El capitalismo gansteril es producto del crecimiento desenfrenado del capital financiero, cuya avidez de ganancias le ha llevado a desbordar todos los diques legales y morales. Su evolución exponencial ha venido asociada a la desregulación de los flujos de capital, a la decadencia de los estados y a la ruptura de las formas tradicionales de funcionamiento y acumulación de las empresas.

El investigador argentino Jorge Beinstein, en su ensayo titulado La gran mutación del capitalismo (ALAI, 2000), ha rastreado el surgimiento y diseminación de ese lumpencapitalismo, particularmente en lo que concierne al rubro de las drogas psicoactivas. En su estudio escribe: “La expansión mafiosa de los años 90 constituye un dato decisivo del proceso de globalización neoliberal. Un indicador claro de la misma es el tráfico de drogas cuyo ingreso anual mundial era evaluado a mediados de esa década en unos 500 mil millones de dólares, dicho monto ha estado aumentando de manera acelerada.

Una estimación conservadora situaría el nivel actual de ventas mundiales de drogas en torno de los 700 mil millones de dólares”. Los países periféricos participan marginalmente del negocio. Colombia, conocida como la principal nación proveedora de cocaína a nivel mundial, percibe únicamente un 2-3 por ciento del gran pastel del tráfico de estupefacientes; ingreso que, sin embargo, ha permitido a la dirigencia de la hermana república sustentar una poco presentable “narcodemocracia”.

¿Cómo explicar la dinámica de la narcoeconomía? En cuanto a la demanda, raíz íntima del narcotráfico, la cuestión es inequívoca: se sustenta medularmente en las calles y bares de las megápolis primermundistas (Los Angeles, Londres, Tokio, etc.). El control de la oferta, en cambio, es más complejo, aunque resulta incuestionable que la cabeza del Leviatán se encuentra en las metrópolis y, específicamente, en el “planeta financiero”.

En su libro Drogas y narcotráfico en Colombia (Planeta, Bogotá, 200l), Alonso Salazar abunda en informaciones sobre el rol de los poderosos e intocables sistemas bancarios de los países del G-8 en el tráfico internacional de narcóticos de origen natural. Dados estos antecedentes, ¿cómo explicar que la cruzada contra las drogas naturales se libre en países como los andinos y no en sus verdaderos santuarios? Plan Patriota: máscara para el control social y territorial Tres aproximaciones no excluyentes sirven para responder a esa interrogación.

La primera, referida a la necesidad del capitalismo mafioso de preservar los siderales precios de las drogas restringiendo la oferta. El Plan Colombia/IRA/Plan Patriota –o como quiera denominársele- tendría esa teleología. La segunda tiene que ver con la confluencia de intereses – algunos investigadores hablan de metástasis- del capitalismo delincuencial con las gigantes corporaciones transnacionales y con el poder político metropolitano.

Una simbiosis que apunta a profundizarse a la sombra de los TLCs que con tanta fruición impulsan Washington y Wall Street en nuestro subcontinente para el logro de inconfesables metas geopolíticas. La tercera se relacionaría con cierto pudor del establecimiento político mundial que le conduce a exorcizar sus culpas en el protervo negocio endosando la responsabilidad de las mismas a carteles tercermundistas caídos en desgracia o a los náufragos de la mundialización del capitalismo, como los campesinos e indígenas de los Andes. Sectores sociales estos últimos tipificados por el Gran Hermano y sus acólitos nativos como “criptoterroristas” después del memorable 11 de septiembre del 2001. Por: René Báez, International Writers Association

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La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" se solidariza con estos dos periodistas, directores de medios alternativos e invita a todas las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, a enviar sus pronunciamientos a las autoridades competentes, sin olvidar el deber de rodearnos en nuestro compromiso de ser con mucha más fuerza, la voz de los que no tienen voz.

Bogotá- mayo 17 de 2005- Ayer 16 de mayo hacia las 4:00 de la tarde llegó un ramo de flores a la sede del SEMANARIO VOZ (Órgano informativo del Partido Comunista Colombiano) que traía una dedicatoria así: “de la familia Montoya para el sepelio de Carlos Lozano”, quien es el director del prestigioso Semanario y quien ha recibido varia amenazas por años.

El hecho forma parte de una ola de persecución y terror que viven las diferentes organizaciones de izquierda, sociales y de derechos humanos, ya que también el periodista Holman Morris, director del programa CONTRAVÍA, recibió un ramo similar al que recibió Carlos Lozano. Cabe agregar que en las últimas semanas se han agudizado los hostigamientos contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, pues su presidenta Soraya Gutiérrez, también recibió esta semana una muñeca descuartizada, y en donde se amenazaba a su familia.

El SEMANARIO VOZ condena y rechaza este y todas las demostraciones de terror a las que tienen que someterse los dirigentes populares y sociales, así como a los periodistas alternativos, quienes se han atrevido a denunciar los abusos de la autoridad y las demás informaciones que son escondidas por el Gobierno Nacional y tergiversadas ante la comunidad nacional e internacional.

El SEMANARIO VOZ invita a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas y sociales a rechazar enérgicamente estas intimidaciones, que pretenden callar los únicos canales del pueblo para denunciar. Nadie callará la VOZ DEL PUEBLO, todo lo contrario seguiremos adelante denunciando y trabajando

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Nadie puede negar, ni ocultar el contundente éxito que significa para el país los resultados de la CONSULTAR POPULAR realizada el pasado 6 de marzo en 6 municipios del Departamento del Cauca. Los resultados están a la vista y corroboran la decisión inequívoca de rechazo del pueblo frente al TLC entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Lo decidido en las urnas de la consulta popular, convoca a los colombianos y colombianas a realizar una consulta popular nacional frente al TLC para defender y reclamar este nuestro país. Por eso, por temor a la expresión democrática popular autónoma se preocupa el alto Gobierno y reaccionan los voceros en su nombre. No tienen tolerancia para la democracia. Como era de esperar, las declaraciones del Gobierno son una OFENSA y una AMENAZA contra los Pueblos Indígenas, Campesinos y Sectores Populares comprometidos con la Consulta Popular y la Democracia. En síntesis, LOS VOCEROS DEL GOBIERNO ENGAÑAN LA OPINIÓN PÚBLICA Y LE MIENTEN AL DECIR:

1. Que los indígenas no entienden el TLC y por eso votaron sin comprender. En otras palabras, que más de 50.000 consultados, son incapaces de saber lo que decidieron. Es el viejo tratamiento arrogante y racista que considera a los indígenas y campesinos SERES INCIPIENTES E INCAPACES.

2. Que detrás de estos seres incapaces hay unos manipuladores oscuros que los mueven desde el miedo. Es decir, QUE, PARA EL GOBIERNO, EL TERRORISMO ESTÁ DETRÁS DE ESTA CONSULTA POPULAR. En palabras de los voceros: HERNANDO JOSE GOMEZ, Jefe del equipo negociador del Gobierno Colombiano frente al TLC: "reconocemos que ha fallado la comunicación con los indígenas y por eso creen que el TLC es nocivo para ellos, pero lo vamos a mejorar, vamos a elaborar unas cartillas y a través de talleres empezaremos a ilustrarlos para que conozcan sobre el tema, para nosotros los indígenas son sagrados, así que no se preocupen".

ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, Ministro de Agricultura. "yo me temo que hay algunos sectores que están aprovechando el miedo, del miedo que ya empezamos a derrotar en la lucha contra el terrorismo para infundirlo a través del TLC y se han aprovechado de las comunidades indígenas. "el TLC no es ningún fantasma como si lo es el terrorismo al cual ya empezó a derrotar el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez". " no tienen que temer porque es que esto no es un fantasma. Lo que pasa es que cuando el gobierno empieza a derrotar el verdadero fantasma que azota el agro y que es el terrorismo, ese si es el verdadero fantasma, y ya lo empezamos a derrotar, empiezan unas voces opositoras a inventarse otros fantasmas para infundirle miedo a nuestros productores rurales, pero no podemos ceder en eso, no podemos caer en esa ilusión". Para el Ministro de Agricultura hay unos sectores ocultos que promueven el terror.

Hoy Miércoles 9 de Marzo, a las 7:30 a.m, acudió el señor Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS a nuestra emisora comunitaria Radio Payumat con la intención arrogante de revelarle "la verdad" del Gobierno a los pueblos incipientes. A la cita asistieron las Autoridades Tradicionales con la vocería de la Consulta Popular frente al TLC. El Ministro escuchó para su sorpresa un mensaje de la organización indígena y de las comunidades participantes de la Consulta exigiéndole por su conducto al Gobierno Nacional que presentara disculpas y una rectificación formal y pública del insulto y amenaza proferidos en los últimos días por voceros del Gobierno. Le aclararon los líderes indígenas que una vez hecha esta rectificación a satisfacción de las comunidades, se podría proceder a la realización del POSTERGADO DEBATE PÚBLICO entre el Pueblo y el Gobierno al que se ha invitado recurrentemente al Presidente desde el CONGRESO ITINERANTE de Septiembre 13 al 18 de 2004.

Las comunidades no permitirán que el insulto y las amenazas queden impunes. Se le recordó al Ministro la amenazadle Gobierno a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó frente a la cual, tal como sucede en nuestro caso, el Presidente Uribe aseguró que existían fuerzas oscuras del terrorismo detrás de estas comunidades de Paz. El resultado fue la masacre de inocentes por parte de fuerzas del Estado en los últimos días y ahora, la ocupación militar. Estas amenazas del Gobierno no pueden ser ignoradas. Ante el requerimiento de las Autoridades el señor Ministro solo atino a decir: "¡no no, yo en ningún momento he dicho eso", "yo lo que he dicho es que tengamos un acercamiento para aclarar cosas con ustedes", "en donde obviemos las ideologías políticas y aclaremos las cosas", "yo lo que he dicho es que hay que combatir el terrorismo, en esto esta empecinado el señor presidente sobre todo en el Cauca", "los invito a que nos sentemos y aclaremos el tema a esto es a lo que estamos dispuestos".

En sus palabras y tal como consta en las citas textuales que transcribimos arriba de un Comunicado de Prensa de la Presidencia, el Ministro dice ahora que no dijo lo que dijo. Ante la negativa del señor Ministro a retractarse a nombre del Gobierno y reconocer el insulto y la amenaza contra el Pueblo, las Autoridades Indígenas ratifican que una vez el Gobierno reconozca y rectifique el insulto y la amenaza proferidas, aceptan participar en un DEBATE PUBLICO EN DONDE NO SOLO ESTEN INDÍGENAS, SINO LOS CAMPESINOS Y SECTORES POPULARES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE CARA AL PAÍS, COMO LO ORDENA EL MANDATO DEL CONGRESO INDÍGENA Y POPULAR. En cuanto al resultado de la consulta del pasado 6 de marzo, se le recordó que este es un MANDATO del pueblo, por lo tanto ES UNA DECISIÓN DEMOCRÁTICA FINAL NO NEGOCIABLE. Le exigimos al Gobierno nacional que convoque, como le corresponde, una CONSULTA NACIONAL POPULAR FRENTE AL TLC, COMO LA QUE ACABA DE REALIZAR EL PUEBLO EN EL ORIENTE CAUCANO. MANDATO INDÍGENA Y POPULAR, marzo 09 de 2005, Departamento del Cauca

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De la excepcional jornada del domingo 6 de marzo, convocada por las organizaciones populares que conforman el Congreso Itinerante de los Pueblos en el Oriente Caucano debe resaltase: 1. Votaron 51,330 personas en los municipios de Inzá, Páez, Silvia, Caldono, Jambaló y Toribío. Sobre la base de una población electoral máxima registrada de 68,448 personas en los 6 municipios, se esperaba, en los cálculos más optimistas, que votaran unas 40,000, lo cual habría estado por encima de la participación electoral histórica en estos municipios. La votación en las elecciones para los actuales alcaldes municipales fue de 39,900 personas después de costosas y largas campañas. 2. El 89,51% de quienes votaron eran mayores de 18 años, para un total de 45,943 votos. 5,387 jóvenes entre 14 y 17 años votaron en urnas separadas, es decir un 10,49% de participación. 3. A nivel de cada municipio, este rotundo NO AL TLC quedó discriminado así: PAEZ: Población Total: 29385, Población Electoral: 14000, Votos NO: 8871, Votos SI: 146. TOTAL: 9194. INZÁ: Población Total: 22000, Población Electoral: 10000 , Votos NO: 7399, Votos SI: 213. TOTAL: 7705 CALDONO Población Total: 32500, Población Electoral: 11000 , Votos NO: 7555, Votos SI: 46. TOTAL: 7667 SILVIA Población Total: 41236, Población Electoral:15281, Votos NO: 8809, Votos SI:79. TOTAL:8907 JAMBALO Población Total:14148, Población Electoral: 7000, Votos NO:6028, Votos SI: 66. TOTAL: 6121 TORIBIO Población Total: 32673, Población Electoral: 11167, Votos NO: 11721, Votos SI: 141, TOTAL: 11913 CONSOLIDADO: Población Total: 171942, Población Electoral: 68448, Votos NO: 50305, Votos SI: 691. Total: 51330. 4. La transparencia y legitimidad de este proceso de consulta diseñado por las organizaciones campesinas e indígenas fue verificada por veedores y veedoras nacionales e internacionales de los más diversos sectores incluyendo representantes de la iglesia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones de mujeres y ambientalistas, sindicatos, académicos e investigadores, periodistas, senadores y representantes a la cámara. Además de verificar todo el proceso de votación y escrutinio, los veedores y veedoras firmaron las actas finales certificando la veracidad y transparencia de los resultados. Los hechos han hablado y el pueblo del oriente caucano ha decidido que no quiere las negociaciones y firma del Tratado del Libre Comercio para Colombia, como se vienen realizando con los estados unidos. Queda planteada desde esta palabra de los pueblos del cauca la convocatoria de consulta al resto del pueblo colombiano para que decida si está de acuerdo o no con la negociación y firma del TLC.

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Lunes, 31 Enero 2005 19:00

Una larga impunidad

Dice el senador Carlos Moreno de Caro para exculpar a los paramilitares de sus crímenes horrendos y de sus mezquinos latrocinios, y proponer que lo cobije una ley de perdón y olvido, y premio: -Es que medio país es de ellos. Sí: medio país es de ellos. Físicamente y políticamente. Por varias razones, que tal vez valga la pena enumerar antes de entregarles el otro medio país que todavía no es de ellos, como proponen personas en apariencia tan distintas y en fin de cuentas tan parecidas como Moreno de Caro y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Medio país es de ellos porque se han apoderado por la fuerza de las tierras de dos o tres millones de personas que hoy piden limosna en los semáforos de todas las ciudades del país en donde todavía los políticos locales no se han robado los semáforos. Son los llamados 'desplazados'. Colombia es, después del Sudán, el país que en proporción a su población más desplazados tiene en todo el mundo. Medio país es de ellos porque esas tierras robadas las han dedicado al lucrativo negocio de la siembra de drogas prohibidas. Además de paramilitares, son narcotraficantes. Medio país es de ellos porque están aliados con las Fuerzas Militares. Así se acaba de demostrar, frente a los políticos y los periodistas y los embajadores que llevan años negándolo, en el juicio que se le sigue al general Uscátegui por la matanza paramilitar de Mapiripán, hace seis años. Dijo el general, llorando, que no se atrevía a dar el nombre de su socio paramilitar del momento porque tenía miedo de que lo mandara matar. El militar está retirado. El paramilitar no. Medio país es de ellos porque, además de los recursos que sacan del tráfico de drogas y del robo de tierras a los pequeños propietarios, reciben auxilios de los latifundistas grandes, de los transportadores, de los comerciantes. Una vez le oí decir a un gran industrial que es a la vez latifundista que a los 'paras' les pagaba vacuna como a la guerrilla, pero "con cariño". Medio país es de ellos porque han comprado las conciencias y financiado las campañas electorales de infinidad de políticos, desde el nivel veredal hasta el nacional. Uno de los más notorios jefes paramilitares se jactaba hace un año de que dos tercios de los congresistas habían salido elegidos gracias a sus presiones y amenazas, o con su dinero. Medio país es de ellos porque el Estado mismo, representado por el presidente Álvaro Uribe, que los llama "mal llamados paramilitares", y por su ministro del Interior y de Justicia (¡qué vergüenza!) Sabas Pretelt, que les agradece en público la "donación" de unas tierras robadas para construir en ellas un club campestre en el que puedan retirarse a descansar, los reconoce como interlocutores válidos y legítimos. Interlocutores políticos: esa condición que les niega a las guerrillas. Medio país es de ellos, les pertenece, los apoya, porque, como decía el difunto doctor Darío Echandía, inútil "conciencia jurídica de la República", como lo llamaban en sus tiempos, "nada hay más respetable en Colombia que una larga impunidad". Esa larga impunidad de los paramilitares, que son impunes porque están armados, y están armados porque son ricos, y son ricos porque han robado, es la que quiere consolidar en términos jurídicos y políticos el doctor Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz.Sinceramente, yo no entiendo por qué le dicen 'alto' si se la pasa de rodillas.

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Viernes, 04 Febrero 2005 19:00

Declaración de Cartagena

“Los días 3 y 4 de febrero de 2005, se llevó a cabo en Cartagena de Indias la segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, con el fin de continuar el diálogo político y de cooperación iniciado en Londres el 10 de julio de 2003. La reunión fue instalada por el Presidente de la República de Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez, y contó con la presencia de altos representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y del Gobierno Colombiano. Por Colombia participaron en la reunión el Presidente y el Vicepresidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Consejero Presidencial para la Acción Social, quienes presentaron los avances de las políticas del Gobierno, así como en los procesos de paz, en derechos humanos y en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.

Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24, reafirmando la Declaración de Londres subrayaron la importancia de los procesos que allí se iniciaron. Adicionalmente, reconocieron los esfuerzos realizados, los mecanismos establecidos, como la Comisión de Seguimiento, y los logros obtenidos por el Gobierno de Colombia en relación con dicha Declaración. Los participantes acogieron favorablemente los puntos de vista de la sociedad civil como contribución importante a la construcción de un diálogo conducente a la paz.

Los representantes gubernamentales presentes reafirmaron su respaldo al Gobierno Colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, así como en la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas. Reconocieron los progresos que se vienen dando en un contexto democrático, mejorando la gobernabilidad, promoviendo la presencia institucional y de los organismos de control para asegurar el respeto a la ley y a los derechos humanos en todo el territorio nacional y, cuando tenga aplicación, al Derecho Internacional Humanitario.

Apoyaron los esfuerzos y reconocieron los avances en la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales, destacando la labor adelantada por el Secretario General de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Iglesia Católica, el Gobierno de México y otros países.

Exigieron a los grupos armados ilegales que se comprometan con un cese de hostilidades y un proceso de paz serio, respeten el Derecho Internacional Humanitario y todos los derechos de los colombianos, cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores y la extorsión, pongan fin a la producción y al tráfico de drogas ilícitas y liberen de manera inmediata a todos los secuestrados. En este contexto, subrayaron los beneficios que podría traer un acuerdo humanitario que se desarrolle teniendo en cuenta el Estado de Derecho y el Derecho Internacional Humanitario.

8. Resaltaron la importancia y relevancia de los procesos de desarme, desmovilización y reinserción que se han venido dando. Subrayaron la necesidad de complementar el marco jurídico vigente con legislación que permita la realización de los principios de verdad, justicia y reparación; esto permitiría además un mayor apoyo a estos procesos.

9. Resaltaron los avances y la disposición del Gobierno y de las Instituciones del Estado para trabajar en la aplicación de las Recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y les alentaron a continuar los esfuerzos a fin de obtener resultados a la mayor brevedad posible. En este sentido subrayaron la importancia de la iniciativa del Gobierno de desarrollar un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y su intención de concertarlo con amplios sectores de la sociedad colombiana, para que contribuya a la construcción de un entorno que favorezca la convivencia armónica, la justicia y la reconstrucción del tejido social. Tomaron nota de los recientes cambios en el sistema judicial, orientados al fortalecimiento de la justicia y de la lucha contra la impunidad.

10. Reconociendo los logros alcanzados, incentivaron al Gobierno a continuar con el fortalecimiento de su presencia en el territorio nacional, destacando la necesidad de reforzar las medidas existentes de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida. Hicieron un enérgico llamamiento a los grupos armados ilegales a respetar esos derechos.

11. Reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales para que cumplan las Recomendaciones correspondientes de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

12. Felicitaron al Gobierno colombiano por la reciente destrucción de las minas almacenadas por las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. Reconocieron tal medida como una expresión más del compromiso de Colombia con la consolidación del Derecho Internacional Humanitario. Exigieron a los grupos armados ilegales que cesen inmediatamente la fabricación y el uso de minas antipersonal.

13. Reconocieron los esfuerzos del Gobierno y lo alentaron a continuarlos, para mejorar las graves condiciones de la población vulnerable, en particular los desplazados, las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Manifestaron la necesidad de fortalecer la atención a esta todavía preocupante situación humanitaria. En este sentido respaldaron los esfuerzos que buscan soluciones duraderas, como el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y el Plan de Acción Humanitaria cuya concertación está por concluir.

14. Destacaron la importancia del proceso de discusión para la construcción de la Estrategia de Cooperación Internacional, en la que participaron activamente las entidades públicas nacionales, la comunidad internacional y la sociedad civil. Al mismo tiempo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar espacios de participación democrática y lo animaron a que continúe trabajando en esta vía.

15. Se comprometieron a continuar apoyando, de manera decidida y concreta, la Estrategia de Cooperación Internacional, de acuerdo con las prioridades establecidas en los seis Bloques Temáticos: "Bosques; Reincorporación a la Civilidad; Desarrollo Productivo y Alternativo; Fortalecimiento del Estado Social de Derecho y Derechos Humanos; Programas Regionales de Desarrollo y Paz; Desplazamiento Forzoso y Asistencia Humanitaria". En este contexto reconocieron el compromiso de los gobiernos con las Metas del Milenio. 16. Destacaron el apoyo brindado por la comunidad internacional y la importancia del diálogo y cooperación entre el Gobierno de Colombia y la sociedad civil en toda su diversidad, incluyendo el sector privado. Reafirmaron su compromiso con el Gobierno para seguir trabajando de forma coordinada, con la participación de la sociedad civil y los organismos internacionales pertinentes, dentro del marco del Proceso de Londres.

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Luego que la víspera Colombia dio por concluida la crisis con Venezuela y anunció un encuentro el 3 de febrero entre los presidentes de ambos países, hoy Caracas dio su "beneplácito" al comunicado de Bogotá pa-ra poner fin al impasse y retomar la normalidad de las relaciones bilaterales. El vicepresidente venezolano, José Vi-cente Rangel, calificó de "positiva" la resolución del diferendo y resaltó que "este resultado deja muy mal parado a Estados Unidos, que con sus reiteradas intromisiones quedó como metiche". Desestimó los nuevos señalamientos de Washington de que Hugo Chávez "hostiga" a la sociedad civil de su país, al apuntar que ya parece "disco rayado". Dijo no guiarse por lo que dice el Departamento de Estado, sino por la opinión del embajador estadunidense William Bronwfield, de entender que éste era un problema bilateral. El presidente Uribe, que este sábado inició una gira por la frontera colombiana con Venezuela, celebró el acuerdo que deja atrás el incidente diplomático y dijo ver con ilusión una nueva etapa en las relaciones con Venezuela para que conjuntamente, acorde con las leyes, luchen para combatir el terrorismo y otros delitos en la región. Desde Arauca oficializó la reanudación de las relaciones al enviar un saludo a Chávez, y reiteró su gratitud a los países que ayudaron en la solución del diferendo. En contraste, descalificó la lucha armada de las guerrillas por su carácter "terrorista". Ante el fuerte reclamo de Chávez por el secuestro en su país de un líder rebelde colombiano, Uribe se vio obligado a buscar la solidaridad de sus homólogos latinoamericanos, y la "mediación cubana fue muy importante, al igual que la de Brasil y Pe-rú", según se dijo. No obstante, el diario local El Tiempo subrayó que la única respuesta efectiva que Uribe encontró fue en Castro, de quien refirió que actuó "con velocidad y eficacia sorprendente" al mediar para evitar la ruptura entre Caracas y Bogotá. "El viernes 21 de enero, Castro mandó a su canciller, Felipe Pérez, a Caracas. Pérez estuvo trabajando todo el día con Chávez y regresó esa noche a La Habana con un panorama completo de lo que estaba ocurriendo entre los dos países", añadió el rotativo. El canciller informó a Castro de las intenciones de diálogo de Chávez, y pasada la medianoche el presidente se comunicó telefónicamente con Uribe en un diálogo de dos horas. Se acordó que Castro enviaría a su vicecanciller a Bogotá con una carta en que detallaba lo conversado con el presidente venezolano. La reunión tuvo lugar en una finca de Uribe en el noroeste del país, donde tras el intercambio epistolar el anfitrión también le manifestó a Castro su voluntad de diálogo. Se decidió entonces aprovechar la cumbre de cancilleres andinos en Lima, Perú, para afinar los detalles, aunque sin usar ese foro para informar del acuerdo. En tanto que el canciller venezolano, Alí Rodríguez, señalaba que se abrieron espacios para remontar la crisis, su colega colombiana, Carolina Barco, confirmó que Uribe contactó a Castro y otros mandatarios para superar el diferendo, como Brasil y Perú. Medios de prensa señalaron que Cuba jugó un papel "discreto", y que también hubo participación de España y México. Perú saludó la reconciliación entre Co-lombia y Venezuela conforme a los buenos oficios que prestaron, dijo el canciller pe-ruano Manuel Rodríguez, y hubo "satisfacción" por parte de la Comunidad Andina de Naciones, expresó su secretario general, Allan Wagner, así como de medios políticos y económicos colombianos. Isaías Rodríguez, fiscal general venezolano, declaró que continuarán los procesos judiciales contra los militares de su país acusados de haber secuestrado al líder rebelde colombiano Rodrigo Granda, pues se trata de un hecho punible que debe ser castigado. En Caracas, Chávez suscribió hoy 17 acuerdos de cooperación económica, científica y cultural con el vicepresidente chino, Zeng Qinghong. Asimismo, le expresó su solidaridad en favor de "una sola China", con Taiwán como parte de su territorio. Chávez estará este lunes en Argentina para firmar varios acuerdos de cooperación con su homólogo Néstor Kirchner.

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La CIA es uno de los principales sindicados de este magnicidio, de acuerdo a declaraciones formales hechas por su agente, John Mepples Spirito, quien confesó haber sido enviado a Bogotá en 1948 para preparar, con otros agentes norteamericanos y la policía colombiana, el complot que denominaron “Operación Pantomima”, que tenía como objetivo asesinar a quien en ese momento era la figura central de la política colombiana e indiscutible futuro presidente del país. El caso “Wolf y CIA y FBI” fue radicado en abril del 2001 en la Corte Norteamericana del Distrito de Washington D.C.. Después de tres años de litigio, el FBI, finalmente, desclasificó aproximadamente 720 páginas que, en su gran mayoría no se refieren directamente a Gaitán. Allí mismo se indica que muchos de los documentos fueron destruidos en 1972, entre los que, según el FBI, estaban los clasificados bajo el título “Situación política en Colombia – asunto de política exterior” que, según el FBI, se referían a Gaitán y su movimiento político. El abogado de Paul Wolf, el mismo investigador que logró la desclasificación de los archivos de la CIA con relación al asesinato de John F. Kennedy, adelanta en la actualidad una investigación para saber cuántas páginas fueron destruidos y si esa destrucción se hizo bajo parámetros legales, ya que bajo la norma norteamericana denominada “Federal Records Act”, las agencias gubernamentales, como el FBI, no están autorizadas para destruir documentos sin la autorización de los Archivos Nacionales. Los archivos del FBI están seriados, recibiendo cada documento un número secuencial. Las series desclasificadas incluyen seis archivos ilegibles, solo tres lo son: los clasificados bajo los números 737, 735,757, 811 y 817. En los documentos numerados entre el 737 y 817, solo parece que se salvaron 5, los otros 76 documentos parecen haber sido destruidos, quedando claramente a salvo documentos sin mucho interés. Los años de la desaparición de esos archivos coinciden con la investigación abierta en esa misma época por el Senado de los Estados Unidos (la “Church Committee investigation”), que ordenó la más significativa investigación de este tipo en los Estados Unidos sobre los crímenes de Estado perpetrados por la CIA, como fue el caso, entre otros, de Patricio Lumumba en Äfrica. Paradójicamente, el Presidente Alvaro Uribe, incondicional aliado del gobierno de los Estados Unidos, ha ordenado, por conducto de un funcionario suyo, el periodista Hernando Corral, la destrucción de los archivos documentales sobre el 9 de abril, como aparece explícita y documentalmente en los inventarios de la liquidación del Instituto creado para honrar y resguardar la memoria de Gaitán y de su movimiento político, institución que ordenó liquidar el Presidente colombiano. En su página web Paul Wolf comenta que ahora sólo hay que esperar que los documentos de la CIA aún existan. Traducción y adaptación de Gloria Gaitán Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Domingo, 09 Enero 2005 19:00

Colombia y el Plan Cóndor

No se ejecutó ninguna detención policial en base a una orden de busca y captura de la justicia colombiana, nunca lo detiene formalmente la policía venezolana a través de Interpol, ni se pide la extradición por los jueces de Colombia, ni es admitida ni rechazada esta extradición por la justicia de Venezuela para ser aprobada o no por el gobierno de Venezuela. Simplemente un estado, el estado colombiano, secuestraba a un ciudadano en un país extranjero. Es un método muy conocido en los años 70. Se le llamó la Operación Cóndor y era utilizada por las dictaduras del Cono Sur durante la guerra fría para secuestrar a los activistas políticos en países extranjeros y llevarlos clandestinamente a manos de los militares de su país de origen donde eran torturados y desaparecidos. Ese mismo tipo de secuestro ahora lo está haciendo el gobierno colombiano. Un gobierno que se dice democrático y que afirma que cumple las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tampoco es la primera vez que se está ejecutando bajo la presidencia del actual gobierno de Alvaro Uribe. Otro miembro de las FARC, Simón Trinidad, fue secuestrado de la misma manera el pasado dos de enero en Quito. Ahora va a ser extraditado a Estados Unidos, Colombia ya se encargó de hacerle el juego sucio de secuestrarlo en un país extranjero. Rodrigo Granda fue recibido hace cinco años por la Comisión Europea en Bruselas y Simón Trinidad participó en las negociaciones de paz con el anterior presidente colombiano Andrés Pastrana. Se trataba de representantes de las FARC que no iban armados, que no participaban en atentados ni acciones militares. Eran los interlocutores para poder alcanzar la paz. Estamos ante una violación de la legislación internacional, del derecho internacional humanitario y de la soberanía nacional y territorial que cuenta la complicidad y el silencio de los países latinoamericanos y de la Unión Europea. España estuvo altamente vinculada como país facilitador en los diálogos entre la insurgencia colombiana y el estado colombiano. Tanto en las conversaciones del gobierno Samper con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1998, donde España integró, junto a Francia, Noruega, Suiza y Cuba, el grupo de amigos, como posteriormente en las negociaciones de Andrés Pastrana con las FARC. Incluso, el mando superior de Rodrigo Granda, el comandante Raúl Reyes, fue recibido oficialmente en España durante aquellas negociaciones. El gobierno español, en respuesta escrita a mi grupo parlamentario, le dio un voto de confianza al gobierno Uribe afirmando que “mantiene con el Gobierno de Colombia unas excelentes relaciones y respalda su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y los esfuerzos por consolidar la democracia y el Estado de Derecho”. También apuntaba que el Gobierno español tiene “como una constante de su política la protección y defensa de los derechos humanos, y la necesidad de consolidar la democracia y contribuir a resolver el conflicto que asola dicho país” y destacó su “activa participación en el seguimiento” de Colombia de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este nuevo renacer de la faceta más tenebrosa y brutal de las dictaduras latinoamericanas, la Operación Cóndor, de la mano de Colombia debe ser denunciada por el gobierno español si de verdad está comprometido con la ayuda a la paz en Colombia. El gobierno de Uribe no puede escudarse en la denominada lucha antiterrorista para secuestrar con comandos clandestinos a colombianos desarmados en países extranjeros, encerrarlos en maleteros de coche y llevarlos como fardos a territorio colombiano insultando la soberanía de los países, la dignidad de las personas y los más básicos principios del derecho internacional. Isaura Navarro es diputada por Izquierda Unida en el Parlamento españolArtículo tomado de www.rebelion.org

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En todos los análisis y artículos que se han publicado desde que se conoció el secuestro, en territorio venezolano, del guerrillero no se ha tenido en cuenta el momento en que se ha producido, en plena ofensiva diplomática de Venezuela por fortalecer una política exterior independiente y enfrentada a los intereses imperialistas –de forma especial con la visita de Chávez a Rusia y la subsiguiente compra de material militar para reforzar la frontera común- y en plena ofensiva de las FARC-EP para ser considerada, de forma oficial, como “fuerza beligerante” según los cánones del derecho internacional. Es muy relevante que el secuestro de Granda se haya producido cuando las FARC-EP se habían dirigido al secretario general de la ONU, Kofi Anan, solicitando participar en la Asamblea General del organismo multinacional para explicarle al mundo la realidad del conflicto colombiano y sus fórmulas de solución “incruenta” de un conflicto interno de innegables orígenes sociales, económicos y políticos.

Al mismo tiempo, las FARC-EP se posicionaban sobre el Acuerdo Humanitario entre el Ejecutivo de Uribe y la guerrilla. En el derecho internacional, tan cuestionado pero aún vigente mientras el organismo que lo sustenta, la ONU, se mantenga, se especifican cinco supuestos que deben cumplirse para que una fuerza insurgente pueda ser considerada “fuerza beligerante”: existencia de hostilidades o relación de guerra entre el Estado y la fuerza rebelde; organización militar estable de la fuerza rebelde; control territorial por la fuerza rebelde; capacidad de aplicar leyes y costumbres de la guerra por la fuerza rebelde; reconocimiento expreso o tácito del alzamiento de la fuerza rebelde por el Estado o por terceros Estados.

Cuando en las conversaciones mantenidas por las FARC-EP con el gobierno de Andrés Pastrana, el antecesor de Uribe, la guerrilla apostó por esta figura jurídica tanto desde el gobierno colombiano como desde sus apéndices mediáticos y militares se respondió con exabruptos y con calificativos como “pretensión arcaica y desueta”. Pero esa figura existe –de hecho, el FMLN salvadoreño fue considerado “fuerza beligerante” por países como México y Francia- y debe aplicarse otorgando a la guerrilla la consideración de sujeto de derecho internacional pasando sus integrantes a ser reconocidos como combatientes legítimos en tanto tienen visión de Estado y tienen un proyecto político propio.

Esta posibilidad es la que ha querido destrozar el gobierno de Uribe con el secuestro de Granda y la extradición a Estados Unidos de Simón Trinidad, también capturado de forma ilegal en territorio ecuatoriano hace un año con la participación de las diversas agencias de seguridad de EEUU. Se ha querido lanzar el mensaje a EEUU de que es un aliado fiel en la “lucha contra le terrorismo” –las FARC han sido catalogadas como tales por EEUU- y que la aplicación del Plan Colombia y del Plan Patriota se mantiene en toda su extensión. Pero, al mismo tiempo, ha supuesto un golpe mortal a ese Acuerdo Humanitario y al diálogo de paz puesto que, a partir de ahora y mientras Uribe se mantenga en la presidencia de Colombia, va a ser imposible cualquier proceso de desmilitarización de zonas que hagan posible el intercambio de prisioneros y la negociación entre las partes.

Y eso que, según todas las encuestas, el 70% de los colombianos estaban a favor de ese acuerdo. Ambas actuaciones, el secuestro de Granda y la extradición de Trinidad, se producen pocos días antes de que el representante de la Unión Europea para la política Exterior, Javier Solana, llegue a Colombia justo dos semanas después de que los ministros de Exteriores de los países que componen la UE aprobasen una resolución sobre “el proceso de paz” entre el gobierno de Uribe y los paramilitares, al que apoyarán económicamente “siempre que exista un margo legal global”.

La tesitura de Venezuela Es evidente, al igual que lo sucedido en Quito hace un año con el secuestro de Simón Trinidad, la participación de los Estados Unidos en la captura del guerrillero de la Comisión Internacional Rodrigo Granda. Los EEUU han utilizado la baza de Colombia para poner un palo en la rueda de la política exterior que está diseñando el gobierno bolivariano de Venezuela desde los triunfos del referéndum revocatorio de agosto y las municipales de octubre. La construcción de una política exterior autónoma, enfrentada a los intereses y designios del imperialismo, es un proceso lento pero en el que se habían dado pasos de gigante con las últimas iniciativas de Chávez: el acercamiento a Cuba, Rusia, China y la Unión Europea.

Especialmente preocupante para los EEUU y para su socio colombiano era la compra a Rusia de 40 helicópteros militares y la más que posible compra de aviones de combate Mig-29 con los que reforzar el control de la frontera venezuelo-colombiana. Hay que tener en cuenta que los dos países comparten más de 2.200 kilómetros de frontera común y que este factor se ha convertido en el fundamental de una política bilateral que no encuentra un camino de acercamiento a pesar de la reciente firma de un memorando entre los dos países sobre “incidentes fronterizos”.

Es evidente que una acción de estas características ha tenido que contar con el apoyo de una parte de los servicios secretos venezolanos, o de los militares, lo que pone de manifiesto una de las principales debilidades del proceso bolivariano: no se ha realizado con la rapidez debida la depuración de los elementos fascistas dentro del Ejército y de los diferentes aparatos del Estado una vez se ha conseguido derrotar electoralmente a la oligarquía. Por eso, tienen razón las FARC-EP al criticar al gobierno venezolano por permitir el secuestro de Granda. Venezuela tiene que demostrar que cumple lo afirmado por Chávez en el año 1999, recién llegado a la presidencia del país: neutralidad en el conflicto colombiano –lo que, de hecho otorga a la guerrilla el estatus de beligerancia-, levantamiento del estado de excepción en los estados fronterizos venezolanos y, después de avisar que las Fuerzas Armadas venezolanas iban a reprimir todas las incursiones de “irregulares” colombianos”, estudiar la figura del asilo político.

En caso contrario, como bien dicen las FARC-EP, se sentaría un “lamentable precedente”. Por ello, Venezuela tiene que explicar cuáles son los resultados de las investigaciones iniciadas entre las fuerzas de seguridad para saber quién ha facilitado y apoyado el secuestro de Granda y, sobre todo, fijar una posición clara sobre las garantías que dará a las organizaciones bolivarianas.

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