insolencia a “mi” comandante… más claro echarle agua.


Estuviera esto pasando en Venezuela, ya habría escándalo internacional, y los representantes colombianos, con espuma en la boca, estarían pidiendo sanciones en la OEA y la ONU. Pero como es Colombia, todo pasa de agache porque el asesinato de dirigentes sociales se ha vuelto un deporte: casi 300 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz el 24 de Noviembre del 2016. Es decir, en poco más de dos años. Asesinatos selectivos, la mayoría después de amenazas, los cuales buscan descabezar las organizaciones sociales. Un auténtico socialicidio, como lo he llamado en ocasiones anteriores [3]. Ante quienes plantean que “el conflicto es muy complejo para saber de dónde vienen los tiros”, que pueden ser muchos sospechosos, etc. recientemente, la Universidad del Rosario ha publicado una sistemática investigación en la cual demuestran: uno, que la mayoría de los asesinados es por disputas de tierra y que la mayoría de los asesinos son bandas paramilitares, las milicias privadas de ganaderos y terratenientes[4]. El mismo estudio abofetea al manoseado argumento, repetido por la socialbacanería hasta el cansancio antes del acuerdo de paz, de que “una vez acabadas las FARC-EP se le acabaría a la oligarquía la excusa para matar y se tendrían que volver demócratas”, demuestra que en las zonas donde existía las FARC-EP y éstas se desmovilizaron, es donde se concentra la mayor parte de los crímenes recientes.


Acá están claros los móviles de los asesinatos y los sectores sociales detrás de ellos: lo que no hay es voluntad política para coger al toro por las astas. Contrasta la ineficacia para encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes en contra de las organizaciones populares, y dirigentes sociales y de izquierda, con la asombrosa eficiencia demostrada por la policía para capturar y encerrar en la cárcel (¡en menos de 24 horas!) a un pobre muchacho que, de broma, comentó en Facebook que asesinaría a uno de los hijos de Uribe Vélez: sin ninguna intención de realizar el crimen, sin organización detrás, sin ningún arma, pasó varios meses en la cárcel mientras la Fiscalía pedía 15 años de cárcel [5] … por un comentario pendejo en las redes sociales. Pero a los líderes sociales se les estigmatiza por los medios, se les señala con el dedo, se les amenaza, se les asesina y nada. No pada nada.


El grado de podredumbre del régimen colombiano alcanza niveles realmente sórdidos… en las raras ocasiones en que la justicia medio afecta, así sea tibiamente, a sectores poderosos de la sociedad, inmediatamente comienza a moverse una maquinaria macabra que intimida y asesina a potenciales testigos en contra de sus “patrones”. El caso Odebrecht, que salpica a Uribe, a Santos y a todos los círculos del poder, ya ha tenido tres testigos claves del proceso muertos en extrañas circunstancias: José Pizano, su hijo Alejandro Pizano (ambos envenenados con cianuro) y Rafael Merchán, ex secretario de transparencia de Santos, que apareció muerto en un aparente suicidio. Ahora, el tema de los falsos positivos ha entrado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aun cuando esto debería ser materia de las cortes comunes y corrientes porque es un crimen que no puede justificarse de ningún modo en el marco del enfrentamiento del Estado con las FARC-EP. Gracias al proceso de paz, y al abuso que se está haciendo de la JEP, los militares que tanto esfuerzo habían sido castigados por los “falsos positivos” están saliendo de las cárceles. Pero así las cosas, este tribunal, sin dientes, es inaceptable para los altos estamentos castrenses porque en la JEP se sabrá que este no fue un tema de “manzanas podridas” entre los bajos y medios mandos. La JEP, hecha a la medida de la clase dominante, siendo muy difícil que ningún miembro del Estado reciba condena alguna, careciendo de dientes ante los poderosos, pero potencialmente con afilados colmillos para los exrebeldes, es demasiado para una oligarquía acostumbrada a la impunidad absoluta.


El general Mario Montoya hoy enfrenta cargos por los falsos positivos, y ya comienzan a llover amenazas y tiros contra los testigos. El abogado de Alfamir señala que “la JEP, pese a que en noviembre del año pasado se le solicitó estudiar la concesión de medidas cautelares, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado abandonada a doña Alfamir (…). Creemos que existe un desprecio por parte de la JEP hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como se vio en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado” [6]. Por si queda dudas de qué círculo provienen las amenazas y las agresiones en contra de Alfamir, en Octubre, ella participó en una de las audiencias contra Montoya por el tema de los “falsos positivos”; ese mismo día la amenazaron y le dijeron que no se volviera a aparecer por las audiencias [7].


Si Alfamir, una mujer de una valentía realmente admirable, recibe este golpe… ¿quién se va a atrever a levantar el dedo contra Montoya? Si poderosos testigos del caso Odebrecht están muriendo, ¿qué misericordia de la máquina sicarial puede esperar una mujer negra, esposa de cortero, una mujer pobre como Alfamir? El sistema ha mostrado una crueldad espeluznante hacia Alfamir y su familia: asesinándole un hijo, amenazándola y atacándola constantemente, con los ricos del Valle negándole una miserable pensión a su marido. Negándoles sistemáticamente cualquier reparación, cualquier asomo de justicia. Pero ahí está pintado de cuerpo entero y sin afeites. Es increíble que después de tanto dolor, de tanta saña contra ella, no le hayan logrado silenciar ni amedrentar. Inmediatamente después del atentado su voz, esa voz que tanto han querido callar, volvió a hablar fuerte, claro, lozana, para decir lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: “varios de los militares han salido en libertad por cuenta del Proceso de Paz y con nosotros, las víctimas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo quedamos y dónde quedamos? La JEP no nos ha tenido en cuenta como víctimas porque nos ha expuso a esto, a que nos asesinen (…) ¿Esta es la realidad que está viviendo Colombia? (…) Uno se queda sin pensar. Hasta el momento no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que hay que seguir visibilizando esta situación. No podemos permitir que esto siga pasando” [8]. Con la porfía de Antígona, Alfamir no descansará hasta que haya justicia. Y todos a quienes nos palpita el corazón por la justicia social, por la libertad, tenemos que rodearla para que siga en su lucha que es nuestra lucha.


Alfamir, hermana, amiga, compañera… recibe nuestras manos solidarias abiertas para seguir tejiendo resistencias a la infamia.

Por José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Notas
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-amenaza-de-muerte-contra-de-madre-de-victima-articulo-380721
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[3] http://anarkismo.net/article/30859
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251112&titular=%93a-los-l%EDderes-sociales-no-los-han-matado-tanto-por-miner%EDa-o-coca-como-por-
[5] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6735011https://www.semana.com/nacion/articulo/absuelto-nicolas-castro-acusado-amenazar-hijo-del-expresidente-uribe/246349-3
[6] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[7] https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-solicita-con-urgencia-proteccion-para-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra
[8] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-83375

 

Publicado enColombia
Jueves, 17 Enero 2019 06:58

Contrainsugencia progresista

Contrainsugencia progresista

Ahora que se cumplen cien años de los asesinatos de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, vale preguntarse: ¿quién fue el responsable de los crímenes? ¿quién o quienes apretaron el gatillo y con qué autorización lo hicieron?

La respuesta es tan clara como dramática: el gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert, aliado con los paramilitares Freikorps (“cuerpos libres”) en respuesta al levantamiento obrero en toda Alemania, en una coyuntura revolucionaria como la que atravesaba buena parte de Europa al finalizar la I Guerra Mundial.


Los Freikorps estaban integrados por ex soldados del ejército alemán, con un fuerte sentimiento anti-comunista y anti-obrero, y participaron en los años siguientes en numerosos choques con obreros socialistas y comunistas en huelga. Ante la “revuelta espartaquista” en Berlín en enero de 1919, los Freikorps fueron inducidos por el ministro de Defensa, el socialdemócrata Gustav Noske, para reprimir a los obreros y a los comunistas, incluyendo a Liebknecht y Rosa Luxemburgo el 15 de enero de 1919.


Poco después apoyaron al gobierno para aplastar la República Soviética de Baviera y con los años muchos de sus miembros comenzaron a acercarse al nazismo, ingresando al Partido Nacional Socialista alemán y a su milicia, la SA (grupos de asalto).


La deriva de la socialdemocracia alemana hacia la represión que abrió las puertas al fascismo, comenzó en realidad mucho antes, bajo el gobierno del canciller Otto von Bismarck en la década de 1880. En esos años las clases dominantes estaban obsesionadas por la posible repetición de una revolución como la de 1848 (recordemos que Wallerstein plantea que se trató de una de las dos revoluciones mundial que cambiaron el mundo) y de la Comuna de París de 1871.


Para evitar esa posibilidad, un político conservador como Bismarck comenzó a dar los primeros pasos para la construcción de un amplio sistema de cobertura social que luego fue seguido por otros países del continente. En consecuencia se aprobaron leyes de Seguro de Enfermedades (1883), Seguro de Accidentes de Trabajo de los Obreros y Empleados de Empresas Industriales (1888) y durante 1889 la del Seguro de Invalidez y Vejez. El espíritu de la legislación social se desprende de un célebre mensaje de Bismarck: “La superación de los males sociales no puede encontrarse exclusivamente por el camino de reprimir los excesos socialdemócratas, sino mediante la búsqueda de formulas moderadas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores”.


En el mismo período en el que el canciller Bismarck innovaba con la construcción de una amplia legislación de protección social, la primera en el mundo capitalista, impuso las llamadas “leyes antisocialistas” (prohibición de actividades y partidos de signo socialista, de prensa y recaudación de fondos), entre 1878 y 1888, con el objetivo de debilitar al partido socialdemócrata y a las organizaciones de la clase trabajadora que contaba con cooperativas, bibliotecas, periódicos y una infinidad de asociaciones culturales y sociales.
A un siglo de distancia, no sólo debemos mostrar nuestra indignación por los asesinatos de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, sino extraer alguna enseñanza para iluminar las resistencias actuales.


La primera es que la socialdemocracia (el progresismo o la izquierda) en el gobierno, se atreve a hacer aquello que la derecha no tiene posibilidad de realizar. Porque el progresismo al mando del Estado tiene mayor legitimidad y puede sustituir a la derecha en el trabajo sucio, como hizo en 1919.


La segunda es que para asumir el mando del aparto estatal, las diferencias entre izquierda y derecha han debido diluirse hasta desaparecer completamente. La socialdemocracia alemana no sólo es responsable de los crímenes señalados, sino también de haber alfombrado el camino del nazismo, al destruir a los únicos que podían evitar que llegara al poder: la clase obrera organizada. La cuestión no es la actitud de tal o cual dirigente, sino una política que colocó en el centro la ocupación del Estado, desde donde no hay otra posibilidad que hacer lo que hicieron. Es un tema estructural, no de coyuntura o de personas.


Lo sucedido un siglo atrás no es sólo historia. En América Latina el progresismo está transitando, pasos más o menos, un camino muy similar: las políticas sociales y la represión forman parte de un mismo proceso.

14 enero 2019 0

Publicado enPolítica
Una lista negra de 7.000 sacerdotes acusados de abuso sexual en EE UU

Los fiscales investigan por su cuenta la pederastia en la Iglesia estadounidense y dejan cortas las cifras reveladas por las diócesis

Las diócesis de Estados Unidos han adoptado una práctica en los últimos meses: publicar un listado de los sacerdotes con "acusaciones creíbles" de abuso sexual a menores. La mayoría de los religiosos ya no viven o fueron removidos de sus labores eclesiásticas. BishopAccountability.org, un sitio web que rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia, afirma que la institución ha revelado hasta ahora cerca de 7.000 curas denunciados desde 1950, pero que seguramente la cifra es mucho mayor. Según los informes que maneja el portal, dedicado a recabar las cifras desde hace más de una década, el porcentaje de abusadores oscila entre el 6 y el 10%, lo que supondría hasta 11.000 curas pederastas. Las fiscalías estatales que investigan actualmente estos crímenes también han concluido que los listados están incompletos.


En la misa católica celebrada el primero de diciembre en Siracusa, Nueva York, el obispo Robert J. Cunningham hizo un anuncio parroquial que llamó la atención de los feligreses. Primero reconoció las divisiones que existen dentro de la Iglesia sobre si publicar o no los nombres de los sacerdotes con “acusaciones creíbles” de abuso sexual a niños, argumentando que algunas víctimas no quieren que se sepan quiénes fueron sus abusadores. “Tras reflexionar y orar seriamente, he llegado a la conclusión de que esta práctica se ha convertido en un obstáculo para hacer avanzar a nuestra Iglesia local”, afirmó el cura antes de informar de que en los próximos días el sitio web de la diócesis publicaría el listado de los clérigos denunciados en los últimos setenta años.


Cunningham cumplió con lo prometido. Pero su decisión está lejos de ser un caso aislado en Estados Unidos. Desde que se dio a conocer en agosto el brutal informe de Pensilvania en el que se revelaba que más de 300 sacerdotes abusaron de menores en las últimas siete décadas, los obispados se han visto presionados por laicos y feligreses a emprender acciones concretas en favor de las víctimas. La primera lista de este tipo se publicó en 2002. Hasta el 2017 solo 35 de las 187 diócesis que componen el cuerpo eclesiástico estadounidense habían hecho lo propio. Pero a partir del pasado agosto la cifra se disparó. En diciembre ya se habían registrado 90 listados y se sabe que la cifra es mayor, ya que casi a diario hay diócesis que se adhieren. También órdenes religiosas como los jesuitas.


BishopAccountability.org sostiene que la Iglesia ha revelado que hay cerca de 7.000 curas denunciados, pero solo 4.500 con nombre y apellido. Terry McKiernan, fundador de la organización, aclara que ese número es impreciso: “Conozco casos de sacerdotes abusadores que deberían aparecer en las listas y no están. Seguramente hay muchos que no sabemos”. Según los informes que maneja el experto, el porcentaje de profanadores oscila entre el 6 y el 10% de cada establecimiento.


El último escándalo eclesiástico respalda su planteamiento. Las seis diócesis de Illinois publicaron hace un tiempo un listado en el que identificaban a 185 religiosos con acusaciones creíbles. La fiscal general del Estado, Lisa Madigan, alertó en diciembre de la falsedad de la cifra y adelantó que, según sus investigaciones preliminares, la realidad es que al menos 500 sacerdotes han sido denunciados por haber abusado de menores. “Esperábamos que las cifras fueran así de dispares”, sostiene el abogado Jeff Anderson, quien lidera el bufete que lleva su nombre. “Cuando ellos dicen que no quieren publicar los nombres porque las víctimas no quieren que se sepa es una gran mentira. Llevo 25 años representando a sobrevivientes de abusos y nunca he conocido a uno que no quiera. Ese argumento es una excusa para no hacer lo que corresponde”, agrega.


En 2002 el cuerpo completo de obispos católicos de EE UU aprobó la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, que incluía la realización de un estudio descriptivo con la cooperación de las diócesis para conocer el alcance de los abusos sexuales a menores por parte del clero. El análisis reveló que el rango de depredadores era de entre un 3 y 6%, lo que supone 6.600 de los 110.000 miembros de la Iglesia en las últimas siete décadas. “La investigación de Pensilvania y de Illinois demuestran dos cosas: que si queremos saber la verdad son los fiscales los que tienen que hacer y publicar sus propios informes, y que la proporción de denunciados está mucho más cerca del 10%. Estamos hablando de unos 11.000 curas”, plantea McKiernan.


A pesar de los peros, el paso al frente de las diócesis ha sido bien recibido por aproximarse a la respuesta que merecen las víctimas. El informe de Pensilvania fue un punto de inflexión y parece no tener marcha atrás. El documento de 1.356 páginas, la investigación más exhaustiva que se ha llevado a cabo sobre el abuso sexual de la Iglesia católica en EE UU, se adentró en las cloacas clericales y destapó desde redes de sadomasoquismo hasta violaciones en hospitales. “No provocó un cambio cultural, ese está todavía por venir, pero sí logró un despertar en la gente. Inyectó coraje a las víctimas y ahora seguiremos presionando hasta que digan toda la verdad”, apunta Anderson.


El informe de Pensilvania ha llevado al menos a una docena de fiscales generales estatales pusieran en marcha investigaciones sobre abusos sexuales en sus respectivos territorios. En muchos casos, las acusaciones "no han sido investigadas adecuadamente por las diócesis o no han sido investigadas en absoluto", apuntaba la Fiscalía de Illinois. Para el abogado Anderson, la diferencia entre lo que publican las diócesis versus las fiscalías responde en parte a la colaboración de las víctimas, que tienden a ser más abiertas con los segundos.
En medio de la presión, los obispos estadounidenses se reunieron en noviembre para redefinir sus códigos. Entre las medidas propuestas figuraban nuevos “estándares de conducta episcopal”, la creación de una comisión para manejar las denuncias de abuso contra los obispos, y nuevos protocolos para los religiosos que son destituidos o que renuncian debido a una conducta sexual inapropiada. Antes de votar recibieron una carta del Vaticano en la que se les pedía que no acataran reformas hasta después de la cumbre que se celebrará en Roma en febrero con todas las Conferencias Episcopales del mundo para abordar la crisis desatada por los abusos a menores. Este viernes el papa Francisco aseguró que la Iglesia "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes”. Porque este año la bomba no solo estalló en Pensilvania. Ni en Illinois. También lo hizo en Chile, Irlanda y Australia. Y la lista, al igual que la de los clérigos acusados, no deja de crecer.

Por ANTONIA LABORDE
Washington 15 ENE 2019 - 10:11 COT

Publicado enInternacional
321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018

Los asesinatos tuvieron lugar en 27 países y el 77% de ellos se perpetraron contra activistas ambientales, según Front Line Defenders. La organización destaca que el uso de la violencia contra defensores de los derechos humanos es generalizado, además de una tendencia hacia legislaciones restrictivas que entorpecen y limitan el trabajo activista

 

La lucha por los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas se cobra sus víctimas a punta de pistola. Y no son caso aislados. Nada menos que 321 defensoras de los derechos humanos, en al menos 27 países, fueron asesinadas en 2018, tal como indican los datos recopilados por Front Line Defenders, una organización especializada en la protección de “las personas que trabajan, de forma no violenta, por cualquiera o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.


La cifra real de asesinatos, sin embargo, “casi con certeza, es superior a esta”, como aseguran desde la organización. Y tres de cada cuatro de esos asesinatos han tenido como blanco activistas ambientales, según destaca la federación Ecologistas en Acción.


El último informe de la Front Line Defenders, titulado Basta de Asesinatos, destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que van precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. En concreto, el 49 % de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y, tal como destacan desde Ecologistas, “en la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales”.


Para Front Line Defenders, “el uso de la violencia mortal para silenciar a quienes defienden los derechos de las personas más vulnerables sigue siendo generalizado y endémico en varios países”. De hecho, 2018 es el año en el que la organización ha recopilado un número mayor de asesinatos, nueve más que el pasado año.


La persecución y criminalización de activistas tiene, además, el agravante de género. Activistas y defensoras del medio ambiente “sufren agresiones sexuales por parte de actores estatales y no estatales”, incluso dentro dentro de sus movimientos sociales, destaca el informe. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento y persecución de sus hijos, campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias o su eliminación e imposibilidad de acceder a cargos de alto rango en ONG, estructuras públicas o sindicatos son algunas de las realidades recopiladas en el informe.


UN MUNDO MÁS RESTRICTIVO


Por si no bastaba con todo esto, el análisis global de Front Line Defenders remarca una tendencia hacia “una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”. Como indican desde Ecologistas en Acción, “los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales”. Asimismo, “las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ”, añaden.


Serlinda Vigara, portavoz de la federación ecologista, señala que “los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”.
Por ello, desde el colectivo muestran su “máxima preocupación” por los datos del informe y exigen “la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos”. En concreto, instan a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Por REDACCIÓN EL SALTO

PUBLICADO
2019-01-15 11:25:00

 

Publicado enInternacional
Bolsonaro y López Obrador, dos estilos para gobernar las grandes potencias de América Latina

Con pocas semanas de diferencia Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador asumieron la presidencia de sus países, Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas. Sus primeros pasos anticipan, en ambos casos, las principales contradicciones que enfrentarán en los próximos años.

 

Bolsonaro es el monumento a la improvisación: en los diez primeros días de su gobierno —asumió el 1 de enero—, debió retractarse de forma casi permanente. Sus dos principales tropezones fueron anunciar una base militar de los Estados Unidos en Brasil, inmediatamente rechazada por los militares, y críticas a la compra de Embraer —la principal empresa del país y tercera aeronáutica comercial de mundo— por la Boeing, que provocó hondo malestar en los mercados.

Por el contrario, el presidente mexicano está cumpliendo sus anuncios de forma bastante puntual. Decidió un importante aumento del salario mínimo y comenzó su combate al robo de gasolina, o huachicoleo, movilizando al Ejército y la marina par controlar los ductos, lo que provocó desabastecimiento en las ciudades. La medida más polémica es la construcción del Tren Maya, una obra que mereció una contundente oposición del zapatismo así como de pueblos originarios y un sector de la opinión pública.


FUNDAMENTALISMO DE DERECHA


Boslonaro es producto de la tremenda descomposición del sistema político brasileño, que desde 2013 no fue capaz de responder a las demandas de una sociedad cansada de corrupción y desigualdad. En su gobierno confluyen tres fuerzas, según quedó en evidencia en los primeros días de enero: los militares que ocupan siete de los 22 ministerios y los neoliberales alineados detrás de Paulo Guedes, ministro de Hacienda formado en la Universidad de Chicago.


Entre ambas, gana terreno una tercera corriente que ejerce una fuerte influencia ideológica: los discípulos de Olavo de Carvalho, un filósofo anticomunista, astrólogo y activo youtuber que se convirtió en referencia de la familia Bolsonaro. A sus 71 años vive en Virginia, Estados Unidos, ha publicado 19 libros, defiende tesis conspirativas y delirantes como que la tierra no gira alrededor del sol. Pese a ello, tuvo el poder como para indicar dos ministros: el canciller, Ernesto Araújo, y el ministro de Educación, Ricardo Vélez.


El canciller es un poema. La poderosa burocracia de Itamaraty lo rechaza, como sucedió el 2 de enero cuando asumió el cargo y cosechó raleados aplausos. En su discurso Araújo criticó la globalización y mostró un claro alineamiento con EE UU, Israel, Italia, Hungría y Polonia. “Brasil no puede entrar de cabeza en la guerra comercial de EE UU contra China, que se convirtió en nuestro mayor socio comercial, sin ganar nada a cambio”, editorializó el influyente Correio Braziliense (3 de enero de 2019).


El expresidente Fernando Henrique Cardoso aprovechó para lanzar su primer aguijón contra el nuevo Gobierno, advirtiendo que no sería oportuno tomar partido por Washington en la guerra comercial con China. “Es por lo menos anacrónico pensar que la competencia por el poder y la influencia en el sistema internacional se dará entre gladiadores comunistas y capitalistas, cruzados de la fe cristiana contra cosmopolitas sin fe ni patria” (El País Brasil, 6 de enero de 2019).


El ministro de Educación, a su vez, pretende erradicar la influencia de Paulo Freire, al que tacha de marxista, en el sistema educativo. De Carvalho y sus seguidores cuestionan la necesidad de que exista un ministerio de Educación y apoyan la propuesta del presidente de ampliar las escuelas militares que “tienen mejor calidad de enseñanza que las escuelas tradicionales” (El País Brasil, 12 de enero de 2019).


CONFRONTAR CON LOS MOVIMIENTOS

El Tren Maya es una obra faraónica que ningún presidente anterior pudo poner en marcha, en vista de la resistencia de los pueblos originarios. López Obrador es desarrollista y mantiene una férrea alianza con los grandes grupos empresariales que están detrás de esta iniciativa.


El Tren Maya está proyectado para 1.500 kilómetros y 12 estaciones, y según un reciente artículo del antropólogo Claudio Lomnitz en La Jornada, atraerá cuatro millones de turistas extranjeros, una cifra apenas inferior a los que recibe Cancún cada año. Para atender a esos visitantes habrá que destrozar entornos maravillosos como los de Palenque, pero el tren lubricará la explotación de los bienes comunes, como uranio e hicrocarburos,


El gobierno mexicano no consulta a los pueblos afectados, como es su obligación según tratados internacionales, pero ensayó un falso ritual con algunos representantes de esos pueblos y un referendo popular no vinculante, al que acudieron menos de un millón de votantes, de los 60 millones habilitados.


El gobierno de López Obrador, que asumió el 1 de diciembre, tiende a recorrer caminos muy parecidos al de Luiz Inacio Lula da Silva. En primer lugar, se rodeó de grandes empresarios, a quienes está entregando obras que, si se concretan, van a cambiarle la cara al país, en particular el Tren Maya y el Corredor Transístmico que unirá el Pacífico con el Caribe.

En segundo lugar, la realización de grandes obras de infraestructura profundiza el modelo neoliberal de acumulación por desposesión, facilita la corrupción por involucrar actores empresariales y mandos estatales acostumbrados a esas prácticas y, quizá lo más grave, fractura los vínculos con los sectores más activos de la sociedad, como los pueblos originarios. El Tren Maya y la represa de Belo Monte en la Amazonia tienen mucho en común.


No deberíamos olvidar que la debacle del Partido de los Trabajadores en Brasil comenzó con las manifestaciones de junio de 2013, que llevaron a 20 millones de jóvenes a las calles, convocados inicialmente por un pequeño y nuevo movimiento, el MPL (Movimento Passe Livre), que demandaba por el alto precio del transporte y la desigualdad.


En México son los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena los que han dicho “no” a los proyectos desarrollistas sin su consentimiento. Sería muy penoso que luego del fin del ciclo progresista en Sudamérica, el gobierno mexicano transitara el mismo camino. La región parece encajonada entre la ultraderecha y el empeño en repetir recetas fracasadas.

Por RAÚL ZIBECHI

PUBLICADO
2019-01-15 06:00:00

 

Publicado enInternacional
La derecha intenta crear un bloque a su medida

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó ayer que junto a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, avanzan en la creación de un organismo de integración que reemplace la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

“Con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hemos venido avanzando en ese final de Unasur y la creación de Prosur, que más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericano”, manifestó Duque durante una entrevista con la emisora colombiana Oye Cali.


“Hemos venido avanzando conversaciones con varios presidentes de América latina para que Unasur llegue a su final y se inicie más bien la construcción de una etapa muchos mas ágil, menos burocrática, más coordinada de cooperación”, agregó el jefe de Estado.


El mandatario detalló que ese bloque comunitario, cuya fecha de inicio de trabajo no precisó, se enfocará en el desarrollo de políticas públicas, según dijo, en defensa de la democracia, la independencia de poderes y la economía de mercados, así como en la inclusión de una “agenda social con sostenibilidad y con debida aplicación”.


En abril del año pasado, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay –la mitad de los países miembros– habían anunciado su intención de salirse de Unasur y el pasado 27 de agosto Duque lo hizo efectivo. En ese entonces, el mandatario colombiano había anunciado que el gobierno colombiano había notificado al organismo de integración su decisión de retirarse del bloque al considerar que no había denunciado los que calificó como los tratos brutales del Estado venezolano hacia los ciudadanos de ese país.


Duque calificó, además, la creación de Prosur como importante porque, dijo, es una muestra de que Colombia no sólo defiende la democracia, sino que busca una “mayor coordinación para que termine la dictadura de Venezuela” y para construir mejor escenario de cooperación de los países, según afirmó, comprometidos con la defensa de la democracia en la región.
La creación de este organismo forma parte del trabajo de Colombia para aislar diplomáticamente a Venezuela después de que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, asumiera el pasado 10 de enero un nuevo período por seis años.

Publicado enInternacional
Israel-Palestina, más cerca de un estado binacional


Israel está trabajando en la dirección de crear un estado binacional con los palestinos de Cisjordania. Esta idea, que inicialmente solo defendían los colonos judíos, con el tiempo ha ido ganando terreno en todas las capas del estado judío.

Hace solo unos días, las fuerzas de ocupación israelíes evacuaron un asentamiento salvaje de colonos judíos en Cisjordania. Acontecimientos como este ocurren muy de tanto en tanto y no tienen mayor trascendencia en el conjunto del conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, a los dos días se supo que el primer ministro Benjamín Netanyahu había ordenado al ejército que, a pesar de la orden judicial, no se procediera con esa evacuación, que finalmente se realizó por el error de un jefe militar que omitió la orden de Netanyahu.


La expansión colonial israelí se acrecienta día a día. No solo se construyen cada año miles y miles de viviendas en las colonias, sino que paralelamente el gobierno incrementa las infraestructuras que normalizan la ocupación. Aquí y allá se pavimentan nuevas carreteras, aquí y allá se construyen equipamientos de todo tipo. Y se hace a plena luz del día y sin que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, haga nada para evitarlo y para que se cumplan las leyes internacionales.

En esta situación, la solución de los dos estados, de la que se ha venido hablando desde la Conferencia de Madrid de 1991, ha quedado obsoleta. Los primeros que la dieron por muerta fueron los colonos, hace muchos años. En 2014, el propio Netanyahu dijo en hebreo, que es la lengua en la que habla más claro, que un estado palestino soberano era inviable, y en esa dirección se ha estado trabajando desde hace tiempo. Por sugerir lo contrario fue asesinado el primer ministro Yitzhak Rabin en 1995.


Richard Falk, un conocido jurista de derecho internacional, ha escrito en Middle East Monitor que la única salida que ve al conflicto es la de un estado binacional puesto que Israel ya ha dejado “tan claro como el cristal” que no aceptará un estado palestino en Cisjordania. Naturalmente, Falk no contempla la solución de un estado como tantos intelectuales progresistas que han indicado desde hace décadas que la mejor solución sería dar los mismos derechos a israelíes y palestinos.


La aprobación por la Kneset, hace apenas unas semanas, de la Ley Estado-Nación muestra claramente que Israel se ve a sí misma como un estado de apartheid, puesto que se reconocen derechos a los israelíes judíos que no se reconocen a los israelíes no judíos. En Israel no todos los ciudadanos disfrutan de los mismos derechos. Es algo que ha ocurrido desde el establecimiento del estado en 1948, aunque solo ahora se haya acomodado en el complejo sistema de leyes israelíes que carece de Constitución.


Numerosos juristas de todo el mundo han denunciado el apartheid que impera en el país. Visitantes de Sudáfrica han dicho después que el sistema de apartheid que impera en Israel es más dañino que el que ellos sufrieron durante décadas. La diferencia es que en Sudáfrica acabó un buen día mientras que en Israel cada día va a más. Recientemente la Kneset rechazó un proyecto de ley para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.


La cercanía de Netanyahu con los colonos judíos es paradigmática. En diciembre, solo unas horas después de que se anunciara la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones para el 9 de abril, el primer ministro celebró su primera reunión con una delegación de los colonos a quienes aseguró que él es el único que puede garantizar un impulso a la empresa colonial.

Tanto dentro de los palestinos como dentro de los israelíes hay voces que han hablado a favor y en contra de la solución de un estado único. Se ha especulado todo lo posible en ambos sentidos. Por ejemplo, el ministro de Exteriores palestino, Riad al Maliki, ha dicho que un estado sería un “desastre tanto para Israel como para nosotros”. Seguramente, Maliki ve que un estado binacional seguiría anclado en el apartheid con toda seguridad. Frente a Maliki, Edward Said declaró hace casi dos décadas que “un estado binacional es la única solución que parece tener en cuenta la realidad de dos pueblos que básicamente reclaman la misma tierra”.


La solución de un estado binacional de Said ha sido acariciada por un gran número de intelectuales, incluso desde antes de la Conferencia de Madrid y de los acuerdos de Oslo de 1993. En teoría, es la mejor solución pero es impracticable puesto que no se podrá prescindir del apartheid que está tan instalado el sionismo, un régimen político sectario que no podría sobrevivir en la forma que lo conocemos si renuncia al apartheid, y que nada indica que se quiera suicidar en esa reencarnación.


Las negociaciones “largamente moribundas” de los dos estados han llegado a su fin. Así lo proclama Richard Falk, quien califica de “maniobras zombies” las últimas décadas de negociaciones. La cuestión, sin embargo, es que Israel deberá esperar todavía algún tiempo para confirmar oficialmente que lo que se va a crear es un estado binacional. Se ha hablado en las últimas semanas de dar dinero a los palestinos que quieran marcharse a Canadá, a Australia, a Europa o adonde sea.


Naturalmente, la Franja de Gaza quedará al margen del estado binacional. Esta misma semana la ONU ha revelado que durante 2018 han salido 20.000 palestinos más de los que han entrado en la Franja. Las draconianas condiciones impuestas por Israel están causando ese éxodo. La mayor parte de esos emigrantes se han establecido en Turquía, una estación de paso hacia Occidente. La misma política de acoso sufren los palestinos de Cisjordania. De todas las maneras posibles, Israel trata de reducir en todo lo posible la población palestina antes de su anexión y de la aplicación del apartheid que contemplan sus leyes.


En ese sentido es hasta cómico que Falk se pregunte cómo será el futuro estado binacional, si será secular o de apartheid. La respuesta que dan a diario Netanyahu y la Kneset es demasiado obvia.

JERUSALÉN
15/01/2019 07:39 Actualizado: 15/01/2019 07:39
EUGENIO GARCÍA GASCÓN

Publicado enInternacional
ONU pide a Iván Duque que responda a los asesinatos de líderes sociales

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, instó este domingo al presidente de esa nación sudamericana, Iván Duque, a responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.

El politólogo italiano se refirió en esta capital a la escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra en regiones como el departamento del Cauca, suroeste colombiano.


En los pocos días de 2019 hay muchos muertos y la mayoría en la región del Cauca, subrayó el representante de Naciones Unidas en alusión a los siete líderes asesinados en la primera semana del año.


Brunori aplaudió la reunión del Gobierno el pasado viernes en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia.
Sin embargo, consideró que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales.


Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social.


Organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas, cerca de un centenar de ellas excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.


La víspera, además, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que hay un patrón de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia.

13 enero 2019 
(Con información de PL)

Publicado enColombia
Página 1 de 193