Elecciones en Francia y Estados Unidos: iguales y tan diferentes

En 2012 habrá dos muy importantes y competidas elecciones presidenciales. En Francia, el 22 de abril, y en Estados Unidos, el 6 de noviembre. Virtualmente los mismos puntos están siendo debatidos en cada uno de estos países, y casi de la misma manera. En ambos los presidentes son las figuras políticas más poderosas. Pero hay una gran diferencia entre esas elecciones: no es una de ideología, sino de las reglas de la elección en sí. Diferentes reglas producen tácticas electorales sorprendentemente diferentes.
 

En ambos países existen dos partidos importantes que históricamente se presentan a sí mismos como una centroderecha que se opone a una centroizquierda. Los observadores de casi todas las convicciones políticas concuerdan en que las políticas reales de cada uno de estos partidos, una vez en el poder, no son muy diferentes. No obstante, existen algunas diferencias que cada uno considera cruciales, y éstas motivan que cada grupo puje ferozmente por las elecciones presidenciales.
 

En ambos países existe lo que podría llamarse una extrema derecha y una izquierda radical. La extrema derecha y la izquierda radical denuncian a los dos partidos “centristas” como “compadres gemelos” y llaman a formar plataformas políticas que sean realmente de izquierda o de derecha. Esto juega en cada país de modo bastante diferente, debido a los muy distintos sistemas electorales.
 

En Estados Unidos la elección ocurre en 50 unidades separadas –los estados– sobre la base de que el ganador en cada estado se lleva todo el estado, que cuenta para un número de votos específicos en lo que se conoce como “colegio electoral”. Este sistema hace muy difícil que un “tercer partido” tenga un impacto real en la decisión de quién resulta electo. Sin embargo, hay quienes no se inmutan con esto y lanzan candidatos de todas maneras. Algunas veces hacer esto afecta los resultados en unos cuantos estados, y como tal los resultados finales. Por ejemplo, en 2000 algunos analistas arguyeron que la candidatura de Ralph Nader robó los votos suficientes al candidato demócrata Al Gore, lo cual lo privó de la victoria en dos entidades. Por tanto, se ha dicho algunas veces, la candidatura de Nader tuvo como efecto que Bush saliera electo.
 

En el pasado la extrema derecha en Estados Unidos tendía a abstenerse de participar a nivel electoral alegando que el Partido Republicano era demasiado “liberal” para su gusto. Pero hace unos 20 años este grupo decidió que el modo de afectar el resultado era entrar en el Partido Republicano y forzarlo, confrontando a los republicanos que eran demasiado “centristas” en las elecciones primarias al interior del partido, para que eligieran candidatos más “conservadores”. En los tiempos que corren este grupo es ampliamente conocido con el nombre del Partido del Té. Esta táctica de “entrar” ha sido bastante exitosa y el Partido Republicano se ha movido, de hecho, significativamente a la derecha en los últimos 12 años, más o menos.
 

En Francia las elecciones funcionan de modo muy diferente. Por una razón: son nacionales, no hay subunidades electorales. Una segunda razón es que a menos que un candidato reciba más de 50 por ciento de votos siempre hay una segunda ronda electoral, en la que los dos partidos con los porcentajes más grandes en la primera votación son la única opción a elegir.
 

El sistema permite y de hecho alienta que grupos de todas las variedades políticas presenten un candidato presidencial en la primera ronda, dado que los votantes saben que pueden otorgar su voto a alguno de los dos partidos principales. La primera ronda sirve como demostración de fuerza popular y afecta primordialmente, eso esperan, las políticas del partido ganador después de la segunda ronda.


El sistema francés tiene una falla. Ambos partidos importantes tienen que contar con los suficientes votos para entrar a la segunda ronda. En 2002, lo que fue algo excepcional, el partido de centroizquierda, los socialistas, quedaron apenas atrás del partido de extrema derecha, el Frente Nacional, y fueron eliminados. Por tanto, este año los socialistas están enfatizando la importancia del vote utile (voto útil) para que no les vuelva a pasar. El trauma de 2000 para los demócratas en Estados Unidos es semejante al de 2002 para los socialistas en Francia.
 

¿Dónde nos deja esto? En Estados Unidos el eventual candidato republicano se presentará como “muy” conservador gracias a las presiones del Partido del Té, y por tanto corre el riesgo de perder los votos de los llamados moderados, quienes son más “centristas”. El candidato demócrata, que será el presidente Obama, ha desilusionado a muchos de sus más ardientes simpatizantes al moverse contundente a la derecha durante su primer periodo. Ahora intenta ganarlos de nuevo con una plataforma más “populista”, pero preocupa que, en el proceso, pueda perder a alguno de los moderados republicanos “desilusionados”. En 2012 no se avizoran candidatos significativos de partidos menores.
 

En Francia la situación es más complicada. Las encuestas actuales muestran que los dos candidatos de los partidos importantes –Nicolas Sarkozy, del partido de centroderecha, el UMP, y François Hollande, del partido de centroizquierda, los socialistas– van bastante parejos en la primera ronda. Sin embargo, cada uno tiene poco menos de 30 por ciento de votos. El restante 40-50 por ciento se repartirá entre otros tres candidatos primordialmente: Marie LePen, del Frente Nacional, de extrema derecha; François Bayrou, del partido de centro-centro (que condena al UMP y a los socialistas de no ser lo suficientemente centrista), y Jean-Paul Melenchon, del Frente de Izquierda, quien se las ha arreglado para convocar a la mayor parte de los votos de la izquierda radical, pese a la participación de un número de otros partidos de extrema izquierda en la elección.
 

LePen, Baryou y Melenchon, hasta el momento, tienen en las encuestas entre 14 y 18 por ciento de votos cada uno. Entonces, ninguno parece probable para la segunda ronda. El desempeño de Melenchon ha sido la gran sorpresa en las elecciones. Pero también hay la predicción de que si las encuestas muestran que Hollande baja demasiado, tal vez la mitad de sus actuales simpatizantes voten por Hollande en vez de por él para no arriesgar a que LePen o Bayrou saquen de la jugada a Hollande.
 

Sin embargo, si Melenchon consigue una gran votación y Hollande queda de todos modos en la segunda ronda, dos cosas serán ciertas. Una, esto será un claro mensaje a los socialistas de que se tienen que mover a la izquierda. Segundo, casi todos los que votaron por Melenchon sufragarán por Hollande en la segunda ronda. En la derecha, sin embargo, la mayoría de los votantes de LePen serán renuentes a votar por Sarkozy, y el Frente Nacional no lo recomendará. Si lo hicieran, minaría la base misma de su existencia.
 

El sistema francés parece funcionar mejor para la izquierda radical. El estadunidense, para la extrema derecha. Pero esto es, sobre todo, por las diferentes reglas electorales que poseen.
 

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein
 

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Sábado, 07 Abril 2012 08:14

De la cárcel al Parlamento sin escalas

De la cárcel al Parlamento sin escalas

La Premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi, consiguió esta semana una banca en el Parlamento de Burma (ex Birmania) tras quince años de prisión domiciliaria por defender la democracia ante un régimen represivo. Tras casi medio siglo de opresión militar, la oposición prodemocrática nucleada en su Liga Nacional para la Democracia (LND) consiguió colarse en el Parlamento. Allí controlará 37 escaños de los 440 de la Cámara baja, cuatro de la Cámara alta y dos de la Cámara regional, que representa a parte de las ocho grandes etnias y 135 tribus que se reparten el territorio. A pesar de este notable avance, impensable hace sólo dos años, la oposición no podrá hacerle sombra al régimen porque el oficialista PDSU ostenta la mayoría absoluta y, además, la Constitución reserva al Ejército un cuarto de los diputados. Pero su mera presencia parlamentaria, junto a la celebración de estas elecciones parciales, demuestran la apertura iniciada en Burma y suponen la antesala de los comicios presidenciales previstos para 2015, en los que podría participar Aung San Suu Kyi.
 

A los 66 años, La Dama se pasó tres lustros de las dos últimas décadas confinada bajo arresto domiciliario por su defensa de la libertad y la democracia en Birmania. Su liberación siguió a las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2010, que en realidad fueron una fachada que sentó en un gobierno civil a generales retirados de la anterior junta militar, como el presidente Thein Sein. Tras relevar al hasta entonces “hombrefuerte” de Birmania, el general Than Shwe, éste puso en marcha una serie de reformas que sorprendieron incluso a sus más críticos detractores. Entre ellas destacan la liberación de cientos de presos políticos, la relajación de la represión y la censura, la firma del alto el fuego con varias guerrillas étnicas y la apertura económica para captar turistas e inversión extranjera. “Las elecciones se han celebrado con éxito”, se congratuló Thein Sein durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), que tiene lugar en Phnom Penh, capital de Camboya.
 

Para premiar a Birmania por su transición hacia la democracia, el foro Asean le prometió la presidencia en 2014 y pidió a Estados Unidos y la Unión Europea acabar con las sanciones. “Instamos a la comunidad internacional a considerar el levantamiento de las sanciones sobre Burma para que su pueblo pueda disfrutar mejores oportunidades en sus aspiraciones por la paz, la reconciliación nacional, la democracia y el desarrollo”, señaló el viceprimer ministro de Camboya y titular de Exteriores, Hor Namhong, en un comunicado de la Asean.
 

“El presidente Thein Sein me ha dicho que el proceso es más importante que el resultado, lo que creo que es la actitud correcta porque el proceso forma parte de la reconciliación nacional”, explicó el secretario general de Asean, Surin Pitsuwan. A la espera de comprobar más avances democráticos, EE.UU. y la UE ya se plantean levantar algunas de las sanciones impuestas con la vista puesta en la vuelta a la escena política de Aung San Suu Kyi y la transición tranquila de Birmania.
 

En 1990, la LND fue despojada de la victoria por la junta, que había encerrado a Suu Kyi. En 2010, la opositora estaba aún en una residencia vigilada mientras que su partido boicoteaba las elecciones, desacreditando un proceso marcado por las irregularidades.
 

San Suu Kyi reconoció, no obstante, que estas elecciones eran imperfectas, pero admitió que eran necesarias. “No creo que podamos decir que se trata de unas elecciones libres y justas, si se tiene en cuenta lo observado en los últimos meses”, dijo en una conferencia de prensa realizada en Rangún, en la que reivindicó la necesidad de participar en ellas. Ahora, gracias a su enorme apoyo popular, la oposición entrará en el Parlamento con 43 diputados, pero no hará sombra al gobierno porque el ejército se reserva un cuarto de los escaños.
 

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Miércoles, 04 Abril 2012 07:08

El Salvador: ¿democracia Mexican way?

El Salvador: ¿democracia Mexican way?

En un territorio que cabe 93 veces en México (y con una población 17 veces inferior), El Salvador sufrió una guerra civil que dejó 80 mil muertos y más de un millón entre migrantes y refugiados (1975-91).
 

A diferencia de Cuba y Nicaragua, la lucha en El Salvador fue como la de España en la guerra civil: una guerra ideológica y política integral, en la que todas las clases presentaron batalla en todos los frentes sociales: en el religioso y el militar, en el económico, político y cultural.
 

Un dato que a discreción olvidan los analistas “independientes”: la gesta del FMLN fue algo más que un “foco” guerrillero, clonado de la llamada guerra fría. Porque esta guerra empezó mucho antes de las masacres de 1932, y retomó sus fueros en 1980, año de la constitución del FMLN y de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
 

Se dice que los Acuerdos de Paz (México, enero 1992) fueron a consecuencia del “empate” militar entre las fuerzas insurgentes y el ejército gubernamental. Y con afanes políticamente correctos, se omite que el FMLN derrotó a uno de los ejércitos más grandes y armados del continente, estructurado, entrenado, asesorado y financiado por Estados Unidos.
 

Los acuerdos fueron en realidad otra vuelta de tuerca en los engranajes del despojo y la exclusión neoliberal. Con la venia de Washington, los gobiernos “democráticos” de Arena importaron las nuevas modalidades de la guerra contrainsurgente que en Colombia funcionaban a toda máquina, y que en México se aplican hoy contra el “crimen organizado” (?).
 

A 20 años de los acuerdos (y con un gobierno “de izquierda” en funciones desde marzo 2009), El Salvador registra más asesinatos que en el periodo de la guerra, en tanto 2 millones y medio de salvadoreños (40 por ciento de la población) residen en el exterior. Por esto, en las pasadas elecciones de medio periodo (legislativas y municipales) el pueblo salvadoreño emitió una suerte de “voto castigo” al FMLN.
 

¿Sabían los funcionarios del FMLN que iban a perder? El ex comandante guerrillero y hoy académico Dagoberto Gutiérrez responde en un artículo: “No, al contrario. Como funcionarios estaban absolutamente seguros de que la gente los iba a seguir, como si la gente les perteneciera. Fue el error. Saber lo que está pensando la gente es lo fundamental, clave, eso lo aprendimos en la guerra…

Añade: “Arena no esperaba ganar donde ganó, y el FMLN no esperaba perder donde perdió. Lo que ocurrió es el que el voto ha sido convertido en un instrumento administrativo vacío de poder. [...] La gente decidió utilizar el voto políticamente y no electoralmente, como castigo al FMLN, más que al gobierno. [...] No es la gente la que teme al FMLN, es el partido FMLN el que tiene miedo al pueblo. [...] La cúpula del FMLN no es de izquierda, es de derecha”.


Sin embargo, otros “analistas” se “maravillan”. Sergio Ramírez escribe: “Si uno mira desde Nicaragua a través de las aguas del golfo de Fonseca, la democracia en El Salvador está funcionando como debe ser”. El ex sandinista celebra las “reglas de la democracia, uno de cuyos supuestos esenciales es la alternabilidad, cumplidas al pie de la letra” (Allí no más, al otro lado, La Jornada, 31/3/12).
 

O sea, la posibilidad de que en 2014, frente a la inoperancia y oportunismo del FMLN, la ultraderecha retorne al poder para depositar flores en el monumento que la alcaldía de Antigua Cuscatlán levantó al fundador del partido, el multiasesino Roberto D’Aubuisson.
 

Tampoco podía faltar el otro inefable, Joaquín Villalobos, ex comandante del FMLN y asesor del gobierno de México (así como lo fue con el de Álvaro Uribe en Colombia). Eternamente inquieto por las cuentas pendientes con la justicia, el asesino del poeta nacional de El Salvador, Roque Dalton, cierra filas con la teóricos angloyanquis del “Estado fallido” y, abriendo el paraguas, escribe:
 

“Aunque resulte indiscutiblemente justo (sic) resolver estos agravios [NR: masacre de El Mozote, donde 900 campesinos, entre ellos 460 niños fueron asesinados durante la guerra], la pregunta es si estos países pueden darse el lujo de atender este tema sin volverse más inviables (sic). Incapaces de darse seguridad y justicia en el presente (sic), pretender que lidien con el pasado suena a broma” (“El peligro de una Somalia latinoamericana”, El País, 19/2/12).
 

Ni el maravillado Ramírez ni el asesino Villalobos (quienes en distintos tiempos, medios y cualquiera sea el asunto cumplen con el deber ser de condenar a Hugo Chávez) deberían andar tranquilos.
 

Con la venia del “compañero” presidente Mauricio Funes, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, coronel David Mungía Payés, anunció que la FBI y la Fuerza de Tareas Antipandillas de Estados Unidos estarán a cargo del entrenamiento de la policía nacional para “combatir a las pandillas”. A más de ofrecer a Washington información personal, de los viajeros que transiten vía aérea por El Salvado
 

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Bordeaux , 1° de abril. Tres semanas antes de la primera vuelta de la elección presidencial, a diario se publican en la prensa francesa sondeos que fluctúan. Alternan Nicolas Sarkozy (UMP), presidente, quien busca relegirse, y François Hollande (Partido Socialista), en primer y segundo lugares, con un promedio de 28 por ciento de intenciones de votos, y Jean-Luc Mélenchon (Frente de Izquierda) y Marine Le Pen (Frente Nacional, extrema derecha) en tercer y cuarto sitios, con 15 y 13 por ciento. En cambio, para la segunda vuelta la situación sigue estable: frente a Nicolas Sarkozy, François Hollande ganaría con 54 por ciento de sufragios.
 

La mayoría de los candidatos ya presentaron los principales lineamientos de sus programas, menos Sarkozy, quien los anunció para los días próximos. Mientras tanto, muchos diarios y revistas publican números especiales sobre el balance del gobierno electo en 2007 y sus reformas, tratando de explicar el antisarkozismo de una parte de la población y la responsabilidad del presidente y su partido en la crisis económica interna.
 

Todo empezó el día de la elección presidencial, el 6 de mayo de 2007, cuando el nuevo mandatario fue a festejar su victoria a uno de los restaurantes más selectos de París, el Fouquet’s, con 55 invitados especiales. Muy bien representadas estaban las grandes empresas que cotizan en la bolsa. Siguieron las vacaciones en el yate de uno de los hombres más ricos de Francia. El que pretendía cambiar el país apareció pronto como lo que iba a ser descaradamente: "el presidente de los ricos", representante de una derecha cuyos únicos valores se concentran en el dinero, la bolsa y los paraísos fiscales. El llamado "paquete fiscal" exoneró de impuestos (15 mil millones de euros) a las fortunas más grandes y desestabilizó el presupuesto del Estado. "Las arcas del país están vacías", afirmó cínicamente Sarkozy en febrero de 2008, para justificar la modificación de las leyes laborales (flexibilización de los contratos, despidos no justificados).
 

Todavía no se vislumbraba el vacío cultural e intelectual en que el presidente más reaccionario y vulgar que haya tenido Francia iba a hundir el país. Hombre de poca cultura, literaria e histórica por lo menos, ha manifestado un desprecio real por la cultura, odio a los intelectuales, y ha favorecido la sociedad del espectáculo, en la que ha sido omnipresente. Su distorsión de la historia nacional e internacional (entre otros, el discurso neocolonial de Dakar); sus lances sobre los enfermos mentales y la siquiatría, los magistrados, los jueces, las cárceles y los delincuentes, los migrantes, los jóvenes de los barrios populares, los extranjeros, los indocumentados y los desempleados, son una vergüenza para los franceses. También la firma en Lisboa del tratado europeo, rechazado por los franceses en las urnas y, finalmente, ratificado por el gobierno. De igual forma la participación en la guerra contra Libia, en que Francia y Gran Bretaña violaron el mandato de la Organización de Naciones Unidas.
 

En el campo social, la estocada la dio el gobierno con la reforma a las jubilaciones, presentada como necesaria para la "adaptación al mundo actual". Millones de trabajadores, en las calles de Francia, padecieron uno de los fracasos más importantes del movimiento social.
 

Pero hoy, muchos electores se preguntan si cambiar de presidente garantizaría un cambio real.
 

El empleo continúa siendo la preocupación mayor de los franceses. En febrero se contaban 2.9 millones de desocupados y más de 4.5 millones de trabajadores en actividad reducida.
 

François Hollande propone crear 500 mil "contratos de generación" –contratación de tiempo completo de un joven de menos de 30 años, acompañado por un trabajador experimentado (hasta la jubilación del segundo)– y 150 mil para los jóvenes de los barrios populares. Además, en cinco años se crearían 60 mil puestos en el sector educativo.
 

Para el Frente de Izquierda hay que restablecer primero las 35 horas semanales, con la contratación correspondiente de trabajadores en todos los sectores, sobre todo en el sector público, y suprimir progresivamente las horas extras. Realizar cada año reuniones regionales para el empleo, que definirían necesidades y objetivos con todos los interesados de la sociedad civil.
 

La segunda preocupación de los franceses es el poder adquisitivo.
 

Para el Partido Socialista, después de la elección se podría aumentar el salario mínimo (mil euros actualmente) en el marco de una negociación con sindicatos y empresarios.
 

El Frente de Izquierda quiere un salario mínimo de mil 700 euros, porque daría alivio a las clases populares y arrastraría los otros salarios hacia arriba.
 

Pero, finalmente, si el contenido de los programas políticos es importante, también la manera en que se van a aplicar. Los electores ya no están para firmar cheques en blanco. La exigencia de participación y control ciudadano se va abriendo camino. A los candidatos les queda tres semanas para convencer.
 

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Domingo, 01 Abril 2012 06:40

El Salvador

El Salvador

A veinte años del Acuerdo de Paz en El Salvador, el proceso de Verdad y Justicia marcha lento, pero marcha. Mucha agua corrió bajo el puente desde que el gobierno neofascista liderado por Roberto D’Aubisson y sus secuaces desa-tó una feroz represión sobre la población civil a fines de la década del ’70 y principios de la década del ’80, la cual derivó en una guerra civil que terminó con la firma del tratado de Chapultepec en enero de 1992, poniendo fin a la lucha armada. Es oportuno recordarlo aquí porque Argentina tuvo mucho que ver con la represión primero y con la búsqueda de Verdad y Justicia después, así que aprovechamos la presencia de Terry Karl en el país para hacer el recorrido. Karl, profesora Gildred de Derechos Humanos en la Universidad de Stanford, es una de las principales expertas en el tema. Sus investigaciones, que incluyen una valiente y memorable entrevista con D’Aubisson y testimonios ante distintos jueces, comisiones y entidades gubernamentales en El Salvador, Estados Unidos y España, fueron fundamentales para avanzar la causa de las víctimas de una represión que le costó la vida a unos 85.000 civiles en un país de menos de un millón y medio de habitantes, un promedio de asesinatos per cápita mucho mayor al sufrido en la Argentina durante los años más oscuros de la dictadura.
 

Al igual que en la Argentina, en El Salvador, después del terror llegó la impunidad y a partir de ahí el camino se hizo cuesta arriba. En 1993, apenas dos días después de la publicación del Informe de la Verdad, que nombró a los represores con nombre y apellido, el Congreso salvadoreño, dominado por el ultraderechista partido Arena, promulgó una ley de amnistía para los asesinos y represores que se mantiene vigente hasta el día de hoy, a pesar de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha fallado más de una vez que esa ley es ilegal.
 

A partir de esa ley, muy poco es lo que se ha hecho en El Salvador. Apenas un soldado y un oficial han sido condenados, en 1991, antes de la amnistía, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Y eso ocurrió bajo una fuerte presión de Estados Unidos, que había amenazado con dejar de mandar ayuda financiera al país centroamericano si no se hacía algo con semejante masacre. Fue una condena corta, en un juicio que la Justicia española luego calificaría de “farsa,” porque fueron muchos los militares que participaron en la matanza, varios hasta lo confesaron en el juicio, pero igual fueron absueltos. Algo similar había ocurrido en 1984, en plena guerra, cuando cuatro soldados, cuatro perejiles, fueron condenados a treinta años de prisión por violar y asesinar a cuatro monjas estadounidenses en 1980. La Justicia salvadoreña determinó que los perejiles habían actuado por su cuenta y que el crimen no entraba en la ley de amnistía porque había sido un crimen común, no político. Sin embargo, para la Comisión de la Verdad no había dudas: la masacre de las monjas había sido ordenada por el entonces ministro de Defensa, general José Guillermo García, y por el entonces director de la Guardia Nacional, coronel Carlos Eugenio Vides Casanova.
 

Pasó el tiempo. D’Aubisson murió en 1992 sin ser juzgado por los crímenes que cometió, pero algunos de sus lugartenientes no tuvieron tanta suerte. En 1998, el abogado William Ford, hermano de Ita, una de las monjas masacradas, descubrió por casualidad que García y Casanova estaban viviendo en Florida. Les inició un juicio criminal, pero ambos fueron absueltos porque la Justicia estadounidense determinó que no estaba suficientemente probada la cadena de responsabilidades. Ford insistió en 1999 con un juicio civil basado en la ley estadounidense en contra de la tortura y el derecho internacional que condena los crímenes de lesa humanidad. En el 2002, García y Casanova fueron condenados a pagarles 54,6 millones de dólares a las víctimas. A partir de esa condena, en el 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense llamó a audiencias públicas y al año siguiente aprobó una ley que ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Interior y al Servicio de Inmigración a deportar del país a abusadores de los derechos humanos. En el 2006, la Corte Suprema rechazó la apelación de los militares salvadoreños y los familiares de las víctimas lograron cobrar los primeros treinta mil dólares al coronel Casanova, con los cuales se construyó una clínica gratuita para los pobres en San Salvador. Debió pasar todo el gobierno de Bush para que las autoridades estadounidenses aplicaran la nueva ley en contra de los represores salvadoreños. En el 2009, bajo el gobierno de Obama, se inició el proceso administrativo en contra de los represores y en diciembre del año pasado Seguridad Interior emitió un dictamen ordenando la expulsión del país de García y Casanova. Se trata de un hecho histórico, explica la profesora Karl, porque por primera vez Estados Unidos inicia por cuenta propia un proceso de deportación de violadores de derechos humanos que no sean nazis. (El proceso de deportación en contra del general García también está en marcha, a la espera de un dictamen de Seguridad Interior.)
 

Mientras tanto avanzaban otras causas. En el 2003 descubrieron al capitán Alvaro Saravia, jefe de seguridad de D’Aubisson, vendiendo autos usados en Fresno, California. Le iniciaron un juicio civil por el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, pero antes de que el caso llegue a juicio Saravia se escapó del país y actualmente sigue prófugo. En el 2004 Saravia fue condenado en ausencia a pagar diez millones de dólares. El juicio fue muy importante para el registro histórico, porque sirvió para establecer, entre otras cosas, la conexión argentina en el asesinato del arzobispo y porque el juez determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad, ya que se había cometido con el claro propósito de intimidar a la población y abrir la puerta a la represión que vendría después. No por casualidad 1980 y 1981 fueron los peores años de la represión, el de las peores masacres, más de 20.000 civiles murieron en esos dos años. “Fueron los asesores militares argentinos quienes prepararon el terreno para el asesinato. A través del aparato de propaganda de los medios afines a D’Aubisson diseñaron una campaña de prensa para pintar a Romero, un arzobispo más bien conservador, como un marxista subversivo cuya alma había sido tomada por el demonio. Todo eso aparece en documentos escritos por militares argentinos.”
 

En el 2005 encontraron a Nicolás Carranza en Memphis, donde trabajaba como guardia de seguridad en un museo. Carranza había sido viceministro de Defensa entre 1979 y 1981 y también director de la Policía de Hacienda, notoria por sus escuadrones de la muerte, en 1983 y 1984. Fue enjuiciado y condenado a pagar seis millones de dólares por torturas y asesinatos extrajudiciales. Significativamente, el juez de Memphis, al igual que el de Fresno, falló en el 2008 que el acusado había cometido crímenes de lesa humanidad por ordenar el asesinato en 1980 de los seis máximos dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, partido que entonces lideraba la oposición pacífica y democrática en El Salvador. En el juicio civil se demostró que, además de su actividad en el aparato represivo salvadoreño, Carranza era soplón de la CIA, por lo cual cobraba noventa mil dólares al año. Su deportación se hace más complicada porque no hay registro de su ingreso a Estados Unidos, ya que fue la misma CIA quien lo trajo al país en 1985, cuando el gobierno de Reagan le ordenó a sus aliados del gobierno salvadoreño que lo separaran de su cargo por impresentable. En 1995, Carranza recibió la ciudadanía estadounidense en agradecimiento por los servicios prestados. El juicio a Carranza también es significativo porque durante el juicio el gobierno salvadoreño presentó un escrito de amicus curiae argumentando que Carranza estaba cubierto por la ley de amnistía. Eso permitió que una coalición de destacados jurista presentara otro escrito respondiendo que la ley salvadoreña es inválida bajo el principio de Justicia internacional y la jurisprudencia vigente. El juez no opinó sobre la validez de la ley de amnistía, pero falló que no era aplicable al caso Carranza.
 

Ese mismo año, el 2008, empezó en el juzgado de Eloy Velazco de la Audiencia Nacional de España el juicio criminal por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, aprovechando que algunos de los asesinados ostentaban doble ciudadanía española. Toda la plana mayor del ejército salvadoreño de entonces fue procesada y nueve pedidos de extradición remitidos a la Corte Suprema salvadoreña. La Corte salvadoreña hasta ahora se ha negado a conceder extradiciones por razones burocráticas, eludiendo opinar sobre el fondo del caso. Pero la profesora Karl no da por terminado el asunto, ya que España es el segundo socio comercial de El Salvador y tiene con qué presionar. Además, en poco tiempo podría recibir a su primer acusado, gentileza del servicio migratorio estadounidense, ya que el año pasado fue encontrado en Boston el general Inocente Orlando Montano, uno de los veinte militares salvadoreños procesados en España por el asesinato de los curas jesuitas. Montano, que tiene 70 años, se encuentra bajo arresto domiciliario por fraude criminal y enfrenta penas de hasta 40 años de prisión por haberle mentido al servicio migratorio estadounidense. Entre otras mentiras groseras, Montano, que era viceministro de Defensa cuando mataron a los jesuitas, había declarado en su formulario de entrada a Estados Unidos que nunca había sido miembro del ejército salvadoreño. Cuando la Justicia estadounidense termine con él, si sigue vivo, “Inocente” tendría que ser deportado a España para ser juzgado por su rol en la masacre de los curas.
 

Mientras tanto, en El Salvador, en el 2009, tras ganar las elecciones, asumió la presidencia Mauricio Funes de la ex guerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La llegada al poder de la izquierda por primera vez en la historia de El Salvador generó muchas expectativas entre los defensores de los derechos humanos de que ahora sí se podría remover el velo de impunidad que sigue encegueciendo a la sociedad salvadoreña. Pero no sucedió. Hubo algunos gestos simbólicos que sirvieron para establecer la verdad histórica, como la tardía reivindicación de monseñor Romero, homenajeado con un mural que cuelga del aeropuerto internacional de San Salvador (foto). También fue significativa la visita de Obama el año pasado a la tumba del arzobispo. Pero la ley de amnistía sigue vigente y, peor aún, muchas víctimas salvadoreñas todavía no tienen mucha idea de lo que les pasó.
 

“A diferencia de la Argentina, donde muchos de los desaparecidos tenían una formación política y educativa importante, en El Salvador la mayoría de los muertos y torturados eran campesinos que no comprendían bien por qué los perseguían. Cuando testifiqué en el juicio de los generales en Miami recuerdo que muchos de los familiares de las víctimas que estaban en la audiencia se largaron a llorar, y después me dijeron que era la primera vez que alguien les explicaba lo que les había pasado”, dice Karl. El camino de Verdad y Justicia en El Salvador, como en tantos otros países, se hizo largo y tortuoso. Así como la Argentina debió recurrir a los juicios de la Verdad para saltear las leyes de impunidad de Menem y Alfonsín, en El Salvador hizo falta recurrir a la Justicia civil y la ley migratoria de Estados Unidos y a las cortes españolas para avanzar a pesar de la ley de amnistía local. Karl dice que el ejemplo argentino es una enseñanza y una inspiración para los defensores de derechos humanos en El Salvador, del mismo modo que los militares argentinos de la dictadura inspiraron e instruyeron a los represores salvadoreños.
 

“Los militares argentinos, especialmente del Batallón 601, enseñaron a los salvadoreños cómo armar escuadrones de la muerte, cómo interrogar, cómo tirar a las víctimas desde aviones, cómo hacer secuestros extorsivos para financiarse, cómo deshacerse de los cadáveres. Suárez Mason fue el mentor de D’Aubisson, el hombre a quien más admiraba. Por eso es tan importante lo que se hizo en la Argentina para castigar a los represores. Los salvadoreños siguen de cerca el proceso argentino, aprenden de él y se sienten esperanzados por todo lo que se avanzó en este país”, señala la experta.
 

Para Karl, un beneficio impensado del caso salvadoreño es que llevó a desarrollar una metodología para erosionar las leyes estadounidenses que protegen a los violadores de derechos humanos que buscan refugio en ese país. “Desde que empezamos con los salvadoreños el mismo método se ha repetido para perseguir violadores de derechos humanos de Chile, Honduras, Somalia y Haití. Se estima que hay unos mil criminales de guerra refugiados en Estados Unidos. Ninguno de los torturadores de Abu Ghraib y Guantánamo han sido juzgados, pero ahora existe la posibilidad de hacerlo con acciones civiles aplicando la ley de tortura.”
 

El proceso de Verdad y Justicia en El Salvador avanza lento pero avanza, inspirado en el de Argentina. Por eso está bueno decirlo acá, veinte años después, aprovechando la discreta visita de una incansable luchadora.

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Conflicto armado: ¿Sin presos políticos?
En mayo de 2011 el presidente Juan Manuel Santos reconoció la existencia del conflicto armado en Colombia, negado durante ocho años, con consecuencias muy negativas para la búsqueda de la paz.

Reconocer el conflicto trajo de regreso el tema a la agenda política nacional. Desde la expresión del presidente sobre “la llave de la paz”, hasta el Encuentro Nacional “El diálogo es la ruta”, realizado en agosto de 2011, se evidencian distintos intereses por retomar ese rumbo, entre ellos los recientes anuncios de la guerrilla de las Farc de liberación unilateral de todos los soldados privados de la libertad, y su renuncia al secuestro de civiles.

En medio de la guerra que azota a Colombia, y del desconocimiento de tal realidad por los poderes históricos que la controlan, otro tema tabú ha sido el de los presos políticos y prisioneros de guerra que que llenan las cárceles de Colombia. Ellas y ellos no han cesado en la búsqueda de un espacio de reconocimiento de su existencia, sus condiciones de reclusión y de la situación carcelaria en su conjunto. Para evidenciarlos, el 4 y 5 de junio de 2011 se realizó el encuentro “Larga vida a las Mariposas” que dio cuenta de la existencia de 7.500 personas privadas de la libertad por razones de conciencia o del conflicto armado interno.

Otra realidad dentro de las cárceles, fruto de la persecución política, es la de decenas de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones sociales, dirigentes campesinos, sindicalistas, abogadas y abogados que atraviesan procesos basados en montajes judiciales y que están privados de la libertad, incluso sin haber sido condenados. Es el caso del defensor de Derechos Humanos David Ravelo o de la defensora Yira Bolaños. Algunos han recuperado la libertad después de duras batallas jurídicas pero su situación jurídica se mantiene indefinida como ocurre con el defensor Carmelo Agámez o el defensor Winston Gallego.

El punto máximo de atención sobre el tema se logró el pasado 20 de marzo de 2012 cuando, durante 24 horas, cerca de 500 prisioneros de guerra y presos políticos realizaron una jornada de huelga de hambre y desobediencia civil en 16 centros de máxima seguridad, como protesta ante la negativa del gobierno nacional de permitir una visita humanitaria de verificación de sus condiciones de reclusión y el estado general de la situación penitenciaria: hacinamiento, falta de asistencia médica, pésimas condiciones de salubridad, trato discriminatorio e inhumano, amenazas para su vida e integridad.

El permiso para la verificación humanitaria había sido solicitado por la senadora Piedad Córdoba, en cabeza de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, y de “Mujeres del Mundo por la Paz”, y autorizado en primera instancia por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien posteriormente lo revocó cuando el tema fue incluido por las Farc como condición para las liberaciones.

“Sólo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país” señalan las Farc en el comunicado titulado Listos para iniciar proceso de liberación publicado el 16 de marzo. En respuesta, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, como en los tiempos del Estatuto de Seguridad (1979-1982) lanzó la insólita afirmación de que en Colombia no hay prisioneros políticos.

"Existen presos de organizaciones criminales, de organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la ley. El Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer porque son contrarias a la democracia, al derecho de la población a vivir tranquilamente, en bienestar y en paz", afirmó el Vicepresidente.

A través de un comunicado, el “Colectivo de presos políticos y prisioneros de guerra Antonio Nariño de Cómbita, Boyacá”, respondió:"¿Cómo puede el Gobierno pretender hablar de paz y reconciliación nacional cuando desde el establecimiento política y mediáticamente se niega la existencia de presos políticos y de prisioneros de guerra, siendo nosotros en la realidad parte de este conflicto social y armado que padece la patria?” Para las y los prisioneros de guerra y presos políticos el hecho de ser condenados por el delito de rebelión es un claro reconocimiento de su carácter.

Eñ 22 de marzo, al término de la jornada de protesta y con algunos reclusos aún en huelga de hambre, las y los presos políticos presentaron un balance satisfactorio de su iniciativa. “Logramos sensibilizar a algunos sectores sociales y a organismos de derechos humanos de la necesidad de trabajar por el reconocimiento, la verificación y la discusión e interlocución en torno a esta problemática que nos aqueja son sólo a los presos políticos sino a todos los presos de Colombia”, dijo en una entrevista telefónica al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos el vocero de la protesta en la cárcel de Cómbita, Boyacá, Nixon Barrera.

El tema es real e inocultable, claramente inseparable de la guerra que azota al país, a no ser que el vicepresidente, como lo asegurara hace 34 años el creador del Estatuto de Segurida, afirme que el único preso político que existe en Colombia es él.



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Miércoles, 21 Marzo 2012 18:13

Lecciones de una jornada

El 9 de marzo Bogotá se conmocionó. No fue para menos. Desde primeras horas de la mañana, una ola de inconformidad se extendió sobre Transmilenio, en lo fundamental, en la avenida Caracas.

De manera coordinada, centenares de estudiantes de secundaria, acompañados por núcleos estudiantiles del Sena, y en algunos sectores por pequeños focos universitarios (Pedagógica y Distrital), así como por población en general, se congregaron en puntos previamente seleccionados. Es así como ocuparon las estaciones de la calle 72, 53, 45, 39, y otras más.


La razón de la protesta no es ajena para nadie en la capital del país: el transporte público articulado, sobre el cual se han gastado miles de millones de pesos, diseñado y dispuesto –a pesar del inmenso gasto público– para beneficio de unos pocos empresarios del transporte, está colapsado: la incomodidad a la hora de abordarlo, las largas esperas para poder acceder al mismo, el alto costo de su tarifa (300 pesos más que los buses y busetas tradicionales), la lentitud del servicio (sobre todo por la avenida Caracas, traducida por el deterioro de las losas en una verdadera trocha), todo ello ha colmado la paciencia de la población que lo utiliza, y ha creado un ambiente favorable a la protesta y la exigencia.


La inconformidad se sentía crecer con fuerza. Semanas antes los bloqueos para interrumpir el servicio se hicieron comunes. Sabotajes de unos cuantos minutos, en la mayoría de los casos de una hora, y en una ocasión de cinco. Pero el nueve de marzo la protesta, ampliada por la ocupación de estaciones, el enfrentamiento con antimotines y el Esmad, el saqueo de cajas con dinero, etcétera, se extendió durante todo el día. Nueve horas para ser más precisos, obligando a la administración distrital a cancelar el servicio por la avenida ocupada los manifestantes.


Llama la atención que la jornada de protesta, anunciada por redes sociales, sin sigilo alguno, sorprendiera a la administración bogotana, la cual demostró una total subestimación de lo anunciado, calculando sin duda que la misma no pasaría de algunos bloqueos momentáneos de la vía. Pero no fue así. Tal vez superando lo calculado por los propios organizadores, la jornada fue mucho más allá, logrando enlazar en una misma acción sectores poblacionales cansados totalmente con el servicio Transmilenio (el cual no deja opción de competencia en muchos de los barrios de la ciudad, y por lo tanto hay que abordarlo gústese o no), con sectores decididos a tumbar al nuevo alcalde capitalino. Así las cosas, para sorpresa de muchos, la contundencia de la acción logra romper la misma ecuanimidad del alcalde, que al recibir los reportes de los bloqueos en creciendo, rompió en señalamientos y acusaciones.


Un comportamiento salido de tono y de toda explicación, ya que unos días antes el mismo funcionario había criticado los contratos firmados por administraciones anteriores, los cuales permitieron el prolongado abuso de algunos comerciantes del transporte (lo que hace necesario su renegociación), beneficiándose del monopolio sobre el servicio del transporte en amplios sectores de la ciudad, con tarifas costosas, las mismas que también el alcalde ha dicho en repetidas ocasiones que deben reducirse, al estar infladas en 456 pesos. Para darle paso a esto, buscando mejorar el servicio, un día antes la misma alcaldía había instalado los comités de usuarios del Transmilenio por localidad.


Es decir, el principal funcionario público de la ciudad contaba con toda la información y los antecedentes para neutralizar con argumentos y acciones la protesta que rompía la ciudad por la avenida Caracas. Pero para sorpresa no lo hizo, sino que se destempló en alegatos virtuales.

Un error garrafal, pues una de sus principales funciones es educar políticamente, es propiciar organización social, es motivar la apropiación y defensa de lo público por parte de la ciudadanía en su conjunto, señalando con toda claridad el o los enemigos a confrontar en cada momento. En este caso, las empresas que se han apropiado del transporte público de la ciudad, monopolizándolo, obligándolos a renegociar los acuerdos, pero al mismo tiempo, creando las condiciones para que la ciudad se haga a la totalidad del servicio, que como se sabe es de carácter estratégico, bien en la perspectiva de calidad de vida de sus habitantes, bien en las mismas finanzas de la urbe.

Pero olvidado de esto, actuando como si fuera un individuo y no un colectivo que tendría que estar reunido de manera extraordinaria en Consejo de Gobierno, se enfrentó y se expuso de manera descontrolada a sus contradictores. En ese trance, se olvidó del derecho a la protesta y la rebeldía anti estatal, que él mismo promulgó –con armas en la mano– décadas atrás.

Así, en un trance de acción individualista que devela lo que tanto le han criticado en otros escenarios –su liderazgo individualista–, perdió lo ganado unos días atrás, al dar señales inequívocas de que el servicio Transmilenio, su tarifa y contratos, hay que mejorarlos en beneficio de toda la ciudadanía.

Pero no sólo se equivocó él, también le sucedió a quienes, consciente o inconscientemente, impulsaron la jornada de protesta –o colaboraron a su radicalización– y la llevaron hasta el extremo de la denuncia del alcalde como un neoliberal sin posibilidad de corrección.

Los que así actúan se equivocan de cabo a rabo, toda vez que el enemigo principal no es el alcalde, el cual –y su administración– ha dado muestras innegables de querer llevar a cabo una administración de puertas abiertas, dialogada, movilizadora de la ciudadanía para enrutar la urbe en muchos de sus destinos controlados –a pesar de las dos administraciones del Polo– por los mismos de siempre.

La oportunidad es única, y se debe actuar. Con los ciudadanos indignados se debe iniciar un proceso de debate sobre las posibilidades técnicas de aquellas medidas susceptibles de ser implementadas en el corto plazo, y cuyo objetivo no puede ser distinto al de paliar algunos de los efectos más nocivos del sistema de transporte vigente. Y, diferenciarlas de aquellas estructurales, y de largo plazo, en las que la consideración y valoración del tiempo y confort de los usuarios del transporte público sean de verdad el centro de la acción.

Y hay espacio para actuar. Si más del 60 por ciento de los viajes del transporte masivo los cubren aún los buses y busetas, es claro que buena parte de la solución a los problemas de movilidad residen en una regulación fuerte de la forma como circula y es utilizado esta parte del parque automotor. Revisar el proceso de sectorización de la ciudad y racionalizar el uso de estos vehículos no puede ser una tarea imposible. Es claro que el uso de las vías públicas ha sido un ejemplo de que lo privado no es, por principio, superior a lo estatal ni a lo colectivo, y ya va siendo hora de demostrar que el ejercicio del poder en función del interés ciudadano es posible entre nosotros. Y se puede actuar.

Para este tipo de giros hay espacio, apoyo y simpatía en el país, así lo demostraron quienes protestaron el 9 de marzo. Un giro que rompería con la imposición de los comerciantes del transporte, que por décadas han impuesto sus intereses –con el beneplácito estatal–, perjudicando a la mayoría. Ya es hora de revertir la situación.

No hay que olvidar que en el caso del transporte de pasajeros, en Colombia se llevó a cabo una privatización temprana que nunca permitió implementar soluciones colectivas. El desmonte de los ferrocarriles en la comunicación intermunicipal y la ausencia de sistemas de gran escala en las ciudades, no son un producto del azar, sino de la parcelación de un mercado y su entrega a cotos de caza privados que los han usufructuado en su beneficio. ¿No es hora de pensar en grande? Pues bien, cuando decimos –pensar en grande– no nos referimos a la monumentalidad de la intervención, sino a la utilidad y objetivo de la misma, es decir, a la primacía del interés social sobre el particular.

En esta lucha, y como lo enseña la Ciencia Política, no hay que olvidar que en un territorio dado cada periodo señala con claridad el enemigo por enfrentar, sobre el cual se deben concentrar todas las fuerzas de quienes son sus opositores. Ese es uno de los axiomas de esta Ciencia. La pregunta es obvia: ¿en Bogotá y en el actual periodo, para los sectores que se autodefinen como de izquierda, el enemigo principal es el actual alcalde?

Si alguien así piensa, no hay duda que está totalmente errado. Si se evalúa lo sucedido el 9 de marzo, la manera como se desenvolvieron los hechos, no queda duda que allí aprovecharon, para atizar lo que ya había tomado cuerpo, sectores de derecha, accionando hasta crear o propiciar caos. Si así fuera, no es ilógico preguntar, ¿por qué sucedió esto? Pero además, ¿quién se beneficia en mayor medida de lo ocurrido?

Los hechos ya están consumados, y lo único que queda por hacer de parte de las fuerzas políticas es valorar el escenario y tomar decisiones colectivas sobre el qué hacer en la coyuntura en que se encuentra la ciudad. La enseñanza de lo que está ocurriendo con Transmilenio –durante 8 años de Polo no se contó con espacio ni voluntad para remediar lo hecho por la administración Peñalosa– es clara: hay que movilizarse por la renegociación temporal de los contratos, por la reducción de la tarifa, por el mejoramiento del servicio en todas sus etapas, y por un viraje estratégico en la propiedad del servicio, hasta hacerlo totalmente de quienes habitan en la capital del país.

Este es el camino por seguir. Errar no es posible en esta coyuntura histórica, pues acá se están definiendo las rutas del mañana. Acrecentar el poder de las clases subordinadas, dar voz e imagen a los invisibles, son las verdaderas tareas de la izquierda y en eso, a pesar de las diferencias que puedan existir acerca de los objetivos específicos o en las estrategias para los logros de lo popular, hay que estar unidos. Las diferencias reales que subsisten al interior de la izquierda no pueden confundirse con los apetitos personales ni llevarla a la inmovilidad ni a favorecer a los amigos del statu quo. Hay un espacio para la grandeza y quienes lo ocupen de verdad serán quienes se inscriban en la memoria de la gente, como hacedores de sociedad y de futuro. 
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 El régimen marroquí, un mal ejemplo y un pésimo aliado
El pasado Febrero tuve dos gratas conferencias en una prestigiosa universidad de Colombia con motivo de la conmemoración del XXXV Aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), al margen de las mismas compartí café, invitado por varios profesores, estudiantes, siendo patente el interés de los académicos por el conflicto en al Sahara Occidental.
 
Al fragor de aquel debate franco y sincero entre un servidor, nómada y africano, llegado del más inhóspito desierto del mundo y los hijos e hijas de una hospitalaria nación latina de clima tropical como es Colombia, las mil y una similitudes no tardaron en aflorar. Empezando, por la inexistencia de barreras comunicacionales, al compartir el español como idioma materno, extremo este desconocido por algunos de mis interlocutores hasta ese momento. Aproveché para comentarles, por ejemplo, que tal como protagonizaron los Colombianos hace más de 200 años, cuando declararon su independencia, tras su rechazo de algunos al dominio colonial de la Corona Española, el pueblo Saharaui no acepta hoy, las pretensiones de corte expansionista de una monarquía feudal como la marroquí, que ocupa ilegalmente parte de nuestro territorio y que pretende, a fuerza de los hechos consumados, quedarse con un país que no es suyo en pleno siglo XXI.
 




Me explico: La Corte Internacional del Haya en un fallo histórico emitido el 16 de Octubre del 1975 le negó a Marruecos y a Mauritania sus pretendidas demanda soberanistas, dejando muy claro, que el legitimo titular de dicho territorio es únicamente el pueblo Saharaui y solo a él, le corresponde el ejercicio de su derecho a la autodeterminación e independencia. Desoyendo aquel veredicto, cuya violación sigue pesando en la conciencia mundial, Marruecos invade por la fuerza bruta a mi país, acto que conllevó sendas protestas del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, que en su resolución 34/37 del 21 de noviembre del 1979, califica a Marruecos de estado ocupante, le llame a retirar sus tropas militares del territorio y a abstenerse a no entorpecer el proceso de descolonización en marcha.
 
El pueblo Saharaui debo decir, nunca estuvo solo en estos difíciles 36 años de resistencia anti colonial y en contra de la ocupación. Cuando nuestra población huía de sus casas y ciudades victimas del feroz bombardeo de la aviación marroquí, muchos países de la región reconocieron a la recién proclamada República Saharaui. Una respuesta política y de condena clara a la ilegal ocupación y acorde, al respeto del derecho del pueblo Saharaui a la independencia. Con la excepción de Argentina, Chile y Brasil, en su momento bajo férreos regímenes militares, el resto de los países Latinoamericanos procedieron a establecer de modo paulatino, relaciones diplomáticas con el joven estado Saharaui. En este marco el gobierno de Colombia encabezado por el Presidente Belisario Betancurt, tomó la misma decisión precisamente el 27 de febrero del 1985 saludando el Noveno Aniversario de la creación del Estado Saharaui.
 
Y Argelia?, venía a interesarse uno de los presentes en aquella grata charla. Cabe señalar que a diferencia del argumento marroquí obsesivo e insultante a la inteligencia, de que Argelia pretendiera con su ayuda a la causa saharaui una “salida al mar”; –como si el mediterráneo no bañara cientos de kilómetros de sus costas y puertos– no consta registrada ante ningún organismo internacional, demanda alguna de Marruecos a su vecina Argelia por ningún diferendo fronterizo.
 
Simulando entender la perversa lógica marroquí, a Argelia le habría interesado en este caso guardar silencio ante los atropellos de su monarquía a la legalidad internacional, a cambio del paso por Marruecos de su primer gaseoducto a Europa, en cuyo concepto por cierto, Marruecos embolsa cientos de millones de dólares anuales. De hecho el segundo gaseoducto inaugurado en el año 2011, ante la fuerte demanda europea por su acuciante déficit energético, conecta directamente Argelia con España.
 
Argelia ayudó a todos los procesos de liberación en contra de la presencia colonial y lucha contra los sistemas dictatoriales en el mundo. Basta recordar su irrestricta posición por la democracia en Sudáfrica, Chile, Argentina, o su intachable posición de principios por la independencia de Palestina, Namibia, Angola, Vietnam y Timor Este. El Sahara Occidental, no podía ser la excepción, siendo por lo demás, una nación vecina.
 
Otra cosa bien distinta –y es lo que inútilmente suelen ocultar los osados diplomáticos de ese país– es que el cierre de sus fronteras con Argelia haya sido motivado por la permanente amenaza a esta última, del tráfico de drogas y el apoyo al terrorismo provenientes de Marruecos, como parte de su probada obsesión en desestabilizar a sus vecinos. Las otras dos fronteras del dicho reino son, con el Sahara Occidental, que violentó militarmente y con Europa, cerradas a cal y canto, no solo porque Marruecos, no sea parte del Tratado Schengen, sino que por las mismas razones, es fuente de tráfico ilegal de personas y Hachís, del que es el primer productor y exportador mundial. Claro, no disponer de recursos naturales pero si, de tanto Hachís, ha tenido graves efectos secundarios, el primero de los cuales ha sido la constante alucinación de la monarquía feudal marroquí con quedarse manu belis, la riqueza de los demás.
 
Recordemos aquí, que tan solo por el pillaje de los recursos naturales y marítimos saharauis, Marruecos recibe millones de euros al año de la Unión europea. No es descabellada pues la calificación por parte de la prensa internacional al su monarca, como “el rey de la piedra fosfórica” en referencia a la suculenta cartera que embolsa por la explotación ilegal de los fosfatos del Sahara Occidental (3, 500,000 toneladas al año a 300 dólares la tonelada) y lo clasifica, en ser uno del hombres más ricos del mundo, en un país donde los niveles del analfabetismo rozan el 50 por ciento.
 
La República Saharaui y Marruecos después de 16 años de cruenta guerra que ha dejado un panorama humano desolador con cientos de miles de refugiados y exiliados, aceptaron la realización de un Referéndum de autodeterminación auspiciado por las Naciones Unidas y la Unión Africana, a cuyo fin se dispuso de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum de Autodeterminación en el Sahara Occidental (MINURSO). Plebiscito que la comunidad internacional nos ha prometido y que 20 años después, sigue incapaz de hacer cumplir a Marruecos.
 
Y Colombia preguntaba otro de los amigos presentes. El gobierno marroquí, en esa deriva de intentar falsear la realidad y si no puede, peor para la realidad, mintió al Gobierno de Colombia e intento hacerlo a otros tantos en la región. En los noventas encabezó una campaña financiada por sus lobys dólares, en cuya nómina dispuso de destacados líderes políticos de España y de otros países, aprovechando de sus excelentes contactos y relaciones en América Latina, para que intercedieran en su nombre ante dichos gobiernos, supeditando su compromiso con el Referéndum y sus resultados, a que estos “congelaran” sus relaciones con la R.A.S.D. Una vez concluido el proceso de identificación de votantes y con unos números en mano que le abocarían irremediablemente a perder dichos resultados, Marruecos se retracta de lo pactado y asumido hasta ese momento, ante la Comunidad Internacional y echa por tierra cualquier esfuerzo tendente a celebrar dicha consulta.
 
Deseo que con el actual Gobierno, Colombia retorne al consenso Latinoamericano y aproveche, la oportunidad histórica de estar en uno de los órganos de decisión más importantes del mundo y donde comparte membrecía con países amigos de la R.A.S.D para sumarse, enviando un claro mensaje de que, solo sobre el respeto a la legalidad internacional incluido el inalienable derecho de los pueblo a la autodeterminación e independencia, podremos construir un mundo mejor.
 
La anterior opinión es mayoritariamente consolidada en amplios círculos político, académicos y diplomáticos en Bogotá, a pesar de la maquinaria de presión marroquí, para la cual curiosamente suelen recurrir aquí y allá, a supuestas “plumas especializadas”, que aún a cuesta de desprestigiar la credibilidad de sus autores, falsean los datos históricos y aventuran escenarios de solución ya rechazados por la comunidad internacional por su choque frontal con la legalidad y la justicia. 
 
Desde este espacio me solidarizo con todos los que en Colombia por su posición política, en relación al tema del Sahara Occidental: Representantes, Senadores, Periodistas y ciudadanos comunes; me hayan expresado haber sufrido el acoso y presión desmedida, por parte de representantes marroquíes y muy especialmente del embajador del reino de Marruecos en Colombia. A todos ellos, mi aprecio e infinita consideración.
 
El régimen marroquí se encuentra aislado. Es el único país del continente Africano que no es miembro de la organización regional, la Unión Africana (U.A), como los fueron en su día los regímenes del Apartheid y el de Pinochet.
 
Human Rights Watch , Amnistía Internacional y el mismo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, documentan y condenan anualmente a Marruecos por las fragantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, contra la población civil saharaui y por el bloqueo al que tienen sometido el territorio y su población a la entrada de periodistas independientes y observadores internacionales.
 
*Diplomático Saharaui. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
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Miércoles, 21 Marzo 2012 06:18

En Lima se reúne la derecha latinoamericana

En Lima se reúne la derecha latinoamericana

La Fundación Internacional para la Libertad que preside el escritor  Mario Vargas Llosa y que agrupa a  políticos e intelectuales de la derecha latinoamericana ha organizado un cónclave político denominado “América Latina, Oportunidades y desafíos”, que se desarrollará hoy martes 20 de marzo,  en los exclusivos ambientes de Universidad de Lima  donde se darán cita ex jefes de Estado que tuvieron la responsabilidad de aplicar las políticas neoliberales diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,  en varios países de nuestra América.


La convocatoria queda deslucida al leer la invitación en la que aparecen  los nombres de cinco ex Jefes de Estado de triste recordación por los pueblos latinoamericanos pues desde la presidencia exhibieron conductas reñidas con la ética, la verdad y la justicia, es decir, políticos cuestionados y solicitados algunos de ellos  por los tribunales internacionales  por violaciones recurrentes a los derechos humanos  contra  pueblos que vivieron  en vilo durante sus años de gobierno. Serán estos personajes quienes revisen el momento que vive América Latina en crisis mundial y pasen revista  a los gobiernos democráticos y populares que ellos han denominado “neopopulismo”.


En los últimos días hemos visto cómo algunos de los invitados han hecho uso y abuso de los medios de comunicación para criticar a sus anchas a los gobiernos que consideran opuestos a su pregonada “libertad” que defienden.  Es el caso de Alberto Lacalle, ex mandatario de Uruguay y líder del partido de derecha PAN creado en 1836 y que junto al Partido Colorado compartieron el poder en nombre del sistema bipartidista, por largos años.   En la entrevista que el diario La República realizó aLacalle,  éste  ataca al gobierno de izquierda del Presidente José  Mújica y otros de la región suramericana. Así refirió al Presidente actual: “No tiene costumbre de trabajo continuado, las propuestas las formula sin preparación, y después que las formula no las sigue nadie (…). Es un gobierno ideologizado de izquierda, y  él es pragmático. Prefiero un sistema político democrático y de libertades que se equivoque, a una dictadura y  tupamaros que se equivocan”.  Al finalizar,  sopesó el momento y  arremetió  contra el gobierno socialista de Venezuela al considerar  a Chávez como una amenaza para la estabilidad política de América. Con odio de clase señaló: “Chávez es un azote... ¡Qué horror! América Latina más se caricaturiza a sí misma, porque después creen que todos somos iguales”. 


Mario Vargas Llosa ha invitado a uno de los  ex Presidente más intolerantes que se recuerda, Álvaro Uribe Vélez, que ejerció el gobierno de Colombia por ocho años y que mantuvo relaciones accidentadas con los gobiernos de Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Impulsor del paramilitarismo en Colombia para la detención, desaparición y asesinato de centenares de dirigentes sindicales, periodistas y estudiantes por lo que está siendo investigado,  promotor de diversas acciones belicistas como la Operación Fénix de las Fuerzas Armadas colombianas dentro del territorio ecuatoriano en la que murieron  dirigentes  de las  FARC,  impulsor de bases militares en territorio de Colombia  para el uso de las tropas norteamericanas con el fin de controlar, vigilar y monitorear América Latina.


Otro de los asistentes a la citada  cumbre es Vicente Fox, ex mandatario mejicano del PAN, actualmente  acusado por graves hechos de corrupción al rebelarse expedientes secretos que muestran que tras seis años de gobierno, una empresa familiar llegó a convertirse en una de las compañías productoras de software más poderosas de México, con ingresos que alcanzan casi 100 millones de dólares; Jorge Quiroga, ex Presidente de Bolivia, formado con los preceptos curriculares de los Estados Unidos y heredero político del dictador Hugo Bánzer, justificó el Plan Cóndor,  operativo de represión anti-izquierdista de los años 70 y  Alberto Lacalle, ex Presidente del Uruguay, operador del brutal paquetazo neoliberal de 1990 similar al de Fujimori y Menem.


Todos este “connotado” elenco de políticos de la burguesía se unirán a Carlos Alberto Montaner Suris, conocido vocero imperialista con prácticas constantes  contra  la Revolución cubana dirigidas por la CIA, disidente que apuesta pública y secretamente por una invasión norteamericana para resolver, dice, el problema cubano, es bueno señalar que a partir de los años ochenta, intenta cambiar su imagen  e ingresa al mundo político cultural  donde comienza a  promover  congresos de intelectuales disidentes en Europa y América Latina en  su propósito de movilizar a personalidades contra Cuba. 


En este nefasto escenario,  la derecha mediática peruana estará  representada,  nada mas ni nada menos  que por  los periodistas Juan Carlos Táfur, Rosa María Palacios y Augusto Alvarez Rodrich


Precisemos,  la Fundación Internacional para la Libertad creada por Vargas Llosa,  nace en la Casa América, en la ciudad de Madrid, en octubre de 2002, en una coyuntura particular en América Latina. Recordemos que en ese año un golpe de Estado impulsado por la derecha venezolana intentó eliminar  del  poder al Presidente Chávez, pero fracasó. Pero para  males  de la estrategia extranjera, aparecen en el escenario latinoamericano nuevos líderes democráticos y socialistas,  es el caso de Lula Da Silva quien en octubre del 2002 gana las elecciones en Brasil y López Obrador en México que gana la elección para la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.


Es cierto que la derecha latinoamericana al filo de la crisis mundial se muestra inquieta, teme perder su poder y desde varios frentes,  como es el caso de la Fundación Internacional para la Libertad,  conspira de forma abierta o encubierta contra los gobiernos democráticos y populares de América Latina que avanzan, rescatan y difunden los ideales de la unidad y la integración latinoamericana y caribeña con UNASUR y CELAC, dejando atrás a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que desde su creación estuvo bajo la influencia directa de Estados Unidos.


En estos días, ha circulado un pronunciamiento con el nombre “No honra a la democracia” que los firman un grupo de intelectuales peruanos, sostienen  que el cónclave  “América Latina, Oportunidades y desafíos” no enaltecen la vida  ética y democrática en el Perú. 


Sostengo personalmente que en esta coyuntura, dicho cónclave  no es fortuito,  su realización tiene un profundo interés cual es dividir y confundir la conciencia de los pueblos de América Latina, como antes lo hiciera  la oligarquía  latinoamericana,  junto a Inglaterra y los Estados Unidos, hace doscientos años.  Hoy, la derecha en América Latina intenta cambiar el nuevo escenario latinoamericano; reglar al Presidente Ollanta Humala a fin de alejarlo del pueblo que lo llevó al poder;  impedir la victoria electoral del presidente Chávez  en el afán remoto de que la derecha gane las elecciones el 7 de octubre de 2012  y persistir y fortalecer  la maquinaria de guerra contra Siria e Irán.


Lima, 20 de marzo de 2012.
Linda Lema Tucker es socióloga y escritora peruana.
 

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Sábado, 17 Marzo 2012 08:15

El ala reformista se impone en China

El ala reformista se impone en China
La dramática caída de Bo Xilai, defenestrado como secretario general de la megametrópolis china Chonqing esta semana, es una victoria para quienes buscan profundizar la liberalización económica. Xi Jinping será el sucesor de Hu Jintao.

Con la elección de un nuevo presidente y secretariado general a la vista, la lucha por la sucesión en China está al rojo vivo. La dramática caída de Bo Xilai, defenestrado como secretario general de la megametrópolis china Chonqing esta semana, es una victoria para el ala reformista que busca profundizar la liberalización económica.

Bo Xilai era el adalid de la Nueva Izquierda y de un neomaoísmo, que buscaba combinar apertura económica, crecimiento y justicia social. Su éxito en el municipio de Chonqing –una virtual nación de más de 30 millones de habitantes, que tuvo un crecimiento del 16 por ciento el año pasado y está llevando adelante un gigantesco programa social– era el trampolín político para acceder al secretariado general, que renueva siete de sus nueve puestos en el congreso partidario de octubre-noviembre. El anuncio este miércoles de su defenestración se hizo después de que el primer ministro Wen Jiabao advirtiera en una conferencia de prensa de tres horas que China podría repetir los traumáticos sucesos de la Revolución Cultural si no avanzaba en una reforma política y apuntara directamente a errores cometidos por Bo Xilai.

En el hermético mundo político chino, esta advertencia pública equivalía a un pedido de renuncia. Los “errores” de Bo Xilai se referían a un rocambolesco episodio con todo el aspecto de maniobra política para sacarlo del medio. El 6 de febrero, su mano derecha en la campaña anticorrupción (Da hei, “golpear negro”), el ex jefe de policía Wang Lijun, acusado de “excesos”, pasó varias horas en el consulado de Estados Unidos de la vecina provincia de Chengdu, aparentemente para pedir asilo.

Nadie espera una aclaración oficial de un episodio que revela fuertes fisuras internas en la dirigencia. Según los analistas, Bo Xilai intentó librarse de Wang Lijun al enterarse de una investigación que se le estaba haciendo al policía por corrupción, investigación que el ahora ex secretario general de Chonqing interpretó como un tiro por elevación de los liberales hacia su figura. Su suerte, sin embargo, pareció echada cuando un multimillonario de Chonqing, Li Jun, denunció que había sido arrestado y torturado durante tres meses por la policía de la municipalidad en el marco de la lucha contra la corrupción que llevó al arresto de más de 3 mil personas, entre ellos empresarios, jueces y miembros del Partido Comunista.

Bo Xilai sigue formando parte del selecto Politburó, compuesto por 24 miembros, pero sus chances de acceder al secretariado general han quedado seriamente comprometidas. Hijo del general Bo Yibo, lugarteniente de Mao Tse Tung y considerado uno de los ocho padres del Partido Comunista, Bo Xilai apostó sus fichas a combatir y promover su modelo “Chonqing” que roció con canciones rojas (Chang hong) que reivindicaban la mística igualitaria maoísta y desenterraban el traumático fantasma de la Revolución Cultural.

Este modelo ha sufrido un duro golpe, pero los problemas que plantea siguen en pie. Desde 2000, China no publica índices del coeficiente Gini de desigualdad. Ese año, el coeficiente era 0,412, superando al de Estados Unidos. Muchos académicos chinos estiman que hoy supera el 0,5 (la escala va de la igualdad absoluta del 0 a la máxima desigualdad del 1). Según un reciente informe conjunto del Banco Mundial y un think tank chino, China es el país más desigual de Asia. En un gesto que mostraba sus credenciales políticas, Bo Xilai se había comprometido a publicar el coeficiente de desigualdad del municipio de Chonqing.

Su caída no parece afectar la elección del hasta ahora aparente heredero de Hu Jintao: Xi Jinping. El actual vicepresidente de China acaba de visitar Estados Unidos, donde fue recibido como el próximo presidente y secretario general del Partido Comunista. Xi Jinping reveló poco en su viaje, pero aparece alineado con el “ala izquierda” del partido. Un alarmado artículo del matutino conservador británico Daily Telegraph lo pintaba recientemente como un “irredento comunista”.

En este contexto, la caída de Bo Xilai puede interpretarse como un mensaje indirecto a Xi Jinping. Según el académico chino de la Universidad de Nottingham, Shujie Jiao, el resultado a nivel político será la inmovilidad. “Desde ya que no significa el fin de la reforma o de la política de puertas abiertas, pero congelará la reforma política y alentará la connivencia entre el gobierno y las empresas. Empeorarán la corrupción y la desigualdad social, pero no se puede considerar un triunfo de la derecha sino más bien una llamada al inmovilismo”, señaló Shujie Jiao.
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