Miércoles, 04 Julio 2012 07:23

Nuevas formas de golpismo en la región

 Nuevas formas de golpismo en la región
La destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, abrió un debate entre intelectuales y políticos respecto de las nuevas formas de golpismo en América latina. Los presidentes de la Unasur resolvieron en la cumbre de Mendoza que se trató de “una ruptura del orden democrático” y, en concordancia con el Protocolo de Ushuaia, suspendieron la participación de Paraguay en ese bloque regional y también en el Mercosur. Sin embargo, la contundente y unánime respuesta política regional no agotó el debate intelectual que sigue generando controversias. Página/12 consultó a los politólogos Aníbal Pérez-Liñán y Amílcar Salas Oroño y también al director nacional electoral, Alejandro Tullio, quienes compartieron críticas al proceso de remoción de Lugo, pero también señalaron que la debilidad política del mandatario depuesto contribuyó al desenlace irregular de la crisis paraguaya.


“Es tentador llamar a lo que ocurrió en Paraguay como golpe de Estado, pero creo que es un error porque no permite entender claramente lo que sucedió. No hubo una operación militar en contra del presidente electo, como en Honduras hace tres años. En Paraguay, el Congreso abusó de su autoridad constitucional para destituir al presidente”, sostiene Pérez-Liñán, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Nôtre-Dame y uno de los mayores especialistas argentinos en política comparada latinoamericana. Pérez-Liñán, además, es autor del libro Juicio Político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, que analiza las crisis presidenciales de la región durante los últimos veinte años, en donde cayeron 21 presidentes, pero sólo en tres hubo intervención militar. Para Pérez-Liñán, “estirar” la etiqueta de golpe de Estado lleva a “un callejón sin salida”, porque podría derivar en que toda caída de un presidente pueda ser denunciada ante la OEA como un golpe y, según mayorías circunstanciales, convertirse en un recurso de “intervención arbitraria”.


“En cualquier caso, la caída de un presidente electo es una tragedia constitucional, pero la desmilitarización de la política latinoamericana en los últimos veinte años es un logro que no debe ser ocultado por un juego de palabras”, concluye el docente de la Universidad de Pittsburgh que, si bien calificó como “dudoso” el proceso de juicio político, afirmó que su legalidad está dada por la autoridad constitucional del Congreso para llevarlo adelante.


Desde otra perspectiva, para Salas Oroño se trata sin dudas de un golpe de Estado, “tanto por falta de demostración sustantiva y articulada de argumentos expuestos en el juicio político como por la ausencia de una posibilidad efectiva de defensa”. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA e investigador del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe dependiente de la misma universidad, Salas Oroño advierte que el caso paraguayo constituye un ejemplo de lo que denomina la implantación de una “ideología parlamentarista” como un fenómeno construido con el esfuerzo combinado de las elites conservadoras en cada país en alianza con los medios de comunicación, “que fuerzan una específica interpretación de la realidad en la que se desvaloriza la legitimidad de los poderes ejecutivos”.


“De un lado se encuentran determinados Poderes Ejecutivos que, con mayor o menor determinación, se plantean como horizonte político desagregar los elementos tradicionales de las dialécticas neoliberales. Del otro, Parlamentos que funcionan como refugios institucionales para la reorganización política de las diferentes oposiciones. Lo que no pueden lograr de otra forma, los sectores opositores lo encuentran a través del Parlamento”, explica Salas Oroño.


Tomando esta idea, para Salas Oroño el principal déficit del gobierno de Lugo debería ubicarse en el plano político: “En comparación con los otros gobiernos del mismo signo en el Cono Sur, que también tienen deudas sociales en su haber, Lugo no logró, ni siquiera, un cambio en los realineamientos de las identidades políticopartidarias. La debilidad de las fronteras políticas que trazó no sirvió ni para retener a sus propios aliados; a fin de cuentas, fue el Partido Liberal el que definió la suerte del Presidente”, concluye.


En un sentido similar, el abogado y titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, cuestionó la actitud del Senado paraguayo y argumentó que en la Constitución “hay conceptos que no explicita porque su significado esta implícito”. Uno de esos significados implícitos es el de juicio, “que requiere de acusación circunstanciada en hechos, ejercicio sustancial –no formal– del derecho de defensa y, además, una sentencia fundada”. Para Tullio el Senado en los hechos no juzgó ni sentenció, sino decidió y votó la destitución “en un ejercicio autojustificativo donde el fundamento de la decisión es únicamente la facultad legal de tomarla”. Según Tullio, esta actitud se condice con “una especie impropia de revocatoria de mandato” por parte del Senado, la cual es impropia porque sólo puede revocar quien otorga el mandato que es el pueblo paraguayo.


El debate no parece encontrar una conclusión común al final del análisis. La calificación como golpe de Estado depende, en gran medida, del énfasis que se les otorgue a las irregularidades reconocidas por los intelectuales en el proceso de destitución, encabezadas por la falta de un ejercicio real del derecho de defensa, la falta de rigor en la acusación realizada por la Cámara de Diputados y los plazos acelerados que sirvieron para evitar el impacto de la presión internacional.


Este análisis va en sintonía con las palabras del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien afirmó en referencia al caso que “el estricto apego a la letra formal de la norma no significa necesariamente el apego a los principios”.

Publicado enInternacional
Envenenaron a Yasser Arafat, revela investigación científica
Yasser Arafat, fallecido en 2004, fue envenenado con polonio, una sustancia radiactiva, de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas en un laboratorio en Suiza. Así lo asegura la cadena Al Jazeera, que este martes ha emitido un documental en el que revela este hecho.

 
Estos análisis se realizaron sobre muestras biológicas tomadas de las pertenencias personales del líder palestino, donadas por la viuda del difunto, Suha, al hospital militar Percy en el sur de París, donde Arafat murió, según François Bochud, director de el Insituto de Física de Radiación de Lausana.

 
“La conclusión es que hemos encontrado (un nivel) de polonio significativo en esas muestras”, ha explicado en el documental, realizado después de nueve meses de investigación, según Al Jazeera. El polonio es la sustancia con la que se envenenó el exespía ruso Alexander Livtenko, que murió en 2006 en Londres.
 

Yasser Arafat enfermó en su cuartel general de Ramallah, en Cisjordania, sitiado por el ejército israelí. Falleció el 11 de noviembre 2004. Su muerte sigue siendo un misterio. Los 50 médicos que se turnaron junto a su cama no especificaron la razón exacta para el rápido deterioro de su condición. Los palestinos han acusado a Israel de haberlo envenenado.
 

Para confirmar la tesis de una muerte por polonio se deberían exhumar los restos de Arafat y analizarlos, ha señalado el señor Bochud a Suha Arafat.

 
“Si realmente quiere saber qué pasó con su marido, hay que hallar una muestra (…) para determinar una alta concentración de polonio que fue envenenado”, ha explicado.


 3 Julio 2012

 
(Con información de AFP)

Publicado enInternacional
El laboratorio del golpe de Estado de Paraguay fue Honduras, reconoce Fernando Lugo
Entrevistamos al Presidente Fernando Lugo, depuesto en su cargo a través de un sutil mecanismo constitucional y un grosero proceso que se asemeja a lo ocurrido en Honduras en junio de 2009, lo que pone en estado de alerta a toda la región. 


-La intención es confundir a la opinión pública nacional e internacional, pero lo que sucedió aquí fue un golpe de Estado…


-¡Sin lugar a dudas! Los medios de comunicación privados que responden a ciertos intereses, quieren dar la impresión de que aquí no ha pasado nada, que hubo una sucesión natural de cambio de Presidente de la República. Al mismo tiempo no dan a conocer los más de 40 espacios y lugares de resistencia activos, y la solidaridad internacional que sí confirman que aquí ha pasado algo.


Aquí hubo una ruptura del orden democrático, aquí hubo un juicio político sin razón de ser, se efectuó un golpe parlamentario. Hay varios nombres: golpe express; Cristina Kirchner mencionó que se trata de un golpe suave. El laboratorio de todo esto fue Honduras hace tres años, y aquí en Paraguay fue perfeccionado.


-Llegué anoche, y me llamó la atención la ausencia de la resistencia al golpe. ¿Esa situación tiene que ver con su pronunciamiento de efectuar una resistencia en paz?


-Sí, una resistencia pacífica. En los 40 piquetes que se han realizado no ha habido violencia. Hoy, el puente que nos une con Brasil fue cerrado por dos horas, con gente de Paraguay y brasilera. El puente que nos une con Argentina, en Encarnación, también fue cerrado. La gente está expresando su descontento, su indignación. Hay una sana y pacífica indignación ciudadana. Pero estas manifestaciones no aparecen en la prensa.


Nosotros hacemos hincapié en convocar a manifestaciones pacíficas, uso de la fuerza sí, pero sin violencia y, al mismo tiempo, no salirse del orden jurídico nacional. Las manifestaciones son permitidas y creo que la ciudadanía está despertando a una gran conciencia cívica en todo el país. En siete departamentos se han producido fuertes expresiones de rechazo al golpe, y esto continuará, porque creemos que la voluntad popular expresada el 20 de abril de 2008 fue quebrantada con este juicio político o golpe parlamentario.


-Usted dice no salirse del orden jurídico nacional, los golpistas afirman también que no violentaron ese orden…


-Se respetó, se le dio un viso legal, pero como dijo el presidente Juan Manuel Santos (Colombia), ese viso legal fue violentado, fue forzado. Aquí no se respetó el debido proceso y tampoco el derecho a la defensa. Cualquier muchacho que tenga un accidente con una moto tiene derecho a dos, tres, cuatro, hasta 18 días para preparar su defensa, yo tuve sólo 17 horas y dos horas para exponerla. En el juicio al presidente José P. Guggiari (1928-1932), él tuvo tres meses para preparar su defensa y otros tuvieron semanas, a mí me dieron 17 horas.


En menos de 24 horas no se puede deponer a un Presidente electo por las mayorías populares. Por eso nosotros estamos recurriendo a la Corte Suprema de Justicia y a las instancias internacionales competentes, como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque creemos que esto fue injusto y se violentó la voluntad popular y las garantías del justo proceso.


-¿Quién está detrás del golpe?


-Grupos que nunca muestran los rostros. Grupos económicos, también la clase política tradicional, que no acepta que en este país pueda haber prácticas políticas diferentes, prácticas políticas que no se basan en el clientelismo ni el prebendarismo, que son comunes de los partidos tradicionales que ahora se unieron en el golpe por primera vez en la historia.


-¿Cuál es vuestra agenda ahora?


-Vamos a salir por todo el país explicando a la ciudadanía lo que pasó. El próximo martes (hoy) vamos a estar en Caazapá, el jueves vamos a estar en las barriadas de Asunción, y así iremos recorriendo todo el país. Y como lo mencioné, vamos a insistir ante la Corte Suprema de Justicia y ante los organismos internacionales competentes.


-¿Cómo evalúa la solidaridad manifestada por los gobiernos de la región?


-Me da una garantía, confirma que lo que sucedido aquí en Paraguay preocupa porque se trató de una ruptura del orden democrático, y los países hermanos han manifestado su solidaridad de manera ferviente. Siempre dijimos que como país mediterráneo no podíamos estar aislados ni económica ni políticamente, lamentablemente esto ha ocurrido con el golpe.


Por Gerardo Iglesias
Rel-UITA


2 Julio 2012
Publicado enInternacional
Sábado, 30 Junio 2012 08:13

Primavera silenciosa menos 50

Primavera silenciosa menos 50
Con más de dos años de preparación, se realizó la conferencia Río+20 de Naciones Unidas, titulada Conferencia Mundial por el Desarrollo Sostenible. Los resultados son extraordinariamente magros y apenas en línea con los de la conferencia Río92, que, aunque con muchas contradicciones, reconoció que urgía considerar desarrollo y medio ambiente en conjunto, y dio origen a varias convenciones multilaterales (Diversidad Biológica, Desertificación, Cambio Climático y otras posteriores) y a la institucionalidad ambiental del planeta (tratados internacionales y regionales, ministerios e instituciones de medio ambiente, etcétera).

Ahora en medio de profundas crisis gobales (financiera, ambiental, climática, alimentaria), la conferencia destacó por evitar los temas esenciales y apenas "reafirmar", con trabajo, acuerdos de hace 20 años.

Desde el Grupo ETC señalamos que es más exacto llamar a esta conferencia "Primavera Silenciosa -50", recordando el libro de Rachel Carson que en 1962 conmocionó al mundo al denunciar el efecto mortal de los plaguicidas y químicos sobre los pájaros y el medio ambiente, inspirando el surgimiento de varios movimientos ambientalistas.

En lugar de avanzar drásticamente para desarmar los mitos y falsedades de gobiernos y trasnacionales para seguir llenando impunemente de tóxicos la comida, el agua, el aire, los cuerpos y el ambiente, la conferencia quedó atrapada entre los países que querían volver más atrás de 92 (como Estados Unidos), los que pretendían avanzar en la falacia de la llamada "economía verde" (como Europa y otros) y muchos países del Sur que criticaron esa economía verde (lo cual teóricamente es bueno) pero lo hicieron porque lo ven como una "traba al desarrollo" y potencial fuente de nuevas condicionalidades para financiamiento. En el camino se retrocedió en principios básicos establecidos en Río92, como el de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" –que alude a que son principalmente los países más industrializados y sus trasnacionales quienes se beneficiaron y crearon los problemas ambientales y deben asumir mayor responsabilidad por ello–; el derecho a la información y el de "el contaminador paga" (aún siendo un principio perverso, porque significa que los que tienen dinero se compran el derecho a contaminar). Para botón de muestra del tono de las negociaciones, baste decir que el capítulo sobre minería, una de las actividades más contaminantes del planeta, que en la última década ha avanzado vertiginosamente devastando aguas, tierras y territorios indígenas y campesinos, fue "coordinado" por Canadá, patria global de las mafiosas trasnacionales mineras. Como consecuencia, se borró la referencia a obligación de consulta previa a comunidades indígenas y locales (que igual aplica porque está asentada en otros convenios, pero significativamente quisieron eliminar del tema minería).

La única "novedad" de la conferencia fue el empuje a la llamada "economía verde", que pretende aumentar los mercados financieros con la naturaleza y legitimar el uso de nuevas tecnologías para "resolver" los problemas, sin tener que tocar los patrones dominantes de producción y consumo.

No salió como mensaje limpio como pretendían sus principales promotores (gobiernos de Unión Europea, Korea, Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, PNUMA) en parte por la resistencia desde muchos países del Sur, pero también el planteo desconoce las causas de la crisis financiera, cuando se basa en aumentar los mercados financieros (de carbono, biodiversidad, servicios ambientales). Sin embargo, pese a la controversia, el documento de Río+20 llama a crear "ambientes propicios" legal y financieramente, da un concepto ambiguo de economía verde, que sin duda será interpretado por las trasnacionales, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales según les convenga y aumenta las potestades del Pnuma.

Cabe destacar la reserva explícita de Bolivia en la plenaria final, que “rechaza la "economía verde" como modelo y herramienta para la privatización de la naturaleza y la sociedad (… y se reserva ante…) cualquier interpretación derivada como: mercantilización de funciones y ciclos de la naturaleza y pago por servicios ambientales…”

La tecnología como "solución" y una visión estrecha y lineal de la ciencia, quedó omnipresente en todos los temas, lo que convierte en más significativo que desde el Grupo ETC y organizaciones de la sociedad civil, logramos que se reconociera la necesidad de evaluar previamente a nivel nacional, regional e internacional a las nuevas tecnologías, "en vista del rápido desarrollo y despliegue de tecnologías que puedan tener efectos negativos, en particular sobre la biodiversidad y la salud, y otras consecuencias imprevistas". Además, se reforzó el rechazo a la fertilización oceánica, una de las técnicas de geoingeniería más desarrolladas, abriendo camino para la prohibición de la geoingeniería en su conjunto, demanda asumida explícitamente desde la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental.

La Cumbre de los Pueblos logró robar atención mediática con varias movilizaciones y una manifestación unitaria de todos los movimientos sociales con 80 mil personas. Lo más importante sin embargo fue la forma novedosa de participación real de miles de personas en plenarias temáticas –no de aclamación y masividad solamente, sino de reflexión y construcción detallada de diagnóstico y propuestas colectivas– que volvieron al centro del debate los temas de fondo: la crisis múltiples del sistema capitalista y las falacias de las falsas "soluciones", como la economía verde.

Publicado enInternacional
El sociólogo Emilio Alvarez Icaza explica la guerra antinarco “La tragedia es extraordinaria”
El Partido Acción Nacional (PAN) que gobernó México en los últimos doce años deja el poder con un legado de violencia jamás alcanzado en la historia de este país: 50.000 muertos en seis años, más de 5000 desaparecidos, 8000 cuerpos sin identificación y un tendal de tragedias cuyas imágenes figuran entre las más cruentas de los conflictos armados: decapitaciones, camiones repletos de cadáveres, bolsas de plástico con cuerpos despedazados y un puñado de nombres que se instalaron como territorios de guerra y en los cuales los carteles de la droga son amos y señores de la vida y de la muerte: Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Sinaloa.

En la cuenta también caben los nombres de quienes dirigen los carteles, hoy tan famosos como las estrellas de cine o televisión. La Procuraduría General de la República (PGR) estableció que en México hay un total de siete carteles operando en el país y que dos de ellos, los más poderosos, controlan el de Joaquim Guzmán, alias el Chapo, jefe del Cartel de Sinaloa, y el de Osiel Cárdenas, jefe del Cartel del Golfo, bajo cuyo mando opera la red de sicarios denominada Los Zetas. Pero por más cruentas que sean las cifras de muertos, decapitados, descuartizados o de personas que aparecen colgadas de los puentes, el tema de la narcoviolencia ha estado ausente de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de este domingo.

Ni Enrique Peña Nieto, candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), ni la candidata del gobernante PAN, Josefina Vázquez Mota, ni el representante de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador (PRD, Partido de la Revolución Democrática) abordaron de frente un tema que, junto a la falta de trabajo, aparece como una de las grandes preocupaciones de los electores. En su conjunto, los tres candidatos prometieron lo mismo que Felipe Calderón: más trabajo de inteligencia, policías confiables y el compromiso de que los militares que Calderón sacó sin éxito para combatir a los narcos regresen a los cuarteles. Andrés Manuel López Obrador fijó un calendario de seis meses para el retiro de los militares, mientras que Peña anunció la creación de un cuerpo de gendarmería de 40.000 efectivos y contratar como asesor al general Oscar Naranjo, el hombre que capturó al narcotraficante Pablo Escobar.

La campaña estableció un cordón sanitario de silencio en torno de lo que es un drama de una profundidad desoladora. En esta entrevista con Página/12, el sociólogo Emilio Alvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, pone de relieve los mecanismos de esa violencia, la impunidad de sus actores y la responsabilidad de Estados Unidos.

–¿Cuál es la combinación de factores que explican que se haya llegado a tales niveles de violencia?

–En el mapa geopolítico internacional los carteles mexicanos empiezan a competir con el liderazgo colombiano en materia de drogas. Parte de la droga que iba a Estados Unidos se empieza a quedar en México y también esa droga se produce aquí. México pasa entonces de ser un país de tránsito a convertirse en un productor y en un consumidor. Este cambio generó una pelea por los mercados y una disputa territorial. Ello llevó a los carteles a negociar con los gobernadores y a penetrar los organismos de seguridad para garantizar la cobertura. Pero el fenómeno se fue multiplicando y la delincuencia extendió su labor del tráfico de drogas al tráfico de personas, al tráfico de armas. La delincuencia constató que estaba bajo un manto de impunidad y decidió multiplicar su acción con otro fenómeno, es decir, el secuestro, la extorsión y el delito. Este negocio del delito y de la muerte se extendió incluso a los migrantes, víctimas también del secuestro y la extorsión. En resumen, el fenómeno de la delincuencia en México se explica por el debilitamiento de las estructuras del poder, por una condición estructural de corrupción e impunidad, por la penetración de las instituciones de seguridad y justicia por parte de la delincuencia. Este cóctel nos tiene sumidos en una espiral de violencia atroz que, por un lado, recuerda al fenómeno colombiano, y, por el otro, pone de manifiesto un accionar del Estado que rivaliza con la violencia estatal de las dictaduras del Cono Sur. En América del Sur, la violencia tuvo como argumento la guerra contra el comunismo, aquí es la guerra contra el narcotráfico. Bajo este argumento cabe todo. La tragedia humana es extraordinaria. Por esa razón, nosotros, desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hemos hablado de que se enfrenta en México una emergencia nacional.

–En estos doce años de cambios en los cuales el PRI perdió su hegemonía, no se produjo la transformación más esperada: es decir, que la llamada transición diera lugar a otro tipo de Estado, menos autoritario.

–Esto se explica por los fenómenos de corrupción e impunidad. Venimos de un Estado profundamente autoritario y de estructuras que no se transformaron. Durante la transición democrática no se logró hacer que las instituciones de seguridad sean instituciones de la democracia. Nuestras instituciones de prevención de delito, procuración y administración de Justicia tienen la lógica del viejo régimen. La transición democrática no alcanzó a reestructurar esas instituciones. Todo se convirtió entonces en un contexto de extraordinario riesgo.

–¿Qué margen le queda al poder que surja de las urnas para, al menos, intentar cambiar esta situación?

–El gran desafío tiene que ver con el hecho de que no hay una política de Estado en materia de seguridad. El presidente Calderón decidió lanzar el ejército a la calle casi en una decisión unipersonal, ni siquiera en una política de gobierno y menos aún en una política de Estado. Hay una crítica estructural a la política del gobierno y ahora que se perfila el cambio se da la discusión sobre cuáles deben ser las acciones estructurales para enfrentar este fenómeno.

–Sin embargo, los grados de violencia que se dan no son única y exclusivamente un problema mexicano. Estados Unidos tiene una aplastante responsabilidad.

–Desde luego. Este problema no se entiende sin la omisión, complicidad y participación de Estados Unidos. Se dan fenómenos inverosímiles. Estados Unidos tiene capacidad para detectar en sus fronteras el paso de los miles de centroamericanos y mexicanos, pero no tienen capacidad para encontrar los aviones, los camiones y los trenes que pasan llenos de droga, llenos de armas, llenos de municiones y de dinero en efectivo. Lo que se observa entonces es una doble moral. En Estados Unidos esto es un tema de salud pública, mientras que en América latina es un tema de seguridad pública. Ellos ponen los dólares y nosotros la sangre. Por otra parte, hay una lógica geopolítica muy perversa para nosotros en la cual el trabajo sucio lo hace América latina. La columna vertebral de esto es lo económico, pero ese tema nunca se toca. Nunca se detectan las grandes cantidades de dinero que circulan en el sistema financiero. Esto se agudiza más cuando desde Estados Unidos se realizan acciones para infiltrar el narcotráfico a través de dinero y de armas. Es como si el gobierno mexicano vendiera droga para ver cómo se mueren los jóvenes de Estados Unidos.
Publicado enInternacional
“La conspiración se instaló hace mucho”
Domingo Laíno lleva en su portafolio una gorra negra adornada con la foto del Che Guevara. Es el referente del ala progresista del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que hoy gobierna Paraguay a través del ex vicepresidente Federico Franco, luego del golpe parlamentario de la semana pasada. A sus 76 años afirma que sigue dando batalla y profesa lealtad hacia el destituido presidente Fernando Lugo. Su hijo Luis Domingo Laíno, también leal, renunció esta semana al cargo de embajador de Paraguay en Cuba.

Laíno, fundador del PLRA y tres veces candidato a presidente, no descarta presentarse a una candidatura. “Me dicen que Lula perdió tres veces antes de ser presidente. Lo mismo Allende. Yo les contesto que no soy ni Lula ni Allende”, dice en tono de broma. Para los paraguayos el apellido Laíno es sinónimo de combate a la dictadura. Este histórico dirigente fue preso varias veces durante el stronismo, sufrió torturas y debió exiliarse en Argentina.

Tras el juicio político express contra Lugo, Laíno viajó a Buenos Aires como miembro del Frente de Defensa de la Democracia (incluye al izquierdista Frente Guasú y algunos liberales) para defender la democracia de su país y romper con el relato monolítico de los medios conservadores que avalan el golpe institucional.

“‘Lugo sigue siendo el presidente y este es un golpe de facto’, eso les dije a los nuevos asesores de Itaipú”, afirma Laíno en entrevista con Página/12, tras dejar su silla vacía como consejero de la represa hidroeléctrica paraguayo-brasileña Itaipú.

–¿Usted cree que esta crisis política venía gestándose desde antes del desalojo del predio de Curuguaty, en el que murieron once campesinos y seis policías?

–La conspiración se instaló mucho tiempo atrás, a poco de iniciarse el gobierno de Lugo. En 2009, Lugo dio un discurso muy claro en el Foro Social Mundial en Belén donde dijo que Estados Unidos debe devolver Guantánamo a Cuba. Y reconoció a esa revolución tan condenada por los sectores refractarios. El presidente en varias ocasiones habló de la integración de los pueblos latinoamericanos y se inscribió en el bloque de Unasur. Cuando Hugo Chávez visitó Paraguay lo llevó a San Pedro, en la región en la que él fue obispo y presentó a muchos líderes campesinos. No lo hizo con otros mandatarios. Hemos tenido un gobierno con un Poder Ejecutivo progresista y con un Parlamento neoliberal y existió una política de bloqueo a las iniciativas de Lugo. Por ejemplo, el impuesto personal a la renta quedó archivado. El Estado es débil porque la naturaleza de los políticos que han gobernado el Paraguay son de una tendencia en donde reinó el laissez faire.

–Ni hablar de llevar adelante la reforma agraria...

–Lugo tuvo problemas de todo tipo. Los primeros en reaccionar fueron los “brasiguayos”, porque son ellos los que tienen las grandes tierras más ricas en la frontera. Esas tierras son utilizadas para la soja. Estos sojeros le hicieron tractorazos, protestas en la ruta. Después fueron organizándose de a poco. Lograron muchos fondos. Yo creo que se consiguieron fondos para este golpe. Fui diputado y senador durante 25 años, conozco que en estas cosas siempre hay un ingrediente económico.

–¿A qué se refiere?

–No me extraña que Franco diga que se van a seguir las tratativas con la transnacional fundidora de aluminio Río Tinto Alcan (N. de la R.: de capitales canadienses, ingleses y australianos). Yo creo que Río Tinto Alcan pudo ser uno de los contribuyentes de este golpe. Es un megaproyecto que va a utilizar casi toda la energía que se usa en Paraguay, va a producir lingotes de alumnio en una cantidad exuberante. ¡La inversión es de cuatro mil millones de dólares! Representa un tercio del producto interno bruto paraguayo. Franco quiere privatizar los aeropuertos y dejar en manos de los privados el acueducto. Por eso digo que no es un juicio político, es un juicio ideológico el que se llevó a cabo.

–¿Este nuevo gobierno preveía que Venezuela, por ejemplo, iba a cortar el suministro de petróleo?

–Yo creo que sí. Pero no se esperaban la actitud de Argentina. Se pensaban que iba a ser más liviana, más blanda. Sin embargo, Cristina Fernández asumió una postura muy clara y retiró a su embajador. Seguramente tampoco esperaban que el secretario general de Unasur, el venezolano Alí Rodríguez, haya dicho que enviará una comisión para que investigue dos cosas: los responsables morales y materiales de la masacre de Curuguaty, y también los responsables de este golpe de Estado.

–Usted que estuvo asesorando sobre temas energéticos, ¿qué opina de las declaraciones del nuevo presidente Federico Franco de que Argentina y Brasil debieran respetar los compromisos con Paraguay?

–Desde el momento que es un gobierno de facto no tiene autoridad de pedir nada. Este es un gobierno de facto. Hubo una conspiración. Los congresistas lograron, no sé por qué mecanismos, una mayoría absoluta de votos para destituir a Lugo. El va a volver, estoy seguro de eso.

–¿Le alcanzará a Lugo con algunas manifestaciones de apoyo y la presión internacional?

–Está creciendo esa resistencia. Mañana viernes (por hoy) va a haber una gran concentración en Asunción en paralelo con las cumbres del Mercosur y Unasur. Creo que va a ser una cifra muy importante.

–¿Cómo se hace para seguir en un partido acusado de traición, ya que cogobernaba con el presidente?

–El traidor no es el partido, son sus dirigentes y responsables de estos hechos dolorosos. El PLRA siempre ha defendido el sistema democrático, tiene una tradición libertaria. Yo soy parte del Movimiento Cambio para la Liberación, un grupo progresista; hay otros liberales que pertenecen a un sector más conservador. No-sotros no podemos aceptar lo que ocurrió.

–¿Qué significa que se haya nombrado a alguien de las filas de Lino Oviedo, a María Liz García, como ministra de Defensa?

–Oviedo es un militar que estuvo en intentonas de golpe en el pasado. El hacía política partidaria siendo oficial de las fuerzas armadas: usaba un pañuelo colorado. Su desempeño siempre fue irregular y su línea política es neoliberal, un populismo barato.

–¿Cuánto peso tiene actualmente el oviedismo?

–Tuvo mucho peso, pero ahora ha disminuido. Hubo dos o tres deserciones en diputados, de legisladores que volvieron al Partido Colorado. Hoy yo creo que la tercera fuerza es el Frente Guasú, la unidad de los partidos de izquierda. Antes de que sucediera este golpe, el proyecto era unir al Partido Liberal Radical Auténtico con el Frente Guasú para las elecciones del 2013. Lográbamos ganar fácilmente.

–¿Ahora existe una alianza entre el PLRA y el oviedismo?

–Sí, no me cabe duda. Franco siempre estuvo cerca del oviedismo. Y quizá también se una Patria Querida, el partido de los empresarios y capitalistas. Los colorados no aceptaron cargos ministeriales en el gobierno golpista porque ellos quieren confrontar con el PLRA.

–¿Su afinidad ideológica hoy está más cerca del Frente Guasú o de los liberales?

–Siempre fui progresista y tuve una misma actitud ideológica. Nunca he negado mis ideas. Yo voy a dejar la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLRA, pero sigo siendo miembro del comité central del partido, del directorio.

–¿Estando en ese directorio no se enteró de este proceso destituyente?

–Para nada. No se trató en el directorio. Un grupo pequeño entre cuatro paredes pergeñó esta cuestión.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Publicado enInternacional
El domingo entrante, el 1° de julio de 2012, elegiremos al próximo presidente de México para el periodo 2012-2018.  También renovaremos al Congreso de la Unión de la siguiente forma: 500 diputados (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional), 64 senadores (32 de primera minoría y 32 de representación popular) y además habrá 15 elecciones locales y dos extraordinarias en las que se elegirán siete gubernaturas, 15 congresos estatales y el 72 por ciento de los municipios.  Los estados que renovarán gobernador son Chiapas, Distrito Federal (jefe de gobierno), Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán.
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca el carro completo, es decir, recuperar la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión y las gubernaturas en disputa.  Además, pretende un amplio margen de victoria y evitar con ello una reedición del 2006.  Para lograr lo anterior ha intentado proyectar la imagen de un nuevo PRI, una vez entendido que los ciudadanos mexicanos buscaron el cambio en el 2000, beneficiando en ese entonces con su voto a Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN).
 
La primera elección presidencial del siglo XXI fue importante porque además de dar término a un régimen de más de 70 años presentó una campaña moderna con un uso de la mercadotecnia política que rompió los esquemas en México.  El expresidente de Coca Cola en México se hizo al panismo y supo imponerse como el candidato a base de un liderazgo campirano, con un discurso franco y altanero que trajo frescura ante las costumbres de la clase política.  Fox se supo vender como un producto acorde con las tendencias mercadológicas del momento.
 
Pareciera que en este 2012 el PRI ha aprendido la lección y tiene un proyecto similar para el proceso electoral que está a escasos días de culminar.  Sabedores que su pasado es su debilidad, quienes influyen en las decisiones del PRI buscaron un nuevo rostro para su partido, que debía ir de la mano de un candidato en esa tesitura.  Enrique Peña Nieto, un hombre joven, fue el elegido y junto con él un plan bien pensado para recuperar la silla presidencial.
 
Hoy sabemos que detrás de ese plan existe una alianza con la principal empresa televisora del país, Televisa, para hacerse cargo de la proyección de la imagen deseada.  Desde que Peña Nieto gobernaba el Estado de México hubo contratos con la televisora a fin de dar a conocer sus logros y callar sus fallos.  Por ser un tipo bien parecido -que raya en el estereotipo de metrosexual-, por haber contraído matrimonio con la actriz Angélica Rivera y por sus constantes apariciones en revistas del jet set, parecía un candidato tipo vanidades que contaba con una preferencia electoral por arriba del 50 por ciento desde antes de ser ungido como el candidato de su partido.
 
En 2005 la revista Proceso detalló la alianza Televisa-Peña Nieto, cuando éste era gobernador del Estado de México.  Siete años después retoma el tema el periódico británico The Guardian.  El 8 de junio el rotativo publicó un conjunto de documentos de 2005 que supuestamente detallaban la venta por parte de la cadena de cobertura favorable a ciertos políticos, entre los que estaba incluido Peña Nieto, mientras se desprestigiaba a otros, principalmente a López Obrador.  Este 27 volvió a afirmar que una unidad secreta de Televisa estableció y financió una campaña a favor de Peña Nieto.
 
El PRI decidió aliarse con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el Panal (Partido Nueva Alianza) y conformar así la coalición Compromiso por México.  Sin embargo, para contar con un rostro nuevo, la presencia de la maestra Elba Esther Gordillo, fundadora del Panal y líder vitalicia del sindicato de maestros, esto resultaba una contradicción que podría costar caro a la idea original, puesto que la expriista tiene muchos enemigos en su otrora partido y representa una figura de cacique sindical.  De tal modo, se decidió romper con el Panal el 19 de enero de este año, pero no en todos los casos; persistieron alianzas entre ambos partidos en elecciones locales y para legisladores en algunos estados.
 
A la vieja usanza, exservidores públicos priistas estaban listos para incorporarse a la campaña de Peña Nieto o de asegurar un lugar como diputados o senadores y conseguir así la ansiada inmunidad política. Pero en una medición de los posibles daños no fueron nombrados exgobernadores priistas como Fidel Herrera, de Veracruz; Humberto Moreira, de Coahuila; ni Mario Marín, de Puebla.  Se ha cuidado evitar escándalos por corrupción u otras actividades ilícitas de viejos cuadros priistas.  Sin embargo, sí continúa un candidato a diputado con enriquecimiento inexplicable y se trata del líder del sindicato de trabajadores del petróleo, Carlos Romero Deschamps, quien dejó de aparecer en los mítines de apoyo a Peña Nieto, con tal de evitar la foto de priistas de viejo cuño con el rostro nuevo.
 
La campaña electoral del PRI ha sido impecable y Peña Nieto un candidato muy disciplinado, quien gracias a su popularidad ha sorteado dificultades como el no ser un político letrado expuesto en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en diciembre pasado, o que no supiera cuál es el salario mínimo en México o el precio de la tortilla.
 
Su amplia ventaja de alrededor de 15 puntos porcentuales desde el inicio de la contienda electoral daba la impresión de que todo estaría decidido para el 1° de julio, que sólo le haría falta al PRI asegurar la mayoría de los diputados y senadores para poder modificar a modo a las leyes y emprender así las estructuras que considere necesarias para el país.  Hablamos de restaurar el viejo régimen con un presidente cuya fuerza iría acompañada de la mayoría de los legisladores.
 
¿Cuál parecía la principal amenaza al proyecto priista?  Una oposición fuerte que sólo se veía posible en una alianza PAN-PRD.  Esto tuvo algunos ensayos como en Oaxaca, donde la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso comprendía los partidos PAN, PRD (Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del Trabajo) y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y que derrotó al PRI, eligiendo como gobernador a Gabino Cué Monteagudo.  Pero la posibilidad de una alianza para las elecciones federales se vio truncada en el Estado de México, donde no se reeditó la experiencia aliancista y el PRI retuvo el poder con Eruviel Ávila.
 
Las campañas electorales parecían no animar al electorado y junto con el alto abstencionismo registrado en las elecciones locales e intermedias para legisladores crecía la posibilidad de un alto abstencionismo para esta elección presidencial.  Pero un actor irrumpió en el escenario y ha animado el proceso electoral: el viernes 11 de mayo Enrique Peña Nieto fue abucheado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana y le recriminaron su relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en el municipio de San Salvador Atenco, así como los feminicidios durante su mandato en el Estado de México.
 
Quien pareciera intocable, de la noche a la mañana fue vulnerable, gracias a los estudiantes.  La ríspida reacción del presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, produjo la solidaridad de otros estudiantes, sobre todo del ITAM y la posterior conformación del movimiento #yosoy132 –pues se decía que el aforo de la ibero era de 131 estudiantes.  Esta movilización estudiantil se ha convertido en la primera en México en contra de un candidato presidencial.  A su vez ha tenido una coordinación por las redes sociales nunca antes visto en el país y por si fuera poco ha dado en el clavo al oponerse a la manipulación e imposición de un candidato por parte de una televisora y señalar que no existe un nuevo PRI.
 
Muchas de estas denuncias ya habían sido expresadas, sobre todo por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Movimiento Progresista (compuesto por el PRD, PT y MC), pero gracias a estos jóvenes los escépticos a López Obrador tuvieron interés en sus denuncias y también muchos ciudadanos voltearon a ver con nuevos ojos el proceso electoral, hasta pensar que el abstencionismo rondará el 40% del electorado y no más como se esperaba.
 
Un aspecto más que encendió los focos rojos en el PRI fue la encuesta de Reforma publicada el 31 de mayo pasado, en que ponía a López Obrador en segundo lugar de las preferencias electorales, por vez primera arriba de la panista Josefina Vázquez Mota y a tan solo 4 puntos porcentuales de Peña Nieto.  Parecía que se lograba lo impensable desde finales de 2011: una elección cerrada.  Esto desató una guerra sucia contra López Obrador al estilo del 2006.  Ha sido la única encuesta cerrada y el mismo Reforma ya publicó una más donde nuevamente hay una diferencia de alrededor de 13 por ciento.
 
El detonante para avivar las campañas electorales fue el movimiento #yosoy132; la confirmación de que las cosas venían cambiando, la encuesta de Reforma del 31 de mayo; la reacción más visible, la guerra sucia, el torpedeo contra López Obrador.
 
Si bien es difícil creer que realmente vaya a haber una elección cerrada, se están dando las condiciones para que los resultados sean impugnados.  Y es que sí ha habido visos de iniquidad en las campañas electorales y se han presentado denuncias de probable compra y coacción de votos a través de sindicalistas del magisterio y ferrocarrileros enrolados como observadores electorales.  Se publicó un video en youtube de una bodega de la Secretaría de Educación de Veracruz llena de despensas y herramientas presuntamente para comprar votos a favor de los candidatos priistas.  El apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en esta operación confirmaría que el nuevo PRI mantiene prácticas nocivas para la democracia.
 
La edición última de la revista Proceso –la del 24 de junio- publicó que esto se trata de algo más que un caso aislado, es una estrategia de enorme envergadura denominada Ágora.  En ese plan se considera cubrir todas las casillas electorales con observadores electorales emanados de los sindicatos afines al PRI con un los propósitos de coaccionar o comprar los votos a favor del PRI, vigilar que esto se realice y manifestar que la jornada fue legítima o lo contrario en caso de perder la casilla. Ágora tiene un complejo análisis de fuerzas en cada distrito electoral y de acuerdo a las posiciones de los partidos se han determinado años atrás los pasos a seguir.  Si la oposición es más fuerte se ha comprado a los líderes tanto del PAN como del PRD para su causa con todo y simpatizantes.
 
Por último se ha calculado contar con al menos el 30 por ciento de los votos para garantizar el triunfo y la estrategia ha sido por medio de las pirámides en que una persona convence y asegura que otras diez vayan a votar y esas diez a su vez se compromenten –con pago de por medio- a hacer lo mismo.  Esto tiene un alto costo y recién se descubrió que hay un monto de 56 millones de dólares para tal efecto en una cuenta colocada en Monex y que distribuye el dinero en tarjetas tipo débito.
 
El PAN hizo la denuncia penal y demandó que congelen esa cuenta bancaria a fin de evitar la compra y coacción de los votos.  Pero el secreto bancario lo impide a menos que medie una orden judicial, misma que tardaría más allá del 1° de julio.  Lo que en cualquier otro país sería motivo de conflicto y crisis prelectoral, en México parece imposible hacer algo al respecto y sólo basta que los políticos nieguen que esto esté sucediendo.
 
Ante este escenario, sea cual sea el resultado de las votaciones habrá denuncias de fraude electoral y nos encaminaremos a un conflicto postelectoral, sin importar el margen de ventaja.  El movimiento antiPeña y crítico de la manipulación televisiva encontrará cauce en uno encabezado por López Obrador, apoyado por algunos sindicatos como el de los electricistas y la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), movimientos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por ciudadanos inconformes con la imposición.  La moneda está echada, podemos esperar el triunfo de Enrique Peña Nieto y la impugnación también.
 
Por Hugo Benítez Thomas, Director de Pulso de México.  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Publicado enInternacional
Ecuador no enviará más militares ni policías a la ex Escuela de las Américas
Quito, 27 de junio. Ecuador no volverá a enviar a sus militares y policías a Estados Unidos para que se capaciten en la antigua Escuela de las Américas, a la que cuestiona por violaciones de derechos humanos cometidas por varios de sus alumnos, anunció este miércoles el gobierno del presidente Rafael Correa.


El Ejecutivo “ha resuelto que no se va a enviar más oficiales o miembros de tropa ni de las fuerzas armadas ni de la policía” al ahora denominado Instituto para la Cooperación en Seguridad en América Latina, dijo ante la prensa el ministro de Defensa, Miguel Carvajal. Ecuador tuvo 116 alumnos en ese centro entre 2010 y 2011.


Esta decisión responde a “un clamor democrático por la historia que han tenido algunos ex oficiales” del centro de adiestramiento, de acuerdo con políticas articuladas “de defensa desde Estados Unidos, impuestas por ese país y que también estuvieron ligadas a acciones de violación flagrante de derechos humanos”, sostuvo Carvajal.


La decisión fue confirmada por el canciller Ricardo Patiño, quien citó dichos del senador demócrata estadunidense Martin Meehan, según los cuales “si la Escuela de las Américas decidiera una reunión de ex alumnos, reuniría a infames e indeseables matones del hemisferio”.


Entre esos personajes se recordó al general panameño Manuel Noriega y el argentino Leopoldo Galtieri, también general.
Carvajal y Patiño formalizaron el anuncio tras una reunión en el palacio de gobierno con el presidente Rafael Correa y el sacerdote estadunidense Roy Bourgeois, fundador del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW, por sus siglas en inglés), que ha pugnado por poner fin a la emblemática escuela, proveniente de la época de la guerra fría en el continente.


“Es una escuela que ha causado sufrimiento a muchos países, y para nosotros en el movimiento el presidente Correa era una inspiración”, declaró Bourgeois.


El observatorio, en un comunicado, expresó su alegría de que se haya tomado en cuenta una recomendación, tras un informe en 2010 de la Comisión de la Verdad que investigó violaciones a los derechos humanos en Ecuador.


El 18 septiembre de 2009, Correa puso fin a un acuerdo que permitió a Estados Unidos controlar una base antidrogas en el puerto de Manta (sobre la costa del Pacífico) durante 10 años.


Con su decisión sobre la escuela, Ecuador se suma a países como Argentina, Uruguay, Bolivia o Venezuela, que cancelaron toda cooperación con el centro, que en los últimos años pasó también a formar a agentes policiales en la lucha contra el narcotráfico.


La Escuela de las Américas cambió de nombre en 1999, tras una votación de la Cámara de Representantes estadunidense, que pedía su cierre.

Afp

Publicado enInternacional
Egipto entre la revolución y la contrarrevolución
¿Por qué no dispararon? ¿Por qué el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA), después de muchas vacilaciones, acepta la elección como presidente de un dirigente de los Hermanos Musulmanes? Porque el Egipto posterior al 25 de enero de 2011 ha cambiado profundamente y porque ya no es posible el regreso al antiguo orden. Pero la lucha continúa y esta elección solo es una etapa de la larga transición emprendida desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak.


Durante interminables y asfixiantes jornadas, en un ambiente pesado, Egipto contuvo la respiración. Esperaba la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial, retrasados hora tras hora. Bajo un sol de justicia, a pesar de las dificultades de la elección, en orden y bajo la supervisión de los jueces, los electores depositaron sus papeletas en las urnas, muchos más que en la primera vuelta. El 17 de junio los colegios electorales permanecieron abiertos hasta las diez de la noche para permitir que todos pudieran cumplir su deber. Apenas hubo incidentes. El vencedor debía proclamarse oficialmente el miércoles 20 y los resultados que llegaron por la noche confirmaron que Mohammed Morsi, el candidato de los Hermanos Musulmanes apoyado por muchas fuerzas de la revolución, lo había conseguido. La asociación independiente «Jueces para Egipto» que supervisó el escrutinio (1) ratificó su victoria.


Sin embargo, rápidamente la atmósfera se espesó. El rival de Morsi, el general Ahmed Chafik, presentó recursos ante el Comité Superior de Control de la Elección Presidencial, el cual decidió aplazar la publicación de los resultados. Al mismo tiempo los medios de comunicación, dirigidos por las mismas personas de la época de Hosni Mubarak, volvían al rumor y la desinformación contando que los Hermanos rellenaron las urnas, perdieron y ¡estaban preparando un levantamiento armado! En realidad, la decisión ya no estaba en las manos de los electores ni en las del denominado comité de control, sino únicamente en el CSFA que intentaba medir las consecuencias de una victoria que había tratado de evitar. Puso todo su peso tras el general Ahmed Chafik, el último que desempeñó el papel de primer ministro de Mubarak. Ese militar forma parte de la camarilla de los hombres de negocios (y de los oficiales) que han explotado al país desde hace dos decenios; el 2 de marzo de 2011, durante un debate memorable entre Chafik, todavía primer ministro, y el escritor Alaa Al-Aswani, autor del inolvidable Edificio Yacobián, este último presentó muchos documentos que confirmaban la corrupción de Chafik, lo que le obligó a dimitir. Representante de lo que aquí se denomina «los fouloul», restos del antiguo régimen, los ci-devant, como se les llamó en la época de la Revolución Francesa, ha agrupado a su alrededor el «Estado profundo» que se agazapó en la sombra tras la caída del dictador y ahora lucha con energía para reconquistar todos sus privilegios. Todos aquéllos que no han olvidado nada ni han aprendido nada.


Por fin, tras largas vacilaciones, el CSFA tuvo que ceder el 24 de junio y se proclamó vencedor a Morsi, que anunció su dimisión de la Hermandad y del Partido Libertad y Justicia (PLJ) y afirmó su voluntad de ser el presidente de todos los egipcios. Por primera vez en la historia del Egipto republicano un civil se convierte en presidente. Para entender este cambio, basta con dar una vuelta por las calles de El Cairo y escuchar a los egipcios, en particular a los jóvenes: cualesquiera que sean sus opciones, no quieren que se confisque el poder, quieren expresarse, que se tengan en cuenta sus opiniones. Se trata de la generación de la revolución, la que se moviliza en todas las ciudades e incluso en los pueblos. La hora de las dictaduras militares ha pasado. Esos jóvenes que festejan la victoria de Morsi, algunos con máscaras de Anonymus, bailando ritmos endiablados, llevando en andas a un copto –con su gran cruz-, y se felicitan de la derrota del general del antiguo régimen, se parecen poco a hordas de barbudos dispuestas a arrasar el mundo civilizado.


Sin embargo, el pequeño margen de la victoria de Morsi, apenas un millón de votos, frente a un candidato que representa ese viejo régimen contra el que se alzó el pueblo a principios de 2011, dice mucho del rechazo que suscitan los Hermanos Musulmanes en una parte de la población y sobre las contradicciones de la transición en curso.


Los resultados de la primera vuelta de las presidenciales crearon un choque entre las fuerzas revolucionarias. Codo con codo, pero sin obtener ninguno más que alrededor de un cuarto de los votos, Morsi ligeramente en cabeza seguido del general Chafik. A continuación Hamdin Sabbah, candidato poco conocido, de tendencia nasseriana, consiguió más del 20% de los sufragios –como aquí nada es simple, él y su partido se aliaron con los Hermanos en las legislativas-. En cuanto al cuarto, Abul Futuh, obtuvo el 17,5% de los votos. En conjunto, los candidatos cercanos a la revolución, Sabbahi, Futuh y algunos más, consiguieron casi el 40% de los votos, pero se encontraron eliminados de la votación.


¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer en la segunda vuelta? Para el escritor Al-Aswani, crítico virulento de los integristas, la opción estaba clara: «No estamos con Morsi, apoyamos la revolución». Una posición que explicaba el editorial de Mostafa Alí (Last Call: Will the revolution or the counter-revolution write Egypt history», Ahram online, 22 de junio de 2012): «Trágicamente, algunas fuerzas favorables a la revolución describen erróneamente a una organización conservadora y vacilante como los Hermanos Musulmanes, que más de una vez han traicionado los objetivos de la revolución (y podrían volver a hacerlo en el futuro), como fascistas religiosos. Y de esta manera asimilan a esta fuerza, que se comprometió de manera oportunista con el antiguo régimen, al régimen actual que pretende destruir al conjunto de la revolución…»


El fantasma de un Estado teocrático impuesto por los Hermanos agobia a algunos. Sin embargo, para la mayoría de las fuerzas revolucionarias el ejército y el antiguo régimen, que mantienen el control de la mayoría de los mecanismos del poder, son las fuerzas a abatir, contra las que se creó un frente común el 22 de junio. Morsi está rodeado de partidos implicados en la revolución y de figuras simbólicas como Wael Ghonin o Al-Aswani, comprometidos en una plataforma común contra el CSFA y en particular contra sus decisiones en las semanas anteriores a la elección.


«Cometimos un gran error tras la caída del presidente Mubarak, el de dejar el poder en manos del CSFA». Era el 14 de junio y Abul Futuh, candidato fracasado a la elección presidencial, acababa de entenderlo: el Alto Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley que permitió la elección del Parlamento, lo que supuso su disolución. Además abolió la ley que prohibía que las personalidades del antiguo régimen se presentaran a las elecciones, lo que autorizó al general Chafik a presentarse en la segunda vuelta de la presidencial, el 16 y 17 de junio.


En Egipto, ya lo dijimos, nada es sencillo. Durante esos días de crisis Hamdin Sabbahi efectuó la (pequeña) peregrinación –omra- a La Meca y se encerró en un prudente mutismo sin tomar posición por ninguno de los dos candidatos en liza. Marcado por su ideología nasseriana, le repugna criticar al ejército.


En cambio Abul Futuh, un exdirigente de los Hermanos Musulmanes, pretende crear un frente amplio contra los militares. Cumplidos los sesenta (un jovencito en el contexto político local), carismático, irradia una energía desbordante. Durante mucho tiempo presidente del sindicato de los médicos, ha estado en prisión varias veces a lo largo de los años. Marginado por la Hermandad, que le considera demasiado liberal, participó activamente en toda la epopeya de Tahrir y adquirió una gran autoridad, en particular entre los jóvenes Hermanos. Muy pronto anunció que se presentaría a la elección presidencial y se comprometió a un programa de reformas democráticas del país, un Estado civil, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de los ciudadanos, en particular con la autorización de que se pueda elegir a un copto presidente de la República. Ha agrupado a su alrededor una amplia coalición de tendencias y personalidades –uno de sus asesores es marxista- y además en la primera vuelta obtuvo el sorprendete apoyo de los salafistas, preocupados por una hegemonía de los Hermanos Musulmanes en el escenario político. En Egipto nada es sencillo.


Para Abul Futuh, como para muchas otras fuerzas, las opciones de la segunda vuelta estaban claras: el regreso al antiguo régimen con el general Chafik, o un paso adelante con la elección de un candidato civil y la lucha para «la caída del poder militar».


En las semanas previas a la elección presidencial, el CSFA lanzó una ofensiva para consolidar su control institucional. El 4 de junio, el ministerio de Justicia ratificó el derecho de los militares a arrestar y juzgar a los civiles. Tras la absolución, durante el proceso de Mubarak, de importantes cuadros del ministerio del Interior, los responsables de la muerte de cientos de manifestantes y numerosos policías acusados de haber disparado sobre los manifestantes fueron absueltos.


Tras el veredicto del 14 de junio, el CSFA recuperó el poder legislativo que había cedido al Parlamento y adoptó una declaración constitucional adicional que pone al ejército a salvo de cualquier «injerencia» de los civiles y limita el poder del futuro presidente. También se ha arrogado un derecho de fiscalización en la redacción de la futura constitución.


Mientras tanto, el Estado profundo ha continuado su actuación a favor del general Chafik, movilizando todos los medios que le quedan, y son numerosos: medios de comunicación complacientes –a menudo incluidos aquéllos calificados de independientes, en manos de hombres de negocios vinculados a los círculos del poder-, intelectuales del antiguo régimen, pensadores «liberales» movilizados contra la dictadura islámica, pero callados con respecto a la de los militares. Todas las mentiras, hasta las más descabelladas se han utilizado para desacreditar a los islamistas: en el Parlamento de Túnez habrían restablecido la poligamia; Morsi habría decidido privatizar la empresa del canal de Suez, símbolo de la independencia de Egipto desde que fue nacionalizado en 1956 por el presidente Gamal Abdel Nasser; los Hermanos habrían acumulado armas, querrían transformar el ejército sobre el modelo iraní, restablecerían el impuesto especial (jaziya) a los coptos, cerrarían los cines, los teatros, etc. Uno de los rumores más espectaculares, y que ha dado la vuelta al mundo: el Parlamento estudiaría una ley que permitiría a los hombres mantener relaciones sexuales con sus esposas en las seis horas siguientes a la muerte de ellas. Como en la época de Mubarak, u otros dictadores árabes, «nosotros o los islamistas» sigue siendo el lema de todos los ci-devant que pretenden mantener el orden establecido.


Hay que reconocer que la propaganda dio sus frutos: en la segunda vuelta, más de 12 millones de egipcios votaron por un candidato del antiguo régimen a pesar de que no son partidarios, ni mucho menos, de una vuelta atrás. Los Hermanos Musulmanes tienen su parte de responsabilidad, como lo demuestran sus resultados electorales: mientras que Morsi obtuvo en la primera vuelta 5,7 millones de votos, su partido recolectó casi el doble en las elecciones legislativas de finales de 2011-principios de 2012.


La Hermandad paga sus errores y sus vaivenes entre la revolución y el ejército. Fuertemente reprimidos bajo el régimen de Mubarak, los Hermanos no empezaron a participar en las manifestaciones hasta el 28 de enero de 2011, tres días después de que empezaran, aunque sus militantes más jóvenes estuvieron al pie del cañón desde las primeras horas. Desempeñaron un papel activo en el pulso que enfrentó a la calle con Mubarak y contribuyeron ampliamente, en nombre de su organización, a la resistencia frente a las ofensivas de la policía.


Tras la caída del rais esta organización, básicamente de orientación conservadora, buscó un terreno de entendimiento con el CSFA. Se disoció de los jóvenes manifestantes, en particular en noviembre de 2011, cuando los enfrentamientos con el ejército en El Cairo causaron cuarenta muertos. Los Hermanos, deseosos de que se celebrasen las elecciones legislativas a cualquier precio, denunciaron «actuaciones irresponsables», lo que muchos jóvenes no les han perdonado.


Después de lograr una amplia mayoría en el Parlamento, han demostrado una voluntad de hegemonía que les ha restado muchas simpatías. Y la decisión, a pesar del compromiso anterior, de participar directamente en la elección presidencial, reavivó los temores. Fahmi Howeidy, un editorialista respetado de tendencia islamista, cuyos artículos se publican en todo el mundo árabe, criticó duramente esa entrada en la batalla presidencial. Pero piensa que las responsabilidades de los atascos del período anterior son compartidas: «En el Parlamento, los liberales y los demás partidos rechazaron todas las propuestas de los Hermanos de presidir las comisiones. Apostaron al fracaso cuando la asamblea adoptó medidas positivas: reforma del bachillerato, cambio del estatuto de 700.000 trabajadores precarios, salario máximo, etc.» Para este periodista, en Egipto la batalla no enfrenta a laicos y religiosos, sino a partidarios del antiguo régimen y demócratas.


Al aceptar el 22 de junio la creación de un frente con las fuerzas revolucionarios, los Hermanos tomaron nota de su aislamiento. Se han comprometido a luchar contra el poder militar, en particular exigiendo la abolición de la declaración constitucional adicional y la vuelta del Parlamento elegido. Ahora que su candidato es el presidente, ¿no intentarán entenderse otra vez con el CSFA? ¿Cuál será el modelo de redacción de la nueva constitución? Las preguntas siguen ahí, pero en cualquier caso el 24 de junio marca una etapa importante en la historia de Egipto y en la liquidación del antiguo régimen, en particular del dominio sobre la economía de una banda de corruptos.


Por Alain Gresh
Le Monde diplomatique


Traducido para Rebelión por Caty R.


Nota

(1) Ahram online , 20 de junio de 2012.


Publicado enInternacional
Jueves, 28 Junio 2012 06:45

Evo acordó con los amotinados

Evo acordó con los amotinados
El motín policial se terminó en la madrugada de ayer, cuando se firmó un acuerdo con el gobierno nacional para regresar al trabajo. Los uniformados, que exigían un sueldo mínimo de 2000 bolivianos (300 dólares), se conformaron con 1545 bolivianos y el compromiso de que no los enjuicien por haber roto algunas cosas y lugares durante su movilización de seis días. En conferencia de prensa, el vicepresidente, Alvaro García Linera, denunció que en Bolivia hubo un “apresto de golpe de Estado”. A horas de levantar su medida de fuerza, la policía arrojó gases a la marcha indígena recién llegada a esta ciudad para exigir al presidente Evo Morales respeto por sus derechos.


“Son seis elementos materiales, no inventados, sino materiales, de ruptura del orden interno, de ruptura del funcionamiento institucional de la democracia en nuestro país. Por eso la denuncia contundente (del gobierno): están aprovechándose de una demanda legítima de carácter económico de la policía; hay políticos infiltrados que quisieron llevar esto hacia fases escalonadas de golpe de Estado contra la democracia”, dijo el vicepresidente en referencia a Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM), partidos minoritarios y opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).


“Hay una victoria contundente de movimientos sociales y del ciudadano de a pie, que con su autorregulación han derrotado al apresto golpista”, aseguró García Linera. Para el vicepresidente, se rompió el orden democrático cuando los policías empezaron a hablar entre ellos sobre un aumento salarial. “Las personas que forman parte de las instituciones de coerción no pueden deliberar, porque convertirían su poder coercitivo legal en poder político por encima del resto de los ciudadanos. Al deliberar rompieron la convivencia democrática”, aclaró.


La toma de instituciones policiales en todo el país y las protestas de los policías en las calles, que impidieron el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cancillería, serían los elementos dos y tres para García Linera. “Se ha tirado dinamita a la puerta de la Asamblea Legislativa y del Palacio de Gobierno. Eso sucedía en tiempos golpistas”, dijo como cuarto signo de que en Bolivia se preparaba un golpe de Estado.


Como quinto indicio, enumeró la parálisis del sistema financiero, porque no había policías que vigilaran los bancos, por ejemplo. Como sexto elemento, mencionó las conversaciones por radio –que habría grabado el gobierno– entre los amotinados, quienes habrían expresado ganas de hacer bombas molotov, de matar “plomos”, como les dicen a los soldados, y hasta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, con quien firmaron el acuerdo la madrugada de ayer.


La oposición rechazó la denuncia del vicepresidente. “Si hubiera verdaderos indicios de golpe de Estado, de acciones contrarias a la estabilidad democrática, todo el país las rechazaría, el Movimiento Sin Miedo en primer lugar”, dijo Juan del Granado, jefe de este partido, ex aliado electoral del MAS y ahora acusado de golpista por el gobierno de Morales.


El acuerdo de la policía con el gobierno tiene 10 puntos. El más importante es el incremento de 100 bolivianos (14 dólares) al salario básico de los agentes del orden. También se ganaron la doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), la revisión de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, la creación de la Defensoría de la Policía (“para la defensa de los derechos del policía”, dice el convenio) y la conformación de una comisión que se encargará de buscar recursos para que cada uniformado se jubile con el ciento por ciento de su sueldo. “El acuerdo se hizo pensando en el pueblo de Bolivia, porque ya era hora, pues la población estaba desprovista de servicios de seguridad”, dijo la sargenta Esther Corsón, representante de los que estaban amotinados.


A pocas horas de levantada su protesta, la Policía Nacional demostró lealtad a sus superiores con la llegada a esta ciudad de la Novena Marcha Indígena Originaria, que pide respeto a los derechos de los pueblos indígenas y, fundamentalmente, que el gobierno no haga construir una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La fuerza impidió a los marchistas ingresar a la plaza Murillo, kilómetro cero del país, y lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos. Anoche, los indígenas evaluaban qué hacer ante este panorama.

Publicado enInternacional