Egipto: primer gobernante civil desde hace 7000 años y "¿fórmula paquistaní?"
Desde la defenestración del sátrapa Hosni Mubarak, hace 16 meses, la "revolución de las pirámides" ha sido secuestrada por microgolpes de Estado que no se atreven a pronunciar su nombre por la junta militar, la cual se ha enfrascado en una viciosa cuan intensa lucha con los Hermanos Musulmanes –la nueva estrella regional ascendente en todo el Medio Oriente desde Gaza, pasando por Jordania, hasta Siria–, bajo la teatralidad de una democracia controlada (ver Bajo la Lupa, 20/6/12).


La lucha por el poder entre la casta militar, otrora heroica, y los civiles, de religiosidad omnímoda aglutinados por los omnipotentes Hermanos Musulmanes y los salafistas (de lectura integrista coránica más estricta), quedó definida a corto plazo, con tácita bendición de Estados Unidos: los militares gobiernan y los Hermanos Musulmanes reinan, en un equilibrio precario, pero aceptado por los actores en juego, que quizá se irá acentuando y asentando en el sentido de la "fórmula paquistaní", otrora exitosa, de reparto de poder y delimitación de sus esferas de influencia.


La narrativa "occidentaloide", que flagela y desfigura a Medio Oriente en su prisma subjetivo para sus primarias necesidades geopolíticas de control regional, vende la idea de que el flamante presidente civil adscrito a la cofradía de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi –ingeniero formado en la Universidad de California, con dos de sus cinco hijos de nacionalidad estadunidense–, constituye el quinto presidente "republicano" desde la caída de la monarquía (con cuatro previos de origen militar).


Mas allá de sus caracteríscas singulares, los cuatro anteriores presidentes "republicanos" debieron su asunción presidencial a su genealogía militar, cuando las elecciones eran un mero trámite.


En términos estrictos y una relativa elección competida, entre Ahmed Shafik –representante del ancien régime, el general de aviación ex primer ministro de Mubarak– y el candidato de los Hermanos Musulmanes, se pudiera aducir que Mohamed Mursi representa el primer gobernante civil libremente elegido desde hace 7 mil años en las tierras faraónicas.


No es poca cosa, y quizá el Medio Oriente se encuentre ya en un punto de inflexión histórico cuando las castas militares, con su séquito pestilente de sus mukhabarat/istikhbarat (sus servicios secretos torturadores con la anuencia farisea de Estados Unidos), sean obligadas a ceder parte de su poder y/o a coexistir, al estilo quizá caduco de la "fórmula paquistaní" (de equilibrio militar/civil hoy contaminado por un tercer factor inesperado: el judicial), con la nueva estrella en el firmamento geopolítico regional: los Hermanos Musulmanes, lo cual conviene al "redireccionamiento" posmoderno de Estados Unidos y Gran Bretaña (presunta creadora de la cofradía de los Hermanos Musulmanes hace 84 años, si hacemos caso a las reseñas acuciosas de Thiery Meyssan, director de Réseau Voltaire).


A juicio del analista Rami Khouri (The Daily Star, 23/6/12), en un artículo muy severo –un tanto cuanto de corte prismático occidentaloide–, lo que sucede en Siria y Egipto definirá a Medio Oriente: "la característica política central del moderno mundo árabe desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial: la lucha entre oficiales militares y políticos civiles por el control de las instituciones de gobierno".


Christain Merville, de Le Point (26/6/12), después de reseñar la forma "accidentada" en la que accede al poder Mohamed Mursi, coloca en relieve la voluntad de "acomodamiento" del flamante presidente islámico con el ejército, pese al ostentoso cuan estruendoso golpe de Estado una semana antes, que disolvió al Parlamento recientemente elegido donde goza(ba) de mayoría el binomio religioso Hermanos Musulmanes/salafistas.


El mariscal Hussein Tantawi, mandamás de la junta militar, se dio el lujo de exhibir un mínimo de decoro democrático al felicitar al presuntamente raptado y triunfador en las urnas, aunque en forma extrañamente apretada, lo cual provocó el júbilo pirotécnico de los fieles congregados en la legendaria plaza Tahrir, donde fueron relegados al ostracismo los "otros civiles", de corte más laico (v. gr. Movimiento 6 de Abril), quienes iniciaron la revolución hoy doblemente secuestrada tanto por la junta militar como por los Hermanos Musulmanes, quienes, a juicio de la revista francesa, concretaron acuerdos subrepticios "por lo menos en la forma, si no en el fondo".


¿Padecen los Hermanos Musulmanes el "síndrome de Estocolmo" frente a sus victimarios militares?


Si los redireccionamientos geopolíticos son inequívocamente unidireccionales (en beneficio de la "oculta" agenda geopolítica de Estados Unidos), los acomodamientos domésticos serían múltiples y variados cuando el original candidato multimillonario de los Hermanos Musulmanes, Kheirat Al-Shater –muy cercano a Estados Unidos y quien fue obligado a ceder su lugar a Mohamed Mursi por el equivalente y ambivalente "IFE egipcio"–, pregona abiertamente el modelo neoliberal, que no necesariamente embona con la ideología más solidaria y colectiva de la cofradía, donde la caridad islámica juega un papel determinante.


Son tiempos de ajustes a los niveles local y regional.


Por constituir la mayor población del mundo árabe (alrededor de 25 por ciento) y su mejor ejército, lo sucedido en Egipto, dotado de una privilegiada ubicación superestratégica, puede ser definitiorio para el resto de la umma, la "comunidad de los creyentes", que ve el segundo ascenso al poder de los Hermanos Musulmanes (antes vino Gaza con Hamas). ¿Cundirá el "efecto dominó" de gobiernos de los Hermanos Musulmanes en Siria y Jordania/Cisjordania?


Los multimedia iraníes reportaron que Mohamed Mursi "reconsidera" la firma del tratado de paz con Israel (muy impopular) y la reanudación de relaciones con Irán para "crear un nuevo equilibrio estratégico" en Medio Oriente, lo cual ha sido vigorosamente desmentido por el portavoz del flamante presidente islámico sunita de Egipto. No suena ilógico, pero mucho dependerá de la bidireccionalidad entablada entre la junta militar (que depende de una ayuda sustancial anual de Estados Unidos) y los Hermanos Musulmanes.


Naharnet (25/6/12), portal libanés de corte liberal, aduce que Mohamed Mursi deberá cogobernar con el ejército: "goza de una legitimidad electoral sin precedente" (nota: más aún si se agrega el control del Parlamento disuelto por la junta y cuyo destino sigue en al aire), pero "su liderazgo será acotado por los poderes atrincherados (sic) de los militares". Naharnet considera que esta situación –la fase más importante de la transición– "podría llevar a periodos alternos de compromiso y tensión entre los Hermanos Musulmanes y el ejército".


En caso de ser real, el 48.2 por ciento que descolgó el general de aviación y ex primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafik, exhibe que el “ancien régime” no está liquidado y goza de un exquisito margen de maniobra al atraer al segmento "laico" (whatever that means, en un entorno respetablemente islámico) y, sobre todo, a la minoría agazapada de los cristianos coptos (10 por ciento de la población y la más numerosa de todo Medio Oriente).


Profiera lo que profiera la propaganda "occidentaloide", los cristianos del Medio Oriente –desde Irak, pasando por Siria/Líbano, hasta Egipto– son y/o serán los grandes perdedores teológicos debido a los juegos geopolíticos de los paganos hipermaterialistas del Atlántico Norte, con travestismo "cristiano", quienes empujan el ascenso islámico para desestabilizar las importantes poblaciones musulmanas de sus rivales del RIC (Rusia, India y China).


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Martes, 26 Junio 2012 07:15

El nuevo golpismo en América latina

El nuevo golpismo en América latina
La destitución del ex presidente Fernando Lugo en Paraguay ya es un hecho. En los últimos años fueron varios los intentos infructuosos de juicio político para sacar al presidente electo. La Constitución paraguaya heredada permitía esta maniobra sin explicitar ni reglamentar cómo proceder en este caso. Las muertes de Caraguaty fueron instrumentalizadas para abrir el proceso de destitución de Lugo. El Congreso y el Senado dominados por los partidos tradicionales Colorado (derechista) y Liberal (centroderecha) hicieron la demanda y la sentencia en tiempo record. El jueves pasado, el Partido Liberal acordó retirar el apoyo al presidente, y respalda la maniobra colorada de juicio político reglamentada instantánemente. En tiempo record, el Senado fue convocado para dictar una ya sentencia anunciada acusando políticamente al presidente por “complacencia con la agitación agrícola y fomentar la lucha de clases”. En total, menos de 36 horas para derrocar a Lugo y sustituirlo por su vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal, y fiel a los poderes económicos del país.


Los gobiernos progresistas en América latina comparten, con diferentes grados e intensidades, una agenda regional “posneoliberal” de recuperación de soberanía nacional e integración regional, inclusión de las mayorías subordinadas y lucha contra la pobreza y las desigualdades. Se trata por lo general de Ejecutivos salidos de crisis políticas prolongadas y que llegan al poder como catalizadores de una esperanza de las clases subalternas, en una relativa dicotomización de las opciones políticas. No obstante, esta irrupción plebeya se topa de inmediato con la resistencia de lo que podemos llamar “contrapoderes oligárquicos” en el Estado: las instituciones de carácter contramayoritario, la estructura liberal heredada o los dispositivos de la sociedad civil que, a pesar de haber quedado en el pasado fuera del espacio formal de la política –o quizá precisamente por eso–, intervienen con un poder decisivo en su proceso, como es el caso de los medios de comunicación privados, las cámaras empresariales o diferentes gremios u organizaciones sociales. El Poder Legislativo a menudo funciona como caja de resonancia de la resistencia al cambio de las elites políticas tradicionales.


Enmarcados en esa conflictividad que se libra al interior del Estado como campo de disputa, se han producido en los últimos años diversos intentos de desestabilización, destitución y restauración oligárquica en varios países latinoamericanos: los intentos fallidos de Venezuela 2002, Bolivia 2008 y Ecuador 2010; los golpes exitosos de Honduras 2009 y Paraguay 2012. ¿Cuál es la lectura latinoamericana de estos golpes? Se trata de movimientos que modifican la geopolítica regional en plena transición mundial. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue desintegrada gracias a la irrupción de la Unión Europea, que forzó la ruptura del bloque firmando tratados de libre comercio con Perú y Colombia. La derecha se alínea en la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile y Perú), con quienes Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales de libre comercio. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se quedó sin tanta energía después del golpe sufrido por Honduras cuando el presidente Zelaya decidió insertarse en ella. Esta ALBA más tenue también se explica por la preponderancia creciente del tándem Brasil-Argentina, muy centrados en la construcción de Mercosur.


La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se disputa la hegemonía en América latina hasta ahora en manos de la OEA. Y en medio de todo esto, Unasur, como gran árbitro regional y principal espacio de entendimiento. Este baile de acrónimos no es más que el juego geopolítico en el que cada país latinoamericano toma decisiones. Paraguay, como país inserto en condiciones desfavorables en la dinámica internacional, también tenía que revisar cómo dejar de ser un país aislado y dependiente, para pasar a ser un país soberano en conciliación con una integración regional más justa. Los poderes económicos paraguayos, muy concentrados en la agroexportación y en los oligopolios importadores, no estaban por la labor de ningún cambio de sus ventajas comparativas acumuladas originariamente. Por eso, no querían que Venezuela ni Ecuador entraran en el Mercosur. Tampoco Unasur como propuesta de la nueva arquitectura regional. El modelo de la oligarquía paraguaya no es el de la integración regional, sino el de los acuerdos comerciales típicos de una economía de base estrecha, que descansa en la exportación de la carne y soja y en la importación de la base material y financiera para el creciente consumo. Esto es, el conocido patrón de desarrollo desigual, exitoso para unos pocos y nefasto para las mayorías. El nuevo “golpismo blando” sigue un patrón que difiere de los golpes militares tradicionales, y en el que los poderes conservadores provocan o se aprovechan de situaciones de crisis a partir de las cuales alteran la correlación de fuerzas en el Estado para destituir al presidente, pasando por encima de la soberanía popular, pero relativamente dentro de la procedimentalidad institucional.


En estos procesos, la violencia reaccionaria nunca está ausente, pero juega sólo un papel auxiliar, comparada con el de los medios de comunicación empresariales como generadores de la narrativa de la crisis, de la representación del gobierno como “aislado” –pese a contar con un apoyo popular mayoritario pero invisibilizado– y de la conflictividad y el enfrentamiento, que requerirían una “restauración conservadora” de la democracia, que ponga fin a su mal uso por mandatarios “populistas” y por una irrupción de masas siempre motivo de desconfianza. Los nuevos golpes se ubican en la tensión, al interior del Estado, entre la soberanía popular y sus vetos oligárquicos, y en la escala regional, entre integración soberana y subordinación internacional.


Por Iñigo Errejón, doctor e investigador en Ciencias Políticas en la UCM. Alfredo Serrano es doctor en Economía por la UAB. Ambos son miembros de la Fundación CEPS.
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Egipto: sin constitución, parlamento... ni control
El Cairo. Un par de horas después que los partidarios de Mohamed Mursi festejaron con gritos de "¡Alajú Akbar!" la primera elección democrática de un presidente islamita en el mundo árabe, una joven cristiana egipcia se acercó a la mesa del café donde estaba sentado y me contó que acababa de ir a la iglesia.


"Nunca había visto un lugar tan vacío", me dijo. "Todos tenemos miedo."


Quiero decir que el discurso tranquilizador de Mursi, el domingo –CNN y la BBC pusieron mucho énfasis en su mensaje incluyente, porque encaja con la narrativa occidental sobre Medio Oriente (progresista, no sectario, etc.)–, fue un esfuerzo bastante raquítico, en el que el ejército recibió tantos elogios como la policía por la última etapa de la revolución egipcia.


Dicho en términos escuetos, Mursi se lanzará cuesta abajo en el camino a la democracia egipcia con latas amarradas a los pies, con temor y odio entremezclados entre los viejos mubarakitas y la élite empresarial y, desde luego, entre los cristianos, mientras los perros de ataque uniformados del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas seguirán socavando las potestades que todo presidente de Egipto debería tener. Carece de constitución, de parlamento y del derecho a comandar el ejército de su país.


Por supuesto, el tono amistoso con que Mursi se dirigió a Irán este lunes enfurecerá a las mismas bestias. Se dice que los sauditas metieron dinero en la campaña de la Hermandad Musulmana, y ahora se encuentran con un Mursi que sonríe al régimen chiíta que tanto detestan y sugiere que reanuden "relaciones normales". La Hermandad debe de estar contenta, por lo menos, de que el príncipe heredero Nayef –azote de ese partido y anfitrión del ex jefe de seguridad de Mubarak todavía en noviembre pasado– esté muerto y sepultado y nunca llegue a ser rey de Arabia Saudita.


Quien dude de los peligros por venir debe volver a leer la maliciosa cobertura de la campaña electoral en la prensa egipcia. Al Dastour afirmaba que la Hermandad Musulmana planeaba una masacre si Mursi ganaba, en tanto Al Fagr aseguraba que se proponía fundar un "emirato islámico" en Egipto. El novelista Gamal el-Ghetani comentó: "estamos viviendo un momento que podría ser similar al ascenso de Adolfo Hitler al poder", exageración que habría sido menos ofensiva si un tal Anuar Sadat no hubiera sido alguna vez espía de Rommel.


Sin duda, la Hermandad tiene que cuidarse. Saad Katatni, fugaz presidente del efímero parlamento democráticamente electo –al que el Consejo Supremo le rebanó la garganta la semana pasada–, ha estado insistiendo en que Egipto "no tendrá una guerra argelina", aun si el ejército se ha legalizado un poder casi exclusivo para los años por venir. Cuando los generales argelinos cancelaron la segunda ronda electoral, en 1991 –porque los islamitas habrían ganado–, encendieron una guerra contra sus enemigos políticos que produjo 200 mil muertos. "El pueblo egipcio es diferente y no está armado", dijo Katatni. "Libramos una batalla legal (sic) por los canales establecidos y una lucha popular."


Puede que los egipcios sean diferentes de sus primos de Argelia, pero que estén desarmados es una cuestión muy distinta. Y la Hermandad ha sido atraída, en palabras del periodista egipcio Amr Dalí, "hacia la red de trampas legalistas y procedimentales tendida por los militares".


Porque, al tiempo que el ejército ha cerrado el parlamento, asumido el control del presupuesto, producido una constitución provisional en la que despoja a Mursi de la mayoría de los poderes y reintroducido la ley marcial –sin olvidar el incumplimiento de su promesa de dejar el poder luego de las elecciones–, un fenómeno extraño, pero no desconocido, ha reaparecido en Egipto: miedo al extranjero. Los anuncios de los servicios públicos, mubarakitas en su insensatez, llaman a los egipcios a cuidar lo que dicen enfrente de extranjeros. Cada vez más se considera que una cámara fotográfica en manos de un extranjero es un instrumento de espionaje. Cineastas egipcios reunidos en París han descrito cómo la explosión de "imágenes de creación popular" de la revolución del año pasado es borrada hoy, conforme crece el recelo.


Y la ley cívica es desdeñada en todo el país. En el delta del Nilo, por ejemplo, ha brotado una epidemia de construcciones ilegales en tierras agrícolas –5 mil en las semanas pasadas, según agricultores–, luego que el opositor de Mursi, el ex primer ministro Ahmed Shafik, dijo presuntamente que "quienes han construido casas en violación de la ley de tierras agrícolas serán indemnizados y se legalizará su situación". Puesto que la tierra cultivable se reduce cada año en el país, éste es, en palabras de un profesor egipcio de agronomía, "un crimen contra todos los ciudadanos".


Los "verdaderos" revolucionarios, los jóvenes de la rebelión del año pasado contra Mubarak, van a tener que conectarse con los egipcios pobres que votaron por Mursi y abandonar muchos de sus lemas. Fue el izquierdista tunecino Aviv Ayen quien dijo la semana pasada a un periodista egipcio que quienes llamaron "revolución del jazmín" al levantamiento en su país no se dieron cuenta de que los primeros revolucionarios tunecinos de Sidi Bouzid probablemente nunca habían visto un jazmín en su vida. Y hoy existen muchos egipcios que creen que jamás vieron una primavera árabe.


The Independent

Traducción: Jorge Anaya
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La destitución de Lugo plantea un profundo dilema a Latinoamérica
La destitución de Fernando Lugo bajo un juicio político celebrado en el Senado el pasado viernes ha situado en un dilema a la comunidad internacional. Ni siquiera Lugo cuestionó que el juicio político está contemplado en la Constitución vigente desde 1992. Lo que sí interpretó como inconstitucional fue el reglamento con el que se desarrolló ese juicio y que solo le dejó un margen de apenas 24 horas para preparar su defensa. “Esto no ha sido un golpe”, ha dicho Federico Franco, hasta ahora vicepresidente del Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), que en la misma noche del viernes juró como presidente. Franco solo reconoció que el proceso se había realizado “un poquito aprisa”.


El exmandatario ha asegurado, por su parte, que no abandonará el país y que no teme por su integridad física, por lo que residirá en su domicilio particular, situado en la localidad de Lambaré. "Yo tengo un sentimiento de serenidad, de tranquilidad. Mantengo esta sana serenidad para entender lo que pasa y pedir coraje para poder cambiar y sabiduría para entender, saber hacer una lectura serena y política de lo que ha ocurrido en nuestro país", ha declarado a los periodistas que le esperaban en las inmediaciones de su domicilio, informa Europa Press. En este sentido, Lugo ha reiterado que su destitución fue "sin duda un golpe de Estado, un golpe parlamentario, un golpe a la ciudadanía y a la democracia".


Los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) viajaron el viernes a Asunción para tratar de convencer a los congresistas paraguayos de que demorasen el proceso. Pero todo fue en vano. El miércoles la Cámara de diputados había aprobado enviar al Senado un libelo acusatorio y al día siguiente el Senado, convertido en tribunal, dictaminó su destitución con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias.


Ahora, los miembros de Unasur deberán debatir qué medidas comerciales adoptarán con un país cuyo máximo dirigente no es reconocido como tal por la mayoría de sus vecinos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró ayer que sólo reconocerá al Gobierno paraguayo que resulte elegido en 2013, en unos comicios “transparentes” y “democráticos”. En ese sentido se expresó también desde Bolivia Evo Morales. En Venezuela, Hugo Chávez, se refirió al juicio como “un golpe de Estado”, “igual al que le hicieron” en junio de 2009 al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya y al que “trataron de hacer” en Venezuela en 2001. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha ido más lejos y, tras señalar que “no va a convalidar el golpe de Estado”, ordenó la retirada del embajador argentino destinado en Asunción. Y Brasil, después de condenar la destitución, ha llamado a consultas a su embajador en Asunción y ha anunciado que evaluará junto con sus socios del Mercosur y del Unasur las medidas para hacer frente a la "ruptura del orden democrático" en Paraguay. El Gobierno de Uruguay ha emulado a Brasil y Argentina, y también ha llamado a consultas a su embajador, Enrique Fischer, según informa Europa Press. El sábado también se pronunció la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su secretario general, José Miguel Insulza calificó la salida de Lugo de "juicio sumario" y dijo que "aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa".


Según informan medios locales, Lugo medita presentarse a las elecciones generales del próximo año, después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución. "Cambiaremos de nuevo la historia con la ciudadanía democráticamente que creemos que esta mayoría que hemos tenido en el 2008 se va a volver a repetir" en 2013, ha esgrimido Lugo. "Tengo la posibilidad y creemos que es posible", ha apostillado.


Los seguidores de Lugo en Paraguay, entre quienes se encuentra el líder campesino de la Liga Nacional de Carperos, José Rodríguez, lo tienen muy claro: “Ante lo legal y lo legítimo, lo principal es que los actos que afectan a toda una nación tengan legitimidad. Y legitimidad es tener la aprobación de la mayoría de la población”. Con ese argumento, solo habría que tener en cuenta el resultado de las urnas que llevó a Lugo a la presidencia en 2008. Porque si se considera solo el número de personas que se congregó ayer en la plaza de Armas, el resultado sería muy pobre para Lugo.


Ante los posibles altercados que se podían producir tras la destitución de Lugo, el Ejército había apostado francotiradores en los edificios más altos de la Plaza de Armas. Pero finalmente, apenas se produjeron actos de violencia. Pocas horas después, el nuevo presidente liberal nombraba ya a los responsables de varios ministerios. Arrancaban así en Paraguay los preparativos para la campaña presidencial de abril de 2013. Esa campaña, según diversos analistas, fue el verdadero causante del juicio político contra Lugo. Aunque la causa oficial fue la muerte de seis policías y 11 campesinos en el desalojo de una finca el pasado 15 de junio, la mayoría de las fuentes consultadas indican que el verdadero motivo era el de controlar bien los resortes del poder durante la campaña y en la noche de las elecciones.


El propio Fernando Lugo declaró el jueves al canal venezolano Telesur que el verdadero promotor de su destitución fue el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes. “Hay indicios serios y claros de que él [Horacio Cartes] está detrás [del juicio político]. Sabe que su candidatura no está prendiendo, no está creciendo”, dijo Lugo.


Cartes había aparecido en los papeles hechos públicos por Wikileaks vinculado al narcotráfico. El Departamento de Estado de EE UU le investigó en el marco de una operación denominada Corazón de Piedra, relacionada con el lavado de dinero. Su pasado es un secreto a voces en Paraguay. Él negó todas las acusaciones y ahora es el gran favorito para ganar las presidenciales de 2013. Mientras tanto, Federico Franco ejercerá de presidente. Aunque los países vecinos le nieguen la legitimidad.


Por Francisco Peregil (Enviado Especial) Asunción 24 JUN 2012 - 00:53 CET
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Domingo, 24 Junio 2012 06:11

Evo negocia con los policías

Evo negocia con los policías
Los uniformados piden un salario mínimo de dos mil bolivianos, el equivalente a 300 dólares, cambios en la ley disciplinaria, una jubilación del ciento por ciento del último sueldo y la creación de una oficina de derechos humanos para policías.


El presidente boliviano, Evo Morales, dijo ayer que su gobierno atenderá las demandas de los policías de baja graduación que se amotinaron para reclamar mejoras salariales. Mientras, las fuerzas armadas salieron a las calles a prestar seguridad ante la ausencia de los huelguistas.


“Algunos policías tienen derecho de reivindicar, entendemos; se va a atender el reclamo”, dijo el mandatario en un acto público realizado en una comuna rural del departamento de Cochabamba. Morales, que no había hecho apariciones públicas desde que arribó de la cumbre Río+20, explicó que su gobierno incrementó los salarios de todo el sector público un 125 por ciento desde que él asumió la presidencia en 2006, pero evitó detallar los incrementos hechos al cuerpo policial. Los policías piden un salario mínimo de 2 mil bolivianos, el equivalente a 300 dólares, cambios en la Ley 101 de Régimen Disciplinario, una jubilación con el ciento por ciento en base a su último sueldo y la creación de una oficina de derechos humanos para policías.


En tanto, en La Paz, al menos tres mil policías salieron a protestar en la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio Quemado, la sede del gobierno y el Congreso. La protesta no derivó en acciones violentas, a diferencia de lo que sí sucedió el viernes, mientras el gobierno y representantes de los amotinados encaran negociaciones que intentan poner fin al conflicto. En las negociaciones participan el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez; y la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, además de los representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Assclaspol), presididos por Edgar Ramos. Romero, a cargo de las conversaciones, anticipó que el gobierno no tiene intención de sancionar a los amotinados. Pero el fiscal general del Estado, Mario Uribe, anticipó acciones legales contra los huelguistas. Romero aseguró que “en este contexto” no se promoverá ninguna represalia contra los policías amotinados, a pesar de los hechos violentos registrados durante la semana.


En la ciudad de Cochabamba (centro) un numeroso grupo de policías y sus esposas llegaron hasta la Catedral para realizar una jornada de oración. En Santa Cruz de la Sierra (este) los policías se mantienen en los cuarteles y han instalado una vigilia en los alrededores de la cárcel pública de Palmasola a la espera de los resultados del diálogo, informó ayer la cadena de televisión ATB.


A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que los militares “redoblarán su personal en las principales capitales del país con el patrullaje y vigilancia en las calles”. El suboficial Edgar Ramos, que participa en nombre de los policías en el diálogo con el gobierno, dijo que las autoridades ofrecieron un aumento de 200 bolivianos (30 dólares) al bono de seguridad ciudadana, “una propuesta que ya ha sido rechazada”.


El viernes, los policías de baja graduación saquearon las oficinas del Tribunal Disciplinario en La Paz. Todos los expedientes en esa oficina se sacaron a la calle, donde fueron quemados. En base a la Ley 101, ese tribunal procesaba a los policías por diversas faltas disciplinarias sin derecho a defensa. El motín sobrepasó los 20 cuarteles y comandos policiales en las diez principales ciudades del país: La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija. El comando de Cochabamba, en el centro del país, también fue saqueado el viernes. Los uniformados ya habían tomado el jueves por la fuerza la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP, antimotines), a media cuadra de la Plaza de Armas. La situación era tensa en las cárceles de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las más pobladas del país, donde los uniformados estaban en emergencia, aunque mantenían la vigilancia sobre los presos. Los conflictos comenzaron el jueves, cuando unas 50 esposas de policías iniciaron una huelga de hambre, apoyando los reclamos de sus cónyuges. Las mujeres suspendieron luego la medida y se sumaron al motín La protesta provocó, entre otras cosas, que la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) determinara el viernes el cierre de bancos en varias ciudades de ese país que dejaron de tener seguridad policial. “Se ha tomado la determinación que en los lugares donde haya repliegue de la seguridad, se van a ir cerrando las oficinas. Oficina bancaria que no tenga seguridad, se cierra”, afirmó en ese entonces el presidente de Asoban, Marcelo Montero, durante una conferencia de prensa. Sin policías, los indígenas que rechazan una carretera por un parque ecológico en el centro de Bolivia se encontraban ayer a 30 kilómetros de La Paz; tras marchar cerca de 570 kilómetros desde la Amazonia, los nativos realizaron la segunda marcha en menos de ocho meses.
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Sábado, 23 Junio 2012 07:24

Operación desgaste

Operación desgaste
El juicio político al presidente paraguayo Fernando Lugo y su destitución, concretada ayer por el Senado, es la culminación de una operación de desgaste que el Partido Colorado, el más poderoso de Paraguay y al que perteneciera el ex dictador (1954-1989) Alfredo Stroessner (1912-2006), inició el mismo día en que el ex obispo asumió el poder democráticamente, el 28 de abril de 2008. Con el 93 por ciento de popularidad acumulada como referente social de las organizaciones campesinas, Lugo había logrado el 40,82 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales, encabezando una heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuya principal fuerza era el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, quien ahora asumirá el mandato presidencial hasta abril del año próximo, cuando se realicen las elecciones que ya estaban fijadas desde el año anterior.


Más allá de que el enfrentamiento entre campesinos y policías ocurrido la semana pasada en Curuguaty (al nordeste del país), con un saldo de once campesinos y seis policías muertos, haya sido utilizado como argumento para el juicio político contra Lugo, vale recordar que la operación desgaste ya había incluido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por los más diversos motivos. La mayoría de estas maniobras fueron propiciadas por el propio vicepresidente Franco, apartado políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato presidencial. Cuentan los allegados al ex obispo que sabiendo que contaba con los votos propios más los del Partido Colorado, en varias ocasiones el vice Franco fue hasta la sede del gobierno para amenazar a Lugo e intentar extorsionarlo con la amenaza del juicio político, con la única finalidad de obtener réditos para sí. Franco siempre quiso ser presidente y si no lo logró antes es porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra. Esto último no por ética ni por respeto a Lugo, sino porque tenían su propia estrategia de desgaste.


Precisamente, ésta es una de las incógnitas que se plantean frente a la repentina destitución forzada ahora. ¿Por qué el Partido Colorado cambió su estrategia habilitando el juicio político a menos de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su candidato, el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como seguro triunfador? Algunas fuentes en Paraguay indican que los colorados, muchos de los cuales poseen grandes extensiones de tierra, tuvieron temor de que los campesinos sin tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria que Lugo prometió y nunca cumplió, avanzaran en la ocupación de territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo. En esa hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien podría haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que culminó ayer con la destitución del presidente. En la transición, Franco será un presidente muy débil, sin apoyo popular y rehén de los colorados, sus principales opositores, que cuentan con mayoría parlamentaria.


La gestión de Lugo estuvo siempre atravesada por dificultades y trabas que, en primer lugar, provenían de la heterogénea fuerza que lo llevó al gobierno. Cada iniciativa lanzada desde el Ejecutivo fue sistemáticamente bloqueada en el Congreso con mayoría colorada y muchas veces con la complicidad de los propios legisladores supuestamente oficialistas. Propuestas como la reforma de salud o acerca de las radios comunitarias no pudieron sortear esa valla. Pero lo mismo ocurrió con las leyes de presupuesto o con la designación de embajadores propuestos por Lugo y que no lograron acuerdo legislativo. Por otra parte, el presidente destituido nunca contó con el aparato del Estado por ineficiente y corrupto, por una parte, y porque los colorados siguieron controlando las llaves y los resortes que se ocuparon de instalar durante sesenta años. Algunas investigaciones periodísticas anotan que el 30 por ciento de los funcionarios “de carrera” del Estado paraguayo expresa claramente su alineamiento con el Partido Colorado y todos ellos siguieron en funciones durante el período de Lugo.


Sin llegar a ser una justificación, lo anterior puede incluirse entre las explicaciones de por qué la mayoría de las promesas de campaña de Lugo no llegaron a concretarse. El gobierno de Lugo careció de gestión eficaz. El presidente se rodeó primero de colaboradores fieles aunque sin experiencia de gestión de gobierno y cuando esos hombres se fueron desgastando echó mano a dirigentes políticos de las fuerzas tradicionales, que no le garantizaron coherencia con sus propuestas de cambio social. Para ejemplo basta la última designación, de Rubén Candia, dirigente colorado y ex ministro de Nicanor Duarte Frutos (2003-08), como ministro del Interior, después de la matanza de Curuguaty. Por este camino, Lugo perdió también el apoyo de los movimientos sociales que lo impulsaron y que hoy se lamentan de su destitución, pero que carecen de capacidad política para enfrentar la maniobra institucional.


Y aquí está el otro frente a considerar. Si bien la APC, que llevó al gobierno a Lugo, fue una coalición débil y construida en torno de la figura carismática del ex obispo, todo hacía suponer que con Lugo en la presidencia, uno de los objetivos debería haber sido construir y consolidar una fuerza política propia cuya base más importante fueran los movimientos sociales y campesinos con más energía y perspectivas para el cambio. Tampoco esto ocurrió y eso permite la escena de casi soledad con la que Lugo llega al eclipse de su mandato.


Quizás hubo ingenuidad o impericia política en Lugo y sus colaboradores. La misma que hoy demuestran al expresar su sorpresa frente al golpe institucional. “No lo esperábamos, no estábamos preparados”, confían en voz baja y admiten que por esa misma razón no pudieron organizar la resistencia con movilizaciones masivas de campesinos hacia Asunción. Lugo dice que resistirá “desde algún lugar”. Mientras tanto, tristemente, una vez más, Paraguay queda a merced del Partido Colorado, que fue sostén del dictador Alfredo Stroessner.
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Río+20 no logran avances en las políticas ambientales ni de desarrollo sostenible
La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Rio+20 se clausura este viernes de la misma manera que se inauguró tres días antes: con un documento de mínimos que no hurga en las sensibilidades de nadie y que ciertamente no servirá de revulsivo para que la comunidad internacional reaccione con vigor ante el deterioro natural del planeta. En Río los líderes no han sido capaces de dar respuestas contundentes a las demandas de buena parte de la sociedad: de momento no habrá nuevos mecanismos de financiación para políticas de desarrollo sostenible, ni un acuerdo para crear una agencia que sea el brazo medioambiental de la ONU (actualmente lo que existe es el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente –PNUMA-), ni nuevos pasos al frente en la protección de los océanos, ni la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles o medidas que contribuyan a la erradicación de la pobreza en el mundo.


Fuentes del Gobierno brasileño, que ha sido el anfitrión y el impulsor de este acuerdo, admiten las dificultades para cerrar un texto más ambicioso, aunque también insisten en que el éxito de Río+20 radica en que 193 naciones hayan alcanzado un consenso rápidamente y sin entrar en amargas discusiones. Sin embargo, fuentes del equipo negociador de la Unión Europea (UE) abundan en la idea de que Brasil ha optado por el camino fácil de articular un documento que deje a todos mínimamente contentos, aunque sea a costa de sacrificar los avances reales que se esperaban de esta cumbre. “Ha primado la lógica de que es preferible tener cualquier acuerdo a no tener ningún acuerdo”, resumen de manera gráfica. Sin embargo, todas las fuentes consultadas opinan que este encuentro no caerá en saco roto. En este sentido, la delegación de Brasil asegura que la cumbre de Río alumbrará el camino para que medidas más concretas cristalicen en los próximos años.


Quizá sea injusto responsabilizar de la falta de ambición del documento final al país anfitrión, Brasil, ya que hay razones de gran calado que explican el fracaso. La primera de todas radica en el crítico momento que viven varios países de la UE y la situación en EE UU, aún empantanado en la superación de su crisis económica y con unas elecciones a la vuelta de la esquina. En época de crisis, las políticas medioambientales y sociales suelen quedar arrinconadas. Y eso es lo que ha sucedido en esta cumbre: el momento ha fallado.


De Río no han salido países ganadores, aunque sí infinidad de perdedores, sobre todo las naciones en vías de desarrollo. Quizá el Vaticano sea el único participante que se haya salido con la suya tras conseguir que se elimine de las conclusiones el término “derechos reproductivos” de la mujer, introducido por Brasil y que se refería a la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad.


Por Francho Barón Río de Janeiro 22 JUN 2012 - 20:07 CET

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Sábado, 23 Junio 2012 06:50

La sotana pesaba mucho

La sotana pesaba mucho
Fue el hombre que puso a Paraguay en el mapa en abril de 2008 cuando accedió a la presidencia con el 40% de los votos y puso fin a 61 años de gobierno del conservador Partido Colorado. Había sido obispo desde 1997 hasta que colgó los hábitos en 2005 para dedicarse a la política. Era de izquierdas, tenía 56 años y prometió implantar una reforma agraria integral que pusiera fin al monopolio de las tierras por parte de una oligarquía beneficiada por la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). El 76% de la población creía que las cosas iban a mejorar con él. Sin embargo, Paraguay solo volvió a salir en el mapa cada vez que Lugo reconocía la paternidad de algún hijo ilegítimo. El primero se conoció en 2009 y el segundo a principios de este mes. Ambos fueron concebidos cuando ejercía de obispo. Pero eso no perjudicó gran cosa a su carrera política.


La derecha le acusó de tolerar y fomentar las ocupaciones de tierra que practican con sus carpas los campesinos de la Liga Nacional de Carperos. Los escarceos solían saldarse sin muertes. Hasta que, el pasado 15 de junio en una ocupación en el norte del país, murieron seis policías y once campesinos. La oposición puso entonces su dedo acusador sobre el presidente. Lugo destituyó al ministro de Interior y colocó en su lugar a otro del Partido Colorado. Pero eso solo sirvió para enardecer aún más los ánimos de los liberales con los que gobernaba en coalición. Se unieron conservadores y liberales y fueron a por él. Con el gesto de intentar hasta última hora congraciarse con unos y con otros, quedaba retratada su manera conciliadora de entender la política. “Dio demasiada libertad a sus ministros”, indicaba ayer Óscar Rodríguez, economista y profesor en la Universidad Católica de Asunción. “Incluso dentro de su formación, el Frente de Guazú, hay gente con visiones muy distinta ante problemas muy concretos”.


Lugo gobernaba con los aliados del partido liberal pero también fue otorgando ministerios al Partido Colorado. En el ministerio de Agricultura estaba dominado por políticas neoliberales y el del Medio Ambiente controlado por la izquierda radical. “Le fue difícil sacarse la sotana”, comentaba ayer un miembro del Frente Guazú. “Veía con mucha bondad a todos los rivales, como si fueran feligreses. Apelaba a la bondad de la persona sin tener en cuenta que mucha de esas personas tienen intereses económicos muy grandes y poderosos”.


Transcurrieron más de cuatro años y Lugo nunca pudo poner en práctica sus ideales de la redistribución de la tierra. Sus seguidores estiman que los enemigos de Lugo eran demasiados poderosos: el sistema judicial, la cámara de Diputados y los grandes medios de comunicación sirven a los intereses de una pequeña oligarquía, según los partidarios de Lugo.


“Con la ocupación que dio lugar a la matanza quedó en evidencia la manipulación informativa”, indica el funcionario Bernabé Pencuyo, de 60 años. Los Carperos habían ocupados unas tierras que pertenecían al Estado y fueron entregadas durante la dictadura al terrateniente Abad Riquelme de forma ilegal y corrupta. Hay un tribunal que está dirimiendo aún a quién pertenecen esas tierras. Pero eso casi nunca se dice”.


La derecha promovió la destitución de Lugo. Pero sus intereses no se vieron muy amenazados por Lugo. “Los exportadores de soja en Paraguay solo pagan un 3% de impuestos, mientras que en Argentina pagan más del 30%, sostiene Rodríguez. “No pudo hacer gran cosa por la reforma agraria, pero consiguió implantar un sistema de salud que permitió a la mayor parte de la población obtener medicina de forma gratuita. También concedió subsidios para más de 20.000 familias que viven en la extrema pobreza y llevó el desayuno y el almuerzo gratuito a las escuelas públicas”, añade Óscar Rodríguez.


“Lugo no pudo hacer demasiados cambios”, reconoce el sociólogo José Carlos Rodríguez, colaborador del Gobierno, “pero trajo una cultura política distinta a la que se vio siempre en este país. Y la derecha nunca se lo perdonó”.


Por Francisco Peregil Asunción 22 JUN 2012 - 23:45 CET
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El Senado de Paraguay destituye al presidente Lugo en un juicio político
Fernando Lugo, el exobispo de izquierdas que acabó en 2008 con 61 años de gobierno del Partido Colorado en Paraguay, ha sido destituido este viernes por el Senado mediante un juicio político. Mientras en el exterior del Congreso miles de seguidores de Lugo coreaban “el pueblo unido jamás será vencido”, a las cinco y media de la tarde (seis horas más en la España peninsular), 39 senadores han votado a favor de la destitución, cuatro en contra y dos se han ausentado.

 
El expresidente ha comparecido poco después ante las cámaras. "Es la historia paraguaya sin democracia la que ha sido herida profundamente. Espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos", ha declarado, para luego agregar: "Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria: por la puerta del corazón de mis compatriotas". Es Federico Franco, un médico de familia conservadora perteneciente al partido Liberal, el que sustituirá a Lugo como presidente. "Dios y el destino quiso que asuma la Presidencia de la República", ha afirmado al jurar el cargo.


El origen de la crisis política fue la matanza de seis policías y once campesinos que se produjo el 15 de junio en el norte del país tras la ocupación de una finca por cientos de campesinos. Tras esa matanza, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con el que gobernaba Lugo en coalición, le retiró su apoyo el jueves y se unió a su eterno contrincante, el Partido Colorado, para provocar un juicio político contra el presidente. Este proceso está contemplado en la Constitución vigente desde 1992. “Es legal pero no es legítimo”, comentaba uno de los partidarios de Lugo.

 
“Se hizo lo que se tenía que hacer”, declaraba un senador de derechas tras la destitución. El Congreso paraguayo ha desoído a los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que se había desplazado a Asunción y a su secretario general, Alí Rodríguez, quien ha leído un comunicado en el que se oponía al proceso. Los líderes de Brasil, Venezuela y Ecuador, entre otros, se han pronunciado en contra de la sentencia. Argentina incluso ha calificado el proceso contra Lugo de "golpe de Estado". Por su parte, el Gobierno español se ha limitado hoy a emitir un comunicado en el que se muestra a favor del "pleno respeto a la institucionalidad democrática y el estado de derecho" en Paraguay, y manifiesta su confianza en que el país "logre encauzar la actual crisis política".


El presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Claudio Giménez, y otras autoridades eclesiásticas del país habían solicitado al antiguo obispo Lugo que renunciara antes de que se emitiera ningún veredicto “para preservar la paz y evitar que haya más violencia y más muerte”. Pero Lugo rechazó la propuesta y denunció en el canal venezolano Telesur que estaba sufriendo un “golpe de Estado exprés”.

 
Hasta el último momento los colaboradores intentaron negociar con senadores liberales para revertir el resultado de la votación. Los abogados de Lugo presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial del país para retrasar el proceso. Pero todos los intentos estaban abocados al fracaso. A la plaza del Congreso seguía llegando gente a un ritmo muy lento. A mediodía apenas sumarían unas 2.000 personas. Por la noche, rebasaban los 5.000. “Esto de que vengan campesinos de todo el país a la capital no ha ocurrido nunca. A ellos les cuesta mucho venir, son gente muy pobre y no tienen tampoco recursos logísticos”, explicaba un periodista del diario Última Hora. Para quienes se iban congregando en la plaza, la cosa estaba clara: a un lado estaba Fernando Lugo, con todos sus defectos, y al otro los grandes oligarcas que siempre gobernaron el país, junto a la Iglesia y al 95% de los medios de comunicación.

 
El chófer Héctor Díaz, de 47 años, decía: “Si al presidente de la república le hacen esto, ¿qué puedo esperar que me hagan a mí?”. A su lado, el sociólogo y colaborador del Gobierno José Carlos Rodríguez llevaba en el bolsillo una copia subrayada del libelo que con la firma de 76 diputados se presentó el jueves en el Senado contra Lugo: “Mire, mire, lo que pone aquí: ‘(…) Ha quedado por demás demostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparo y con la complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudadanos de los departamentos de Concepción y San Pedro’. Si eso fuese cierto, valdría para mandar a la cárcel a cualquier presidente inmediatamente”.

 
A Lugo solo le restaban nueve meses para concluir su mandato de cinco años como presidente de Paraguay. Entonces, ¿por qué provocar su destitución ahora? “La clave son las elecciones de 2013”, indica el funcionario Bernabé Pencuyo, de 60 años, quien también acudió a la plaza para apoyar a Lugo. “Provocando su destitución, algunos candidatos presidenciales del Partido Colorado y otros liberales se garantizan que Lugo no actuará en contra de ellos como presidente durante la campaña electoral”.

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Viernes, 22 Junio 2012 15:42

Amargos tiempos de contrarreforma

Amargos tiempos de contrarreforma
La columnista Cecilia Orozco Tascón llamó “una contrarreforma a la Constitución” (1) la anunciada reforma a la Justicia que terminó tránsito en el congreso, de la cual, entre otros, sacarán tajada grande los actuales magistrados de las cortes. 
Un evento del cual se benefician quienes aprueban la ley, toda vez que proceden en bien de quienes tienen el encargo de juzgarlos (y absolverlos) a ellos mismos (por parapolítica y corrupción, más que nada). Y es que el dictamen de los legisladores a su vez sirve de provecho a los magistrados, que ven extender de ocho a doce años los períodos e incrementar las prebendas. Una natural ley del mutuo beneficio, esta vez, escandalosamente antidemocrática.
 
Las contrarreformas suelen hacer ir las aguas de vuelta, río arriba, contra toda lógica o sentido. Los avances de la democracia, las conquistas sociales, los logros de los pueblos, para atrás.
 
La contrarreforma salida del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, fue el modo que encontró la iglesia católica para echar por tierra las transformaciones a la institución que propugnaba Lutero. La marcha que dio fue hacia el absolutismo y hacia la atroz herencia confesional que todavía padecemos en esta parte del mundo. 
 
Muchos años más acá, desde otra orilla, una contrarreforma fue lo que le hizo Leonid Brézhnev a la era de Nikita Jrushchov en los tiempos de la Unión Soviética, diluyendo en ácido sulfúrico la timorata apertura iniciada. Y en burocracia lo poco que podía haber valido la pena. 
 
En Colombia, toda idea vaga de reforma ha tenido una desmesurada contrarreforma, que no sólo vuelve los cambios al punto inicial, sino que los lleva con eficiencia mucho más atrás. 
 
En lo agrario, en las inequidades, en los despojos, en la violencia, la historia de Colombia pareciera que no camina hacia delante, sino hacia las más lúgubres etapas del pasado, tantas y tan heterogéneas que se dificulta establecer hacia cuál momento pretérito nos dirigimos.
 
Tal cual pasó con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumajero, un líder revolucionario que, de paso, encarnaba en sustancia y como ninguno otro el continuismo político, que en la constante de dejar todo a medias condujo a la debacle de sí mismo en su segundo período presidencial y a la del país por consiguiente, que entró de lleno en La Violencia, esa etapa de contrarreforma frente a lo que nunca llegó a reformarse, como la propiedad de la tierra, en el centro del conflicto, o la transformación política, que en cambio dio paso a la instauración en el poder de las vertientes más sectarias de liberales y conservadores.
 
Y es lo que pasó con las incipientes reformas agrarias de los años sesenta, que desataron una reacción tal que intensificó los despojos, aumentó las masacres, elevó los desplazamientos, y que, algo más acá, en comunión con el narcotráfico y el conflicto armado interno, concentró aun más la tierra. Y nos trajo al pedrusco adonde ahora estamos.
 
A cualquier momento de tranquilidad, los colombianos buscamos la manera de enfrentarle años y décadas de muerte. La paz se mira como una concesión inaceptable. El desarme del enemigo o el propio como una afectación grave del negocio, en unos casos, y como pérdida de identidad en la mayor parte de los restantes. 
 
Pero guerra y violencia no sólo nos preocupa mantenerlas en el terreno militar, en el contorno geográfico del asunto, urbano y rural. Para perpetuarlas se hacen esfuerzos desde todos los espacios de la vida nacional. En medio de otros, la actual reforma a la justicia es uno de los frentes.
 
El llamado marco legal para la paz, otra ley que en estos momentos hace curso en el Congreso, terminó convertido en un armazón vacío, quizás un avance en el lenguaje, pero una frustración en lo demás: un muestrario de gangas penales, para una guerrilla que, sincera o no, habla de cambios estructurales y no de unos años de más o de menos en unas cárceles en las que no pretende alojarse. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por otro lado, es un arma de doble filo para quienes se atrevan a ir más allá de solicitudes, firmas y protocolos, y a creer que de verdad pueden volver a pisar la tierra que les fue despojada a sangre y fuego.
 
Dos leyes que hablan de paz, plantean objetivos de paz, hacen parte del manojo de llaves de la paz del presidente Santos, pero que no llevan hacia la paz. Patas de pato, plumas de pato, pico de pato, pero no es un pato.
 
La reforma a la Justicia complementa la tríada, que tendrá cuatro patas cuando se abra paso la otra cara de la impunidad que es el proyecto de ley que amplía el fuero militar. Un esperpento que burlonamente se precia de democrático por crear dos salas de garantías, una de ellas con mayoría de militares retirados, estamento más reaccionario y peligroso que los propios militares en ejercicio, hace poco envuelto en un oscuro juego de cartas cruzadas con tufo golpista.
 
Y, claro, la reforma a la justicia, que atenta contra las mayorías. Por regla general, las leyes se han encargado de poner en cintura los modestos vuelos de la Constitución del 91. Ahora, la situación es tan complicada que las esperanzas vanas se han puesto en que las leyes estatutarias enmienden los desatinos. Otra mentira que sus defensores echan a rodar.
 
Si el marco jurídico para la paz y la política de restitución de tierras van contra la paz por su carga de frustración y desesperanza, y por la reacción que generan en las extremas, la reforma a la justicia ataca la paz en su médula, trabando aún más el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos para ponerla a su favor, es decir, a casi todo el pueblo colombiano. Justicia congestionada, lejana, ahora arancelaria; nueva segregación y más privatización que se suman a las inequidades que afronta el país y que están en la razón del conflicto social que vivimos.
 
Puede que la Constitución de 1991 tenga aspecto de colcha de retazos, con remiendos de afán, visibles contradicciones y difíciles conciliaciones con la realidad de un país, amén de atrasado, mezquino.
 
Además, porque se está volviendo una tradición que las constituciones en Colombia procuren poner el país a tono con el siglo que está a punto de morir y no con el que viene, o sea, con el porvenir.
 
Así pasó con la Constitución de 1886, que integró en sus títulos y artículos la visión de caridad hipócrita que distinguió el siglo a las puertas de la muerte, el XIX, y que por añadidura los regeneradores, con Rafael Núñez a la cabeza, cedieron a la iglesia.
 
La Constitución de 1991 involucra una asistencia y un apoyo sociales que eran un cuento viejo venido desde la década del treinta, y, aunque de manera inconstante y a flechazos, todavía de más atrás. Aun si no fuera enteramente asunto de la índole constitucional, así lo han venido entendiendo los gobiernos, desde su promulgación hasta, por lo que se ve, los finales del siglo XXI.
 
Algo es algo, dirán algunos. Y hasta razón tendrán. A un país al que todo le llega tarde, mucho cuento que la Constitución llegue sólo con setenta u ochenta años de atraso. (2) Cien y más hay de soledad. 
 
Adoleciendo de todas las torpezas del mundo, sin embargo, y apuntando de para atrás, no puede negarse que aquella última Constitución fue un intento por establecer un nuevo marco legal en diferentes aspectos de la vida colombiana. Si no una visión prospectiva, por lo menos la cruzaba un vago aire de modernidad más digerible. Que en buena medida mantiene a pesar de los ocho años de Álvaro Uribe Vélez poniéndole jáquimas desde el “El Ubérrimo”.
 
En ese sentido, los actuales intentos de arreglo de sus desidias, errores y erratas pueden ser válidos en la intención, como lo fue en lo mismo la propia Carta Magna (la antecesora Libertatum inglesa del siglo XIII o el facsímile que nos convoca), y una frustración en los resultados, como lo fue también la misma. O lo fueron.
 
Con todo, el problema no es de intenciones, que podríamos llegar a creer que son piadosas. Lo grave es en manos de quiénes quedó la ingente tarea, en medio de un mar vasto de deudas y conveniencias de los implicados: los legisladores, varias decenas de ellos presos, ya guardando el traje a rayas, como Mario Uribe, el primo del ex presidente.
 
En la promulgación de la Constitución de 1991 participaron grupos divergentes, líderes contrarios, con asesores en todas las áreas imaginables. Si no quedó mejor no fue por sustracción de materia, sino quizás porque los mejores negociantes casi nunca coinciden con ser los mejores hombres ni los bienintencionados. 
 
Los actuales aportes, en cambio, se efectúan en manguala entre congresistas y magistrados, dejando en el camino los puntos que podrían representar algún beneficio para la sociedad y catapultando los ítems que sí lo tienen (y grande) para unos y otros de los justipreciados. Sintetizando: una contrarreforma que beneficia a diez por cada millón de habitantes. Como el espíritu de la Constitución de 1886, ¿justicia representativa?
 
Es cierto que la Constitución del 91 creó el adefesio superlativo llamado Consejo Superior de la Judicatura. Pero ni siquiera ese organismo desaparece, sólo cambia de nombre. Y se afirma que desaparece la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual tampoco es cierto. También es un cambio nominal, y ahora sus integrantes cobran.
 
No solamente no desaparecen los lastres, sino que son más costosos. Pero eso tampoco es lo más grave. Congresistas blindados, intocables; magistrados vendidos, un tanto vitalicios; herramientas truncadas de la justicias; instancias de investigación y juzgamiento abolidas, como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; una justicia de marras, callejera, privatizada e hincada a los bancos… Apenas gajes del oficio de la nueva contrarreforma.
 
Lo preocupante en verdad es que después de esta trasquilada la Justicia en Colombia seguirá siendo igual o más lenta y ciega para los de ruana, y más presta apenas cuando involucra grandes intereses, para actuar, desde luego, a su favor. 
 
Nada nuevo, pensará cualquiera. Pero no. Hay mucho deshonor en lo que acaba de acontecer en el país. El espectáculo de la mal llamada reforma a la Justicia es un concierto pleno para delinquir, que hace ver a buena parte de los congresistas y a muchos de los magistrados de todas las cortes colombianas como verdaderos hampones, delincuentes vendidos por unos años más en el cargo a costa de ocasionarle un daño increíble y sin precedentes a la rama a la que dicen deberse. O deberían deberse.
 
Del choque del ejecutivo con las cortes, tan violento y dañino para la institucionalidad colombiana, que se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pasamos a los órganos legislativo y judicial confabulados, junto a un Procurador que perdona en relación con su propia absolución y elección. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado lo absuelven y re absuelven, para no resolverlo.
 
Uribe armó un complot para tumbar la Corte Suprema de Justicia y nombrar una de bolsillo, como lo atestigua el propio paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos (3). Echó mano de recursos criminales en su intención de llevarse por delante cualquier institución o persona que le ofreciera resistencia a sus maquinaciones. No lo logró en esos ocho años de pequeño emperador, y sí en cambio lo consigue ahora, con sus trinos intrascendentes y sus pataletas de ahogado. Una ironía de la vida, pensaría uno, que en realidad es el resultado de la inserción de sus prácticas en las mentes de quienes fueron una vez sus contradictores. Y una transición en esta patria, que avanza de las invasiones bárbaras al oscurantismo medieval.
 
Un buen trabajo de divulgación de quiénes son los magistrados directamente beneficiados lo hizo el periodista Juan David Laverde Palma, del diario El Espectador, contando cuáles integrantes de las altas cortes que estaban por cumplir su período se van a quedar otros cuatro años. Este es el vínculo: http://bit.ly/LjAJfo 
 
No quisiera estar en el pellejo de cualquier juez de pueblo. Si el sumun de la Justicia negocia tan rebajadas las togas, ¿por cuánto pensarán los parroquianos que puede comprarse la corte de Caparrapí? 
 
“…entre política y políticos, entre influencias y enemistades y en condiciones tan extremadamente complicadas, comprendía, que mi iba a ser muy difícil cumplir con mis buenos propósitos. / La justicia –pensaba yo- ha sido siempre una aspiración nacional… Pero que no a todos conviene…” (4) 
 
Camino a hacerse juez en un distrito feroz y remoto, esto piensa el personaje de las “Memorias de un juez de pueblo”, de Rafael Pérez Palma, un libro pequeño en extensión que nuestros magistrados deberían saberse de memoria, aunque las estampas corresponden a los años treinta y cuarenta del siglo XX y aunque se ubica geográficamente en el Estado de Hidalgo, en México. 
 
Qué difícil para nuestros jueces de pueblo, pero también para los presidentes de las altas cortes y para aquellos magistrados que aun en contravía de sus intereses particulares se han venido oponiendo al hecho legislativo, ver el desmadre que esto significa para la justicia: Acto inconstitucional, cuya constitucionalidad revisa la favorecida Corte Constitucional. 
 
Una reforma que, en todo caso, no buscaba el país, así el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirme lo contrario. La pretenden los congresistas urgidos de impunidad, sí. La aceptaron a cambio de abalorios muchos magistrados de las Cortes, sí. Le gusta harto a notarios y leguleyos de toda calaña, también. Pero sostener que “incorpora muchas cosas muy importantes para la justicia del ciudadano de a pie” (5), cuando menos, es una desvergüenza.
 
Aprobada en Cámara y Senado por abrumadora mayoría, la reforma acabó con la muerte política de los aforados y con ello se lapidó a sí misma como opción de equidad para el país, el cual, con sus dos millones seiscientos mil procesos judiciales pendientes a diciembre de 2011, proseguirá con el amargo honor de contar con la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. (6)
 
Buscamos los modos que sean para echarle leña al fuego perpetuo que se volvió la violencia en Colombia. Esta contrarreforma, frente a la cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos patalea quieto, protesta callado y dice “no” sonriendo, es un modo esquizoide de dispararle a la paz sin gastar balas y de atravesársele a cualquier posibilidad de diálogo social sin necesidad de negarse.
 
No puede ser otra cosa esta enmienda ya vigente, que en unas horas empezará a desocupar pabellones carcelarios y a liberar parapolíticos, auspiciadores y cómplices de brutales asesinos, y corruptos ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, de alto vuelo y cercano afecto al ex presidente, como Andrés Felipe Arias o Diego Palacio, sus dilectos ministros, o Bernardo Moreno, su secretario de Presidencia, o Edmundo del Castillo, su secretario jurídico. Desvergüenza libertaria. ¿Y quién, después de esto, se atreve a apelar a alguna de las altas instancias?
 
 
Por Juan Alberto Sánchez Marín, periodista y director de cine y televisión colombiano.
 
http://juanalbertosm.com
 
 
NOTAS: 
 
(1) El Espectador: “Enfermos graves de reeleccionismo”. 12 de junio de 2012. http://bit.ly/LvOOET
 
(2) Julio Flórez, poema “Todo nos llega tarde” del libro “Manojo de zarzas” (1906). Referencia al célebre verso: “Todo nos llega tarde... ¡hasta la muerte!”.
 
(3) Portal de La FM: “Mancuso entregó pruebas sobre complot de Uribe contra la Corte.” http://bit.ly/Ah9AUj
 
(4) PÉREZ PALMA, Rafael. “Memorias de un juez de pueblo”. Librería de Manuel Porrúa, S.A. México, 1960. Pág. 12. 
 
(5) El Liberal: “La reforma a la justicia ya es una realidad”. 15 de junio de 2012. http://bit.ly/LRgN1Y 
 
(6) Portal de la Presidencia de Colombia. “El ciudadano de a pie se enfrenta a un sistema de justicia caracterizado por la congestión y la ineficiencia”. 21 de marzo de 2012. http://bit.ly/GEKsoB
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