Carteles de Rosa Luxemburgo y Lenin en una manifestación en Berlín contra la guerra de Vietnam, el 18 de febrero de 1968. Rogge/ ullstein bild Getty Images

Antimilitarista, defensora de la democracia en el seno de la revolución, está considerada como la dirigente marxista más importante de la historia. Se cumple un siglo de su asesinato, pero su vasta producción teórica sigue viva

En el hotel Eden de Berlín, el soldado Runge le destroza el cráneo y la cara a culatazos; otro militar, también al servicio del capitán Pabst, la remata de un tiro en la nuca. Atan su cadáver a unos sacos con piedras para que pese y no flote, y es arrojado a uno de los canales del río Spree, cerca del puente Cornelio. No aparecerá hasta dos semanas después. El Gobierno del socialdemócrata Friedrich Ebert acababa así con la vida de Rosa Luxemburgo (RL), la más importante dirigente marxista de la historia, antigua militante del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la líder más significativa de la Liga Espartaquista y fundadora del Partido Comunista de Alemania.


Unos minutos antes, los mismos personajes habían asesinado al principal compañero de RL en su larga marcha. Karl Liebknecht, el único parlamentario que en primera instancia (año 1914) votó en el Reichstag (Parlamento) en contra de los créditos de guerra para financiar la presencia de Alemania en la Primera Guerra Mundial, iba a ser trasladado a la cárcel desde el mismo hotel, pero antes de abandonar el local donde había sido interrogado le dan dos culatazos que lo dejan aturdido y se desmaya; arrastrado hasta un automóvil, es trasladado al Tiergarten, el gran parque berlinés, donde es rematado a sangre fría con disparos de pistola y abandonado en el suelo hasta que alguien lo encuentra. “Intento de fuga”, dirá la nota oficial; la de Luxemburgo rezará: “Linchada por las masas”.


Era la noche del 15 de enero de 1919. Este martes se cumplirá el centenario de la detención y asesinato de los principales líderes de la Liga Espartaquista e iconos históricos de la revolución alemana de 1918-1919, que estalla inmediatamente después de que el Ejército germano fuese derrotado y humillado en la Gran Guerra. RL había pasado los cuatro años largos de la guerra en prisión, después de que en un mitin, en Fráncfort, hubiera pedido a los soldados, con su arrolladora oratoria, que se negasen a combatir, hermanos contra hermanos, y a los trabajadores de su país, que iniciasen una huelga general que se debía contagiar a los trabajadores de los otros países en el bando contrario, para que todos confluyesen bajo la misma bandera más allá de las patrias. Sale de la cárcel a principios de noviembre de 1918 y se une a la oleada revolucionaria que inunda las calles de las principales ciudades y, sobre todo, de Berlín. Dos años antes, en otro mitin, el 1 de mayo de 1916, en medio de la conflagración, Liebknecht finaliza su arenga al grito de “¡Abajo la guerra, abajo el Gobierno!”. También es detenido y pasa en prisión dos años y medio. Sale el 23 de octubre de 1918.


A partir de ese momento, a los dos dirigentes espartaquistas les quedaban apenas dos meses de vida, y dedican sus fuerzas a publicar un periódico (La Bandera Roja) y a fundar el Partido Comunista de Alemania (KPD). Se convierten en objeto del desprecio y del odio de sus antiguos compañeros de la socialdemocracia, que gobernaban en Alemania desde unas semanas antes. Odio mortal. El historiador Sebastian Haffner (La revolución alemana de 1918-1919; Historia Iné¬dita) escribe que el asesinato de RL y de Liebknecht se planeó, como tarde, a principios de diciembre de 1918 y se ejecutó de forma sistemática. Aparecieron carteles en los postes de las calles que decían: “¡Obreros, ciudadanos! ¡A la patria se le acerca el final! ¡Salvadla! Se encuentra amenazada y no desde fuera, sino desde el interior, por la Liga Espartaquista. ¡Matad a sus líderes! ¡Matad a Liebknecht! ¡Entonces tendréis paz, trabajo y pan!”. Firmado: “Los soldados del frente”. A pesar de las generalizadas amenazas, ninguno de los dos abandonó Berlín ni llevaba guardaespaldas; simplemente cambiaban de domicilio.


¿Quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato? El protagonista material fue el capitán Pabst (quien décadas más tarde, en 1962, protegido por la prescripción del delito, habló abiertamente de lo sucedido) y su escuadrón de la muerte, pero —según el historiador Haffner— no actuaron como simples ejecutores que obedecían con indiferencia una orden, sino como autores voluntarios y convencidos de lo que hacían. La prensa burguesa y socialdemócrata difundió sin pudor sucesivas incitaciones al asesinato, mientras que los responsables socialdemócratas —Ebert, Noske, Scheidemann…— miraban hacia otro lado y permanecían callados.


Cuando RL y ¬Liebknecht salen de la cárcel, los frentes alemanes de la guerra se van desmoronando y se extiende la desmoralización en las trincheras. El káiser Guillermo II se refugia en Holanda. El mismo día en que RL es liberada, el socialdemócrata Scheidemann proclama la república alemana desde un balcón del Reichstag. Ebert ocupa la presidencia, forma un Consejo de Ministros socialdemócratas moderados y pide al pueblo que abandone las calles y vuelva a la normalidad. El ala mayoritaria del SPD quería la república y las libertades, mientras que los espartaquistas pretendían la revolución proletaria, como indican las proclamas: “Ha pasado la hora de los manifiestos varios, de las resoluciones platónicas y las palabras tonantes. Para la Internacional ha sonado la hora de la acción”. Ambas facciones, reformistas y revolucionarios, lucharán encarnizadamente en las calles de Berlín, a veces edificio por edificio. El Gobierno de Ebert confía la represión de los insurrectos al socialdemócrata moderado Noske, que organiza una fuerza militar en la que permite la integración de los oficiales del antiguo Ejército monárquico. El 13 de enero había sido sofocada la insurrección espartaquista. Dos días después, acaban violentamente con la vida de sus principales líderes.


RL no llegó a cumplir los 50 años. Nacida en la Polonia rusa en el año 1871 en el seno de una familia judía, pronto se dio cuenta de que la lucha por su ideario marxista sería muy reducida si se quedaba en su país y que para tener influencia debía traspasar la frontera de Alemania, donde existía el Partido Socialdemócrata (SPD) más fuerte del mundo. Para ser ciudadana alemana legal, firmó un matrimonio de conveniencia con un socialista alemán, lo que le dio derecho a la nacionalidad de ese país. A partir de ese momento, Alemania fue su principal campo de acción. En el seno de la socialdemocracia y de la Segunda Internacional, aunó teoría (multitud de artículos y libros muy importantes) y praxis (intervención en congresos, debates con muchos de los popes del marxismo —su amigo Franz Mehring la definió como “la mejor cabeza después de Marx”—, clases en la escuela de formación del partido…). En cambio, no tenía dotes organizativas. Su presencia física era una mezcla de fuerza y de ternura, de decisión y de prudencia, dicen sus biógrafos. Un dirigente judío la describe del siguiente modo: “Rosa era pequeña, con una cabeza grande y rasgos típicamente judíos, con una gran nariz, un andar difícil, a veces irregular debido a una ligera cojera. La primera impresión era poco favorable, pero bastaba pasar un momento con ella para comprobar qué vida y qué energía había en esa mujer, qué gran inteligencia poseía, cuál era su nivel intelectual”.


De su vasta producción teórica destacan los temas que forman parte de su legado y que constituyen lo que, una vez muerta Rosa, se denominó “luxemburguismo”, una escuela marxista de características propias: su pacifismo, su lucha contra el revisionismo y la defensa de la democracia en el seno de la revolución. Sus posiciones, a veces intransigentes, le hicieron polemizar con las figuras más relevantes del socialismo marxista, como Lenin, Trotski, Bernstein, Kautsky…


Reivindicándose del mejor marxismo (aunque también polemizó con algunas de las ideas del Marx economista en el libro La acumulación de capital), argumentó en favor del internacionalismo como forma de pensar y de vivir. El Manifiesto comunista terminaba con la célebre fórmula de “¡Proletarios de todos los países, uníos!”, y RL y Liebknecht la hicieron suya relacionándola con la Gran Guerra. Los partidos socialdemócratas habían defendido tradicionalmente que en caso de conflicto bélico entre potencias capitalistas, los trabajadores se negarían a combatir y llamarían a la huelga general (la “huelga de masas” en la terminología luxemburguista). Pero en el momento decisivo, el SPD, el partido más grande y más influyente de la Segunda Internacional (más de un millón de afiliados), votó a favor de los empréstitos de guerra, y el resto de los partidos socialistas siguió sus pasos. Cada uno de ellos se puso detrás de sus Gobiernos. Prevaleció la patria sobre la clase social.


Ya a principios del siglo XX, en un congreso de la Internacional en París, RL presentó una ponencia de convicciones profundamente antimilitaristas, las que mantendría hasta el final de sus días. En ella se defendía que los ataques armados entre potencias imperialistas devendrían en formidables coyunturas revolucionarias. Diecisiete años después, la revolución bolchevique fue un testimonio irrefutable de esta tesis. RL recomendaba no solo una crítica abierta al imperialismo, sino que se preparase a las masas con vistas a aprovechar las crisis internacionales y las eventuales crisis nacionales generadas por aquellas para asaltar el poder. Consideraba imprescindible intensificar la acción de todos los partidos socialistas contra el militarismo.


Siete años después, en otro congreso de la Internacional, RL presenta una enmienda firmada conjuntamente con Lenin y Mártov (que luego sería el líder menchevique) que sostiene que, si existe la amenaza de que la guerra estalle, es obligación de la clase trabajadora y de los representantes parlamentarios, con la ayuda de la Internacional como poder coordinador, hacer todos los esfuerzos por evitar los enfrentamientos violentos; en el caso de que a pesar de ello se multiplicase el conflicto armado, era su obligación intervenir a fin de ponerle fin enseguida y aprovechar la crisis creada por la guerra para agitar los estratos más profundos del pueblo para “precipitar la caída de la dominación capitalista”. Estas palabras suponían una llamada a la insurrección, que fue lo que hicieron los espartaquistas en 1919, con la participación de RL.


Esa Rosa Luxemburgo, asesinada por los soldados prusianos, más que posiblemente con la complicidad activa o pasiva de sus antiguos compañeros socialdemócratas, fue despedida en su entierro por su amiga Clara Zetkin (otra espartaquista) con las siguientes palabras: “En Rosa Luxemburgo, la idea socialista fue una pasión dominante y poderosa del corazón y del cerebro; una pasión verdaderamente creativa que ardía incesantemente. (…) Rosa fue la afilada espada, la llama viviente de la revolución”.



LENIN, STALIN Y LOS MARXISMOS

J. E.


El núcleo de aliados políticos de Rosa Luxemburgo fue siempre muy pequeño. Todo lo contrario que el de sus adversarios, entre los que se encontraron muchos de los dirigentes del ala derecha de la socialdemocracia y los sindicalistas burocratizados, a los que atacó sin piedad. Pero ambos núcleos fueron blancos móviles: dependían de los momentos y de los temas. Lenin, Trotski, Kautsky, Jaurès, etcétera, fueron algunos de los marxistas legendarios que compartieron y disintieron del ideario y la práctica política de la alemana. Un ejemplo de ello fue la relación con Lenin, el líder soviético; ambos se admiraron y pactaron, pero también se criticaron.


En 1918, apenas unos meses después del triunfo de la revolución bolchevique, RL publica un folleto titulado La revolución rusa que reivindica los acontecimientos de Leningrado y Moscú, pero que critica algunos aspectos que pueden torcer su futuro, sobre todo los relacionados con el terror revolucionario (que protagonizaría en buena parte un amigo polaco de RL, que dirigiría la Cheka y la sede de la Lubianka, el sangriento Félix Dzerzhinski) y la supresión de la democracia.


En el folleto citado, RL escribe que sólo la libertad de los que apoyan al Gobierno, sólo la libertad para los miembros de un partido, “no es libertad en absoluto. La libertad es siempre libertad para el que piensa de manera diferente”. Creía que el socialismo sólo puede ser resultado del desarrollo de la sociedad que lo construye, y para ello se requiere la más amplia libertad entre el pueblo (lo que no quiere decir que no sea necesario el control político). Si se sofoca la vida política, la parálisis acabará afectando a la vida de los sóviets; sin elecciones generales, sin libertad de prensa y de reunión, sin la libre confrontación de las opiniones, la vida de cualquier institución política perecerá, se convertirá en una vida aparente en la que la burocracia será el único elemento vivo.


En su libro sobre la revolución rusa, la revolucionaria RL acierta premonitoriamente con lo que iba a suceder en la Unión Soviética, sobre todo a partir del momento en que se inicia el futuro estalinista. Algunas decenas de dirigentes del Partido, animados por una energía inagotable y por un idealismo sin límites, dirigirán y gobernarán; el poder real se encontrará en manos de unos pocos de ellos, dotados de una inteligencia singular. La aristocracia obrera será invitada de cuando en cuando a asistir a las reuniones para aplaudir los discursos de los dirigentes y votar por unanimidad las resoluciones propuestas; en el fondo será un gobierno de camarillas, una dictadura en verdad, pero no la dictadura del proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos. En muchos casos la realidad superó a los pronósticos luxemburguistas.


A pesar de este severo cuestionamiento, reivindica el papel histórico del partido de Lenin, siempre en contraposición con sus camaradas alemanes: “Por eso los bolcheviques representaron todo el honor y la capacidad revolucionaria de la que carecía la socialdemocracia occidental. Su insurrección de octubre no sólo salvó la revolución rusa; también salvó el honor del socialismo internacional”.


Con esta idea de la democracia se explica que Stalin no subiese nunca a Rosa Luxemburgo al altar de la iconografía máxima del socialismo. Fue una heterodoxa hasta el final de su vida.

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 ▲ En esta foto de archivo, Jim Yong da un discurso cuando aún era presidente del BM.Foto Afp

Se acelera el colapso de las instituciones de Bretton Woods post Segunda Guerra Mundial. Se desmorona otro pilar del caduco orden mundial con la renuncia intempestiva del coreano-estadunidense Jim Yong Kim quien abandona la presidencia del Banco Mundial (BM) con tres años de antelación (http://bit.ly/2SYbSmg).

Por un tácito acuerdo de "Occidente", un estadunidense preside el BM y un europeo gobierna el FMI: el caso de Christine Lagarde, quien hace maletas para trasladar su sede a Beijing (http://bit.ly/2SQ6O3B). Mas aún: la disfuncional Organización Mundial de Comercio (OMC) se encuentra en plena catatonia con un presidente brasileño de la desdeñada periferia.

El BM perdió su enorme influencia frente al ascenso geoeconómico de China y sus magnos proyectos: "Las tres rutas de la seda" (https://bit.ly/2TA9RNe), el Banco Asiático de Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) (http://bit.ly/2ST6i4M), y "China 2025" de autarquía tecnológica, no se diga su asombroso alunizaje (http://bit.ly/2SR6CB8). El banco mundial se volvió irrelevante ante el AIIB de China cuando el "Banco BRICS" queda en el aire debido a la llegada presidencial a Brasil del "evangelista sionista" Jair Messias Bolsonaro (http://bit.ly/2AzdSdT).

La renuncia de Jim Yong se gesta en medio del shutdown (cierre de agencias gubernamentales de EU) y el desprendimiento de Rusia de su tenencia de 100 mil millones de dólares que ha trocado por euros/yuanes/yenes (http://bit.ly/2SQsTil). Dado el mantra de "nacionalismo económico", suena inverosímil que Trump adopte las políticas "multilaterales" del Banco Mundial antagónicas a su esquema "Primero EU": cambio climático y la igualdad de género, que abominan sus seguidores rednecks en sus bastiones del "Cinturón Bíblico" y el "Cinturón Industrial (Rust belt)".

Según Afp/ South China Morning Post, la renuncia de Jim Yong "puede desatar un pleito internacional para su sustitución", cuando Trump "ha cuestionado su propósito de prestamista para el desarrollo" (http://bit.ly/2SQ5HAX). Como principal accionista y contribuyente del BM, Estados Unidos ostenta el poder de (s)elección, como ha sucedido durante 75 (sic) años. Si pudiera, Trump imponría a su hija Ivanka Trump, consejera gratuita de su padre en la Casa Blanca, y con quien Jim Yong entabló una óptima cooperación, con el lanzamiento de un fondo apuntalado por Arabia Saudita de mil millones de dólares para financiar a mujeres emprendedoras.

Ivanka muy bien pudiera ser una carta internacional para apoyar una hipotética relección de su atribulado padre.

Afp, con fuertes nexos con Christine Lagarde del FMI, da mucho vuelo a la candidatura de Ivanka, seguida por Nikki Haley, la amazona ex embajadora de EU en la ONU donde causó estragos por su carencia diplomática.

Otros candidatos de Trump son David Malpass –anterior economista en jefe del fallido banco Bear Stearns y sinófobo consumado–, hoy subsecretario para Asuntos Internacionales de la Secretaria del Tesoro, y Mark Green, mandamás de USAID (http://bit.ly/2AHnXoQ).

Antes de su abrupta fuga, Jim Yong consiguió un apremiante incremento de capital por 13 mil millones de dólares, lo que permite un mejor desenvolvimiento de los empréstitos del BM que alcanzarían 80 mil millones de dólares para 2019, frente a los 59 mil millones de 2018. La "insólita" participación de Trump con 7 mil 500 millones de dólares al incremento de capital del BM –que requieren la aprobación del Congreso–, marca su deseo de competir con China por el alma de los mercados emergentes.

La participación accionaria de China en el banco ha pasado de 4.68% a 6.01%, mientras que EU ostenta 17.77% con poder de veto a las decisiones de las dos ramas de la entidad prestamista: IBDR y el IFC.

El bM sucumbió al "modelo de negocios", como la privatización encubierta del agua en Ciudad de México (http://bit.ly/2SYcEja), bajo el esquema de inversión conjunta PP (Público-Privada) de "transición" para la final enajenación acuífera. Jim Yong ahora despacha en Global Infrastructure Partners (GIP), con sede en Nueva York, consagrado a inversiones privadas en infraestructura: salta del lado "público" del BM al lado "privado" del GIP para la sinergia de la enajenación catrastral global. Otro engaño más del Banco Mundial.

 

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La censura de Netflix al comediante Hasan Minhaj no es broma

La decisión de Netflix de censurar un episodio de la serie del comediante Hasan Minhaj, bloqueando su acceso dentro de Arabia Saudí, tiene implicancias que se extienden mucho más allá de las fronteras de la dictadura saudí. “Patriota no deseado con Hasan Minhaj” es una serie televisiva producida por la plataforma Netflix, que presenta los comentarios del joven comediante musulmán-estadounidense sobre noticias y temas de actualidad. Entre los temas que se trataron en la primera temporada del programa el otoño pasado se encuentran la acción afirmativa, la gigante corporativa Amazon, el petróleo, las políticas sobre inmigración y, en el episodio estrenado el 28 de octubre, asuntos relacionados con Arabia Saudí.


Este episodio salió al aire en medio del escándalo generado en torno al asesinato y desmembramiento del periodista de origen saudí Jamal Khashoggi, columnista del medio The Washington Post, ocurrido dentro del Consulado de Arabia Saudí en Estambul, Turquía, el 2 de octubre del año pasado. Días antes de que saliera el segmento, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, en una conferencia de inversores en Riad que fue ampliamente boicoteada debido a su conexión con el brutal asesinato, declaró que era un “crimen horrendo e injustificable”. Al día siguiente, el fiscal general de Arabia Saudí admitió que el asesinato había sido premeditado. Esto no hizo más que aumentar la presión internacional hacia Arabia Saudí y Mohammed bin Salman, con llamamientos bipartidarios en el Congreso de Estados Unidos para detener la venta de armas al reino. Según se ha informado, la CIA confirmó que Mohammed bin Salman ordenó personalmente el asesinato.


El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual de 2017 sobre prácticas de derechos humanos en Arabia Saudí, señaló específicamente que Khashoggi se había “autoexiliado” de su país de origen porque “en 2016 las autoridades presuntamente le habrían prohibido escribir, aparecer en televisión y asistir a conferencias como resultado de comentarios que se interpretaron como una crítica al presidente de Estados Unidos”, en referencia al presidente Donald Trump.


En el episodio censurado, Minhaj implica al príncipe heredero Mohammed bin Salman y señala la estrecha relación que este mantiene con la familia Trump, especialmente con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner: “Mohammed bin Salman se quedó sorprendido por toda la indignación que causó el asesinato de un periodista. Según [el periódico] The Wall Street Journal, en una llamada telefónica que mantuvo con Jared Kushner, Mohammed bin Salman preguntó: ‘¿Por qué la indignación?’. Y, francamente, la confusión de Mohammed bin Salman es completamente comprensible. Durante años se ha salido con la suya con este mismo tipo de m**** autocrática, casi sin ninguna reacción de la comunidad internacional”.
El periódico Financial Times reveló la censura de Netflix en un artículo publicado el día de Año Nuevo, donde informó que Netflix respondió a una solicitud del gobierno saudí porque el contenido del episodio “supuestamente violaba la ley contra el crimen cibernético del reino”. El periódico cita la ley en cuestión, que prohíbe la circulación de “material que afecte el orden público, los valores religiosos, la moral pública y la privacidad, a través de redes de información o computadoras”, con penas de hasta cinco años de prisión y una multa de 800.000 dólares.


El monólogo cómico de Minhaj, con un guión totalmente cuidado y preciso, cubre una amplia gama de críticas a Arabia Saudí, que incluyen el asesinato de Khashoggi, pero también la represión generalizada contra la disidencia interna en el reino, las restricciones a los derechos de las mujeres y, con un detalle rara vez escuchado en los medios de comunicación hegemónicos estadounidenses, el bombardeo de Arabia Saudí a Yemen apoyado por Estados Unidos y la crisis humanitaria resultante. Según cifras recientes de Naciones Unidas, casi 16 millones de personas en Yemen padecen hambre, y esa cifra pronto podría aumentar a 20 millones, de una población total de 22 millones. La organización Save the Children estimó el año pasado que 85.000 niños habían muerto de inanición o enfermedades relacionadas con la desnutrición, pero ese número ya está desactualizado, ya que siguen surgiendo diariamente informes desde Yemen de niños que mueren de hambre.


Netflix es una potencia mediática global, con más de 130 millones de suscriptores pagos en más de 190 países. Lo que la plataforma elige producir y publicar, y lo que elige censurar, puede tener un enorme impacto. En un comunicado, Netflix expresó: “Apoyamos firmemente la libertad artística en todo el mundo y eliminamos este episodio solo en Arabia Saudí tras recibir una demanda legal válida de parte del gobierno, y para cumplir con la legislación local”. ¿Válida?


El episodio, aunque no está disponible en la plataforma de Netflix en Arabia Saudí, todavía se puede ver en YouTube. Hasan Minhaj tuiteó con sarcasmo: “Claramente, la mejor manera de evitar que las personas vean algo es prohibirlo, convertirlo en tendencia en internet y luego dejarlo colgado en YouTube”. Su tuit continúa: “No olvidemos que la actual mayor crisis humanitaria del mundo está ocurriendo en este momento en Yemen”, con un enlace para hacer donaciones al Comité Internacional de Rescate. Netflix debería avergonzarse y revertir su decisión. Censurar comentarios sobre crímenes de guerra y hambrunas generalizadas, a petición de un dictador, no es ninguna broma.

 

Columna 04 de enero de 2019
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Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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El demócrata estadounidense Bernie Sanders y el exministro griego Yanis Varoufakis impulsan una Internacional Progresista

"Hay una guerra global en marcha contra los trabajadores, contra el medio ambiente, contra la democracia, contra la decencia. Una red de facciones derechistas se está extendiendo a través de las fronteras para erosionar los derechos humanos, silenciar la discrepancia y promover la intolerancia. Desde 1930 la humanidad no se enfrentaba a una amenaza así”. Con estas palabras tan directas arranca el manifiesto de la Internacional Progresista, una plataforma impulsada por el veterano senador izquierdista estadounidense Bernie Sanders y el célebre economista griego Yanis Varoufakis como respuesta a viejos y nuevos enemigos. Los viejos son las élites a las que acusan de crear un sistema económico cada vez más vez más desigual; los nuevos, unos movimientos populistas de corte conservador con los que nadie contaba hace unos años.

La victoria de Donald Trump en Estados Unidos, la de Jair Bolsonaro en Brasil o la del vicepresidente italiano Matteo Salvini en Italia les han dado la carta de naturaleza, una prueba empírica, casi una dirección postal. La Internacional Progresista busca de algún modo la suya. Se presenta como una llamada a crear una “red global” de izquierdas que contrarreste esa marea que llega por la derecha. Cuando políticos e intelectuales se reunieron entre los días 29 de noviembre y 1 de diciembre en Burlington (Vermont), el cuartel general del Instituto Sanders, para presentar la iniciativa, unos y otros llegaron a diagnósticos muy similares.

Entre los ponentes figuraba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en entrevista telefónica lo explica así: “Hemos visto a minorías privilegiadas que se están bunkerizando para mantener sus privilegios, por un lado, y una extrema derecha que crece con ese acento populista, pero también con un trasfondo muy establishment, que tiene mucho dinero detrás y que se está coordinando a nivel internacional, compartiendo estrategias. Si se organiza la extrema derecha, no puede ser que los movimientos sociales de cambio no lo hagan”. Cuando regresó a España de su viaje a Vermont, el partido radical Vox acababa de ganar sus primeros escaños en el Parlamento andaluz.

A la reunión de Vermont asistieron desde el economista Jeffrey Sachs hasta el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pasando por la actriz y excandidata a gobernadora del Estado homónimo, Cynthia Nixon, entre otros. Una de las preguntas razonables sobre esta iniciativa es en qué medida comparten características el auge populista de Brasil y el de Estados Unidos, por ejemplo, o si la tradición socialdemócrata de posguerra en Europa se puede equiparar al movimiento liberal norteamericano (liberal en el sentido estadounidense de la expresión, es decir, progresista). En resumen, si las ideas de una Internacional Progresista pueden funcionar a ambos lados del Atlántico. El caldo de cultivo que ha favorecido este movimiento, para empezar, es el mismo. Y los programas de Sanders y del nuevo partido DiEM25 de Varoufakis —elaborados de forma independiente antes de esta alianza— guardan muchas similitudes. El del estadounidense es heredero del New Deal y la Great Society, y el del griego, de la cultura del Estado de bienestar con que se construyó la Europa moderna.

Para James K. Galbraith —hijo de John K. Galbraith e integrante de esa esfera de economistas progresistas estadounidenses que incluye al citado Sachs—, el New Deal traza el mejor paralelismo histórico con la nueva Internacional Progresista, porque fue “un programa completo y muy imaginativo de acción pública con el objetivo de superar una gran crisis y servir de alternativa al fascismo, que era la gran alternativa, entonces y ahora”.

Pero el New Deal de los años treinta—cuya traducción literal es “nuevo acuerdo”— consistió en un programa económico intervencionista lanzado por el presidente Franklin D. Roosevelt para superar la Gran Depresión, la gran crisis económica que liquidó el 27% del producto interior bruto de EE UU entre 1929 y 1933 y disparó el nivel de desempleo del 3% al 25% en el país. El lanzamiento de la Internacional Progresista, sin embargo, hoy tiene lugar en un momento en el que ese mismo país tiene la tasa de desempleo más baja desde la guerra de Vietnam y atraviesa el segundo mayor periodo de expansión económica de su historia, solo superado por los 120 meses consecutivos de crecimiento en los noventa. ¿Por qué un New Deal ahora?

Tras el crash de 1929 y la II Guerra Mundial, con el impulso de las políticas keynesianas (inspiradas en el economista John M. Keynes, que defendía las políticas públicas y monetarias de estímulo en épocas de crisis), hubo tres décadas de enorme esplendor económico en EE UU que convencieron de una certidumbre a las familias: un joven podía dejar el instituto y encontrar un buen empleo en la fábrica de su ciudad, y con su sueldo comprar una casa, conducir un Ford y criar a sus hijos. Hoy, 10 años después del estallido del último crash financiero y del inicio de la Gran Recesión, aunque las grandes cifras macroeconómicas estén más que recuperadas, la clase trabajadora sigue presa de la incertidumbre.

Si la Gran Depresión demostró que la economía no se corrige sola, la Gran Recesión ha puesto fin a la idea de redistribución espontánea de la riqueza, ese llamado trickle-down(goteo) del crecimiento. En ese mar revuelto se han lanzado a pescar líderes populistas conservadores en América y Europa. Y en este contexto se explican estos llamamientos a un nuevo New Deal, de hecho un Green New Deal para ser exactos, como especifica el manifiesto de la Internacional Progresista, porque tiene un marcado acento en las políticas medioambientales.

El verdadero populismo, defiende el economista Dani Rodrik, tiene más que ver con Roosevelt que con Trump. En un artículo publicado en febrero en The New York Times, el profesor de Harvard recuerda que el populismo (término que en EE UU no tiene las mismas connotaciones peyorativas que en España) empezó a germinar a finales del siglo XIX, al calor de los movimientos de trabajadores y granjeros, y, como hoy, fue una respuesta a la ola de globalización que se vivía en aquel momento y que también causaba daños colaterales. Culminó con el New Deal. “La lección histórica consiste no solo en que la globalización y el rechazo social están íntimamente ligados”, reflexiona Rodrik, “sino que ese tipo de populismo malo engendrado por la globalización puede requerir un tipo de populismo bueno para ahuyentarlo”.

Galbraith cree que plataformas como la de Sanders y Varoufakis beben tanto de esa tradición populista de hace 100 años como del progresismo de principios del siglo XX que propugnaba una mayor regulación y control público del capitalismo desbocado. “Su objetivo es contener la Internacional Nacionalista que está prendiendo en Europa y en EE UU, que amenaza con la represión de los movimientos sociales y con la liberación del capitalismo sin control”,apunta.

El triunfo del trumpismo en EE UU ha corrido en paralelo con el auge de candidatos escorados a la izquierda en el Partido Demócrata. Políticos que no tienen problemas en definirse como socialistas en un país que suele asociar el término a la antigua Unión Soviética. John Samples, del think tank conservador Cato, en Washington, quita hierro a esta tendencia. “La gente sigue sin querer pagar más impuestos, cree que los ricos deberían pagar más, pero la mayor parte de la población cree que sus impuestos están bien así”, recalca. “Lo extraño de que se hable tanto del New Deal es que el Partido Demócrata en los años treinta no lo vio como un experimento socialista, sino como un intento precisamente de evitar el socialismo y el fascismo”. Al final, el New Deal revitalizó la economía de mercado. Según Rodrik, “salvó al capitalismo de sí mismo”.

 

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Jueves, 03 Enero 2019 07:34

Raúl y el 60 aniversario

Raúl y el 60 aniversario

El 60 aniversario de la Revolución Cubana marca un hito singular y de gran connotación en la historia de nuestra América y en la universal. La capacidad de un pueblo y sus líderes para levantar victoriosamente ante las fauces imperialistas las banderas de la libertad, la independencia, la democracia, el socialismo, el altruismo y el internacionalismo. Incluso, después del derrumbe de la URSS y, como afirmó el primero de enero en memorable discurso Raúl Castro, quedarnos solos en medio de Occidente y a 90 millas de Estados Unidos, cuando nadie en el mundo habría apostado un centavo por la supervivencia de la revolución. El que fuera joven combatiente del Moncada y comandante del Segundo Frente Frank País, hasta llegar al liderazgo de la revolución, lo expresó en una emotiva ceremonia en honor al 60 aniversario en el cementerio de Santa Ifigenia, Santiago de Cuba, cuyo venerable suelo guarda los restos de Martí, Fidel, el Padre y la Madre de la Patria y los de cientos de combatientes de Santiago de Cuba caídos en la guerra de liberación y en misiones internacionalistas.

Lo más trascendental tal vez de la Revolución Cubana es su ejemplo de dignidad y apego irreductible a los principios éticos y políticos emanados de la historia de las luchas cubanas y latinocaribeñas contra el colonialismo, la esclavitud, el neocolonialismo y el imperialismo, en síntesis creadora con el legado teórico y político de Marx, Engels y Lenin, y la práctica de la construcción socialista en Cuba. Ello fue ejemplo para las contiendas nuestroamericanas que vinieron después, pero, decisivamente, para combatir la globalización neoliberal del río Bravo a la Patagonia, cuando todo parecía perdido.

Cuba ofrece otra enseñanza primordial para nuestros pueblos que, como afirmó Raúl, es lo único que permite comprender la hazaña de resistir, sin el apoyo de la Unión Soviética y con el bloqueo redoblado, los crudos años de la década de los 90. Se trata de la firme unidad del pueblo en torno a Fidel y al Partido Comunista. Han sido y siguen siendo tiempos muy difíciles, como vaticinó el comandante en jefe una semana después de la victoria de 1959. Raúl los definió elocuentemente: Nadie puede negar que la revolución que nacía aquel primero de enero no ha tenido, a lo largo de 60 años, un minuto de sosiego, ya vamos por 12 administraciones estadunidenses que no han cejado en el empeño de forzar un cambio de régimen en Cuba utilizando una u otra vía, con mayor o menor agresividad.

La decisión de los revolucionarios cubanos es, como lo enfatizó el presidente Díaz-Canel en la Asamblea Nacional del Poder Popular, hacer de la batalla por la economía lo fundamental: es imperativo impulsar la inversión extranjera, exportar más, defender los ingresos, cumplir con lo señalado por el general del ejército de no gastar más de lo que ingresemos… aprovechar eficientemente la fuerza de trabajo calificada y científica, defender la producción nacional, utilizar todas las potencialidades, aprovechar las experiencias de otras naciones socialistas como China, Viet Nam y Laos.

No aprecio en el liderazgo cubano, la menor intención de usar el bloqueo económico, comercial y financiero como pretexto para justificar errores; lo demuestran las intervenciones a lo largo de años de Raúl, y de Díaz-Canel desde que era vicepresidente. Él y otros dirigentes de la revolución recorren todos los rincones del país y hablan con el pueblo, como ha hecho el presidente una vez más en el día final del año por municipios, centros de trabajo y barrios de la capital. Piden, de la misma manera que en este discurso de Santiago de Cuba lo ha hecho el actual líder histórico de la revolución, elevar el ahorro y sacar de las reservas de productividad del país. Pero el bloqueo es un dato puro y duro que afecta ostensiblemente la realidad cotidiana de los cubanos y tiende a recrudecerse aún más en la senda actual de confrontación y asfixia que busca Estados Unidos, no sólo con Cuba, sino con Venezuela y Nicaragua. Pese al ocaso del vecino del norte, aún Wall Street y el Tesoro imperial tienen una injerencia enorme en las finanzas internacionales, que puede asestar golpes muy duros a países bloqueados y paralizar emprendimientos económicos y sociales.

En este discurso Raúl argumenta los fundamentos históricos de la revolución cubana y cómo se enlazan con la política expansionista y agresiva de Estados Unidos hasta sus intentos en la actualidad por revitalizar la Doctrina Monroe en una América Latina y un mundo que no son los mismos. Aunque reiteró por enésima vez la voluntad política de Cuba por buscar una relación civilizada con Washington, puntualizó que hay que prepararse para los peores escenarios, mantener la capacidad defensiva basada en la guerra de todo el pueblo y frente a las amenazas imperiales solidarizarse vigorosamente con Venezuela, Nicaragua y las luchas de nuestra América.

 

Twitter: @aguerraguerra

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Jueves, 03 Enero 2019 07:29

Bolsonaro. Botón de muestra

Imagen: EFE

En su primer día como presidente, Bolsonaro bajó el salario mínimo fijado por su antecesor, puso las reservas indígenas en manos de la nueva ministra de Agricultura, ligada a los grandes terratenientes, y excluyó a la población LGBT de las políticas de derechos humanos.

El ajuste es verde oliva. El exmilitar y flamante mandatario Jair Bolsonaro determinó la reducción del salario mínimo en simultáneo a la entrada en funciones del ministro de Economía Paulo Guedes, formado en la Universidad de Chicago, dotado de “superpoderes” para llevar adelante la reforma previsional en paralelo con un paquete de privatizaciones, parciales o totales, de empresas como Petrobras y Eletrobras.

A partir de este mes el salario mínimo será de 998 reales en lugar de los 1006 reales (265 dólares) fijados en el presupuesto aprobado semanas atrás en el Congreso. Cuarenta y ocho millones de trabajadores que tienen ese monto como referencia para la actualización de sus sueldos serán afectados por el recorte.

Al adoptar este ajuste a menos de 24 horas de haber jurado el respeto de la Constitución de 1988, conocida como “ciudadana” por consagrar derechos antes inexistentes, Bolsonaro puso de manifiesto una decisión política. Y lo hizo con una urgencia sorprendente a través de un decreto publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión.

Puso en práctica lo que había insinuado en campaña y confirmado semanas atrás cuando abogó por la precarización laboral. “Continúa siendo muy difícil ser patrón en Brasil” debido al costo que suponen los derechos como el aguinaldo, las vacaciones y la política de actualización del salario mínimo. En esa ocasión prometió llevar adelante una segunda reforma laboral por entender que es insuficiente la legislación en vigor, una norma leonina sancionada en 2017 por el expresidente Michel Temer. “Si no tenemos menos derechos no tendremos más empleos”. Con las organizaciones sindicales agobiadas económicamente debido a la legislación dejada por Temer y la extinción del Ministerio de Trabajo determinada por Bolsonaro, nada indica que haya una respuesta colectiva al hachazo sufrido por asalariados más pobres ayer.

El exministro de Trabajo de Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Marinho, lamentó “que con este gobierno llegó la destrucción de todo derecho social”.

Al contrario de Marinho la Bolsa de Valores de San Pablo reaccionó de buen grado a este anuncio salarial más la promesa de reforma previsional y de privatizaciones de Paulo Guedes (ver aparte). La principal plaza bursátil llegó a rozar los 4 puntos y cerró con un alza del 3,5% en lo que fue el mejor inicio de año desde 2009.

El llamado “superministro” trasladó a Brasil su experiencia en el Chile de Pinochet, donde trabajó durante un tiempo con los mentores de un plan neoliberal ortodoxo aplicado a punta de bayoneta.

Otro compromiso asumido por el funcionario fue el de quitar recursos, eventualmente a la educación o la salud, si no se aprueba la reforma previsional a la chilena que planea presentará en el Congreso.

Ayer fue el día en que asumieron varios de los veintidós ministros del gabinete entrante, y Bolsonaro eligió asistir al acto que puso en funciones al general Fernando Azevedeo como titular de Defensa. En un discurso breve Bolsonaro no hizo mención de la eventual reforma previsional para las Fuerzas Armadas, autorizando la sospecha de que los militares podrán ser excluidos del recorte. Y elogió a los expresidentes José Sarney y Fernando Collor por haber aumentado los recursos destinados a los militares, dando lugar a la conclusión de que el recorte de gastos no será equitativo.

El capitán retirado dijo, dirigiéndose a los generales, que en su gobierno las Fuerzas Armadas recuperarán el lugar perdido a manos de políticos corruptos y que volverán a estar presentes en “todos los lugares de nuestro inmenso país”. Tal vez se refería a la demanda castrense por más injerencia en varias reservas indígenas ubicadas en zonas fronterizas como Raposa Serra do Sol, que está recostada sobre el límite con Venezuela. Durante años militares y hacendados presionaron para que el Estado le permita penetrar en territorio de los pueblos originarios. En el recién surgido gobierno bolsonarista una de los grupos de sustentación es precisamente el agronegocios y su influyente “bancada del buey” en el Congreso. Respondiendo a la exigencia de ese sector Bolsonaro resolvió ayer que la demarcación de tierras que antes de la conquista eran indígenas quede bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, comandado por la ex legisladora Tereza Cristina, investigada por presuntos acuerdos ilegales con el frigorífico JBS, el más importante del renglón ganadero al cual se lo conoce por su avidez en conquistar tierras que no le corresponden.

La medida retiró todas las atribuciones sobre el tema que tenía la Fundación Nacional del Indio, que había sido defendida por varias etnias como la entidad idónea para fijar los límites de las reservas.

El balance del primer día del nuevo ciclo político, cívico-militar, inaugurado con Bolsonaro revela un plan de shock para ejecutar planes económica y socialmente regresivos, encuadrados en la fundación de un nuevo “orden” donde, no habrá más lugar para la “ideología de género” ni de minorías sexuales.

Dentro de la colección de anuncios también figura una resolución del presidente que quita a las demandas de la comunidad LGBT de las prioridades del ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, al frente del cual está la pastora Damares Alves. En lugar de priorizar la agenda sobre las minorías sexuales Alves concentrará sus esfuerzos en la aprobación de un proyecto que pagará un subsidio estatal a las mujeres violadas que no interrumpan sus embarazos.

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Miércoles, 02 Enero 2019 07:25

2002-2018, la herencia Uribe-Santos

2002-2018, la herencia Uribe-Santos

Tras ocho años, Juan Manuel Santos deja el gobierno: presidente de apariencias, artero y falsas promesas; y de realizaciones dispares. Antes que él, Álvaro Uribe también mandó por igual cantidad de años. ¿Administraciones antagónicas o complementarias? Las apariencias dicen una cosa, la realidad otra.

 

La Constitución colombiana de 1991 abolió la reelección presidencial. Sin embargo, en 2005 la Corte Constitucional avaló la reforma de la Carta Magna, tramitada por el Congreso en 2004, que autorizó la reelección presidencial inmediata. Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fueron favorecidos, cada uno gobernó durante ocho años. ¿Qué le heredan a la presidencia de Duque?


A partir del 7 de agosto, el régimen uribista preside el país durante un tercer período (2018-2022), esta vez en cuerpo ajeno (Duque). Además del poder ejecutivo, controla el legislativo: concentra el 80 por ciento de los 280 escaños parlamentarios, entre Cámara y Senado. El tándem Uribe-Duque buscará reformar el poder judicial; impulsar en el Congreso la eliminación de la Corte Constitucional, reculando hacia la organización de la Constitución de 1886, de una sola Corte Suprema, dotada de salas especializadas al servicio de la persecución política. Esta dictadura en ciernes da razón a Acemeglu y Robinson, autores del libro “Por qué fracasan los países”, quienes resaltan “la institucionalización del proyecto paramilitar en extensos territorios colombianos y en el Estado mismo” (1).


Uribe-Santos: visiones de desarrollo y gobierno


El imperio español transfirió a las colonias su sentido de superioridad racial y la explotación clasista, la gran hacienda y la economía extractiva, la corrupción y la búsqueda de rentas, subyacente a una noción de autoridad y orden fundamentada en la jerarquía, el Estado patrimonial y la opresión violenta. Durante la Conquista y la Colonia, los españoles echaron las bases de un sistema centralista; la República acentuó y robusteció esta tradición. La triada Uribe, Santos y Duque comparten y asumen en su gestión esta herencia, con la visión y praxis que implica.


Ante este trasfondo histórico, defensa del estatus quo versus modernización, fractura y enfrenta a las clases dominantes. Los defensores de la tradición, arropados en ideologías de extrema derecha, integran una oligarquía lumpen que combina todas las formas de lucha para reproducir su monopolio del poder, desde la manipulación de las conciencias a través de las iglesias y los medios de comunicación, la mentira y el odio, el latifundio como símbolo de poder político y reconocimientos social, el desprecio por la democracia y los derechos humanos, hasta la alianza con la delincuencia organizada, el emprendimiento criminal de actividades fraudulentas y la apropiación corrupta de lo público.


Los modernizantes, por su parte, son arribistas y constitucionalistas. También se identifican con las doctrinas de derecha. A pesar de la condición nacional periférica y atrasada, pretenden crear una historia que, no obstante ser ficticia, satisface su conducta de advenedizos: anhelan la integración del país a la dinámica económica internacional y pertenecer a los “diferentes clubs” de los países ricos. Genuflexos ante el imperio y las transnacionales, atraen capital, tecnología y asistencia político-militar, otorgándole privilegios a los extranjeros para la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los recursos naturales y el control de la economía nacional.


Durante el período histórico de 2002 a 2018, estas dos cosmovisiones de la oligarquía nacional se imbricaron hasta llegar a la simbiosis política, personificada en los gobiernos de Uribe y Santos. Esta síntesis constituye el legado con el cual Duque dirigirá a Colombia en los años 2018-2022.
Es una visión de la sociedad y del poder implícita en sus planes de desarrollo (ver imagen) que sintetizan los objetivos y estrategias de desarrollo que enmarcaron ambos gobiernos durante 16 años.

 

 


Modernización, conflicto rural y violencia


La concentración de la tierra es causa de las condiciones estructurales de la violencia en el campo y de la reproducción crónica del conflicto interno, desde siempre. Unido al genocidio, los españoles sometieron a los indígenas imponiéndoles elevados impuestos pagaderos en dinero que sólo podían obtener trabajando para los conquistadores, prohibiéndoles cultivos cuyos frutos podían comerciar por otros conductos, quitándoles las tierras y obligando a las familias empobrecidas a enviar a sus miembros activos a trabajar en las haciendas, en las minas o como servidores domésticos. El exterminio de la población indígena condujo a que los españoles instauraran un régimen esclavista, con población traída violentamente desde África.


Los siglos pasan, no así la visión y el ejercicio del poder, pues cuando los pueblos originarios o las comunidades campesinas intentan modificar esta historia de infamia, la respuesta institucional y de la clase dominante es constante: el asesinato de los líderes de la comunidad, su apresamiento, la confiscación del patrimonio y el desplazamiento forzoso masivo. Así lo podemos constatar en tiempos recientes.


Veamos. El siglo XX está caracterizado por crecientes luchas campesinas, indígenas y negras en contra del régimen latifundista y el saqueo minero-energético, en realidad contiendas por el acceso a la tierra que han chocado con los intereses de los gobiernos de turno y de los inclementes terratenientes.


Con particularidades. Las propuestas de los gobiernos que impulsan políticas de reforma agraria comparten cuatro características: marginales y no afectan la estructura de tenencia de la tierra, discontinua, fragmentarias y han estado relacionadas con esfuerzos parciales para aclimatar la pacificación rural.


En el polo opuesto, terratenientes, grupos de extrema derecha, paramilitares y transnacionales, impulsan de manera eficaz contrarreformas agrarias que concentran aún más la tierra. La Violencia de las décadas 1940-50 despojó a los campesinos de 380.000 hectáreas, causó 300.000 muertos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces sumaba 11 millones de habitantes. Como una constante hija de un modelo de poder y de gobierno, la violencia de 1964 a 2018 deja, hasta el momento, un saldo de ocho millones de víctimas, 254.000 asesinatos y 6,7 millones de hectáreas despojadas, esto es el 15 por ciento de la superficie agropecuaria del país.


Según cifras del Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta 2018, 7,3 millones de personas fueron desplazadas, constituyendo al nuestro como el país de más desplazados internos del mundo. Es un hurto de la tierra. En la actualidad, el 77 por ciento de ésta reposa en manos de 13 por ciento de propietarios, pero el 3,6 por ciento de estos concentra el 30 por ciento de la tierra. El 80 por ciento de los pequeños campesinos cuenta con menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), son microfundistas. El 68 por ciento de los predios registrados en catastro clasifican en pequeña propiedad, pero esta sólo cubre el 3,6 por ciento de la superficie productiva.


Realidad que no parece tener solución. Durante los gobiernos de Uribe y Santos, la concentración de la tierra y la desigualdad crecieron en el campo. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, pasó de 0,74 a 0,88. La mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas y en aquella donde se explotan recursos minero-energéticos. De 39,2 millones de hectáreas que hoy se usan en la actividad ganadera, solo 21 millones son aptas para ella; en contraste, de las 21,5 millones de hectáreas de tierra con capacidad agrícola, solo se usan 4,9 millones; además, 2,5 por ciento de la tierra apta para agricultura está sembrada de biocombustibles como caña y palma. En paralelo, la mayor concentración de la tierra, la violencia exacerbada y la miseria, están ubicadas territorialmente en los lugares donde las fuerzas políticas del establecimiento dominan y controlan, es decir, espacios en los cuales el “sistema democrático” está capturado por grupos de interés y donde el proyecto paramilitar de la extrema derecha está institucionalizado.


Es un ejercicio del poder económico, político, militar y social, con claros y nefastos resultados. Los gráficos 1 y 2 muestran los efectos durante el último siglo de la persistente violencia en el campo: caídas verticales de la participación relativa de la población rural y de la producción agraria en los totales del país, correlacionadas con los ciclos de la violencia, la expansión de actividades minero- energéticas y la desindustrialización gradual.


Durante los dos períodos del gobierno Uribe (2002-2010), la población rural como proporción del total del país descendió de 25,4 por ciento a 22,3; en tanto, el índice promedio de homicidios por cien mil habitantes fue de 43,6. A lo largo del mandato Santos (2010-2018) continuó la tendencia de desalojar el campo para darle cabida al proyecto modernizante impulsado por los empresarios agroexportadores y la expansión minero-energética, en 2018 los habitantes rurales sólo representan el 18,2 por ciento del total de habitantes del país; el índice de homicidios mantuvo un promedio de 27,9 por ciento. Además, un componente de la guerra liderada por los sectores derechistas fue “quitarle el agua al pez”, esto es, eliminar o desplazar a las comunidades que en su criterio apoyaban a la guerrilla.


Durante 2002-2010, se desató la guerra frontal, con el apoyo del gobierno estadounidense, en contra de las comunidades rurales y de la insurgencia campesina de las Farc (Santos fue el ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe, desde 2006 hasta 2009).


Durante la presidencia de Santos prosiguió el proyecto de pacificación, pero con un cambio de estrategia: negociación y artimaña. Una vez logrado el objetivo del desarme de la insurgencia, la oligarquía traiciona los acuerdos con los que se ponía fin a tal parte del conflicto armado interno. De acuerdo con sus intereses, desfiguraron a su favor los ítems correspondientes a las reformas agraria, política; también blindaron a políticos, empresarios y militares para no tener que asumir responsabilidades de la guerra, decir la verdad ni ser enjuiciados. La justicia especial se convirtió en una herramienta de venganza y persecución. En paralelo, arrancó el aniquilamiento de los excombatientes inermes y el enjuiciamiento con fines de extradición de sus dirigentes.


Frente a la insurgencia que ha hecho de la soberanía nacional y la defensa de los recursos minero-energéticos el sentido de su lucha, el Eln, la clase en el poder se inclina por “congelar” la negociación y prolongar la guerra fratricida. Si bien el índice de homicidios disminuye, los grupos hegemónicos saben dosificar la violencia, ahora predomina la estrategia de guerra de baja intensidad, regionalizada, focalizada y los asesinatos selectivos cometidos por las variopintas fuerzas armadas, legales e ilegales, que cuentan con “patente de corso” ante el triunfo indiscutible de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias y presidencial de 2018.


En oposición a la reforma agraria tantas veces reclamada por los pobres del campo, la oligarquía impulsa, de una parte, las actividades extractivas minero-energéticas en las zonas antiguamente ocupadas por la insurgencia de las Farc y, de otra, el modelo de “Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales” que busca someter al grueso del campesinado a la explotación de los empresarios agroindustriales. Con este fin aprobaron en 2016 la ley 1776 de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres).


El gráfico 1 muestra la recuperación económica del campo durante los últimos tres años, producto de la implementación del modelo empresarial agroindustrial, la parcial pacificación rural y la expansión de las actividades minero-energético, ganaderas y agroexportadoras. La herencia Uribe-Santos deja en su punto más alto la conflagración agraria, prolongando la historia de frágil democracia y autonomía local, destrozo del tejido social de las comunidades rurales, eliminación de sus líderes sociales, desplazamiento forzoso de la población, destrucción del ambiente, saqueo de la riqueza natural y concentración de la propiedad territorial mediante el despojo. El clásico estudio de Ronald H. Coase (1910-2013), premio Nobel de Economía 1991, “El problema del costo social” (1960), advertía que existe el peligro real de que la intervención extensiva del Gobierno en el sistema económico puede conducir a la protección de los responsables de los efectos dañinos (2).

 

 

 


Población, economía y empleo


La estructura ocupacional de la población es una función de su composición por edades y clases, de la naturaleza de sus recursos, de su tamaño, de la historia económica, de la estratificación e ingreso real por habitante.


Durante 2002-2018, la población colombiana aumentó en 8,5 millones de personas, actualmente bordea la cifra de cincuenta. Su relación con el mundo del trabajo está asociada a la dinámica económica nacional, que depende de los ciclos del capitalismo global y del nivel de precios de las materias primas en el mercado internacional (Gráfico 3).

 

 


En el primer período de gobierno de Uribe (2003-2006), el ritmo anual de la economía creció en promedio 5,2 por ciento, en el segundo (2007-2010) se desaceleró a 4 por ciento. En el ejercicio presidencial de Santos, el promedio de crecimiento de la economía fue de 4,9 por ciento durante 2011-2014 y de 2,4 por ciento en el cuatrienio 2015-2018. La tendencia es recesiva en los últimos 16 años, producto de la caída en la renta petrolera, la pérdida de productividad del aparato productivo y del impacto negativo en la demanda de los estratos medios y bajos por el aumento en el IVA a la canasta familiar.


Pese a ello, en lo corrido del siglo XXI, el ingreso per cápita anual de los colombianos aumentó 1,6 veces; pasó de 7,1 millones (2001) a 11,5 millones (2018). Durante los dos períodos presidenciales de Uribe aumentó 29,5 por ciento y en el gobierno de Santos 17,5 por ciento (Gráfico 4).

 

 


Por su parte, la fuerza de trabajo ocupada en el sector agropecuario perdió participación relativa durante los dos períodos de gobierno de Uribe y el primero de Santos: de 20,5 por ciento cayó a 15,5 por ciento. Durante el último período de la administración Santos, esta rama de actividad se recupera levemente y contribuye con el 16,2 por ciento de la población ocupada (Gráfico 5). La disminución de la proporción del empleo registrada en la agricultura no se compensa exactamente con la proporción en que se incrementa la ocupación manufacturera o del sector terciario. El resultado es la precarización del mercado laboral.

 

 


Durante los 16 años analizados, la industria manufacturera y los servicios comunales, sociales y personales perdieron participación dentro de la estructura de empleo en Colombia: de 13 a 12,4 por ciento, en el primer caso y de 22,3 a 19,4 por ciento, en el segundo. La generación de puestos de trabajo se registra en las ramas de actividad de la construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; estas actividades económicas tienen en común ser intensivas en fuerza de trabajo, pero generan, en la mayoría de los casos, empleos informales, de bajos salarios e inestables.


La explotación de minas y canteras, el suministro de electricidad, gas y agua, y la intermediación financiera, son ramas económicas intensivas en capital: solamente contribuyen, en conjunto, con el 3 por ciento del empleo en el país, durante el periodo 2002-2018, pero gozan de las tasas más altas de rentabilidad y acumulación en el conjunto de actividades económicas.


Es esta una realidad que afecta la vida diaria de la mayoría de connacionales, mucho más cuando no existe una reciprocidad entre las estructuras ocupacional y productiva de la economía (comparar los gráficos 5 y 6).

 

 


Al revisar esta parte de nuestra historia, sobresale cómo las fuerzas económicas trascienden los períodos políticos y se sobreponen a las “buenas intenciones” de la política pública. Más aún, los gobiernos Uribe-Santos profundizaron el neoliberalismo que impuso el gobierno Gaviria entre 1990-1994, privatizando y desnacionalizando el aparato productivo. Las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registran una pérdida inercial de importancia relativa en el conjunto de la economía criolla durante 2002-2014 de 9,3 a 6,1 por ciento; en 2018 logra recuperarse al 7,6 por ciento (la tendencia es similar al comportamiento de la ocupación rural en estos años, pero con mayor impacto laboral dado que es un sector intensivo en fuerza de trabajo).


De las 12 ramas de actividad, según información y clasificación del Dane, siete perdieron importancia relativa durante los años 2002 a 2018 y cinco la aumentaron. El sector agropecuario perdió 1,7 puntos porcentuales; la explotación de minas y canteras -2,5; la industria manufacturera -2,2; suministro de electricidad gas y agua -1,3; información y comunicaciones -1,0; actividades inmobiliarias -1,3; y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, unidas a actividades de los hogares individuales -0,2 por ciento.


En paralelo, la estructura productiva nacional tiende a la tercerización. El aparato económico se aglutina alrededor de la construcción (aumentó 2,9 puntos porcentuales), Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (creció 1,6), actividades financieras y de seguros (aumentó 1,8), actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (aumentó 2,9) y administración pública y defensa; seguridad social; Educación; Salud y Servicios sociales (creció 1,0). En esta última rama, sobresale el Estado como uno de los principales empleadores: el número de puestos de trabajo públicos es de un millón cien mil, los que representan el 4,9 por ciento de los 22,7 millones de ocupados con que cuenta el país; el costo de la nómina pública equivale a 23 por ciento del total de los pagos salariales en el país.


Política fiscal, poder y desarrollo


El premio Nobel de economía 1982, George Stigler (1911-1991), atribuía gran importancia en el diseño de la política económica a la existencia de grupos de interés que, haciendo uso de las instituciones de poder del Estado, obtienen beneficios a costa de los consumidores o de los contribuyentes. De acuerdo con esta explicación, el objetivo de la regulación no es el bien común, sino la defensa de los intereses de aquellos que tienen suficiente fuerza política y económica para influir en el legislador o en el Ejecutivo.


Es por ello que para la mayoría de los gobernantes es más fácil gravar a los grupos que los rechazan y eximir a quienes les brindan respaldo; y esto desempeña un papel tan importante en la determinación de la distribución de la carga fiscal, como las consideraciones de equidad, pobreza, incentivos o ahorro.


En su desarrollo, la política fiscal colombiana se caracteriza por un crónico déficit y la alta inflexibilidad en la fuente de recursos y en la estructura de gasto. El sistema es bastante regresivo, la cultura fiscal de los ricos se fundamenta en la evasión o elusión en el pago de sus compromisos de impuestos, de una parte, y en las exenciones y subsidios al capital que les otorga el gobierno. Los ingresos públicos tienden a concentrarse en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las retenciones en los pagos de nómina u honorarios aplicados a la fuerza de trabajo. Los ingresos reales de los trabajadores y los sectores populares, y por ende su capacidad real de consumo, se ven reducidos a la par que aumenta la carga tributaria. Como primer acto de gobierno, el presidente electo, Duque, presentará un nuevo proyecto de reforma tributaria al Congreso, cuyo contenido profundiza la tendencia descrita, en esencia, la reducción del imporrenta empresarial.


Cambio en la estructura de gasto


Colombia registra un cambio profundo en la estructura de gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN) ocasionado por la transformación en las funciones del Estado, la implementación del modelo neoliberal y por la Constitución aprobada en 1991. Al comparar la estructura del gasto por funciones del Estado, entre mediados del siglo XX y comienzos del XXI, se observa, 1) el capital financiero tomó el comando de la economía; en consecuencia la financiarización conlleva una mayor transferencia de recursos del Estado hacia los bancos, nacionales y extranjeros; 2) la privatización y desnacionalización del aparato productivo registra un abandono de la función del Estado relacionada con el apalancamiento del capital y, por ende, un control de la economía por parte del sector privado; 3) al gasto presupuestario actual lo caracteriza, de una parte, una orientación hacia el consumo público o gubernamental y no la inversión pública o gubernamental, de otra, una concentración en gastos improductivos (fuerza pública, conflicto interno, asistencialismo social orientado al consumo y no al fomento de actividades productivas); 4) la dependencia de las dotaciones naturales y el modelo extractivo que caracteriza el crecimiento económico conlleva a que no se tengan en cuenta los impactos negativos sobre el ambiente (Gráfico 7).

 

 


Es una dinámica económica con otros signos negativos. Durante los dos períodos consecutivos de gobierno de Uribe, la servidumbre al capital especulativo financiero absorbió, en promedio, el 31,4 por ciento del presupuesto público; la función reguladora del Estado representó 12,2 por ciento; la militarización de la sociedad y las funciones represivas concentraron el 16,1 por ciento; el gasto orientado a la acumulación de capital y al mantenimiento de las condiciones ambientales se vio fuertemente reducido, sólo recibieron el 6 por ciento del gasto público; las transferencias asistenciales hacia los más pobres y los gastos destinados a la reproducción de la fuerza de trabajo participaron con el 34,2 por ciento.


A la vez, el gasto público según funciones del Estado, durante el doble mandato de Santos, redujo la servidumbre al capital financiero a 22 por ciento y los costos de regulación Estado-sociedad a 9,7 por ciento, expresión de la profundización del modelo neoliberal. Los gastos en “seguridad” se elevaron, en promedio a 17,6 por ciento. El gasto orientado al apalancamiento de la acumulación de capital y en reproducción de la fuerza de trabajo concentró la mitad del presupuesto público, en particular por el impulso a la construcción de infraestructura, el apoyo al sector de la educación y los subsidios a los pensionados de altos ingresos.


El presupuesto que ejecutará Duque en su primer año de gobierno fue estructurado bajó la administración saliente de Santos. El PGN de 2019 mantiene la participación del pago de deuda pública (amortización e intereses) en 22,2 por ciento; el gasto en fuerza pública también se mantiene en 17,5 por ciento. La función de regulación Estado-sociedad aumenta a 10 por ciento del PGN; de manera similar el gasto orientado a apoyar la acumulación de capital eleva su participación a 7,8 por ciento. Dos funciones pierden importancia relativa: el gasto social o reproducción de la fuerza de trabajo cae a 42,2 por ciento (los recursos para la restitución de tierras, eje de la reforma agraria pactada en los acuerdos de paz, es recortada en 69%) y la sostenibilidad de las condiciones ambientales mantiene el 0,3 por ciento tradicional. Pago de la deuda pública, educación, defensa y pensiones se llevan la mayor parte del gasto público de 2019.


El fisco es siempre explotador y el apetito fiscal de las codiciosas autoridades en todos los niveles de gobierno no tiene como saciarse. Las necesidades financieras del gobierno colombiano aumentan constantemente, en virtud de que el sector público crece con más rapidez que la economía en su conjunto. Esto puede medirse en varias formas: en términos del número de personas empleadas por el gobierno, en términos de los recursos ocupados por él, o en términos de la proporción que representan los impuestos en el ingreso nacional. El Estado nacional mantiene unas condiciones de gasto por encima de las posibilidades de la sociedad y la economía nacional, situación reflejada en un endeudamiento público creciente, un déficit fiscal crónico y una inflación inercial (gráficos 8 y 9).

 

 

 


En particular, la inflación y el endeudamiento público, combinados con la tasa de progresión de las estructuras tributarias, permiten que la participación fiscal en el valor total del producto aumente en términos relativos y absolutos. En paralelo, la formación de capital se ve afectada negativamente y los niveles de vida de los trabajadores y los sectores populares se reducen sustancialmente al perder capacidad adquisitiva sus ingresos.


La deuda pública es una carga para el futuro, afectando también a hijos y nietos. De acuerdo con los estudios del premio Nobel de Economía 1986, James McGill Buchanan (1919-2013), el gobierno no sólo no “paga como puede”, sino que tampoco utiliza productivamente los fondos tomados en préstamo. El crédito obtenido a cambio de títulos que componen la deuda pública se usa en gran parte para financiar el consumo público. El financiamiento de los gastos gubernamentales corrientes mediante endeudamiento equivale a “devorar” el valor del capital nacional. Si definimos el valor capital descontando un flujo esperado de ingresos futuros, entonces cualquier desviación de dichos ingresos reduce este valor. Y lo hace de la misma manera como la haría el consumo de bienes de capital.


En esta senda, la inflación es, primordialmente, un sustituto de los impuestos, la decisión de recurrir a ella es, ante todo, de carácter político. La inflación tiende a destruir el valor de todos los activos y demandas expresadas en unidades monetarias. A mediados del siglo XX se pensaba, de manera equivoca, que si bien el gasto público generaba inflación, éste tenía el efecto benéfico de reducir el desempleo. La experiencia histórica demostró que la recurrencia de esa política produjo la “estanflación”, esto es, alta inflación y alto desempleo simultáneos. Según Milton Friedman (1912-2006), premio Nobel de Economía 1976, la volatilidad creciente de la inflación y el alejamiento de los precios relativos frente a los valores que determinarían por sí solas las fuerzas de mercado se combinaron para volver menos eficiente el sistema económico y promover una intervención arbitraria del Estado, para introducir fricciones en todos los mercados y, muy probablemente, para aumentar la tasa del desempleo registrado (3).


Durante los ocho años de la presidencia de Uribe, el promedio del déficit fiscal fue de -3,8 por ciento y el endeudamiento público de 45,7 por ciento, ambos indicadores respecto al PIB. Durante los ocho años del mandato Santos, el déficit fiscal se redujo al promedio de 2,9 por ciento (si bien en 2016 alcanzó un máximo de -3,8% respecto al PIB) y el endeudamiento público fue creciente al registrar un promedio de 47,9 por ciento (en 2018 la deuda pública del Spnf representa 52,7% del PIB). Uribe y Santos dejaron al país metido en un oscuro e incierto hueco fiscal y adicionalmente endeudado y sometido a los intereses del capital financiero nacional y extranjero.


Los dos períodos del gobierno Uribe registraron niveles más altos de desempleo e inflación comparativamente con la administración Santos. Durante el período 2002-2010 el promedio de la tasa de desempleo fue 12,9 por ciento y el de la inflación (IPC) de 5,2 por ciento; en contraste, en los años 2011-2018 la tasa promedio de desempleo fue de 9,8 por ciento y la inflación se redujo a 3,9 por ciento, teniendo en cuenta la presión política del capital financiero por mantener políticas monetarias y fiscales que conserven el poder adquisitivo del dinero y de las inversiones, sobre todo las extranjeras. El desempleo estructural gira alrededor del 10 por ciento y la informalidad laboral en 60 por ciento.


Desarrollo social


Una sociedad puede obtener un alto desarrollo económico, en el sentido de aumentar el producto por habitante, sin que la gran mayoría de la población se beneficie, porque la creciente producción enriquece sólo a unos cuantos poderosos. De acuerdo con Angus Deaton, premio Nobel de Economía 2015, el bienestar de una sociedad no puede ser juzgado con base en su promedio sin considerar la desigualdad, y tampoco ser juzgado por una o más de sus partes sin atender al todo en su conjunto. En complemento, la evolución del ingreso debe verse desde tres diferentes perspectivas: crecimiento, pobreza y desigualdad. El crecimiento se refiere al promedio y a sus cambios, la pobreza alude a los de abajo y la desigualdad cuán ampliamente se distribuye los ingresos entre las clases, las familias o las personas (4).


La desigualdad es una característica histórica y estructural de la sociedad colombiana, su manifestación más elocuente es la concentración del ingreso. Durante los años 2002-2010, el índice de desigualdad Gini se mantuvo en un valor promedio de 0,559. Los ocho años siguientes, con Santos, el promedio disminuyó levemente a 0,528. De acuerdo con Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante, indica una realidad de polarización entre ricos y pobres, siendo caldo de cultivo para el antagonismo entre las distintas clases sociales (Gráfico 10).

 

 


Estructuralmente, en nuestro país, la clase rica representa el 10 por ciento de la población y se queda con el 45 por ciento del ingreso producido anualmente por el trabajo de la sociedad; peor aún, el uno por ciento de los estratos altos concentra el 20 por ciento del ingreso nacional, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático. A la clase media pertenece el 40 por ciento de la población y tiene una participación simétrica en los ingresos del país. Los sectores populares constituyen el 50 por ciento de los habitantes y reciben sólo un 15 por ciento del total de los ingresos. Ni Uribe ni Santos intentaron modificar esta injusta y desigual estatificación socio-económica.


La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y espirituales básicas de una vida digna, por falta de recursos, como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. También suele ser considerada como pobreza las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos; en particular, situaciones como el desempleo, la informalidad, empleo precario o un nivel bajo de ingresos. Asimismo, la pobreza es el resultado de la explotación de una clase por otra, puede ser también el resultado de procesos de exclusión, segregación o marginación social; también es provocada por la corrupción y la guerra.


Durante los dos periodos de la presidencia de Uribe, el nivel promedio de personas viviendo en condiciones de pobreza por insuficiencia de ingresos se mantuvo en 45,2 por ciento a nivel nacional, en la zonas urbana el valor del indicador fue de 41,2 por ciento y en la rural de 57,2 por ciento. Bajo las administraciones Santos, la pobreza por ingresos fue de 29,5 por ciento en promedio; 26 por ciento en los centros urbanos y 41,1 por ciento en las zonas rurales. Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia: mientras en las ciudades los indigentes son el 7 por ciento, en el campo alcanzan el 33 por ciento; este es el resultado de décadas de abandono, olvido, violencia, explotación y despojo. Como bien lo afirmó el premio Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, la pobreza no la crea la gente pobre, ésta es producto del sistema que hemos creado.


W. Arthur Lewis (1915-1991), premio Nobel de Economía 1979, documentó históricamente que las clases dirigentes y los gobiernos pueden dar origen al estancamiento económico o a la declinación del desarrollo social por el fracaso en mantener el orden, por robar a los ciudadanos, por fomentar la explotación de una clase por otra, por restringir el comercio exterior o fomentar intercambios desiguales con extranjeros, lesivos a los intereses y soberanía de la nación, por descuidar la satisfacción de las necesidades esenciales de la población, por un excesivo laissez-faire, por falta de libertades, irrespeto y violación de los derechos humanos, por un gasto improductivo excesivo y cargas impositivas regresivas, y por mantener conflictos internos sin resolver o emprender guerras costosas (5). En Colombia, la miopía y mezquindad de la oligarquía le impide aprender de la historia o aplicar el conocimiento humano acumulado. Por ejemplo, políticos, funcionarios civiles, militares y empresarios, se consideran con derecho natural a hacer fortunas mediante el cohecho, el peculado, el nepotismo o mediante contratos que los favorezcan. La acumulación por despojo también es una práctica naturalizada en la cultura de la clase dirigente. La estructura impositiva castiga al trabajo y beneficia al gran capital. Todo esto, en conjunto, es lo que hereda el nuevo gobierno en Colombia.


A la luz de esta realidad, lo que tenemos entre Uribe y Santos es continuidad, legada a Duque, con lo cual encontramos una política de Estado que habla de una unidad de clase profundizada en materia social y económica, aunque tensionada políticamente en la manera cómo deben ser resueltos los conflictos internos, armados y sociales. Al final, el establecimiento ahonda su dominio y control y los sectores alternativos siguen buscando una vía para sobreponerse a tantos años de políticas de todo orden contrarias a sus intereses, necesidades y dignidad. ¿Por cuántos años más?

1. Acemoglu, Daron; Robinson, James, “Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”, Editorial Planeta, Colombia, 2012, p. 447.
2. Coase, Ronald H., “El problema del costo social”, La empresa, el Mercado y la Ley, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 114.
3. Friedman, Milton, “Inflación y desempleo”, Conferencia en homenaje de Alfred Nobel, pronunciada en Estocolmo el 13 de diciembre de 1976.
4. Deaton, Angus, “El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad”, FCE, Chile, 2015, p. 213.
5. Lewis, W. Arthur, “Teoría del Desarrollo Económico”, FCE, México, 1955, pp. 446-448.

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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Seguidores de Bolsonaro imitan el gesto de “disparar” tan característico del nuevo presidente.  Imagen: EFE

Desde Brasilia

 

Luiz Claudio Cunha es autor del libro mejor documentado y más exhaustivo sobre las relaciones entre la dictadura brasileña y sus socias sudamericanas durante los años del Plan Cóndor. Como investigador desmontó los mecanismos creados por los militares para controlar los aparatos de ideológicos fabricando consensos artificiales y la utilización de la fuerza contra los bolsones de resistencia. Uno de los blancos más atacados fueron las universidades, contra las que ahora parece ensañarse Bolsonaro.

En su discurso de toma de posesión el nuevo mandatario habló del sistema educativo del cual criticó su tendencia a formar “militantes” y pocos días antes había prometido extirpar la “basura marxista” de las escuelas y centros académicos.

Poco después de asumir como ministro de Educación, el profesor y teólogo colombiano Ricardo Vélez Rodriguez anunció ayer que, junto al programa Escuela sin Partido, va a crear una subsecretaría para impulsar la creación de escuelas bajo la dirección de policías o militares las cuales “benefician la disciplina de los niños”.

El investigador Cunha sostiene que los anuncios del gobierno entrante están cargados de una “sobredosis de un militarismo que nos recuerda a la paranoia anticomunista de la Guerra Fría. Es una lástima que en su primer discurso como jefe de Estado no se haya podido librar de su obsesión contra el marxismo, que también alcanza a su ministro de Educación, Vélez Rodriguez, que fue profesor de la Escuela del Estado Mayor del Ejército; está más acostumbrado a enseñar a generales que a niños”.

 

–El presidente suele remitir al gobierno militar como una utopía que debe ser recuperada.

–Es cierto, y esta reivindicación se apoya en falsedades, en imprecisiones. Bolsonaro reivindica la dictadura de la que esconde algunos números indispensables para que se la conozca. En ese período que él elogia hubo 200 mil detenidos bajo sospecha de subversión, de los cuales 50 mil fueron arrestados entre abril y agosto de 1964, es decir en los primeros meses del régimen. Quinientas mil personas fueron objeto de investigaciones por los organismos de inteligencia, diez mil fueron torturadas y otras diez mil se exiliaron. Este gobierno recién iniciado tiene 9 generales en su primera línea de la gestión, ninguna gran democracia del mundo les da tanto poder a tantos generales como el gobierno del capitán Bolsonaro. Son nueve militares en puestos llave, mientras la primera dictadura de 1964, de Humberto Castello Branco, tenía cinco y la última, de Joao Baptista Figueireido, designó a seis en su gabinete.

 

–Un tema recurrente en Bolsonaro es dar la “batalla” ideológica en las universidades.

–Lo que más asusta a los tiranos es la universidad, el santuario del conocimiento, del libre pensamiento y reducto de la conciencia crítica. Como Bolsonaro añora los años de la dictadura no está de más recordar que ocurrió con ellas durante ese período. Unos 300 profesores fueron castigados o separados de sus cargos entre 1964 y 1971. Las purgas también alcanzaron a rectores universitarios. Más de mil estudiantes fueron expulsados de sus facultades e impedidos de matricularse en otra casa de estudios durante tres años.

 

En 1964 el rector de la Universidad Federal de Río de Janeiro dijo al cónsul de Estados Unidos que no tenía nada que objetar a los organismos de inteligencia que detenía a estudiantes fuera de esa casa de estudios.

Aquí en Brasilia, la universidad creada por Darcy Ribeiro fue intervenida por los militares, que la dejaron a cargo del capitán de Marina José Carlos Azevedo, quien asumió en 1976 aplicando sanciones colectivas a los estudiantes que entraron en huelga. Más de mil jóvenes fueron expulsados y con ellos varios profesores de izquierda.

Azevedo estaba ligado a los servicios de inteligencia de la Marina que fueron los que secuestraron al presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Honestino Guimaraes, de 18 años. Honestino fue ejecutado en la selva de Araguaia en la región amazónica y desde entonces continúa desaparecido.

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La Lucha de las Comunidades Afrocolombianas: entrevista con Luis Armando Ortiz

 

Comunidades Afrocolombianas es una historia de persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y de constante lucha por la dignidad. Para comprender mejor esta lucha, en particular en el contexto de la (no) implementación de los acuerdos de paz en Colombia, hemos hablado con Luis Armando Ortiz, uno de los lideres del Proceso de Comunidades Negras.

 

¿Qué es el Proceso de Comunidades Negras?

El PCN, Proceso de Comunidades Negras, es la organización nacional que aglutina la mayoría de las organizaciones de comunidades negras en Colombia. También existen otras, pero el PCN es la que tiene mayor transcendencia y relevancia en el contexto nacional e internacional.

 

¿Puede darnos una perspectiva más histórica de la lucha de las comunidades Afrocolombianas en su país?

Bueno, la lucha ha sido histórica desde el proceso de la colonización, en la búsqueda de la libertad, de aquellas personas mayores, nuestros ancestros que huyeron a partir de un proceso conocido como cimarronaje de los enclaves mineros. Estas personas se ubicaron en las selvas más recónditas en esa época, y entonces constituyeron lo que se denomina cómo los palenques, que son una especie de “naciones”, dentro de la nación en esa época colonial y más tarde republicana, para protegerse de los cazadores de esclavos que querían capturarlos para llevarlos nuevamente a los enclaves mineros. Esos fueron unos espacios construidos por nuestros ancestros como una estrategia de defensa, con barricadas de palos (de ahí su nombre de palenques), para protegerse de los que llevaban estas amenazas.

Después vino el proceso de la abolición de la esclavitud en 1851, un proceso del cual no hubo las condiciones mínimas de dignidad para aquellos libertos, pero esas comunidades se asentaron principalmente en las riberas de las cuencas del litoral pacífico colombiano y en otras regiones con similares condiciones de la costa atlántica y Caribe. Entonces Colombia es un país que cuenta con una gran población de Afrodescendientes o comunidades negras que están asentados mayoritariamente en estos territorios y en las cabeceras de los municipios de esas zonas y capitales de sus departamentos, como: Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Quibdó (Chocó) y después de un proceso de migración y de desplazamientos, también en Bogotá, donde hay una gran colonia de comunidades negras. Somos en Colombia el 20% del censo de la población nacional.

 

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Paro civico en Colombia, octubre 2017 (Foto: jjcaicedo96)

 

¿Y justamente estos desplazamientos de población, las migraciones, en que época se hicieron y por cuales razones?

Hubo una migración histórica que tuvo que ver básicamente con la oferta de trabajo en las haciendas cañeras del valle del Cauca especialmente. Mucha de la gente del Pacífico fue a trabajar como asalariados en esas haciendas cañeras para la producción del azúcar. Otros también con el auge del desarrollo de las grandes capitales, como mano de obra no calificada en la construcción de las vías carreteras, ferrocarriles y puertos. Digamos que la mano de obra ha migrado ante esos procesos de oferta de trabajo, en parte desarrollando la infraestructura que históricamente hemos carecido en nuestros territorios. Esos primeros procesos migratorios, se dieron entre los inicios y a mediados del siglo XX principalmente.

Pero, aun así, eso no era un mayor problema. Los problemas comenzaron con los desplazamientos forzados de los pobladores de nuestras comunidades, esto al rededor principalmente de unas prácticas productivas muy negativas que tienen que ver con los proyectos de dicho “desarrollo” o con la implementación de los cultivos de coca que llegaron principalmente a mediados de la década de los 90 en el Pacífico colombiano. Estos procesos también trajeron consigo la penetración del gran capital al territorio para la explotación de minerales (oro, plata, etc.). La ampliación de la frontera portuaria en ciudades como Buenaventura es otro ejemplo que ha causado desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, reclutamiento forzado a adolescentes y jóvenes a [email protected], de las cuales no han estado exentos niños y niñas, en el marco del conflicto armado.

 

Entonces los procesos de desplazamiento forzado aumentaron en correlación con la adopción de los famosos tratados de libre comercio...

Exacto, alrededor de todo lo que significó en primera instancia el modelo económico que se quiso implementar en Colombia con la abertura económica que luego ha dado fruto a lo que son los tratados de libre comercio. Estos han generado toda una dinámica agresiva contra los territorios ancestrales. Por una parte, la ampliación de los puertos, teniendo en cuenta que por Buenaventura, por ejemplo, transita más del 60% del comercio exterior de Colombia. Por otro, las tierras del Pacífico son muy ricas en oro, plata. Se han descubierto muchísimos yacimientos de coltán, de petróleo, mucha riqueza biodiversa de flora y fauna, y hacia allá se han apuntado los tentáculos de la economía neoliberal en nuestros territorios.

En nuestra visión, una economía que destroza los territorios y la naturaleza tendría que ser una economía ilegal. Sin embargo, esta economía ha sido legalizada por el gobierno nacional, y hoy día está penetrando de forma violenta y agresiva, generando impactos en materia de violación de derechos humanos, violando nuestro derecho legítimo a tener una economía propia, el derecho de poder escoger un modelo de desarrollo desde la visión étnica de las comunidades que estamos ahí. Nosotros los llamamos planes de “etno-desarrollo”, o planes de vida, que también le denominan algunas comunidades, o PEDRIN, como planes de desarrollo rural integral. Estas propuestas se contraponen a los planes de desarrollo del gobierno nacional que simplemente obedecen a ese plan hegemónico de la economía neoliberal en el mundo.

Entonces hay como ese contrapunteo como decimos nosotros, en nuestro lenguaje muy popular, de luchar por nuestro modelo de desarrollo mientras asistimos a un interés masivo de sacar a nuestras poblaciones de sus territorios de cualquier forma. Por un lado, a través de la violencia en medio del conflicto armado, una disputa por el control territorial de una economía ilícita alrededor de la coca. Y por otro, a través de los megaproyectos que están siendo desarrollados en la costa del Pacífico.

 

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Grúas en el puerto de Buenaventura (Foto: Agencia Nacional de Infrastructura)

 

¿Cuál es la posición del Estado ante los desplazamientos forzados de vuestras comunidades?

Se reconoce como víctimas de desplazamientos, a aquellas personas que se encuentran en zonas de enfrentamientos o en zonas económicas donde se desarrollan los dichos mega proyectos y que los pobladores tienen que huir o son obligados a irse. Nosotros hacemos denuncias ante la Defensoría del Pueblo para que se evidencien tales situaciones, situaciones muchas veces invisibilizadas por los registros oficiales. En eso hemos progresado algo, en difundir una documentación sobre este problema. El 94% de los desplazados en Colombia son negros, campesinos e indígenas. Entre ellos, los negros son la gran mayoría.

Hoy en día, la locomotora del desarrollo, las represas hidroeléctricas, las explotaciones previstas en materia de hidrocarburos, las infraestructuras portuarias, los proyectos mineros etc. son siempre más fuentes de desplazamiento en nuestros territorios. En algunos casos, las comunidades no son desplazadas, pero viven en zonas de explotación con impactos muy peligrosos de un punto de vista de la salud.

 

¿Juntando todas estas reivindicaciones de las poblaciones Afrocolombianas cual es el propósito de su visita, de su gira por Europa?

El propósito de la visita principalmente es el de denunciar, ante la comunidad internacional, la forma sistemática en que el gobierno, a través de diferentes estrategias, ha generado el caos en nuestra población, los actores armados al margen de la ley en esos territorios de igual manera están asesinando de manera continua y sistemática a nuestros líderes y lideresas, miembros de sus familias, por justamente oponerse a este tipo de arremetidas por parte de actores armados al margen de la ley, pero también por la misma institucionalidad del gobierno nacional. Se están asesinando a nuestra gente, se están reclutando a nuestros jóvenes al servicio de estructuras ilegales, del narcotráfico y paramilitarismo, que intervienen en el territorio en el ejercicio de una economía ilegal.

Hace poco en Tumaco, un incidente puso también en evidencia que hay responsabilidades que son del gobierno, de la policía concretamente, en el asesinato de siete líderes campesinos cocaleros en el Alto Mira. Hay un trasfondo de terror, de desalojo y de desplazamiento, en lo cual hay responsabilidades de las autoridades, que queremos denunciar. Muchos no tenemos la valentía de decir esto, sabemos de los riesgos que corremos, pero alguien tiene que ponerlo en conocimiento de la comunidad internacional.

Llamamos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación alternativos, a los movimientos sociales de izquierda, a los movimientos políticos alternativos, a que se sumen a nuestra lucha, que llamen la atención de los ciudadanos del mundo en los lugares donde se encuentren por los diferentes medios, para que se conozca esta realidad.

 

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Juan Manuel Santos recibiendo el Premio Nobel de la Paz (Foto: TeleSur / EFE)

 

¿Y cómo se contrasta este mensaje con la imagen que el gobierno colombiano intenta proyectar en el exterior?

El gobierno nacional no ha dado a conocer esa realidad que ocurre en esa otra Colombia, esa Colombia olvidada, marginada y excluida, esa Colombia que tiene los más altos niveles de pobreza y miseria, de esa Colombia no se habla. Sin embargo, el presidente Santos anda haciendo una propaganda internacional de que Colombia, después del acuerdo de paz y desde el cese de los enfrentamientos con las FARC, de que es un país en paz, además de solicitar para el mes de mayo el reconocimiento de la certificación de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También la visita tiene que ver con desmentir la versión oficial del señor presidente de la República, que es una total falacia.

Estamos enfrentando a un enemigo que niega nuestros derechos, que niega las conquistas del pueblo negro en el marco de la ley 70, en el marco de los acuerdos que se suscribieron con el gobierno nacional y las FARC en la Habana con la mesa de víctimas, en el cual estuvieron las comunidades negras también. Se propuso y quedó incluido en el texto el capítulo étnico. Tenemos mucho temor porque justamente en el marco de todos estos capítulos se vienen haciendo unos desmontes sistemáticos dirigidos por el gobierno nacional, hay un ataque sistemático contra los derechos del pueblo negro.

 

¿Cómo se posiciona el PCN ante este proceso de paz y su implementación? ¿Y de qué manera este proceso está afectando (positiva o negativamente) las condiciones de vida de las comunidades Afrocolombianas?

Primero hay que decir que en la comunidad negra apostamos al sí para este acuerdo, precisamente porque hemos sido víctimas de muchos atropellos y apostamos al sí confiados, como todos los colombianos, y con la esperanza de tener un país en paz. Tenemos muchos retos y es justamente enfrentar la forma voraz como el gobierno viene en contra de nuestros intereses, desmontando nuestros derechos. Nosotros estamos programando una movilización nacional, para en primer caso exigir el cumplimiento de muchos acuerdos, que pasan más de 100 acuerdos históricos con el gobierno nacional que nunca se han cumplido, y eso justifica el escepticismo que tenemos frente a lo que va a ser el nuevo acuerdo que se ha pactado entre el gobierno y las FARC.

Estamos de igual manera trayendo propuestas como las que siempre las hemos hecho, alternativas, para superar la crisis social, económica, cultural, ambiental de nuestro territorio. No creemos que la represión o la fuerza sea la solución a los problemas de conflictividad que existen en el territorio, nosotros creemos que los planes de etno-desarrollo son la mejor fórmula para poder resolver un problema que se enquistó en un territorio, caracterizado históricamente como territorio pacifico del cual venimos nosotros, los negros en Colombia, en su mayoría. Y este trabajo se relaciona con los llamados que hacemos a la comunidad internacional, para que piensen también que los problemas que ocurran allá en esos lugares tan lejanos, de los cuales provenimos nosotros, impactarán también acá.

 

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Marcha del PCN en defensa de los derechos humanos (Foto: Renacientes.net)

 

Hemos visto que, tras el acuerdo de paz y la entrega de armas por las FARC, grupos paramilitares se están expandiendo. ¿Como se posiciona el PCN ante esta problemática? ¿Y cual viene siendo la respuesta del gobierno?

Los paramilitares se encuentran en nuestros territorios para controlar el tráfico de droga. Desde que las FARC dejaron las armas, efectivamente nuevos grupos y estructuras están surgiendo en esos territorios. Existen decenas de organizaciones que operan en las zonas rurales del Pacifico y en la periferia urbana. Hace unas semanas, asesinaron a una lideresa, una mujer que hacia un trabajo social con los jóvenes para que no caigan en la delincuencia. Ayer recibí la noticia que se asesinó un hijo de una lideresa de un consejo comunitario, por haber rechazado entrar en un grupo paramilitar. Hay un ataque incesante contra los movimientos sociales.

Sobre estos hechos el gobierno no se manifiesta. Sus responsabilidades tratan simplemente de eludirlas. De manera tajante, existe una complicidad entre el gobierno y estos grupos. Estos grupos no atacan a las fuerzas del gobierno porque no pueden atacarlas, la pregunta es ¿quién les provee la materia prima a estos grupos (las armas)? De acuerdo con los resultados de investigaciones que se han hecho en Colombia, las armas de los paramilitares daban cuenta de ser de la policía o de las fuerzas armadas o de inteligencia (DAS). La policía, el ejército, los jueces, la misma Fiscalía, no nos protegen. Tenemos que acudir a otras instancias para protegernos, para que haya investigaciones eficaces sobre las violaciones contra nuestras comunidades.

 

Hace unos meses hubo un gran paro en Buenaventura en noviembre hubo un paro nacional. ¿Como evalúa este tipo de movilizaciones y como piensa que estas puedan evolucionar en el futuro, no solo como instrumento para defender vuestros derechos sino como instrumento para exigir de parte del gobierno una verdadera implementación de los acuerdos de paz?

Digamos que esta es la herramienta más positiva que hemos encontrado para exigir del gobierno su atención para resolver las necesidades básicas insatisfechas que tenemos, para disminuir la brecha de la desigualad. Nosotros nos caracterizamos por ser personas de paz. La movilización como medida de hecho, es la herramienta a la cual hemos acudido y a partir de ese escenario es que posibilitamos los diálogos, que son diálogos de sordos, en la medida que esas estrategias y situaciones sean conocidas en el contexto nacional y para tener el respaldo y la solidaridad internacional es que nos movilizamos.

 

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Acciones de protesta en Buenaventura (Foto: PopularResistance.org)

 

Nos manifestamos, sobre todo, contra la guerra económica que se está haciendo contra nuestros territorios, la cual está dirigida por el sistema de comercio internacional capitalista donde los agentes entran en una competencia para apoderarse de las riquezas naturales de nuestro país, a través de mega proyectos extractivos. Este hecho agrava la crisis política y social del país. Estos mega proyectos impactan en el comportamiento climático, devastan bosques, campos, fuentes de agua. Estos proyectos hacen parte del plan del gobierno Santos, parte de la “locomotora del desarrollo” que arrasa todo lo que se encuentre ante su paso. Nuestras comunidades se ven expulsadas de sus territorios ancestrales, hacia territorios urbanos donde encuentran mayor pobreza, delincuencia, prostitución. Espacios donde no existe la infraestructura necesaria para que una integración sea posible.

 

¿Qué tipo de convergencias y alianzas estratégicas existen entre el PCN y otros movimientos u organizaciones, o partidos políticos progresistas?

En los temas de movilización, por ejemplo, existen convergencias, por supuesto. Con partidos como el Polo Democrático, por ejemplo, quien nos apoyó en la lucha para la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades Afrocolombianas. Con las comunidades campesinas e indígenas también, por supuesto, en el marco de la Minga. Este fue un espacio donde todas las víctimas de este sistema, el pueblo pueblo, se reunieron para juntar las fuerzas y construir una unidad más fuerte, para contra atacar a partir de un ejercicio social las injusticias del sistema que nos oprime.

 

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Mural ilustrando los desplazamientos forzados de comunidades Afrocolombianas por acción de grupos paramilitares

 

 

Luis Armando Ortiz es el representante legal del consejo comunitario ACAPA (Tumaco, Nariño) y uno de los líderes del PCN, una organización nacional para la defensa de los derechos de las comunidades negras en Colombia.

 

Foto de portada: Marcha del PCN por ocasión de su Quinto Encuentro (Foto: Renacientes.net)

Fuente: Diario de Nuestra América, Investig’Action

 

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Sábado, 29 Diciembre 2018 07:32

Los kurdos se acercan a Assad

Los kurdos se acercan a Assad

El anuncio de Trump de la retirada de tropas de Siria tuvo su primer efecto inesperado. Ante la amenaza de una invasión turca, las milicias kurdas le pidieron ayuda a Damasco después de siete años de combate y autonomía.
 
El reciente anuncio del presidente Donald Trump sobre el retiro de tropas norteamericanas en Siria acaba de tener un resultado inesperado. La mayor milicia kurda en territorio sirio, las Unidades de Protección del Pueblo, acaba de pedirle al gobierno de Bashar al-Assad protección militar contra una muy posible invasión turca al territorio que controla. La voltereta es inesperada porque en los siete años de guerra civil siria, los kurdos fueron enemigos del gobierno de Damasco, lograron claros triunfos militares y tomaron territorios importantes. Pero los kurdos lograron esos objetivos con una mínima ayuda norteamericana en el terreno y un fuerte apoyo aéreo y político, que ahora se acaba. Los kurdos interpretan el retiro de EE.UU. como una traición y se reacomodan.


Las Unidades pidieron específicamente tropas para proteger la ciudad de Manbij contra un posible ataque turco. Manjib es uno de los centros urbanos del territorio controlado por los kurdos en el noreste sirio, un área tomada con ayuda norteamericana contra el Estado Islámico. La región, una cuarta parte del territorio de Siria, es importante por su fertilidad y sus reservas petroleras, y todavía aloja a unos dos mil soldados de EE.UU. El área es además fronteriza con las regiones kurdas en Turquía, lo que hace tiempo alarma a Ankara, que se suma así de facto a un frente anti turco ya compuesto por Rusia, Siria e Irán, que buscan que Damasco vuelva a controlar esa región. El territorio no fue atacado por el paraguas político norteamericano. El anuncio de Trump parece haber convencido a los kurdos que es mejor negociar con Assad antes de ser atacados.


La negociación no va a resultar fácil, ya que hasta este primer paso está generando mensajes contradictorios y problemáticos. Los kurdos anunciaron que invitaron a las tropas del gobierno a pasar por Manjib para tomar posiciones en la frontera con Turquía, como un disuasorio de una posible invasión. Si fuera así, la presencia de tropas que obedecen a Assad sería realmente una barrera, ya que un ataque turco involucraría a Ankara en una guerra civil en la que logró mantenerse bastante prescindente. Lo que no queda en absoluto claro es qué significaría la presencia militar siria en el territorio para los kurdos, que hasta ahora se vienen manejando como una autonomía.


Como para preocuparse, el ejército sirio anunció ayer que sus tropas ya habían entrado a Manjib y que la bandera nacional volvía a ondear sobre la ciudad. Pero los vecinos de Manjib desmintieron la presencia militar en el lugar a todas las agencias de noticias que llamaron. El comunicado oficial sirio ni menciona a los kurdos y solamente dice que el ejército “sigue comprometido con la tarea de restaurar la plena soberanía nacional en cada centímetro del territorio sirio”. El tono del comunicado no augura una solución flexible para los turcos en un territorio que se acostumbraron a gobernar como propio.

 

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