Martes, 17 Septiembre 2019 09:29

El aullido

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así como para reducir los beneficios legales a que puede acudir todo aquel condenado por tal delito.

Conocedor de la perdurable desaprobación ciudadana contra políticos profesionales que gozan de apabullantes sueldos y prebendas de todo tipo, así como del reino de una ‘justicia’ que trata con paño de seda a los ricos –causantes del desfalco del erario por diversos conductos, entre ellos de manera ‘legal’ vía contratación y variedad de esguinces (otro sí) que saben hacerle a la norma– y con machete a los sectores populares causantes del robo al menudeo, de esta manera aprovechó los vientos nacionales para surfear en la ola de lo políticamente correcto.

Espectáculo, teatro, no mucho más. Zigzaguear, hacer piruetas, llamar la atención para lograr la aprobación de la tribuna… Así es el arte de la política de la exclusión: decir y fingir hacer lo que la audiencia demanda y espera, al tiempo que, por la espalda, lo privilegiado es lo contrario; ganar tiempo y dilatar; animar al adversario en público, y en privado ponerle ‘palos en la rueda’ para que tropiece. Así procedió Duque en tiempos de la consulta anticorrupción, y así continúa siendo su proceder al difundir una y otra vez que es el adalid en la lucha contra la corrupción, mientras el statu quo conserva sus dominios en el establecimiento.


Apariencia y simulación. El traje y el rostro, con buenas luces, lo pueden todo. En este tipo de circunstancias, “las buenas formas de la política” aconsejan no estar en contra de la opinión popular y hablarle al país según los deseos mayoritarios. Para el caso que nos ocupa, tocaba estar del lado de la Consulta, así el resultado final de su proceder fuera totalmente contrario a lo esperado por sus impulsores, quienes por entonces llamaban la atención sobre tal actuación y aclaraban que, sin el apoyo pleno del gobierno, difícilmente saldría avante la misma (1).

Aquella era una actitud farisaica sin esfuerzo ni riesgo, toda vez que asumir la lucha contra la corrupción, y en particular la Consulta de marras, no le obligaba a cuestionamiento ideológico ni económico alguno al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así era, ya que la iniciativa no establecía la base del cuestionado fenómeno en la estructura del sistema económico, político, militar, ambiental y social imperante, y el modelo de acumulación que asume desde hace algunas décadas, sino que la dejaba flotar como una circunstancia de personas y empresas.

De acuerdo a su concepción, era un problema de simple ambición, afán de lucro o viveza. Esto, a pesar de evidencias recientes como la crisis de los “títulos hipotecarios basura” en 2007 y la quiebra de Lermmas Brothers en Estados Unidos, con el salvamento del conjunto de su sistema financiero por parte del Estado, quiebra asumida por millones de ahorradores que padecieron la evaporación de sus dineros e inversiones. Lo que recordaba con total prueba lo acotado por Fernand Braudel: “El capitalismo es el antimercado” (2), razón explicativa del sometimiento del Estado ante el capital privado y especulativo, esencia de la estructura corrupta hasta hoy imperante en todo el mundo, y explicación de fondo de por qué, a pesar de leyes y regulaciones de diverso tipo para contener la corrupción, ésta mantiene sus dominios. Son esas la esencia y la inercia del establecimiento.

También enmarca(ba) la actitud presidencial la relación causa-efecto, evidente también en casos criollos como Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, el puente de Chirajara, la carretera al Llano, Estraval, Odebrecht, Electricaribe, el edificio Space (Medellín), para no reparar en otros muchos nombres de escándalos por corrupción, privada y pública, que han ‘conmocionado’ al país, como en las privatizaciones que tomaron curso desde los años 80 del siglo XX, multiplicadas en los 90 y en el nuevo siglo con el desmonte del pobre aparato productivo que había acumulado el país, todo a favor del capital privado. ¿Y qué decir del modelo económico, ajustado a la medida de los propietarios del capital? ¿No será la corrupción, entonces, la esencia misma del capitalismo?


Así, aunque en la Consulta se aparentaba ser detractores de un mal –reflejo de un problema estructural–, no se ahondaba ni rechazaba (el) origen del mismo. Al proceder así, ¿podría ser erradicado tal mal? La existencia de variedad de leyes y similares en el plano nacional e internacional, aprobadas para ponerle coto a la situación, indican que ciertamente el problema no recibe ataques en su raíz sino en sus ramas.


En esas condiciones, cualquier político o empresario, de los más corruptos pero nunca condenados por tal proceder, o todas aquellas empresas y personas que saben hacerle esguinces a la normatividad vigente (por ejemplo, evadir con “permiso de la ley” o crear sociedades offshore como pantalla para operaciones no siempre legales, o llevar a cabo el lobby dentro del alto gobierno para salir favorecido por el tono de ciertas leyes o por acceder a información privilegiada, etcétera) pueden fungir como activos en la lucha contra la práctica de vaciar presupuestos públicos con fines privados o para el beneficio de una estructura partidaria o militar.


Como fue vaticinado en su momento, sin el apoyo del gobierno la iniciativa no alcanzó su propósito, y sin igual apoyo tampoco consiguió que salieran a flote los 24 proyectos de ley radicados en el Congreso para materializar el anhelo de los 11.674.951 que votaron por el Sí en la consulta, por controlar e idealmente erradicar la corrupción.


Así es. De la totalidad de proyectos radicados para trámite legal, únicamente uno está pendiente de sanción presidencial (mecanismos de rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales); otros tres avanzaron con posibilidad de lograr la aprobación final de los legisladores: Publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados (3); inhabilidad para los condenados por corrupción y terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción (4); los pliegos tipo (5). La suerte de los demás fue la negativa –hundidos– (6) o que ni siquiera han contado con ponencia (7).


Una escena tras otra. Sin reparar y mucho menos reconocer que desde el Ejecutivo nacional y el partido al cual está adscrito el Presidente se obró por distintos conductos en vía contraria a lo anunciado, y, sopesando la popularidad de una cruzada anticorrupción en el plano nacional e internacional, ahora el Gobierno ondea tal bandera en Naciones Unidas, llamando a tramitar una corte internacional anticorrupción, una iniciativa en apariencia moralista (8) y de buen gobierno pero que en lo fundamental pretende dotar al gobierno de un discurso progresista en el concierto de naciones, fungiendo como paladín de la democracia y la legalidad. Nada más lejano de la realidad.


“El que pega primero pega dos veces”, dice el refranero popular, y así permite comprobarlo este liderazgo global que pretende el canciller Carlos Holmes Trujillo a nombre del gobierno colombiano, cabeza de un país que en el índice de corrupción global ocupa el puesto 99 entre 180. Un país acusado y condenado como violador de los más elementales Derechos Humanos en diversidad de causas, y que para vergüenza propia y ajena aparece entre los más desiguales del mundo, con una concentración descomunal de tierra, acciones y patrimonio en poquísimas personas. Como si la evidencia no fuera cierta, y sin pudor alguno, el Canciller no duda en enfatizar: “Nada es tan costoso como la corrupción […] en muchos sentidos, un impuesto a la pobreza que paga el conjunto de la sociedad” (9).


Estamos ante una iniciativa tomada por una clase dirigente sin autoridad de ningún tipo para ello; iniciativa que parece una bomba de humo para ocultar sus propósitos reales, entre ellos: avanzar como Caballo de Troya de la escalada estadounidense por recuperar el espacio y los territorios perdidos en la región, sirviéndose para ello, también, de enjuiciamientos que le permitan embargar países, encausamiento a quienes se opongan a los intereses de la potencia del Norte y otras acciones similares.


Y surge otro elemento en este cuadro. Los Estados Unidos es el abanderado de las ‘buenas prácticas’, paradójicamente el mismo Estado que desde hace años legalizó las coimas o “pagos facilitadores” por parte de sus multinacionales – “[…] que sirvan para acelerar los procedimientos, obtener una autorización o llevar un expediente al tope de la pila”–, como nos lo explican Benoît Bréville y Renaud Lambert en esta misma edición (ver págs. 18).


Es aquel el mismo país que negocia rebajas de penas con todo tipo de sindicados, siempre y cuando entreguen parte de la fortuna lograda vía desfalcos o todo tipo de saqueo de lo público, como vía narcotráfico. En la práctica, impunidad cancelada con oro, como en los tiempos medievales, lo que deja ver que la supuesta moralidad estadounidense es una simple arma en su cruzada por conservar su sitial en la geopolítica global. Lo que no puede ser de otra manera, toda vez que el único compromiso ‘moral’ del capital es con la multiplicación de sus réditos y la permanente ampliación de sus mercados, al precio que sea.


La ‘moralidad’ estadounidense es un arma afilada con nuevas máquinas, no con simple esmeril, para controlar y someter, como lo evidencia la crisis de gobierno en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (ver artículo Perry Anderson, pág. 20), país que paga el precio de pretender un liderazgo soberano en el mundo, potenciando su rol de primer orden en nuestro continente.


De esta manera, el yunque de la amoralidad del capital imperial –con atuendo de moral–, asentado sobre una corte internacional, servirá, en caso de ser aprobada, para cualquier cosa menos para erradicar el mal contra el que blande sus armas. ¡Toda una manipulación a la cual se presta el gobierno Duque como fiel alfil del imperio!


Así, entre apariencias y seguramente fake news, todo gobierno que se oponga a los planes de los Estados Unidos podría entrar, también por esta vía, en desgracia, pues ya le suceden cosas similares por otros conductos impuestos también por el poder hasta hoy dominante en el mundo. Embargos de cuentas, legalización de golpes de Estado suaves y similares, estarán a la orden del día.


Mientras en el tablado nacional e internacional se escenifica esta nueva obra de teatro, el mismo gobierno que se disfraza con ropas de armiño autoriza, vía la más reciente reforma tributaria, exenciones impositivas por 20 billones de pesos para las grandes empresas con presencia en el país, y, para llenar el vacío de las arcas que este favorecimiento produce, se apresta, además de cargar con más impuestos a una sociedad exhausta de ellos, a feriar los pocos bienes públicos que aún conserva el país como propios. ¿Corrupción legal?
En la escena final de esta obra de teatro su protagonista aúlla: ¡Cojan al ladrón!

 

1. “Consulta anticorrupción: mientras Duque dice sí, Uribe dice no”, https://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-y-duque-se-bajaron-del-bus-de-la-consulta-anticorrupcion/578808.
2. “Conspiración y corrupción: una hipótesis probable”, José Luis Fiori y William Nozaki, en https://www.desdeabajo.info/economia/itemlist/tag/judicializaci%C3%B3n.html.
3. Está pendiente de su aprobación final por la plenaria de la Cámara de Representantes. De salir airoso, va a conciliación del texto en Cámara y Senado, para ser enviado luego a sanción presidencial.
4. Esta iniciativa fue aprobada a comienzos de agosto, en segundo debate de la plenaria de la Cámara.
5. La Comisión Primera de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate, y por unanimidad la iniciativa que extiende estos pliegos a todas las contrataciones del Estado.
6. Fueron hundidos en distintas instancias de su trámite: límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, tope de salarios de congresistas y servidores del Estado, adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción, reforma política, reforma a la justicia, presupuestos participativos y desvinculación de los salarios de los funcionarios con el de los congresistas.
7. Todavía no cuentan con ponencia: tope de salarios –en un primer momento fue retirado por no contar con aval jurídico, beneficio con el cual ya cuenta– y cátedra obligatoria de ética ciudadana.
8. Nada más amoral que el capital, siempre afanado por el lucro y la concreción de sus propósitos sin que lo condicionen ni limiten sus consecuencias: negación de los más elementales Derechos Humanos a inmensos grupos sociales, por países o por región; estímulo al armamentismo y desfalco del erario para garantizar el pago de tales compras, negando otras prioridades humanas en cada país; impulso de guerras y desmanes de todo tipo para la defensa de unos pocos y en contra de muchos, hasta llegar a la inaceptable ecuación 1-99 que hoy domina el mundo, sustentada en un sistema financiero que absorbe y somete al sistema productivo, y potencia el innecesario endeudamiento de millones de familias por todo el mundo, sometiéndolas a la esclavitud moderna de vivir al debe, trabajando hasta dos turnos diarios para evitar ser embargados.
9. https://www.youtube.com/watch?v=AaenxCEWM1c.

Martes, 17 Septiembre 2019 09:27

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

Martes, 17 Septiembre 2019 08:37

De la corrupción y otros males

Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La corrupción alcanza cada día mayor alcance, permea gobiernos, bancos y empresas privadas o mixtas de todo tipo. El cohecho es internacional. Los sobornos equivalen al cinco por ciento del valor anual de la economía global. Estudios basados en el análisis de 447 casos internacionales llegados a sentencia muestran que el 30 por ciento del valor de los proyectos tiene destinación específica: sobornar funcionarios públicos en el mundo entero. El presente artículo analiza la corrupción en Colombia y establece sus relaciones con otras problemáticas socioeconómicas.

 

 

Sorprendente, por partida doble, así fueron los resultados del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc a finales del 2016 y los de la consulta anticorrupción en agosto de 2018. Nadie medianamente razonable creería que la sociedad votara a favor de proseguir la crónica destrucción generada por el conflicto armado interno y, a la vez, expresara su indiferencia ante la corrupción que corroe a las instituciones públicas y privadas.


En los dos eventos de consulta social, solo ejerció el derecho ciudadano uno de cada tres votantes potenciales. En el plebiscito triunfó el No (expreso rechazo a los acuerdos para poner fin al conflicto armado Gobierno-insurgencia) y en la consulta anticorrupción no se alcanzó el umbral que la haría vinculante.


Colombia en el contexto de la corrupción global


De acuerdo con la definición dada por Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. Más allá de ello, en la práctica, la corrupción es un proceder común del poder, por ejemplo, de los bancos, las multinacionales y otras grandes y medianas empresas que en su afán por ampliar ventas, ganar contratos o buscar mayores rendimiento en sus operaciones dentro de un país dado (determinando el código tributario del mismo, por ejemplo), incorporan entre sus gastos un porcentaje destinado a coimas o sobornos.

En diferentes contextos, el ejercicio de la corruptela, permanente o no, perjudica a las instituciones republicanas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. La corrupción destruye las bases de las instituciones democrático-formales al desalentar la participación activa de amplios grupos sociales en la orientación, decisión y control de su destino, y al distorsionar los procesos electorales, socavando el imperio de la ley y deslegitimando la burocracia. Hoy la ciudadanía del mundo contempla con ojos escépticos el complejo de estatalismo, fiscalismo e intervencionismo y supone en él, cada vez más, el teatro absurdo de una gran institución de autoservicio, controlada por la cleptocracia y que es contraproductiva (1).

El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello ya que también está presente en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales, la aprobación de leyes orientadas a servir intereses privados o corporativos y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

La percepción de corrupción en el sector público nacional está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 100 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición. Colombia se encuentra muy lejos de países como Canadá, que tiene un puntaje de 83; Estados Unidos, de 76; y Chile, de 70. Cuando decimos que Colombia es uno de los países más corruptos en el contexto internacional estamos en lo cierto (2).


Con los resultados de 2018, el país cierra cuatro años de estancamiento en los que mantuvo un puntaje de 37 sobre 100, para caer ahora a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional.

Índice de transparencia a nivel territorial

 

Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, calcula el Índice de transparencia de las entidades públicas (Itep) con base en tres características vitales en la administración pública para controlar los riesgos de corrupción: i) visibilidad, ii) institucionalidad, iii) control y sanción. Los factores de Visibilidad y Control y Sanción tienen un peso de 30 por ciento cada uno sobre la calificación final del Índice, mientras que el factor de Institucionalidad cuenta con un peso de 40 por ciento. Para el desarrollo del cálculo del Índice, cada unidad de medición cuenta con una calificación específica que va de cero (0) a cien (100) siendo cien (100) la mayor calificación posible. Después de obtener cada una de las calificaciones estas se clasifican en los distintos niveles de riesgo: i) bajo, de 89,5 a 100; ii) moderado, de 74,5 a 89,4; iii) medio, de 60 a 74,4; iv) alto, de 44,5 a 59,9; v) muy alto, de 0 a 44,4.

En la medición departamental, Chocó, Guainía y La Guajira clasifican en el rango “Muy alto”. En el nivel “Alto” se ubican otros diez departamentos; en “Medio” clasifican 13, y en “Moderado” los siete restantes (Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima). Ninguna de las entidades territoriales de Colombia clasifica en “Riesgo bajo”. El promedio simple para el país registra un valor de 61,7, en consecuencia clasifica globalmente en “Riesgo medio”. Bogotá D.C.regitra un valor de 68,7 por tanto también clasifica en el nivel de riesgo medio (Gráfico 1).

Otros males

Además de este riesgo medio de la inmoralidad generada por la corruptela, otros factores adicionales complican la vida cotidiana de los colombianos, generando sufrimiento innecesario: la desesperanza aprendida ante la política y los asuntos públicos, la desigualdad económica, la violencia fratricida y la pobreza multidimensional. El cuadro 1 nos deja ver el comportamiento estadístico de estas variables en el año 2018 a nivel de todos los departamentos del país. La estadística nos permite reunir, clasificar y recontar todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos investigados.


La media del potencial electoral relativo permite estimar el peso de la población mayor de 18 años en cada entidad territorial, la cual tiene un valor de 70,3 por ciento; con un mínimo de 49,7 por ciento (Vaupés) y un máximo de 87,3 por ciento (Norte de Santander). La media de participación departamental en la consulta anticorrupción (mapa 1) fue de 26,8 por ciento, con un mínimo de 12,3 (La Guajira) y un máximo de 44,6 (Bogotá). El índice de transparencia (mapa 2), variable proxy de la medición de la corrupción, registra un valor medio de 61,7 por ciento, un mínimo de 30,2 (Chocó) y un máximo de 85,6 (Antioquia). El Pib por habitante, para el año 2018 (mapa 3), fue de 15,7 millones de pesos, con un mínimo de $6,2 millones (Vaupés) y un máximo de $42 millones (Casanare). El índice de pobreza multidimensional 2018 (mapa 4) tiene un valor medio de 28,2 por ciento, con un mínimo de 4,4 (Bogotá) y un máximo de 65 por ciento (Guainía). La tasa de homicidios (mapa 5) registra en 2018 un promedio de 24,3 por cada 100.000 habitantes, con un mínimo de 4,5 (Vaupés) y un máximo de 59,1 (Arauca).

En las sociedades capitalistas, el desarrollo es desigual. Pero dentro de la desigualdad persiste también la desigualdad. Al interior de Colombia se registra una situación similar a la que coexistieran diversos países. En las variables examinadas las diferencias territoriales son significativas. La desviación estándar (De) es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media; mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La dispersión entre departamentos es más alta en lo relacionado con las variables corrupción (De=12,8), Pib por habitante (De=$8,6 millones), pobreza (De=15,1) y violencia homicida (De=13,1). Hay menor dispersión en las variables correspondientes al peso proporcional de los mayores de edad (De=8,9) y a la exigua participación ciudadana en la consulta anticorrupción (De=8,8).

Un conjunto de variables que es necesario cruzar buscando con ello información más precisa sobre cómo se manifiesta y cuál es el impacto de la corrupción en Colombia, así como su relación con los demás males que aquejan al país. (Ver recuadro Estadística y variables).

Corrupción y potencial electoral

El peso relativo de la población mayor de 18 años es poco explicativa (R²=0,24) del comportamiento de la corrupción (Gráfico 2). No obstante, la pendiente que relaciona estas dos variables socio demográficas es positiva, esto es, al aumentar el peso relativo de la población mayor de edad respecto a la población total del departamento tiende a elevarse ligeramente el índice de transparencia (esto es, menor nivel de corrupción).

 

 


Corrupción y participación


La lucha contra la corrupción requiere de un vínculo más directo, fiscalizador, comprometido y efectivo de la ciudadanía con los asuntos públicos o de interés social. La defensa de lo público es fundamental, pero además deben protegerse, luchando por su transformación en beneficio de las mayorías, y rompiendo su funcionamiento distante y ajeno de la ciudadanía y de sus intereses, dinamizando a partir de un funcionamiento cada vez más participativo y menos delegativo, las instituciones de representación colectiva (órganos de elección popular), así como las entidades de control y supervisión social (Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Auditoria General) pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. El grado de participación (en el caso de la consulta anticorrupción) explica en gran medida el nivel de la corrupción (R²=0,49); la relación es positiva: a mayor participación ciudadana mejora la transparencia de las instituciones y son menos proclives al cohecho o soborno (Gráfico 3).

Corrupción e ingreso por persona

Los niveles de corrupción en un país pueden percibirse por la desigualdad económica. Los actos de corrupción por parte de los funcionarios públicos, en contubernio con agentes del sector privado, dentro de los órganos e instituciones del Estado socavan aún más no solo la democracia realmente existente, sino también los sistemas educativos, de salud y la misma economía de un país o región.

 

 


El análisis departamental de la transparencia institucional en función del Pib por habitante muestra una capacidad explicativa alta (R²=0,52); las unidades territoriales de altos ingresos por personas tienden a correlacionarse con instituciones más transparentes, virtuosas o menos corruptas (Gráfico 4). El dinero de la corrupción, al funcionar como renta individual, genera poca o nula riqueza social. La corrupción constituye uno de los mayores obstáculos al progreso de los departamentos en que está territorializado el país. El economista Schumpeter afirmaba que “el desarrollo produce siempre más desarrollo” y en medio de este círculo de éxito, se genera mayor transparencia y comportamiento ético de la ciudadanía y las instituciones.


Corrupción y pobreza


Existe una estrecha relación entre la corrupción (sobornos o cohecho) y la pobreza (en términos institucionales no individuales, valga decir): en los países o regiones más pobres la corrupción encuentra condiciones más expeditas para su materialización y es, por tanto, donde alcanza mayores índices. Su materialización debilita los sistemas de una sociedad: político, judicial, cultural, económico y social. En general, la corrupción ocasiona violaciones de derechos humanos. Aunque el problema afecta a todo el país, sin embargo, tiene un mayor impacto en la población que vive bajo condiciones de pobreza.
El Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. También refleja, tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo.


El IPM registra una significativa fuerza explicativa de la corrupción (R²=0,52). La relación o pendiente es negativa entre estas dos variables, esto es, a mayor nivel de pobreza menor es la transparencia de las instituciones y, por ende, mayor es la corrupción (Gráfico 5). En estos territorios, la clase política, lumpen y corrupta, campea a sus anchas. Puede deducirse por prolongación, que los banqueros, los gremios económicos, o los empresarios, comerciantes y negociantes de todo tipo encuentran en estas circunstancias y ambientes mayor espacio para concretar sus mezquinos intereses y codicia, valiéndose para ello de todo tipo de artimañas, negociados, cohechos, sobornos y favorecimientos.


Corrupción y violencia


Tiene Colombia el triste privilegio de registrar uno de los más altos índices de violencia del mundo. Asimismo, a juzgar por reputadas calificaciones internacionales, de ubicarse entre los países más corruptos del mundo. No obstante, en el análisis territorial, corrupción y violencia no van a menudo de la mano (Gráfico 6). La fuerza explicativa de los niveles de corrupción y transparencia institucional por parte de la pandemia homicida a lo largo y ancho del territorio nacional es débil (R²=0,03).


Si bien, violencia y corrupción conforman inequívocamente el marco general sobre el cual existe todo tipo de delitos, inmoralidad y criminalidad en Colombia, son fenómenos socio-políticos y culturales con causas y dinámicas diferentes. Los une, eso sí, una historia permeada por la maldad, la ilegalidad, el atropello, la impunidad, el miedo, la anomia y la indiferencia ciudadana.


Remedios contra la corrupción y otros males


Un simpático grafiti expresaba: “no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón. Es tu voto el que hace a un ladrón convertirse en político”.


El análisis realizado permite concluir que el grado de transparencia, incorruptibilidad y moralidad de las instituciones es explicado, de una parte, por el grado de desarrollo social, económico y cultural alcanzado por la sociedad; y, de otra parte, por la conciencia ciudadana, su ética política, compromiso con el bien público y participación democrática. Al contrario, las instituciones políticas y económicas extractivas asociadas al control por parte de organizaciones políticas lumpen, criminales y mafiosas, adoptan fácilmente formas corruptas y extractivas atroz y descaradas en medio de la pobreza, la exclusión, la ignorancia, la manipulación y la intimidación de la población.


Un país funciona cuando se identifican grandes objetivos nacionales asumidos de forma responsable, comprometida, democrática y colectivamente. La lucha contra la corrupción y los otros males analizados, dada su arraigo y generalización, requiere un gran pacto, un compromiso ciudadano de tolerancia cero. A la base de este pactó se requiere fortalecer y/o recuperar todo lo público, abriendo su administración y control al conjunto social, elevando su eficiencia para que la gente perciba sus beneficios y ventajas, lo asuma y defienda como propio, lo que demanda un cuestionamiento a las formas capitalistas oligárquicas y su neoliberal manifestación actual.


De su mano, transformar el sistema educativo, remplazando la promoción del individualismo y el enriquecimiento monetario como única meta de la vida, sin importar los costos y los medios (la consigna postmodernista del “todo vale”), por una educación que empiece desde la familia (los cinco primeros años de vida son el período crítico para el aprendizaje ético de todo ser humano; los ejemplos y valores aprendidos en la temprana infancia perduran a lo largo de su existencia) y se consolide en las instituciones educativas, en todos los niveles, sembrando valores éticos que fortalezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la participación, defensa y respeto por lo público, así como la participación en las instituciones de representación colectiva, bregando en todo instante porque lo individual sea lo menor y lo colectivo lo más (asambleas deliberativas y decisorias, consultas populares y similares) mejorando así el ambiente para potenciar la convivencia social. Todo enmarcado en políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en el sector financiero, en empresas e instituciones públicas abiertas y de democracia directa y cada vez más radical.


En últimas, de lo que se trata es de construir una sociedad cada día más abierta, ética, crítica, comprometida e incluyente, donde las mayorías deciden su rumbo en todo instante, para lo cual es fundamental cimentar una sólida cultura ciudadana convencida de la pertinencia de lo público, de la viabilidad de la redistribución cada vez más equitativa y justa de la renta nacional, y de mayor conciencia y solidaridad sobre la importancia de los derechos humanos, el bien social, la democracia participativa y la defensa de la dignidad humana. De así proceder nuestra sociedad, la corrupción no tendrá lugar.

 

1. Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX?, Ediciones Siruela, S.A., España, p. 16.
2. La escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso. La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

*Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 

Publicado enColombia
Martes, 17 Septiembre 2019 08:30

El aullido

Carlos Lema, “Nayra”, fotografía, 2004 (Cortesía Teatro la Candelaria)

Un solo día después de posesionado como Presidente, Iván Duque radicaba en el Congreso de la República un proyecto gubernamental de ley con el supuesto propósito de cerrar aún más los intersticios por medio de los cuales la corrupción, a través de la contratación pública, mantiene su dominio, así como para reducir los beneficios legales a que puede acudir todo aquel condenado por tal delito.

Conocedor de la perdurable desaprobación ciudadana contra políticos profesionales que gozan de apabullantes sueldos y prebendas de todo tipo, así como del reino de una ‘justicia’ que trata con paño de seda a los ricos –causantes del desfalco del erario por diversos conductos, entre ellos de manera ‘legal’ vía contratación y variedad de esguinces (otro sí) que saben hacerle a la norma– y con machete a los sectores populares causantes del robo al menudeo, de esta manera aprovechó los vientos nacionales para surfear en la ola de lo políticamente correcto.

Espectáculo, teatro, no mucho más. Zigzaguear, hacer piruetas, llamar la atención para lograr la aprobación de la tribuna… Así es el arte de la política de la exclusión: decir y fingir hacer lo que la audiencia demanda y espera, al tiempo que, por la espalda, lo privilegiado es lo contrario; ganar tiempo y dilatar; animar al adversario en público, y en privado ponerle ‘palos en la rueda’ para que tropiece. Así procedió Duque en tiempos de la consulta anticorrupción, y así continúa siendo su proceder al difundir una y otra vez que es el adalid en la lucha contra la corrupción, mientras el statu quo conserva sus dominios en el establecimiento.


Apariencia y simulación. El traje y el rostro, con buenas luces, lo pueden todo. En este tipo de circunstancias, “las buenas formas de la política” aconsejan no estar en contra de la opinión popular y hablarle al país según los deseos mayoritarios. Para el caso que nos ocupa, tocaba estar del lado de la Consulta, así el resultado final de su proceder fuera totalmente contrario a lo esperado por sus impulsores, quienes por entonces llamaban la atención sobre tal actuación y aclaraban que, sin el apoyo pleno del gobierno, difícilmente saldría avante la misma (1).

Aquella era una actitud farisaica sin esfuerzo ni riesgo, toda vez que asumir la lucha contra la corrupción, y en particular la Consulta de marras, no le obligaba a cuestionamiento ideológico ni económico alguno al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así era, ya que la iniciativa no establecía la base del cuestionado fenómeno en la estructura del sistema económico, político, militar, ambiental y social imperante, y el modelo de acumulación que asume desde hace algunas décadas, sino que la dejaba flotar como una circunstancia de personas y empresas.

De acuerdo a su concepción, era un problema de simple ambición, afán de lucro o viveza. Esto, a pesar de evidencias recientes como la crisis de los “títulos hipotecarios basura” en 2007 y la quiebra de Lermmas Brothers en Estados Unidos, con el salvamento del conjunto de su sistema financiero por parte del Estado, quiebra asumida por millones de ahorradores que padecieron la evaporación de sus dineros e inversiones. Lo que recordaba con total prueba lo acotado por Fernand Braudel: “El capitalismo es el antimercado” (2), razón explicativa del sometimiento del Estado ante el capital privado y especulativo, esencia de la estructura corrupta hasta hoy imperante en todo el mundo, y explicación de fondo de por qué, a pesar de leyes y regulaciones de diverso tipo para contener la corrupción, ésta mantiene sus dominios. Son esas la esencia y la inercia del establecimiento.

También enmarca(ba) la actitud presidencial la relación causa-efecto, evidente también en casos criollos como Interbolsa, Agro Ingreso Seguro, los Nule, el puente de Chirajara, la carretera al Llano, Estraval, Odebrecht, Electricaribe, el edificio Space (Medellín), para no reparar en otros muchos nombres de escándalos por corrupción, privada y pública, que han ‘conmocionado’ al país, como en las privatizaciones que tomaron curso desde los años 80 del siglo XX, multiplicadas en los 90 y en el nuevo siglo con el desmonte del pobre aparato productivo que había acumulado el país, todo a favor del capital privado. ¿Y qué decir del modelo económico, ajustado a la medida de los propietarios del capital? ¿No será la corrupción, entonces, la esencia misma del capitalismo?


Así, aunque en la Consulta se aparentaba ser detractores de un mal –reflejo de un problema estructural–, no se ahondaba ni rechazaba (el) origen del mismo. Al proceder así, ¿podría ser erradicado tal mal? La existencia de variedad de leyes y similares en el plano nacional e internacional, aprobadas para ponerle coto a la situación, indican que ciertamente el problema no recibe ataques en su raíz sino en sus ramas.


En esas condiciones, cualquier político o empresario, de los más corruptos pero nunca condenados por tal proceder, o todas aquellas empresas y personas que saben hacerle esguinces a la normatividad vigente (por ejemplo, evadir con “permiso de la ley” o crear sociedades offshore como pantalla para operaciones no siempre legales, o llevar a cabo el lobby dentro del alto gobierno para salir favorecido por el tono de ciertas leyes o por acceder a información privilegiada, etcétera) pueden fungir como activos en la lucha contra la práctica de vaciar presupuestos públicos con fines privados o para el beneficio de una estructura partidaria o militar.


Como fue vaticinado en su momento, sin el apoyo del gobierno la iniciativa no alcanzó su propósito, y sin igual apoyo tampoco consiguió que salieran a flote los 24 proyectos de ley radicados en el Congreso para materializar el anhelo de los 11.674.951 que votaron por el Sí en la consulta, por controlar e idealmente erradicar la corrupción.


Así es. De la totalidad de proyectos radicados para trámite legal, únicamente uno está pendiente de sanción presidencial (mecanismos de rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales); otros tres avanzaron con posibilidad de lograr la aprobación final de los legisladores: Publicación de las declaraciones de renta y registro de intereses privados (3); inhabilidad para los condenados por corrupción y terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción (4); los pliegos tipo (5). La suerte de los demás fue la negativa –hundidos– (6) o que ni siquiera han contado con ponencia (7).


Una escena tras otra. Sin reparar y mucho menos reconocer que desde el Ejecutivo nacional y el partido al cual está adscrito el Presidente se obró por distintos conductos en vía contraria a lo anunciado, y, sopesando la popularidad de una cruzada anticorrupción en el plano nacional e internacional, ahora el Gobierno ondea tal bandera en Naciones Unidas, llamando a tramitar una corte internacional anticorrupción, una iniciativa en apariencia moralista (8) y de buen gobierno pero que en lo fundamental pretende dotar al gobierno de un discurso progresista en el concierto de naciones, fungiendo como paladín de la democracia y la legalidad. Nada más lejano de la realidad.


“El que pega primero pega dos veces”, dice el refranero popular, y así permite comprobarlo este liderazgo global que pretende el canciller Carlos Holmes Trujillo a nombre del gobierno colombiano, cabeza de un país que en el índice de corrupción global ocupa el puesto 99 entre 180. Un país acusado y condenado como violador de los más elementales Derechos Humanos en diversidad de causas, y que para vergüenza propia y ajena aparece entre los más desiguales del mundo, con una concentración descomunal de tierra, acciones y patrimonio en poquísimas personas. Como si la evidencia no fuera cierta, y sin pudor alguno, el Canciller no duda en enfatizar: “Nada es tan costoso como la corrupción […] en muchos sentidos, un impuesto a la pobreza que paga el conjunto de la sociedad” (9).


Estamos ante una iniciativa tomada por una clase dirigente sin autoridad de ningún tipo para ello; iniciativa que parece una bomba de humo para ocultar sus propósitos reales, entre ellos: avanzar como Caballo de Troya de la escalada estadounidense por recuperar el espacio y los territorios perdidos en la región, sirviéndose para ello, también, de enjuiciamientos que le permitan embargar países, encausamiento a quienes se opongan a los intereses de la potencia del Norte y otras acciones similares.


Y surge otro elemento en este cuadro. Los Estados Unidos es el abanderado de las ‘buenas prácticas’, paradójicamente el mismo Estado que desde hace años legalizó las coimas o “pagos facilitadores” por parte de sus multinacionales – “[…] que sirvan para acelerar los procedimientos, obtener una autorización o llevar un expediente al tope de la pila”–, como nos lo explican Benoît Bréville y Renaud Lambert en esta misma edición (ver págs. 18).


Es aquel el mismo país que negocia rebajas de penas con todo tipo de sindicados, siempre y cuando entreguen parte de la fortuna lograda vía desfalcos o todo tipo de saqueo de lo público, como vía narcotráfico. En la práctica, impunidad cancelada con oro, como en los tiempos medievales, lo que deja ver que la supuesta moralidad estadounidense es una simple arma en su cruzada por conservar su sitial en la geopolítica global. Lo que no puede ser de otra manera, toda vez que el único compromiso ‘moral’ del capital es con la multiplicación de sus réditos y la permanente ampliación de sus mercados, al precio que sea.


La ‘moralidad’ estadounidense es un arma afilada con nuevas máquinas, no con simple esmeril, para controlar y someter, como lo evidencia la crisis de gobierno en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva (ver artículo Perry Anderson, pág. 20), país que paga el precio de pretender un liderazgo soberano en el mundo, potenciando su rol de primer orden en nuestro continente.


De esta manera, el yunque de la amoralidad del capital imperial –con atuendo de moral–, asentado sobre una corte internacional, servirá, en caso de ser aprobada, para cualquier cosa menos para erradicar el mal contra el que blande sus armas. ¡Toda una manipulación a la cual se presta el gobierno Duque como fiel alfil del imperio!


Así, entre apariencias y seguramente fake news, todo gobierno que se oponga a los planes de los Estados Unidos podría entrar, también por esta vía, en desgracia, pues ya le suceden cosas similares por otros conductos impuestos también por el poder hasta hoy dominante en el mundo. Embargos de cuentas, legalización de golpes de Estado suaves y similares, estarán a la orden del día.


Mientras en el tablado nacional e internacional se escenifica esta nueva obra de teatro, el mismo gobierno que se disfraza con ropas de armiño autoriza, vía la más reciente reforma tributaria, exenciones impositivas por 20 billones de pesos para las grandes empresas con presencia en el país, y, para llenar el vacío de las arcas que este favorecimiento produce, se apresta, además de cargar con más impuestos a una sociedad exhausta de ellos, a feriar los pocos bienes públicos que aún conserva el país como propios. ¿Corrupción legal?
En la escena final de esta obra de teatro su protagonista aúlla: ¡Cojan al ladrón!

 

1. “Consulta anticorrupción: mientras Duque dice sí, Uribe dice no”, https://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-y-duque-se-bajaron-del-bus-de-la-consulta-anticorrupcion/578808.
2. “Conspiración y corrupción: una hipótesis probable”, José Luis Fiori y William Nozaki, en https://www.desdeabajo.info/economia/itemlist/tag/judicializaci%C3%B3n.html.
3. Está pendiente de su aprobación final por la plenaria de la Cámara de Representantes. De salir airoso, va a conciliación del texto en Cámara y Senado, para ser enviado luego a sanción presidencial.
4. Esta iniciativa fue aprobada a comienzos de agosto, en segundo debate de la plenaria de la Cámara.
5. La Comisión Primera de la Cámara aprobó a mediados de este mes en tercer debate, y por unanimidad la iniciativa que extiende estos pliegos a todas las contrataciones del Estado.
6. Fueron hundidos en distintas instancias de su trámite: límite a los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, tope de salarios de congresistas y servidores del Estado, adopción de medidas en materia penal y administrativa contra la corrupción, reforma política, reforma a la justicia, presupuestos participativos y desvinculación de los salarios de los funcionarios con el de los congresistas.
7. Todavía no cuentan con ponencia: tope de salarios –en un primer momento fue retirado por no contar con aval jurídico, beneficio con el cual ya cuenta– y cátedra obligatoria de ética ciudadana.
8. Nada más amoral que el capital, siempre afanado por el lucro y la concreción de sus propósitos sin que lo condicionen ni limiten sus consecuencias: negación de los más elementales Derechos Humanos a inmensos grupos sociales, por países o por región; estímulo al armamentismo y desfalco del erario para garantizar el pago de tales compras, negando otras prioridades humanas en cada país; impulso de guerras y desmanes de todo tipo para la defensa de unos pocos y en contra de muchos, hasta llegar a la inaceptable ecuación 1-99 que hoy domina el mundo, sustentada en un sistema financiero que absorbe y somete al sistema productivo, y potencia el innecesario endeudamiento de millones de familias por todo el mundo, sometiéndolas a la esclavitud moderna de vivir al debe, trabajando hasta dos turnos diarios para evitar ser embargados.
9. https://www.youtube.com/watch?v=AaenxCEWM1c.

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Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

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Las grandes petroleras de EEUU, detrás de la lucha contra la corrupción en Brasil

La llamada "lucha contra la corrupción" fue desde siempre una práctica normal de la competencia por nuevos recursos y mercados. En el caso de Brasil, la sombra de las grandes petroleras estadounidenses está detrás de las denuncias contra Petrobras, contra el Partido de los Trabajadores y contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva.

 

Estas grandes empresas, decanas en la práctica de sobornar funcionarios y políticos en todo el mundo, "acostumbran a utilizar la sorprendente acusación de 'corrupción' contra todo tipo de competidores y adversarios que se interpongan en su camino", escriben los analistas geopolíticos José Luis Fiori y William Nozaki, en una pieza titulada Petróleo, guerra y corrupción: entender Curitiba.

Nozaki es profesor de sociología en Sao Paulo y director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP), creado en 2018 por la Federación de Trabajadores Petroleros, para promover la investigación académica sobre asuntos relacionados con la agenda del sector del petróleo en Brasil y el mundo.

Fiori es economista y coordinador del programa Poder global y geopolítica del capitalismo en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también pertenece al INEEP. Publicó varios libros sobre geopolítica y es una de las voces más autorizadas sobre el tema en Brasil y en América Latina.

Curitiba es la ciudad del sur de Brasil donde residen los jueces y juzgados que promovieron la investigación conocida como Lava Jato (lavado rápido), que procesó y encarceló un centenar largo de políticos y empresarios, entre ellos al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

En el trabajo mencionado comienzan a desvelar, con datos históricos y algunas proyecciones, las razones por las cuales fue posible descabalgar al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno, en base a acusaciones de corrupción que, más allá de algunos desvaríos, tienen visos de ser reales. Aunque realizan algunas conjeturas siempre discutibles, no caen en teorías conspirativas sino que se atienen a los hechos.

Su trabajo arranca con la formación de las Siete Hermanas, como se conoció a las grandes petroleras lideradas por Standard Oil (de John Rockefeller), que controlaban el mercado global de petróleo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que el petróleo jugó un papel muy destacado en las guerras del siglo XX, lo que les permite asegurar la estrecha asociación entre la industria del petróleo y la industria de la guerra.

​En efecto, el petróleo tuvo un papel decisivo en la Guerra del Pacífico desencadenada con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 y en el ataque alemán a la Unión Soviética el mismo año, hasta la guerra del Golfo (1991), la guerra de Irak (2003), la invasión a Libia (2011) y la actual guerra en Siria. El petróleo puede ser considerado una commodity geopolítica.

Luego detallan quince casos en los cuales las grandes petroleras estuvieron involucradas en corrupción comprobada, ya sean empresas privadas o estatales. Citan la investigación del cientista político Paasha Mahdavi, quien constató en base a datos del Departamento de Justicia de EEUU, que un tercio de los 141 procesos de corrupción investigados entre 1977 y 2013 estaban relacionados con el sector petróleo y gas.

Luego se focalizan en Brasil. El caso del ingeniero Pedro Barusco, gerente de Servicios de Petrobras entre 1995 y 2010, es elocuente. En sus declaraciones ante la justicia, asegura que comenzó a recibir sobornos en 1997, como otros altos cargos de la petrolera, cuando gobernaba Fernando Henrique Cardoso, y estima que el PT recibió entre 150 y 200 millones de dólares entre 2003 y 2013.

Durante el Gobierno del PT, las propinas pasaron a ser pagadas por empresas "nacionales" como Odebrecht y OAS, dos de las mayores constructoras que se beneficiaron con licitaciones para obras de infraestructura. En ese período hubo un recambio de empresas nacionales por las extranjeras como abastecedoras de Petrobras, que ocupaba el segundo lugar entre sus pares del mundo.

Fiori y Nozaki establecen que "el descubrimiento de las reservas de petróleo en el presal en 2006 fue el momento decisivo en el que Brasil cambió la agenda geopolítica de los Estados Unidos". Brasil pasa a ocupar "una posición destacada en tres de las siete prioridades estratégicas de la política energética de EEUU: como fuente de experiencia para la producción de biocombustibles; como socio clave para la exploración y producción de petróleo en aguas profundas; como territorio estratégico para la exploración del Atlántico Sur".

Tres datos adicionales. El mercado del petróleo nunca se guió por la libre competencia, como aseguran los liberales, sino como "campo de guerra entre las grandes corporaciones y las grandes potencias". La llamada "corrupción" fue desde siempre una práctica normal de la competencia por nuevos recursos y mercados. Y, por último, acusan de corrupción a los "adversarios que se interponen en su camino".

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Tierra Forme y Nuevo Reino de Granada y Popayán. Willem Blaeu, Amsterdan, 1647 (1ª. Edición: 1635). Mapoteca 4, X-61, Archivo Nacional, Bogotá.

Mucho antes de la invasión/conquista y la Colonia, cuando los pueblos originarios dominaban el territorio que hoy es Colombia, éste ya se había configurado como una nación de regiones geográficas con características y particularidades en clima, vegetación, cuencas y microcuencas hidrográficas, factores fundamentales que a su vez marcan las costumbres de sus habitantes e incluso su idioma. Si bien la conformación política ha variado o evolucionado de acuerdo con las circunstancias no naturales, la conformación geográfica regional se mantiene invariable hasta nuestros días. La denominación de Colombia, “país de regiones”, es un concepto moderno lingüístico, y por lo tanto científico, que resume la configuración geográfica ancestral, en un intento de acomodarla con la configuración político administrativa, pero sin encontrar la solución a las contradicciones políticas criollas que afloraron tempranas en el movimiento de los Comuneros de 1781, se manifestaron belicosas en la revuelta del 20 de julio de 1810, que propulsó un proceso de lucha para ponerle fin al régimen colonial, y se agudizaron y se exacerbaron a partir del establecimiento de la República en 1821, y han perdurado hasta nuestros días.

Como la define el arquitecto, escritor y geógrafo Alberto Mendoza Morales en su obra trascendental Colombia, Estado Regional (Bogotá, 2000) “Región es una porción de territorio, de tamaño variable, definida por límites arcifinios [naturales], individualizada por algún elemento unificador que la distingue, le imprime carácter único y la hace singular frente a otras regiones”.


Dentro de esta definición se desarrolló la vida de las naciones o regiones que conforman el territorio invadido por los conquistadores españoles a partir de 1500. Aquí habitaban la nación Calamarí (Caribe), la nación Mwiska, la nación Pijao, la nación Patía, y otras, formadas alrededor de doce grandes cuencas fluviales, que tienen como ejes los ríos Magdalena y Cauca (pues influyen ellos dos en la totalidad del territorio) y las otras diez grandes cuencas: Amazonia, Orinoquia, Catatumbo, Sierra Nevada, Sinú, Atrato, Baudó, San Juan, otros ríos, Patía y Mataje. El Himat ha identificado en Colombia 714.300 minicuencas hidrográficas (fluviales y lacustres) menores de 10 kilómetros.

Los españoles reorganizaron la división político administrativa del que bautizaron Nuevo Reino de Granada, subdividiéndolo, con base en la delimitación geográfica, en gobernaciones. La Gobernación de Santa Marta, la Gobernación de Cartagena, la Gobernación del Río de La Hacha (Guajira), las gobernaciones de Venezuela y Quito, la Gobernación de Popayán, los territorios de las Misiones (Llanos Orientales, Casanare, Arauca, Meta), y la Audiencia de Santafé, erigida en capital del Nuevo Reino de Granada. Esa división administrativa se mantuvo hasta el final de la Colonia, con las variantes de que la Gobernación de Venezuela fue convertida en capitanía, y la de Quito en presidencia, con una Real Audiencia auxiliar de la de Santafé. Tales regiones o gobernaciones estuvieron determinadas en su funcionamiento económico por una institución común: la Encomienda. Por orden del rey Carlos V la Encomienda estaba destinada a garantizar la propiedad de los indígenas sobre sus tierras y a darles la protección que necesitaran, para lo cual se nombraba un encomendero que tendría a su cuidado determinada porción de tierras (por lo general latifundios) y el cuidado de los indígenas que las habitaban y que eran sus dueños legítimos, en cuyo servicio obraba el encomendero, remunerado por los mismos indígenas. A los pocos años los encomenderos pasaron a ser los dueños de las tierras y los indígenas sus sirvientes.

De ahí se formaron enormes latifundios y los encomenderos pasaron a ser la clase de los terratenientes, de modo que a finales del siglo dieciocho la totalidad de las tierras productivas del Nuevo Reino de Granada era propiedad de no más del tres por ciento de la población. Los encomenderos terratenientes utilizaban para trabajarlas la mano de obra de los indígenas (que no eran esclavos, pero recibían un trato peor que si lo fueran) y de los esclavos.
Tras el movimiento del 20 de julio de 1810, que, si no estableció formalmente la independencia, sí le torció el pescuezo al régimen colonial español, se organizó un primer ensayo de Estado Regional, de tipo federal, en imitación al adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica, y se le dio el nombre de Provincias Unidas de la Nueva Granada, con gobiernos y administraciones autónomas, y sujetas políticamente a la autoridad del Congreso. Esas Provincias Unidas surgieron de la conformación Geográfica natural del país. Venezuela y Quito no entraron a formar parte de la nueva organización post colonial y adoptaron su propio régimen político- administrativo.

Un observador tan agudo como Antonio Nariño, que llevaba casi treinta años de lucha por la libertad de su pueblo, y sufrido varias prisiones por esa causa, al salir de su celda en las mazmorras de Bocachica, en Cartagena, donde lo tenía encerrado el régimen español a raíz de la conspiración en 1809, analizó la forma como la organización de las Provincias Unidas no iba a derivar en un Estado nacional libre y soberano, integrado por regiones con verdadera autonomía económica, política y social, según las características regionales, sino en una supuesta nación hecha a semejanza de los Estados Unidos, pero con regiones que constituiría el feudo de los terratenientes herederos de las encomiendas y del dominio de la tierra en esas provincias. Tendríamos entonces un Estado feudal y no un Estado regional.

A su regreso a Santafé, Nariño asumió dos posturas inaceptables para los nuevos dominios. La primera, propuso un gobierno central, que facilitara la organización de las provincias para la defensa del país ante la inminencia de un intento de reconquista por parte de la antigua metrópoli, que lo emprendería tan pronto terminara su guerra contra Napoleón. Y la segunda, acabar con la encomienda y redistribuir las tierras entre los campesinos e indígenas que las trabajaban y que eran sus dueños legítimos. No podíamos pensar en fundar una democracia si pensábamos continuar bajo el mismo sistema feudal de la Colonia. La propuesta audaz de Nariño les produjo náuseas a los nuevos encomenderos, nada dispuestos a repartir sus fundos entre los trabajadores, así como así.

De ahí surgieron los dos primeros partidos políticos en Colombia con posiciones antagónicas. El centralista, encabezado por Antonio Nariño, y el federalista, por el doctor Camilo Torres. De ahí también surgió la primera de las nueve guerras civiles generales del Siglo diecinueve en Colombia, motivadas en apariencia por la misma razón: centralismo versus federalismo; pero no se trataba de dos posiciones políticas ni ideológica opuestas. A los federalistas les interesaba ese sistema porque se adaptaba mejor al dominio feudal de las tierras productivas de la República, mientras que los centralistas aspiraban a un gobierno que pudiera efectuar hacia la periferia una distribución equitativa no solo de la propiedad de la tierra sino de las riquezas que pudiera generar el trabajo nacional. Entró en juego también el libre cambio, del que se hicieron campeones los federalistas (o liberales radicales) y al que combatieron, apoyados en el centralismo, los artesanos que pretendían crear una industria nacional y pedían para ello la protección incondicional del gobierno. La lucha auténtica no fue entre centralistas y federalistas, sino entre librecambistas y artesanos, entre el libre comercio y el proteccionismo industrial.


En su discurso de Instalación del Congreso de Angostura, el Libertador Simón Bolívar encareció a los diputados adoptar una constitución de tipo centralista, que se adaptaba a las características de los pueblos (Nueva Granada, Venezuela y Quito) que habrían de integrar la futura República de Colombia. El Congreso de Angostura elaboró una Constitución de tipo centralista con carácter provisional, mientras se decidía la suerte de la Guerra de Independencia. La victoria de Boyacá en 1819 y la liberación de la Nueva Granada, le permitieron al Libertador convocar el Congreso Constituyente de Cúcuta, instalado por Antonio Nariño. Allí se adoptó una constitución de tipo centralista y proteccionista, que impulsara el desarrollo de la industria artesanal nacional, y de la agricultura, como efectivamente las impulsó; pero las ambiciones de poder y de riqueza de la clase dirigente criolla, los intereses de los terratenientes, que ejercían el poder verdadero, y las intrigas de los ministros plenipotenciarios de Estados Unidos y de Inglaterra, que encontraban en el proteccionismo constitucional un obstáculo fastidioso para sus intereses comerciales, instaron a la separación de Venezuela y de Ecuador, y a la disolución de Colombia tras la muerte del Libertador en 1830. La República de la Nueva Granada, y las que le siguieron en el curso tormentoso del Siglo XIX colombiano, tampoco pudieron organizar Estados Regionales, en parte porque los terratenientes y los comerciantes se opusieron, y en parte porque los tratados de libre comercio y amistad con Estados Unidos (1835 y 1848) hicieron imposible que las regiones pudieran librarse de su vasallaje feudal.

Con las constituciones semilibrecambistas y semifederalistas de 1853 y 1857 el librecambio avanzó hacia el dominio total de la vida granadina, lo que se dio con la Constitución de 1863, que instauró nueve estados soberanos aupados bajo el denominador común de República de los Estados Unidos de Colombia. Sin embargo, las contradicciones se agudizaron. La soberanía pomposa de los nueve estados de 1863, como la autonomía de las doce provincias Unidas de 1811, era la misma máscara con que se encubrían los soberanos incuestionables: los terratenientes. El régimen feudal seguía imperando bajo la Constitución más liberal que pudiera imaginarse. Esa misma Constitución liberal que favorecía los intereses del libre comercio, pero no el nuestro sino el de las potencias que nos vendían sus productos, sumieron en la ruina a los artesanos colombianos, y se originó una confrontación que tuvo muchas refriegas en las plazas públicas entre gólgotas (librecambistas) y draconianos (artesanos). O como decían entonces. “entre los de casaca y los de ruana”.

En esas condiciones, se produjo una escisión política profunda e irreconciliable. La Iglesia y los conservadores, por un lado, que decían combatir el ateísmo de los radicales y la abusiva expropiación de los bienes sagrados (tierras, conventos, iglesias) por el decreto de bienes de manos muerta que expidió el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, con destino a la recaudación de fondos para financiar el Estado, pero cuyo producido, en su mayor parte, terminó en los bolsillos de los radicales (liberales librecambistas). Y por otro lado los liberales independientes (no librecambistas) y los artesanos que pugnaban por un gobierno proteccionista. El líder de los independientes fue el pensador liberal Rafael Núñez, que comenzó a publicar una serie de artículos (enviados desde Europa, donde ejercía el consulado de Colombia en Liverpool) a favor de una política de protección a la industria artesanal, la creación de empleo y de riqueza productiva, y de restricción al libre cambio, pensamiento en contravía de los postulados de la Constitución de Rionegro, que abolió por completo el proteccionismo.


Una lucha de varios años en la cual, el movimiento artesanal organizado llevó a Núñez a la presidencia en 1880. Dos años antes, al dar posesión de la presidencia al liberal independiente Julián Trujillo, Núñez había resumido su doctrina en dos postulados: Regeneración administrativa fundamental o catástrofe y Paz científica. Los radicales hicieron burlas, chanzas y sátiras sobre esos programas de Núñez, que les demostró que tan serio era su programa cuando, al iniciar su período, estableció el Banco Nacional, con carácter de Banco Emisor, y les quitó a los bancos de los estados, y a los privados, la facultad de emitir sus propios billetes. Como el período presidencial era apenas de dos años, Núñez no tuvo tiempo de avanzar en la regeneración administrativa fundamental, ni en la Paz Científica, hasta su segunda elección, en 1884.

¿En qué consistían la Regeneración administrativa fundamental y la Paz científica? Ambas nociones las había tomado Núñez del discurso del Libertador en Angostura. La Regeneración administrativa fundamental era gobernar con honradez, con pulcritud y con eficiencia para hacer de los recursos públicos un instrumento de prosperidad del común de los ciudadanos, y no del beneficio de unos pocos. En consecuencia, había que castigar con severidad el mal uso de esos recursos, y para ello se requería un gobierno central con autoridad (no autoritarismo) capaz de proteger y estimular el trabajo de los colombianos y darles vigor a las regiones. La Paz científica era la proveniente de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, y de la tranquilidad que la solución de esas necesidades podía darles equitativamente a todos y a cada uno de los habitantes del país.

Los artesanos entendieron a Núñez. Lo llevaron a la presidencia en 1880 y 1884. Lo apoyaron en la guerra civil que declararon los radicales en 1885 “contra el régimen regenerador” al que tildaban de dictatorial, y después de la guerra, ganada por Núñez, respaldaron la reforma constitucional, que entre otros cambios fundamentales extendió el período presidencial a seis años. Por una gran mayoría, Núñez fue elegido para inaugurar el primer período de la Nueva Era (1886-1892).

Paradójicamente, aquel mandatario liberal y escéptico, cuasi ateo, atacado con ferocidad por los librecambistas variopintos, tuvo que aliarse con un segmento del conservatismo y hacerle a la Iglesia concesiones lamentables, pero necesarias para poder gobernar.

La Constitución de 1886 no alcanzó los objetivos anunciados por Núñez de Regeneración administrativa fundamental y Paz científica. Las concesiones a la Iglesia consiguieron que se mantuviera el mismo orden feudal que venía ininterrumpido desde la Colonia. Reformas como el papel moneda de curso forzoso, la prohibición de negociar en moneda extranjera (prohibición de estipular), y amplias medidas de protección a la industria artesanal, dinamizaron la economía, permitieron la creación de empleo, generaron un importante crecimiento industrial, mas no modificaron la propiedad feudal de la tierra, ni lograron crear el estado regional.

Varias décadas después, las reformas de la Revolución en Marcha impulsadas por el primer gobierno de López Pumarejo –en 1936– que pretendía, con la ley de tierras ponerle fin a nuestro feudalismo agrario, tropezaron igual con el poder de los terratenientes, que lejos de disminuir en 116 años de vida republicana se había acentuado y fortalecido.

La Carta de 1886, a la que hoy se cataloga de regresiva y conservadora, fue necesaria en su momento, como lo reconoció López Pumarejo, para implantar la unidad nacional y modernizar el país. Tan es así que se mantuvo vigente por ciento cinco años, hasta que, obedeciendo una ley natural de obsolescencia, fue sustituida por la Carta de 1991, que ha cumplido veintiocho años, y ha sido reformada, alterada en su esencia, incumplida y violada por las autoridades otras tantas veces. La Carta del 91 tiene una contradicción original. Al tiempo que ordena la organización de Colombia como un Estado Social de Derecho, tiene numerosos artículos de carácter neoliberal, que es lo opuesto al Estado Social de Derecho, sobre el que han prevalecido al socaire de sucesivos gobiernos neoliberales.

Aunque la Carta del 91 contiene herramientas jurídicas para organizar un estado regional, o un país de regiones, tampoco ha conseguido ese propósito. Como lo anota Alberto Mendoza Morales en su obra citada: “La riqueza de Colombia está en la heterogeneidad. Un Estado [como el colombiano] de tan fuertes características regionales está llamado a la descentralización, a aceptar y acoger de frente esas diferencias, a integrarlas, a fomentar la población de cada espacio, de modo que se maneje por sí misma, crezca por esfuerzo propio y elabore su propio plan de vida y desarrollo” (pero) “Los constituyentes de 1991 desecharon la definición geográfica de la región natural y adoptaron una definición político administrativa. En efecto, dispusieron: ‘Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica y patrimonio propio (Art. 306 C. N.). La respectiva Ley Orgánica establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial (Art. 307 C. N.)’”.

Estima Mendoza Morales que “Los constituyentes, con su definición, confundieron regiones, que son entidades geográficas, con asociaciones de departamentos, que son entidades político administrativas”.

En esa confusión, no hubo ignorancia de los legisladores. Fue hecha a propósito para amparar los intereses de los terratenientes y de las asociaciones privadas que tienen negocios en las regiones, a las que de ningún modo conviene que esas regiones puedan tener administraciones soberanas y vida propia. El ordenamiento jurídico está enderezado a proteger el interés privado de unos pocos, bien sea a las buenas, cuando la ley les es propicia, o con la violencia, cuando no encuentran la complicidad de la ley. Así, las consultas populares y los cabildos abiertos, dispuestos por la Constitución como mecanismos democráticos, de hecho han resultado írritos, y los planes de ordenamiento territorial, en los que la participación de la comunidad es cero, sirven para favorecer negocios inmobiliarios o propiciar el despojo de tierras, con disfraz de legalidad. Como en 1811, hoy sigue imperando en Colombia un régimen feudal férreo. El anhelo de un país de regiones, no parece estar todavía a nuestro alcance.

“Hemos roto las cadenas, pero no las hemos destruido”

Mi dictamen
sobre el gobierno
que conviene
al Reino
de la Nueva
Granada

 

En 1811, a un año del movimiento que puso fin en Santafé de Bogotá al Régimen colonial, la Junta Provisional de Gobierno integrada por criollos ilustres, aún no se ponía de acuerdo sobre qué clase de gobierno debería establecerse. La mayoría de los miembros de la Junta eran partidarios de esperar los acontecimientos de la Península y las noticias sobre la suerte del monarca, Fernando VII, que estaba prisionero de los franceses. También se discutía acerca de cuál gobierno podría ser más conveniente en las nuevas circunstancia. ¿Centralista? ¿Federalista?

El periodista Antonio Nariño, que no formaba parte del gobierno, comenzó a publicar desde el 13 de julio del año citado el semanario La Bagatela, de tono acentuadamente crítico sobre cómo los dirigentes criollos estaban manejando las cosas. Respecto al gobierno que le convenía al entonces todavía llamado Reino de la Nueva Granada, escribió una sería de artículos con un profundo sentido político y un conocimiento perspicaz de la idiosincrasia neogranadina.


****


I

 

Es cosa graciosa oír a un periodista de bagatelas anunciar con magisterio su dictamen, nada menos que sobre un punto en que se han quebrado la cabeza nuestros Doctores, sin haber hasta ahora adelantado nada. …Seamos justos: ¿no se han dicho veinte mil bagatelas en todo el Reino sobre esta materia? Pues déjeseme decir a mí una para todo el Reino, y cuando más concluiremos que se han dicho veinte mil y una bagatela, hasta el 28 de julio. –Entremos en materia.

Yo me figuro, para decretar a mi gusto, que soy un soberano con los plenos poderes de todo el Reino; y que tengo mi trono, como el gran Lama, en la punta de un cerro. Como mi idea no es la de gobernar a mi gusto, sino la de que se gobiernen al suyo mis amados Granadinos, doy orden para que vengan Diputados de todas las Provincias y me expongan su voluntad en un Congreso que yo presidiré.

Llegan los Diputados a las faldas de mi trono: se señala el día y la hora del cónclave (porque por ahora hacemos poco caso de los términos); y tomando la voz el más sabio, o el más atrevido, me expone a nombre de todo el Colegio: “Que la voluntad general quiere, que todas las Provincias, por sus límites viejos, se erijan en Estados soberanos independientes, no sólo de la España y demás potencias Europeas, sino hasta de su antigua Capital; que se unan por medio de un Congreso Federativo, que solo conozca de paz y guerra y que a los pueblos que querían seguir su ejemplo (esta es la fábula de los Congresos) se les obligue por la fuerza a vivir sujetos y dependientes de sus antiguas matrices.

Oída la expresión de la voluntad general, y en virtud de la Soberanía que me he supuesto, y de los plenos poderes que con igual título tengo de todo el Reino, mando: que todas las Provincias sean de hoy en adelante Estados Soberanos independientes; que no solo se reconozcan tales unos entre otros, porque así les tiene cuenta, sino que los reconozcan también en todas las potencias de Europa, el Emperador de China y el gran Kan de los Tártaros; que se unan por un Congreso Federativo que conozca solo de paz y guerra; y que al pueblo que quiera seguir su ejemplo, se le castigue por querer un disparate.

Con este mi soberano decreto se retiraron los Diputados de todas las Provincias muy contentos y yo, creyendo haber vaciado en él toda la sabiduría humana, determiné entregarme al sueño de Epiménides, y no despertar, como este sabio, hasta pasados 57 años, para ver ya floreciendo mis Provincias. Pero no sé cuántos años, meses o días había dormido, cuando me vinieron a despertar, avisándome que ahí estaban otra vez los Diputados de las Provincias que pedían audiencia.


II

 

Llegó el domingo señalado para el segundo Congreso, y después de las ceremonias de estilo en casos de semejante importancia, tomó la voz uno de los Diputados:

–Muy alto, muy elevado, y por vuestra voluntad, muy poderoso señor: Yo, a nombre de toda esta ilustre Asamblea vengo a haceros presente que de nada nos sirvió tu soberano decreto, pues, aunque de derecho quedamos todos erigidos en Soberanos Estados, en el hecho nos hemos hallado tan embarazados que no ha sido posible atar ni desatar. ¡Cuántas veces, Señor, hemos suspirado por tu Soberano poder! Si como nos hiciste la gracia de hacernos soberanos con un solo decreto, nos hubieras con otro dado rentas, creado tribunales y organizado una milicia, levantado Escuelas, Colegios y Universidades, para formar los hombres de que carecemos, creed, Señor, que nuestro agradecimiento y nuestra Soberanía habrían sido completos. Mas habiéndonos encontrado, como muchos Doctores, con el título y sin la ciencia, no nos queda otro recurso que el de venir a echarnos a tus pies, e implorar con lágrimas en los ojos ese poder creador, para que con un nuevo Decreto suplas nuestras faltas. ¿No podrá, elevado Señor, crear Jueces, Magistrados, Legisladores, Militares, Filósofos, el que ha podido convertir unas pobres Provincias en Estados Soberanos?

–Esperamos, pues, muy Alto, muy Elevado y muy Poderoso Señor, que con la misma facilidad que nos otorgaste la gracia mayor, nos otorgues esta menor que humildemente te pedimos.

Calló el vehemente Orador, que según el fuego con que hablaba, lo creí íntimamente persuadido de que esto de hacer Soberanía, Magistrados, Legisladores, Militares y filósofos era soplar y hacer botellas: y yo por la primera vez de mi vida me hallé embarazado con mi soberanía. Pero tomando un poco de resuello, con aquel aire que dan los altos puestos:
–Señores –les dije– mi corazón está dispuesto a serviros en cuanto me pidáis: deseo daros gusto y si fuera tan fácil hacer vuestra felicidad, como lo es complaceros, desde hoy seríais felices. Yo voy a daros el nuevo decreto que me pedís; voy a mandar que de hoy en adelante no solo haya en vuestras Provincias, convertidas ya en Estados Soberanos, Jueces, Magistrados, Legisladores, Militares y Filósofos, sino que las de temperamento frío produzcan plátanos y cañas de azúcar, y las de tierras calientes trigo, papas y también alcachofas, para que nada os falte…

–Pero, señor –dijo otro de los Diputados interrumpiéndome– ¿y la tierra produciría estos frutos con tu decreto?

–Lo mismo produciría la tierra esos frutos, que el que vosotros de la noche a la mañana os encontréis con hombres y recursos para sostener la Soberanía de unas Provincias que carecen de todo menos de voluntad de ser Soberanas; pero como mi deseo es daros gusto ¿qué importa que en el hecho ni nazca el trigo, ni los plátanos, ni tengáis Legisladores, ni rentas, si lleváis los títulos para tenerlo todo, aunque sea de aquí a cincuenta años?

–¿Y si, entretanto, un enemigo nos ataca?

–¿Cómo os ha de atacar, poseyend vuestra Soberanía con unos títulos auténticos y reconocidos por tales hasta del Preste Juan de las Indias? Pero supongamos que sin reparar en nuestros derechos, y en esos títulos auténticos, de hecho nos ataquen. En este caso …no hay duda…os vencerán; pero os vencerán con injusticia, y con la misma os pondrán a trabajar las minas para los vencedores.

Aquí se quedó todo en silencio, y mis Diputados no hacían más que mirarse los unos a los otros. Ya creía yo caer en mi sueño anticipadamente cuando el mismo preguntón se paró, y mirando antes a sus compañeros, como para captar su beneplácito:

–Soberano señor –me dijo–, supuesto que nosotros, con toda la bambolla de nuestros títulos y derechos podemos ser oprimidos por el primero que se le antoje atacarnos, y que este antojo es muy probable que pronto se verifique, nos reducimos a renunciar a nuestros legítimos y vanos derechos, y a que se forme un gobierno en la Capital, único y soberano, con tal que no haga leyes con efecto retroactivo, y nos vaya a pedir cuentas de lo pasado; sino que todo deba comenzar de nuevo, que con esto quedaremos gustosos.

–Ya os he dicho –les contesté– que mis únicos deseos son el complaceros, y así supuesta esta firme resolución, ordeno y mando: que se admita la renuncia de los legítimos y vanos derechos que querían ejercer las Provincias de la Nueva Granada, sin tener todavía fuerzas para ello; que todas las cosas vuelvan y se pongan in statu quo (este terminillo latino diplomático tiene su busilis) que no se hagan leyes con efecto retroactivo, ni se pidan cuentas de lo pasado; sino que todo comience de nuevo como si hoy fuera el día de la creación del mundo.

Satisfechos además y contentos se fueron mis Diputados y yo volví a mi sueño de 57 años.

 

III

 

¡Quién lo creyera! No me parece que habría dormido medio lustro, cuando se vuelve a interrumpir mi sueño con la llegada de nuevos diputados.

–¿Qué es lo que quieren esos señores Diputados? –dije montado en cólera a mis criados– ¡Qué es lo que quieren otra vez! …¿No les he concedido últimamente el gobierno a que están acostumbrados y el más propio para mantenerlos con su amada servidumbre? ¿No les he decretado a su gusto cuanto me pidieron? …
Pero sosegándome luego, y reflexionando como buen soberano, que más hacían ellos en venir a pedirme dictamen, que yo en dárselo, mandé que entrasen.

–Perdonad, elevado señor –me dijo un anciano Diputado– perdonad el que tan frecuentemente te estemos interrumpiendo el sueño con nuestras demandas; esta es la suerte de los que se hallan en la altura que vos os halláis por vuestra voluntad, y pues vos mismo os habéis impuesto esta carga llevadla con paciencia. Nuestras desgracias, nuestras aflicciones y temores se aumentan todos los días; el sol ya no se levanta para animar nuestras esperanzas, como lo hacía en aquellos días desgraciados de nuestra antigua opresión, en que a lo menos teníamos este lenitivo que aplicar a nuestros males; hoy sólo viene a aclarar nuestros temores. Sí, temores tanto más fundados, cuanto las dificultades de organizarnos crecen en razón directa de nuestros vanos deseos de engrandecernos. Apenas amaneció la aurora de nuestra libertad, cuando se oyó por todo el Reino la voz de Federación; voz vaga, aunque general, porque no se le asignó el verdadero significado que conforme a nuestra situación le convenía. Todas las provincias, mayores y menores, quisieron ser Estados Soberanos independientes, llevadas del entusiasmo que justamente tenían por el gobierno de la América Inglesa; pero sin advertir, ni reflexionar si estábamos en el mismo caso y circunstancias. Ocurrieron a vos, Poderoso Señor, para ponerlo en ejecución; y aunque les concedisteis por vuestra bondad aún más de lo que os pedían, la experiencia les hizo ver que no era lo mismo decretarse la soberanía que ejercerla y llenar con acierto todos los importantes puestos que pide la formación de un nuevo gobierno; que formar una sabia y adecuada Constitución, con hombres capaces de llenar todos los ramos de la administración, no era obra del momento; ni podría verificarse todavía en unas Provincias que por el régimen del antiguo sistema de opresión y de ignorancia, carecían no sólo de Escuelas y Colegios para la instrucción, sino hasta de los libros aparentes por haber quemado la Santa Inquisición cuantos llegaban a nuestras costas. Así fue que, desengañados por una parte de poder abrazar el sistema de los Anglo Americanos, y temerosos, por otra, de verse envueltos en una guerra civil, o de caer en manos de algunos extranjeros, vinieron a vos, y renunciando a sus incontestables aunque infructuosos derechos, os pidieron que el gobierno se centralizase, erigiendo una soberanía en la Capital, a que todas las Provincias quedarían sujetas. Vos les admitisteis la renuncia y decretasteis que las cosas volviesen in statu quo, con sólo ciertas pequeñas condiciones. Esto fue pasar de un extremo a otro; nada hemos adelantado, hemos mudado de Amos, pero no de condición. Las mismas leyes, el mismo gobierno, con algunas apariencias de libertad, pero en realidad con los mismos vicios*, los mismos obstáculos y arbitrariedades en la administración de Justicia, las mismas trabas en el Comercio, las mismas dificultades en los recursos, los mismos títulos, dignidades, preeminencias y quijotismo en los que mandan; y en una palabra, conquistamos nuestra libertad para volver a lo que antes éramos. En medio de esta alternativa, se nos propone que dividamos el Reino en cuatro grandes Departamentos, como el único medio de salvarnos, y podernos organizar con firmeza. Pero viendo que este pensamiento participa de los inconvenientes de los dos anteriores, sin ninguna de sus ventajas, no hemos querido hacer la prueba; ella sería muy dilatada y costosa, y ya estamos más que convencidos de que nos urge demasiado el tiempo para exponernos a perderlo con esta nueva tentativa. Venimos, pues, a echarnos a vuestros brazos por la última vez, y a suplicaros que, conciliando los deseos de las Provincias, sus justos derechos a gozar de toda la libertad posible, y la urgencia de las circunstancias que nos demandan un pronto remedio, nos dictéis vos mismo el modo con que nos debemos organizar, para no perder hasta la libertad de podernos dar una forma de gobierno que es la única que hasta ahora tenemos. Ofreciéndoos a nuestro nombre, y de todas nuestras Provincias, que no nos apartaremos un punto de lo que vuestra elevada y santa Soberanía nos dictare.

Calló el respetable anciano, y muy lejos de embarazar este lenguaje a mi Soberanía, como me sucedió en la segunda Asamblea, me alentó y comencé a sentir en mi corazón la dulce esperanza de que la libertad se sentaría entre nosotros. Y como mi soberanía no me la he apropiado para mi interés personal, sino para proporcionar la utilidad de todos, a pesar de mis altisonantes títulos, creí que ya era llegado el caso de manifestar mi dictamen, tratando con unos hombre que, penetrados del verdadero interés de la Patria, sólo desean lo que más nos convenga a todos, sin pararse en vanas preeminencias que, por legítimas que sean, ellas no pueden salvarnos del peligro verdadero en que estamos de volver a caer en las cadenas, que sólo hemos roto, pero no destruido. Así, lleno de la confianza que inspira la pureza de unas intenciones benéficas:

–Señores –les dije– supuesto que el tiempo y la experiencia os han conducido al término de conocer y confesar el disparate que es querernos aplicar servilmente las formas de gobierno de otras naciones que se han hallado en muy diversa situación que nosotros; supuesto que de buena fe y con tanta sabiduría venís hoy a que conferenciemos, no sobre los títulos y derechos que cada provincia tiene para figurar, sino sobre los medios de poder asegurar nuestra independencia y libertad, del modo que las circunstancias nos lo permitan; y supuesto finalmente que queréis oír mi dictamen y deferir a él, yo os lo pondré con la misma ingenuidad, con la misma buena fe y con los mismos deseos que os animan a vosotros de ponernos a cubierto, tanto de una guerra civil, como de un ataque exterior. Pero hoy no quiero hacer uso de mi alta Soberanía, ni exigir vuestras ofertas de deferir enteramente a mi dictamen; quiero que lo conferenciemos y que la razón, y no la autoridad, sea lo que decida.

A mí me parece que vuestra propuesta es asequible y que se puede conciliar muy bien la voluntad general, con una forma de gobierno enérgica y capaz de salvarnos de los peligros que por todas partes nos amenazan. El deseo que se ha manifestado generalmente por la federación de las Provincias, no sólo es un entusiasmo por el gobierno adoptado en la América Inglesa, sino que es un grito de la naturaleza: los grandes Estados no pueden ser libres sino bajo de este sistema, y mucho menos donde la pobreza, la ignorancia y una corta población diseminada en un inmenso terreno disponen a la servidumbre. Pero el sistema de convertir nuestras Provincias en Estados Soberanos para hacer la Federación es una locura hija de la precipitación de nuestros juicios y de una ambición mal entendida. Vosotros lo habéis visto, señores, y lo habéis palpado en el dilatado tiempo de un año que llevamos bregando con esta quimera; yo apelo a vuestro mismo testimonio. ¿Qué Constituciones tienen las provincias? ¿Qué legislaturas tienen, ni pueden todavía tener? ¡Querer establecer una forma libre de gobierno con las leyes del despotismo es querer formar un Centauro político! Y querer formar otros tantos códigos como tenemos de Provincias, sin tener hombres para formarlos es querer coger las estrellas con las manos. No es la extensión del territorio, no es la población, no son las riquezas ni las luces las que forman la fuerza de un imperio por sí solas; la suma total de todas estas cosas forma su fuerza, y si nosotros, en lugar de acumular nuestras luces, nuestras riquezas y nuestras fuerzas, las dividimos en otras tantas partes como tenemos de provincias, ¿cuál será el resultado? Que, si con la suma total de nuestros medios apenas nos podremos salvar, dividiéndonos, nuestra pérdida será tanto más probable cuanto mayor sea el número de partes en que nos dividamos.

Me parece, señores, que si las Provincias nombraran Representantes por un número dado de sus poblaciones; que estos Representantes escogidos entre los más ilustrados de cada Provincia viniesen a la Capital, no a formar un Congreso, sino un Cuerpo Legislativo, el Supremo poder Ejecutivo y el alto Poder Judicial; y que las Provincias se reservaran el nombramiento de los empleados para la ejecución de estas mismas leyes en su distrito, la recaudación de sus rentas y la organización de su milicia, todo con arreglo a ellas, se llenarían todas las indicaciones que habéis manifestado. Las Provincias nada perderían de sus incontestables derechos, porque el alto gobierno se compondría indistintamente de sus Representantes; las leyes serían hechas por ellos con conocimiento de todas las localidades, y su ejecución particular quedaba reservada a cada Provincia. Veis aquí cuál sería mi decreto, si en esta ocasión pudiera mandar, pero habiendo decidido que la razón y no la autoridad debía decidir, sólo os suplico lo meditéis muy despacio, y que me objetéis cuanto os parezca contrario a la causa común, para lo que os doy quince días de plazo.

Los diputados se retiraron en silencio y entre tanto, con el cuidado, solo pude dormitarme; entre sueños vi que en una nube resplandeciente venía hacía mí una hermosísima Matrona.

–Tus votos –me dijo al llegar– han sido oídos. Vengo a pagaros tus ardientes deseos por la felicidad de tu Patria; no sólo todo se verificará según ellos, sino que se verificará al momento.

Atónito y sin saber lo que me pasaba, lleno de respeto guardé un silencio que aunque quisiera no podría interrumpir; pero al instante vi que los Diputados para el Congreso se reunían con la mejor armonía en una Convención; que pedían a las Provincias mandasen nuevos Diputados a razón de uno por cada diez mil almas, con poderes para ratificar la Constitución que quedaban formando. Los Diputados vienen de todas partes, con unos moderados salarios para sólo su mantención frugal; se juntan, ratifican una Constitución Republicana Aristocrática Electiva, y de entre ellos mismos, por un método nuevo de elecciones, se nombran los sujetos que deben ocupar los puntos del Cuerpo Legislativo, del Poder Ejecutivo y de la alta corte de Justicia. El Congreso se disuelve: la Gran Legislatura, comenzando sus funciones, se divide en tantas secciones cuantos son los ramos más urgentes de su despacho, sus deliberaciones son públicas, y sus primeras leyes hablan de una milicia bien organizada, del arreglo del tesoro y de las costumbres públicas y privadas. El espíritu público se anima, crujen las imprentas, sociedades de distintos ramos se levantan por todas partes, y la administración de Justicia, simplificada por el método de los Jurados, asegura a los ciudadanos contra la arbitrariedad de los Jueces.

Vuelvo los ojos a las Provincias y las veo ocupadas en nombrar sus magistrados para la ejecución de las leyes comunes; en crear Escuelas de primeras letras, de Dibujo, de Agricultura, y los que pueden, sus Colegios y Universidades; las veo pedir imprentas, formar también sociedades patrióticas, tratar de la apertura y composición de caminos, y organizar una milicia por Compañías para no distraer al labrador y al artesano de sus útiles tareas.

Tiendo finalmente la vista por todo el Reino, y veo la concordia, la abundancia, la libertad y la alegría dándose el ósculo de Paz. Todas las virtudes sociales y domésticas las veo brotar como las hojas de los árboles después de un crudo invierno. Cada ciudadano es un Monarca; “Soy libre”, dice, “tengo asegurada mi subsistencia en mi trabajo; mis hijos crecen a la sombra de un gobierno justo; sus sabias leyes los ponen a cubierto de la corrupción de las costumbres, y muero contento”.

 

IV

 

Pasaron los quince días y al despertar vi que todo había sido un sueño. Mis Diputados parecieron, y tan lejos estaban de haber abrazado mi dictamen, que comenzaron por poner nuevos obstáculos, y por manifestar que todo lo que no era mantener una Soberanía, era para ellos una bagatela, aunque persuada lo contrario la razón, la necesidad y el peligro de volverla a perder antes de mucho tiempo. Conocí que había muchos a quienes hacía fuerza la necesidad en que nos hallábamos de abrazar este partido; pero que el medio por donde se les presentaba, y el encaprichamiento en que los había puesto el sistema de los Anglo-Americanos, sus propios intereses (aunque mal entendidos) y esta quisicosilla de no ceder a la opinión de un fulano, por más razón que tenga, les hacía mirarlo con desprecio. Por las objeciones que me hicieron se verá cómo se va a sacrificar el Reino y nuestra libertad a la obstinación de querer mantener una multitud de Soberanías parciales, sin tener fuerzas, luces, ni recursos suficientes para sostenerse.

Convinieron, porque no se puede cerrar los ojos a la razón, en que las Provincias no tienen, ni pueden tener por ahora, Legislaturas; que apenas hay dos gobiernos organizados; que casi todos se hallan sin rentas fijas y arregladas; sin armas; sin una milicia ejercitada: y lo que es más que todo, sin hombres suficientes y capaces de poder llenar todos estos arduos y necesarios objetos; pero para sostener su sistema de Soberanías parciales me contestaron que todos estos obstáculos quedarían vencidos uniéndose unas provincias a otras. Les pregunté ¿si esto lo creían fácil como lo veían? Y si en caso de convenirse a la unión, no entraríamos luego en la disputa de ¿cuál había de ser cabeza o capital de estas Provincias compuestas de otras? Que si, por ejemplo, se unían Cartagena y Antioquia, ¿no querrían Cartagena y Antioquia ser capitales? Y últimamente que ¿si este no era en substancia el sistema Departamental a que tan abiertamente se han opuesto las Provincias?

–Pero hay más –les dije–. Sabemos que, aun cuando todos estos obstáculos se vencieran con la misma facilidad que se proponen la mayor parte de las Provincias, ni aun uniéndose con otra u otras dos de sus limítrofes, pueden sostener la representación de Estados Soberanos para federarse bajo este aspecto. Supongamos que los Llanos se unan a Tunja, Pamplona al Socorro, Neiva y Mariquita a Santafé, Antioquia a Cartagena, el Chocó a Popayán, y Santa Marta con el Valle de Upar y Río de La Hacha hicieran la otra Provincia; pregunto ¿Podrá cada una de estas seis Provincias mantener su representación?

Me dijeron que sí; y que en la federación del Norte América había también una desigualdad semejante, que se equilibraba con la fuerza de la Federación, que corría siempre a sostener a las más débiles contra las más fuertes, y que lo mismo sucedería aquí. Confieso con ingenuidad que no dejó de hacerme fuerza esta reflexión, y que si creyera de buena fe que las Provincias habían de entrar en él sin disputas, ni demoras, suscribiría, porque mi ánimo no es sostener a toda costa mi opinión, sino propender a que se salve el Reino del peligro que inevitablemente corre de volver a ser subyugado, si no nos convenimos en un modo de concentrar nuestras fuerzas, sea cual fuere, como sea pronto; pero yo me temo que este plan no se verifique, como tengo dicho, por la oposición que se ha manifestado al sistema Departamental, que es muy semejante en cuanto a las divisiones, aunque sea mayor la demarcación y distinto su gobierno económico. El que yo he propuesto, es preciso convenir en que es más sencillo, más fácil de poner su ejecución, más seguro para reunirnos y darnos un gobierno uniforme, y por consiguiente preferible para ponernos en seguridad.

Por la distancia de los recursos, me dijeron también los Diputados, ¿no nos viene a dejar como en el antiguo gobierno?

–No, señores, no; este es un error nacido de no pensar bien las cosas, Todos los extremos son viciosos; tan mala es para la administración de Justicia una suma distancia, como la mucha proximidad. Bien sabido es la preponderancia de algunos ricachos en casi todos los pueblos del Reino; si se reconcentra en ellos la administración de Justicia, ¿qué recurso le queda al pobre, al desvalido, para no ser oprimido por el poderoso? La bondad de la ley, se me responderá. No, la ley sola no es bastante, si no se facilitan también los remedios de su ejecución contra los asaltos del oro y del valimiento. No es lo mismo corromper a unos jueces sobre los que se tiene algún ascendiente por las relaciones de parentesco, de amistad, o de los beneficios que la proximidad ofrece a los pudientes, que ir a corromper a una distancia en que no hay ninguna de esas relaciones, ni motivos de corrupción; y aquí es donde el pobre oprimido encuentra toda la fuerza de la ley para reclamar la injusticia que se le irrogó en su suelo patrio. Por otra parte, como en este sistema no debe la ley obligar a recurrir a la Capital, sino que debe quedar al arbitrio y voluntad de las partes, estas quedan como si estuvieran sus provincias en una rigurosa federación: y con ese recurso más, para los casos en que se sientan agraviados. Allí tendrán todos los recursos hasta la definitiva como si fueran enteramente independientes, y una puerta más abierta a la Justicia por si la hubieren menester. Esto quita también la objeción de que los pobres no pueden ocurrir a mucha distancia, porque tampoco ocurren, si no se les deja, como se quiere, a dónde ocurrir, y los que pueden, ocurrirán; lo que siempre es una ganancia para la mayor parte.

La gran dificultad para uno y otro plan está en desencaprichar a las Provincias de su funesto Quijotismo de creerse capaces de sostener su Soberana representación, porque hasta ahora no ha habido un peligro que de bulto les haga conocer que se engañan. Si en algunas es laudable la resistencia que han opuesto a la unión, por temor a perder la libertad que se les ha venido a las manos, en la mayor parte no es más que un delirio entretenido por los que mantienen el mando, que no conocen que mejor les estaría menos autoridad con seguridad, que toda la que se han apropiado con la cuasi certeza de perderla el día que menos lo piensen. Yo amo con todo mi corazón la ciudad en que respiro, pero amo más la libertad, y si para asegurarla creyera que Santafé se debía someter al menor de los pueblos del Reino, sería el primero en suscribir. Antes quiero ser libre en un pueblo, que esclavo en la Capital.

Los respetables Diputados de las Provincias son los que aceleran este momento tan deseado de los hombres de bien, de los verdaderos amantes del País, de la América y de la Libertad. Ellos serán responsables a Dios y a los hombres de la suerte que corra el Reino; en sus manos está nuestro destino, y el de las generaciones venideras. ¡Que pesen, que mediten la importancia y gravedad del asunto que se les ha confiado! Ellos pueden con su influjo, con sus luces, con su representación desimpresionar a las Provincias y obligarlas en cierto modo a abrazar el partido de la razón. ¡Que el cielo derrame sobre todos y cada uno sus bendiciones, para que acierten y les podamos llamar con justicia los salvadores de la Patria!

 

Publicado en La Bagatela, Santafé de Bogotá, 28 de julio, 1811, No. 3; 4 de agosto, 1811, No. 4; 11 de agosto, 1811, No. 5; 25 de agosto, 1811, No. 7.

* Advertencia del P. Cobos, para que nos vuelvan a moder la parte maciza: La Bagatela no habla sólo con Santafé, sólo para Santafé, ni sólo de Santafé.

 


 Línea de tiempo

 

1820

El año de 1820 es el que concluye la transición entre el siglo 18 y el siglo 19, y como tal fue un año de grandes e intensos acontecimientos en todos los órdenes. En 1819 había terminado la Campaña Libertadora de la Nueva Granada, a continuación de la cual el Congreso de Angostura tomó el nombre de Congreso de Colombia y se proclamó la Ley Fundamental de la República de Colombia, en carácter de provisional, integrada por los Departamentos de Cundinamarca (antes Nueva Granada) Venezuela y Quito, que deberían escoger sus diputados al Congreso General convocado para reunirse en Cúcuta en mayo de 1821. En Europa la revolución liberal española comandaba por el general Rafael del Riego, que obligó a Fernando VII a convocar las Cortes decretadas en Cadiz en 1821, convulsionó a Europa.

 

1 de enero: Revolución en España. Rafael del Riego se rebela en las Cabezas de San Juan. Implanta la monarquía constitucional y liberal.
22 de enero: El Congreso de Colombia declara abolida la esclavitud, de derecho, mas no de hecho.
23 de enero: Terrible conmoción en París por el asesinato del duque de Berry, hermano del rey de Francia, y heredero al trono.
24 de enero: En ataque por sorpresa los españoles recuperan Popayán.
10 de febrero: Jorge IV es proclamado Rey de Inglaterra.
7 de marzo: Fernando VII jura la Constitución liberal de Cadiz de 1812.
11 de marzo: Simón Bolívar decreta la creación de la Provincia del Cauca, con Cali como capital.
23 de marzo: Antonio Nariño, preso en la cárcel pública de Cádiz, queda en Libertad.
15 de marzo: Con el relevo en las generaciones llega el relevo inevitable en la moda. Los jóvenes estrenan los pantalones largos, y los antiguos bombachos quedan como el símbolo de la generación que se va.
30 de marzo: Se reimplanta en Francia la censura de prensa.
11 de mayo: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el reconocimiento de la Independencia de América Latina, por 80 votos contra 75.
20 de mayo: El presidente Libertador, Simón Bolívar, ordena la devolución de los resguardos a los indígenas.
5 de junio: Bolívar crea juntas de comercio y agricultura en todas las capitales de provincia.
20 de junio: El Libertador Simón Bolívar nacionaliza la educación
20 de junio: El Pacificador Pablo Morillo envía comisionados ante el Presidente Libertador, Simón, Bolívar, para negociar la paz.
23 de junio: El coronel Mariano Montilla derrota a los españoles en Laguna Salada y queda liberada la Guajira.
9 de julio: Se instalan en Madrid las Cortes.
12 de julio: El Almirante Luis Brion libera Barranquilla.
13 de julio: El Congreso de Colombia rechaza las propuestas de Morillo de unirse a la monarquía constitucional española.
21 de julio: El Libertador responde positivamente a las propuestas de armisticio del pacificador Pablo Morillo.
22 de julio: Amenaza de guerra civil en España. Se organiza una junta contra revolucionaria y absolutista, denominada Apostólica.
1 de agosto: Agitación en varias capitales de Europa por la revolución liberal en España.
1 de agosto: Francisco Antonio Zea celebra un convenio con Hening, Graham y Powles, representantes de los acreedores de Colombia. La deuda, que era de $2. 500. 000, se crece a $4. 578. 700
7 de agosto: Multitudinaria y apoteósica celebración del primer aniversario de la Batalla de Boyacá
22 de agosto: Desde Gibraltar Antonio Nariño le escribe al Presidente Libertador Simón Bolívar, para comunicarle su libertad y nombramiento como diputado a Cortes, al tiempo que le dictan orden de captura.
8 de septiembre: Arenga del general Rafael del Riego a las Cortes españolas. Las incita a defender las nuevas instituciones liberales e incluso, si es necesario para liquidar todo vestigio del despotismo, a establecer la República.
11 de septiembre: En Londres, Francisco Antonio Zea propone una Confederación Hispanoamericana.
20 de septiembre: Mensaje del Libertador de las Provincias del Río de La Plata, José de San Martín, a los soldados del ejército libertador de Colombia.
21 de septiembre: Zea le anuncia a Bolívar que Nariño partirá dentro de pocos días.
23 de septiembre: Deplorable situación interna en España por la guerra civil entre absolutistas y constitucionalistas.
1 de octubre: Tropas patriotas liberan en Venezuela la ciudad de Mérida
6 de octubre: El vicepresidente de Cundinamarca, Francisco de Paula Santander, decreta la creación de escuelas públicas en todo el Departamento.
8 de octubre: Quedan liberadas en el Departamento de Venezuela las provincias de Mérida y Trujillo.
9 de octubre: Guayaquil proclama su independencia.
19 de octubre: Queda liberada la provincia de Barcelona.
20 de octubre: Nuevos contactos de Bolívar y Morillo para celebrar el armisticio.
31de octubre: Conferencia de los soberanos aliados, en Troppau, Austria para acordar la intervención entre España contra la revolución liberal.
6 de noviembre: Avanza la revolución educativa en Colombia después de la victoria en Boyacá. Se anuncia la apertura de un nuevo curso de geometría teórica y práctica en el Colegio de San Bartolomé.
7 de noviembre: Toma cuerpo la revolución antiabsolutista en Portugal.
8 de noviembre: Queda libre el puerto de Guayaquil, en el Departamento de Quito.
9 de noviembre: El general mariano Montilla libera a Fundación.
11 de noviembre: Eligen Diputados de la Provincia de Pamplona al próximo Congreso General.
12 de noviembre: Se enarbola en Cariaco, Venezuela, el pabellón de la República de Colombia.
16 de noviembre: Principio de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Los Suizos reiteran que reconocen el derecho de los demás pueblos a formar sus gobiernos y condenan el intervencionismo de la Santa Alianza para restablecer en América los gobiernos monárquicos.
18 de noviembre: Bolívar y Morillo convienen un cese al fuego parcial.
19 de noviembre: Santa Marta queda liberada por las tropas del general Mariano Montilla.
20 de noviembre: James Monroe es reelegido presidente de los Estados Unidos de Norte América.
25-26 de noviembre: Bolívar y Morillo se entrevistan en Santa Ana. Firman un armisticio general por seis meses. Morillo reconoce que la guerra está perdida y anuncia su regreso a España, donde escribirá sus memorias para vindicarse de los cargos por crueldad y crímenes de guerra que le formuló Antonio Nariño en sus Cartas de Enrique Somoyar, pubicadas a principios de año en la Gaceta de Cádiz.
1 de diciembre: Se inician los viajes regulares de vapores por los ríos Ohio y Mississipi, en los Estados Unidos.
3 de diciembre: Las provincias de Cundinamarca eligen sus representantes para el próximo congreso general de Colombia.
3 de diciembre: El Pacificador Pablo Morillo se despide de sus tropas. Confía en que las Cortes y el rey pasarán del armisticio a la paz con las antiguas colonias, cuya soberanía reconocerán.
8 de diciembre: La provincia de Cuenca, en el Departamento de Quito, proclama su independencia y nombra junta de gobierno.
20 de diciembre: James Hancock, inventor e industrial londinense, crea una máquina procesadora de caucho natural o látex, que hará del caucho un elemento indispensable para la fabricación de numerosos productos-
25 de diciembre: Pablo Morillo se embarca para España y deja al mando al mariscal de campo Miguel de la Torre.
31 de diciembre: Al terminar el año solo quedan por liberar en el Departamento de Cundinamarca, la ciudad de Cartagena y el Istmo de Panamá.

Martes, 27 Agosto 2019 11:46

¿Reír o llorar?

No sabe uno si reír o llorar. Este ambiguo sentimiento es lo que genera el discurso de Iván Duque, quien ahora funge como presidente de Colombia, con motivo del bicentenario de la república. Para nuestros propósitos, enfocaremos su lectura a partir del intertítulo “Los siguientes 200 años”.

¿Reír o llorar? También puede ser perplejidad al comprobar sin tapujos que al frente del país está empotrada una clase, un sector de la misma, que sólo le desvela el control del poder, su violenta concreción como mecanismo para negar toda voz de disidencia, y para concretar negocios –los ‘legales’ y los que rompen toda regla. Esa clase, ese sector, carece de proyecto de país soberano, así como de dignidad o nada que se le parezca; tampoco de memoria y mucho menos de visión futurista.

Para que no queden duda ni sospechas sobre lo anotado, veamos el correspondiente y aludido apartado del discurso: 

 

“Los siguientes 200 años”

 

Hoy, apreciados amigos, tenemos el desafío de aprovechar la oportunidad única del bicentenario para reflexionar y mirar hacia adelante, mirar hacia la Colombia que queremos construir para los 200 años siguientes.

Nuestro país debe consolidar el Pacto por la Equidad; debe consolidar ese sendero hacia el cierre de las brechas y también afincar la justicia social.

Debemos apostarle a una de las grandes características de la personalidad de lo que es y ha sido Colombia: esa vocación empresarial, esa vocación que algunos llaman rebusque pero que se transforma también en la posibilidad de crecer y generar empleos; de llegar a otros países, de posicionar nuestras marcas, nuestro diseño.

Hoy debemos continuar el legado de los primeros años de la República y desterrar para siempre la violencia, construyendo un país donde reine la legalidad y donde se materialice ese maravilloso lema de nuestro escudo, que dice: Libertad y Orden.

Debemos apostarle al futuro de una Colombia sostenible, consciente de su riqueza y su diversidad ambiental, con energías renovables, conscientes de nuestra responsabilidad para mitigar los efectos del cambio climático”.

Sí, esto es todo lo que despertó y proyectó en el cerebro y el ánimo de quien(es) hoy controlan el gobierno colombiano, el reto implícito en la frase “Los siguientes 200 años”, lo que deja al desnudo el proyecto de poder que representan –y han significado para el país por décadas–, explicación también del desastre social en que sobreviven millones de connacionales.

Y así actúan, no porque no conozcan el país y la sociedad que controlan y oprimen sino porque proponerse construir una sociedad en justicia y felicidad, como en su tiempo reivindicó Simón Bolívar, para aterrizar el discurso en la realidad, tendría el sistema que romper la concentración de riqueza y dejar como desagradable asunto de la memoria la injusticia real que cabalga entre nosotros. Únicamente así se podría encarar el tema de la equidad a que aluden, al que no se arribará por acuerdo, pues no les asiste la voluntad para ello. Y no porque tengan mala disposición sino –simplemente– porque esa es la esencia del capital: acumular, oprimir, negar, especular, dominar… La voluntad violenta ya es una particularidad de la clase que por dos siglos les ha negado a las mayorías algo esencial y simple: vida digna.

Concentración de la riqueza que en nuestro país alcanza indicadores simplemente vulgares: siempre en índice Gini, tenemos que la concentración de la tierra es de 0.863, pero entre propietarios de ésta asciende a 0.886; para la riqueza equivale al 0.81, en concentración accionario es del 0.98.

Pero estas realidades no son de ahora. El asunto es de doscientos años, a lo largo de los cuales las mayorías siguen careciendo de un real acceso a la tierra, privilegiando la violencia para impedirlo. La reforma agraria, tantas veces reivindicada, y proclamada como bandera para despertar esperanzas nunca satisfechas, con sus adjuntos de integralidad que la hacen más que un simple asunto de tierra, sería el conducto para ello. Sin embargo, el país se desangra precisamente porque terratenientes, militares y aliados en gremios de todo orden, así como multinacionales de diverso origen e intereses en la tierra, se niegan a ello.

La tierra. Esta reivindicación está asociada hoy, con todas sus implicaciones, al reto de un ambiente integral, equilibrado, mediante la valoración de la naturaleza como un todo –no una mercancía–, con derechos pero también asociada al asunto no menor de la soberanía alimentaria, todo un contrasentido en la abyecta decisión de las clases dominantes de abrir el país a la producción agrícola elaborada por las potencias, en particular los Estados Unidos, a costa del hambre, el desempleo, el desplazamiento, de millones de campesinos colombianos.

Ambiente. Estudiado desde la ecología, la biología y otras ciencias, que al decir de Leonardo Boff identifica la pobreza como el principal reto ecológico de nuestros países. ¿Podrá la clase en el poder, y su vocero de turno, decir algo sensato acerca de las relaciones entre pobreza y crisis medioambiental, pobreza y cambio climático? Al parecer, apenas lugares comunes, palabras huecas para cumplir con el registro de los medios masivos de comunicación, pero nada inteligente, lo cual sería más exigente entre nosotros, en cuanto país caracterizado como uno de los que contienen mayor vitalidad natural, que se constituye por sí sola en uno de nuestros mayores potenciales para proyectarnos e integrarnos al mundo de hoy, y al de los próximos siglos, tiempo en el cual los países como hoy los conocemos –aislados y divididos por fronteras– serían cosa del pasado, llegando a la integración como especie, en un territorio único que todos podrán habitar en el lugar que mejor le plazca. En esa ruta, ¿en qué forma liderará Colombia, como nación, tal prospecto en la América toda?

A este potencial habría que llegar por común acuerdo entre los pueblos de todos aquellos países registrados como tales en la ONU, entidad que deberá sufrir una drástica reforma en las próximas décadas, dejando de ser el instrumento de control de las potencias para pasar a ser el espacio real de concertación global que requiere la humanidad para vivir en paz, compartiendo potencialidades y redistribuyendo los frutos del trabajo humano, de manera que allí donde haya más de lo necesario se comparta sin mezquindad con quienes tienen déficit en cualquiera de los campos que implican vivir en bienestar.

Vivir en armonía con el resto de nuestra especie demanda hacer de la paz entre nosotros una realidad, para lo cual la violencia debe dejar de ser el recurso por excelencia del poder para imponer sus designios. Empezar a transitar tal camino, un reto de hoy, para ya, es imprescindible que el establecimiento garantice la vida de los líderes sociales, que el derecho a la protesta sea más que letra muerta, que la disidencia sea derecho y que los desacuerdos internos tengan siempre una mesa dispuesta para ser tramitados.

Nada de aquello es posible sin que la clase en el poder renuncie al terrorismo de Estado, postulado y práctica tan querida por el establecimiento. El primer paso para ello es el control y la desaparición del paramilitarismo; el segundo, la reforma integral a las Fuerzas Armadas –empezando por separar a la Policía de tal estructura, desmilitarizándola–; el tercero, la reformulación de la doctrina que la guía –superando el concepto de enemigo interno–; el cuarto, la reducción de su tamaño y su presupuesto; el quinto, la separación de su sometimiento a la doctrina y el mando efectivo proveniente desde los Estados Unidos.

Vivir sin violencia, en paz, exige reconocer un mal histórico de Colombia: la militarización de la política, rompiendo con ese escollo, camino hacia lo cual se requiere abrir el Estado a la participación múltiple de la sociedad, sin restricciones ni controles que hacen de la igualdad de oportunidades una quimera, al tiempo que se abran espacios de todo tipo para que los millones que somos podamos vivir fruto del trabajo, no del rebusque, un recurso al cual acuden millones ante el signo trágico del desempleo y el desamparo estatal. Únicamente así podemos avanzar, creando espacios a fin de conseguir lo necesario para vivir, fruto del trabajo estable y bien remunerado, en que cada persona realice sus sueños, y por tanto el trabajo deje de ser el castigo que para una inmensa mayoría significa hoy. Así, todos y cada uno de los connacionales sentirían que son parte de una sociedad en la cual debe y puede participar de su organización. De otra manera, la política seguirá siendo asunto de algunos pocos, aquellos que encuentran en ello una profesión, incrustándose por esa vía en una burocracia que reproduce el mismo sistema que administran, prolongando desigualdes y exclusiones.

Son estas, como otras muchas proyecciones posibles de dibujar entre el conjunto nacional, lo que no pasa por la cabeza de quienes se niegan a aceptar que el país de hoy no es el requerido por la inmensa mayoría de la sociedad colombiana. Son estas proyecciones, no los lugares comunes de un discurso lleno de formalidades, lo que debemos discutir para sentirnos parte de la humanidad, y para saber que hoy podemos construir un país distinto del heredado tras doscientos años de exclusiones y violencia estatal.

Son estos sueños y estas proyecciones, hoy más que nunca, los factores para que el chalán que impone su poder a sangre y fuego termine su ciclo, y el sub que lo secunda pase a pronto y buen retiro. Así, el llanto y la risa serán por motivo de alegría y no por perplejidad.

Publicado enEdición Nº260
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