Rusia exhibe su avión Checkmate (Jaque mate), que lo coloca en el primer lugar aeronáutico

La exhibición anual MAKS –Salón Internacional de la Aviación y el Espacio, en Zhukovsky, a las afueras de Moscú– presentó su avión de combate táctico ligero de quinta generación (5G) Checkmate –cuya traducción nada fortuita significa jaque mate en el juego de ajedrez, en el que los rusos son grandes maestros.

El avión de combate supersónico multifuncional Checkmate se basa en el mirífico avión furtivo Sukhoi-75, que ya supera al F-35 de EU, que ha tenido severas fallas (https://bit.ly/3iI6iTd).

Checkmate ostenta una poderosa computadora, descrita como un "segundo piloto electrónico", que es muy amigable a la inteligencia artificial (IA) y funciona como "copiloto" (https://bit.ly/3i1O3ZV).

Según Rostec – high tec estatal rusa–, su máxima velocidad alcanza Mach 1.8, su rango es de 2,800 km, su carga explosiva es de 7,400 kg y su costo es de 30 millones de dólares. Checkmate tiene un solo motor, lo cual es crucial porque la aviación rusa carece de ese tipo tan moderno de aviones de combate.

Su vuelo inaugural está contemplado para 2023 y, según Yuri Slyusar, mandamás de United Aircraft Corporation (UAC), Rusia empezará las entregas en 2026 cuando ya existe una lista de espera de varios países de Asia, Medio-Oriente, África, Europa y Latinoamérica, entre quienes destacan Emiratos Árabes Unidos, India, Vietnam y Argentina (sic).

Liu Xuanzun, en el Global Times, portavoz oficioso del Partido Comunista Chino, pregunta si el nuevo Checkmate ruso “rivalizará con el FC-31 de China en el mercado global” (https://bit.ly/2TwhLN8) y juzga que el "prospecto" del furtivo avión Checkmate es óptimo cuando “se espera sea competitivo frente al F-35 de EU en el mercado internacional de armas”, lo cual “también afectará la exportación de aviones de combate de China como el FC-31”.

Los “observadores militares chinos aducen que el FC-31 todavía tiene sus ventajas” cuando “ya ha realizado pruebas de vuelo y se encuentra un paso (sic) adelante del Checkmate en términos del progreso de su desarrollo”.

Una de las ventajas del Checkmate, donde destaca su diseño aerodinámico, es que posee una óptima capacidad furtiva que evita la detección de los radares enemigos. Según Liu, “a nivel doméstico la fuerza aérea rusa puede usar al Checkmate para sustituir sus añejas aeronaves”.

The Saker comenta que “los rusos construyeron algunos muy buenos aviones de combate en el pasado, incluyendo el MiG-23 (criticado en Occidente pero muy preciado por los pilotos rusos) y el MiG-21M, el más exitoso avión de combate jamás construido (https://bit.ly/3x7pb7b)”.

El brasileño Pepe Escobar –geopolitólogo de los mejor informados de la zona euroasiática–, después de exhibir las bondades del mirífico Checkmate, coloca en relieve los sistemas misilísticos de defensa S-500 Prometeo (https://bit.ly/3BBOwd5), los "submarinos silenciosos" y los misiles hipersónicos de Rusia, que "gasta en su industria militar aproximadamente 12 centavos por cada dólar que gasta EU" (https://bit.ly/3rxqfQM), lo cual ya había sido expuesto hace mucho por el analista militar Dmitry Martyanov (https://bit.ly/3BBfamk).

A propósito de la reciente prueba del S-500 Prometeo –similar “al muy eficiente sistema misilístico de defensa S-400”– tiene la "capacidad de interceptar aviones furtivos, así como destruir armas hipersónicas y satélites en el cercano (sic) espacio" (https://bit.ly/3x3uDrN).

Los militares rusos se jactan de que el S-500 Prometeo –nombre del titán que hurtó el fuego de los dioses del Olimpo para beneficiar al género humano– "es objetivamente muy diferente a cualquiera en el mundo y está diseñado para destruir una amplia gama de armas de ataque aéreo y en el espacio, presentes y futuros, en el amplio rango de altitudes y velocidades".

Tan apuestan en la alta eficacia del S-500 Prometeo que el Ministerio de Defensa rusa lo colocará en la región de Moscú. En sólo dos días, Rusia mostró la musculatura de sus tres armas "invencibles" (Putin dixit): el misil hipersónico Tsirkon, la defensa S-500 Prometeo y el furtivo Checkmate de 5G.

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El capitalismo camina hacia el tecnofeudalismo

Alarma en las potencias occidentales y hasta en el FMI por el poder cada vez más impresionante de las grandes corporaciones

Mientras la derecha política y mediática local repite eslóganes y prejuicios contra el Estado, el debate mundial apunta a fortalecerlo, ya no sólo por el papel central ocupado en la pandemia, sino para enfrentar el avance despiadado de los gigantes del mundo digital. Señales para la economía argentina acerca de la necesidad de intervenir sobre empresas que abusan de la posición dominante de mercado.

Tres ideas se están debatiendo en los máximos niveles políticos de las potencias, que necesariamente deberían tener influencia en países periféricos como Argentina:

  1. Las multinacionales contabilizan ganancias extraordinarias y, para financiar a un Estado que ha destinado muchos recursos para atender la pandemia, deben pagar un impuesto adicional.
  2. La posición dominante de grandes empresas monopólicas u oligopólicas deriva en aumentos de precios excesivos y en ausencia de competencia.
  3. El cada vez mayor poder de mercado y financiero de las grandes empresas está limitando la efectividad de tradicionales instrumentos de política monetaria, como la suba de la tasa de interés por parte de las bancas centrales para atender tensiones inflacionarias.

No se trata de diagnósticos y propuestas de una plataforma de gobiernos de izquierda, sino que es la reacción de un sistema estatal que, desde su origen, estuvo aliado y, a la vez, condicionado por las corporaciones, pero ahora las firmas dominantes directamente se están independizando de ese circuito político y de control económico tradicional.

Esta emancipación se expresa en la utilización de guaridas fiscales para pagar poco o nada de impuestos en los países de origen; los aumentos de precios por encima del promedio luego de eliminar por absorción a la competencia; y la abundancia de recursos financieros líquidos que hace que no les importe la estrategia monetaria de las bancas centrales.

Son más grandes que el Estado

La pandemia dejó al descubierto la actual fase histórica del capitalismo concentrado cuando, por primera vez, una extraordinaria crisis económica-financiera global no afectó en forma negativa el negocio bursátil.

Por el contrario, el índice promedio de las principales bolsas mundiales está en niveles record, mientras las economías se derrumbaron y están tratando de recuperar lo perdido, la desocupación se ha disparado y el drama sanitario y social ha sido fulminante.

Este comportamiento divergente entre la economía real y la evolución de las cotizaciones de grandes firmas es uno –no el único- factor que refleja la nueva etapa del capitalismo. En ésta se está desvinculando la histórica asociación entre los Estados y las corporaciones dominantes del sistema de organización tradicional de las fuerzas de producción.

Las tres menciones arriba indicadas sobre las multinacionales sólo son la reacción del mundo político de las potencias, en especial las de Occidente, para tratar de no ver disminuida la capacidad de intervención e influencia de los Estados o, en los hechos, la pretensión de no perder importancia en las relaciones de poder.

Cuál será el legado de la pandemia

No deja de sorprender el análisis rústico de economistas locales, con sus habituales amplificadores, dedicados a debilitar y desacreditar el rol del Estado en la economía.

Hasta la revista conservadora The Economist se hace eco de la nueva etapa y del papel central que está ocupando el Estado, espacio que aspira a preservar pese a la expansión de las corporaciones globales, en especial las vinculadas al negocio digital.

En el texto "Después de la enfermedad. El largo adiós a la covid-19" se asegura que, con la vacuna, están surgiendo destellos de vida poscovid, pero se advierte que existen dos cuestiones claras. Una, que la última fase de la pandemia será prolongada y dolorosa, y dos, que la covid-19 dejará atrás el mundo conocido.

Ese mundo nuevo que presenta The Economist seguiría el patrón establecido por pandemias pasadas, identificando tres cambios, definidos por el sociólogo y médico greco-estadounidense Nicholas Christakis de la Universidad de Yale:

  1. La amenaza colectiva impulsa un crecimiento del poder estatal.
  2. El vuelco de la vida cotidiana conduce a la búsqueda de sentido.
  3. La cercanía de la muerte que trae precaución mientras la enfermedad se agita estimula la audacia cuando ha pasado.

La gente se atrinchera con el Estado

El artículo describe que cuando la población de los países ricos se refugiaba en sus casas durante los cierres, el Estado se atrincheró con ellos.

Detalla que durante la pandemia, los gobiernos han sido el principal canal de información, los que establecieron las reglas, fueron la fuente principal de dinero en efectivo y, finalmente, se han convertido en los proveedores exclusivos de vacunas.

Calcula que los Estados de los países ricos pagaron 90 centavos por cada dólar de producción perdida.

Menciona que existe un vigoroso debate académico sobre si los encierros "valieron la pena, pero el legado de la pandemia del gran Estado ya está a la vista".

Apunta en forma crítica –vale recordar que The Economist es una fuente destacada del conservadurismo- que "sólo hay que mirar los planes de gastos de la administración Biden". Para concluir que "cualquiera que sea el problema (desigualdad, crecimiento económico lento, seguridad de las cadenas de suministro), un Estado más grande y más activista parece ser la solución preferida".

Hasta el FMI se sorprende del poder de las corporaciones

Algo está cambiando en el marco analítico, por lo menos en la voluntad de reflexionar sobre la dinámica de la economía en la fase de la globalización pospandemia.

Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional "Taming Market Power Could (also) Help Monetary Policy", de los investigadores Romain Duval, Davide Furceri y Marina M. Tavares, explica que, ante la amenaza de la inflación, las bancas centrales de los países desarrollados están estudiando aplicar la receta conocida: subir la tasa de interés.

Esta medida es lo que la ortodoxia local está reclamando que haga el Banco Central, para imitar al resto de las autoridades monetarias de la región que ya subieron las tasas.

Como se sabe, el alza de las tasas incrementa la renta de inversores y encarece el crédito, una forma de restringir así la demanda y, por lo tanto, controlar los precios. Es la receta monetarista clásica.

La idea de la suba de la tasa de interés, además, busca influir sobre las expectativas futuras de consumidores y empresas y, de ese modo, lograr eficacia en la política monetaria contractiva.

Sin embargo, esos economistas del Fondo se sorprendieron con un factor que, aseguran, el análisis convencional pasa por alto: el poder de mercado de las grandes empresas.

La investigación que presentaron revela que empresas cada vez más grandes y poderosas están haciendo de la política monetaria una herramienta menos efectiva para administrar la economía.

Lo dicen para países ricos, pero se puede extender a economías en desarrollo con mercados muy concentrados, en los cuales operan empresas con posición dominante y abundantes recursos financieros (en Argentina, por ejemplo, corporaciones de telecomunicaciones con ramificaciones en medios de comunicación).

Apple y Google tienen tanto dinero en efectivo que son Amo y Señor

El estudio del FMI describe que las empresas con mayor poder de mercado responden menos a las acciones de la política monetaria debido a que contabilizan ganancias abultadas.

Esas utilidades, que se incrementaron pese a la tragedia de la pandemia o, para ser precisos, las aumentaron gracias a la pandemia, hacen que esas empresas sean menos sensibles a los cambios en las condiciones de acceso al financiamiento por decisiones de las bancas centrales.

Esos economistas fondomonetaristas ponen por ejemplo que, en marzo de 2021, Apple tenía más de 200.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones en acciones y bonos, mientras que Alphabet (Google) tenía más de 150.000 millones de dólares.

O sea, esas empresas tienen un colchón de efectivo tan grande que pueden decidir inversiones y otros proyectos sin preocuparse por la facilidad con la que podrían acceder a otras fuentes de financiación. Es decir, dejan de depender de cuál es la tasa de interés de referencia que fija la banca central.

En cambio, las empresas que enfrentan mayores restricciones crediticias, como pymes o firmas con un margen de rentabilidad reducido, quedan condicionadas por la política monetaria.

Por lo tanto, la investigación concluye que "el poder de mercado excesivo también puede obstaculizar la capacidad de las bancas centrales para estimular la actividad económica durante las recesiones y enfriarla durante las expansiones". Lo dice el FMI, no un economista de izquierda.

El FMI pide más control a las corporaciones

Luego de ofrecer esta sorprendente definición teniendo en cuenta de donde proviene, esos economistas se destapan con la siguiente recomendación: 

"En un lugar destacado de la agenda se encuentran las mejoras en los marcos de políticas y leyes de competencia. Estos incluyen, dependiendo de las jurisdicciones, un control más estricto de las fusiones, particularmente cuando se trata de empresas dominantes, una aplicación más estricta de sanciones por los abusos, una mayor dependencia de las investigaciones de mercado y medidas más específicas para hacer frente a la economía digital en rápida evolución".

Joe Biden versus las corporaciones

Esta investigación del FMI no es casual. El gobierno demócrata de Joe Biden decidió intervenir en este escenario de expansión económica y de poder de las corporaciones.

El 9 de julio pasado, Biden firmó una orden ejecutiva (decreto) con 72 medidas que busca limitar el poder de las grandes compañías para que bajen los precios de los productos y aumente la competencia.

Los sectores alcanzados van desde tecnología y transporte hasta salud y bancos, pasando por la agricultura y el negocio farmacéutico.

Biden quiere reforzar la aplicación de las leyes antimonopolio para combatir "prácticas anticompetitivas". Apunta, por ejemplo, a las fusiones o adquisiciones, algo común entre gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple y Amazon.

El objetivo expuesto por Biden es potenciar una mayor competitividad en la economía estadounidense, así como lograr "precios más bajos y aumentos de salarios".

"No más tolerancia a las acciones abusivas de los monopolios. No más fusiones perversas que conducen a despidos masivos, precios más altos y menos opciones para los trabajadores y consumidores", afirmó Biden.

El abrazo de la derecha con EE.UU. debería ser completo: Pfizer + antimonopolio

La derecha local hace lobby para el laboratorio Pfizer, no sólo por privilegiar la elección de esa vacuna, sino por una evidente opción para promover la subordinación del país a los Estados Unidos.

Si esta es la manifiesta preferencia geopolítica de la alianza política y mediática conservadora, también debería tomar nota de que el actual gobierno de Estados Unidos impulsa una política antimonopolio, que si se aplicara en Argentina afectaría la principal base mediática de propaganda y difusión de la derecha.

Si la decisión entonces es subordinarse a Estados Unidos, el abrazo de sometimiento debería incluir a Pfizer y también a su actual política contra las empresas con posición dominante de mercados.

El economista griego y ex ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis publicó "El tecnofeudalismo se está apoderando", en Project Syndicate, texto que permite profundizar el análisis acerca de lo que está pasando en la economía con la expansión de las corporaciones.

Es un interesante aporte para eludir análisis rústicos que circulan y para escapar de las vulgaridades de la secta de economistas ortodoxos. Varoufakis afirma que "así como el capitalismo desplazó al feudalismo de forma gradual, subrepticia, hasta que un día la mayor parte de las relaciones humanas se basaron en el mercado y el feudalismo fue barrido, el capitalismo actual está siendo derrocado por un nuevo modo económico: el tecnofeudalismo".

¿Qué es el tecnofeudalismo?

Varoufakis explica que las transformaciones radicales tuvieron repercusiones trascendentales (la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesión y el Largo Estancamiento posterior a 2009) no alteraron la característica principal del capitalismo: un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extraídas a través de algún mercado.

Ahora, en cambio, la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook y Amazon, que ya no operan sólo como empresas oligopólicas, sino más bien como feudos.

Ofrece una definición provocadora del actual estadio del capitalismo: "Las plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracción de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente el capital social de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se está vinculado a Google Maps".

Aclara que no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido puesto que las relaciones capitalistas permanecen intactas, sino que las relaciones tecno-feudalistas han comenzado a superarlas.

El desafío para economías periféricas como la argentina, en este mundo en transformación y de pospandemia, es no caer en las trampas de recetas tradicionales de la ortodoxia, y encontrar espacios para el desarrollo nacional entre las fisuras de esta nueva y compleja etapa de la globalización.

 

Por Alfredo Zaiat

24/07/2021

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Sábado, 24 Julio 2021 07:00

Cuba: las vidas y la libertad importan

Miles de personas asisten a un acto de apoyo a la revolución, en La Habana (Cuba).- EFE

En Cuba se ha producido un estallido de protesta popular. No ha sido un golpe de Estado ni un motín provocado artificialmente por ¿miles? de agentes a sueldo del imperialismo. Ha sido una protesta en la que han participado personas con mentalidades muy diferentes, precisamente porque su motor no ha sido ideológico sino social, reclamando la atención de las necesidades básicas de la vida.

En este estallido se han cruzado dos crisis:

- el dinosaurio estructural que ya estaba allí: baja productividad, caos burocrático e ineficacia,  ausencia de canales de reivindicación en un país sin derecho de huelga y con un sindicato único sometido al Estado, desvinculación creciente de la población respecto a decisiones en las que no participa y que no mejoran sus vidas, grave escasez de divisas, nuevas generaciones sin recuerdo de los momentos en que se alcanzaron logros sociales (en alfabetización, sanidad, educación) pero que  han vivido su desgaste y deterioro, etc.

- la chispa que prendió el estallido, esto es, las consecuencias sociales de la fuerte reducción del turismo a causa de la pandemia y las consecuencias del plan de ajuste "Tarea ordenamiento", destructor de muchos de los accesos gratuitos o subvencionados a determinados bienes o servicios básicos, lanzado por Díaz-Canel -obsesionado en una condena recurrente del "igualitarismo"- y el PCC a través de reformas monetarias, laborales y económicas que benefician a los capitalistas cubanos y extranjeros y que han cargado sobre la clase trabajadora y el pueblo llano el coste de todas las dificultades,

Como señala Leonardo Padura: "Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no sólo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

Frente a quienes se tiran a la cabeza los sufrimientos de otros, decimos: las vidas cubanas importan, las vidas colombianas importan, las vidas de las mujeres saudíes importan, la vida de los nicaragüenses importan, las vidas kurdas importan, las vidas sirias importan.

Las vidas cubanas importan: lo más urgente

  1. El pueblo cubano tiene derecho a protestar sin sufrir represión. Es necesario reclamar al gobierno cubano el libre ejercicio del derecho de manifestación, el fin de la represión de las protestas y la liberación de las personas detenidas por estas protestas o por sus actividades críticas.
  2. Las protestas son justas, los problemas que expresan son reales. Gran parte de la población tiene graves dificultades para el acceso a alimentos y a medicinas. De estar en Cuba, habríamos estado en las protestas. Nos sumamos a las voces cubanas que denuncian el plan de ajuste Tarea ordenamiento lanzado en diciembre de 2020 y exigen la cancelación de las medidas que significan un deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y un incremento de la desigualdad social. Consideramos que nuestros sindicatos y la Confederación Internacional de Sindicatos deberían pronunciarse en igual sentido.
  3. Cuando la población es abandonada a su suerte tiene derecho a buscarse la vida como puede, por lo que no tendría sentido oponerse a la "medida estrella" anunciada por el gobierno cubano como aparente concesión ante el malestar social, consistente en dejar entrar en Cuba a personas cargadas de alimentos y medicamentos. En todo caso, y como medida de emergencia, el gobierno cubano debería tratar de retirar de todos los obstáculos que la legislación cubana o los reparos del régimen puedan poner a la entrada en Cuba de alimentos básicos y medicinas de cualquier procedencia, y regularla de manera que su distribución permita que lleguen a quienes más lo necesiten, sin permitir "el mercado negro"; las medicinas deben llegar a través del sistema sanitario, no porque te visite tu tío de Miami, aunque sea legítimo conseguirlas de esa manera si el sistema sanitario no las proporciona.
  4. Cuba ha creado dos vacunas pero tiene dificultades para fabricarlas masivamente y sufre carencia de las jeringuillas necesarias. Se han puesto en marcha diversas campañas para recoger dinero con el que comprar millones de jeringuillas y enviarlas a Cuba, como la de SODEPAZ en España. Ahora bien, esa es una responsabilidad que también debe ser asumida por la comunidad internacional, y por España y nuestro gobierno muy en particular. La iniciativa COVAX debe activarse inmediatamente y llegar a sus beneficiarios mejor antes que después. Si la lucha contra la pandemia no puede ser victoriosa mientras África y América Latina sigan careciendo de vacunas, por lo que el apoyo a esos países no sería sólo solidaridad sino autodefensa, por lo que instamos al Gobierno PSOE-UP a hacerlo, opinen lo que opinen del régimen cubano.
  5. Las penurias y dificultades del pueblo cubano son atribuidas por el Gobierno cubano y por todos aquellos que a nivel internacional lo apoyan al embargo USA, y ya son décadas justificando las dificultades en las que vive la población repitiendo el mantra del embargo. Siendo esté injusto, no es riguroso atribuir al embargo estadounidense (que no incluye alimentos y medicinas) todas las dificultades económicas de Cuba. Menos riguroso es aún justificar con ello el autoritarismo del régimen, como si el silenciamiento de un pueblo le hiciera más fuerte para soportar presiones exteriores. Sin embargo, el embargo tiene consecuencias negativas para la población cubana y se ha convertido en excusa y nube de humo para justificar el fracaso del sistema burocrático implantado en Cuba pese a los logros iníciales tras el derrocamiento de la dictadura de Batista. Por ello, es necesario mantener la exigencia de que los gobernantes de EEUU apliquen las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del embargo; eso puede llevar tiempo incluso aunque Biden quisiera hacierlo, pero, en esa transición, la Administración Biden puede derogar o dejar de aplicar las medidas restrictivas adicionales impuestas por Trump, especialmente dañinas; hay que presionar en ese sentido derogatorio del embargo, aunque no ayuda a conseguir apoyo social el que se haga en un sentido que implique a la vez solidaridad con el régimen (post)castrista, en vez de solidaridad con el pueblo cubano en su conjunto, tanto con partidarios como con opositores al régimen o con indiferentes.
  6. Junto a las respuestas inmediatas, de emergencia, junto a la necesidad de intentar que el gobierno cubano cambie de actitud en los asuntos urgentes citados, y junto a las acciones internacionales que ayuden a paliar las dificultades inmediatas que padece la sociedad cubana, no podemos dejar de señalar que hay cambios más profundos imprescindibles que requieren un cambio de régimen en Cuba, cambios que, tanto si llegan por una vía "a la española" (pactada) como si llegan por una vía "a la portuguesa" (revolucionaria), significarían una "salida" del régimen (post)castrista. Entre ellos citaremos el fin del sistema constitucional de partido único y de dominio del Estado por éste, el pleno reconocimiento del derecho de asociación, el derecho a formar sindicatos independientes del Estado, el derecho de huelga y, quizá lo más importante de todo, la libertad de expresión.

Cuba es una dictadura

El régimen político cubano es dictatorial. Hay otras dictaduras en el mundo y están emergiendo nuevos "tipos" de poderes autoritarios que se mueven en una lógica dictatorial aunque de momento sean formalmente multipartidistas y dispongan de parlamentos electos (Hungría, Rusia, Turquía). Pero eso no significa que la forma del Estado y las libertades civiles nos puedan ser indiferentes.

Aquí estamos hablando de Cuba, porque las vidas cubanas importan. Podemos hablar de otras cosas, y lo hacemos, pero hoy hablamos de Cuba porque Cuba importa, como nos importa Arabia Saudita cuando hablamos de ese país sin por ello tener que hablar de Cuba.

La raíz del autoritarismo cubano es vieja. Estamos hablando de un régimen vigente desde hace décadas, siguiendo el modelo estalinista clásico de partido único, con matices caribeños. No es este el lugar para analizar el proceso que llevó en pocos años de una revolución democrática con fuerte carga social a un nuevo despotismo; en ello influyó el acoso externo y las agresiones militares sufridas en 1961, ya que la militarización de las revoluciones siempre favorece a las franjas más autoritarias del movimiento, pero de ninguna manera puede decirse que el único o mejor camino fuera la conversión/inmersión del Movimiento 26 de julio (1953-1962) en el  Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (1962-1965) y su cristalización estalinista como Partido Comunista de Cuba (desde 1965 hasta ahora) y como dictadura de partido único, con episodios terribles tan tempranos como la persecución iniciada en 1962 contra las personas homosexuales y su internamiento en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (1965-1968); hasta 1988 no fue derogada la Ley de ostentación homosexual.

Actualmente, el régimen (post)castrista está en transición, pero es una transición que no conlleva más democracia, sino que sigue, dentro de sus posibilidades limitadas, el modelo chino de apertura al capitalismo, manteniendo el poder monopolista del Partido Comunista de Cuba, sin liberalización política; para los inversores extranjeros en Cuba, se trata de un gran "chollo", ya que pueden realizar sus negocios sin el incordio que suponen los sindicatos, las huelgas... En China y Cuba gobiernan partidos comunistas que identifican la continuidad socialista como que ellos sigan mandando, lo que no es obstáculo para que China sea hoy ya un país esencialmente capitalista y Cuba vaya por esa misma senda aunque más movida por el ansia de supervivencia de su grupo dirigente que por un proyecto claro.

En primer lugar, no hay elecciones libres, libertad de partidos ni libertad de prensa. Es un poder no elegido por el pueblo cubano. Todo sistema de partido único es dictatorial, aunque haya dictaduras que permiten varios partidos o que dominan sin partido mediador. En esto no hay renovación ni apertura, como se reconocía abiertamente en un artículo publicado en el periódico del PCC, Granma, el 10 de abril de 2020, y escrito por Michel E. Torres Corona:

En los últimos años, nuestro modelo social y económico ha venido siendo objeto de una actualización, para atemperarlo a los requerimientos de la época y del contexto geopolítico. Se hace impensable repetir fórmulas de antaño, cuando hoy impera un orden mundial signado por la unipolaridad.

Sin embargo, esta actualización no ha socavado uno de los principios fundamentales del socialismo cubano en materia sociopolítica: el sistema de Partido único, como guía y rector de la sociedad y el Estado. De ello es muestra fehaciente la Constitución, aprobada en referendo en febrero de 2019, y proclamada un día como hoy.

Dicha Constitución cubana de 2019 lo deja clarísimo: "El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado".

Otro elemento de carácter dictatorial es la imposibilidad de constituir organizaciones sindicales independientes del PCC y del Estado; todos los intentos de llevarlo a cabo han sido duramente reprimidos. En la práctica, en Cuba hay un sistema de sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, en cuyos estatutos se proclama que la "CTC y los sindicatos nacionales que la integran reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del Partido Comunista de Cuba Esto no puede entenderse simplemente como una estrecha relación entre un partido y un sindicato, como la mantuvieron durante mucho tiempo en España UGT y PSOE, Obviamente, no  se reconoce el derecho de huelga, ni en el sector público ni en el sector privado.

Por último, un tercer rasgo dictatorial, quizá el más significativo y determinante de todos, es la ausencia de libertad de expresión y de manifestación en Cuba, pese a que constitucionalmente están reconocidos tales derechos, ya que diversas leyes y prácticas frecuentes convierten en papel mojado lo dicho en la Constitución. Las Damas de Blanco sufrieron centenares de detenciones y actos de acoso. Una y otra vez, periodistas y personas disidentes que han expresado opiniones molestas para los gobernantes terminan siendo acusadas de los delitos más extravagantes como supuestos enemigos de la patria y agentes a sueldo del imperialismo.

A modo de ejemplo de la alergia que la libre expresión y la creación artística y cultural produce al aparato del PCC y del Estado, mientras se ha abierto la puerta a las inversiones extranjeras capitalistas, se preciso una lista de las actividad económicas que no podían desarrollarse por cuenta propia y entre ellas, "casualmente", estaban las galerías de arte comerciales, la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, la producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, las actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo, las transmisiones de radio, la programación y transmisiones de televisión, las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural y el trabajo comunitario.

Digamos claramente que en Cuba debe terminar el sistema de partido único, debe florecer el derecho de asociación y en particular el de formación de sindicatos y el derecho de huelga, y debe ganarse una libertad de expresión lo más amplia posible, como en España tenemos que luchar también por esa libertad de expresión plena que está siendo violentada en bastantes casos.

"Las izquierdas" ante un desafío estratégico

Con la crisis cubana ha vuelto a aflorar un tremendo lastre de la izquierda: un pavor reverencial a diferenciarse del régimen cubano y a combatir sus injusticias y su falta de libertad. Se buscan excusas de uno u otro tipo: el bloqueo, la defensa de la revolución, el vomitivo cinismo de las derechas, la añoranza de Sierra Maestra, las evidentes injerencias de las sucesivas administraciones de EEUU, las acciones de un exilio al que se descalifica y deshumaniza sin distinciones como "gusanos". Referencias que, tanto cuando son 100% falsas como cuanto tienen parte de verdad, se usan para incurrir en una falta de autonomía crítica frente a regímenes y situaciones donde no sólo la gente sufre sino que además está sometida a regímenes totalitarios y autoritarios como la vecina satrapía Ortega-Murillo en Nicaragua. Como explicó Marx, toda ideología es "falsa conciencia" para autoconfirmarse, distorsionan la realidad tanto como sea necesario. Ese mecanismo es evidente en las reacciones ante la crisis cubana de Casado y Ayuso, o de Vox o Cs, actuando como si el régimen cubano fuese la única dictadura existente pero también en declaraciones como las de Belarra o Villanueva, desde Podemos, negando la evidencia de que Cuba padece una dictadura e ignorando las responsabilidades del gobierno cubano en lo ocurrido.

Los recuerdos de las banderas revolucionarias triunfantes opacan la responsabilidad del apoyo y solidaridad hacia quienes luchan por la vida y por la libertad en el día de hoy, dando así unas bazas muy útiles a la peor derecha en todo el mundo para que se haga con la bandera de una "libertad" que en sus bocas es la libertad del privilegio y la explotación.

23/07/2021 

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Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

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Cuba: el estallido social como crimen político

La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.

El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar las razones del descontento popular: cortes de electricidad, desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la endemia de covid-19.

Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.

Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de «golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela, muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. Las manifestaciones, sin embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o lideradas por la oposición, como en Venezuela.

La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el «odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.

La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos, delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del lumpen proletariado.

Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el 11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido no se entiende como estallido sino como intento de golpe de Estado, otra línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el gobierno responsabiliza por las manifestaciones.

La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo. Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional cuando se trata de judicializar una protesta.

En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.

La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton. Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política punitiva por ejercer la crítica al gobierno.

En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el «27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de 1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última Constitución de 2019.

En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.

¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida, es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el conflicto bilateral con Estados Unidos.

Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19, desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad, represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de Estados Unidos.

Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita, acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta en la isla.

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Una mujer utiliza su iPhone frente a la sede de la firma israelí NSO Group, fabricante del software espía Pegasus, el 28 de agosto de 2016, cerca de Tel Aviv. Foto Afp

 

Si el megaescándalo hoy abruma a Pegasus, de la empresa israelí NSO Group –que estalló con un retraso de cuatro años–, la efectividad pertenece a la ciberarma Candiru, también de Israel, infinitamente mucho más maligna (https://bit.ly/3Bokjhy).

Desde la matriz operativa del ciberespionaje del Ministerio de Defensa de Israel, Amitai Ziv expone que fue el anterior premier Netanyahu –al unísono de su íntimo aliado, el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump–, quien “empujó (sic) la venta de las ciberarmas (https://bit.ly/3rnJCvy)”: no solamente de Pegasus/NSO Group, sino también de otras empresas que son sus competidores, como Quadream, especializada en hackeo de celulares y con varios litigios a cuestas (https://bit.ly/3Bs6bUG), y Cellbrite, que “construye un dispositivo hardware UEFD que puede penetrar cualquier teléfono (https://bit.ly/3wTG59i)”, no se diga Candiru que hoy opera bajo su nuevo disfraz de Saito Tech Ltd.

Amitai Ziv desnuda que con el impulso de las ventas de ciberarmas con Netanyahu y Kushner, “Israel detenta "intereses geopolíticos (sic)" –donde se expone la colusión de Netanyahu con Peña–, acoplados a los "Acuerdos Abraham" (https://bit.ly/2V2m5E9).

A Amitai Ziv le faltó exhibir la suprema colusión entre el talmúdico Kushner y Videgaray, el verdadero poder tras el trono de Peña.

La venta del ciberespionaje militarizado forma parte de la "seguridad (sic) de Israel", al grado tal que la empresa israelí NSO determina su venta de acuerdo con la virtud kosher del cliente. ¿Es México ya "país kosher"?

Amitai Ziv expone cómo la tecnología de ciberespionaje israelí "se volvió la selectiva arma de los dictadores" cuando “Israel desde hace mucho es un exportador de armas a muchos estados, varios de los cuales violan frecuentemente los derechos humanos (https://bit.ly/3hUbDrG)”, y ahora lo hace con sus ciberarmas, tipo Pegasus y Candiru, que le reditúan una fortuna.

Por cierto, el mercader israelí de NSO para México, con filiales pantalla en Panamá, es Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, director de KBH Aviation SA, de Mecale SA de CV y negocios en CCTV (https://bit.ly/3zk5ISk): implicado en lubricaciones mafiosas con los panistas de Conagua y Korenfeld (https://bit.ly/3hPt7W2 ), donde la mafia israelí de Netanyahu se atragantó con casi 4 millones de dólares de “comisiones (https://bit.ly/3roUSrv)”.

Ansbacher ya traía una sulfurosa biografía criminal a cuestas desde hace 21 años y su socio era Avishay Shmuel Neria: ¡cónsul honorario de México en Haifa (Israel)! ¿Quién lo nominó y aprobó?

En medio del tsunami por la develación más detallada del añejo escándalo de Pegasus/NSO Group, Edward Snowden, ex consultor de inteligencia informática en la National Security Agency (NSA), exilado en Rusia, comentó que los ciudadanos carecen de protección frente a los malignos malware tipo Pegasus: "¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares?" ¡Obviamente, nada!

Snowden refiere que "existe cierto tipo de industrias, de sectores, en los que no existe protección, por lo que se trata de limitar la proliferación de estas tecnologías. No permitimos un mercado comercial a las armas nucleares" por lo que la única solución viable es una moratoria internacional para su venta. Snowden se centra en el carácter mercantilmente redituable de las ciberarmas y soslaya que están conectadas matricialmente al Ministerio de Defensa de Israel –específicamente, en el caso de Candiru, a la "Unidad 8,200" especializada en el hackeo ajeno– y pierde de vista el carácter de control geopolítico que ejercen las trasnacionales cibernéticas de Israel sobre los países –lo cual va más allá de la banalidad pecuniaria de empresas con disfraz "privado" (https://bit.ly/3kRIsr9).

Independientemente de que sea imperativa la prohibición de las indetectables ciberarmas de destrucción masiva (https://bit.ly/2UvlzPk), los países tienen la perentoria obligación civilizatoria de legislar en consecuencia para proteger a los indefensos ciudadanos enjaulados en la invisible cárcel cibernética (https://amzn.to/3Bry7HZ).

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  Imagen del logo de la empresa de ciberespionaje NSO Group. — Público / Archivo

Son malos tiempos para activistas, políticos y periodistas comprometidos con los derechos humanos y que denuncian abusos de cualquier poder. Ahora conocemos que este spyware, desarrollado teóricamente como herramienta para la seguridad pública, se ha usado para espiar y señalar a denunciantes, a opositores, a periodistas críticos y a activistas.

 

Nos espían y lo sabemos. Lo asumimos. Vemos y leemos constantemente historias sobre la permanente vigilancia online; a veces hacemos caso a quienes nos aconsejan pequeños gestos para aumentar nuestra privacidad, pero nunca es suficiente. La investigación del grupo Forbiden Stories, ayudados por Amnistía Internacional, supervisado por Citizen Lab y asociados a un consorcio internacional de medios, muestra cómo una poderosa herramienta de vigilancia, Pegasus, capaz de infectar cualquier teléfono (también los iPhones), ha pasado por las manos de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo; todos ellos países que no son precisamente abanderados de los derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, la clave de esta investigación es que el software de la compañía israelí NSO Group "se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo".

Esto queda explicado a raíz de una filtración de más de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos para espiar, entre ellos jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia del periodista Jamal Khashoggi, asesinado por el régimen Saudí en Estambul.

Hasta el momento, se sabe que hay al menos 1.000 personas de más de 50 países señaladas por este malware, entre los que destacan algunos miembros de la familia real árabe, un total de 65 altos ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, ministros y militares. "La cifra de periodistas identificados como objetivos ilustra con claridad que Pegasus se utiliza como herramienta para intimidar a los medios de comunicación críticos", comenta Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Para conocer el alcance de esta importante investigación, que muestra cómo cualquiera puede ser alcanzado por un malware tan potente que es capaz de tomar el control total de los móviles (incluso se ha usado para espiar a activistas contra las bebidas azucaradas), proponemos cinco claves:

1) Un poco de historia: no es nuevo

Existen varias empresas en el mundo que desarrollan herramientas de software para el control tecnológico o para, directamente, tareas de espionaje. NSO Group es una de las más conocidas, pero no es la única. Ya en 2011 se detectó el gusano Stuxnet —desarrollado conjuntamente por los gobiernos estadounidense e israelí para atacar equipos e infraestructuras nucleares— , y poco después el muy español Careto, un ciberespía usado contra Marruecos, pasando por el francés Babar.

Compañías como la italiana Hacking Team o la alemana GammaGroup se dedican abiertamente a estas tareas. Desarrollan todo tipo de malware que, insisten, sólo venden a gobiernos, nunca a particulares o grupos. Sin ir más lejos, Marruecos compró hace años un troyano a Hacking Team capaz de hackear una página web concreta, Mamfakinch ("no renunciaremos", la versión marroquí de la Primavera Árabe), de modo que a través de un formulario podía infectar un dispositivo y habilitaba un acceso remoto a todo su contenido.

Desde hace años existen informaciones sobre espionaje en los que aparece vinculada la compañía NSC Group. Ya en 2018 Citizen Lab alertó de una serie de ataques diversos en 45 países mediante Pegasus. Dos años antes salía a la luz que este software espiaba a activistas defensores de los derechos humanos.  En España, sin ir más lejos, este diario sacó a la luz que el spyware había sido comprado ilegalmente para espiar a políticos catalanes en 2015.

2) Cómo funciona: espía a fondo

Pegasus es un programa de espionaje (spyware) muy sofisticado que se puede instalar de forma remota en un teléfono inteligente directamente, es decir, no requiere ninguna acción por parte de su propietario. Es complicado explicar el funcionamiento técnico de este malware, que además es realmente esquivo: sabemos de su instalación en los móviles de algunos ciudadanos únicamente gracias a una filtración. Una vez instalado, es posible tomar el control absoluto del dispositivo, incluido el acceso a mensajes cifrados como los de WhatsApp y Signal, la geolocalización del teléfono, y el encendido de micrófono y cámara.

Actúa en silencio. El propio consorcio reconoce que no se puede saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista está comprometido sin analizar el dispositivo asociado. Sin embargo, el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional pudo realizar análisis forenses en los teléfonos de más de una docena de estos periodistas (67 teléfonos en total), lo que reveló que muchos de ellos, incluso iPhones, estaban infectados, en algunos casos gracias a un agujero de seguridad hallado hace apenas un mes.

¿Cómo se han podido filtrar las más de 50.000 identidades espiadas, como afirman los autores de la investigación? Marcelino Madrigal, un incansable investigador de ataques a los derechos humanos en las redes, apunta a que este tipo de datos y recursos se venden en la Dark Web —el submundo invisible y paralelo a la red de internet pública—, y eso es lo que aparentemente sucedió en este caso: un ex empleado de NSO Group descontento sacó a la venta en 2017 la poderosa herramienta, capaz de explotar vulnerabilidades aún no publicadas (zero day exploits) incluso del muy seguro iOS (el sistema operativo del iPhone).

3) Te puede afectar: nadie está a salvo

Casos como el de Pegaso o el de la compañía Candiru, también israelí, muestran dos realidades que juntas se comprenden mejor y son, de alguna manera, más terroríficas: por un lado, aunque esas compañías vendan sus productos "exclusivamente" a estados y policías para luchar contra el delito, es evidente que puede usarse (y se usa) para otros fines contra la sociedad civil.

Por ejemplo, en el caso de México, al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador aparecen como posibles objetivos de espionaje cuando aún estaba en la oposición. "El Gobierno ya no espía a nadie, los opositores no son espiados", ha indicado el presidente desde el Palacio Nacional tras publicarse la investigación.

Asimismo, el negocio para espiar a ciudadanos —especialmente periodistas— es muy lucrativo y en él participan también los carteles, según un amplio dossier de Forbidden Stories publicado hace tiempo que recuerda la ola de asesinatos de periodistas en el país.

Por tanto, esas herramientas están cayendo en manos de grupos criminales sin que las compañías que desarrollan estos productos o sus clientes (los gobiernos) hagan nada al respecto. En una conversación con Público, Madrigal señala el dinero como la motivación más poderosa. "Para hacernos una idea, el precio que se paga en la dark web por el acceso a 10 números de teléfono es de 1,5 millones de euros", comenta, y añade: "Esas cantidades de dinero indican que alguien más puede estar detrás".

Nadie está a salvo precisamente porque la naturaleza de este tipo de spyware es su sigilo. Normalmente no requiere del afectado ninguna acción, como descargarse un archivo o pinchar en alguna dirección extraña en un correo spam. Los vectores de ataque que muestra la investigación del laboratorio técnico de Amnistía Internacional señala que explotar vulnerabilidades existentes (como una que existe en iMessage) o se cuela en los móviles a través de mensajes enviados a través de SMS o WhatsApp que contienen algún enlace a un sitio web malicioso para instalar el programa.

4) Las consecuencias: persecuciones y asesinatos

"¿Pero esto a mí qué más me da?", "no soy tan importante" o "no tengo nada que ocultar" son algunas de las reacciones más comunes ante este tipo de revelaciones. Sucedió cuando Wikileaks publicó los papeles secretos de la diplomacia estadounidense en el llamado Cablegatey se mostró al mundo el comportamiento real de la primera democracia del mundo y su "cinismo", así como en revelaciones posteriores. Simplemente se mató al mensajero.

La finalidad de este tipo de malware es variada según en manos de quién esté. Porque este tipo de herramientas son parte de las principales armas de la ciberguerra: espionaje, localización de la disidencia, perfilado social y, por supuesto, represión y asesinato. En una sociedad cada vez más polarizada, esta herramienta puede servir para luchar contra el crimen o el terrorismo, pero también para cercenar los derechos humanos.

En la lista de 'infectados', por ejemplo, se encuentran periodistas de Azerbaiyán, Hungría, India y Marruecos, países donde la represión contra los medios de comunicación independientes se ha intensificado. El spyware tuvo también como objetivo el teléfono del periodista Cecilio Pineda apenas unas semanas antes de su asesinato en 2017. Hay periodistas espiados en Associated Press, CNN, The New York Times y Reuters, e incluso aparece en esta lista Roula Khalaf, directora de Financial Times.

También aparece el periodista español Ignacio Cembrero, quien ha contado a Público que quizá cambie su teléfono debido a la complejidad técnica del ataque, tras asesorarse en una firma de seguridad informática. "Es prácticamente imposible extirpar Pegasus" del dispositivo infectado, comenta. El periodista afirma no haber recibido mensaje alguno de las autoridades españolas.

El propio Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, vio hackeado su móvil de aparentemente esta manera (y aceleró su divorcio). Precisamente la parte más importante de su compañía, Amazon Web Service, justo ahora ha anunciado el borrado en su 'nube' (sus centros de datos) de cualquier rastro de este spyware. Pero él parece estar a cosas más importantes.

5) Responsabilidades: espionaje, control y transparecia

Hoy en día estamos asediados por la vigilancia, tanto en el mundo real como en el digital. Y cada vez es más difícil detectar las intrusiones en la privacidad, que sigue siendo un derecho fundamental. Investigaciones como ésta ponen de relieve el grado de sofisticación al que están llegando los sistemas de vigilancia que, en este y otros muchos casos, son desarrolladas por compañías privadas.

El insuficiente control y la falta de transparencia de estos productos hacen que puedan ser usados para fines ilegítimos —algo parecido a lo que pasa en el mercado de las armas—, tanto por parte de los estados como desde grupos criminales de todo tipo. Como siempre cuando se destapa algo así, en realidad lo preocupante es lo que no sabemos. Por tanto, es importante exigir la máxima transparencia a nuestros representantes públicos.

De momento, la Justicia francesa ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de dos periodistas de Mediapart, cuyos teléfonos móviles podrían estar siendo espiados por Marruecos. Hay un millar de franceses o residentes en Francia que aparecen en las listas de teléfonos que pudieron ser también infiltrados por Pegasus, y varios de ellos también han anunciado que lo denunciarán a la Justicia, informa EFE.

Mientras, la reacción de NSC Group ha sido negar con rotundidad todo lo que revela este nuevo informe; En un comunicado, la empresa expresa a través de su abogado que la información publicada "no tiene base fáctica" y que los datos utilizados "se basan en una interpretación engañosa de datos de información básica accesible y abierta, como los servicios de búsqueda de HLR [Home Location Register, la base de datos principal de información de suscriptor permanente para una red móvi], que no tienen relación con la lista de objetivos de los clientes de Pegasus o cualquier otro producto".

"Estas acusaciones son tan escandalosas y están lejos de la realidad, que NSO está considerando interponer una demanda por difamación", amenaza el escrito, para puntualizar que su tecnología no está asociada al "atroz asesinato" del periodista Jamal Khashoggi y remarcar que la empresa israelí "vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos examinados con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas".

20/07/2021 22:21 Actualizado: 21/07/2021 10:21

Por Pablo Romero@pabloromero

De Cuba y Estados Unidos, tiranías y dictaduras

En 1997 un amigo cubano me dijo “Fidel es un dictador, mas no un tirano”. Estábamos en una provincia de Mozambique donde él trabajaba como médico y yo como arquitecto. Esa tarde, en un patio de tierra roja africana, no comprendí su idea. Parecía contradictoria. Por alguna razón, nunca la olvidé hasta que, unos años después, revisando documentos desclasificados, pensé que Washington no era una dictadura, pero sí una tiranía.

La trampa de las palabras no estaba en la aparente contradicción de la frase de Javier sino en el habitual engaño que llevan los ideoléxicos, por ejemplo, cuando palabras como “democracia” o “dictadura” se usan como si fuesen la Luna y el Sol: dos cuerpos claramente diferenciados, pero no la única luna ni el único sol del Universo. De esa forma, una potencia hegemónica que dicta su voluntad fuera de fronteras y carece de igual representación para todos sus ciudadanos (sobre todo para quienes no son millonarios) como Estados Unidos, un régimen paramilitar como el colombiano, un neoliberalismo impuesto con sangre como el chileno, o un sistema como el noruego o el islandés se llaman por igual “democracias”. Por razones estratégicas, no se llama “capitalismo” a Haití o a Honduras, aunque sean más capitalistas que Estados Unidos. No quisiera volver a insistir en que no es el capitalismo, sino la hegemonía la que define el poder y la riqueza (material) de un país.

Theodore Roosevelt, entre muchos otros, lo puso de forma clara: “La democracia de este siglo no necesita más justificación que el simple hecho de que ha sido organizada para que la raza blanca se quede con las mejores tierras del Nuevo mundo”. Esa democracia se fue adaptando una y mil veces para servir a una minoría, ya no tan blanca pero sí económica y financieramente dominante. En las democracias formales, las clases dominantes no censuran como en una dictadura tradicional; se reduce a los críticos al silencio de los grandes medios o, cuando estos trascienden de alguna forma, se los demoniza como en tiempos de la Inquisición.

En las democracias formales, al uno por ciento le basta con convencer a la mitad más uno de los votantes para mantenerse en el poder político. Tarea nada difícil cuando, por ejemplo, se mete a Dios en el paquete de sus “valores y principios”. Pero la micro elite de arriba no depende de la mitad de abajo para mantenerse en el poder económico. Sólo cuando ese poder está en cuestionamiento, la democracia formal es reemplazada por dictaduras fascistas, como las apoyadas por Washington y las transnacionales a lo largo de una larga historia. Hasta mediados del siglo XIX, los esclavistas habían logrado convencer a una mayoría (incluyendo esclavos) que la esclavitud era el mejor régimen para expandir la libertad y la civilización. Cuando la democracia se hizo inevitable, la secuestraron con ideas similares: la riqueza de los ricos es la mejor forma de expandir el bienestar y la libertad de los trabajadores.

Aun así, esa idea vaga y contradictoria que llamamos “democracia” sigue siendo la mejor utopía y el mejor recurso de los de abajo. Pero que quede claro: ninguna, por chueca que sea, existe gracias a los poderosos de turno, sino a pesar de ellos. Lo mismo los derechos y las libertades individuales y colectivas; todas son producto de interminables (y demonizadas) luchas de los de abajo.

En Estados Unidos, los principios racistas y clasistas, banderas de la derrotada Confederación, se consolidaron fronteras adentro y se extendieron a América latina, donde impusieron decenas de dictaduras, siempre en complicidad con la eterna oligarquía criolla, generaciones antes de que apareciera la maravillosa excusa del comunismo.

Desde entonces, Washington y las megacorporaciones han sido los principales promotores del comunismo y de otras alternativas de izquierda en el continente. Uno de los primeros casos se remonta a los años 30 con las masacres de indios y campesinos en El Salvador, pero el pie en el acelerador ocurre luego de la Segunda Guerra, cuando el más importante aliado de Estados Unidos, la Unión Soviética, se convierte en el único opositor con poder y en posible inspiración para el Tercer Mundo contra la vieja tiranía anglosajona. Es, en este momento, cuando nace la CIA (1947) y, poco después crean, entre muchos otros y sin advertirlo, al Che Guevara.

Cuando la CIA y la UFCo lograron destruir “el régimen comunista de Jacobo Árbenz” en 1954, uno de los únicos indicios de democracia en la región, el joven médico Ernesto Guevara debió huir a México, donde se encontró con otros exiliados, los hermanos Raúl y Fidel Castro. Cuando la Revolución cubana triunfó en 1959, Guevara advirtió: “Cuba no será otra Guatemala”. Es decir, su independencia del imperio estadounidense no sería boicoteada con bombardeos mediáticos primero, movilizaciones inducidas y ataques militares después, como en Irán, como en Guatemala. Cuando cuatro meses después Fidel Castro visitó la Casa Blanca para confirmar las relaciones comerciales y diplomáticas con Washington, Nixon, Eisenhower y la CIA ya tenían otra invasión en mente. La costumbre de derrocar alternativas independentistas era tan larga y la arrogancia por una abrumadora fuerza militar y mediática tan ciega, que no pudieron prever ni una derrota vergonzosa y ni un trauma insuperable en Bahía Cochinos. El agente de la CIA encargado de las operaciones de Guatemala y Cuba, David Atlee Phillips escribió que el problema del fracaso fue que El Che y Castro habían aprendido de la historia y Washington no.

Pero el Che Guevara es descrito como un asesino por haber ordenado la ejecución sumaria de 200 criminales del régimen de Batista (la CIA informó que ni por lejos se aproximó al número de ejecutados por el régimen anterior) mientras que los terroristas cubanos como Posada Carriles, Orlando Bosch y tantos otros que se dedicaron a poner bombas en aviones, barcos, hoteles, en autos diplomáticos, como el de Orlando Letelier, y colaboraron con mafias genocidas como la Operación Cóndor, fueron protegidos por Washington. Las masacres de cientos de miles de víctimas en unas pocas décadas sólo en América Central por la gracia de Washington y la CIA fueron para llevar la paz, la democracia y la libertad a esas tierras. (Luego de Stalin, los asesinados por razones políticas en América Latina superaron con creces las víctimas de los países comunistas bajo la influencia de la Unión Soviética.)

La misma práctica, los mismos intereses, el mismo discurso de los esclavistas del siglo anterior con nuevos ideoléxicos. Desde la lógica de la historia, Fidel Castro y las decenas de Augusto Pinochet no son la misma cosa, aunque en el lenguaje simplificado se puedan etiquetar a los dos como dictadores. También Cuba y el Che son consecuencia directa del imperialismo de Washington, pero por razones opuestas.

Por esa razón, aunque según todos los estándares occidentales se puede decir que Cuba es una dictadura, es necesario recordar que Estados Unidos es la tiranía que la creó, una tiranía brutal que lleva por lo menos doscientos años. Cuba fue la primera gran derrota de esa arrogancia y, por alguna razón, ha sabido resistir 60 años.

¿Es necesaria una dictadura inversa para lograr vencer a la tiranía de dos siglos? La respuesta de la historia no nos gusta a nadie. Pero es clara. Aunque (o porque) somos demócratas radicales, no vamos a salir a tirar piedras sobre la isla estrangulada en nombre de la libertad. Jamás podríamos estar del lado de los mercenarios.

 Para más detalles, ver el último libro de Jorge Majfud, "La frontera Salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América latina".

19 de julio de 2021

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Charco en una calle de La Habana

Este no es un análisis sobre las protestas y su instrumentalización política, sino un llamado a escuchar voces soberanistas y críticas, voces incómodas tanto para el Gobierno cubano como para la derecha anticastrista.

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La muerte de Hugo Chávez me pilló en Nicaragua. Mis amigas nicas la lloraron porque creían en su proyecto político. Esas mismas amigas nicas apoyaron en 2018 a las y los estudiantes y pensionistas reprimidos brutalmente por manifestarse contra el enésimo recorte en el seguro social del gobierno dizque socialista de Ortega y Murillo. Desde entonces, sobreviven a la creciente criminalización de los movimientos sociales autónomos; otras se exiliaron. Sí, son chavistas y antiorteguistas, porque la realidad es más compleja que las narrativas binarias que se imponen siempre.

Me resulta imposible escribir sobre Cuba sin pensar en Nicaragua. En ambos casos, el Gobierno y sus comparsas han negado el estallido social, lo han presentado como parte de un golpe blando de Estados Unidos y han caricaturizado a las y los manifestantes como mercenarios vendepatrias. En ambos casos, la amenaza de intervención es real (aunque solo sea por memoria histórica) y una parte de la derecha la reclama. Y, en ambos casos, buena parte de la izquierda internacional ha repetido los mismos mantras para no cuestionar ni un poquito a los últimos bastiones del socialismo. Porque para represión, la de Colombia y, para libertad, la que grita el pueblo palestino. Y porque en Cuba no hay niños ni niñas cosiendo nuestras deportivas.

Y sí, todo eso es verdad. Y sí, es una broma pesada que el Gobierno colombiano pida al cubano que respete el derecho a la protesta pacífica. Y sí, hablemos de Sudáfrica, donde hay más de un centenar de víctimas mortales de la represión policial de protestas. Y sí, exijamos a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba y que deje de torturar en la base de Guantánamo. Y sí, me da náuseas escuchar al sionista Josep Borrell hablando sobre crisis política y humanitaria. Y sí, hablemos del Sáhara y de la Franja de Gaza. Y sí, no olvido las cargas de la Policía Nacional en la concentración en Madrid por el asesinato de Samuel Luiz. Ni la muerte de Iñigo Cabacas en mi propia ciudad, Bilbao. Ni las torturas a detenidas y detenidos en régimen de incomunicación, en muchos casos por orden del juez y actual Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y no, yo tampoco quiero compartir lemas y carteles con Vox, ni con Donald Trump, ni con Keiko Fujimori. Y sí, es jodido que sea la derecha la que apoye las iniciativas institucionales de solidaridad con Nicaragua ante la represión orteguista, porque sus objetivos políticos al hacerlo son antagónicos a los míos.

Si escribo sobre Cuba y sobre Nicaragua es, precisamente, porque soy socialista, porque creo en las revoluciones populares. Y por eso me resisto a decir “dictadura” y “régimen” salvo si es para respetar las palabras de quienes están denunciando su autoritarismo. Porque dar lecciones de democracia desde el Reino de España es un ejercicio de una arrogancia colonial y un cinismo insorportable. Y por eso me cuesta también usar la palabra “libertad”, porque ha sido secuestrada por la derecha.

Pero me escribe por Twitter el activista gay, ambientalista y libertario, Isbel Díaz, “June, nos están matando. La policía cubana ya tiene sangre en sus manos”. Y me niego a aceptar que escuchar su grito sea hacerle el juego al imperialismo.

Defender la autonomía

En 2013, pasé un mes en Cuba realizando un proyecto periodístico sobre la izquierda crítica y los movimientos sociales autónomos. Estaba entusiasmada de haber encontrado voces que rompían con esa polarización que me da alergia: marxistas, trotskistas, anarquistas, feministas, ecologistas, antirracistas, LGTBI, que criticaban el autoritarismo del gobierno desde su compromiso revolucionario y antimperialista. Conocí el Observatorio Crítico, un paraguas de pequeñas iniciativas autogestionadas (Proyecto Arcoiris, la Cofradía de la Negritud, El Guardabosques…) que organizaba debates sobre temas como los transgénicos, el cooperativismo o el auge del reguetón. Constaté las dificultades que tenían para organizarse, para formalizarse como asociaciones, para celebrar actividades en el espacio público sin que se les infiltrasen agentes del Estado. También constaté, como después con las activistas en Nicaragua, su potentísima formación política e intelectual, y su sentimiento de orgullo hacia las revoluciones que hicieron sus madres y sus padres.

Ahí conocí a Isbel y trabé amistad con otra de sus integrantes, Yasmín Portales Machado, escritora de ciencia ficción, bloguera, marxista, feminista, bisexual, negra. Exdirigente estudiantil, exmilitante de la Unión de Jóvenes Comunistas, extrabajadora de organismos de cultura. Luchaba por una Cuba socialista en la que pudiera plantarse en la marcha del 1 de Mayo con carteles contra las discriminaciones racistas y LGTBfóbicas en el empleo público, sin que los funcionarios del Estado la invitasen amablemente a irse, como le pasó un año. Yasmín ha asumido la contradicción política de emigrar a Estados Unidos para hacer un posgrado y respirar un poco. “Si el único lugar seguro para el desacuerdo, del signo político que sea, está fuera de los límites geográficos del archipiélago de Cuba, seremos en verdad una diáspora”, escribió en una ponencia.

En Cuba conocí también las pocas iniciativas feministas que escapaban del control de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Supe que en 1993 nació Magín, una asociación formada por más de un centenar de comunicadoras cubanas. Duró tres años; no consiguieron ser legalizadas y la FMC les informó de que no podían seguir funcionando, bajo el argumento de siempre: que podía dar oportunidad a la penetración del enemigo. En 2014, el Ministerio de Cultura venezolano me invitó a un congreso de intelectuales, artistas y activistas, y en el debate sobre feminismo, una escritora cubana poco sospechosa de anticastrismo, insistió a las feministas chavistas ahí presentes que, sobre todo, defendieran su autonomía.

En la actualidad, destaca la plataforma contra la violencia machista YoSíTeCreoCuba, que se activó en 2019 para apoyar la denuncia pública de una cantante hacia un músico que la había sometido a violencia psicológica, física, emocional y sexual durante su trabajo en una popular banda de timba. Ese año presentaron ante la Asamblea nacional del Poder Popular un proyecto de ley integral contra la violencia de género, porque Cuba carece de una normativa específica. El pasado viernes denunciaron en sus redes sociales la situación de al menos 383 personas desaparecidas y presas luego de las protestas masivas del 11 de julio (entre las que hay 72 mujeres y seis chicas y chicos menores de edad). En su comunidado recuerdan que la brutalidad militar y policial suele venir acompañada de violencia sexual, como vienen denunciando las feministas nicas desde 2018.

Reconocer el disenso

Yasmín me aporta mediante mensajería instantánea discurso, lecturas y vídeos. Le frustra no poder participar en las protestas, como le frustró no hacerlo en dos anteriores, que también fueron desalojadas por la policía y tildadas por los dirigentes cubanos como shows montados desde Miami: una marcha LGTB en 2019 y un plantón de 200 artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura de Cuba en 2020: “Repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”, expresó la organización del plantón.

 “Hay consenso a la izquierda y derecha en que la crisis sanitaria de Matanzas la semana pasada fue el detonante, pero el problema es de fondo: la avanzada neoliberal del gobierno, que deja una creciente precarización y desigualdad en la población”, me escribe Yasmín. “Otra cosa es el discurso producido alrededor de las protestas. La élite política de Miami se apresuró a tratar de atribuirse el liderazgo de estas protestas. Sus pedidos de intervención humanitaria / militar son, para mí, evidencia de su desinterés por el bienestar del pueblo cubano. Mientras que el gobierno insiste en una construcción clasista de las personas que protestan: son delincuentes”. El Gobierno cubano, ha lamentado la única muerte en las protestas, la de Diubis Laurencio Tejeda, para después destacar que tenía antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden público.

Me dice Yasmín que sus analistas de referencia son Ailynn Torres Santana y Julio César Guanche. La primera ha dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel una propuesta de hoja de ruta para abrir “un diálogo nacional real, sin tokenismos (recordando al universal Martin Luther King), sin intervencionismo, con la fuerza y la honestidad que permitan a Cuba, y sobre todo a cada cubana y cubano, ser un territorio de soberanía”. Guanche llama en un artículo de opinión a “distinguir y separar el uso instrumental” del sector extremista del exilio cubano de las demandas legítimas de parte del pueblo cubano. Critica que el presidente Joe Biden haya continuado con la política de sanciones, incluso en medio de la pandemia, pero señala el “gran peligro político” de los enfoques que atienden solo a las amenazas externas: “Reconocer la legitimidad de demandas que están hoy en juego es un golpe fuerte contra cualquier pretensión de golpe blando”, sostiene.

Sus mensajes coinciden con los que está publicando el medio socialista independiente La Joven Cuba, que también llaman a superar el binarismo revolucionarios/mercenarios: “La parte del pueblo de Cuba que salió a pedir cambios y que los quiere desde el respeto a la soberanía de la nación, merece ser escuchada y el presidente es quien debe propiciarlo”, escribe José Manuel González Rubines.

Yasmín también me manda una declaración unitaria por la liberación de las y los detenidos en las protestas, firmada por un centenar de intelectuales antimperialistas e internacionalistas como Noam Chomsky o Gayatri Spivak. Destacan los nombres de varios detenidos que son académicos o estudiantes marxistas.

Me enlaza un reportaje en vídeo de la revista sobre mujeres, afrodescendientes, y personas lgbti+ Tremenda Nota en el que mujeres trans manifestantes expresan el acoso policial que viven a diario: “Nos piden carne, nos llevan por prostitución, no podemos vestirnos de mujer. Además vine en compañerismo con todas las personas que hay aquí, por el hambre, la necesidad, no hay medicamentos, no hay agua, no hay nada. Las casas en La Habana se están cayendo. Y esos están construyendo hoteles”, critica Adriana Díaz. Conecto sus palabras con un reportaje que recoge voces de economistas cubanos: “Entre enero y marzo de 2021, en medio de la pandemia y con hoteles prácticamente vacíos, el 50,3% de las inversiones se hicieron en el sector inmobiliario, mientras que en innovación tecnológica se invirtió el 0,6%, en la agricultura el 2,6% y en la industria el 9,5%”. Y con este tuit:

El discurso de Residente enfureció tanto a castristas como a anticastristas: “Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia”.

Me dice Yasmín que, por encima de todo, subraye las siguientes dos cosas (así que copio y pego):

1- Las personas desaparecidas. No sabemos cómo lidiar con eso como sociedad, simplemente era algo que “no pasa en Cuba”. Sin embargo, entre domingo y lunes escaló de praxis puntual [recuerda la detención de Isbel y su pareja, Jimmy, por organizar la marcha LGTB de 2019] a masiva. Cargaron con entre 100 y 200 personas a las que ahora dice el gobierno van a juzgar “con justicia” por vandalismo.

2- El antes y el después de la etiqueta #SOSCuba y lo que significa en términos de organización popular autónoma. La cosa empezó entre el 6 y 7 de julio con la revelación de los números de contagios y muertes en Matanzas y denuncias en redes del colapso de sus hospitales. Las etiquetas #SOSMatanzas y #SOSCuba se usaron entre el 7 y 10 de julio para organizar redes de donaciones. La comunidad migrada empezó a reunir recursos y pedir al gobierno que dejara entrar donaciones privadas. El gobierno y sus clarias que no, porque lo que querían era entrar medicinas y revenderlas. El día 9, [la influencer] Mia Khalifa y [el músico] Residente usaron la etiqueta. En especial, fue llamativo que la cuenta oficial de la Presidencia respondiera a Residente y no a otras cuentas cubanas. El día 10 la etiqueta fue levantada por cuentas robots y viralizada. Luego llegaron las protestas. El gobierno aprovechó para criminalizar la etiqueta y pretende que solo existe para provocar las protestas, pero la manipulación funcionó porque tenía base real. Las personas la usan enfatizando que siempre fue acerca de la solidaridad.

Salirse del binarismo tiene algo que ver con lo que cuenta Elisa Coll en su libro Resistencia bisexual: el mensaje social que recibimos quienes, en vez de elegir acera, intentamos habitar la carretera, es que seremos atropelladas.

Ailynn Torres Santana vuelve a compartir estos días el artículo que escribió en 2019, titulado “La novela Cuba”, sobre el extrañamiento que le producen las narrativas sobre su país: “La mirada sobre Cuba está capturada por el fatalismo de los polos. Odias o amas, amigo o enemigo, dentro o fuera, conmigo o contra mí, Cuba inmaculada o Cuba podrida”. Concluía con una frase lacerante: “La brújula de la Cuba impoluta es mi perdición; es la imposibilidad de construir una distinta, a muchas voces”.

Por eso escribo estas líneas, sabiendo que tal vez reciba más fotos de gusanos enmarañados como la que me mandó por Twitter un comunista español cuando recomendé seguir a Yasmín.

Por eso y porque mi primer viaje a Cuba, en mayo de 2011, coincidió con el 15M. En la guagua, la gente me decía con una sonrisa: “¡Viva la spanish revolution!”. Sirva este artículo para corresponderles.

17 jul 2021 08:22

Publicado enInternacional
Fuentes: El tábano economista

Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre las redes sociales se queda (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

Vendedor de casa, presentador de reality show, defensor de las libertades individuales y los derechos de los consumidores, de un día para el otro pasó a ser un obcecado regulador y querellante de las grandes empresas tecnológicas. La metamorfosis y los zigzagueos del expresidente Trump tienen apariencia peculiar, pero como veremos no son inocentes.

Después del ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos por parte de alborotadores empeñados en evitar que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Biden, todas las principales plataformas sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, desconectaron las cuentas del presidente Donald Trump. Las empresas citaron reglas internas sobre el uso indebido de sus plataformas para difundir información errónea e incitar a la violencia.

Las grandes tecnológicas actuaron como la computadora Multivac del cuento de Isaac Asimov “sufragio universal” (año 1955). El autor supuso para un lejano futuro en el momento de escribir el cuento, el sufragio universal en el que toda la población expresa su voluntad a través del voto, habría dado lugar a otro mecanismo en el cual el presidente sería elegido por un único elector en representación de todo el país. Este votante será elegido por una gran computadora llamada Multivac, un gran engaño de simulación democrática, al igual que las tecnológicas, ellas son las elegidas para censurar a un usuario en el nombre del país.

Dadas ciertas características, que veremos más adelante, las redes sociales se atribuyen la acción estatal de restringir el discurso de una persona, rol que extrañamente podrían ejecutar los privados por carecer del poder de policía para efectuarlo. Lo cierto es que, no sólo lo hicieron con el presidente de la mayor potencia mundial, sino que distrajeron la atención entre dos temas centrales. La capacidad monopólica de sus empresas por un lado y por otro su anhelo de autorregulación de publicaciones en sus redes, lo que la Corte Suprema americana llamo “La plaza pública moderna”, donde los oradores tienen derecho a exigir acceso a sus plataformas del mismo modo que tienen derecho a participar de debates en plaza pública. 

Comencemos con lo más oculto, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta permite a los operadores de sitios web elegir quién y qué aparece en sus páginas sin temor a ser responsables. En la Ley de Decencia en las Comunicaciones del año 1996 se encuentra una de las herramientas más valiosas para proteger la libertad de expresión y la innovación en Internet: la Sección 230 dice “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el relator de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información” En otras palabras, los intermediarios en línea que alojan o vuelven a publicar discursos, están protegidos contra una serie de leyes que, de otro modo, podrían utilizarse para responsabilizarlos legalmente de lo que otros dicen y hacen.

Este marco legal y de políticas ha permitido que los usuarios de YouTube o cualquier plataforma carguen sus propios videos, Amazon ofrecen innumerables reseñas de usuarios, Facebook y Twitter albergar anuncios clasificados, gratis o pagos, para cientos de millones de usuarios de Internet. Dado el gran tamaño de los sitios web generados por los usuarios, Facebook tiene más de mil millones de usuarios, Twitter 340 millones. Los consumidores de YouTube cargan 100 horas de video por minuto, por lo que no sería descabellado que aparecieran contenidos objetables en sus redes sociales. Este sería el discurso ingenuo.

La capacidad de las redes sociales en intervenir en las elecciones, no solo de Estados Unidos, sino de Brexit, Argentina, Brasil etc son conocidas. Los dueños de las redes tenían preferencia en la interna Demócrata, y una de ellas era deshacerse del ala progresista del partido y de Elizabeth Warren en particular, una de las candidatas favoritas allá por octubre del 2019. Ella proponía según una grabación filtrada de una reunión de la empresa publicada por The Vergesegmentar a las grandes empresas tecnológicas. Pero el problema no radicaba sólo en desmembrar los monopolios, sino que la candidata aseguraba que la plataforma le había dado a Trump rienda suelta para mentir “para después pagarle a Facebook enormes sumas de dinero para difundir esas mentiras a los votantes estadounidenses”, haciendo referencia a Fake News y Trolls.

En ese momento Kamala Harris se había retirado de la interna demócrata por tener sólo el 1% de los votos. Cuando fue convocada por Biden los magnates de las Big Tech respiraron tranquilos, Harris mantiene fuertes lazos con Silicon Valley más allá de haber nacido y haberse educado en San Francisco. De su cercanía surgió la idea de un acuerdo. Las tecnológicas apoyarían la campaña de los demócratas y ellos se comprometen a votar porque las empresas se autorregulen y no sea el gobierno quien ponga un marco regulatorio. El desmembramiento como veremos, judicializado a esa altura parece inevitable. Pero la pregunta sigue siendo ¿Por qué es tan importante conformar a los nuevos zares de los mediáticos?

Gran parte del público mundial se informa a través de las redes sociales y por lo tanto las mentiras y el apoyo de los dueños de las redes, puede inclinar la balanza hacia el partido elegido, multiplicando falsedades y eliminando cuentas de otras tendencias por contener información sospechosa, según ellos mismo. El escándalo de Cambridge Analytica, el ceder Google datos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entre otras para beneficio de sus propios intereses forma parte del combo información y datos, que de hecho influye en las tendencias y los humores de los votantes.

El periódico NYT a través de un estudio, público el impacto que tuvo la suspensión de las cuentas en las redes sociales del ex presidente Trump. Nos resultará central en esta parte del artículo, para mostrar la fuerza de la gozan las redes sociales y el poder de digitar y modificar tendencias de opinión. Donald Trump antes de la suspensión de sus cuentas tenía: 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram. Para tener una idea, el programa de política en horario central más visto de la tv América en FoxNews tiene 3 millones de espectadores, es decir, Trump no necesita de los medios convencionales.

Cuando 17 plataformas entre ellas Facebook y Twitter inhabilitaron las cuentas de Donald Trump después del asalto al Capitolio, perdió el acceso directo a sus megáfonos más poderosos. El 4 de junio, Facebook anunció que al expresidente de Estados Unidos no se le permitiría regresar a su servicio hasta por lo menos enero de 2023, con el argumento de que su presencia en las redes representa un riesgo para la seguridad pública.

The New York Times examinó las casi 1600 publicaciones de Trump en redes sociales desde el 1 de septiembre hasta el 8 de enero, el día en que le suspendieron sus cuentas en las plataformas. Rastrearon la interacción de las redes sociales con decenas de declaraciones que escribió en su sitio web personal, en su sitio de recaudación de fondos para la campaña y en los correos electrónicos enviados a una lista de suscriptores.

Antes del veto, una publicación en redes sociales con interacción promedio generaba 501.000 “me gusta” y “compartir”, por lo que publicación al menos se duplicaba. Después del veto, dicha cantidad se desplomó a 36.000.  También se cerraron otras cuentas populares en las redes sociales a menudo tomaban sus mensajes y los publicaban. El hecho es que el presidente desapareció de la escena, ese es el riesgo de la autorregulación, los dueños de las redes pueden optar como Multivac, quien es digno de ser replicado y quien callado.

En cuanto al segundo tema El Subcomité Antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó el 6 de octubre del 2020 los hallazgos de su investigación de más de 16 meses sobre el estado de la competencia en la economía digital, especialmente los desafíos presentados por el dominio de Apple, Amazon, Google y Facebook y sus prácticas comerciales.

El informe, titulado Investigación de la competencia en el mercado digital: informe y recomendaciones del personal mayoritario, totaliza más de 400 páginas, lo que marca la culminación de una investigación que incluyó siete audiencias del Congreso, la producción de casi 1.3 millones de documentos y comunicaciones internas, presentaciones de 38 expertos en antimonopolio y entrevistas con más de 240 participantes del mercado, ex empleados de las plataformas investigadas y otras personas. Si les interesa está aquí .

“Tal como existen en la actualidad, Apple, Amazon, Google y Facebook poseen cada uno un poder de mercado significativo en grandes sectores de la economía. En los últimos años, cada empresa ha expandido y explotado su poder de mercado de manera anticompetitiva”. “Nuestra investigación no deja lugar a dudas de que existe una clara y apremiante necesidad de que el Congreso y las agencias de aplicación de las leyes antimonopolio tomen medidas que restauren la competencia, mejoren la innovación y protejan nuestra democracia. Este informe describe una hoja de ruta para lograr ese objetivo”.

La lista de recomendaciones incluye:

  • Separaciones estructurales para prohibir que las plataformas operen en líneas de negocio que dependen o interoperan con la plataforma;
  • Prohibir a las plataformas participar en la auto-preferencia;
  • Exigir que las plataformas hagan que sus servicios sean compatibles con las redes de la competencia para permitir la interoperabilidad y la portabilidad de los datos;
  • Obligar a que las plataformas proporcionen el debido proceso antes de tomar medidas contra los participantes del mercado;
  • Establecer un estándar para proscribir adquisiciones estratégicas que reduzcan la competencia;
  • Mejoras a la Ley Clayton, la Ley Sherman y la Ley de la Comisión Federal de Comercio, para alinear estas leyes con los desafíos de la economía digital;
  • Eliminar las cláusulas de arbitraje forzoso anticompetitivas;
  • Fortalecimiento de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia;
  • Y promoviendo una mayor transparencia y democratización de las agencias antimonopolio.

Ambas disputas están relacionadas, tanto el poder monopólico como la autorregulación, pero esta última está más oculta por las consecuencias políticas y de espionaje que acarrea. Nadie sabe bien en que terminarán, pero en varios países de Latinoamérica, aun no regulado la captación de datos, las fake news, pueden producir mucho daño. Recuerden que si al establishment no le gusta a quien votaron, se agitará el fantasma del fraude. Quizás Multivac y las redes puedan digitar quien será el próximo defensor del statu quo según el país que corresponda.   

Por Alejandro Marcó del Pont | 15/07/2021

Publicado enEconomía
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