Lunes, 20 Mayo 2019 05:48

¿Socialismo en EU?

Bernie Sanders, quien se define como "socialista democrático" y proclama que su objetivo es una "revolución política" en Estados Unidos, es uno de los dos candidatos que gozan de mayor apoyo entre los 23 demócratas que se han lanzado para buscar la candidatura presidencial que hará frente a Donald Trump en 2020. La imagen, en un acto de campaña el fin de semana en Carolina del Norte.Foto Ap

Imaginen un Estados Unidos que garantiza salud a todos sus ciudadanos (hoy día millones no tienen seguro), educación gratuita desde nivel primaria hasta universidad, un salario digno para todo trabajador, derechos civiles plenos para mujeres, minorías, la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transgénero (hoy todos ellos bajo ataque por el régimen actual en Washington), una agenda para abordar la crisis del clima, reducción masiva del gasto militar y emplear esos fondos para reparar la cada vez más frágil infraestructura de este país, privilegiar la diplomacia sobre las armas, poner fin a las por lo menos nueve guerras (nadie puede ni nombrar a todas) y revertir la política exterior actual renunciando las políticas de cambio de régimen en Venezuela, Cuba e Irán, entre otros, y promover por fin una reforma migratoria que respete a los trabajadores que tanta riqueza generan para este país y el que dejaron atrás.

Todo esto es parte de la agenda social demócrata presentada por uno de los principales candidatos presidenciales para 2020 y una diversidad de legisladores federales y estatales que se definen como "socialistas", y que no dejan de provocar preocupación y hasta alarma entre las cúpulas políticas y económicas.

Bernie Sanders, quien se define como "socialista democrático" y proclama que su objetivo es una "revolución política", es uno de los dos candidatos que gozan de mayor apoyo entre el elenco de 23 demócratas que se han lanzado para buscar la nominación presidencial en 2020.

Del movimiento electoral que detonó Sanders en su campaña presidencial de 2016, surgieron nuevos políticos jóvenes –la más visible es la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez– revivieron organizaciones casi moribundas como Democratic Socialists of America (que hasta 2015 tenía una membresía de menos de 6 mil, pero que ahora tiene más de 56 mil) y se crearon agrupaciones nuevas, como Our Revolution.

Encuestas demuestran repetidamente que votantes jóvenes (entre 18 y 30 años) tienen una opinión más favorable del "socialismo" que del "capitalismo" en este país. El analista Doug Henwood escribe que "historiadores futuros podrían caracterizar la segunda década del siglo XXI como el momento en que resucitó el socialismo estadunidense".

Las cúpulas políticas, económicas y mediáticas insisten que esta fuerza "socialista" no puede capturar la Casa Blanca en las elecciones de 2020, pero tienen que admitir que desde la primera campaña de Sanders en 2016 y los triunfos electorales legislativos a nivel federal, estatal y municipal posteriores, los "socialistas" están definiendo gran parte del debate político.

Por su parte, Trump y los republicanos, usando este fenómeno, proclaman con gran emoción y valentía que "Estados Unidos jamás será socialista" y advierten que los demócratas convertirán a este país en Venezuela.

Pero es la cúpula demócrata la más agitada ante el fenómeno "socialista" y probablemente han dedicado más tiempo, esfuerzo y gritos contra Sanders y sus aliados que contra Trump hasta la fecha. Una y otra vez insisten en que Sanders no es "elegible", o sea, que no cuenta con el apoyo suficiente para ganar contra Trump en los comicios generales, y que los demócratas tienen que "unirse" detrás de un candidato mas "centrista". Por ahora, el abanderado de la vieja guardia es otro viejo, el ex vicepresidente Joe Biden.

Los medios masivos reiteran ese mensaje, y hasta colaboran para intentar descalificar a Sanders. Sólo en los últimos días, tres medios nacionales se dedicaron a usar tácticas de la guerra fría para "revelar" simpatías antiguas del senador con los soviéticos, los sandinistas y hasta los disidentes contra las guerras estadunidenses durante el último medio siglo.

¿Será que tanta preocupación y alarma confirma que la "amenaza socialista" en Estados Unidos tiene más potencial de lo que aun los más optimistas se atreven a pensar?

 

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Cándido y el Elogio de la locura (La Cultura Pooph II, diez años después)

En el pasado, equivocados o no, por lo general quienes opinaban sobre política italiana o congoleña se habían leído la historia de Italia, del imperio romano, tenían alguna idea sobre la belga, sabían algo de la vida y obra de Leopold II y qué había pasado con Lumumba. Ahora el mundo está lleno de genios que opinan primero y luego intentan informarse. Si alguien se atreve a criticar el optimismo en curso, es etiquetado y desautorizado como un viejo que no entiende el presente. Como si los adultos no fuesen parte del presente. Como si los más jóvenes entendieran mejor algo del pasado, ese tiempo que, de alguna forma, produjo este presente. Como si las nuevas generaciones no pudiesen ser radicalmente reaccionarias. 

Antes no era necesario ser un estudiante universitario para poseer este tipo de cultura amplia y profunda. Ahora ni siquiera los estudiantes universitarios alcanzan un mínimo de aquel conocimiento que servía a la libertad de conciencia y no únicamente a los propósitos del dinero, el consumo y el confort de “un mundo más eficiente”.


Es verdad, aquella “gente culta” solía ser (aun suelen serlo), gente por los de abajo. No se trata de una simple cuestión gramsciana, como gustan apuntar desde el otro lado. Se trata de una reacción natural ante el poder social. De la misma forma que las universidades en todo el mundo, desde Argentina hasta Japón, desde Mozambique hasta Estados Unidos eran y siguen siendo bastiones progresistas, el resto de las grandes instituciones que dominan el poder social están dominados por conservadores elitistas y reaccionarios: empresas transnacionales, inversionistas, medios de comunicación dominantes, ejércitos, iglesias de todo tipo.


De la misma forma que la cultura solía ser (y aún lo es, en términos generales) el reducto de la izquierda, las redes sociales lo son ahora de la derecha. Lo primero ya lo explicamos. ¿Cómo se explica lo segundo? Creo que se explica de la misma forma que se explica la antigua práctica de esclavos negros castigando con latigazos a sus hermanos esclavos, a los negros, a los indios más rebeldes. A los malos negros, a los malos indios. Es decir, por la falsa conciencia, por la moral parasitaria, aquella moral adptada para beneficiar los intereses ajenos.


Tal vez en unas pocas décadas, como siempre cuando la verdad ya no interese o sea inofensiva, descubriremos cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales, así como descubrimos, décadas después cómo la propaganda inaugurada por Edward Bernays en Estados Unidos y continuada brevemente por los nazis en Europa, manipuló la opinión y la realidad del mundo durante el siglo XX, desde los más pequeños hábitos consumistas a las mayores tragedias de la gran política, como las guerras y los golpes de Estado en Africa y en América Latina.


Por entonces, los gobiernos del mundo y las elites financieras tomaron una amplia ventaja de los nuevos medios de comunicación masivos e inmediatos (la radio, el cine y la televisión) como en el siglo XIX lo habían hecho con la prensa escrita, mientras los libros quedaron en manos de intelectuales del otro lado del espectro del poder (nótese cómo la misma palabra “intelectual” fue desprestigiada y desmoralizada por la propaganda, hasta el extremo de que hoy se precia y se paga más la estupidez que la inteligencia. Nadie se hace viral por genial sino por idiota, y tanto YouTube como las otras mega aldeas dominadas por un puñado de manipuladores, recompensa esta idiotez con miles de dólares, lo cual para ellos no llega a ser ni siquiera una propina. Si antes, apenas unas pocas décadas atrás era necesario ser Roberta Flack cantando Killing Me Softly With His Song para llamar la atención del mundo, hoy vale más una pobre mujer sentada en el inodoro y cantando sin armonía alguna “Sitting in tha Toilet” para hacerse una celebridad global, para recaudar una fortuna e inspirar a cientos de millones de jóvenes a lograr la misma hazaña.


Algunos de estos idiotas prestigiosos, paradigmas del antiintelctualismo, son llamados, en múltiples idiomas pero con la misma gracia y la misma palabra del inglés, “influencers”. Claro, eso sin contar los millones de idiotas que cada día trabajan gratis para estas megacorporciones tirándose de una escalera, rompiéndose la nariz, filmándose en el baño sin llegar siquiera a rescatar cincuenta centavos con los nuevos subscribers, pero aportando definitivamente a esa cultura de la estupidez y del odio neo tribal.


No lo sabemos todavía, no tenemos pruebas (más allá de la lectura de los patrones históricos que se parecen a la tabla periódica de Mendeleev con vacíos significativos), porque así es como funciona, según reconoció el mismo Bernays en los años noventa, al final de su vida: esa es la naturaleza del poder, estar en otro lado, no allí donde se supone que está, protegido por el anonimato y la ignorancia de quienes lo sufren o lo defienden.


La evidencia, el incontestable hecho de que el 0,01 por ciento de la población mundial ha secuestrado casi todos los progresos de la humanidad hasta el día de hoy, no se ve o no importa. Porque para eso, no por casualidad, está la nueva cultura planetaria. Y los esclavos continúan peleándose y odiándose entre sí, repitiendo las narrativas funcionales del poder y adoptando fervorosamente sus valores.


Por Jorge Majfud,  escritor uruguayo-estadounidense. Profesor en la Jacksonville University.

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Equidad fiscal no ha llegado al sector rural*

Las grandes extensiones de tierra improductiva, que no generan ingresos para los municipios, y la falta de un sistema de corresponsabilidad del Gobierno nacional para distribuir los recursos, son algunos factores que aumentan la desigualdad entre los departamentos del país, y que fueron identificados a partir del análisis de la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas como para las personas naturales.

El fenómeno social de la desigualdad es complejo porque está influido por múltiples factores. Al respecto es pertinente considerar las palabras del economista francés Thomas Piketty, quien señala que “cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época” (El capital en el siglo XXI, 2015).

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo y uno de los dos con mayor concentración de la riqueza en América Latina, la región más desigual. Esto se hace evidente no solo al analizar el índice de Gini (indicador de la desigualdad), sino también al revisar las brechas en la distribución del ingreso, las diferencias regionales y la dificultad para acceder a trabajos de buena calidad.

 

"El sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos".

 

Así mismo la desigualdad es más notoria ante una marcada in-movilidad social intergeneracional ascendente –incluso comparada con la de países de similar nivel de ingreso– que se retroalimenta con la exagerada concentración de Ingresos y riqueza prevaleciente de manera estructural en el país, realidad que se muestra en el libro (In-) movilidad social y democracia, de Luis Jorge Garay, publicado en 2018 por Ediciones Desde Abajo.

Los registros administrativos fiscales resultan ser los más confiables y útiles para analizar la dinámica de la concentración de la riqueza y del ingreso; la estructura de las exenciones y deducciones fiscales; y del gasto tributario, entre otros. Por tal razón, en el estudio adelantado por los autores del presente texto se utiliza la base de datos tributaria que publica la DIAN tanto para las personas jurídicas (PJ) como para las personas naturales (PN).

 

Concentración extrema

 

El patrimonio tanto de las PJ como de las PN se encuentra muy concentrado. En efecto, las declaraciones de renta presentadas en 2018 por las PJ muestran que el decil más rico de empresas concentró el 95,4 % de la riqueza total de las PJ en el país, consecuente con un índice de concentración Gini del 0,974 (el valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1. Siendo cero la máxima igualdad y 1 la máxima desigualdad). Es importante señalar que un grupo de 20.000 empresas presenta un patrimonio bruto igual a cero; el 19 % de ellas pertenece al sector “actividades de otras asociaciones no clasificadas previamente (NCP)”.

A su vez, el decil más rico de las PN (unas 300.000) declararon en 2018 un patrimonio líquido equivalente al 97 % del PIB, acumulando a su haber el 56 % del patrimonio total de las PN.

Dada la alta concentración de las PJ y las PN más ricas, al desglosar el decil 10 se encuentra que:

(i) El subdecil 10 de las PJ superricas aglutina hasta el 88 % del patrimonio de las PJ más ricas, manteniéndose la concentración patrimonial (índice Gini de 0,8291) y destacándose el hecho de que cerca de 500 empresas serían las PJ super superricas del país, al concentrar el 57 % del patrimonio bruto de las PJ.

(ii) En el caso de las PN más ricas del país, los subdeciles 9 y 10 de los super superricos concentran el 60 % del patrimonio bruto y el 61 % de total de las rentas líquidas cedulares de las PN más ricas (del decil 10), con un índice Gini para las super superricas (del subdecil 10) del 0,56 en el caso del patrimonio.

Ello muestra el muy elevado grado de concentración aún al nivel del 1 % de las PN y las PJ superricas del país, lo que no contradice la tendencia observada en diversos países durante los últimos años, aunque el caso colombiano sí sobresale por la agudización del fenómeno de sobreconcentración y desigualdad.

Esta situación se agrava aún más en la medida en que el sistema tributario prevaleciente en Colombia no solo no contribuye a reducir la desigualdad, como ocurre en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que la mantiene e incluso la reproduce aún después de impuestos.




Fuente: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2017/efectos-de-la-politica-fiscal-en-la-equidad_9789264266391-6-es#page1

 

Es evidente que los privilegios tributarios, además de erosionar la base gravable del impuesto sobre la renta, hacen que la tarifa efectiva promedio (impuestos pagados/ingreso bruto) de las PJ y de las PN resulte ser muy baja, beneficiando en gran medida tanto a las PN como a las PJ con mayores ingresos, en especial a las superricas. Es así como la tarifa efectiva promedio del impuesto a la renta para las PJ en 2017 fue casi la décima parte de la tarifa nominal promedio, como resultado de los tratos diferenciales “pro rico”, al punto que la tarifa efectiva –teniendo presente los cargos tanto a la nómina como al patrimonio– alcanzaría el 5,6 % en el decil 1, y el 5,4 y 5,0 % en los deciles 9 y 10.

Lo anterior permite corroborar con certeza la existencia de un espacio suficiente para implantar una mayor tributación progresiva efectiva sobre las PJ más ricas (pertenecientes a los deciles 8, 9 y 10) y especialmente sobre las superricas, sin que ello por sí solo pudiera poner en riesgo su capacidad de inversión, acumulación y expansión, ni su potencialidad competitiva internacional.

A su turno, las PN más ricas del país (del decil 10) tuvieron una tarifa efectiva promedio del 11,3 % para el caso de las rentas laborales y pensiones; del 2,6 % para las rentas de capital y no laborales; y del 1,1 % para dividendos y participaciones, por lo que las más beneficiadas por el estatuto tributario vigente en 2017 fueron las que recibieron mayores rentas por concepto de capital y dividendos, con el agravante de que las PN super superricas se usufructuaron todavía de menores tarifas efectivas.


Para el profesor Jorge Enrique Espitia, del Centro de Pensamiento en Política Fiscal de la UN, “el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”.

Así pues, la multiplicidad de tratamientos tributarios preferenciales a favor especialmente de las PJ y de las PN más ricas –sobre todo las superricas y super superricas–, privilegiando a las rentas de capital y los dividendos y participaciones con respecto a las rentas laborales, y diferenciando entre sectores de actividad, entre otros, conducen a:

- un bajo esfuerzo fiscal efectivo para la economía en su conjunto,
- drásticas inequidades tanto horizontales como verticales y sectoriales,
- elevados grados de ineficiencia administrativa, y
- exagerados niveles de evasión y elusión tributarios.

En este sentido, el estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

De ahí la urgencia de establecer una drástica disminución de deducciones, exenciones y otros tratos preferenciales, especialmente a las PN y a las PJ declarantes con mayores ingresos, con miras a avanzar en el desmonte de factores determinantes de la inequidad y regresividad del estatuto tributario colombiano, y así poder contribuir a la reducción de los inaceptables niveles de desigualdad y exclusión social en el país. Además, una política de esta naturaleza permitiría aumentar el recaudo tributario con respecto al PIB, reducir la tarifa nominal del impuesto sobre la renta y aumentar su respectiva tarifa efectiva.
Según el investigador Luis Jorge Garay, muchas veces la alta concentración lleva a que la tierra se vea como un elemento de concentración de poder económico y político y no como un insumo para la producción.


Geografía de la desigualdad

 

El Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE en 2014 encontró que el territorio nacional está constituido especialmente por bosques (un 56 % de las 111.453.000 hectáreas censadas en 2014 en todo el país), un 43 % de ellos localizados en territorios no étnicos (27 millones de hectáreas), y cerca de un 40 % en actividades agropecuarias, pero con más de la mitad de esta extensión dedicada a pastos y con el agravante de que solo el 20 % se dedica a un verdadero uso agrícola.

Este patrón de especialización contradice abiertamente la vocación de uso del suelo. En efecto, mientras que las áreas apropiadas para la ganadería alcanzarían menos de 8 millones de hectáreas, el Censo 2014 reporta un área ciertamente utilizada de 24 millones de hectáreas, es decir tres veces más de la adecuada. Entre tanto, el área apropiada para la agricultura ascendería a 15 millones de hectáreas, casi el doble del área efectivamente reportada por el Censo de apenas 8,5 millones.

Una parte importante de esta inadecuada especialización espacial se relaciona con una tenencia de la tierra altamente concentrada en pocos agentes sociales a nivel territorial. Es así como el 1 % de las unidades productoras (UP) concentra el 42 % del territorio nacional, y, aún más, el 0,25 % acumula hasta un 74 % de dicha área, en contraste con el 70 % que cuenta con menos de 5 hectáreas y que su extensión acumulada cubre apenas un 1,98 % del área total del territorio nacional. Así, la distribución de la tenencia de tierra es tan concentrada que el índice Gini nacional supera el 0,829 (en términos de las cantidades de UP por tamaño). Ello lleva a posicionar a Colombia entre los tres primeros países del mundo con mayor desigualdad en la tenencia de la tierra.

De igual manera, en el ámbito territorial se constatan altos niveles de desigualdad en términos no solo de la concentración de la tenencia de la tierra sino también del PIB por habitante y de la pobreza, entre otros.

Al aplicar unos sencillos modelos de regresión sobre los factores determinantes del ingreso per cápita –la pobreza multidimensional y el esfuerzo fiscal municipal– se corrobora que la elevada concentración de la tierra, al igual que una alta proporción de UP del régimen de propiedad y un mayor tamaño relativo de las UP agropecuarias, son algunos de los factores que impactan negativamente el ingreso promedio, aumentan la pobreza rural y reducen el esfuerzo fiscal municipal.

El estatuto tributario prevaleciente en el país no satisface los criterios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia.

Este comportamiento está relacionado con un acendrado rentismo prevaleciente –que va más allá de la mera búsqueda de rentas (rent seeking)–, según el cual la tierra es concebida básicamente como un factor para acumular poder en sentido amplio (político; social; militar y especulativo; y subsidiariamente productivo), no como un verdadero factor de producción, y menos como una riqueza natural socioecológica.

Ante esta situación el país afronta la necesidad de progresar en la construcción de un verdadero “contrato societal” sobre la estrategia de desarrollo social y económico en la que un pacto societal fiscal y un pacto societal alrededor de la tierra, su redistribución y su aprovechamiento sean dos de sus elementos constitutivos centrales, sustentado en amplios consensos fruto de un proceso deliberativo incluyente, como una condición para avanzar hacia una democracia justa, moderna e incluyente.

 

* Este artículo presenta algunos de los principales resultados de la investigación que recogerá el libro Dinámica de las desigualdades en Colombia: socioeconómica, tributaria y territorial, que se encuentra en proceso de publicación.

 

Luis Jorge Garay Salamanca ingeniero industrial y economista, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).
Jorge Enrique Espitia profesor e investigador, Centro de Pensamiento en Política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

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Cómo ganar las elecciones con Whatsapp desde Brasil hasta la India

El omnipotente conglomerado GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter), asociado al Pentágono en su segmento Defence Innovation Board, desató una intensa polémica con Trump, quien critica el monopolio cibernético de Silicon Valley (https://wapo.st/2J3H1nj), y con Europa, donde se exige su regulación y atomización (https://econ.st/2Y3JTE6).

Hoy Twitter México/Latinoamérica se encuentra en la picota por sus usuarios debido a la flagrante parcialidad de su director Pepe López Ayala: proto-fascista aliado del Partido Popular español quien no oculta su intrusión en las elecciones (https://bit.ly/2vaEVZJ) y quien ha sido expuesto por su proclividad neofranquista/neoliberal/neopinochetista (https://bit.ly/2vmxf6V).

El común denominador de las críticas altisonantes versa sobre el manejo cautivo de los bots y su “granja de trolls” con el fin de modular a la opinión publica y redireccionar el voto manipulado de los electores.

Cambridge Analytica, hoy extinguida, redireccionó el voto a favor del Brexit y la elección de Trump (https://bit.ly/2TPXEUO).

Ahora la aplicación Whatsapp ha sido colocada en la picota, a lo que se ha sumado en forma sorprendente The Financial Times (04/05/19) vinculado por medio del grupo Pearson, junto con The Economist, a la Banca Rothschild y a su instrumento George Soros: señalado de ser "socio" del mandamás de Facebook (https://bit.ly/2R2Lhnl).

Whatsapp fue adquirida en 2014 por Facebook en 22 mil millones de dólares y cuenta con 500 millones de usuarios, siendo la aplicación más popular en India (300 millones: la mayor del mundo) y Brasil, además de Gran Bretaña, España y Francia.

En India, Financial Times alerta que se puede escenificar una "elección Whatsapp", la cual "podría también configurar su futuro político".

El partido gobernante Bharatiya Janata, del "nacionalismo hindú", utiliza Whatsapp "para librar una de las más sofisticadas campañas políticas digitálicas en el mundo".

John Gapper (FT 16/04/19) había advertido que "Whatsapp es una versión sombría de la democracia" y que la elección general en India, donde votarán del 11 de abril al 19 de mayo 900 millones, "demuestra los riesgos de las plataformas de las redes sociales".
Ahora los clásicos "mensajeros del odio (palabra de moda)" son quienes acusan a sus adversarios de imitarlos, como si el "odio" fuera monopolio exclusivo de un tipo dado de supremacismo racista.

Financial Times admite que Bolsonaro ganó la elección "ayudado en parte por una ola de rumores tóxicos y desinformación, la mayoría propalados por Whatsapp". Ahora se requiere de mercadólogos creativos de las mentiras tóxicas para ganar una elección, como sucede en México con el uso vicioso y antidemocrático del grupo panista de los ex presidentes Fox y Calderón y sus conspicuos aliados propaladores de la "trama rusa" y la Operación Berlín (https://bit.ly/2UrdBVm), con el fin de desestabilizar al gobierno y pretender obtener por vías subversivas lo que perdieron en las urnas electorales.

En Brasil, con 120 millones de usuarios de Whatsapp, se manejó que la manipulación con fake news ayudaron a la elección a la presidencia del ex capitán Jair Bolsonaro. The Conversation denunció que la “postura sesgada de Whatsapp “en la elección de Brasil, demuestra el "peligro a la democracia de las redes sociales debido a la desinformación" (https://bit.ly/2J56o8m).

Los gobiernos masoquistas y los ciudadanos afectados por la obscena toma de partido del GAFAT, al unísono de su extraterritorialidad jurídica y su atentado a la soberanía cibernética de los países, no han tomado medidas precautorias y regulatorias ante el totalitarismo orwelliano de las plataformas monopólicas que controlan las redes sociales.

La tecnología en si es neutral y depende del uso que se le da. Lo grave radica en el monopolio de las plataformas.

El combate a los monopolios y la democratización de las plataformas –donde Latinoamérica, África, Europa y gran parte de Asia se encuentran ausentes– sería el antídoto para la deliberada propagación selectiva de fake news.

AlfredoJalife.com

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Autocrítica comunicacional y cultural. Geopolitica de todo lo que no hicimos

Estamos bajo el fuego de (al menos) tres guerras simultáneas: una guerra económica desatada para dar otra “vuelta de tuerca” contra la clase trabajadora, una guerra territorial para asegurarse el control, metro a metro, contra las movilizaciones y protestas sociales que se multiplican en todo el planeta y una guerra mediática para anestesiarnos y criminalizar las luchas sociales y a sus líderes. Tres fuegos que operan de manera combinada desde las mafias financieras globales, la industria bélica y el reeditado “plan cóndor comunicacional” empecinado en silenciar a los pueblos. Todo con la complicidad de gobiernos serviles especialistas en gerenciar los peores designios contra la humanidad. Hay que decirlo con claridad y sin atenuantes. 

En particular, pero no aislada, se ha desatado contra el pueblo trabajador, de todo el planeta, una guerra mediática sin clemencia (aunque algunos todavía se nieguen a verla). Tal guerra mediática es extensión de la guerra económica del capitalismo y es inexplicable sin explicarse (histórica y científicamente) cómo opera el capitalismo en sus fases diversas incluyendo su actual fase imperial. La guerra contra los pueblos no se contenta con poner su bota explotadora en el cuello de los trabajadores, quiere, además; que se lo agradezcamos; que reconozcamos que eso está “bien”, que nos hace “bien”; que le aplaudamos y que heredemos a nuestra prole los valores de la explotación y la humillación como si se tratara de un triunfo moral de toda la humanidad. La guerra oligarca contra los pueblos nunca ha sido sólo material y concreta… ha sido ideológica y subjetiva. Nada de esto es nuevo, no se anota aquí como descubrimiento ni como verdad revelada, es la condena de clase sobre la que se verifica nuestra existencia. Mayormente en silencio.


Al lado de las consecuencias concretas de la “triple guerra”, que en cada país deja huellas específicas, está el problema de entender sus efectos supra, trans e intranacionales. Una parte del poder económico-político de las empresas trasnacionales tiene su identidad vernácula desembozada o maquillada por prestanombres de todo tipo. Se trata de una doble articulación alienante que supera a los poderes nacionales (no tributa, no respeta leyes y no respeta identidades) mientras ofrece respaldo a operaciones locales en las que se inclina la balanza del capital contra el trabajo. Así empresas como Shell (energética) aliada con bancos locales o internacionales, financia frentes mediáticos (televisoras, radios, periodistas, prensa) y promueve “estrategias” de defensa para los estados aliados. Sus aliados. El discurso financiado es un sistema de defensa estratégica transnacional operada desde las centrales imperiales con ayudas vernáculas. Mismo modelo imperial con décadas de añejamiento pero tecnología actualizada. Es decir, nada de esto es nuevo, lo supimos y los sabemos.


En su fase “neoliberal”, o neocolonial, el capitalismo imperializado se dispuso a descargar contra la clase trabajadora el peso de la crisis financiera provocada por ellos en el año 2008. Han instrumentado modelos bancario-financieros de endeudamiento y dependencia monetaria inspirados en la retracción del papel del Estado para reducir y suspender derechos históricos adquiridos. Y, al mismo tiempo, se multiplican las bases militares con objetivos represores enmascarados bajo todo tipo de disfraces. Y ahí, las alianzas de los “medios de comunicación” que conforman un plan de discurso único directamente entregado a camuflar las guerras judiciales, las guerras económicas y los muchos episodios de represión, táctica y tecnológicamente, actualizados.


Nuestro presente está teñido por una red de emboscadas “políticas” en las que lo menos importante es fortalecer las democracias, devolverle el habla a los pueblos y garantizar la soberanía económica. Todo lo contrario, reinan por su estulticia los peores ejemplos con las peores prácticas desde Brasil hasta Honduras, desde la deformación grotesca de instituciones como la OEA hasta desfondar iniciativas nacientes como UNASUR. Quedaron desnudas mil y una tropelías de jueces y tribunales que a contra pelo de toda justicia desatan persecuciones, encarcelamientos y condenas basadas en la nada misma, o dicho de otro modo, basada en cuidar los intereses del gran capital vernáculo y trasnacional que funge como su verdadero jefe. Hoy contamos con un repertorio muy completo y complejo de tipologías y secuencias diseñadas para la ofensiva triple que aquí se describe.


No obstante, contra todas las dificultades y no pocos pronósticos pesimistas, los pueblos luchan desde frentes muy diversos y en condiciones asimétricas. Con experiencias victoriosas en más de un sentido es necesaria una revisión autocrítica de urgencia mayor. Intoxicados, hasta en lo que ni imaginamos, vamos con nuestras “prácticas comunicacionales” repitiendo manías y vicios burgueses a granel. La andanada descomunal de ilusionismo, fetichismo y mercantilismo con que nos zarandea diariamente la ideología de la clase dominante, nos ha vuelto, a muchos, loros empiristas inconscientes capaces de repetir modelos hegemónicos pensando, incluso convencidos, que somos muy “revolucionarios”. Salvemos de inmediato a las muy contadas excepciones.


Tan delicado como imitar contenidos es imitar formas. Las formas no son entidades a-sexuadas o inmaculadas, quien lea información seria (pero con el estilo de los noticieros mercantiles) deberá someter su esquizofrenia al veredicto de algún tratante especializado. Al menos, claro, que lo hiciere con ironía intencional y entendible. Quien redacte, hable o actúe, incluso sin darse cuenta, como redactan, hablan o actúan los referentes mercantiles de los mass media, con el pretexto de que “eso si llega”, de que “así la gente entiende”, de que “esto vende”… repite una trampa lógica en la que se corren riesgos de todo tipo, comenzando por legitimar el modo dominante para la producción de formas expresivas. No quiere decir esto que no se pueda expropiar (consciente y críticamente) el terreno de las formas para ponerlas al servicio de una transformación cultural y comunicacional pero debe tenerse muy en cuenta, qué realmente es útil y por qué no somos capaces de idear formas mejores. Hay que estudiar cada caso minuciosamente y eso es algo que muy poco se hace.


Todavía somos víctimas del individualismo y no logramos construir la unidad de clase que nos permita aliar nuestras fuerzas comunicacionales en torno a un programa emancipador. Muchos se sienten “genio único” y “gurú” revelador de verdades mesiánicas. Uno de los cercos mediáticos más duros de romper está en la certeza soberbia -e individualista- del que se piensa “genio comunicacional” poderoso. Por eso nos derrotan con toda facilidad mientras las oligarquías se organizan y se reordenan para atacarnos. No es que seamos incapaces de lograr metas magníficas, el problema es que estamos desorganizados y no logramos concretar la dirección que nos haga entender el lugar que tenemos en la batalla comunicacional, unidos.


Todavía somos víctimas de la improvisación empirista. No pocos padecen alergia al estudio y no pocos sufren mareos sólo de pensar en planificar racionalmente las tareas que nos tocan. Por eso muchos repiten y repiten errores que no se cometerían con sólo abrir las páginas de algún libro medianamente especializado -y serio- o con trabajar en colectivo con las bases. Por eso, no pocos salen a filmar documentales, a grabar programas radiofónicos, salen a escribir reportajes o entrevistas… sin saber, siquiera, el nombre de sus interlocutores. Por eso muchos se sienten frustrados por los magros resultados, cuando el problema está en el método y en su praxis.


Todavía perdemos horas y días y semanas y meses buscando desesperadamente a quien echarle la culpa de nuestras “desgracias”. Hay camaradas que se resisten a entender que sólo la fuerza organizada de la clase trabajadora podrá generar las transformaciones que necesitamos y que de nada sirven las rogativas a las puertas de las burocracias ni de las sectas iluminadas.


Nos equivocamos si creemos que “nos las sabemos todas”. Nos equivocamos si pensamos que nuestros diagnósticos inventados en noches diletantes son la “verdad revelada”. Nos equivocamos si no trabajamos en un frente de base al lado de los trabajadores que luchan por emanciparse. Nos equivocamos si creemos que todo se logra saliendo en la tele o siendo famosos. Nos equivocamos si abandonamos la militancia directa en las organizaciones de base. Nos equivocamos si creemos que los medios de comunicación lo “arreglarán” todo. Nos equivocamos si creemos que con “mensajes” ultra-revolucionarios se logra mágicamente el avance de la conciencia. Nos equivocamos, en fin, si nos contentamos con repetir fórmulas y especialmente las fórmulas que la burguesía ha ideado para someternos y no nos damos cuenta. Es verdad que ellos generan efectos poderosos en nuestra contra pero nada serían si no dominaran, primero, la base económica y política desde donde financian sus máquinas de guerra ideológica.


Ninguno de nuestros errores podrá borrar los aciertos magníficos que siguen siendo orientadores e inspiradores. Pero no olvidemos que la primera de las manías, primera en importancia por su carácter dañino, es la carencia casi total de autocrítica y que somos víctimas de una especie de soberbia voluntarista plagada con empirismos de todo tipo. “Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase” Lenin.


Esto no es un réquiem. Insistamos. Aunque hoy parece una “perogrullada” que, a fuerza de repetirse, puede perder “sentido”, conviene recordar (aunque moleste) que una de nuestras grandes debilidades y fallas, se expresa en la incapacidad para transmitir nuestras ideas y acciones. Especialmente las ideas y las acciones de los frentes sociales y sus luchas emancipadoras. Queden salvadas las excepciones honrosas.


Transferimos al aparato empresarial bélico, bancario y mediático -sin frenos y sin auditorias- sumas ingentes. Hicimos leyes que no cumplimos, adquirimos tecnología sin soberanía, no consolidamos nuestras escuelas de cuadros, no creamos una corriente internacionalista para una comunicación emancipadora organizada y apoyada con lo indispensable, no creamos las usinas semióticas para la emancipación y el ascenso de las conciencias hacia la praxis transformadora, no creamos un bastión ético y moral para el control político del discurso mediático y el desarrollos del pensamiento crítico… y no es que falten talentos o expertos, nos es que falte dinero ni que falten las necesidades con sus escenarios. Hizo estragos, nuevamente, la crisis de dirección política transformadora. Hablamos mucho, hicimos poco. Ni el “Informe MacBride” (1980) supimos escuchar y usar como se debe.


Se ha convertido en una “tara” echar la culpa de todos nuestros “males” a los “medios de comunicación” de la clase dominante. Un recurso “fácil” que por su obviedad parece incontestable y parece reducto inapelable para refugiar a ciertos discursos plañideros. Cuando la culpa (toda la culpa) es de los “malos”, y nada se explica por los errores que cometemos, tributamos pleitesía a una emboscada que nos tendemos nosotros mismos para quedar encerrados en justificaciones a granel y con pocas esperanzas de superación concreta.


Nuestra dependencia tecnológica en materia de comunicación es pasmosa, gastamos sumas enormes en producir comunicación generalmente efímera y poco eficiente, nuestras bases teóricas están mayormente infiltradas por las corrientes ideológicas burguesas que se han adueñado de las academias y escuelas de comunicación, no tenemos escuelas de cuadros especializadas y no logramos desarrollar usinas semánticas capaces de producir contenidos y formas pertinentes y seductoras en la tarea de sumar conciencia y acción transformadora. Con excepción de las excepciones.


Para colmo, la clase dominante desarrolla permanentemente medios y modos para anestesiarnos sin clemencia. Inventa falsedades alevosas que transitan con impunidad, y sin respuesta, a lo largo y ancho del planeta, siempre con un poder de ubicuidad y de velocidad que nosotros no podemos siquiera medir ni tipificar en tiempo real. Y la inmensa mayoría de las veces lo miramos desde nuestras casas (dormitorios incluso) en forma de “noticieros”, “entretenimiento” o reality show. Consumismos sus productos, engordamos sus rating y rumiamos nuestra impotencia, hacemos catarsis indignados y enredados en frases hechas mayormente inútiles e intrascendentes. Eso es parte de la guerra.


No es que falten iniciativas o buenas voluntades que asumen su papel y emprenden tareas en la lucha comunicacional bien cargadas con intereses muy diversos y (a veces) contradictorios. Algunas son iniciativas que anhelan dar pasos transformadores jalonando a destajo voluntades de todas partes. Otras veces, las menos, surgen tareas comunicacionales desde el corazón de las luchas sociales para especializarse, casi exclusivamente, en sí mismas. El panorama es de un archipiélago inmenso cargado con buenas ideas pero inconexo. Una muchedumbre de iniciativas sin programa de acción común. Fuerza debilitada. No nos detendremos en analizar ciertos sectarismos, individualismos, egolatrías ni oportunismos que hacen de las suyas de manera desigual y combinada. Con sus debidas excepciones.


Visto así, en lo general, vale decir que ya a nadie le sorprende -ni le ofende- semejante panorama. Nos acostumbramos. Hemos sido más audaces en el diagnóstico que en la acción. Ha sido más grande la petulancia que la eficacia. Somos campeones del empirismo ciego y le rendimos culto a la palabrería “progre” antes que a la acción organizada de la clase trabajadora en pie de lucha. Vamos a palos de ciego “dando respuestas artesanales” a la segunda mega industria de la guerra ideológica que más recursos económicos y tecnológica mueve en todo el planeta. Nos derrota más el auto-engaño que la fuerza. Pontificamos soluciones sin un programa de lucha, de unidad y consensuando porque, entre otras cosas, creemos que tenemos la razón y no tenemos por qué entablar acuerdos de lucha unificados. Por cierto “unidad” no es uniformidad.


Claro que hay grandes iniciativas y grandes avances. Claro que contamos con victorias de lo particular a lo general y viceversa. Claro que en nuestras filas hay grandes genios y genialidades individuales y colectivas. Y claro que con eso no nos alcanza en una lucha que además de su amplitud, duración y profundidad, crece exponencialmente porque, además de su carácter alienante, es un gran negocio muy rentable. El negocio de embrutecernos.


No vamos a salir del atolladero haciendo promesas para dejarlas truncas. No tenderemos fuerza comunicacional improvisando siempre mientras aguardamos que las “musas” nos iluminen. No conseguiremos transmitir nuestras ideas, ni construiremos un plan de lucha conjunto, aislados por nuestros egos ni resignados a la marginalidad. La clave no es imitar las fórmulas del éxito burgués ni copiar a sus operadores ideológicos creyendo que, siguiendo las biblias del márquetin, vamos a ser exitosos progres. Necesitamos organizar una lucha comunicacional y cultural que no repita los errores ni las taras más comunes y necesitamos romper todo cerco entre nosotros mismos comenzando por poner en agenda, y acompañar sistemáticamente, las luchas del pueblo trabajador. Necesitamos que nuestra agenda prioritaria en comunicación no seamos nosotros mismos sino las luchas transformadoras de la clase trabajadora y de su mano. Hombro con hombro. No adelante, no encima. Estamos a tiempo.

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La salud en el Plan Nacional de Desarrollo: de mal a peor**

Para revisar, analizar y proyectarnos en relación al tema de salud en el PND Duque, debemos partir del pacto por la equidad, donde plantea “la necesidad de alcanzar un consenso sobre una visión de largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con cobertura universal sostenible financieramente y acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que enfrenta Colombia”.

 

Ni calidad, ni equidad financiera, ni preservación de lo público en salud

 

Para así proceder, proyecta un conjunto de medidas en el articulado de la propuesta del PND relacionadas con temas de competencias en salud por parte de la nación y de los departamentos; destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud; distribución de los recursos de aseguramiento en salud y de los recursos del componente de salud pública y subsidios a la oferta; pago de servicios y tecnologías de usuarios no afiliados; sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales; giro directo; eficiencia del gasto asociado a la prestación del servicio y tecnologías no financiados con cargo a los recursos de la UPC; incentivos a la calidad y los resultados en salud; solidaridad en el sistema de salud; integrantes del SGSSS; cotización de trabajadores independientes y exoneración de aportes.

En relación con la institucionalidad pública para la atención de la salud de la población, la propuesta del PND es totalmente débil y sigue privilegiando la red privada por encima de la red pública en salud (la que involucra los centros de salud, los hospitales de primer nivel, regionales y universitarios, que son los que atienden a los sectores más marginales, pobres y dispersos de la población en el país).

 

En los artículos

 

El artículo 56 impone a los Hospitales Públicos su sometimiento a planes de saneamiento fiscal y financiero a cargo del Ministerio de Hacienda so pena de ser liquidados; el artículo 129 destinan recursos para subsidio a la oferta de los hospitales públicos (que debe ser el tipo de oferta dominante en el sistema de salud, que quiere decir que el Estado le pasa un presupuesto anual a las instituciones para su funcionamiento, de manera directa sin ninguna intermediación), pero solo el 2 por ciento de los recursos del sistema general de participación, que es un monto totalmente insuficiente, y el artículo 135 que deja opcional la medida del giro directo, que tenía un carácter obligatorio para el régimen subsidiado y para las EPS que tiene  medidas de vigilancia especial por parte de la Supersalud, con lo que se afecta la llegada de recursos de los hospitales aumentando su inviabilidad1.

 

Más de lo mismo

 

Es evidente que vuelve este gobierno, como los anteriores, a enfatizar en la sostenibilidad financiera del sistema, un tema recurrente en el abordaje del sistema de salud colombiano, lo que realza una comprensión absolutamente limitada de la salud, plegada a la atención a la enfermedad y no comprendida en su

complejidad ligada a las condiciones en que se vive y se trabaja, lo que demanda políticas de bienestar más allá de colocar toda la carne en el asador del sistema de salud, en donde ya muchas investigaciones demuestran que solo aporta en un 11 por ciento a la construcción social de la salud.

Esta visión reducida se observa claramente en el artículo 128 sobre la destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud, que plantea que el 90 por ciento de estos recursos vaya al componente de aseguramiento en salud de los afiliados al Régimen Subsidiado y el 10 restante para el componente de salud pública y subsidios a la oferta.

Acá se asume que lo importante es que la gente esté asegurada, a pesar de saber que no es garantía de atención, aunque se esté afiliado. Se equipara aseguramiento a equidad, que no tiene sustento, en tanto por la vía del aseguramiento no se recibe lo que se requiere en salud de acuerdo a las necesidades individuales y a los contextos territoriales, sino de acuerdo a la capacidad de pago, que establece el paquete de servicios que se recibe. Quien paga más, recibe más, quien paga menos, recibe menos. No se recibe de acuerdo con lo que se requiere. Esto claramente no es una vía para alcanzar la equidad en salud.

Adicional a esto, colocan todo el esfuerzo financiero en la atención a la enfermedad. ¿Por qué no invertir esta fórmula?, ¿por qué no colocar el 90 por ciento de los recursos de salud de la nación a mejorar lo sanitario, lo ambiental, lo alimentario de la población?, que de así proceder, seguro, alcanzaríamos una condición mejor de salud para la población, como lo demuestran las experiencias en los países que así lo hacen.

Pero claro, hay que entender que el negocio está en el aseguramiento, el negocio está en la atención a la enfermedad; producir salud mejorando el bienestar y la vida de la gente no renta para los actores de mercado metidos en el negocio de la salud.

En relación a la propuesta de saneamiento financiero del sistema, que es una de las mayores preocupaciones, las fórmulas no son distintas a las planteadas por gobiernos anteriores: control de pagos al PBS (Plan de Beneficios de Salud) estableciendo un listado exhaustivo y topes para el pago; pago directo a las EPS, IPS y a los proveedores de tecnologías y medicamentos; inyección de recursos públicos al sistema para sanear las deudas, que fue lo que denomino Duque en su campaña como “Acuerdo de Punto Final”; y mecanismos para que sean el menor número de personas posibles las que reciban subsidios completos.

El artículo 133 correspondientes al acuerdo de punto final, pretende cargar las deudas del sistema de salud (cercanas a 10 billones de pesos), al conjunto de la población, en tanto los recursos de donde derivaran los pagos provendran del Presupuesto General de la Nación, obtenido en gran parte de los impuestos que paga la ciudadanía. Así, de nuevo vuelve y juega la fórmula ya instalada en estos contextos: salvar a las entidades privadas con los recursos públicos.

Asimismo, vuelve y aparece la propuesta de incentivos a la calidad y los resultados en salud (Art. 137), planteándose que habrá unos incentivos monetarios, de reconocimiento social y empresarial para los distintos actores del sistema de salud que demuestren calidad y resultados. Esto no opera en un sistema de salud con lógica de mercado, donde lo sustancial es la relación costo-beneficio de sus actividades, que subordina la calidad, la calidez y la garantía real del derecho a la salud.

Aparecen varias perlas en el articulado, dos para destacar: una es lo que eufemísticamente denominan solidaridad en el sistema de salud, que consiste en que los afiliados al Régimen Subsidiado, que de acuerdo con el Sisbén sean clasificados como no pobres o no vulnerables, deberán contribuir solidariamente al sistema de acuerdo con su capacidad de pago parcial, definida según el mismo Sisbén (Art. 138). La otra, es que los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización sobre una base mínima de cotización del 55 por ciento del valor de los ingresos (Art. 140), por ahora lo hacen sobre el 40.

Como se observa, la propuesta del PND en salud es más de lo mismo: no hay cambio de orientación, no hay cambios estructurales, el foco sigue siendo lo financiero y no la salud de la gente, a pesar de que retóricamente hablen de calidad y de equidad. Acá la gente está para financiar el negocio, bien pagando donde no tiene que pagar, bien recibiendo menos sueldo, bien pagando más impuestos, bien subsanando los detrimentos y la corrupción de los entes privados con dineros públicos. Los que van a seguir felices son los actores de mercado que no son tocados y seguirán lucrándose a expensas de la salud y la vida de la gente.

 

Construir un real pacto social por la salud

 

Esta propuesta de PND sigue el mismo camino ya recorrido por los gobiernos anteriores, basado en diagnósticos parciales, con análisis acomodados y generando terapias incorrectas, pero útiles a los mercaderes de los asuntos de la gente que ven como negocio: los recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación, el saneamiento.

Con lo proyectado por este PND no es posible alcanzar los objetivos trazados en materia de salud, en tanto no logra una visión consensuada y de largo plazo del sistema, ni atención centrada en calidad hacia el paciente, ni equidad financiera, ni un énfasis en la salud pública con una aproximación diferencial al territorio, tal como lo considera el mismo DNP. Una real desconexión entre el propósito y las formas de logarlo.

La propuesta del PND de realizar un gran pacto de todos por la sostenibilidad de la salud, es un planteamiento de antaño de los sectores sociales, de académicos y políticos, pero no precisamente en clave de sostenibilidad financiera del sistema de salud, sino en clave de configurar un conjunto de políticas públicas y un sistema de salud que con certeza afecten y transformen positivamente las determinaciones sociales de la salud, relacionadas como se ha dicho ya con las condiciones de vida y trabajo.

¿Será que el gobierno nacional, las EPS, la industria, los proveedores de insumos y medicamentos, los médicos, los hospitales y clínicas, si estarían dispuesto a liderar un proceso de pacto en conjunto con la academia, las organizaciones sociales, los gremios de trabajadores de la salud y el conjunto de la ciudadanía, no para como dice el Ministro de Salud “cuidar y usar adecuadamente, entre todos, el sistema de salud”, sino para configurar políticas y un sistema de salud que produzca salud y no exclusivamente atención a la enfermedad, es decir un pacto social que aborde a la salud como un derecho humano fundamental, en toda la complejidad de su contenido, y no como mercaduría?

La experiencia en todos estos años nos ha demostrado que esto es improbable y el camino trazado por la propuesta del PND, por desfortuna, lo ratifica. Una vía realmente participativa solo será posible con una amplia y fuerte movilización del conjunto de la sociedad, que reconozca que 25 años con este sistema de salud, implantado por la Ley 100, son suficientes y que requerimos una nueva forma de comprender, diagnosticar y abordar la salud en el país, una forma que enfrente las injusticias en salud y que tome en cuenta realmente las dinámicas regionales y poblacionales.

 

** Una versión previa de este articulo apareció en el Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición 623, 15 de febrero de 2019.
1 Corcho, Carolina (2019). La salud pública en riesgo en el Plan Nacional de Desarrollo. Revista Sur. https://www.sur.org.co/la-salud-publica-en-riesgo-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/
** Médico Salubrista, Profesor Universidad Nacional de Colombia

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Miércoles, 01 Mayo 2019 10:54

Matar, negar…y objetar

Matar, negar…y objetar

“No tenemos ojos, ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. De botas, armas, viudas y huérfanos llenaron esta tierra, que muy rápido cambió de dueños. No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lágrimas que inundan los caminos del destierro y el despojo de miles de familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y las manos manchadas de sangre”.

Jesús Abad Colorado (retratista de la guerra)

Tan sólo dos semanas después que Iván Duque anunciara la objeción de seis artículos de la Justicia Especial para la paz (JEP) –en otro intento de desestructuración de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto armado con las Farc–, la Cruz Roja publicó el balance del 2018 sobre derechos humanos titulado Retos humanitarios 2019, en el que afirma que “La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”. Denuncia en su informe esta entidad, asimismo, que en el último año el número de desplazados pasó de 14.594 a 27.780, así como que cada cuatro días es registrado un nuevo caso de desaparición forzada.

El anuncio presidencial, en contraste con el de la organización internacional, es muestra, una vez más, de la marcada bipolaridad que padece el país entre una realidad innegable de inusitada violencia, por un lado, y la negación de su existencia o el sabotaje a los intentos de su superación, del otro, y que ha determinado la simultaneidad y, seguramente, la complementariedad, entre una formalidad de aparente estabilidad política y un amplio espectro de cruentas y sistemáticas prácticas que incluye masacres, desplazamientos, asesinatos fuera de combate y desapariciones forzadas. En el mundo imaginario de la “normalidad” viven políticos, académicos y los sectores de la población con mejores ingresos, pues escapan a los rigores directos del conflicto; en el de la realidad del atropello, los grupos subordinados que son quienes los sufren.

“Colombia asesina”

En noviembre 20 de 1986, el conocido historiador británico Eric J. Hobsbawm publicó, en New York Review of Books, un artículo titulado ‘Colombia asesina’. El escrito fue escrito al cumplirse un año de la tragedia de Armero, en la que la negligencia oficial –algunas versiones sostienen que no fue negligencia sino un hecho criminal consciente para evitar el problema social que representaba evacuar sus 25.000 habitantes– tuvo como resultado la muerte de más de 23.000 personas, y también al año de la toma del Palacio de Justicia, que tuvo un saldo cercano a los cien muertos, incluida la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia. En ese artículo, más allá de los reparos que puedan hacérsele a muchas de sus observaciones, Hobsbawm señala que: “La cohesión de la oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre endémicos y, a veces, epidémicos”; argumentando llamativamente la existencia de una relación causal entre ‘democracia formal’ y ‘baños de sangre’, que por ser tan acentuada exige, por lo menos, un esbozo de exploración.

En ese sentido, y según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre la década de los ochenta del siglo pasado –período de la publicación del artículo de Hobsbaum– y el 2012, la “normalidad” institucional fue acompañada de 1.962 masacres, 23.161 víctimas en asesinatos selectivos, 25.007 desapariciones forzadas (número que supera el de las dictaduras del Conos Sur), 6.433.115 desplazados, y más de 8 millones de hectáreas despojadas. De los episodios de violencia, en 588 eventos fueron contadas 1.530 personas víctimas de objeto de sevicia, sufriendo torturas tales como degollamiento, descuartizamiento, decapitación, evisceración, incineración, castración, violación, empalamiento o quemaduras, entre otras prácticas, perpetradas con el explícito propósito de aterrorizar la población. Estas cifras, aún para nuestros estándares de crueldad y de violencia endémica, son alucinantes, pese a lo cual, buena parte de la academia y los columnistas oficiosos de los periódicos las minimizan, cuando no es que recurren a la negación absoluta.

“Acá no pasa nada”

A raíz de la publicación del libro Paz en la república –editado por Margarita Garrido, Carlos Camacho y Daniel Gutiérrez–, en el que son contados catorce años de guerra en el país durante el período que va de 1932 a 1946, algunos académicos, incluidos los editores, buscan afirmar que es un mito decir que hemos vivido sumidos en un conflicto. Como eco de las reseñas hechas al libro, por ejemplo, el columnista Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21-03-2019), inicialmente, y luego Santiago Montenegro (El Espectador, 25-03-2019), lamentan que nuestra historiografía haya hecho un lugar común de la idea que Colombia es un país violento. Se trataría tan sólo de un mito, según ellos, del que debemos desprendernos pues nuestro transcurrir, en ese sentido, es comparable con el resto de países hispanoamericanos.

Sin embargo, la comparación con las naciones de nuestro entorno luce demasiado forzada si miramos los argumentos del columnista Posada Carbó, quien escribe “José Gil Fortoul contó once revoluciones armadas en Venezuela tan solo entre 1830 y 1856. Apenas en un año, 1868, Argentina habría sufrido 117 revoluciones”, pues, 117 revoluciones armadas en un año (conflictos cuya duración promedio sería, entonces, de 3,1 días) no son, ni mucho menos, guerras, como es el caso de Colombia en el que, independientemente del tamaño de los ejércitos y la duración de los conflictos, a los enfrentamientos nadie ha dudado en calificarlos de eso, de guerras. Los golpes de Estado, que sirven para que la academia colombiana quiera decir que no somos ninguna excepción en el continente, no son confrontaciones entre ejércitos, con contadas excepciones y, por tanto, usarlas para negar nuestra particular situación no es otra cosa que negacionismo en el sentido más estricto de la palabra.

El hecho mismo que durante el 14 por ciento de un siglo haya habido enfrentamientos debería inquietarnos, pero el mensaje de los académicos es el de que debemos minimizar tal hecho. Sin embargo, las cifras sobre el siglo XIX dicen más, pues desde 1839, año en que estalló la primera guerra civil en la Colombia republicana hasta 1902, año de culminación de la última confrontación armada comenzada en dicho siglo, es decir, en el lapso de 63 años, los catorce contabilizados por esos mismos autores, representan casi un cuarto del período, ¿es esa una cifra para mirar con menosprecio? Ahora bien, cortar el estudio en 1946 le ahorra a los académicos toda una serie de problemas, pues ¿cómo caracterizar los 70 años posteriores? Si asumimos la acepción de “guerra civil no declarada” para el período que sigue al asesinato de Gaitán, de los 180 años que median entre 1839, inicio de la Guerra de los Supremos y 2019, tendríamos un total de 87 años de guerra, poco más del 48 por ciento del período, que no es algo equiparable con ningún país de nuestro entorno. Las únicas salidas para la academia negacionista son, entonces, obviar la última etapa de nuestro discurrir histórico o seguir los argumentos de los seguidores del llamado Centro Democrático y negar el conflicto.

De otro lado, impugnar las causas sociales de la guerra en Colombia, es también un ejercicio que busca imponerse. El mencionado columnista Montenegro escribe al respecto “Ya en los años 90, Fernando Gaitán Daza había planteado que Colombia no había sido un país tan violento como muchos decían y, además, había argumentado también que la violencia no tenía relación con la pobreza o con la distribución del ingreso”, es decir, que nuestras guerras son hechos sociales sin explicación social, en una paradoja sin sentido. Pretender negar el conflicto o su importancia con argumentos como el de que países con desmedidos niveles de pobreza y concentraciones elevadas del ingreso como el nuestro no han tenido guerras, o que cuando fueron fundadas las Farc y el Eln había también jóvenes que escuchaban rock o creaban el movimiento nadaísta, es una muestra abrumadora de la simpleza del negacionismo. Éste, en la academia, no es otra cosa que el correlato de la impunidad en los tribunales.

Enemigo interno, bandidos e identidad nacional

El sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas, en su obra clásica Estado, poder y socialismo afirma que las fronteras y el territorio del Estado no son previos a su constitución, sino que uno y otro van conformándose en un proceso de retroalimentación y consolidación. Pues bien, que el territorio colombiano haya ido encogiéndose con el tiempo va más allá de la simple metáfora sobre la involución continuada en que ha ido convirtiéndose nuestro devenir histórico. En efecto, la delimitación fronteriza de los países latinoamericanos tuvo como base el llamado Utis Possidetis Juris, fundado en la demarcación territorial del imperio español durante la Colonia, que establecía para la Nueva Granada dos millones de kilómetros cuadrados, que con los sucesivos tratados fronterizos entreguistas fue reducido a los actuales poco más de millón cien mil, en una muestra que a diferencia del común de los Estados-Nación, Colombia no ha tenido en sus relaciones con los “otros transfronterizos”, el principio de su afirmación, no ha tenido en realidad fronteras, y por tanto ha carecido de cuerpo e identidad. De tal suerte que las ocho guerras civiles del siglo XIX y la guerra civil no declarada que comenzó a mediados del siglo XX –y que ahora pretenden ser negadas o minimizadas–, son un fuerte indicio que la constitución del Estado colombiano ha tenido lugar a través de la construcción del enemigo interno.

Giorgio Agamben, en su conocido Homo Sacer, recuerda cómo en el primitivo derecho germánico, contrariamente al derecho romano, el concepto de paz (fried) estaba construido sobre la exclusión del malhechor, el bandido (Friedlos), el sin paz, al que podía darse muerte sin cometer homicidio. Pues bien, el carácter sacrificial asumido por la violencia en Colombia da pistas que a los intereses económicos –en lo esencial sobre la propiedad de la tierra–, debemos sumarle un sentido simbólico en el que la eliminación del Otro adquiere un sentido fundante de la afirmación de lo propio. La paz de unos no puede existir, para ese marco ideológico y cultural, sin la existencia de los “sin paz”, los “bandidos”, cuya exclusión los convierte en sacrificables. En el capítulo noveno del libro de Fals Borda, Guzman Campos y Umaña Luna, La violencia en Colombia –titulado Tanatomía–, los autores enumeran prácticas como el descuartizamiento, la emasculación, los “cortes” entre los que enumeran el de ‘franela’, ‘corbata”, de ‘mica’, ‘francés’, que tenían en común la profanación del cadáver. Igualmente señalan como en el lenguaje de la violencia fueron expresiones comunes ‘Picar para tamal’, ‘bocachiquiar’ o ‘no dejar ni semilla’, esto último, testimonio de que el asesinato de infantes ha sido un hecho sistemático del terrorismo represivo sobre la población. Prácticas que no sólo fueron replicadas en la guerra iniciada en la década de los sesenta sino que fueron ampliadas por los paramilitares desde los años noventa del siglo XX con la conversión, por ejemplo, de las cabezas de los decapitados en pelotas de juego. ¿Lugar común? ¿Mito? No. Realidad documentada.

Otro aspecto señalado por los negacionistas en su supuesta “desmitificación de la violencia”, es el de afirmar que no existe ninguna línea de continuidad entre las guerras del siglo XIX, la etapa de la guerra civil inter-partidaria (liberal-conservadora) y la aparición de las guerrillas con ideología clasista. Pero, ¿es que acaso esos diferentes conflictos no han estado atravesados por los intereses sobre la propiedad de la tierra, de un lado, y del otro la tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales? ¿no ha sido un lugar común que cómo agente de la violencia el latifundismo armado haya estado siempre presente? La acumulación de tierras como refugio seguro y valorizable de los excedentes ociosos de la acumulación y prueba inequívoca de la incapacidad de los sectores dominantes de generar inversiones productivas ha estado en la raíz de los despojos a bala de las tierras campesinas.

Entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinados 500 líderes locales, testimoniando que los contradictores del patrimonio improductivo son los voceros de las comunidades que reclaman contra el despojo y luchan por su vida en los campos colombianos. Negar que en todos los conflictos enfrentados durante la vida republicana sí existe un hilo conductor que los une y que está representado por el latifundismo armado es la peor forma del negacionismo, pues al ocultar las raíces de los intereses que alimentan la violencia, bloquean los principios de su solución.

Los intentos de excluir a los militares de la JEP y las discusiones alrededor de los requisitos para aceptar los terceros civiles, muestran las complicaciones existentes en el país para alcanzar un esbozo de verdad sobre lo acontecido, pero también son indicio de cómo la llamada normalidad democrática no es más que la contracara del conflicto. Empresarios, Iglesia y academia buscan excluirse de cualquier responsabilidad, y recurren a la argucia de autonombrarse víctimas o agentes neutrales. En el reciente libro del escritor francés, Frédéric Martel, Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano, son reeditados señalamientos contra el fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, en los que a las acusaciones de pedofilia, son sumadas las de señalar a curas simpatizantes de la llamada Teología de la Liberación, para su persecución y ejecución. Estas acusaciones no son asunto nuevo, pues en 1996 el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, las reseñaba, así como tampoco son de reciente data ni aclaradas las afirmaciones de “Don Berna” sobre que el obispo Isaías Duarte Cancino fue uno de los ideólogos del paramilitarismo. Pero, el papel de la Iglesia en la violencia no es algo nuevo, y ha sido también común en la historia de los conflictos, para lo cual basta revisar el trabajo reciente de la Pacific School of Religion de Berkeley, Casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia, donde puede revisarse una lista de intolerantes y de las razones de la intolerancia de esa comunidad religiosa. Ahora bien, dado que el director de la Comisión de la Verdad es un sacerdote jesuita ¿no parece aún más necesario que ante la JEP den confesión de verdad clérigos de esa religión?

Los saboteadores del proceso con las Farc han logrado que el acuerdo de paz entre contendientes haya sido, de hecho, convertido en texto de rendición, y buscan desesperadamente que sea rebajado aún más a “sometimiento a la justicia”, lo que coincide con el comportamiento felón del Estado colombiano, qué en los pactos con las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, actuó de la misma forma. En Colombia, mantener la paz de unos pocos (fried), implica crear muchos sin paz (Friedlos), y quien mejor que el senador Alvaro Uribe para expresarlo tan claramente: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Trino de abril 7 de 2019): Masacre de civiles “terroristas” (los indígenas de la Minga en este caso), de un lado, y del otro “autoridad firme y serena” (la represión violenta del Estado). ¿Queda duda del por qué de nuestra guerra habitual? Hobsbawm no estaba desenfocado, para nuestra desgracia tiene razón, por lo que pasar de la “normalidad” formal a una sociedad verdaderamente incluyente se constituye en la urgente tarea de los “sin paz”.

Publicado enColombia
Martes, 30 Abril 2019 17:43

Matar, negar…y objetar

Matar, negar…y objetar

“No tenemos ojos, ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. De botas, armas, viudas y huérfanos llenaron esta tierra, que muy rápido cambió de dueños. No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lágrimas que inundan los caminos del destierro y el despojo de miles de familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y las manos manchadas de sangre”.

Jesús Abad Colorado (retratista de la guerra)

Tan sólo dos semanas después que Iván Duque anunciara la objeción de seis artículos de la Justicia Especial para la paz (JEP) –en otro intento de desestructuración de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto armado con las Farc–, la Cruz Roja publicó el balance del 2018 sobre derechos humanos titulado Retos humanitarios 2019, en el que afirma que “La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”. Denuncia en su informe esta entidad, asimismo, que en el último año el número de desplazados pasó de 14.594 a 27.780, así como que cada cuatro días es registrado un nuevo caso de desaparición forzada.

El anuncio presidencial, en contraste con el de la organización internacional, es muestra, una vez más, de la marcada bipolaridad que padece el país entre una realidad innegable de inusitada violencia, por un lado, y la negación de su existencia o el sabotaje a los intentos de su superación, del otro, y que ha determinado la simultaneidad y, seguramente, la complementariedad, entre una formalidad de aparente estabilidad política y un amplio espectro de cruentas y sistemáticas prácticas que incluye masacres, desplazamientos, asesinatos fuera de combate y desapariciones forzadas. En el mundo imaginario de la “normalidad” viven políticos, académicos y los sectores de la población con mejores ingresos, pues escapan a los rigores directos del conflicto; en el de la realidad del atropello, los grupos subordinados que son quienes los sufren.

“Colombia asesina”

En noviembre 20 de 1986, el conocido historiador británico Eric J. Hobsbawm publicó, en New York Review of Books, un artículo titulado ‘Colombia asesina’. El escrito fue escrito al cumplirse un año de la tragedia de Armero, en la que la negligencia oficial –algunas versiones sostienen que no fue negligencia sino un hecho criminal consciente para evitar el problema social que representaba evacuar sus 25.000 habitantes– tuvo como resultado la muerte de más de 23.000 personas, y también al año de la toma del Palacio de Justicia, que tuvo un saldo cercano a los cien muertos, incluida la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia. En ese artículo, más allá de los reparos que puedan hacérsele a muchas de sus observaciones, Hobsbawm señala que: “La cohesión de la oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre endémicos y, a veces, epidémicos”; argumentando llamativamente la existencia de una relación causal entre ‘democracia formal’ y ‘baños de sangre’, que por ser tan acentuada exige, por lo menos, un esbozo de exploración.

En ese sentido, y según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre la década de los ochenta del siglo pasado –período de la publicación del artículo de Hobsbaum– y el 2012, la “normalidad” institucional fue acompañada de 1.962 masacres, 23.161 víctimas en asesinatos selectivos, 25.007 desapariciones forzadas (número que supera el de las dictaduras del Conos Sur), 6.433.115 desplazados, y más de 8 millones de hectáreas despojadas. De los episodios de violencia, en 588 eventos fueron contadas 1.530 personas víctimas de objeto de sevicia, sufriendo torturas tales como degollamiento, descuartizamiento, decapitación, evisceración, incineración, castración, violación, empalamiento o quemaduras, entre otras prácticas, perpetradas con el explícito propósito de aterrorizar la población. Estas cifras, aún para nuestros estándares de crueldad y de violencia endémica, son alucinantes, pese a lo cual, buena parte de la academia y los columnistas oficiosos de los periódicos las minimizan, cuando no es que recurren a la negación absoluta.

“Acá no pasa nada”

A raíz de la publicación del libro Paz en la república –editado por Margarita Garrido, Carlos Camacho y Daniel Gutiérrez–, en el que son contados catorce años de guerra en el país durante el período que va de 1932 a 1946, algunos académicos, incluidos los editores, buscan afirmar que es un mito decir que hemos vivido sumidos en un conflicto. Como eco de las reseñas hechas al libro, por ejemplo, el columnista Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21-03-2019), inicialmente, y luego Santiago Montenegro (El Espectador, 25-03-2019), lamentan que nuestra historiografía haya hecho un lugar común de la idea que Colombia es un país violento. Se trataría tan sólo de un mito, según ellos, del que debemos desprendernos pues nuestro transcurrir, en ese sentido, es comparable con el resto de países hispanoamericanos.

Sin embargo, la comparación con las naciones de nuestro entorno luce demasiado forzada si miramos los argumentos del columnista Posada Carbó, quien escribe “José Gil Fortoul contó once revoluciones armadas en Venezuela tan solo entre 1830 y 1856. Apenas en un año, 1868, Argentina habría sufrido 117 revoluciones”, pues, 117 revoluciones armadas en un año (conflictos cuya duración promedio sería, entonces, de 3,1 días) no son, ni mucho menos, guerras, como es el caso de Colombia en el que, independientemente del tamaño de los ejércitos y la duración de los conflictos, a los enfrentamientos nadie ha dudado en calificarlos de eso, de guerras. Los golpes de Estado, que sirven para que la academia colombiana quiera decir que no somos ninguna excepción en el continente, no son confrontaciones entre ejércitos, con contadas excepciones y, por tanto, usarlas para negar nuestra particular situación no es otra cosa que negacionismo en el sentido más estricto de la palabra.

El hecho mismo que durante el 14 por ciento de un siglo haya habido enfrentamientos debería inquietarnos, pero el mensaje de los académicos es el de que debemos minimizar tal hecho. Sin embargo, las cifras sobre el siglo XIX dicen más, pues desde 1839, año en que estalló la primera guerra civil en la Colombia republicana hasta 1902, año de culminación de la última confrontación armada comenzada en dicho siglo, es decir, en el lapso de 63 años, los catorce contabilizados por esos mismos autores, representan casi un cuarto del período, ¿es esa una cifra para mirar con menosprecio? Ahora bien, cortar el estudio en 1946 le ahorra a los académicos toda una serie de problemas, pues ¿cómo caracterizar los 70 años posteriores? Si asumimos la acepción de “guerra civil no declarada” para el período que sigue al asesinato de Gaitán, de los 180 años que median entre 1839, inicio de la Guerra de los Supremos y 2019, tendríamos un total de 87 años de guerra, poco más del 48 por ciento del período, que no es algo equiparable con ningún país de nuestro entorno. Las únicas salidas para la academia negacionista son, entonces, obviar la última etapa de nuestro discurrir histórico o seguir los argumentos de los seguidores del llamado Centro Democrático y negar el conflicto.

De otro lado, impugnar las causas sociales de la guerra en Colombia, es también un ejercicio que busca imponerse. El mencionado columnista Montenegro escribe al respecto “Ya en los años 90, Fernando Gaitán Daza había planteado que Colombia no había sido un país tan violento como muchos decían y, además, había argumentado también que la violencia no tenía relación con la pobreza o con la distribución del ingreso”, es decir, que nuestras guerras son hechos sociales sin explicación social, en una paradoja sin sentido. Pretender negar el conflicto o su importancia con argumentos como el de que países con desmedidos niveles de pobreza y concentraciones elevadas del ingreso como el nuestro no han tenido guerras, o que cuando fueron fundadas las Farc y el Eln había también jóvenes que escuchaban rock o creaban el movimiento nadaísta, es una muestra abrumadora de la simpleza del negacionismo. Éste, en la academia, no es otra cosa que el correlato de la impunidad en los tribunales.

Enemigo interno, bandidos e identidad nacional

El sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas, en su obra clásica Estado, poder y socialismo afirma que las fronteras y el territorio del Estado no son previos a su constitución, sino que uno y otro van conformándose en un proceso de retroalimentación y consolidación. Pues bien, que el territorio colombiano haya ido encogiéndose con el tiempo va más allá de la simple metáfora sobre la involución continuada en que ha ido convirtiéndose nuestro devenir histórico. En efecto, la delimitación fronteriza de los países latinoamericanos tuvo como base el llamado Utis Possidetis Juris, fundado en la demarcación territorial del imperio español durante la Colonia, que establecía para la Nueva Granada dos millones de kilómetros cuadrados, que con los sucesivos tratados fronterizos entreguistas fue reducido a los actuales poco más de millón cien mil, en una muestra que a diferencia del común de los Estados-Nación, Colombia no ha tenido en sus relaciones con los “otros transfronterizos”, el principio de su afirmación, no ha tenido en realidad fronteras, y por tanto ha carecido de cuerpo e identidad. De tal suerte que las ocho guerras civiles del siglo XIX y la guerra civil no declarada que comenzó a mediados del siglo XX –y que ahora pretenden ser negadas o minimizadas–, son un fuerte indicio que la constitución del Estado colombiano ha tenido lugar a través de la construcción del enemigo interno.

Giorgio Agamben, en su conocido Homo Sacer, recuerda cómo en el primitivo derecho germánico, contrariamente al derecho romano, el concepto de paz (fried) estaba construido sobre la exclusión del malhechor, el bandido (Friedlos), el sin paz, al que podía darse muerte sin cometer homicidio. Pues bien, el carácter sacrificial asumido por la violencia en Colombia da pistas que a los intereses económicos –en lo esencial sobre la propiedad de la tierra–, debemos sumarle un sentido simbólico en el que la eliminación del Otro adquiere un sentido fundante de la afirmación de lo propio. La paz de unos no puede existir, para ese marco ideológico y cultural, sin la existencia de los “sin paz”, los “bandidos”, cuya exclusión los convierte en sacrificables. En el capítulo noveno del libro de Fals Borda, Guzman Campos y Umaña Luna, La violencia en Colombia –titulado Tanatomía–, los autores enumeran prácticas como el descuartizamiento, la emasculación, los “cortes” entre los que enumeran el de ‘franela’, ‘corbata”, de ‘mica’, ‘francés’, que tenían en común la profanación del cadáver. Igualmente señalan como en el lenguaje de la violencia fueron expresiones comunes ‘Picar para tamal’, ‘bocachiquiar’ o ‘no dejar ni semilla’, esto último, testimonio de que el asesinato de infantes ha sido un hecho sistemático del terrorismo represivo sobre la población. Prácticas que no sólo fueron replicadas en la guerra iniciada en la década de los sesenta sino que fueron ampliadas por los paramilitares desde los años noventa del siglo XX con la conversión, por ejemplo, de las cabezas de los decapitados en pelotas de juego. ¿Lugar común? ¿Mito? No. Realidad documentada.

Otro aspecto señalado por los negacionistas en su supuesta “desmitificación de la violencia”, es el de afirmar que no existe ninguna línea de continuidad entre las guerras del siglo XIX, la etapa de la guerra civil inter-partidaria (liberal-conservadora) y la aparición de las guerrillas con ideología clasista. Pero, ¿es que acaso esos diferentes conflictos no han estado atravesados por los intereses sobre la propiedad de la tierra, de un lado, y del otro la tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales? ¿no ha sido un lugar común que cómo agente de la violencia el latifundismo armado haya estado siempre presente? La acumulación de tierras como refugio seguro y valorizable de los excedentes ociosos de la acumulación y prueba inequívoca de la incapacidad de los sectores dominantes de generar inversiones productivas ha estado en la raíz de los despojos a bala de las tierras campesinas.

Entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinados 500 líderes locales, testimoniando que los contradictores del patrimonio improductivo son los voceros de las comunidades que reclaman contra el despojo y luchan por su vida en los campos colombianos. Negar que en todos los conflictos enfrentados durante la vida republicana sí existe un hilo conductor que los une y que está representado por el latifundismo armado es la peor forma del negacionismo, pues al ocultar las raíces de los intereses que alimentan la violencia, bloquean los principios de su solución.

Los intentos de excluir a los militares de la JEP y las discusiones alrededor de los requisitos para aceptar los terceros civiles, muestran las complicaciones existentes en el país para alcanzar un esbozo de verdad sobre lo acontecido, pero también son indicio de cómo la llamada normalidad democrática no es más que la contracara del conflicto. Empresarios, Iglesia y academia buscan excluirse de cualquier responsabilidad, y recurren a la argucia de autonombrarse víctimas o agentes neutrales. En el reciente libro del escritor francés, Frédéric Martel, Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano, son reeditados señalamientos contra el fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, en los que a las acusaciones de pedofilia, son sumadas las de señalar a curas simpatizantes de la llamada Teología de la Liberación, para su persecución y ejecución. Estas acusaciones no son asunto nuevo, pues en 1996 el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, las reseñaba, así como tampoco son de reciente data ni aclaradas las afirmaciones de “Don Berna” sobre que el obispo Isaías Duarte Cancino fue uno de los ideólogos del paramilitarismo. Pero, el papel de la Iglesia en la violencia no es algo nuevo, y ha sido también común en la historia de los conflictos, para lo cual basta revisar el trabajo reciente de la Pacific School of Religion de Berkeley, Casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia, donde puede revisarse una lista de intolerantes y de las razones de la intolerancia de esa comunidad religiosa. Ahora bien, dado que el director de la Comisión de la Verdad es un sacerdote jesuita ¿no parece aún más necesario que ante la JEP den confesión de verdad clérigos de esa religión?

Los saboteadores del proceso con las Farc han logrado que el acuerdo de paz entre contendientes haya sido, de hecho, convertido en texto de rendición, y buscan desesperadamente que sea rebajado aún más a “sometimiento a la justicia”, lo que coincide con el comportamiento felón del Estado colombiano, qué en los pactos con las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, actuó de la misma forma. En Colombia, mantener la paz de unos pocos (fried), implica crear muchos sin paz (Friedlos), y quien mejor que el senador Alvaro Uribe para expresarlo tan claramente: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Trino de abril 7 de 2019): Masacre de civiles “terroristas” (los indígenas de la Minga en este caso), de un lado, y del otro “autoridad firme y serena” (la represión violenta del Estado). ¿Queda duda del por qué de nuestra guerra habitual? Hobsbawm no estaba desenfocado, para nuestra desgracia tiene razón, por lo que pasar de la “normalidad” formal a una sociedad verdaderamente incluyente se constituye en la urgente tarea de los “sin paz”.

Publicado enEdición Nº256
Sometimiento y silencio:  Crónica sobre el código de policía

Es un día cualquiera, policivo como todos, ya tan común. Un día en el cual un ser humano termina pisoteado, avergonzado, denigrado, humillado, mortificado, vilipendiado y además golpeado por un proceder de la “autoridad” que viola sus derechos. Por un momento su vida no le fue propia. Uno de tantos casos en donde quienes deben garantizar el cumplimiento de “la ley y de la convivencia”, paradójicamente son los agresores de quién se les antoja y por la razón que mejor les convenga, amparados para ello en lo que entienden como súper poderes.

6:15 pm. El ambiente es el mismo de todos los días: igual de lleno en el sistema Transmilenio, un mar de gente tratando de embutirse a un bus que lo lleve hacia su destino. –“Manos arriba de la cabeza”, se escucha. Quien recibe la orden policiva no ha hecho nada, simplemente su cabello largo y enredado lo convierte en el sospechoso habitual entre el mar de gente que abarrota la estación. Un grupo de policías prácticamente como hienas buscan a quien violentar. La orden la recibe al momento de cruzar el torniquete, momento en el cual los “agentes del orden” buscan completar sus comparendos diarios y se lanzan sobre su víctima.

 

Sus voces de “autoridad” caen en cascada y no cesan: –“Deje las manos arriba...”. –“Voltéese y abra su maleta...”. –“Apúrese...”. –“Abra las piernas”. Luego de la esculcada y la manoseada, al terminar la requisa, le quitan una pipa. “Ya me tocó comprar otra” pensó, como la mayoría de consumidores en tal situación. Sin embargo, en su maleta por omisión cargaba una trilladora (para triturar cogollos), lo recordó en el momento exacto en el cual uno de los patrulleros decide requisar la maleta por segunda vez.

6:20 pm. El requerido, sometido a sospecha pública, para sorpresa de los policías tiene conocimiento del procedimiento legal que debe seguirse según el Código de Policía, en aplicación del artículo 13 de la Constitución Política. Sabe, por tanto, que lo que porta es un objeto que no debería incautarse pues no está establecido en el decreto 1801, por lo cual pide de manera respetuosa que desistan de incautarla. 6:22 pm. –”No me la quite, este objeto me ha costado dinero, no tiene ganja, revisen y la votan si no me creen, soy estudiante no un ladrón y usted no puede hacer esto”, dice el joven. Envalentonado y con actitud retadora el “agente del orden” responde: –“Usted podrá estar estudiando, yo también y le puedo hacer lo que yo quiera, váyase mejor”. Sin atender a esa voz de mando, el inculpado les da la razón y decide reclamar una orden de incautación, ante lo cual el policía al mando actúa con lo que entiende como el superpoder (el comparendo) y le pone una multa tipo 2 –equivalente a $213.700.

6:25 pm. Lo arrinconan en la entrada por donde personas en silla de ruedas y padres con sus coches ingresan a la estación. Ya estaba entre arrepentido y molesto, más bien frustrado, era objeto de una multa que pasaba sobre su derecho a la libre expresión, además de estar arrinconado como un delincuente pisoteaban sus argumentos. Quienes ejercen la “autoridad” no responden, solo intimidan, amenazan y violentan.

El ciudadano sigue allí tratando de rescatar sus cosas y la policía, para no escuchar, al tiempo que para demostrar quien tiene el poder, retoma la requisa del inculpado. De nuevo lo requisan de cabeza a piernas, y ahora encuentran unos tres gramos de ganja, que quien realizó la primera revisión por alguna extraña razón no había encontrado. Allí, de nuevo, es necesario para los agentes del “orden”, entre ellos una patrullera, revisar la maleta a fondo y mientras el joven discute con uno por el motivo del comparendo, otro misteriosamente encuentra una nueva bolsa hermética, también con ganja. El joven, sin creerlo, mientras recoge sus cosas tiradas al piso por uno de los uniformados sin ningún cuidado, es abordado una vez más por los seis patrulleros y requerido para entregar la cédula; bajo presión, entrega la licencia de conducir, un documento que es válido para identificarse, pero para los uniformados está negándose a identificarse debidamente y ahora lo amenazan con un nuevo comparendo.

6:30 pm. La única patrullera de los seis que lo intimidan, golpea al joven porque se sintió “irrespetada”. Segundos antes el joven les dio a entender que eran unos delincuentes uniformados (ladrones). 6:35 pm. El procedimiento de control y violencia toma nuevo rumbo; –“¿por qué me pega?” dice el agredido. –“¿Quién le pegó?, ¿dónde está la sangre?” responde la patrullera. Varios de los que se encontraban en el vagón de Transmilenio gritan ante los abusos de la policía, sin embargo no pasan de los reclamamos, pues aun teniendo la razón ninguno se arriesga a meterse ya que saben que podrían ser las futuras víctimas de abuso de autoridad.

6:40 pm. El estudiante, molesto con su agresora, cuestiona su labor y el resto de uniformados se van sobre él porque debía respetar a la dama que estaba con ellos, sin embargo, él no la había golpeado, simplemente reclama por haberle golpeado. Ordenan su traslado a una estación de policía en el Portal de la 80 donde se encuentra con un barrista detenido por el mismo “delito”: portar marihuana. Al final dejan ir al estudiante, no sin antes ponerle un nuevo comparendo por irrespeto a la autoridad.

 

Cada día trae sus sorpresas

 

9:30 am. Con tan sólo un día hábil para apelar el comparendo y dirigiéndose a la estación de policía de la localidad de Engativá, donde el policía le indicó debía dirigirse, el joven llega corriendo al punto indicado para exponer el caso. La voz del policía de turno es poco amistosa: –“déjeme ver los comparendos, no los han subido a la página y es que se equivocó de dependencia, esta es de Transmilenio, no es con nosotros”. El día apremia, no hay más tiempo que perder, la única opción que queda es acercarse a una “Casa de justicia” para hacer un curso “pedagógico” que le derogue la multa.

 

El curso


6:00 am. Se alista para salir y llegar a tiempo al primer curso, que había leído era a las 8:50 am. –“Buen día, quisiera saber…” no alcanza terminar de hablar cuando escucha –“Présteme la copia del comparendo”. El policía anota un número y le dice –“esté atento al llamado o le toca pedir un nuevo turno”.

Han transcurrido 4 días y máximo son 5 los días hábiles para hacer el curso, de lo contrario tendrá que pagar la multa en su totalidad. –“¡Turno 31!”, escucha. Se acerca al cuarto que servia de recepción, tienda y sala de espera al mismo tiempo. A su lado esperan aproximadamente 15 personas de pie, entre ellos una mujer con un bebe en brazos junto con su esposo notablemente cansado, dos venezolanos que tampoco se salvaron de recibir comparendos.

9:54 am. Empieza el curso. –“Buenos días. Los que vengan al curso pedagógico hagan una fila. Por favor bolsos abiertos”. Todas las personas entran al salón que tiene por nombre “mediación y conciliación”. Un promedio de 30 personas escuchan las instrucciones. Inicia el vídeo “Claves para ser un buen ciudadano”. Al fondo se empiezan a escuchar murmullos y algunas risas por lo que se ve en el vídeo. La escena de un joven atropellado por un Transmilenio hace que cesen las risas y en coro se escucha ‘ushhh’. El vídeo induce a la obediencia, incluso cuando se tiene la razón puesto que “hay procedimientos legales para interponer quejas y demandas”.

10:28 am. Al terminar el video entra una persona y pregunta –“¿Qué les dejó el vídeo?” y recomienda no hacer críticas, pues solo quiere escuchar lo “aprendido”. Un hombre levanta la mano y dice apresurado: –“debemos conocer la ley, es importante”. Otro dice: –“los policías también infringen la ley” y al mismo tiempo una mujer lo interrumpe para decir: –“yo no quiero llevar la contraria, así como no quería pelear con el policía, pero luego de que me dice que soy una negra y que por eso soy ladrona o venezolana, pues yo me tengo que ir contra él, me ofendió, y los cuatrocientos mil que debo pagar es por la educación que ese policía no recibió”. El instructor dice con premura, que legalmente ya sabe que hacer para tratar de buscar justicia sin morir en el intento.

10:35 am El instructor sigue con su cátedra y sostiene: –“contrario a lo que dicen muchos este código no es para reprimir, el código a nadie reprime. En todo lado hay reglas, y para la ciudad está este librito. Algunos que no han entendido el mensaje, esto (señala el libro) le evita malos comportamientos, y aunque creamos como individuos que algún comportamiento está bien ante la sociedad, la cultura y la ley, pues no lo está, no podemos pasar sobre el otro. De pronto muchos se sienten atropellados por los policías, pero pues aquí no vamos a solucionar eso, le explicamos solamente el por qué. Tenemos en nuestra cabeza la idea de que el policía es malo, pero a ¿quién no le gustaría tener al lado uno cuando nos están robando? Yo no soy policía pa’ que guarden las piedras, pero debo ser objetivo con mi tema y los policías deben hacer cumplir la ley, además si usted desafía a la policía ¿quién tiene las de ganar?”.

Tras cinco días de ires y venires, con rabias contenidas y silencios que ahogan, el curso fue superado y ahorrado un dinero con el cual el joven no cuenta. Meditabundo, camina hacia su casa, cargado de interrogantes que le deja este episodio.


Obedecer y no cuestionar

 

“Código nacional de policía y convivencia para vivir en paz”, es el título de la norma de normas que pretende el disciplinamiento de la sociedad a punta de multas y el otorgamiento de exceso de poder a los “agentes del orden” que desean una ciudadanía que obedezca y no cuestione nada. Ante esto cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de ciudadano es el que sólo obedece? ¿Qué tipo de Estado es aquel que pretende regir sobre una población dócil, sometida, conforme con todo, impasible? ¿Será posible lograr la anhelada paz a partir de una norma que se coloca por sobre la realidad? ¿Cómo vivir en paz cuando quienes aplican la norma la interpretan como medio para darse poderes que no deberían tener? ¿Para dónde se enruta nuestro país, cuya dirigencia está convencida que la gente aprende a fuete? ¿Acaso este proceder no es lo conocido como autoritarismo?

Finalmente, para la policía la clave para ser un buen ciudadano es: obedecer y no cuestionar.

 

Publicado enEdición Nº256
“Sendero de las Mariposas”: ecocidio en los Cerros Orientales

La imagen de “atractivo turístico” en los cerros orientales es la premisa con la que se enmascara uno de los proyectos más ambiciosos y codiciados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, quien esconde un negocio multimillonario en la idea de reconocimiento, acercamiento y pedagogía profunda a los cerros con el Sendero de las Mariposas.

Una puñalada a la yugular para el ecosistema bogotano. El denominado Sendero de las Mariposas, es un proyecto que se viene trabajando desde el 2005 en la zona panorámica de los cerros orientales. Una obra que se expande por 6 localidades, atravesando de norte a sur la parte periférica de la ciudad. El proyecto inicia en Lagos de Torca, en la localidad de Suba, pasando por el alto de patios en la localidad de Usaquén, seguido de Chapinero, Santa fe, la Candelaria y San Cristóbal.

El proyecto consiste en realizar una zanja peatonal de aproximadamente 165 kilómetros por los estribos de los cerros, estructura que se diseña a modo de cortafuegos para que en caso de incendios o siniestros en inmediaciones del sendero, se logre tener la asistencia oportuna de las entidades primarias en extinguir el fuego.

Una obra que en un primer momento se estimó por un capital aproximado a los 266 mil millones de pesos, sin embargo, los recursos destinados no son solamente para la estructura del sendero, sino también para los hoteles y los cimientos de las zonas comerciales que también se quieren realizar en este territorio natural, elevando así el costo por cerca de 1 billón de pesos.

Aunque las instituciones interesadas en la realización del sendero son la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Quienes realmente se beneficiarían de este proyecto son los sectores políticos afines a Peñalosa y las empresas privadas que responden a los intereses del capital nacional e internacional, empezando por los integrantes de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Departamento de Ordenamiento Territorial ha desconocido por completo la importancia del ecosistema y han puesto por encima los intereses de las empresas inmobiliarias atraídas por generar planes de vivienda, comercio y urbanización en este territorio.

Ahora bien, es de gran importancia determinar y recalcar la trascendencia que tiene el ecosistema de los cerros en el perímetro inmediato de Bogotá, pues allí es donde nacen las aguas en las cuencas altas, los ríos menores y los páramos más representativos, que surten de agua potable a casi el 80 por ciento de la población bogotana. Así mismo, los cerros orientales se encuentran situados en una parte estratégica de la geografía nacional, pues conectan el páramo de Chingaza y Sumapaz con los llanos, la Cordillera Oriental de los Andes y el trapecio amazónico.
Con la realización del sendero, se verían afectados drásticamente los afluentes, las cuencas y la biomasa natural, afectando así a más de 2 millones de árboles localizados en la zona, al mismo tiempo que a las comunidades campesinas que aún residen en las proximidades de los cerros, perjudicando la superficie montañosa de la que dependen.

Es así, como se evidencia una institucionalidad que esta al servicio del beneficio de los grupos de poder económicos nacionales e internacionales, que se afincan en medio del poder estatal para apalancar los grandes negocios de una minoría en contra de los derechos de las grandes mayorías, la ciudadanía.

*Periodista Voces en Movimiento

Publicado enEdición Nº256
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