Ómar Rivillas, sin título (Cortesía del autor)

El establecimiento colombiano está resultando un mal hechicero pese a sus muy experimentadas habilidades, puestas a prueba durante décadas que son siglos. Tales habilidades han sido comprobadas en repetidas oportunidades, con hechizos en los que sabe mezclar sustancias enceguecedoras, asperjar conformismos –en no pocas ocasiones, validos del apoyo de las armas– y soplar alientos paralizantes. Es hechicería con efectos descontrolados, como permiten colegirlo los coletazos desprendidos de las declaraciones de la exsenadora Aída Merlano y del coronel Álvaro Amórtegui.


Química electoral. Es un conjuro con el que crean, mantienen y amplían su clientela. Para desatarlo con toda su potencia, deben contratar una base social que intermedie la búsqueda y la identificación de personas dispuestas a vender su voto, reunir cédulas, reclutar pregoneros y ayudar a mover dineros para pagar miles de votos en una u otra campaña, así como a dinamizar la estructura organizativa y logística que todo ello demanda. Es un conjuro usado por décadas y con efectos evidentes a lo largo de todo el país, pero que en los últimos años, ante el espacio ganado por nuevas tecnologías y formas de control social, ya no es tan enérgico, pese a lo cual y para variados sectores de la clase política no ha pasado al olvido.


En el conjuro de sus palabras mágicas –potenciadas por el riego de miles de millones acumulados en negocios mayormente impuros– y en la conjugación de energías e invocación de diferentes espíritus –con respaldo en instituciones estatales y privadas–, no está de más que aparezca alguna joven que a la vez les despierte apetitos sanos e insanos, con quien terminen mezclados el trabajo de pregonera, pagadora de votos y administradora de secretos, así como de cultivadora de satisfacciones y alegrías privadas, ganando con todo ello la confianza requerida para llegar a representar a un clan regional en el Congreso de la república. Una decisión, un ascenso de la base a la dirección del clan que terminó por romper su propia unidad.


Precisamente, esta práctica y las formas de proceder para el control político regional y del Estado en general saltó en esta ocasión por los aires luego del hechizo deshecho, producto del allanamiento de la “Casa Blanca” (1) en marzo de 2018, doce días después de las recientes elecciones legislativas y la posterior orden de detención preventiva que recayó sobre Aída Merlano por mandato de la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 2019.


Con las paredes de su feudo al piso y la información de todos sus movimientos contables y de otro orden en manos de la Fiscalía, no le quedaba como protección sino el poder de quienes la habían llevado hasta el Senado, el mismo que para ese momento estaba neutralizado entre contradicciones intestinas de la clase política del Atlántico. En estas circunstancias, ¿qué hacer con esa aprendiz de hechicera? La fuga apareció como recurso óptimo para evitar que decidiera declarar ante la Corte y denunciar a sus protectores, opción de ‘arrepentida’ ante los 15 años de prisión a que fue condenada el pasado 13 de septiembre. ¿Por qué solamente yo? era seguramente un interrogante que acosaba a la detenida. Pero también como mecanismo expedito para que, una vez prófuga la inculpada, dejara de existir, como ella misma lo ha testimoniado. ¿Por qué siguió viviendo? es una pregunta sin respuesta clara y que tiende neblina sobre gran parte de su testimonio.


No cabe duda de que, entre gamonales y caciques, el temor a lo que pudiera salir de su boca ante un juez, en caso de arrepentimiento, no los dejaba tranquilos, sobre todo cuando las aspiraciones de algunos de ellos llegan, incluso, hasta la campaña presidencial de 2022. De por medio estaba, entonces, la supervivencia misma de varios clanes y su proyección como poder nacional, realidad que podían potenciar los contradictores, también con aspiraciones presidenciales, atizando las pugnas intestinas que desde años atrás libra la clase dominante colombiana con dos expresidentes a la cabeza, cada uno de ellos con visiones encontradas, por ejemplo, sobre la cuestión agraria, las formas de la guerra, o la cuestión internacional, entre algunos de los aspectos que los mantienen distantes.


Este era el marco que rodeaba el embrujo deshecho, pese a la destreza de los hechiceros mayores, caciques y potentados regionales, a quienes algo les salió mal entre sus conjuros y convocatorias de energías superiores, toda vez que la fuga fue un éxito pero no así la vida oculta de quien no podría ser recapturada. ¿Mala decisión optar por Venezuela como territorio para permanecer oculta? ¿Por qué no fue valorado el posible interés del régimen vecino en contar a su haber con una ficha como esta, puesta a jugar en el tablero de la geopolítica regional y global?


En tales circunstancias, sucedido lo que no debía ocurrir, una vez Aída en manos de la autoridad venezolana, el frío volvió a recorrer la piel de los gamonales de los clanes Gerlein y Char, mucho más cuando el ventilador Merlano, como viento huracanado, optó por su pellejo sin importar el precio de su decisión. Y habló, haciendo realidad lo temido reiteradamente. Los vientos desprendidos por su ventilador golpearon por todo el país, aunque su impacto mayor tuviera como epicentro a Barranquilla, y en menor medida a Bogotá y otras ciudades.


Con las aspas del ventilador a todo dar, con energía controlada desde un lugar distante de la mano de los poderes criollos, la declarante no ahorró denuncias en contra de unos clanes que concentran de manera espuria el poder político, económico y de otros órdenes en Barranquilla y mucho más allá. Se trata de un poder ampliado con empresas de diverso orden, de la salud y el deporte, pero también con otras destinadas a la contratación pública, mecanismo para enriquecer a unos pocos y no para servir a la sociedad, y por su conducto mantener un círculo infernal de: compro votos, gano elecciones, controlo la cosa pública, gano licitaciones, amplío la base social, someto conciencias, compro votos, gano elecciones…


Un poder debilitado. En el intento por parar el ventilador y sus vientos huracanados, no resultaron suficientes los contraconjuros rezados desde distintas orillas del poder político del país, ni la solicitud de su Cancillería ante Juan Guaidó –“el presidente reconocido por cerca de sesenta países”, como dicen una y otra vez los medios de comunicación cuando a él se refieren– para que extradite a la detenida, prófuga de la justicia colombiana. Tampoco sirvió la intermediación de la OEA e instancias semejantes, no reconocidas por el país en el cual ahora está en prisión la denunciante, a la espera de ser declarada perseguida política y, por tal razón, no extraditable.


La diplomacia colombiana, es meridiano, ha sido ‘elevada’ al ridículo como efecto de un suceso que en otro momento sería un simple caso policivo y de trámite diplomático menor. Como están las cosas, es un asunto que a la vez extiende sus efectos sobre la diplomacia de los “cerca de sesenta países” que reconocen al “legítimo presidente de Venezuela”, ahora, una vez más, desnudo en su parafernalia.


El ventilador, en su batir de aspas, le recuerda a todo el país que hay sectores políticos y personas como Álvaro Uribe, Germán Lleras y el propio Iván Duque –un sector amplio del establecimiento que hoy tensa las riendas del poder en Colombia– que actúan a la sombra, sin ahorrarse procedimientos ilícitos para ahondar y prolongar el poder que acumulan personas y sectores políticos aliados de los clanes ahora en la picota pública.


Nada nuevo bajo el cielo podrá refutar el lector desprevenido, ya que es vox populi que el poder político en Colombia compra votos siempre, corrompe al elector intimidado violentamente, coopta el establecimiento, desangra las arcas del Estado, impone un modelo socioeconómico que lleva a millones a la pobreza, haciendo mofa de la democracia, incluso la formal, además de infiltrar y manipular las delegaciones de la Registraduría. “Quien escruta elige”, alcanzó a decir alguien a propósito de esta práctica; esto en el mejor de los casos, pues en otros no renunció al impulso, la configuración y el mantenimiento del paramilitarismo, y así, con la conjunción de todas las ‘formas de lucha’, controló en forma absoluta el poder en departamentos y municipios del país, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo mismo. Una real privatización del Estado, en medio de la cual quedó un río de cadáveres como testimonio de que los hechizos del poder desatan violencias descomunales que mantienen al país en duelo permanente.


Parte de esto quedó al desnudo en reciente declaración ante el poder judicial venezolano de la excongresista Aída Merlano, dolida por los malos tratos recibidos de sus otrora protectores, declaraciones ofrecidas una vez que comprendió que era una simple ficha dentro del juego de poderes del cual hizo parte, pero para el cual ahora es un estorbo.


El poder de la muerte. Este conjuro, de amplia y subrepticia utilización en la historia de la humanidad por todo tipo de poderes, que evidencia de modo inmediato su fuerte y desmoralizador impacto, no deja de ser puesto a prueba en Colombia en distintas etapas de su historia, corroborando una y otra vez su potencia aniquiladora de contradictores y enemigos, luego de lo cual, bajo alegatos de la defensa del “orden legalmente constituido”, sus pócimas son resguardadas en punto seguro.


La memoria y los resortes para su control y su utilización son transmitidos intergeneracionalmente por quienes detentan el poder, que se forman en los rituales para su uso, el recurso de los sicarios o la acción de agentes secretos de organismos de espionaje al servicio del Estado, sabiendo –y así se lo explican– que su uso puede desmovilizar y desmoralizar, pero también desatar cóleras incontrolables, todo dependiendo de la correlación de fuerzas y el eficiente manejo tanto de los legalismos en que se ampara la clase dominante para su control y operatividad del Estado, como de los medios de comunicación.


Miles de miles son los muertos que este recurso de hechicería estatal ha dejado en el país, pero, para conseguir ese reguero de cadáveres, desde hace unos años se ha acudido al asesinato aleve de personas indefensas por parte del ejército nacional –verdaderos crímenes de Estado–, muchas de ellas llevadas a su tumba con engaños de falsos trabajos o promesas de mejor vida, y presentadas a la sociedad como ‘enemigos’ –guerrilleros– “muertos en combate”.


Así lo dejó claro el teniente coronel Álvaro Amórtegui el pasado 19 de febrero en denuncias contra el general Mario Montoya, otrora comandante de la Cuarta Brigada y luego comandante del Ejército, recordando con sus declaraciones lo que otros oficiales también han testimoniado a lo largo de varios años (2): que ese cuerpo uniformado, constituido supuestamente para cuidar las fronteras nacionales, está transformado en una máquina de guerra contra su propio pueblo. Es esta una demencial transformación en la cual, de la mano de terratenientes, empresarios y comerciantes, la fuerza pública perdió toda referencia ética y moral, derivando por tanto en un ejército de ocupación, enemigo de aquel a quien debiera proteger.


¿Qué sucedió aquí con los hechiceros que, desde su refugio en la Casa de Nariño y otros lugares de acción con que cuentan a lo largo y ancho del país, manipulan sustancias y rezan trabalenguas que conjuran la muerte? ¿Cómo actuaron para que sus rezos produjeran ese tipo de monstruo humano, encarnado en miles de oficiales y soldados que, amparados en una ideología anticomunista, y fanatizados en una causa que consideran cruzada contra el mal, llegan al extremo incluso de liquidar la vida de quien saben y son conscientes que nada tiene que ver con el enemigo que pretenden vencer?


Precisamente, la actuación de este tipo de oficiales, con órdenes sobre sus subordinados, desangrando al país que debieran proteger para que en tales tierras germinaran siempre la justicia y la paz, a la par de la clase política que ha privatizado el Estado en todos sus niveles e instancias, dibuja al régimen político que ha tomado forma en Colombia desde las décadas finales del siglo XX y comienzos del XXI: policivo-militarizado y por tanto autoritario, soporte de su carácter excluyente, neoliberal en lo político-económico y social, un régimen, por consiguiente, de minorías y para minorías.


Esta desavenencia de sus hechizos es una realidad que seguramente tiene cavilando, con signos de angustia, a los brujos mayores en su refugio gubernamental, batiendo inciensos y rezando conjuros, concitando energías y reclamando el apoyo de sus antecesores ya difuntos y de quienes aprendieron y heredaron sus malas artes de dominio, buscando con todo ello que aquellos a quienes mantienen bajo su potestad no se zafen. Todas sus potencias actúan y contienen energías que braman bajo el piso y en sus alrededores, con furia y con pasión, pues cada vez es más evidente que quienes controlan el Estado colombiano están carcomidos por todos los males de quien gobierna de espaldas a su pueblo: la violencia, el terror, la injusticia, los privilegios, la corrupción, la privatización de lo público, la manipulación, el engaño…

1. Así era conocida la base de operaciones que coordinaba Aída Merlano.
2. Entre los militares que han dejado tal testimonio ante la JEP figuran: “[…] Gabriel de Jesús Rincón Amado, Santiago Herrera Fajardo, Álvaro Tamayo Hoyos, Paulino Coronado Gámez, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Rubén Darío Castro, Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Alexander Valencia y Henry William Torres Escalante. https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/mario-montoya-se-reservo-su-derecho-a-guardar-silencio-ante-la-jep-461560.

 

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Publicado enColombia
Julio Roberto Vargas Malagón, alcalde Cajamarca.

La comunidad y organizaciones sociales de Cajamarca impulsaron la consulta popular en marzo de 2017, con cuyo triunfo obligaron a la multinacional Anglo Gold Ashanti a salir del territorio, cerrando el proyecto La Colosa. Después de la consulta se abrió un debate político y jurídico de carácter nacional que problematiza el modelo de desarrollo del país. El alcalde en ejercicio para el periodo 2019–2022 representa al movimiento que se opuso a la minería, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta esta administración?

 

Cajamarca es un pueblo de campesinos ubicado en la Cordillera Central andina; por su potencial natural y ambiental es considerado como el municipio la despensa agrícola de Colombia. Entre el año 2005-2006, con el auge extractivista internacional experimentado en Sur América, el municipio vivió la llegada de la multinacional Anglo Gold Ashanti, la cual impulsó el proyecto “La Colosa”, uno de los megaproyectos mineros de oro más grandes del mundo.

Opuestos a tal pretensión, por las nocivas consecuencias que el desarrollo de un proyecto tal conlleva para un territorio y quienes lo habitan, un grupo de ciudadanos y organizaciones sociales del municipio tolimense comenzaron a plantear el debate sobre el modelo de desarrollo del municipio y las consecuencias y efectos naturales y culturales de la minería a cielo abierto.

Sus esfuerzos de todo orden para obligar a la multinacional a salir de su municipio les abrieron dilemas, de ahí que en el 2010 tomaran la decisión de participar electoralmente, sin resultados notables; en el 2015 llevaron a 3 integrantes del movimiento al concejo. Para Julio Roberto Vargas, actual alcalde de Cajamarca, fue gracias a estos concejales que en el año 2016 se aprobó la realización de la consulta popular sobre el tema minero.

La consulta fue una de las primeras en el país en decirle no a la minería: 6.165 cajamarcunos frenaron los intereses extractivistas. Posterior a esta victoria, en las elecciones del 2019 la ciudadanía llevó a un integrante del movimiento ambiental a dirigir como alcalde los destinos del municipio a lo largo de los siguientes 4 años, triunfo obtenido con 5.130 votos, igual al 50.11 por ciento del total de los sufragios contabilizados, doblando al candidato de la política tradicional apoyado por la multinacional.

Hoy los habitantes de Cajamarca tienen la esperanza de que la región cambiará, y que el quehacer del nuevo gobierno girará alrededor de la defensa del territorio, el agua y la vida.

desdeabajo tuvo la oportunidad de conversar con Julio Roberto Vargas, quien nos comentó algunos de los retos fundamentales de su gobierno, como también su visión de lo que implica, en este momento del país, ser elegido y decidir sobre el presente y el futuro del municipio en materia de uso y vocación del suelo.

desdeabajo (da). ¿Cuáles son las organizaciones en las que ha participado y qué papel espera que estas cumplan en su gobierno?
Julio Roberto Vargas (JRV). Vengo del movimiento ambiental y campesino. Acá en Cajamarca se encuentra el Comité ambiental y campesino de Cajamarca y Anaime, el cual es un espacio donde confluyen diferentes organizaciones socioambientales, con una agenda en común que también se articula al comité ambiental del departamento del Tolima y el movimiento ambiental a nivel nacional.
En esta alcaldía buscamos que el movimiento ambiental organizado ayude a construir las políticas públicas en materia ambiental y de desarrollo social del municipio, que tengan voz y voto, que tengan capacidad de articular procesos, jalonar recursos y construir una línea de desarrollo económico armonizadas con la naturaleza y las comunidades.

da. ¿Qué ha pasado con respecto al intento de limitar las consultas populares en el país y todo este debate abierto alrededor del uso y vocación de suelo?
JRV. Cuando se realizó la consulta popular, desde el gobierno nacional y todos los sectores minero energéticos del país, empezaron a decir que los municipios no tenían autonomía para decidir el uso y vocación del suelo en temas mineros, sin embargo esto lo dice el gobierno nacional pensando en los intereses de los grandes conglomerados mineros. Como comunidad y municipio Nosotros nos aferramos a la Constitución y a la ley, que nos dice que los municipios sí tenemos la autonomía territorial para tomar decisiones sobre el uso y vocación del suelo, y nosotros, los cajamarcunos, los campesinos, los amantes de la vida, decidimos que Cajamarca siga siendo la despensa de Colombia, siga siendo la estrella hídrica del departamento del Tolima.

El debate continúa. El sector minero a nivel nacional busca tumbar las consultas populares, busca deslegitimar las decisiones del pueblo, y como alcalde y representante de la comunidad tengo el deber de defender los derechos colectivos y ambientales de la población cajamarcuna, defender el derecho constitucional que tiene la comunidad a tomar decisiones sobre su territorio, promoviendo en todo momento la democracia participativa e incluyente.

da. ¿Qué papel juega en la región y el país su elección como alcalde de Cajamarca?
JRV. En este momento somos la única alcaldía en el departamento del Tolima con un alcalde alternativo y que hace parte de los movimientos sociales. Esto implica políticamente que una alcaldía y una comunidad están dando un debate al país y al gobierno nacional sobre el desarrollo del país. La experiencia de Cajamarca es la mezcla entre movimientos sociales y la administración pública, que tiene una política alternativa, independiente y busca transformar las comunidades con la participación directa de las mismas.

da. ¿Qué tienen proyectado realizar para generar una propuesta alternativa de desarrollo para el municipio que no implique la minería?
JRV. Vamos a profundizar en mejorar todos los sistemas de comercialización de los productos agropecuarios del municipio. Vamos a abrir una línea de exportación de productos agropecuarios hacia Europa y Estados Unidos, así mismo vamos a hacer una apuesta bastante grande en el tema del turismo comunitario en el municipio; hoy tenemos en el territorio los bosques naturales de palma de cera, somos vecinos del volcán cerro Machín –que es el segundo volcán más activo del mundo–, tenemos el páramo del Chiní por todo el cañón de Anaime, tenemos tres ríos que nacen en el municipio (Anaime, Bermellón y Toche), entonces vamos a impulsar el turismo como alternativa de desarrollo municipal.

Otros temas fundamentales, en torno a la cultura, son la creación de la casa de la cultura del municipio, el impulso del festival nacional de música campesina y el museo de antropología; pero también hay temas importantes como la agricultura limpia, mejoramiento de vías terciarias, salud, educación, entre otros.

da. ¿Cómo piensan construir una alcaldía realmente alternativa para el municipio y cómo se puede proyectar esto a nivel nacional?
JRV. Estamos apostando a una transformación estructural en la comunidad cajamarcuna, en la forma de hacer política y generar el desarrollo. Estamos apostando a empoderar a las comunidades. Las JAL, organizaciones sociales, cooperativismo, asociatividad y unidad de la comunidad tienen un protagonismo importantísimo. Lo que queremos es hacer un buen gobierno, y esto implica que los recursos públicos van a ser bien invertidos en obras sociales, proyectos productivos, culturales y educativos.

Invitamos a que todos los movimientos sociales y ambientales de Colombia sigamos construyendo una agenda en común. La unidad de todos los sectores alternativos y sociales del país es la que va a permitir transformar esas condiciones de desigualdad y desequilibrio en la que se encuentra nuestra sociedad. Necesitamos cambios profundos, necesitamos que los movimientos sociales se enraícen en las comunidades, que las empoderen y que se empoderen de los procesos políticos, que la política no la vean como los tradicionales sino como una oportunidad para servir y transformar con las comunidades las condiciones de vida.

 

 

 

Publicado enEdición Nº265
https://bogota.gov.co/

Desde su posesión como regente de la ciudad de Bogotá la alcaldesa Claudia López enfrenta y tema al fantasma de quien la antecedió, quien, como sucede en todas las administraciones locales del país, le heredó múltiples medidas y proyectos por concretar o finalizar de ejecutar. Una realidad que se prolonga por cerca de dos años.

El metro, en su cuestionado diseño, las troncales de Transmilenio y la prioridad del transporte con base en petróleo y sus derivados, dejando a un lado las energías limpias –base de otros modelos de transporte que la ciudad se merece–, el Sendero de las Mariposas, y otro cúmulo de medidas que gota a gota van sintiendo quienes habitan Bogotá.

El 2 de marzo fue el turno para el alza en el transporte masivo, una medida a todas luces antipopular y que afecta las economías de las familias más pobres, las mismas que están obligadas a usarlo. Esta medida, es claro, no la tomó quien dejó el Palacio Lievano el 31 de diciembre anterior para no cargarse más impopularidad, y no la tomó antes la actual inquilina de tal edicifio para no arrancar su gestión enfrentando a las mayorías de la ciudad.

Es una realidad, esta de seguir administrando a nombre de Peñalosa y de no querer enfrentar a los grupos de poder que controlan Bogotá, que obliga a preguntar, ¿Es posible que Claudia López deje a un lado el temor que la domina y enfrente y cambie la herencia y modelo de ciudad que le dejó su antecesor? Como toda la sociedad lo reconoce, Peñalosa administró para el capital privado, y quien ahora rige los destinos de la ciudad ¿para cuál lado se inclina?

Y la respuesta es clara, sí puede. La alcaldesa no está con las manos amarradas –recibí esa herencia y tengo que cumplir con ella, ha expresado–, eso no es cierto, la Constitución Nacional dota a la comunidad en general y a los mandatarios municipales y de otro orden, de un conjunto de instrumentos que les permite acudir al constituyente y derogar, a la par de aprobar, medidas de diferente tenor.

En el caso de la actual regente bogotana, la pregunta es una: ¿pretende administrar con las mayorías, consultándoles, debtiendo con ellas, movilizándolas para que el ejercicio de alcaldesa no sea algo reducido a un saber tecnócrata, u opta por el saber de especialistas y el consejo de quienes han diseñado la ciudad, desde siempre, para su favor?


En estas circunstancias, ante lo heredado, y en particular ante el alza en el transporte masivo, ¿Pudo, si o no, realizar una consulta popular, un referendo local, para decidir sobre incrementar o no el alza del transmilenio? Consulta que podría ampliarse a otros tópicos relacionados con igual materia u otras afines.


Esto es algo posible. En Constitución Política de 1991, Capítulo 1 –de las formas de participación democrática– en el Artículo 105, dice: “Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el Estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio”.


Igual puede acogerse a este mecanismo para decidir el rumbo del proyecto del Sendero de las Mariposas, que uniría a Chía con Usme por medio de una red de caminos distribuidos a lo largo de cerca de 102 kilómetros por los Cerros Orientales, proyecto que, por ejemplo, no está armonizado con Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental.

Como bien lo anotó La Mesa de Cerros Orientales en un comunicado difundido por desdeabajo: “Exigimos que se reconozcan las propuestas de los pactos de vida, los ecobarrios, los caminos ancestrales, los viajes de barrio y demás alternativas que desde los cerros proponemos para que como ciudadanía bogotana nos reconectemos con la naturaleza. Exigimos, por último, a la alcaldesa Claudia Nayibe López, que cumpla el Compromiso Ambiental por Bogotá, sea consecuente con lo manifestado públicamente durante la campaña electoral y proteja la Estructura Ecológica Principal de la ciudad”.

Pero si Claudia López sigue empeñada en proseguir ejecutando al pie de la letra el modelo de ciudad que le dejó su antecesor, seguirá dejando un velo sobre las mentiras de Peñalosa, quien aseguró que el metro estaría antes de 2025, y ahora tienen que salir a notificarle a la ciudad que eso solo será realidad en el año 2028. Una realidad de incapacidad e improvisación que no es responsable con las angustias que cada día sobrellevan millones de capitalinos a la hora de trasladarse una parte de la ciudad a otra.


Mientras esto ocurre, Luxemburgo se estrena como primer país del mundo en donde el transporte público es gratuito en todo su territorio. ¿Llegaremos a tener un sistema de transporte gratuito en Bogotá –y en el resto de urbes colombianas–, como lo demanda toda sociedad donde la redistribución de riqueza y la concreción de vida digna y demás sea un imperativo? Una medida, por demás, acorde con la lucha contra el cambio climático, toda vez que desestimula el uso de carros particulares. En este campo, Claudia podría empezar implementando subsidios para personas de la tercera edad, personas con limitaciones para su movilidad –bien muscular, ocular y otras–, así como para estudiantes y menores de 13 años. Como es conocido, ya se opuso al subsidio para estudiantes. Administrando de espaldas a las necesidades de las mayorías.


La actual alcaldesa debería atreverse a cambiar el camino impuesto por los ricos de la ciudad, por medio de quien la antecedió, ¿o es que desea favorecer a los mismos de siempre?

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Publicado enColombia
https://www.procuraduria.gov.co/

Las directrices de esta política contienen una retórica innovadora, pero se desenvuelven en los marcos de sentido tradicionales. Por tanto, está desarticulada de necesidades esenciales que plantea el escenario post-Acuerdo de paz y su implementación, pero también de otras urgencias nacionales, como detener el genocidio de líderes sociales, reformar la institución policial o modificar el enfoque represivo en la gestión de la protesta social.

 

Entre los distintos problemas que han pasado cuenta de cobro al presidente Iván Duque en lo que va corrido de su mandato se destaca el deterioro de la seguridad ciudadana. Los indicadores relevantes tanto de la seguridad fáctica como de la percepción de inseguridad descendieron sustancialmente bajo el gobierno Santos pero repuntaron con Duque. Por ejemplo, la sensible tasa de homicidios llegó en 2017 a 23,7 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja en cuatro décadas tras registrar un descenso sostenido, pero rebrotó a 24,3 en 2018.

Tal vez afanado por esta realidad, a finales de 2019 el gobierno presentó su “Política marco de convivencia y seguridad ciudadana”, un texto de 105 páginas que contiene sus directrices. Como es usual, el documento en las 7 líneas gruesas de acción, con sus objetivos específicos y estrategias de ejecución, con responsables y métodos de seguimiento que pasa a sustentar, sigue una estructura estrictamente lógica.

Si bien la retórica de la formulación se esfuerza por marcar diferencias, enfatizando en la seguridad ciudadana, la “visión multidimensional”, la “gestión integral” o la funcionalidad de la política respecto del emprendimiento y la innovación en ciencia y tecnología, en la mayoría de los casos se trata de tareas que ya están asignadas a instancias estatales, incluso con la directriz de colaborar entre sí.

Asimismo, aunque se contemplan una serie de acciones, como una apuesta decidida por el desarme de los ciudadanos, el impulso a una “cultura de la legalidad” o el cambio en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, no se plantea una innovación sustancial respecto al marco de sentido que ha orientado dicha política.

Por ejemplo, la política que acá nos ocupa contempla la participación de la ciudadanía en labores distintas a la inteligencia y el mantenimiento del orden público (p. 5). Pero se trata de una participación confinada a la ejecución de la política ya delineada y definida, es decir, no se comprende la participación en la formulación de planes, programas o proyectos, ni en labores para su veeduría o evaluación, sino en la formación de una “Red de Participación Cívica” para dar fluidez a las comunicaciones entre ciudadanías y autoridades, articulada con el uso de nuevas tecnologías, la colaboración con las empresas de seguridad privada y la nacionalización de la figura de los gestores de convivencia (p. 68).

Un diagnóstico sesgado e incompleto

El documento presenta la evolución de los principales problemas e indicadores de la seguridad ciudadana en los últimos años. Sin embargo, su diagnóstico es sesgado e incompleto, puesto que no se articula a un análisis de los múltiples problemas y dificultades que el tránsito de la guerra a la paz ha conllevado en esa materia. Las etapas de post-Acuerdo de paz en los casos de Centroamérica, caracterizadas también por el ascenso en las problemáticas de inseguridad ciudadana, alertan suficientemente sobre la necesidad de tal articulación.

Por ejemplo, el documento de política no responde preguntas básicas tales como si las dinámicas de inseguridad ciudadana están relacionadas con el fin del conflicto armado; con el copamiento y la disputa de espacios rurales y urbanos desalojados por la insurgencia y abandonados por el Estado pero copados por otros actores armados, por mencionar un caso.

Como consecuencia, las directrices de política quedan desligadas de un esfuerzo expreso por acompañar la implementación del Acuerdo de paz, por más que en ciertos apartados se mencione la necesidad de brindar seguridad a los desmovilizados (p. 82). De hecho, lo más sorprendente es que no se relacionen los problemas de la seguridad ciudadana con el escenario post-Acuerdo de paz, y que éste prácticamente ni se mencione explícitamente. Se trata, por tanto, de una política que no diagnostica en su complejidad el ámbito en el que pretende intervenir aunque, como es lógico, la convivencia y la seguridad ciudadanas tengan por fin último garantizar la paz.

Por esa razón el que quizás sea el principal problema planteado en dicho escenario, el genocidio perpetrado contra los líderes sociales desde que se firmó el Acuerdo de paz, que el actual gobierno persiste en considerar como un conjunto de homicidios aislados y no sistemáticos, ocupa un lugar muy marginal en la formulación de la política.

Así, solo una falla de diagnóstico permite explicar que alrededor de un millar de asesinatos de ciudadanos civiles y en estado de indefensión no sean considerados un problema de seguridad ciudadana. Incluso auque el documento reconozca a los líderes sociales como “población de alto riesgo” (pp. 82-83), resulta complicado que no existan medidas específicas para atender la problemática de manera diferenciada, pero son imposibles si no se reconoce que están siendo sistemáticamente asesinados.

La retórica y la omisión

Desligar la política de convivencia y seguridad ciudadana de la implementación del Acuerdo y el contexto generado tras su entrada en vigencia, termina por invalidar su apuesta central: el concepto de seguridad ciudadana en que se funda (p. 21). En la práctica, la implementación de políticas guiadas por ese concepto ha tenido un férreo obstáculo en una fuerza policial altamente militarizada en términos institucionales, doctrinales y operacionales, como legado del conflicto armado.

Las estructuras, mentalidades y formas de operar de la Policía si bien han incorporado parcialmente el ideal de la seguridad ciudadana, continúan caracterizadas por los legados arrojados por su participación en la guerra, como su sesgo represivo, la distancia en relación con la ciudadanía, vista potencialmente como parte del “enemigo interno”, y la prevalencia de la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana, entre otros. En consecuencia, la retórica de la seguridad ciudadana convive con prácticas como la represión con sesgo militar de la protesta y el énfasis en la seguridad del Estado.

El documento de política plantea, por ejemplo, la corresponsabilidad de las autoridades civiles locales y regionales para garantizar la seguridad. Pero pasa por alto uno de los problemas que ha obstaculizado esa corresponsabilidad: precisamente el hecho de que la Policía tenga una estructura calcada del Ejército, con poco margen de maniobra para los comandantes cuando una orden de su superior se antepone, por las razones que sea aunque con frecuencia relacionadas con el orden público, a las de la autoridad civil local o regional.

Aunque no necesariamente debe estar contemplada en la política de convivencia y seguridad, con posterioridad al Acuerdo de paz es urgente la reforma de la Policía y en general de las FF.AA. No obstante, esta tarea, frustrada en los años noventa, cuando la reforma planteada (ley 62 de 1993) se desdibujó finalmente en la ejecución por la propia institución del Programa de Transformación cultural (1995-1998), nuevamente se confía a la autonomía de la Polícía con el “proceso de modernización y transformación institucional” actualmente en curso.

La corrupción, que gana terreno al interior de la institución, de acuerdo a los frecuentes informes de prensa sobre uniformados de distintos rangos vinculados con actividades delictivas, reclama con urgencia dicha reforma. Ya en diciembre de 2015 el gobierno Santos había designado una comisión con ese propósito que, como varias anteriores, no arrojó resultados. El objetivo de desarticular organizaciones delictivas y provocar la “disrupción en la red de valor de las rentas criminales urbanas” (pp. 69-71), choca de frente con esa realidad.

Es así como resulta prácticamente imposible afincar la visión “multidimensional” (p. 24) sobre la seguridad ciudadana que plantea el documento en una institución que ni siquiera ha empezado a reorientarse en el contexto del post-Acuerdo de paz y que mantiene en gran medida, en su cultura organizacional y su doctrina, y en ciertas especialidades más que en otras, una orientación contrainsurgente que se confunde con la que debe tener un cuerpo militar, relegando las particularidades de un organismo de naturaleza civil como la policía.

Persiste el enfoque represivo

Aún más, en relación con funciones como la contención de la protesta prima en la política el sesgo represivo. Se desplaza de esa manera el concepto de seguridad ciudadana, no solo como ausencia de delito sino como potenciamiento de los derechos y libertades individuales, en este caso los de la protesta y la libertad de expresión, en favor del mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. En efecto, el documento insiste en que el gobierno garantizará el derecho a la protesta, pero a renglón seguido promete actuar contra los “disturbios” y el “vandalismo”, fortaleciendo los escuadrones antidisturbios (p. 88).

En la presentación de la política en cuestión no existe la más mínima reflexión sobre las especificidades de la protesta social, que siempre implica tensiones entre los derechos de quienes protestan y de los demás ciudadanos, o sobre lo que desde la perspectiva gubernamental se concibe como “violencia”. En la práctica los límites entre lo legítimo e ilegítimo, lo tolerable y lo intolerable, lo violento y lo no violento son difíciles de precisar; por ejemplo, ¿bloquear temporalmente una vía pública es “vandalismo” o “disturbio”?

En esa constante, la política no menciona el prontuario de abusos y crímenes cometidos por el Esmad, que no se reconoce ni siquiera como un problema, por lo que en últimas termina avalando y dando curso a los procedimientos represivos con que se ha manejado hasta hoy la protesta social. Se trata de una gestión basada en una visión contrainsurgente, que privilegia la seguridad nacional o del Estado sobre la del ciudadano, y donde éste, cuando ejerce su derecho a la protesta, es visto como parte del “enemigo interno” que amenaza el orden social.

De hecho, el mismo enfoque represivo está presente en la estrategia de “control efectivo de los espacios” con la que se propone reemplazar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Eso explica por qué, aunque el documento enuncia un enfoque preventivo según el cual los comandantes de policía deben concentrar los esfuerzos de todas las especialidades en “zonas de miedo e impunidad” (p. 17), la principal transformación sea el aumento del pie de fuerza en 34.000 nuevos policías en 4 años (en 2019 la cifra total de efectivos era de 139.766), junto con la destinación a esas zonas de los uniformados que hoy están concentrados en el control del tránsito, los servicios de protección y los servicios administrativos (p. 66).

En fin, un asunto delicado, como parte del enfoque represivo, es el tratamiento al consumo de estupefacientes en espacios públicos. Es un problema que marca el límite de la visión “multidimensional” que el documento reivindica. Si bien en algunos momentos se alude al fenómeno como un problema de “salud mental” relacionado pero no determinante de problemas de convivencia (p. 22), se termina por asumir una visión criminalizante y represiva puesto que “impacta la convivencia, pues, entre otras consecuencias relevantes, aumenta la percepción de inseguridad en los sitios en los que se consumen habitualmente estupefacientes” (p. 23). Por esa razón, el “control efectivo de los espacios” se propone “dar prioridad a los parques, plazas y los entornos de las universidades, escuelas y colegios, para evitar que sean lugares de expendio y consumo de estupefacientes” (p. 64).

Corolario

La política de convivencia y seguridad ciudadana no está ligada explícitamente a la implementación del Acuerdo de paz, lo cual plantea varias dificultades para responder al genocidio de líderes sociales en ciernes; está desvinculada de la necesaria reforma de la Policía para enfrentar un contexto post-Acuerdo, lo que entorpece varios de sus propósitos debido a los problemas de militarización de esta institución; y termina por privilegiar la seguridad del Estado sobre la del ciudadano en asuntos tan delicados como la gestión de la protesta social, lo que se traduce en la persistencia de un sesgo altamente represivo.

Pese a la retórica de innovación en que se formulan sus directrices, la política sigue presa en los marcos tradicionales que han guiado la acción estatal. El uso de nuevas tecnologías, el enfoque multidimensional del delito, la cooperación entre instancias estatales e incluso medidas como la promoción del desarme total de la ciudadanía –en la que el gobierno se aparta de las preferencias de su partido, el Centro Democrático–, quedan así opacadas por el peso de las estructuras, en particular de los problemas de militarización en la Policía, principal agencia encargada de la implementación de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana.

Publicado enEdición Nº265
Medellín, https://www.grupoipsi.org/

“Hay días en la vida de una nación que condensan décadas, en los que se expresan con nitidez su carácter, sus virtudes y defectos, sus limitaciones y posibilidades. Pero si los hay que son síntesis de lo pasado, hay otros que son igualmente germen del futuro, cuando con fatal fecundidad se inauguran periodos tormentosos y atormentados o con feliz feracidad dan paso a procesos transformadores”.
Camilo Castellanos, historiador, 1950-2019.

Nunca en el país tanta gente se había mantenido en actitud de protesta y de propuesta durante tanto tiempo como el 21N (2019), días y semanas siguientes. Incluso el 21E (2020), cumplido el forzoso receso de fin de año, se retomó la iniciativa de movilización.

Un gran debate está abierto a raíz de estos acontecimientos. ¿En qué sentido ellos son síntesis de lo pasado? ¿En qué sentido germen de futuro? Por supuesto, desentrañar el sentido y la potencialidad de lo que está ocurriendo demanda reflexión y deliberación.

Se intenta aquí una lectura del proceso tomando como guía la observación del historiador Camilo Castellanos con que se abre el texto la cual invita a develar con las luces de muchos y muchas el sentido del tiempo político que estamos viviendo.

 

La emergencia de un nuevo sentido común

 

En un contexto de retroceso general, determinado por las derechas en el poder y en el gobierno, atadas a poderes retardatarios globales, tres hechos-proceso de notorio relieve son indicativos hoy en Colombia de una potencialidad de cambio democrático:

1. La movilización ciudadana, social y popular, sostenida, con flujos y reflujos, durante más de una década, incluidas las extraordinarias marchas de los últimos meses (2008-2019).
2. El paso de la lucha armada a la lucha política civil por parte de las Farc, en virtud de los diálogos realizados durante el gobierno Santos que concluyeron en el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016.
3. El sorprendente crecimiento electoral de las opciones alternativas, como se aprecia en la segunda vuelta presidencial en junio 2018 (más de 8 millones de votos, el presidente fue elegido con 10 millones), en la consulta anticorrupción, agosto (más de 11 millones de votos), y en las elecciones territoriales de octubre de 2019. En esta ocasión, fuerzas no tradicionales ganaron alcaldías tan importantes como las de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, Florencia, Popayán1…
A tales hechos-proceso se agrega una especialísima circunstancia: el extraordinario auge literario y artístico que experimenta el país, en gran parte crítico con el statu quo, orientado al rescate de la memoria del conflicto para la reconciliación y a proyectar una utopía de vida, de relaciones sociales y de tratamiento ético-estético de lo público, lo que se ha dado en llamar artivismo, por afortunada combinación de las palabras arte y activismo.

Todo ello configura la incipiente aparición de un nuevo sentido común –otra manera de ver, sentir y hacer– en clases subalternas, medias y populares, hombres y mujeres demócratas, al tiempo que muestra el avance en la construcción de una identidad social y política alternativa.

En general, la percepción de que otro país es posible, mediante la vivencia de una democracia cualitativamente distinta, comienza a abrirse camino.

 

Lo que está pasando: colapsa la república elitista

 

Un profundo malestar se advierte en relación con el deprimente ejercicio de la política, queda al desnudo la incapacidad de la democracia partidaria representativa para dar cabal respuesta a los problemas y aspiraciones de la gente del común, se hace patente la insolvencia casi total de los sucesivos gobiernos para ejercer sus funciones con respeto y complacencia de la ciudadanía. Los grafitis en los muros de las ciudades y en las piedras de los caminos, las leyendas en las pancartas de las marchas y en las camisetas de los marchantes, mayoritariamente jóvenes, los clips y memes que en abundancia circulan por las redes, son elocuente expresión del malestar2.

Está cuestionado el origen del poder, su ejercicio y su reproducción. El gobierno de Iván Duque, expresión de un regresivo entendimiento político de fuerzas de derecha y extrema derecha (Arcadia regresiva)3 torpemente se niega a aceptar el hecho histórico de un alzamiento político armado, simula la paz, simula el respeto a la protesta social, simula las garantías a los líderes sociales4. El despertar ciudadano deja en claro para todos que ya no es tiempo de odios y armas sino de concordia y democracia. La guerra está fuera de juego5.

A 200 años de la Independencia literalmente el país nacional no aguanta más la forma excluyente, mafiosa y demofóbica (antipatía hacia al pueblo) de gobernar, se agota sin remedio la república elitista acorralada por la consistente movilización social, la fuerza transformadora de la paz, el creciente éxito electoral de las fuerzas alternativas y el auge cultural que marca cambios significativos en el sentido común.

 

Violencia ayer, violencia hoy, violencia siempre…



Lo que más impacta es que la historia de hoy ha sido la historia de siempre durante toda la vida independiente: una combinación de “orden y violencia”, donde la violencia ha sido un recurso permanente empleado por las elites para contener y desarticular la fuerza ascendente de los de abajo. “En Colombia, desde la independencia, la relación histórica del Estado y los grupos y clases hegemónicas con la violencia ha sido ambivalente. Junto a un discurso sobre la violencia legítima, estructurado alrededor del Estado, se ha utilizado sistemáticamente la violencia extrema o violencia pura contra la oposición política y los movimientos y las organizaciones sociales populares”6.

Algunas de las guerras civiles en el siglo XIX, las varias violencias del siglo XX, los magnicidios de líderes opositores, el exterminio de conglomerados enteros: integrantes del gaitanismo, militantes y elegidos de UP, sindicalistas, campesinos, estudiantes, líderes sociales, reincorporados de las guerrillas, significan miles y miles de hombres y mujeres que han sido víctimas, en diferentes momentos, del uso de la violencia como reaseguro de la exclusión social y del oligopolio político. Hoy ocurre exactamente lo mismo, inclusive abultando las dimensiones de la tragedia.

Esa realidad oprobiosa es la que le permite a Castellanos, en aguda mirada de conjunto, establecer: “En general, entre las élites y el pueblo ha existido un foso insondable creado por la pretendida superioridad de las élites o el miedo que no les permite un sueño tranquilo. Un miedo que no logran disimular con el paternalismo episódico y que se revela implacable en el uso recurrente de la violencia. Pánico al que el pueblo responde en ocasiones con terror que pretende ser justiciero, como el Nueve de Abril. El fruto del pánico y el terror es un régimen fundado en la violencia y el fraude, que no son otros los resultados de una democracia sin pueblo. Mejor, una democracia que acepta un pueblo si y solo si se muestra dócil y adocenado”7.

 

Lo que puede pasar: el advenimiento de la república democrática

 

Los hechos-proceso señalados en la primera página de este escrito indican con bastante evidencia que el país efectivamente está ante un nuevo comienzo. Un movimiento socio-histórico está en desarrollo: ese movimiento puede entenderse como el tránsito de la república elitista manejada por el círculo exclusivo de unas pocas familias a la república democrática gobernada por un conjunto cohesionado de fuerzas sociales y políticas decididas a convertir en realidad los cambios largamente aplazados o amagados. ¡Es posible¡

Pero no es la colombiana una transición tranquila, no se realiza a partir de un programa de cambios institucionales pactados (por unanimidad o por amplia mayoría) y bien acotados en su contenido, actores, tiempo y vías de realización. La transición colombiana se está efectuando en medio de gran turbulencia originada en una tenaz oposición de la derecha política refractaria a los cambios, en la pervivencia de grupos armados de carácter político, paramilitar y delincuencial (narcotráfico), en medio de una enorme tragedia humanitaria materializada en el exterminio de líderes sociales y de reincorporados de las Farc que firmó la paz.

La búsqueda de un presente y un futuro mejor parte de asumir que, en la última década, incluidos los afortunados acontecimientos de noviembre-diciembre 2019, se percibe claramente la configuración de una agenda democrática de sociedad y de país (el pliego del paro forma parte de ella). Contar con una agenda de país es una ganancia estratégica invaluable. La agenda de país es una matriz de entendimientos básicos que se nutre de las agendas territoriales y sectoriales. La agenda no es estática, existe in fieri porque su función es alimentar un proceso incesante de acción, cambio y transformación8.

Lo que se pone al orden del día, al momento del bicentenario de vida independiente, es la vía de renovación o transformación política para la construcción de una nación y un estado en la modalidad de república democrática. Para eso es la paz, para eso son las marchas, para eso se ganan elecciones: para construir un país decente, democrático y justo. La Constitución del 91 en su parte dogmática contempla esa perspectiva con claridad meridiana (primeros 112 artículos). Lo cual se refuerza con la inclusión del Acuerdo de paz entre los artículos transitorios de la Carta.

 

Resignificar el concepto y recrear la praxis de la democracia

 

Avanzar en ese sentido requiere desatar un movimiento cultural que resignifique el concepto y recree la praxis de la democracia. Se requiere, en expresión consagrada, la “reforma intelectual y moral”9. Sobre este trascendental asunto aquí solo puedo consignar unas pocas palabras para incentivar el debate y la innovación: preciso es repolitizar la política, afianzar su carácter de bien público común, ciudadanizarla; imprescindible democratizar la democracia, esto es, sacarla del marasmo, el desgaste, la superficialidad y la manipulación en que la ha colocado el capitalismo (neoliberal) bajo la enseña a ultranza del mercado.

Democratizar la democracia es transitar hacia una democracia de alta intensidad que visualiza la construcción de un estado-república con el protagonismo de la ciudadanía consciente, organizada y movilizada y la inclusión plena de mujeres, jóvenes, diversidades sexuales, etnias y culturas. La forma republicana de Estado puede ser la que mejor articule libertad e igualdad, la que mejor procure el ejercicio de virtudes cívicas y la que mejor sirva a la justicia social con libertad, a la vigencia integral de los derechos humanos, derechos de los pueblos y derechos de la naturaleza.

“La gran tradición histórica de la libertad republicana… se dividía entre el republicanismo democrático y el oligárquico o antidemocrático… La tradición republicana asocia la libertad a la independencia material, y esta característica es común tanto a la variante democrática como a la oligárquica… Así que la concepción de la libertad es la misma en las dos grandes variantes lo que las diferencia (y no es poca cosa) es la población a la que se debe llegar: a los ricos que tienen la existencia material garantizada, para los oligárquicos; a toda la población a la que debe garantizarse esta existencia material, para los democráticos”10.

Colombia no puede seguir en el esquema de una república elitista, oligárquica o señorial. Hoy existe en el país la posibilidad de una democracia más directa, democracia de verdad participativa (asociativa, deliberativa, informatizada), en suma, se hace posible tener por fin una república realmente democrática. El Punto 2 de La Habana contiene la mayor parte de los cambios normativos e institucionales que requiere hoy la democracia colombiana. La reforma política en él contemplada no se ha realizado. Es urgente realizarla.

 

El sujeto plural y el accionar político transformador

 

Cierto es que la paz total y definitiva11, la democracia de alta intensidad, la agenda de sociedad que surge de la movilización y de los acuerdos de paz, suscritos y por suscribir, la demanda de cambio que se va interiorizando y expandiendo prefiguran al presente un proyecto de país al cual lógicamente tiene que corresponder la construcción de un amplio sujeto plural, bloque histórico, convergencia, unión, confluencia de los inconformes y alternativos (coalescencia más que yuxtaposición) para enrumbarse, con clarividencia y decisión, hacia el ejercicio de hegemonía como direccionalidad incluyente de la nación entera y, por ende, sujeto determinado a ser poder y ser gobierno.

Los jóvenes reclaman condiciones favorables para superar la incertidumbre y hacer realidad sus proyectos de vida. La transformación democrática vendrá de la mano de la juventud inconforme que no se resigna a vivir en un país de privilegios para unos pocos y de estrechez para las mayorías, entre ellas los inmensos conjuntos en la informalidad y el precariado.

A pesar de la ofensiva criminal contra los líderes y lideresas sociales, que destruye de manera irreparable el tejido social, un movimiento constituido por variadas formas organizativas de base se gesta en los territorios. La organización para la marcha, el cacerolazo y el paro surgida con ocasión de la ola de movilización iniciada el 21N debe adquirir permanencia y sostenibilidad, sin perder flexibilidad, como embrión de poder ciudadano, social y popular en el espacio rural, en territorios étnicos y en el espacio urbano de pequeñas y grandes ciudades12.

El amplio e imaginativo despertar ciudadano que se advierte al presente no puede quedarse en un estadio prepolítico y corporativo sino que, convertido en un accionar político transformador –mediante el debate, la iniciativa cultural y la articulación en pluralidad– tiene que tender a hacer realidad la república democrática para materializar el vivir, buen vivir y convivir que sintetiza la utopía real en esta tercera década del nuevo siglo (Arcadia progresista).

El pueblo colombiano avanza hacia una democracia de alta intensidad, las élites tradicionales se agotan, se aproxima la república democrática, los jóvenes están en el centro de la escena. Un nosotros transformador se afianza frente a un ellos conservadurista.

Estamos ante acontecimientos que constituyen síntesis de un pasado de lucha al tiempo que son germen de un futuro de victoria. El cambio es posible, se precisa volverlo ineludible. ¿Qué harán las fuerzas sociales, políticas y culturales alternativas frente a los retos que se avecinan?

Camilo Castellanos, hay que reconocerlo, tiene razón cuando señala: “Hay días en la vida de una nación que… con feliz feracidad dan paso a procesos transformadores”.


1 Grafitis en sitios céntricos de Bogotá: “La prosperidad de una nación es la REVOLUCION”, “Si no eres parte de la solución, sigues siendo parte del PROBLEMA”, “Mientras no nos dejen soñar, no los dejaremos dormir”, “Creemos en la utopía porque la realidad nos parece imposible”, “Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen!”, “Cuando tú pierdas el miedo, ellos pierden el poder”, “Quieren enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas”, “Sin líderes sociales no hay democracia”, “Desmonte del Esmad ¡ya!”, “Soy artista, no terrorista”, “Allanar y censurar provoca paro nacional”, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
2 “Arcadia regresiva”, “Arcadia progresiva” son expresiones del analista uruguayo Gerardo Caetano para identificar respectivamente los proyectos de retroceso y de avance democrático (2019).
3 Ver El Aprendiz del Embrujo, finge la paz, reinventa la guerra y privatiza lo público, balance del primer año de Iván Duque, Plataforma Democracia y Desarrollo, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, La Alianza, Bogotá, septiembre de 2019.
4 En febrero de 2019 se constituyó el movimiento Defendamos la Paz –DLP–, con inmensa amplitud y pluralidad, por iniciativa de las bancadas parlamentarias que hicieron con éxito la defensa de la JEP ante las objeciones del Gobierno a la Ley estatutaria de la misma. DLP desarrolla actividades permanentes en el campo de la opinión, la movilización y la diplomacia por la paz.
5 Múnera Ruiz, Leopoldo, La ambivalencia de la violencia y las encrucijadas de la paz (guía de exposición), Bogotá, julio de 2019 (pro manuscrito).
6 Castellanos, Camilo, Los pueblos del nueve de abril, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2016, pág. 122.
7 García Villegas, Editor, ¿Cómo Mejorar a Colombia? IEPRI UNal-Ariel, Bogotá, 2018. Ver las siete propuestas básicas en la introducción.
8 La expresión “reforma intelectual y moral” es de Antonio Gramsci (Quaderni 4,7, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 26, 27); uno de los lemas más característicos de Jorge Eliécer Gaitán y de su movimiento fue precisamente este: “Por la restauración moral y democrática de la república: ¡A la carga!” (de memoria).
9 Domenech, Antoni, El Eclipse de la fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista, akal, 2ª Edición, Barcelona, 2019, pág. 557.
10 Para este concepto ver la columna del Senador Iván Cepeda Castro La paz total y definitiva, El Espectador, 18.07.19.
11 Otras alcaldías se ganaron en poblaciones intermedias como la de Turbaco, cerca a Cartagena de Indias, donde el triunfador fue Gustavo Torres (Julián Conrado) del nuevo partido de la rosa (Farc) en coalición con Colombia Humana.
12 Una presentación comprensiva de enfoques y prácticas innovadores puede verse en el texto de Isabel Rauber: Los movimientos sociales en tiempos de contrarrevolución preventiva global, noviembre de 2017.

* Investigador social, columnista, Presidente de la Asociación de estudios y acción política Democracia Hoy DEMHOY. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enEdición Nº265
Medellín, https://www.grupoipsi.org/

“Hay días en la vida de una nación que condensan décadas, en los que se expresan con nitidez su carácter, sus virtudes y defectos, sus limitaciones y posibilidades. Pero si los hay que son síntesis de lo pasado, hay otros que son igualmente germen del futuro, cuando con fatal fecundidad se inauguran periodos tormentosos y atormentados o con feliz feracidad dan paso a procesos transformadores”.
Camilo Castellanos, historiador, 1950-2019.

Nunca en el país tanta gente se había mantenido en actitud de protesta y de propuesta durante tanto tiempo como el 21N (2019), días y semanas siguientes. Incluso el 21E (2020), cumplido el forzoso receso de fin de año, se retomó la iniciativa de movilización.

Un gran debate está abierto a raíz de estos acontecimientos. ¿En qué sentido ellos son síntesis de lo pasado? ¿En qué sentido germen de futuro? Por supuesto, desentrañar el sentido y la potencialidad de lo que está ocurriendo demanda reflexión y deliberación.

Se intenta aquí una lectura del proceso tomando como guía la observación del historiador Camilo Castellanos con que se abre el texto la cual invita a develar con las luces de muchos y muchas el sentido del tiempo político que estamos viviendo.

 

La emergencia de un nuevo sentido común

 

En un contexto de retroceso general, determinado por las derechas en el poder y en el gobierno, atadas a poderes retardatarios globales, tres hechos-proceso de notorio relieve son indicativos hoy en Colombia de una potencialidad de cambio democrático:

1. La movilización ciudadana, social y popular, sostenida, con flujos y reflujos, durante más de una década, incluidas las extraordinarias marchas de los últimos meses (2008-2019).
2. El paso de la lucha armada a la lucha política civil por parte de las Farc, en virtud de los diálogos realizados durante el gobierno Santos que concluyeron en el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016.
3. El sorprendente crecimiento electoral de las opciones alternativas, como se aprecia en la segunda vuelta presidencial en junio 2018 (más de 8 millones de votos, el presidente fue elegido con 10 millones), en la consulta anticorrupción, agosto (más de 11 millones de votos), y en las elecciones territoriales de octubre de 2019. En esta ocasión, fuerzas no tradicionales ganaron alcaldías tan importantes como las de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, Florencia, Popayán1…
A tales hechos-proceso se agrega una especialísima circunstancia: el extraordinario auge literario y artístico que experimenta el país, en gran parte crítico con el statu quo, orientado al rescate de la memoria del conflicto para la reconciliación y a proyectar una utopía de vida, de relaciones sociales y de tratamiento ético-estético de lo público, lo que se ha dado en llamar artivismo, por afortunada combinación de las palabras arte y activismo.

Todo ello configura la incipiente aparición de un nuevo sentido común –otra manera de ver, sentir y hacer– en clases subalternas, medias y populares, hombres y mujeres demócratas, al tiempo que muestra el avance en la construcción de una identidad social y política alternativa.

En general, la percepción de que otro país es posible, mediante la vivencia de una democracia cualitativamente distinta, comienza a abrirse camino.

 

Lo que está pasando: colapsa la república elitista

 

Un profundo malestar se advierte en relación con el deprimente ejercicio de la política, queda al desnudo la incapacidad de la democracia partidaria representativa para dar cabal respuesta a los problemas y aspiraciones de la gente del común, se hace patente la insolvencia casi total de los sucesivos gobiernos para ejercer sus funciones con respeto y complacencia de la ciudadanía. Los grafitis en los muros de las ciudades y en las piedras de los caminos, las leyendas en las pancartas de las marchas y en las camisetas de los marchantes, mayoritariamente jóvenes, los clips y memes que en abundancia circulan por las redes, son elocuente expresión del malestar2.

Está cuestionado el origen del poder, su ejercicio y su reproducción. El gobierno de Iván Duque, expresión de un regresivo entendimiento político de fuerzas de derecha y extrema derecha (Arcadia regresiva)3 torpemente se niega a aceptar el hecho histórico de un alzamiento político armado, simula la paz, simula el respeto a la protesta social, simula las garantías a los líderes sociales4. El despertar ciudadano deja en claro para todos que ya no es tiempo de odios y armas sino de concordia y democracia. La guerra está fuera de juego5.

A 200 años de la Independencia literalmente el país nacional no aguanta más la forma excluyente, mafiosa y demofóbica (antipatía hacia al pueblo) de gobernar, se agota sin remedio la república elitista acorralada por la consistente movilización social, la fuerza transformadora de la paz, el creciente éxito electoral de las fuerzas alternativas y el auge cultural que marca cambios significativos en el sentido común.

 

Violencia ayer, violencia hoy, violencia siempre…



Lo que más impacta es que la historia de hoy ha sido la historia de siempre durante toda la vida independiente: una combinación de “orden y violencia”, donde la violencia ha sido un recurso permanente empleado por las elites para contener y desarticular la fuerza ascendente de los de abajo. “En Colombia, desde la independencia, la relación histórica del Estado y los grupos y clases hegemónicas con la violencia ha sido ambivalente. Junto a un discurso sobre la violencia legítima, estructurado alrededor del Estado, se ha utilizado sistemáticamente la violencia extrema o violencia pura contra la oposición política y los movimientos y las organizaciones sociales populares”6.

Algunas de las guerras civiles en el siglo XIX, las varias violencias del siglo XX, los magnicidios de líderes opositores, el exterminio de conglomerados enteros: integrantes del gaitanismo, militantes y elegidos de UP, sindicalistas, campesinos, estudiantes, líderes sociales, reincorporados de las guerrillas, significan miles y miles de hombres y mujeres que han sido víctimas, en diferentes momentos, del uso de la violencia como reaseguro de la exclusión social y del oligopolio político. Hoy ocurre exactamente lo mismo, inclusive abultando las dimensiones de la tragedia.

Esa realidad oprobiosa es la que le permite a Castellanos, en aguda mirada de conjunto, establecer: “En general, entre las élites y el pueblo ha existido un foso insondable creado por la pretendida superioridad de las élites o el miedo que no les permite un sueño tranquilo. Un miedo que no logran disimular con el paternalismo episódico y que se revela implacable en el uso recurrente de la violencia. Pánico al que el pueblo responde en ocasiones con terror que pretende ser justiciero, como el Nueve de Abril. El fruto del pánico y el terror es un régimen fundado en la violencia y el fraude, que no son otros los resultados de una democracia sin pueblo. Mejor, una democracia que acepta un pueblo si y solo si se muestra dócil y adocenado”7.

 

Lo que puede pasar: el advenimiento de la república democrática

 

Los hechos-proceso señalados en la primera página de este escrito indican con bastante evidencia que el país efectivamente está ante un nuevo comienzo. Un movimiento socio-histórico está en desarrollo: ese movimiento puede entenderse como el tránsito de la república elitista manejada por el círculo exclusivo de unas pocas familias a la república democrática gobernada por un conjunto cohesionado de fuerzas sociales y políticas decididas a convertir en realidad los cambios largamente aplazados o amagados. ¡Es posible¡

Pero no es la colombiana una transición tranquila, no se realiza a partir de un programa de cambios institucionales pactados (por unanimidad o por amplia mayoría) y bien acotados en su contenido, actores, tiempo y vías de realización. La transición colombiana se está efectuando en medio de gran turbulencia originada en una tenaz oposición de la derecha política refractaria a los cambios, en la pervivencia de grupos armados de carácter político, paramilitar y delincuencial (narcotráfico), en medio de una enorme tragedia humanitaria materializada en el exterminio de líderes sociales y de reincorporados de las Farc que firmó la paz.

La búsqueda de un presente y un futuro mejor parte de asumir que, en la última década, incluidos los afortunados acontecimientos de noviembre-diciembre 2019, se percibe claramente la configuración de una agenda democrática de sociedad y de país (el pliego del paro forma parte de ella). Contar con una agenda de país es una ganancia estratégica invaluable. La agenda de país es una matriz de entendimientos básicos que se nutre de las agendas territoriales y sectoriales. La agenda no es estática, existe in fieri porque su función es alimentar un proceso incesante de acción, cambio y transformación8.

Lo que se pone al orden del día, al momento del bicentenario de vida independiente, es la vía de renovación o transformación política para la construcción de una nación y un estado en la modalidad de república democrática. Para eso es la paz, para eso son las marchas, para eso se ganan elecciones: para construir un país decente, democrático y justo. La Constitución del 91 en su parte dogmática contempla esa perspectiva con claridad meridiana (primeros 112 artículos). Lo cual se refuerza con la inclusión del Acuerdo de paz entre los artículos transitorios de la Carta.

 

Resignificar el concepto y recrear la praxis de la democracia

 

Avanzar en ese sentido requiere desatar un movimiento cultural que resignifique el concepto y recree la praxis de la democracia. Se requiere, en expresión consagrada, la “reforma intelectual y moral”9. Sobre este trascendental asunto aquí solo puedo consignar unas pocas palabras para incentivar el debate y la innovación: preciso es repolitizar la política, afianzar su carácter de bien público común, ciudadanizarla; imprescindible democratizar la democracia, esto es, sacarla del marasmo, el desgaste, la superficialidad y la manipulación en que la ha colocado el capitalismo (neoliberal) bajo la enseña a ultranza del mercado.

Democratizar la democracia es transitar hacia una democracia de alta intensidad que visualiza la construcción de un estado-república con el protagonismo de la ciudadanía consciente, organizada y movilizada y la inclusión plena de mujeres, jóvenes, diversidades sexuales, etnias y culturas. La forma republicana de Estado puede ser la que mejor articule libertad e igualdad, la que mejor procure el ejercicio de virtudes cívicas y la que mejor sirva a la justicia social con libertad, a la vigencia integral de los derechos humanos, derechos de los pueblos y derechos de la naturaleza.

“La gran tradición histórica de la libertad republicana… se dividía entre el republicanismo democrático y el oligárquico o antidemocrático… La tradición republicana asocia la libertad a la independencia material, y esta característica es común tanto a la variante democrática como a la oligárquica… Así que la concepción de la libertad es la misma en las dos grandes variantes lo que las diferencia (y no es poca cosa) es la población a la que se debe llegar: a los ricos que tienen la existencia material garantizada, para los oligárquicos; a toda la población a la que debe garantizarse esta existencia material, para los democráticos”10.

Colombia no puede seguir en el esquema de una república elitista, oligárquica o señorial. Hoy existe en el país la posibilidad de una democracia más directa, democracia de verdad participativa (asociativa, deliberativa, informatizada), en suma, se hace posible tener por fin una república realmente democrática. El Punto 2 de La Habana contiene la mayor parte de los cambios normativos e institucionales que requiere hoy la democracia colombiana. La reforma política en él contemplada no se ha realizado. Es urgente realizarla.

 

El sujeto plural y el accionar político transformador

 

Cierto es que la paz total y definitiva11, la democracia de alta intensidad, la agenda de sociedad que surge de la movilización y de los acuerdos de paz, suscritos y por suscribir, la demanda de cambio que se va interiorizando y expandiendo prefiguran al presente un proyecto de país al cual lógicamente tiene que corresponder la construcción de un amplio sujeto plural, bloque histórico, convergencia, unión, confluencia de los inconformes y alternativos (coalescencia más que yuxtaposición) para enrumbarse, con clarividencia y decisión, hacia el ejercicio de hegemonía como direccionalidad incluyente de la nación entera y, por ende, sujeto determinado a ser poder y ser gobierno.

Los jóvenes reclaman condiciones favorables para superar la incertidumbre y hacer realidad sus proyectos de vida. La transformación democrática vendrá de la mano de la juventud inconforme que no se resigna a vivir en un país de privilegios para unos pocos y de estrechez para las mayorías, entre ellas los inmensos conjuntos en la informalidad y el precariado.

A pesar de la ofensiva criminal contra los líderes y lideresas sociales, que destruye de manera irreparable el tejido social, un movimiento constituido por variadas formas organizativas de base se gesta en los territorios. La organización para la marcha, el cacerolazo y el paro surgida con ocasión de la ola de movilización iniciada el 21N debe adquirir permanencia y sostenibilidad, sin perder flexibilidad, como embrión de poder ciudadano, social y popular en el espacio rural, en territorios étnicos y en el espacio urbano de pequeñas y grandes ciudades12.

El amplio e imaginativo despertar ciudadano que se advierte al presente no puede quedarse en un estadio prepolítico y corporativo sino que, convertido en un accionar político transformador –mediante el debate, la iniciativa cultural y la articulación en pluralidad– tiene que tender a hacer realidad la república democrática para materializar el vivir, buen vivir y convivir que sintetiza la utopía real en esta tercera década del nuevo siglo (Arcadia progresista).

El pueblo colombiano avanza hacia una democracia de alta intensidad, las élites tradicionales se agotan, se aproxima la república democrática, los jóvenes están en el centro de la escena. Un nosotros transformador se afianza frente a un ellos conservadurista.

Estamos ante acontecimientos que constituyen síntesis de un pasado de lucha al tiempo que son germen de un futuro de victoria. El cambio es posible, se precisa volverlo ineludible. ¿Qué harán las fuerzas sociales, políticas y culturales alternativas frente a los retos que se avecinan?

Camilo Castellanos, hay que reconocerlo, tiene razón cuando señala: “Hay días en la vida de una nación que… con feliz feracidad dan paso a procesos transformadores”.


1 Grafitis en sitios céntricos de Bogotá: “La prosperidad de una nación es la REVOLUCION”, “Si no eres parte de la solución, sigues siendo parte del PROBLEMA”, “Mientras no nos dejen soñar, no los dejaremos dormir”, “Creemos en la utopía porque la realidad nos parece imposible”, “Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen!”, “Cuando tú pierdas el miedo, ellos pierden el poder”, “Quieren enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas”, “Sin líderes sociales no hay democracia”, “Desmonte del Esmad ¡ya!”, “Soy artista, no terrorista”, “Allanar y censurar provoca paro nacional”, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
2 “Arcadia regresiva”, “Arcadia progresiva” son expresiones del analista uruguayo Gerardo Caetano para identificar respectivamente los proyectos de retroceso y de avance democrático (2019).
3 Ver El Aprendiz del Embrujo, finge la paz, reinventa la guerra y privatiza lo público, balance del primer año de Iván Duque, Plataforma Democracia y Desarrollo, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, La Alianza, Bogotá, septiembre de 2019.
4 En febrero de 2019 se constituyó el movimiento Defendamos la Paz –DLP–, con inmensa amplitud y pluralidad, por iniciativa de las bancadas parlamentarias que hicieron con éxito la defensa de la JEP ante las objeciones del Gobierno a la Ley estatutaria de la misma. DLP desarrolla actividades permanentes en el campo de la opinión, la movilización y la diplomacia por la paz.
5 Múnera Ruiz, Leopoldo, La ambivalencia de la violencia y las encrucijadas de la paz (guía de exposición), Bogotá, julio de 2019 (pro manuscrito).
6 Castellanos, Camilo, Los pueblos del nueve de abril, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 2016, pág. 122.
7 García Villegas, Editor, ¿Cómo Mejorar a Colombia? IEPRI UNal-Ariel, Bogotá, 2018. Ver las siete propuestas básicas en la introducción.
8 La expresión “reforma intelectual y moral” es de Antonio Gramsci (Quaderni 4,7, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21, 26, 27); uno de los lemas más característicos de Jorge Eliécer Gaitán y de su movimiento fue precisamente este: “Por la restauración moral y democrática de la república: ¡A la carga!” (de memoria).
9 Domenech, Antoni, El Eclipse de la fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista, akal, 2ª Edición, Barcelona, 2019, pág. 557.
10 Para este concepto ver la columna del Senador Iván Cepeda Castro La paz total y definitiva, El Espectador, 18.07.19.
11 Otras alcaldías se ganaron en poblaciones intermedias como la de Turbaco, cerca a Cartagena de Indias, donde el triunfador fue Gustavo Torres (Julián Conrado) del nuevo partido de la rosa (Farc) en coalición con Colombia Humana.
12 Una presentación comprensiva de enfoques y prácticas innovadores puede verse en el texto de Isabel Rauber: Los movimientos sociales en tiempos de contrarrevolución preventiva global, noviembre de 2017.

* Investigador social, columnista, Presidente de la Asociación de estudios y acción política Democracia Hoy DEMHOY. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Fidel Castro Ruz  Segunda Declaración de La Habana

“Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de doscientos millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo entero.

Con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América Latina, con lo heroica que fue aquella lucha, a la generación de latinoamericanos de hoy le ha tocado una epopeya mayor y más decisiva todavía para la humanidad. Porque aquella lucha fue para librarse del poder colonial español, de una España decadente, invadida por los ejércitos de Napoleón. Hoy le toca la lucha de liberación frente a la metrópoli imperial más poderosa del mundo, frente a la fuerza más importante del sistema imperialista mundial y para prestarle a la humanidad un servicio todavía más grande del que le prestaron nuestros antepasados.

Pero esta lucha, más que aquélla, la harán las masas, la harán los pueblos; los pueblos van a jugar un papel mucho más importante que entonces; los hombres, los dirigentes importan e importarán en esta lucha menos de lo que importaron en aquélla”.

 

Presentación: Luis Matini

 

 

https://www.procuraduria.gov.co/

Las directrices de esta política contienen una retórica innovadora, pero se desenvuelven en los marcos de sentido tradicionales. Por tanto, está desarticulada de necesidades esenciales que plantea el escenario post-Acuerdo de paz y su implementación, pero también de otras urgencias nacionales, como detener el genocidio de líderes sociales, reformar la institución policial o modificar el enfoque represivo en la gestión de la protesta social.

 

Entre los distintos problemas que han pasado cuenta de cobro al presidente Iván Duque en lo que va corrido de su mandato se destaca el deterioro de la seguridad ciudadana. Los indicadores relevantes tanto de la seguridad fáctica como de la percepción de inseguridad descendieron sustancialmente bajo el gobierno Santos pero repuntaron con Duque. Por ejemplo, la sensible tasa de homicidios llegó en 2017 a 23,7 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja en cuatro décadas tras registrar un descenso sostenido, pero rebrotó a 24,3 en 2018.

Tal vez afanado por esta realidad, a finales de 2019 el gobierno presentó su “Política marco de convivencia y seguridad ciudadana”, un texto de 105 páginas que contiene sus directrices. Como es usual, el documento en las 7 líneas gruesas de acción, con sus objetivos específicos y estrategias de ejecución, con responsables y métodos de seguimiento que pasa a sustentar, sigue una estructura estrictamente lógica.

Si bien la retórica de la formulación se esfuerza por marcar diferencias, enfatizando en la seguridad ciudadana, la “visión multidimensional”, la “gestión integral” o la funcionalidad de la política respecto del emprendimiento y la innovación en ciencia y tecnología, en la mayoría de los casos se trata de tareas que ya están asignadas a instancias estatales, incluso con la directriz de colaborar entre sí.

Asimismo, aunque se contemplan una serie de acciones, como una apuesta decidida por el desarme de los ciudadanos, el impulso a una “cultura de la legalidad” o el cambio en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, no se plantea una innovación sustancial respecto al marco de sentido que ha orientado dicha política.

Por ejemplo, la política que acá nos ocupa contempla la participación de la ciudadanía en labores distintas a la inteligencia y el mantenimiento del orden público (p. 5). Pero se trata de una participación confinada a la ejecución de la política ya delineada y definida, es decir, no se comprende la participación en la formulación de planes, programas o proyectos, ni en labores para su veeduría o evaluación, sino en la formación de una “Red de Participación Cívica” para dar fluidez a las comunicaciones entre ciudadanías y autoridades, articulada con el uso de nuevas tecnologías, la colaboración con las empresas de seguridad privada y la nacionalización de la figura de los gestores de convivencia (p. 68).

Un diagnóstico sesgado e incompleto

El documento presenta la evolución de los principales problemas e indicadores de la seguridad ciudadana en los últimos años. Sin embargo, su diagnóstico es sesgado e incompleto, puesto que no se articula a un análisis de los múltiples problemas y dificultades que el tránsito de la guerra a la paz ha conllevado en esa materia. Las etapas de post-Acuerdo de paz en los casos de Centroamérica, caracterizadas también por el ascenso en las problemáticas de inseguridad ciudadana, alertan suficientemente sobre la necesidad de tal articulación.

Por ejemplo, el documento de política no responde preguntas básicas tales como si las dinámicas de inseguridad ciudadana están relacionadas con el fin del conflicto armado; con el copamiento y la disputa de espacios rurales y urbanos desalojados por la insurgencia y abandonados por el Estado pero copados por otros actores armados, por mencionar un caso.

Como consecuencia, las directrices de política quedan desligadas de un esfuerzo expreso por acompañar la implementación del Acuerdo de paz, por más que en ciertos apartados se mencione la necesidad de brindar seguridad a los desmovilizados (p. 82). De hecho, lo más sorprendente es que no se relacionen los problemas de la seguridad ciudadana con el escenario post-Acuerdo de paz, y que éste prácticamente ni se mencione explícitamente. Se trata, por tanto, de una política que no diagnostica en su complejidad el ámbito en el que pretende intervenir aunque, como es lógico, la convivencia y la seguridad ciudadanas tengan por fin último garantizar la paz.

Por esa razón el que quizás sea el principal problema planteado en dicho escenario, el genocidio perpetrado contra los líderes sociales desde que se firmó el Acuerdo de paz, que el actual gobierno persiste en considerar como un conjunto de homicidios aislados y no sistemáticos, ocupa un lugar muy marginal en la formulación de la política.

Así, solo una falla de diagnóstico permite explicar que alrededor de un millar de asesinatos de ciudadanos civiles y en estado de indefensión no sean considerados un problema de seguridad ciudadana. Incluso auque el documento reconozca a los líderes sociales como “población de alto riesgo” (pp. 82-83), resulta complicado que no existan medidas específicas para atender la problemática de manera diferenciada, pero son imposibles si no se reconoce que están siendo sistemáticamente asesinados.

La retórica y la omisión

Desligar la política de convivencia y seguridad ciudadana de la implementación del Acuerdo y el contexto generado tras su entrada en vigencia, termina por invalidar su apuesta central: el concepto de seguridad ciudadana en que se funda (p. 21). En la práctica, la implementación de políticas guiadas por ese concepto ha tenido un férreo obstáculo en una fuerza policial altamente militarizada en términos institucionales, doctrinales y operacionales, como legado del conflicto armado.

Las estructuras, mentalidades y formas de operar de la Policía si bien han incorporado parcialmente el ideal de la seguridad ciudadana, continúan caracterizadas por los legados arrojados por su participación en la guerra, como su sesgo represivo, la distancia en relación con la ciudadanía, vista potencialmente como parte del “enemigo interno”, y la prevalencia de la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana, entre otros. En consecuencia, la retórica de la seguridad ciudadana convive con prácticas como la represión con sesgo militar de la protesta y el énfasis en la seguridad del Estado.

El documento de política plantea, por ejemplo, la corresponsabilidad de las autoridades civiles locales y regionales para garantizar la seguridad. Pero pasa por alto uno de los problemas que ha obstaculizado esa corresponsabilidad: precisamente el hecho de que la Policía tenga una estructura calcada del Ejército, con poco margen de maniobra para los comandantes cuando una orden de su superior se antepone, por las razones que sea aunque con frecuencia relacionadas con el orden público, a las de la autoridad civil local o regional.

Aunque no necesariamente debe estar contemplada en la política de convivencia y seguridad, con posterioridad al Acuerdo de paz es urgente la reforma de la Policía y en general de las FF.AA. No obstante, esta tarea, frustrada en los años noventa, cuando la reforma planteada (ley 62 de 1993) se desdibujó finalmente en la ejecución por la propia institución del Programa de Transformación cultural (1995-1998), nuevamente se confía a la autonomía de la Polícía con el “proceso de modernización y transformación institucional” actualmente en curso.

La corrupción, que gana terreno al interior de la institución, de acuerdo a los frecuentes informes de prensa sobre uniformados de distintos rangos vinculados con actividades delictivas, reclama con urgencia dicha reforma. Ya en diciembre de 2015 el gobierno Santos había designado una comisión con ese propósito que, como varias anteriores, no arrojó resultados. El objetivo de desarticular organizaciones delictivas y provocar la “disrupción en la red de valor de las rentas criminales urbanas” (pp. 69-71), choca de frente con esa realidad.

Es así como resulta prácticamente imposible afincar la visión “multidimensional” (p. 24) sobre la seguridad ciudadana que plantea el documento en una institución que ni siquiera ha empezado a reorientarse en el contexto del post-Acuerdo de paz y que mantiene en gran medida, en su cultura organizacional y su doctrina, y en ciertas especialidades más que en otras, una orientación contrainsurgente que se confunde con la que debe tener un cuerpo militar, relegando las particularidades de un organismo de naturaleza civil como la policía.

Persiste el enfoque represivo

Aún más, en relación con funciones como la contención de la protesta prima en la política el sesgo represivo. Se desplaza de esa manera el concepto de seguridad ciudadana, no solo como ausencia de delito sino como potenciamiento de los derechos y libertades individuales, en este caso los de la protesta y la libertad de expresión, en favor del mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. En efecto, el documento insiste en que el gobierno garantizará el derecho a la protesta, pero a renglón seguido promete actuar contra los “disturbios” y el “vandalismo”, fortaleciendo los escuadrones antidisturbios (p. 88).

En la presentación de la política en cuestión no existe la más mínima reflexión sobre las especificidades de la protesta social, que siempre implica tensiones entre los derechos de quienes protestan y de los demás ciudadanos, o sobre lo que desde la perspectiva gubernamental se concibe como “violencia”. En la práctica los límites entre lo legítimo e ilegítimo, lo tolerable y lo intolerable, lo violento y lo no violento son difíciles de precisar; por ejemplo, ¿bloquear temporalmente una vía pública es “vandalismo” o “disturbio”?

En esa constante, la política no menciona el prontuario de abusos y crímenes cometidos por el Esmad, que no se reconoce ni siquiera como un problema, por lo que en últimas termina avalando y dando curso a los procedimientos represivos con que se ha manejado hasta hoy la protesta social. Se trata de una gestión basada en una visión contrainsurgente, que privilegia la seguridad nacional o del Estado sobre la del ciudadano, y donde éste, cuando ejerce su derecho a la protesta, es visto como parte del “enemigo interno” que amenaza el orden social.

De hecho, el mismo enfoque represivo está presente en la estrategia de “control efectivo de los espacios” con la que se propone reemplazar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Eso explica por qué, aunque el documento enuncia un enfoque preventivo según el cual los comandantes de policía deben concentrar los esfuerzos de todas las especialidades en “zonas de miedo e impunidad” (p. 17), la principal transformación sea el aumento del pie de fuerza en 34.000 nuevos policías en 4 años (en 2019 la cifra total de efectivos era de 139.766), junto con la destinación a esas zonas de los uniformados que hoy están concentrados en el control del tránsito, los servicios de protección y los servicios administrativos (p. 66).

En fin, un asunto delicado, como parte del enfoque represivo, es el tratamiento al consumo de estupefacientes en espacios públicos. Es un problema que marca el límite de la visión “multidimensional” que el documento reivindica. Si bien en algunos momentos se alude al fenómeno como un problema de “salud mental” relacionado pero no determinante de problemas de convivencia (p. 22), se termina por asumir una visión criminalizante y represiva puesto que “impacta la convivencia, pues, entre otras consecuencias relevantes, aumenta la percepción de inseguridad en los sitios en los que se consumen habitualmente estupefacientes” (p. 23). Por esa razón, el “control efectivo de los espacios” se propone “dar prioridad a los parques, plazas y los entornos de las universidades, escuelas y colegios, para evitar que sean lugares de expendio y consumo de estupefacientes” (p. 64).

Corolario

La política de convivencia y seguridad ciudadana no está ligada explícitamente a la implementación del Acuerdo de paz, lo cual plantea varias dificultades para responder al genocidio de líderes sociales en ciernes; está desvinculada de la necesaria reforma de la Policía para enfrentar un contexto post-Acuerdo, lo que entorpece varios de sus propósitos debido a los problemas de militarización de esta institución; y termina por privilegiar la seguridad del Estado sobre la del ciudadano en asuntos tan delicados como la gestión de la protesta social, lo que se traduce en la persistencia de un sesgo altamente represivo.

Pese a la retórica de innovación en que se formulan sus directrices, la política sigue presa en los marcos tradicionales que han guiado la acción estatal. El uso de nuevas tecnologías, el enfoque multidimensional del delito, la cooperación entre instancias estatales e incluso medidas como la promoción del desarme total de la ciudadanía –en la que el gobierno se aparta de las preferencias de su partido, el Centro Democrático–, quedan así opacadas por el peso de las estructuras, en particular de los problemas de militarización en la Policía, principal agencia encargada de la implementación de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana.

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El coronavirus y la sociedad de la mentira global

 Durante el año pasado se registraron en España 277.000 casos de cáncer. La mitad de los enfermos morirán en un plazo inferior a cinco años, sufriendo durante el resto de su vida un calvario indecible de idas y venidas al hospital, de quimio y radioterapia, de dolor y sufrimiento y de miedo indescriptible.

En una sociedad avanzada y civilizada, las investigaciones para curar o paliar el cáncer, las enfermedades cardíacas y las degenerativas deberían ocupar un lugar preeminente, dedicándoles todos los medios económicos posibles.

Del mismo modo, en un mundo civilizado y justo, la Organización Mundial de la Salud, en vez de callar, debería denunciar los precios altísimos de los tratamientos para esas enfermedades que están arruinando a los sistemas estatales de salud, declarar la libertad de todos los países copiar cualquier medicamento que sirva para mejorar la vida de los enfermos y condenar el reparto mafioso y monopolístico de los nuevos tratamientos por parte de los grandes laboratorios.

No lo hace, mira para otro lado, y la curación de esas enfermedades que tanto dolor causan a tantísima gente se pospone hasta que la mafia quiera.

El año pasado murieron en España por accidente laboral casi setecientas personas, resultando heridos de gravedad o enfermos debido al trabajo varios miles de personas. Las causas están claras, precariedad laboral, jornadas interminables, destajo, escasas medidas de seguridad y explotación.

Ningún organismo estatal ni mundial alerta sobre el deterioro de las condiciones de trabajo ni esas víctimas, que podrían haberse evitado con muy poca inversión, abren los telediarios ni ocupan más de su tiempo.

En 2019, seis mil españoles murieron de gripe, una enfermedad tan común como el sarampión que mata todos los años a miles de personas en África sin que la OMS exija a los Estados miembros que aporten las vacunas necesarias -que valen cuatro perras- para evitar ese genocidio silencioso. Al fin y al cabo, la mayoría son negros.

En 2018, más de cuarenta mil personas murieron en España por la contaminación ambiental, siendo directamente atribuibles a esa misma causa el fallecimiento de ochocientas mil personas en la Unión Europea y casi nueve millones en el mundo, aparte de los millones y millones que padecen enfermedades crónicas que disminuyen drásticamente su calidad de vida.

En 2017 más de seis millones de niños murieron de hambre en el mundo mientras en los países occidentales se tiran a la basura toneladas y toneladas de alimentos.

Ese mismo año, más de dos mil millones de personas trabajaron jornadas superiores a 15 horas por menos de 10 euros al día. Ningún informativo, ningún periódico, ninguna radio lleva días y días insistiendo machaconamente en esa tragedia que martiriza a diario a media humanidad y amenaza con llevarnos a todos a condiciones de vida insufribles.

Hace unas semanas surgió en una región de China un virus que causa neumonía y tiene una indicencia mortal menor al uno por ciento. Los medios de comunicación de todo el mundo, acompañados con las redes sociales de la mentira global, decidieron que ese era el problema más terrible que había azotado al mundo desde los tiempos de la peste bubónica del siglo XIV que diezmó la población de Europa en casi un tercio.

No hay telediario, portada de periódico por serio que sea o red social en la que el coronavirus no ocupe un lugar preferente y reiterativo hasta la saciedad, como si no tuviésemos bastante con las enfermedades ya conocidas que matan de verdad a muchísima gente después de largos periodos de sufrimiento y tortura vital. No sé como surgió ese nuevo virus, tampoco si es nuevo, carezco de conocimientos científicos para ello, lo único que sé es lo que cuentan los especialistas, y es que apenas mata ni deja secuelas importantes. Pese a ello, a que lo saben, los informativos siguen creando alarma a nivel mundial. ¿Por qué?

No creo que nada de lo que pasa en el mundo sea por casualidad, ni que los informativos ignoren inocentemente el número de muertos por guerras absurdas que cada año asolan al mundo de los pobres.

Vivimos un tiempo de relevos, la potencia hegemónica -Estados Unidos- tiene por primera vez desde el final de la Guerra Fría un serio competidor que se llama China. Ese competidor fue alimentado desde los años ochenta por las potencias occidentales debido a su enorme población, a su pobreza y a los salarios bajísimos de sus trabajadores.

Han pasado cuarenta años y lo que entonces pareció una decisión magnífica para acabar con los Estados del Bienestar, abaratar costes e incrementar riquezas de modo exponencial, ha tomado otro cariz y ahora esa potencia pobre produce casi el 18% de todo lo que se fabrica en el mundo y está en disposición de dar el gran salto que la coloque en como primera potencia mundial, algo que será inevitable haga lo que haga Trump y sus amigos porque tienen el capital, la tecnología y la mano de obra necesaria.

La suspensión del Congreso Internacional de Móviles de Barcelona -Congreso que probablemente no se vuelva a celebrar tal como lo hemos conocido en años sucesivos- no se debió al coronavirus, sino a la exhibición que las grandes tecnológicas chinas iban a hacer sobre sus avances en el 5G.

Se trataba de impedir de cualquier manera que los chinos pudiesen demostrar que hay campos en los que ya están por delante de Estados Unidos y, por supuesto, de Europa. No hay otra explicación ni otra razón. Con la cancelación del congreso de Barcelona y la información apocalíptica sobre las consecuencias de la expansión del coronavirus se daba un paso más en la nueva guerra fría que se ha inventado Donald Trump, dejando claro a China que todo vale en la guerra y que su ascenso al primer puesto les va -nos va- a costar sangre, sudor y lágrimas.

El coronavirus es una enfermedad que no arroja datos alarmantes, primero porque no se expande al ritmo de las grandes epidemias que ha sufrido el mundo, segundo porque tampoco los porcentajes de mortandad son equiparables a los de otras plagas como la “gripe española”.

Sin embargo, y dentro de un lenguaje medieval, se está intentando crear pánico a escala global y por eso cada día nos cuentan el nuevo caso que se ha descubierto en Italia, Croacia, Malasia o Torrelodones, uno por uno, haya dado muestras de quebranto o no.

Se trata de alimentar el bicho del miedo a escala global con fines estrictamente políticos y económicos, y nunca antes como hoy, en la sociedad de la desinformación, han existido tantos medios para imponer las mentiras como verdades absolutas al servicio de intereses bastardos.

El coronavirus no es el fin del mundo ni nada que se le parezca, es una enfermedad normal, como tantas y con poca mortandad, pero la manipulación mediática interesada puede llevarnos a una crisis de consecuencias devastadoras.

28 febrero 2020

(Tomado de Nueva Tribuna)

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