Sábado, 23 Enero 2021 06:09

Los facilitadores

Los facilitadores

La banalidad del mal. Arendt ofreció un reportaje al New Yorker sobre el juicio al criminal Eichmann. Ahí se refiere al hecho de que Eichmann, culpable de crímenes que llevaron al exterminio de millones de seres humanos, no era un monstruo desequilibrado, sino un burócrata mediocre celoso del cumplimiento de las órdenes de sus superiores y, sobre todo, de quien consideraba el origen de todas las órdenes legítimas, Hitler mismo. Hannah Arendt se refiere al vacío intelectual y moral de Eichmann, al hecho de que su incapacidad para hablar de manera coherente durante el juicio estaba íntimamente conectada con su incapacidad para pensar desde la perspectiva de los demás.

El mal. Arendt sentencia que el mal proviene de una falla para pensar. Eso es a lo que se refiere cuando habla de la banalidad del mal. No que el mal sea insignificante, sino al contrario, porque aparece realizado por gente normal y mediocre y no sólo por gente desequilibrada, tiene efectos más devastadores. No se trata de exculpar a criminales, sino entender la manera como el mal puede extenderse si no hay contrapesos sociales, resistencia y denuncia explícita.

Trump. Ya se fue. Pero queda un segmento de la población que existe desde hace mucho tiempo, pero que con la globalización y la crisis de los opiodes en Estados Unidos adquirió mayor presencia y militancia. Aunque se trata de un conjunto abigarrado donde convergen una infinidad de grupúsculos, tienen varias características en común: racismo, misoginia, homofobia, religiosos fanáticos vinculadas a alguna de las múltiples iglesias evangélicas, adictos a todo tipo de narrativas conspiratorias y poseedores de armas. Blancos supremacistas que no sólo se sienten superiores a otras razas, sino son agresivamente opositores a todas las minorías étnicas, sociales y culturales. Sufren en común algunos agravios: desplazados del estatus económico de clases medias y víctimas de distintas formas de drogadicción que terminan por afectar en conjunto su esperanza de vida y sus condiciones de salud. Se sienten, además, menospreciados por la población urbana que habita en las costas este y oeste de Estados Unidos.

La política del ressentment. Ese conjunto de sentimientos y fobias ligadas al resentimiento y al rechazo a lo diferente, fue ampliamente utilizado sobre todo por políticos del Partido Republicano, que buscando ganancias a corto plazo lograron canalizarlos en el ámbito electoral. Empero, fue Trump quien logró articular a ese abigarrado conjunto a través de dos movimientos estratégicos. Por una parte, su éxito en la primarias republicanas y luego su triunfo en 2016 le permitieron conquistar la dirección política del Partido Republicano. Logró expulsar literalmente a los republicanos ortodoxos del tipo de la dinastía Bush y dominar a las fracciones republicanas en ambas cámaras legislativas. Por otro parte la narrativa MAGA –siglas en inglés del lema hacer América grande otra vez– proporcionó la argamasa ideológica para unificar a esas masas inconformes, a través de medios electrónicos favorables como la cadena Fox y otras, y redes sociales vinculadas con la extrema derecha.

Los enablers. Así como continúan presentes los síntomas de una sociedad dividida expresados en un sector muy amplio del electorado –no olvidar que más de 73 millones de electores votaron por Trump–, también están presentes aún los facilitadores del discurso excluyente y racista de la derecha estadunidense. El más notable desde el Partido Republicano fue el líder del Senado, Mitch McConnell, quien se pasó ocho años torpedeando las iniciativas presidenciales de Obama. Desde los medios fue sin duda Rupert Murdoch –el dueño de Fox News–, la nodriza del fenómeno Trump usando a sus comentaristas mas significativos como Sean Hannity. Esos facilitadores cargan una gran responsabilidad en el daño que han infligido Trump y sus seguidores en Estados Unidos y en el mundo.

http://gustavogordillo.blogspot.com/

Twitter: gusto47

Publicado enSociedad
Viernes, 22 Enero 2021 05:39

Ironías y paradojas

Ironías y paradojas

 Un país ‘W’ que ocupa ilegalmente una parte de la nación ‘X’, critica al país ‘Y’ por su ocupación ilegal de una parte de la nación ‘Z’ y le suministra armas para que ‘Z’ acabe con ‘Y’ , ya que "la integridad territorial es sagrada". Un país ‘V’ que por décadas ignora resoluciones de Naciones Unidas que censuran su ocupación ilegal de un país ‘U’ −durante la cual acapara su tierra y transfiere su población civil allí−, apoya a la nación ‘Z’ cuyos oficiales usan en contra del país ‘Y’ el mismo tipo de argumentos que la nación ‘U’ −y sus defensores− habitualmente dirigen en contra del país ‘V’. Una nación ‘Y’ que enfrenta el ataque del país ‘Z’ −apoyado por las naciones ‘W’ y ‘V’− hace a la luz del derecho internacional cosas muy parecidas que el país ‘V’ en territorios ocupados de la nación ‘U’, o −hasta cierto punto− el país ‘W’ en territorios de la nación ‘X’. Un país ‘V’, perteneciente a una nación-víctima de un genocidio, le vende armas al país ‘Z’, el enemigo acérrimo de la nación ‘Y’ que pertenece a otro país-víctima de un genocidio y que además enfrenta la alianza del país ‘Z’ con la nación ‘W’, dos pueblos étnicamente cercanos, de los cuales el segundo cometió aquel genocidio.

Si al lector ya le dio vértigo, no se preocupe.

En la reciente guerra en Nagorno-Karabaj, un enclave montañoso mayoritariamente armenio en el Cáucaso del sur, pero que les pertenece a los azeríes −y que desde la década de los 90, tras otra sangrienta guerra, estuvo bajo la ocupación armenia en forma de "republiqueta" de Artsaj−, abundaba toda una serie de ironías y paradojas. Algunas de tipo −como se suele decir por mis tierras− "el cerebro se para" (tras dar 100 mil vueltas).

Curiosamente, Rusia, el país no mencionado en la letanía inicial −"la fuente de todos los males en el mundo" (basta leer la prensa liberal)− salió la mejor parada. O "más congruente". No sólo al imponer la tregua entre Armenia (país ‘Y’) y Azerbaiyán (nación ‘Z’) se posicionó como un hegemón regional frente al expansionismo de Turquía (país ‘W’). O convirtió lo que Azerbaiyán no recuperó de Artsaj en su semicolonia. Sino que hizo lo que ya de por sí venía haciendo: recuperar la influencia tras el colapso de la URSS: apoyar irredentismos (Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, Dontesk/Lugansk) o anexar ilegalmente territorios (Crimea). Aunque el hecho de que la nación que les vende armas tanto a Ereván como a Bakú o que oficialmente rehabilitó a Stalin, el responsable por transferir de modo desafortunado a Nagorno Karabaj a Azerbaiyán y no a Armenia, acabara de "salvador de los armenios" no deja de ser una ironía.

¿Pero qué decir de Turquía que ocupando ilegalmente la parte norte de Chipre (país ‘X’) fustigaba a Armenia por su "criminal ocupación de Nagorno Karabaj" o que solidarizándose con el lado azerí (su hermano pueblo túrquico) y mandándole armas (drones, etcétera), asesores militares y mercenarios sirios, se refería despectivamente a los armenios −víctimas del genocidio perpetrado por ella en tiempos del imperio otomano (1.5 millón de víctimas)− como "sobras de la espada" ("kılıç artığı"), insinuando que "aún hay cosas inacabadas" en referencia a los descendientes de los sobrevivientes?

¿O de Israel (país ‘V’) que nunca reconoció el genocidio armenio para no quitarle la excepcionalidad al Holocausto aunque, según sus perpetradores (sic) y estudiosos fue justo el antecedente armenio que posibilitó el genocidio judío, y que no tiene ningún reparo moral en armar −a mano con Turquía que igual niega aquel genocidio− a los azeríes en contra de los armenios con armas (drones, munición loitering, bombas de racimo, vehículos, sistemas de vigilancia) "testeadas" durante la ocupación sin fin de Palestina (nación ‘U’), facilitando si no otro genocidio, sí −bueno, de esto sabe− una nueva limpieza étnica?

¿O de la propia Armenia que en efecto ocupaba de manera ilegal a Nagorno Karabaj y transfería su población civil allí−práctica prohibida por la Convención de Ginebra− "emulando" lo que hace Israel en Cisjordania y apoyándose, igual que Israel, en su diáspora mundial invocaba "el derecho al retorno" para asentar colonos en Artsaj haciéndolo, igualmente, "a fin de proteger vidas" dada la historia de pogromos históricos a manos de los azeríes?

¿O de Azerbaiyán que invocando el derecho internacional usaba argumentos parecidos en contra de la ocupación y asentamientos armenios que los palestinos fútilmente emplean en contra de Israel y sus asentamientos ilegales o usaba la argumentación milenaria (“quién estuvo allí ‘primero’”) para justificar su "derecho" a aquella tierra −esto ya emulando a Israel− rescribiendo la historia y cambiando incluso burdamente inscripciones en sitios arqueológicos armenios bajo su control?

Los rusos diciendo lo mismo de siempre. Los turcos mintiendo descaradamente. Los israelíes, bueno, al menos mantenían la boca cerrada (su apoyo a Azerbaiyán era un secreto a voces). Los armenios actuando (casi) como israelíes. Los azeríes hablando como palestinos. Encima los kurdos perdiendo la guerra en la que no han participado al acabar ante el triunfo del pan-turquismo más expuestos a ataques de Ankara, la misma que hace un siglo, de forma trágica, los hizo coperpetradores del genocidio armenio... (o cuales, décadas más tarde, Israel trató de usar como "quinta columna" en contra de varios países de la región). Ironías. Paradojas. Hipocresías. El mundo patas arriba. ¿O a poco no ha estado así siempre?

Publicado enInternacional
Viernes, 22 Enero 2021 05:29

Condena a Assange e indulto para Bannon

Condena a Assange e indulto para Bannon

El asalto al Congreso de EE.UU. demuestra que la mentira (pseudo, en griego) ha gobernado el país. El indulto de Donald Trump a Steven Bannon asegura impunidad a quien convierte la democracia en pseudocracia (el régimen de la mentira). Y la reciente condena a Assange, advierte del castigo a quienes la combaten garantizando nuestro derecho a conocer y contar la verdad; es decir, a construir y narrar nuestra historia.

La prensa se demuestra independiente cuando defiende el interés público; es decir, cuando representa los intereses de "su" público, haciéndolos compatibles con el interés general. Por eso antepone "nuestras" voces a las fuentes oficiales y con más poder. Hoy resulta más factible que nunca, pero la democracia deviene en pseudocracia.

Somos muchos quienes trabajamos con bancos de datos y de documentos digitalizados. Al liberarlos, ponemos dique a la mentira oficial y corporativa que nos inunda. Además, así combatimos la acumulación y la desigualdad de poder. Porque los estados y las corporaciones tecnológicas, en comandita y de forma sistemática, registran todas nuestras comunicaciones.

Aliándonos con periodistas profesionales y filtrándoles documentos controlamos a quien gobierna y mercadea con nuestra privacidad e intimidad. Juntos actuamos como un Cuarto Poder en Red. Y dejamos de ser mineros de datos y propagandistas sin salario de quienes monopolizan y explotan nuestras comunicaciones.

Wikileaks apostó por una independencia periodística basada en la cooperación ciudadana y entre medios. Un periodismo realizado entre todos y para todas. De ahí la importancia de la sentencia que recibió Julian Assange el pasado 4 de enero. No le extraditarán a EE.UU. pero le niegan la libertad provisional. Sigue preso en la cárcel conocida como la Guantánamo británica, a pesar de su deteriorada condición física y mental. Porque, según la jueza, si fuese extraditado a EE.UU. correría peligro de suicidarse. Y, si lo liberase, de fugarse.

"Las paredes de la embajada [de Ecuador en Londres, que le acogió durante siete años) me son tan familiares como el interior de mis párpados", dijo Assange a Michael Kopelman, profesor de neuropsicología en Kings College. Le había visitado veinte veces y, tras manifestar su "intensa preocupación suicida", testificó que el australiano escucha voces alucinatorias, despectivas y persecutorias en su cabeza: "La voz es como, Eres polvo, estás muerto, vamos a por ti".

Assange aún se arriesga a ser extraditado y a cumplir 175 años en el "Alcatraz de las Rocosas", en Florence, Colorado. La negativa a concederle la libertad provisional y el tratamiento que ha recibido fueron calificados por el Relator de la ONU, Niles Metzer, de "confinamiento no justificado", "guerra y tortura psicológica". Concluye que la sentencia tiene dos consecuencias terribles.

La primera, que el periodismo de investigación basado en filtraciones no oficiales podrá perseguirse como delito de espionaje. Y esto, llevado a la práctica, elimina el derecho de asilo por motivos políticos; ya que el espionaje entra en esta categoría de delitos.

En resumen y que lo entiendan bien los periodistas de investigación y filtradores: "os pudriréis en la cárcel y desearéis suicidaros". Días después y antes de abandonar el poder, Trump indultó a varios criminales de guerra. Y, entre ellos, a quien dirigió la ofensiva contra los periodistas - considerados por el ex-presidente "el enemigo número uno del pueblo norteamericano" - que le llevó a la Casa Blanca.

Steven Bannon ha sido premiado conun indulto, tras embolsarse un millón de dólares que decía recabar para construir el muro con México "sin percibir un centavo". ¿Cuánto valían en el mercado negro los cables de las guerras de Irak y Afganistán o los del Departamento de Estado que Wikileaks entregó gratis a unos medios que tanto los rentabilizaron? ¿Y qué han hecho por Assange? El periodismo corporativo vende a los ciudadanos digitales que se reclaman sujetos comunicativos de pleno derecho y se vende al mejor postor.

El asalto al Capitolio demostró que el enemigo está en casa y en las instituciones. Y que entre estas debemos añadir a las corporaciones tecnológicas: auparon a Trump y ahora le vetan en las redes y plataformas. Lo hacen sin aplicar un protocolo, ni rendir cuentas a nadie. Como hicieron desde el inicio y con tantos otros. Siempre que convenga al negocio. Esta vez, actuaron tras constatar que el reality show se hacía realidad y que los demócratas dominarían el Congreso pudiendo aprobar medidas anti-monopolio contra las tecnológicas. ¿Nuestra libertad de expresión es su negocio? 

El bussiness as usual del capitalismo cognitivo se defiende con lawfare: guerra legal y tortura carcelaria ejemplarizantes para quienes desafían la pseudocracia. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), que llevaron a las huestes de MAGA (Make America Great Again) al Capitolio actúan de cancerberos de la libertad de expresión. Y los pseudoperiodistas quedan impunes y serán bien remunerados para instaurar el régimen de la mentira.

Joe Biden debiera indultar a Assange y a Snowden. Y condecorar a Chealsie Manning. Si no será difícil impedir que Trump o un sucesor aventajado regrese "a su manera". No abandonarán las pantallas, para luego tomar las instituciones, mientras aceptemos que the show must go on. El periodismo independiente debe parar el degradante espectáculo de la pseudocracia, que incluye la primera toma de posesión de la presidencia de EE.UU. ante banderas en lugar de ciudadanos

22/01/2021

Publicado enInternacional
'Jedi Blue': El acuerdo secreto que firmaron Google y Facebook

El pacto permitió a Google seguir dominando el mercado de publicidad en línea, a cambio de importantes ventajas competitivas para su potencial rival, según The New York Times.

Una reciente demanda antimonopolio presentada por fiscales de EE.UU. contra Google, revela que el gigante tecnológico y Facebook firmaron un acuerdo secreto denominado 'Jedi Blue' (Jedi Azul), en el marco de una alianza que les impide competir entre ellas, según detalla un informe publicado por The New York Times.

En 2017, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que estaba probando una nueva forma de vender publicidad en línea poniendo en amenaza el dominio de Google sobre ese mercado. Sin embargo, menos de dos años después, Facebook cambió su postura y se unió a una alianza de empresas lideradas por Google, que desarrolló un método similar.

Aunque Facebook nunca explicó por qué dejó a un lado su proyecto, la evidencia presentada el mes pasado en una demanda antimonopolio hecha por 10 fiscales indica que Google había extendido a su potencial rival un trato para ser socio, a cambio de una serie de ventajas. Los detalles del acuerdo redactados en la demanda presentada en una corte de Texas fueron visibles en una versión preliminar revisada por el diario.

Los ejecutivos de seis de los más de 20 socios de la alianza dijeron a The New York Times que sus acuerdos con Google no incluían muchos de los términos favorables que recibió Facebook y que el gigante de las búsquedas le había dado a la red social una ventaja significativa sobre el resto.

Subastas de publicidad

'Jedi Blue' abarca a un segmento en crecimiento del mercado de la publicidad en línea llamado publicidad programática. Entre los milisegundos desde que un usuario hace clic para acceder a una página web y la carga de los anuncios, se produce una subasta para rellenar el espacio publicitario disponible. Google ha dominado ese sistema con sus herramientas y con el acuerdo consiguió evitar otros competidores, según el informe.

A pesar de que surgió un método alternativo para reducir la dependencia de las plataformas publicitarias de Google, la compañía de búsquedas desarrolló un sistema similar llamado Open Bidding, que permite el acceso de terceros. Sin embargo, Google cobra una tarifa por cada oferta ganadora y muchos no están satisfechos con la transparencia del servicio.

La divulgación del acuerdo secreto entre las dos multinacionales ha reavivado las preocupaciones sobre cómo las compañías de tecnología más poderosas pueden establecer alianzas para frenar a la competencia mediante acuerdos privados y cláusulas de confidencialidad.

Por su parte, Google y Facebook aseguraron que tales acuerdos eran comunes en la industria de la publicidad digital y negaron que 'Jedi Blue' tenga un carácter anticompetitivo. Un portavoz de Facebook afirmó que acuerdos como ese "ayudan a aumentar la competencia" en las ofertas de anuncios, y que los argumentos en contra son "infundados".

Publicado: 20 ene 2021 17:21 GMT

Publicado enInternacional
Biden y Trump: una película con final abierto

Singular y anómalo, el país que nunca tuvo nombre, y que desde su nacimiento excluyó el vocablo democracia en las poco más de 9 mil palabras que suman su Declaración de Independencia (1776) y Constitución (1787), junto con las 10 enmiendas (o Bill of Rights de 1791), y las 27 que añadió hasta 1992.

La primera de ellas: El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado. Un contrasentido, pues todos sus presidentes juraron frente a una Biblia. Y la segunda sostiene que no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Con lo cual, en aparadores, paredes y garajes de todo el país, las armas de fuego superan el total de su población.

Un país concebido para justificar el odio y el amor incondicional, y frente al que nadie ha permanecido indiferente. Recuerdo a mi viejo, por ejemplo, cuando comentó que había enviado 20 dólares a National Geographic, y la revista le devolvió un cheque por 20 centavos porque la suscripción costaba 19.80 dólares… ¡Sólo la estampilla costó 35 centavos!, narraba papá con admiración. Un país serio, añadió.

Sin embargo, aquel país seriohabía erigido su grandeza exterminando a los indios malos primero, siguiendo con la sangre de millones de esclavos e inmigrantes, por no hablar de la explotación y destrucción de pueblos enteros en los cuatro puntos del globo. Y que a finales del siglo XIX, añadió a Estados Unidos la expresión de América para fijar, de polo a polo, su área de seguridad nacional.

Una hermosa frase (¿populista?) de Abraham Lincoln: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo(Oración de Gettysburg, 1863). Pero la entidad llamada Estados Unidos de América, siempre fue gobernada por sus enemigos. Y Francia, igualmente proclive a universalizar ideales políticos, la incluyó en la Constitución de la Quinta República francesa (art. 2, 1958).

Como fuere, parece poco atinado (y cómodo) el recurso de sumar peras y manzanas para desenredar la crisis estadunidense. Así, asociar la derrota electoral del trumpismo (o la victoria de Biden) con la caída de la república alemana de Weimar (1918-33), puede desconcertar al lector urgido de explicaciones simples, que no simplistas.

En ese sentido, las películas Pandillas de Nueva York (Martin Scorcese, 2002) y Lincoln (Steven Spielberg, 2012) permiten una aproximación veraz al fenómeno Trump, y la esencia del capitalismo que los estadunidenses y el mundo llaman democracia, su antónimo.

La primera transcurre en 1862, cuando los problemas de la época giraban en torno a la inmigración irlandesa y la Guerra de Secesión en curso, y narra la historia del enfrentamiento entre dos pandillas rivales: los Nativos liderados por Bill Cutter, El Carnicero, y los Conejos muertos, un grupo de inmigrantes recién llegados. Mientras la segunda gira en torno a las intrigas y entresijos de Lincoln, para la aprobación de la enmienda que abolió la esclavitud.

Ambos filmes dejan claro que la noción de fraternidad, como bien apuntó Antoni Domenech (1952-2017), fue “un valor central en la ilustración europea […], pero nunca cuajó en Estados Unidos. Y es que los revolucionarios estadunidenses (como los europeos y los sudamericanos) hiperbolizaron la libertad republicana del mundo antiguo, reservando la democracia ateniense para la izquierda y la república romana para la derecha”.

Domenech sostiene que la democracia no es connatural al liberalismo. Agrega: “No ha habido ninguna idea en el mundo contemporáneo más revolucionaria que la de democracia, porque democracia quiere decir gobierno de los pobres […]. Ningún Padre Fundador, en Estados Unidos se llamó a sí mismo demócrata, y han dicho cosas terribles contra la democracia”.

Las grandes crisis políticas (individuales o sociales, tanto da) obedecen a procesos intransferibles y únicos. Y se entiende, en principio, la tentación de recurrir al ejemplo de Weimar. Pero en la analogía subyace el equívoco, quedando la duda de si, hasta la llegada de Trump, las pandillas de Washington debatían sus cuitas en una suerte de socialdemocracia made in USA.

En el contexto referido, Donald Trump fue, en efecto, la quintaesencia de la democracia más pervertida de la política contemporánea. No obstante, dialécticamente, hemos de agradecerle que haya desenmascarado el sistema que desde 1776 se ofrece como paradigma de libertad. A no ser (nunca faltan), los que por izquierda imaginan que partir de hoy, Joe Biden retomará sus ideales.

Publicado enInternacional
El ex presidente ruso Medvedev fustiga el cibertotalitarismo y la democracia arcaica de EU

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev, otrora bisagra con el atlantismo –hoy vicejerarca del Consejo de Seguridad que preside el zar Vlady Putin (https://bit.ly/3bReYFa)–, realiza un profundo análisis de la caótica situación de Estados Unidos (https://bit.ly/3itGGJx). Arremete contra su “ cibertotalitarismo(https://bit.ly/3syRXg2)”, en medio de la redición doméstica del golpe multicolor de Obama en la plaza Maidan de Kiev (Ucrania).

Medvedev fustiga el “papel sin precedente en la política pública de las redes sociales y los nuevos (sic) multimedia y de las empresas privadas de las tecnologías de la información que poseen estas plataformas”.

Juzga aberrante la suspensión por Twitter de la cuenta del todavía presidente Trump, que tenía “85 millones de seguidores” y la censura de sus otras cuentas que alcanzan “casi 200 millones de seguidores”. En un país con 330 millones de habitantes, hoy tan fracturado y al borde del totalitario monopartidismo neomaniqueo y/o de la balcanización, tales 200 millones no estarían sólo en Estados Unidos.

Medvedev se (pre)ocupa del “espectro de un cibertotalitarismo que gradualmente apabulla a la sociedad que arrastra consigo (y potencialmente al mundo entero)”. Aduce que aun si Trump “abandona la política en definitiva y los gigantes tecnológicos borran su huella digital (sic), las mentes (sic) permanecerán inmensamente polarizadas”. Medvedev señala que “las redes sociales carecen de regulaciones especiales”, por lo que se dieron el lujo de “bloquear decenas de miles de seguidores de un presidente en funciones en todo género de plataformas”.

Considera que “para Washington y el resto del mundo este nivel de censura de las trasnacionales es verdaderamente un fenómeno extraordinario (sic)”. Coloca una pregunta como estocada: “¿Quiénes son esos jueces supremos que deciden, de su propia voluntad y basado en sus propias reglas –pero guiados por sus preferencias políticas–, privar al presidente de un país la oportunidad de comunicarse con una audiencia de muchos millones?”

Pone su dedo en la llaga, ya que “varias trasnacionales tecnológicas que se encuentran en California (sic) gozan de un apetito por el poder y piensan que es posible manipular las noticias y hechos para que se adapten a sus propias preferencias políticas. ¡Es una flagrante censura!”. California, feudo demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris, es asiento del Big Tech de Silicon Valley, de donde, por cierto, ya empezaron a migrar varias empresas –de la talla de Tesla, HP, Oracle, etcétera– a Texas, feudo republicano. ¿California vs Texas?

En su filípica contra la cibercraciadel Gafam /Twitter (https://bit.ly/35UlAin), Medvedev expone que “dictan sus propios términos” y “han buscado sustituir a las instituciones estatales, usurpando sus mandatos, y de manera agresiva imponiendo sus puntos de vista en un gran número de personas, a quienes dejan sin otra opción”, lo que “empujará a otros gobiernos de diferentes países a tomar acciones para prevenir el mismo escenario”.

El profundo análisis de Medvedev aborda temas relevantes, tanto de la saliente como de la entrante administración de Estados Unidos sobre el futuro de las relaciones con Rusia, de las que es pesimista: los contenciosos nucleares, su relación con la OTAN y sus otrora aliados, su política de descarbonización, el “nuevo orden económico” global como “cambio tectónico”, en clara alusión al ascenso de China, hoy aliado de Rusia.

Arguye que la “guerra civil fría (sic)” alcanzó su clímax con el ataque al Capitolio cuando permea de nuevo el “olvidado espíritu del Macartismo (sic)”, en el que tiene mucho que ver su “arcaico sistema de votación que puede llevar a nuevas (sic) olas de violencia y disturbios” ¡Uf !

Desde hace 7 años advertí sobre el ominoso “ cibertotalitarismo(https://bit.ly/2LPR3eH)”, cuando Financial Times fue muy permisivo en sacrificar la “privacidad online”, con el fin de “combatir el terrorismo”, lo cual hoy es implementado por el Gafam/ Twitter en Estados Unidos –y, por extensión, al mundo entero–, bajo el pretexto del 6/1, en similitud con el hollywoodense 11/9 (https://bit.ly/39Oy1gC).

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://www.youtube.com/channel/ view_as=subscriber

Publicado enInternacional
Miércoles, 20 Enero 2021 05:14

Trump indulta a Steve Bannon

Trump indulta a Steve Bannon

Su exconsejero fue detenido en agosto de 2020 acusado de desviar fondos recaudados para la construcción del muro con México

 

Donald Trump ha indultado a Steve Bannon. A pocas horas de dejar su cargo como presidente de los Estados Unidos, el mandatario republicano ha cumplido con las previsiones y ha concedido el perdón a más de 70 personalidades, entre ellas su exasesor, quien está siendo investigado por apropiarse de dinero recaudado en donaciones por Internet para construir el muro en la frontera con México.

Su perdón presidencial llega tras días de debate en el círculo de Trump, donde se cuestionaba la idoneidad de otorgar el indulto al que fue uno de los arquitectos de su campaña electoral en 2016, ahora en el punto de mira por defraudar a trumpistas.

La detención de Bannon se produjo en agosto del pasado año, cuando fue acusado junto a otras tres personas de desviar más de un millón de dólares que habían sido recaudados para levantar el polémico muro fronterizo. Una parte del dinero habría sido destinada a pagar a un funcionario de campaña. La otra habría servido para sufragar los gastos personales de Bannon. Él se declaró inocente.

Pese al destacado papel que tuvo durante la campaña electoral del candidato republicano en 2016, Bannon fue apartado poco tiempo después de que Trump fuera investido presidente por criticar a los hijos del mandatario. De él llegó a decir que había “perdido la cabeza” y que “cuando fue despedido lloró y rogó por su puesto”. Sin embargo, en los últimos meses su relación dio un giro.

Fue el propio Trump quien, tras su derrota en las urnas frente al demócrata Joe Biden, acudió al asesor para que le ayudara a permanecer en el poder alegando un fraude electoral que nunca fue probado. De poco le sirvió.

Ahora, el indulto preventivo anula la acusación y evita que, en el caso de que hubiera sido hallado culpable de los cargos que se le imputan, Bannon tuviera que cumplir condena. El indulto presidencial solo se aplica a los delitos federales y para llevarlo a cabo el gobernante no debe aportar ninguna razón. Además, la Administración no puede revocarlo.

Hasta el momento, ni el propio Trump ni ningún miembro de su familia han sido indultados. Según detalló una fuente cercana al caso a la agencia Reuters, los asesores de la Casa Blanca le han recomendado no recurrir a ello porque consideran que daría a entender que son culpables de algún delito. Tampoco ha sido indultado su abogado Rudy Giuliani, quien no ha sido acusado formalmente de ningún cargo, pero ha sido objeto de investigaciones por sus actividades en Ucrania.

Trump también ha otorgado el indulto al exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick, quien cumplía una pena de prisión de 28 años por cargos de corrupción. El rapero Dwayne Carter, conocido como Lil Wayne, que se declaró culpable de un delito federal de tenencia de armas el año pasado, también figura entre los indultados; así como el rapero Bill Kapri, conocido como Kodak Black, quien cumple condena por falsificar documentos para obtener un arma de fuego. 

Se espera que Trump ofrezca hasta un centenar de indultos y conmutaciones en las horas previas a su salida del cargo al mediodía de este miércoles, según dos han revelado a la agencia AFP dos fuentes cercanas al presidente.

Por Miriam Elies

20/01/2021 07:00Actualizado a 20/01/2021 09:59

Publicado enInternacional
Vasant Dhar, de la Universidad de NY, recomienda nacionalizar Facebook y Twitter como bienes comunes

La peor censura de la historia fue propinada el 6/1, mediante un golpe cibernético de los nuevos hijos de Torquemada, en imitación al 11/9 (https://bit.ly/3bJoeuP).

Provocó conmoción la censura selectivamente politizada por las redes sociales de la cibercracia (https://bit.ly/3sw8cud).

Desde su comodidad paradisiaca en la Polinesia francesa, Jack Dorsey (JD), vilipendiado mandamás de Twitter, después de haber censurado de por vida a un presidente todavía en funciones en EU, se percató del grave daño infligido al principal valor de la democracia libertaria que tendrá profundas consecuencias en el largo plazo sobre el Big Tech de Silicon Valley (https://bit.ly/3bYDnsD): el GAFAM (Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft) y Twitter –Microsoft tiene su sede en Redmond (estado de Washington).

La censura de las redes sociales es mucho más grave que la tosca toma del Capitolio que, según el ex diplomático y asesor de los republicanos del Senado James Jatras representó el pretexto idóneo, debido al grave error de cálculo de Trump para aplicar el “equivalente funcional al Reichstag Fire (incendio del parlamento alemán) de 1933, usado por los nazis para establecer su ley de emergencia (https://bit.ly/3qy3lqV)”.

En el mismo EU la censura de la cibercracia ha causado estupor en los círculos académicos, como es el caso de Vasant Dhar (VD) –profesor del Centro de Data Science de la Universidad de Nueva York– quien recomienda nacionalizar Facebook y Twitter como bienes públicos.

A juicio de VD, es preocupante el poder que las plataformas de las redes sociales ejercen en la sociedad y en particular su impacto en el futuro del discurso público y la democracia, ya que, si pueden censurar a la persona más poderosa del planeta y ponerlo de rodillas sin previo aviso, lo pueden hacer con cualquiera en cualquier momento.

Lo interesante es que el portal The Hill, pro-Demócrata y anti-Trump, dé cabida a una opinión crítica del GAFAM/Twitter.

VD comenta que Mark Zuckerberg y JD le acaban de demostrar a los legisladores quiénes son los que ejercen el poder final. Hasta cierto punto, ya que, como excelente analista cibernético de las finanzas, VD debería saber que son los cuatro giga-bancos de EU –Vanguard, State Street, Fidelity y BlackRock; este último ostenta un manejo de capitales de 7.8 trillones (en anglosajón) de dólares estadunidenses, equivalente a 7.8 veces el PIB de México– quienes controlan al GAFAM/Twitter. A su vez, los giga-bancos y las redes sociales son controlados en última instancia por el Pentágono mediante el Consejo de Innovación de Defensa (https://bit.ly/3bG8Lfc).

Lo mÁs increíble radica en que las plataformas de las redes sociales carecen de guías regulatorias y son protegidas en forma anómala con patente de corso por la sección 230 y nunca han sido elegidas por la ciudadanía cuando se arrogan el derecho desde su ciber-plutocracia de imponer su discrecionalidad supra-constitucional a ciudadanos discriminados y hasta a un presidente todavía en funciones.

¿Cuál sería, entonces, el objetivo de celebrar elecciones cuyos resultados serían estériles ante la cibercracia y los hijos de Torquemada del siglo XXI?

VD recomienda nacionalizar las plataformas de las redes sociales como bienes públicos que proveen un “servicio público ( utility)” para la comunicación y el discurso público.Juzga que las plataformas de las redes sociales se quitaron los guantes, envueltos en terciopelo para los legisladores y específicamente la nueva administración de Biden.

Aduce que no existe alternativa, pues implica la aplicación de la Primera Enmienda a las plataformas que son efectivamente bienes públicos, por lo que el público debe decidir sobre las reglas del discurso, que solamente pueden ser a través del gobierno, ya que negar a alguien el acceso a tales plataformas en forma arbitraria sería similar a impedirles su acceso al transporte público y ésa no es una decisión que los ejecutivos de una empresa privada puedan hacer. ¡Nada menos que el mismo discurso que los mandatarios de Alemania y México!

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Publicado enInternacional
Lunes, 18 Enero 2021 05:52

Militar la patente

Planta de Pfizer en Amboise, Francia AFP, ALAIN JOCARD

Cómo las farmacéuticas se aseguraron el monopolio sobre la vida y la muerte

Pfizer encabeza una dura oposición a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19. En el pasado, la misma empresa lideró el lobby que hoy impide el acceso de los pobres a medicamentos cruciales.

 

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por el gigante farmacéutico Pfizer junto con su socio alemán Biontech fue la primera en ser aprobada por varios Estados para su uso de emergencia y su aplicación ya se encuentra en estado avanzado en varios países. No obstante, mientras esto sucede, Pfizer ha mostrado una vehemente oposición a uno de los esfuerzos globales más importantes realizados en pos de garantizar que los países pobres puedan acceder a la inmunización contra la enfermedad.

En octubre, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera de forma temporal la vigencia de las patentes de los tratamientos contra el covid-19, en virtud del acuerdo de propiedad intelectual conocido como Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Apoyada ahora por casi un centenar de países, la iniciativa permitiría la producción asequible de tratamientos genéricos durante lo que dure la pandemia.

Si se aprueba, la propuesta podría salvar innumerables vidas en el Sur global, en momentos en que los países ricos acaparan los stocks de vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20) y cuando un estudio realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins advierte que una cuarta parte de la población mundial no recibirá el pinchazo hasta 2022 (British Medical Journal, 15-XII-20). Pero, hasta ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado la moción, a pesar de que en el contexto actual las demoras en el acceso a las vacunas significan, en los hechos, más muertes.

Con Pfizer a la cabeza, la industria farmacéutica, preocupada por proteger sus ganancias, es un socio poderoso de este frente opositor. «La propiedad intelectual es la sangre del sector privado y es la que trajo una solución a esta pandemia. En este momento, no es una barrera», declaró a comienzos de diciembre Albert Bourla, su director ejecutivo. Días antes, Pfizer había registrado oficialmente su oposición a la propuesta de India y Sudáfrica en un artículo del 5 de diciembre en The Lancet, en el que afirmaba que «un modelo global único [de acceso a las vacunas] ignora las circunstancias específicas de cada situación, de cada producto y de cada país».

En los alegatos de la empresa, el marco actual de las normas de propiedad intelectual y de los monopolios farmacéuticos es presentado como un orden planetario basado en el sentido común y cuyos beneficios para la sociedad serían evidentes. En realidad, estas normas internacionales son relativamente recientes y fueron moldeadas, en parte, por la propia Pfizer. Desde mediados de la década del 80 hasta principios de la del 90, la empresa desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las mismas reglas de propiedad intelectual de la OMC que ahora invoca para argumentar en contra de la liberación del suministro de vacunas para los países pobres. La «sangre del sector privado» mentada por Bourla no corresponde a un orden natural, sino que refleja una estructura comercial global que la compañía ayudó a crear en detrimento de los pobres de todo el mundo.

UNA CAMPAÑA CORPORATIVA

A mediados de la década del 80, el entonces presidente de Pfizer, Edmund Pratt, tenía una misión: asegurar que se incluyeran fuertes protecciones para la propiedad intelectual en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Aquellas fueron las negociaciones multinacionales de comercio que resultarían en el establecimiento de la OMC en 1995. El razonamiento de Pratt era simple: semejantes protecciones eran vitales para proteger la «competitividad» global de su empresa y de otras industrias estadounidenses.

Pratt tenía un poder institucional considerable más allá de su puesto corporativo. Como señalan los investigadores de Harvard e Insead Charan Devereaux Robert Z. Lawrence y Michael D. Watkins en su libro Case Studies in US Trade Negotiation, Pratt formó parte del Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales de los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan. En 1986, cofundó el Comité de Propiedad Intelectual, un organismo que se dedicaría a construir vínculos con corporaciones de Europa y Japón, se reuniría con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU y llevaría adelante un agresivo lobby para garantizar que se incluyera la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales.Ya en aquellos años, tanto a nivel mundial como estadounidense, Pfizer jugaba un rol importante en la promoción de la idea de que el comercio internacional debía depender de unas determinadas reglas de propiedad intelectual: según su concepción, los países que no siguieran las reglas de propiedad intelectual estadounidenses se dedicaban a la piratería. Los expertos en regulación comercial internacional de la Universidad Nacional de Australia Peter Drahos y John Braithwaite señalan, en su libro Information Feudalism, que «como el batir de un tambor, el mensaje sobre la propiedad intelectual se fue replicando por las redes empresariales, las cámaras de comercio, los consejos directivos, los comités de negocios y los organismos corporativos. Progresivamente, los ejecutivos de Pfizer que ocupaban puestos clave en las gremiales empresariales estratégicas lograron reclutar el apoyo de esos grupos a una concepción de la propiedad intelectual que estaba basada en el comercio».

Por aquel entonces, la idea de que la propiedad intelectual debía ser parte de las reglas comerciales internacionales no era algo universalmente aceptado. Muchos países del tercer mundo se resistieron a su inclusión, con el argumento de que, si se establecían normas más estrictas de propiedad intelectual, se iba a estar protegiendo el poder monopolístico de las corporaciones y se socavarían los controles internos de precios.

En 1982, la primera ministra de India, Indira Gandhi, decía a la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS, que «un mundo mejor ordenado será aquel en el que los descubrimientos médicos estén libres de cualquier patente y donde no se haga negocio a partir de la vida y la muerte». Y en 1986, el Christian Science Monitor informaba que «Brasil y Argentina encabezan un grupo que ha bloqueado los intentos de Estados Unidos de incluir la protección de la propiedad intelectual en la nueva ronda de conversaciones de comercio».

Pero el presidente de Pfizer tenía aliados poderosos, entre ellos el presidente del gigante tecnológico IBM, John Opel. Sus esfuerzos combinados desempeñaron un papel clave para asegurar que finalmente se incluyeran reglas de propiedad intelectual en las negociaciones del GATT. Pratt nunca dudó en atribuirse ese éxito. «Esta victoria en el GATT, que establece disposiciones para la propiedad intelectual, resultó en buena parte de los esfuerzos a brazo partido hechos por el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses, incluida Pfizer, durante las últimas tres décadas. Hemos estado en esto desde el principio, asumiendo un rol de liderazgo», declaró por entonces, tal como lo recogen los investigadores Lori Wallach y Patrick Woodall en su libro Whose Trade Organization? The Comprehensive Guide to the WTO.

Durante las negociaciones para la protección de la propiedad intelectual en el GATT, el grupo de lobby cofundado por Pratt jugó un papel activo como organizador de empresarios de Estados Unidos, Europa y Japón decididos a conseguir una regulación fuerte en la materia. Cuando, a mediados de los años noventa, se estableció formalmente la OMC y se firmaron los acuerdos internacionales, Pratt ya no era presidente de Pfizer, pero su contribución y el papel de la empresa que había dirigido todavía se hacían sentir. Fueron Pratt y Opel quienes, desde un comienzo, «diseñaron, presionaron y engatusaron al gobierno estadounidense para que incluyera la propiedad intelectual como uno de los temas de negociación», en palabras de uno de los miembros del equipo negociador de Estados Unidos citado por Devereaux, Lawrence y Watkins.

El acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que entró en vigor en 1995, se convertiría en el «acuerdo sobre propiedad intelectual más importante del siglo XX», escriben por su parte Drahos y Braithwaite. Ese tratado puso a la mayor parte del mundo bajo estándares mínimos de propiedad intelectual, parte de los cuales significaron el establecimiento de un monopolio global de patentes en manos de las empresas farmacéuticas. Para Dean Baker, economista y cofundador del think tank izquierdista Center for Economic and Policy Research, «el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC requirió que países de todo el mundo adoptaran normas de patentes y derecho de autor de tipo estadounidense. Anteriormente, ambos temas habían estado fuera de los acuerdos comerciales internacionales y los países podían tener las reglas que quisieran al respecto. India tenía una industria farmacéutica bien desarrollada en la década del 90. Antes del acuerdo, el Estado no permitía que las empresas farmacéuticas patentaran medicamentos. Podrían patentar procesos, pero no medicamentos».

ACCESO LIMITADO

El acuerdo sobre ADPIC trajo fabulosas ganancias a las compañías farmacéuticas y «elevó los costos farmacéuticos en Estados Unidos, al tiempo que restringió aún más la disponibilidad de medicamentos vitales en los países en vías de desarrollo de la OMC», según afirma la ONG Public Citizen, dedicada al contralor de prácticas corporativas. Esta dinámica se manifestó de forma brutal durante la crisis del sida, que se encontraba en su apogeo cuando se creó la OMC. «Le tomó al gobierno sudafricano casi una década romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén y condenaban a su gente a la muerte», recordaban hace poco en The New York Times (7-XII-20) Baker, el activista por la salud pública Achal Prabhala y el economista Arjun Jayadev.

Es difícil pensar en un escenario más propicio para defender una suspensión de las leyes de propiedad intelectual que el de una pandemia mundial, un argumento que ciertamente no es marginal en el contexto político actual. Además de una larga lista de activistas globales, los principales grupos de derechos humanos y los expertos en la materia de la ONU han sumado sus voces a la demanda de suspender las leyes sobre patentes. Sus llamamientos continúan lo iniciado por el movimiento por la justicia global de la década del 90 y principios de la del 2000, que puso en cuestión el papel que tuvo la OMC –junto con otras instituciones globales, como el Banco Mundial y el FMI– en la destrucción, a manos de las corporaciones, de las regulaciones nacionales en materia laboral, ambiental y de salud pública. Un punto clave de su crítica fue el enorme poder de las corporaciones estadounidenses en la OMC, que se revela hoy en su bloqueo de la propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19.

Pfizer no es la única que se opone a pausar por un momento las reglas de propiedad intelectual. Las gremiales de la industria farmacéutica y empresas individuales, se han manifestado con toda su fuerza en contra de estas propuestas. «La influencia de la industria farmacéutica es enorme», señala Baker. «No hace falta decir que Trump apoyará estas corporaciones. Incluso Biden será presionado por la industria farmacéutica y tendrá enormes dificultades para hacer algo que a esta no le guste».

La lucha sin cuartel de la industria farmacéutica por acaparar información que permitirá salvar vidas en plena pandemia contrasta con el gigantesco papel que ha tenido la financiación pública en el desarrollo de las vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20). Sin embargo, con un costo estimado de 19,50 dólares estadounidenses por dosis en sus primeras 100 millones de dosis, la vacuna de Pfizer es demasiado costosa para muchos países pobres, particularmente a la luz de sus requisitos de almacenamiento. La compañía farmacéutica Astrazeneca, que produjo una vacuna junto con la Universidad de Oxford, se comprometió, en 2020, a facilitar el acceso de los países pobres a su producto y afirmó que no obtendrá ganancias durante lo que dure la pandemia. Pero, al mismo tiempo, «se ha reservado el derecho a declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021», según señalan en el Times Prabhala, Jayadev y Baker.

Se podría tomar un mapa de la pobreza mundial, colocarlo sobre un mapa de acceso a las vacunas y se obtendría una coincidencia virtual de uno a uno. «Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países están reservando dosis en proporciones que superan con creces el tamaño de sus poblaciones», informó en diciembre The New York Times, «mientras que muchas naciones pobres luchan por asegurarse apenas lo suficiente» (15-XII-20). Es el resultado lógico de un sistema diseñado desde el principio para reforzar estructuras de poder existentes desde hace mucho tiempo y heredadas de un sistema colonial. Independientemente de las intenciones que se haya tenido, se dejará morir una vez más a las naciones negras y pardas, mientras que los países ricos del Norte global exceden con creces sus propias necesidades. Dado el riesgo de que podamos ver un apartheid global de la distribución de vacunas, en el que los países pobres continúan enfrentando pérdidas devastadoras mientras que los países ricos persiguen la inmunidad colectiva, no parece que alcance con vagas garantías de benevolencia empresarial. Como dice Baker, «¿no querría usted que todas las vacunas estuvieran disponibles tanto como sea posible?».

(Publicado originalmente en In These Times con el título «Pfizer Helped Create the Global Patent Rules. Now it’s Using Them to Undercut Access to the Covid Vaccine». Traducción y titulación en español de Brecha.)

Por Sarah Lazare
15 enero, 2021

Publicado enSociedad
Lunes, 18 Enero 2021 05:46

Que te cure Lola

Aplicación de la vacuna contra la covid-19 en fase de prueba en Sudáfrica. AFP, SIPHIWE SIBEKO

El uso que el big pharma hace de los países pobres

Principales empresas del rubro se benefician de bajos costos para hacer experimentos en el Sur global. Pero una vez descubiertos los medicamentos, su acceso suele estar vedado para esas naciones.

Albert Bourla, director general de Pfizer, ha tenido palabras de elogio para «las casi 44 mil personas que de forma desinteresada levantaron la mano para participar en nuestras pruebas». «Cada uno de ustedes ha contribuido para que el mundo esté un paso más cerca de nuestro objetivo común de desarrollar una vacuna contra esta pandemia devastadora», escribió Bourla en una carta pública a los voluntarios que formaron parte de las investigaciones de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 hechas en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Alemania, Turquía y Estados Unidos. La misiva fue publicada el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que Pfizer anunció que su vacuna superaba el 90 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad. Bourla atribuyó este logro a los voluntarios: «Ustedes son los verdaderos héroes. El mundo entero tiene con ustedes una tremenda deuda de gratitud».

Argentina, Sudáfrica, Brasil y Turquía tendrán que conformarse con estas muestras de gratitud de Pfizer, porque no recibirán, al menos no en el corto plazo, suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones. Mientras tanto, Estados Unidos y Alemania –junto con Canadá y el resto de la Unión Europea (UE)– se han asegurado suficientes dosis de varias vacunas contra el covid-19 como para inocular varias veces a sus poblaciones. Aunque Estados Unidos enfrenta problemas logísticos en su campaña de vacunación, se estima que eventualmente alcanzará un stock suficiente. Durante el verano boreal, encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a cambio de 1.950 millones de dólares. En los últimos días de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para comprar 100 millones de dosis adicionales de vacunas de aquí a julio de 2021 y el gobierno tiene la posibilidad de adquirir 400 millones más de dosis. Washington compró además 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que llegarían el segundo trimestre de 2021, y se reserva la opción de comprar hasta 300 millones de dosis extras. También firmó con Ology, Sanofi, Novavax y Johnson & Johnson para comprar dosis suplementarias, aunque estas vacunas se encuentren aún en las primeras etapas de su desarrollo.

CONEJILLOS DE INDIAS

Las empresas farmacéuticas y sus directivos ya cosechan grandes ganancias. El mismo día que envió su carta abierta, Bourla, cuyo patrimonio neto se estima en más de 26 millones de dólares, vendió más de 5 millones de dólares de sus acciones de Pfizer. La farmacéutica obtuvo en 2020 ganancias de al menos 975 millones de dólares debido a su vacuna y se espera que recaude 19.000 millones de dólares más en 2021, de acuerdo a estimaciones de Morgan Stanley. El margen de ganancia de Pfizer sobre la vacuna se estima entre un 60 y un 80 por ciento. Morgan Stanley también ha proyectado que en 2021, gracias a su vacuna, Moderna ganará como mínimo 10.000 millones de dólares.

Los 100.000 millones de dólares en ventas de vacunas contra el covid-19 que ha estimado la consultora Evercore ISI sin duda son parte de lo que atrajo a las empresas farmacéuticas al desarrollo de estos inmunizantes. Pero el cálculo es diferente para los participantes en las investigaciones. En los países en vías de desarrollo «encontrás personas que no tienen cobertura de salud, están desesperadas por atención médica y sólo les quedan disponibles las migajas de la investigación científica», dice Harriet Washington, experta en ética médica de la Universidad de Las Vegas.

Esa desesperación es sólo parte de la razón por la que las compañías farmacéuticas llevan a cabo la mayoría de sus pruebas en países pobres. Según Washington, la relativa falta de control y los menores costos operativos son razones adicionales por las que la industria farmacéutica se siente atraída por esos países. Los participantes en las investigaciones de la vacuna contra el covid-19 en Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía «trabajan más barato que la gente en Estados Unidos o Alemania», afirma.

El problema ético que esto crea –la gente en los países en vías de desarrollo tiene menos acceso a los avances médicos, a pesar de que asume una parte desproporcionada de los riesgos que permiten su descubrimiento– es mucho más viejo que la pandemia de coronavirus. «Hay desigualdades inherentes que se repiten en cada epidemia», dice Washington. «Es un patrón constante; lo vas a encontrar cualquiera sea el caso en que te fijes».

Participen o no en investigaciones sobre medicamentos, los habitantes de los países con ingresos medios y bajos suelen carecer de acceso a avances médicos que pueden salvar vidas, pero cuyos precios están fuera de su alcance. Gilead, que tiene la patente del sofosbuvir, un medicamento clave contra la hepatitis C, ofrece una ilustración clara y trágica de lo mortal que puede ser esta dinámica. En Brasil, en junio de 2019, sólo una de cada siete personas que necesitaban este medicamento vital lo había recibido. En ese país, miles de personas han muerto por esta enfermedad curable, según la organización sin fines de lucro Make Medicines Affordable.

Aunque eventualmente muchos medicamentos terminan estando disponibles, para la gente de los países en vías de desarrollo el acceso a ellos suele retrasarse, como ha ocurrido con los medicamentos para el VIH, a los que todavía no pueden acceder unas 15 millones de personas infectadas en todo el mundo. En algunos países pobres estos medicamentos llegaron más de una década después de haber sido utilizados en los países ricos.

«Observamos retrasos en casi todas las intervenciones en el mundo entero, se trate de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico», dice el doctor Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad de Duke, y agrega: «Los productos que llegan a los mercados de los países de ingresos bajos y medios no producen tanto dinero». Como resultado, en gran parte del mundo, la posibilidad de contar con esas novedades vitales suele depender de la financiación de donantes, «que es siempre inferior a la que quisiéramos», sostiene Udayakumar.

Las consecuencias mortales del atraso en el acceso a la vacuna contra el covid-19 serán evidentes durante 2021. La cantidad de personas vacunadas en todo el mundo dependerá en parte del éxito de otras posibles vacunas candidatas y de la necesidad de administrarlas en una o dos dosis. Pero ya está claro que la mayoría de los países no tendrá dosis suficientes, mientras que los países ricos acaparan las reservas. Una iniciativa internacional tendiente a garantizar el reparto equitativo de las vacunas, denominada COVAX Advance Market Commitment, regida por la público-privada alianza de salud GAVI, busca proporcionar a los países participantes vacunas suficientes para inmunizar hasta el 20 por ciento de su población para finales de 2021. Pero, incluso en el mejor de los casos, este objetivo dejaría a la gran mayoría de la población sin vacunar. Y está «supeditado a la disponibilidad de fondos», como lo dice con claridad el sitio web del grupo (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20).

Algunos activistas de la salud pública internacional han mostrado su frustración con respecto a GAVI. «El día uno, cuando se vacunó a la primera persona en Reino Unido, deberíamos haber visto el equivalente en un país en vías de desarrollo», afirma Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunación de Médicos sin Fronteras. «Pero eso no pasó. Y no tenemos ningún dato concreto de cuándo llegarán las dosis necesarias para estos países». Elder señala que, a pesar del objetivo declarado de facilitar un acceso igualitario, el esfuerzo internacional para la distribución de vacunas se ve afectado por el desequilibrio mundial en materia de poder y de riqueza. «GAVI nunca denunciará el “nacionalismo de vacunas”, porque sus mayores donantes –como el Estado británico– son los miembros más poderosos de su junta directiva», sostiene.

El Banco Mundial aporta ayuda adicional para la entrega de vacunas, pero lo hace bajo la forma de préstamos que los países pobres tendrán luego que pagar. Debido a las demoras, es muy probable que mucha gente en países de bajos ingresos no reciba la vacuna antes de 2023 o 2024, lo que resultaría en un número desconocido de muertes.

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE NO CIERRA

«Estamos ante un apartheid mundial de vacunas», denuncia Zain Rizvi, investigador de derecho y política en la ONG Public Citizen, que predice que el retraso en la vacunación tendrá consecuencias «calamitosas». Public Citizen ha propuesto varias soluciones para que Estados Unidos amplíe el acceso a las vacunas, entre ellas la construcción de nuevas instalaciones de producción y el recurso a una oscura norma (sección 1498 del título 28 del Código de Estados Unidos, referida a casos de patentes y derechos de autor) que le permite al gobierno saltarse las patentes privadas en el caso de invenciones financiadas por el Estado. Mientras tanto, Kenia, India y Sudáfrica presentaron a la Organización Mundial del Comercio una medida que permitiría renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual sobre los productos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas. La propuesta, apoyada por 99 países, aún no ha sido adoptada después de haber sido rechazada por Estados ricos como Estados Unidos, los miembros de la UE, Japón, Reino Unido y Australia (véase «Militar la patente» en este número).

Pero la quita de las patentes es sólo un primer paso para permitir el acceso mundial a las vacunas. «El know-how es, a corto plazo, un problema mucho más grande», señala James Love, que dirige el grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International. Love cita el caso de Moderna, el fabricante de vacunas financiado por el gobierno federal estadounidense, que ha prometido que no aplicará la patente de su vacuna. «Pero, aun así, no podés fabricarla si no sabés los detalles de cómo la hicieron», dice Love. «Hay que obligar a quienes tienen el know-how a compartirlo, porque estamos en una puta pandemia», insiste.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos y las empresas que este ha financiado para fabricar vacunas ya reciben el crédito por poner fin a la pandemia, Love señala que algo no cierra en esa historia de éxito: los contribuyentes terminaron siendo obligados a pagar por acuerdos que limitaban el acceso mundial a las vacunas. «Hay quienes van a decir que esto es un tremendo éxito por la innovación lograda», piensa Love. «Pero la realidad es que el Estado tomó nuestro dinero, se lo dio a las empresas y redactó contratos desastrosos por los que terminamos con muy pocos derechos sobre inventos que nosotros mismos financiamos», se lamenta.

El problema podría haber sido evitado «si el gobierno hubiera incluido un intercambio obligatorio del know-how en cada uno de sus contratos, de manera tal que la transferencia de tecnología habría podido comenzar apenas esas vacunas estuvieran en la fase de pruebas», dice Love. «Pero no fue así. Y una de las consecuencias de esas concesiones es que terminamos condenando a los países en vías de desarrollo a acceder tarde a las vacunas», concluye.

Lo cierto es que la administración de Donald Trump ha sido particularmente generosa con la industria farmacéutica, ha eliminado de algunos de sus contratos las protecciones estándar en materia de acceso que favorecían a la población y ha bloqueado los esfuerzos internacionales para mancomunar recursos en la lucha contra la pandemia. «Joe Biden tiene el poder de cambiar esto», sostiene Rizvi. «Puede pensar más allá, compartir la receta de la vacuna y ayudar a aumentar la producción y la capacidad de fabricación para incrementar el aprovisionamiento rápidamente». Por su parte, Washington cree que también son solucionables los dilemas éticos planteados por la investigación sobre las vacunas contra el covid-19 en países que tal vez no accedan a ellas durante años. «Las desigualdades son fáciles de corregir –plantea–, sólo tenés que tratar a las personas de los países pobres de la misma manera en que tratás a las demás».

(Publicado originalmente en The Intercept, bajo el título World Faces Covid-19 «Vaccine Apartheid». Brecha traduce y publica con autorización.)

Publicado enSociedad