Jueves, 22 Septiembre 2011 07:07

La hora de la verdad, o casi

La hora de la verdad, o casi

A lo largo de todo el día, y con más énfasis al principio de la noche, emisarios del gobierno buscaban ayer llegar a un acuerdo básico en la Cámara de Diputados para poner en votación el proyecto del Ejecutivo que instaura en Brasil una “Comisión de la Verdad”, cuyo objetivo es examinar casos de abusos, violencia, tortura y asesinatos cometidos por el Estado. Trátase de una antigua reivindicación de amplios sectores de la sociedad brasileña, seguidamente postergada por los gobiernos.
 

Desde que asumió la presidencia, el primer día de 2011, Dilma Rousseff aseguró que llevaría adelante el proyecto, una de las pendencias dejadas por Lula da Silva, quien prefirió no enfrentar abiertamente a los adversarios de la idea. El texto ha sido amplia y exhaustivamente negociado con la oposición y con los militares, a punto de haberse tornado tan vago que casi pierde el sentido. Por ejemplo: queda vedado que se revelen los datos, informaciones y documentos obtenidos por la Comisión y no se prevé la elaboración de un informe final público. Pero, a pesar de deshidratado, es mejor que nada, mejor que el hipócrita olvido impuesto hasta ahora.
 

Brasil se ha quedado muy lejos de sus vecinos, en lo que se refiere a la averiguación de los crímenes del terrorismo de Estado cometidos por la dictadura militar que duró de 1964 a 1985. Una ley de amnistía de los militares, en 1979, absolvió de toda y cualquier responsabilidad a los torturadores, violadores y asesinos. En los últimos años hubo intentos de traer de nuevo a examen esa amnistía, pero ni modo. Siquiera la dura condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, surtió efecto.
 

En mi país, la frase del secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde –“para darle vuelta a la página hay que leerla antes”–, caería en el vacío. Aquí no se trata de darle vuelta a página alguna: lo que se trata es de ignorar toda y cualquier página, de dejar intocado el pasado.
 

La resistencia de los sectores más conservadores de la política y de los cuarteles fue y sigue siendo enorme. La palabra de orden es “lo que pasó, pasó, y no conviene volver al pasado”.
 

Fernando Henrique Cardoso, exiliado en la dictadura, logró un avance muy grande al instituir las indemnizaciones a ex presos políticos, a víctimas de torturas y parientes de asesinados. Lula optó por no crear problemas y prefirió hablar más y hacer menos. Dilma Rousseff, una ex presa y torturada, decidió que al fin ya era hora de pasar la historia en revista. Advirtió que su gobierno tocaría el tema a fondo, sin triunfalismos y sin revanchismos. A ver si lo logra, si la dejan cumplir con su palabra.
 

No ha sido ni será fácil. En un intento de alcanzar un consenso que le dé plena legitimidad a la ley, el gobierno cedió y cedió, a punto de haber sido mucho más condescendiente de lo que sería justo. Para empezar, se extendió el período a ser analizado de 1946 a 1988, con la justificación –bastante discutible, desde luego– de que se trata del espacio entre dos Constituciones democráticas. Pues para examinar esos 42 años, la propuesta del Ejecutivo prevé una comisión integrada por sólo siete miembros y otros escuálidos catorce funcionarios y sin autonomía financiera. Es decir, un trabajo claramente inviable, a menos que se pretenda una acción inocua.
 

Cualquier comparación –ya no digo con Argentina, país que ha llegado más a fondo en la aclaración del terrorismo de Estado y con la punición de los responsables, pero con otros vecinos sudamericanos, como Perú y Chile– deja la propuesta brasileña mal parada. Al mezclar en una misma olla etapas democráticas, como las de Juscelino Kubitschek o Joao Goulart, con la ferocidad de los períodos de los generales Emilio Garrastazú Médici o Ernesto Geisel, se corre el riesgo de no llegar a parte alguna, de la desmoralización de la idea.
 

A pesar de la plena seguridad de que no habrá ningún tipo de punición para responsables y culpables, la resistencia al proyecto siguió fuerte hasta el último instante. Ayer mismo, parlamentarios de derecha ponían serios obstáculos a la propuesta del gobierno, antes de que llegara al pleno de la Cámara de Diputados. A su vez, diputados de izquierda defendían que el proyecto sufriese enmiendas, disminuyendo el tiempo de análisis para el período 1961-1985, impidiendo que militares y miembros de la policía integren la Comisión y aumentando el número de sus miembros.
 

Por donde quiera que se mire, la conclusión es clara: parece que mi país tiene miedo a la verdad. No sabe cuánta verdad puede aguantar. Prefiere ignorar a mirarse al espejo del tiempo.
 

De todas formas, algo quedará de todo ese esfuerzo, aunque no sea más que el amargor del fracaso: tener una comisión de medias verdades.
 

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Domingo, 18 Septiembre 2011 11:59

Denuncian abusos en Palestina

Denuncian abusos en Palestina

En forma pacífica y sin más armas que banderas y pancartas en las manos, decenas de palestinos marchan cada viernes para reclamar por la devolución de sus tierras. Ni el gas lacrimógeno ni las balas de goma disparadas por el ejército israelí los amedrentan. Durante dos meses, B’Tselem (btselem.org) registró esos sucesos y el lunes publicó el informe “Demostración de fortaleza: las fuerzas de seguridad niegan el derecho a protestar a los pobladores de Nabi Saleh”. La organización de derechos humanos denuncia allí los excesos cometidos por el ejército y la policía de frontera durante las protestas. El pueblo de 500 habitantes, ubicado al noroeste de Ramalá y recostado sobre la margen occidental del río Jordán se convirtió en el último tiempo en epicentro del conflicto palestino-israelí. “El sistema de defensa israelí se prepara para hacer frente a las manifestaciones que tendrán lugar en Cisjordania ante el posible reconocimiento del Estado palestino”, sostiene ante Página/12 Jessica Montell, directora de la ONG. Pese al veto de Estados Unidos y la oposición de Israel, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, anunció que elevará al finalizar la semana un pedido formal en Nueva York –ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), después de pronunciar su discurso en la sesión de la Asamblea General– para que Palestina alcance rango de Estado soberano e independiente con pleno derecho y se reconozcan las fronteras previas a la ocupación israelí en 1967.


Entre sus veinticuatro páginas, el dossier difundido por B’Tselem documenta una conversación posterior al desalojo de una protesta entre un oficial del ejército israelí y un habitante de Nabi Saleh: “¿Cuál es el problema?”, apura el militar. “¿Por qué disparan a mi casa”, pregunta con voz firme el palestino. “¿Me ha visto hacer eso?”, masculla el oficial. “No he dicho que fuera usted –se ataja el aldeano que no se amilana e insiste–. Usted sabe que están disparando a las casas.” Otro oficial interrumpe para señalar que no ha visto nada. Entonces el poblador damnificado vuelve a la carga: “Yo te voy a mostrar quién disparó”. En 103 segundos un video muestra a los soldados israelíes lanzando chorros de gas pimienta sobre la cara de un manifestante; cuando cae al suelo le arrojan una bomba de sonido que estalla a centímetros del cuerpo. En otra secuencia las volutas de gas lacrimógeno brotan de la terraza de una casa. El documento sigue cuatro manifestaciones realizadas el 17 y 24 de junio, el 1 y 8 de julio y analiza tres aspectos en la conducta de los militares israelíes: violación del derecho a protestar, uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes y daño a la población civil.


El brigadier general Nitzan Alon, que reemplazó como comandante de División de Judea y Samaria a Noam Tibon –quien había reconocido que “el terror no sólo se elimina con la fuerza, sino a través de la generación de esperanza y normalidad en la vida de los palestinos para un futuro de diálogo” (israelnationalnews.com, 10072009)–, señaló que el ejército no estaba dispuesto a permitir que los manifestantes llegaran hasta la ruta cercana al asentamiento de Halamish, por miedo a que arrojaran piedras sobre los autos. Más allá de la ocupación de tierras, el conflicto entre israelíes y palestinos se aviva por el acceso a un manantial ubicado cerca de Nabi Saleh.


Antiguamente, los palestinos utilizaban la zona del manantial como lugar para la cría de ganado y esparcimiento. Pero, en junio de 2008, un grupo de colonos del asentamiento de Halamish tomaron control del manantial y en febrero de 2009 comenzaron a construir casas. La modificación del terreno –que se llevó adelante sin permiso, y causó daños en la vegetación y en otras propiedades– fue denunciada por los palestinos ante la policía. La presentación judicial fue desestimada por falta de pruebas. El acceso al agua es controlado por la empresa estatal israelí Mekorot. El caño principal que abastece a esa región pasa cerca de Halamish, donde los colonos controlan el suministro a través de una válvula ubicada en el asentamiento.


Aunque la ONG israelí reconoce el temor del brigadier general Alon, señala la necesidad de respetar el derecho a manifestarse. Asimismo, sostiene que las fuerzas de seguridad deben mantener un equilibrio entre ese derecho y el resguardo de la seguridad y el orden público. En las primeras tres manifestaciones registradas por B’Tselem la movilización fue dispersada apenas comenzaba, incluso antes de acercarse a la salida del pueblo. El ejército llegó a declarar zona militar a Nabu Salh y bloqueó los caminos de acceso a la aldea. Sin embargo, los manifestantes continuaron adelante con sus exigencias.


El 8 de julio, durante la cuarta marcha, las fuerzas de seguridad prohibieron cualquier tipo de reunión y lanzaron un toque de queda en Nabi Saleh. Una lluvia de gases lacrimógenos y bombas de sonido cayó sobre los lugareños que intentaron acercarse a la calle principal de la aldea o se asomaron a los techos de las casas.


Dos semanas más tarde, mientras registraban las casas, los soldados fueron en busca de israelíes y extranjeros que participaban en las movilizaciones como observadores. A algunos se los expulsó del pueblo. Cinco palestinos fueron detenidos. En una de esas visitas, los militares ingresaron a una casa y un soldado desenfundó su arma reglamentaria. El 29 de julio atacaron a observadores que filmaban la manifestación y golpearon al fotógrafo palestino Muhib Sa’ad Barghouti en la cabeza. Pasó cinco horas detenido. Luego de ser liberado viajó hasta el hospital de Ramalá, donde recibió ocho puntos de sutura.


Para sofocar las protestas en Nabi Saleh, las fuerzas de seguridad israelí utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta, granadas de sonido y skunk, un líquido que es lanzado desde un camión cisterna que actúa como carro hidrante y se impregna en la ropa y la piel. Aunque su uso fue aprobado por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y el director médico del ejército, las autoridades militares israelíes reconocieron que esa sustancia puede causar náuseas y vómitos. Los pobladores, por su parte, afirman que lleva varios días quitarse el mal olor de la ropa y que aún así no se elimina completamente. En julio de 2009, el ejército comenzó a utilizarlo durante las manifestaciones en Cisjordania.

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La fábrica del consentimiento uribista

 

Edición 2010.Formato: 28 x 21 cm. 96 páginas
P.V.P.: 25.000 pesos

 

Reseña:

Trabajado en forma de ensayo, La fábrica del consentimiento uribista es un estudio que le permitirá al lector desprevenido, así como al estudioso de los medios de comunicación o de las urdimbres del poder, acercarse de manera didáctica a las dinámicas que han facilitado que Álvaro Uribe registre en Colombia como uno “de los mejores presidentes que ha tenido el país”.

Hábil manejo de los medios de comunicación y del lenguaje –de los sinónimos connotativos–, abuso de la propaganda oficial, sistema educativo, guerra de cuarta generación, implementación de la estrategia de tensión, propaganda de guerra, desarrollo de la “doctrina del shock”, son algunas de las maniobras desplegadas por el gobierno que encabeza Álvaro Uribe y su grupo de asesores para confundir a toda una sociedad, y hacer ver claro lo que en realidad está distorsionado.

Enriquecido con lecturas complementarias, el presente texto va más allá de la denuncia, entrando en el campo de la pedagogía, estimulando a quien lo consulte para que se haga activo del “quinto poder”, estrategia colectiva para enfrentar en forma dinámica el poder omnímodo del “cuarto poder”, hoy parte sustancial del poder global que rige los destinos de la humanidad.


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Martes, 23 Agosto 2005 19:00

Gran Minga por la Paz. Tolima - Colombia

La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT, las organizaciones de la Mesa Permanente de Organizaciones Sociales, las organizaciones campesinas y los sectores populares, hemos acordado y decidido movilizarnos en lo que hemos denominado la: GRAN MINGA POR LA PAZ. ¿QUÉ ES LA MINGA INDIGENA, CAMPESINA Y POPULAR?: Es la expresión popular de soberanía, resistencia civil y paz que convoca al pueblo Tolimense a decidir democráticamente sobre temas que afectan el bienestar, la seguridad y los derechos y buscar mecanismos que permitan lograr el cambio en los obstáculos estructurales del departamento.

OBJETIVO: Movilizar y marchar para que el pueblo Tolimense tome conciencia de la grave situación que viven los sectores populares. Para presionar políticas y acciones publicas que impliquen cambios constitucionales y legales, que resuelvan problemas estructurales, para fortalecer los procesos de unidad y crear mecanismos de coordinación popular; así como invitar a la resistencia civil como alternativa a la desidia y negligencia del Estado. CUANDO MARCHAREMOS: del 23, al 26 de agosto de 2005. DESDE DONDE MARCHAREMOS: Desde el Guamo hasta Ibagué. NUESTRA META ES: Realizar la Primera ASAMBLEA INDÍGENA CAMPESINA Y POPULAR DEL TOLIMA, el día 26 de agosto de 2005.

Como respaldo a la construcción de una alianza que permita iniciar un proceso de cambio y resistencia en el Tolima y en unidad con El Congreso Itinerante Del Sur Occidente Colombiano. QUIENES MARCHAREMOS: Tolimenses indígenas, campesinos, sectores sociales y populares que creemos en el Tolima, porque: Otra Colombia es posible. PORQUE MARCHAMOS: La Minga significa, convite, unidad, solidaridad, tolerancia y pluralismo en la acción para la presión política, para exigir la reivindicación de los derechos de los más pobres, de los oprimidos de los explotados. Es la voz del indígena, del campesino, del afro, del mestizo, del blanco, de la mujer, del niño, del joven, del LGBT, del desplazado, del exiliado, del retenido por causa de la guerra y del libre pensamiento. Son las voces de todos y todas las personas que queremos levantarnos para hacer resistencia civil a la violencia.

Para que entre todos detengamos esta avalancha de conflicto social en que estamos atrapados todos los Colombianos por causa de un modelo de desarrollo neoliberal, modelo que cada día hace mas pobre a los pobres, y que el gobierno pretende profundizar con mas apertura, mas privatizaciones, enmarcadas dentro de la peor estrategia económica de los últimos años para los Colombianos como es el Tratado de Libre Comercio con Los Estados Unidos. Liderado por un Gobierno que piensa más en los intereses extranjeros y particulares, que en los de su propio pueblo. Situación que hace de nuestra patria, un país “inviable “, al borde del abismo, en el que al estado social de de derecho, opone la Seguridad Democrática; a los crímenes contra la vida, proponen el perdón y olvido; frente a la Justicia, la impunidad; frente a la verdad, la complicidad del silencio; frente a la reparación, el olvido y la miseria para quienes sufren la violencia; frente al derecho Internacional Humanitario, la falta de voluntad política y solidaridad con los que sufren; por que se vienen entregando los bienes públicos: la educación, la salud, nuestras riquezas mineras, y nuestros recursos naturales a los capitales privados nacionales y extranjeros. NOS UNIMOS Y MARCHAMOS PORQUE: Decidimos gritar, ¡basta ya!, al gobierno y a las multinacionales que promueven la privatización y liquidación de nuestro medio ambiente, nuestras aguas, nuestro aire, destruyen nuestros bosques y demás recursos naturales, causan la fumigación indiscriminada contra los plantíos y pobladores de territorios indígenas y zonas campesinas, niegan la diversidad multiétnica y pluricultural, pretenden la uniformidad y el unanimismo. En fin, desean una aldea global sin diferencias.

El actual modelo de desarrollo capitalista y las políticas Neoliberales han fragmentado nuestra patria, y han provocado graves lesiones a nuestra sociedad; en la que la defensa de los derechos integrales y la solidaridad son considerados contrarios a los intereses populares. En Colombia se propaga el pesimismo catastrófico, la desesperanza de las mayorías, la creencia de una sociedad sin futuro, mientras una minoría guerrerista y triunfalista, se entrega al Coloso del Norte incondicionalmente. Estamos cansados de la Guerra y de quienes piensan que pueden hacer el cambio por nosotros; de quienes profanan los territorios indígenas y usurpan los territorios campesinos, de quienes prefieren el hegemonismo a la democracia; de quienes no confían en la capacidad del pueblo organizado para lograr el cambio. Requerimos hacer resistencia civil; para hacer valer nuestra dignidad, identidad y autonomía como pueblos, como comunidades multiétnicas y pluriculturales; por la resistencia y pervivencia como pueblos. Debemos defender nuestros territorios de los que pretenden usurparlo para imponernos otra cultura: la cultura del mercado y del capitalismo. Convenimos defender la vida y asegurar un mundo digno y mejor para nuestra descendencia. Estamos en contra de cualquier estado autoritario; para que no nos involucren en la guerra. Y rechazamos las políticas del actual estado autoritario que lesionan los intereses populares tales como:

1.De orden Jurídico: REFORMA CONSTITUCIONAL Reforma Política Reforma Pensional Reforma Tributaria Reforma a la Justicia Estatuto Antiterrorista Ley de Ordenamiento Territorial Ley de aguas Código minero Alternatividad penal Reforma Educativa

2.De Orden Militar: POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Red de Informantes Recompensas Retensiones masivas Batallones de Alta Montaña Interdicción de Comunicaciones Plan Patriota Plan Dragón. Soldados Campesinos

3.De Orden Político: ESTADO CUMUNITARIO Consejos Comunitarios Referendo Plan B. Arrinconamiento de la lucha sindical Negociación con la A.U.C. Plan Colombia. Políticas petroleras Megaproyectos de impacto ambiental negativo Reestructuración y fusión de Entidades del Estado Proyecto de Reelección. Negociaciones del T.L.C. Privatización de Instituciones publicas

4.De Orden Económico: AJUSTE FISCAL Recorte a las transferencias territoriales Incremento del cuatro por mil Fusión de Ministerios Plan de desarrollo nacional. Desconocimiento del Mandato Agrario Política de vivienda- UVR Autosostenimiento de entidades regionales a través de impuestos Incumplimiento de políticas públicas Alza permanente en los servicios públicos. Congelamiento de salarios a empleados Despido de trabajadores Aplicación del IVA a la mayoría de productos de la canasta familiar.

INCIDENCIA POLÍTICA: Cada sector participante el día 26 de agosto en el marco de la Primera ASAMBLEA INDÍGENA CAMPESINA Y POPULAR DEL TOLIMA, presentara su respectivo documento que incluye: Diagnostico, Exposición de motivos y Propuesta de política. Estamos preparados para marchar, por lo tanto: CONVOCAMOS A quienes visionan un territorio, un departamento y una Nación con Justicia Social, Equidad, Tolerancia y Respeto a que nos acompañen activa y propositivamente y fortalezcan la propuesta de La Gran Minga Indígena Campesina Y Popular a realizarse del 23 al 26 de agosto de 2005. Por La Defensa de Nuestra Constitución, Soberanía, Territorio, Vida y Paz. Caminemos por el Tolima, otra Colombia es posible. http://www.onic.org.co/wp/

http://colombia.indymedia.org

 

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El capitalismo gansteril es producto del crecimiento desenfrenado del capital financiero, cuya avidez de ganancias le ha llevado a desbordar todos los diques legales y morales. Su evolución exponencial ha venido asociada a la desregulación de los flujos de capital, a la decadencia de los estados y a la ruptura de las formas tradicionales de funcionamiento y acumulación de las empresas.

El investigador argentino Jorge Beinstein, en su ensayo titulado La gran mutación del capitalismo (ALAI, 2000), ha rastreado el surgimiento y diseminación de ese lumpencapitalismo, particularmente en lo que concierne al rubro de las drogas psicoactivas. En su estudio escribe: “La expansión mafiosa de los años 90 constituye un dato decisivo del proceso de globalización neoliberal. Un indicador claro de la misma es el tráfico de drogas cuyo ingreso anual mundial era evaluado a mediados de esa década en unos 500 mil millones de dólares, dicho monto ha estado aumentando de manera acelerada.

Una estimación conservadora situaría el nivel actual de ventas mundiales de drogas en torno de los 700 mil millones de dólares”. Los países periféricos participan marginalmente del negocio. Colombia, conocida como la principal nación proveedora de cocaína a nivel mundial, percibe únicamente un 2-3 por ciento del gran pastel del tráfico de estupefacientes; ingreso que, sin embargo, ha permitido a la dirigencia de la hermana república sustentar una poco presentable “narcodemocracia”.

¿Cómo explicar la dinámica de la narcoeconomía? En cuanto a la demanda, raíz íntima del narcotráfico, la cuestión es inequívoca: se sustenta medularmente en las calles y bares de las megápolis primermundistas (Los Angeles, Londres, Tokio, etc.). El control de la oferta, en cambio, es más complejo, aunque resulta incuestionable que la cabeza del Leviatán se encuentra en las metrópolis y, específicamente, en el “planeta financiero”.

En su libro Drogas y narcotráfico en Colombia (Planeta, Bogotá, 200l), Alonso Salazar abunda en informaciones sobre el rol de los poderosos e intocables sistemas bancarios de los países del G-8 en el tráfico internacional de narcóticos de origen natural. Dados estos antecedentes, ¿cómo explicar que la cruzada contra las drogas naturales se libre en países como los andinos y no en sus verdaderos santuarios? Plan Patriota: máscara para el control social y territorial Tres aproximaciones no excluyentes sirven para responder a esa interrogación.

La primera, referida a la necesidad del capitalismo mafioso de preservar los siderales precios de las drogas restringiendo la oferta. El Plan Colombia/IRA/Plan Patriota –o como quiera denominársele- tendría esa teleología. La segunda tiene que ver con la confluencia de intereses – algunos investigadores hablan de metástasis- del capitalismo delincuencial con las gigantes corporaciones transnacionales y con el poder político metropolitano.

Una simbiosis que apunta a profundizarse a la sombra de los TLCs que con tanta fruición impulsan Washington y Wall Street en nuestro subcontinente para el logro de inconfesables metas geopolíticas. La tercera se relacionaría con cierto pudor del establecimiento político mundial que le conduce a exorcizar sus culpas en el protervo negocio endosando la responsabilidad de las mismas a carteles tercermundistas caídos en desgracia o a los náufragos de la mundialización del capitalismo, como los campesinos e indígenas de los Andes. Sectores sociales estos últimos tipificados por el Gran Hermano y sus acólitos nativos como “criptoterroristas” después del memorable 11 de septiembre del 2001. Por: René Báez, International Writers Association

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La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" se solidariza con estos dos periodistas, directores de medios alternativos e invita a todas las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, a enviar sus pronunciamientos a las autoridades competentes, sin olvidar el deber de rodearnos en nuestro compromiso de ser con mucha más fuerza, la voz de los que no tienen voz.

Bogotá- mayo 17 de 2005- Ayer 16 de mayo hacia las 4:00 de la tarde llegó un ramo de flores a la sede del SEMANARIO VOZ (Órgano informativo del Partido Comunista Colombiano) que traía una dedicatoria así: “de la familia Montoya para el sepelio de Carlos Lozano”, quien es el director del prestigioso Semanario y quien ha recibido varia amenazas por años.

El hecho forma parte de una ola de persecución y terror que viven las diferentes organizaciones de izquierda, sociales y de derechos humanos, ya que también el periodista Holman Morris, director del programa CONTRAVÍA, recibió un ramo similar al que recibió Carlos Lozano. Cabe agregar que en las últimas semanas se han agudizado los hostigamientos contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, pues su presidenta Soraya Gutiérrez, también recibió esta semana una muñeca descuartizada, y en donde se amenazaba a su familia.

El SEMANARIO VOZ condena y rechaza este y todas las demostraciones de terror a las que tienen que someterse los dirigentes populares y sociales, así como a los periodistas alternativos, quienes se han atrevido a denunciar los abusos de la autoridad y las demás informaciones que son escondidas por el Gobierno Nacional y tergiversadas ante la comunidad nacional e internacional.

El SEMANARIO VOZ invita a todas las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas y sociales a rechazar enérgicamente estas intimidaciones, que pretenden callar los únicos canales del pueblo para denunciar. Nadie callará la VOZ DEL PUEBLO, todo lo contrario seguiremos adelante denunciando y trabajando

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Nadie puede negar, ni ocultar el contundente éxito que significa para el país los resultados de la CONSULTAR POPULAR realizada el pasado 6 de marzo en 6 municipios del Departamento del Cauca. Los resultados están a la vista y corroboran la decisión inequívoca de rechazo del pueblo frente al TLC entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Lo decidido en las urnas de la consulta popular, convoca a los colombianos y colombianas a realizar una consulta popular nacional frente al TLC para defender y reclamar este nuestro país. Por eso, por temor a la expresión democrática popular autónoma se preocupa el alto Gobierno y reaccionan los voceros en su nombre. No tienen tolerancia para la democracia. Como era de esperar, las declaraciones del Gobierno son una OFENSA y una AMENAZA contra los Pueblos Indígenas, Campesinos y Sectores Populares comprometidos con la Consulta Popular y la Democracia. En síntesis, LOS VOCEROS DEL GOBIERNO ENGAÑAN LA OPINIÓN PÚBLICA Y LE MIENTEN AL DECIR:

1. Que los indígenas no entienden el TLC y por eso votaron sin comprender. En otras palabras, que más de 50.000 consultados, son incapaces de saber lo que decidieron. Es el viejo tratamiento arrogante y racista que considera a los indígenas y campesinos SERES INCIPIENTES E INCAPACES.

2. Que detrás de estos seres incapaces hay unos manipuladores oscuros que los mueven desde el miedo. Es decir, QUE, PARA EL GOBIERNO, EL TERRORISMO ESTÁ DETRÁS DE ESTA CONSULTA POPULAR. En palabras de los voceros: HERNANDO JOSE GOMEZ, Jefe del equipo negociador del Gobierno Colombiano frente al TLC: "reconocemos que ha fallado la comunicación con los indígenas y por eso creen que el TLC es nocivo para ellos, pero lo vamos a mejorar, vamos a elaborar unas cartillas y a través de talleres empezaremos a ilustrarlos para que conozcan sobre el tema, para nosotros los indígenas son sagrados, así que no se preocupen".

ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA, Ministro de Agricultura. "yo me temo que hay algunos sectores que están aprovechando el miedo, del miedo que ya empezamos a derrotar en la lucha contra el terrorismo para infundirlo a través del TLC y se han aprovechado de las comunidades indígenas. "el TLC no es ningún fantasma como si lo es el terrorismo al cual ya empezó a derrotar el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez". " no tienen que temer porque es que esto no es un fantasma. Lo que pasa es que cuando el gobierno empieza a derrotar el verdadero fantasma que azota el agro y que es el terrorismo, ese si es el verdadero fantasma, y ya lo empezamos a derrotar, empiezan unas voces opositoras a inventarse otros fantasmas para infundirle miedo a nuestros productores rurales, pero no podemos ceder en eso, no podemos caer en esa ilusión". Para el Ministro de Agricultura hay unos sectores ocultos que promueven el terror.

Hoy Miércoles 9 de Marzo, a las 7:30 a.m, acudió el señor Ministro de Agricultura ANDRES FELIPE ARIAS a nuestra emisora comunitaria Radio Payumat con la intención arrogante de revelarle "la verdad" del Gobierno a los pueblos incipientes. A la cita asistieron las Autoridades Tradicionales con la vocería de la Consulta Popular frente al TLC. El Ministro escuchó para su sorpresa un mensaje de la organización indígena y de las comunidades participantes de la Consulta exigiéndole por su conducto al Gobierno Nacional que presentara disculpas y una rectificación formal y pública del insulto y amenaza proferidos en los últimos días por voceros del Gobierno. Le aclararon los líderes indígenas que una vez hecha esta rectificación a satisfacción de las comunidades, se podría proceder a la realización del POSTERGADO DEBATE PÚBLICO entre el Pueblo y el Gobierno al que se ha invitado recurrentemente al Presidente desde el CONGRESO ITINERANTE de Septiembre 13 al 18 de 2004.

Las comunidades no permitirán que el insulto y las amenazas queden impunes. Se le recordó al Ministro la amenazadle Gobierno a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó frente a la cual, tal como sucede en nuestro caso, el Presidente Uribe aseguró que existían fuerzas oscuras del terrorismo detrás de estas comunidades de Paz. El resultado fue la masacre de inocentes por parte de fuerzas del Estado en los últimos días y ahora, la ocupación militar. Estas amenazas del Gobierno no pueden ser ignoradas. Ante el requerimiento de las Autoridades el señor Ministro solo atino a decir: "¡no no, yo en ningún momento he dicho eso", "yo lo que he dicho es que tengamos un acercamiento para aclarar cosas con ustedes", "en donde obviemos las ideologías políticas y aclaremos las cosas", "yo lo que he dicho es que hay que combatir el terrorismo, en esto esta empecinado el señor presidente sobre todo en el Cauca", "los invito a que nos sentemos y aclaremos el tema a esto es a lo que estamos dispuestos".

En sus palabras y tal como consta en las citas textuales que transcribimos arriba de un Comunicado de Prensa de la Presidencia, el Ministro dice ahora que no dijo lo que dijo. Ante la negativa del señor Ministro a retractarse a nombre del Gobierno y reconocer el insulto y la amenaza contra el Pueblo, las Autoridades Indígenas ratifican que una vez el Gobierno reconozca y rectifique el insulto y la amenaza proferidas, aceptan participar en un DEBATE PUBLICO EN DONDE NO SOLO ESTEN INDÍGENAS, SINO LOS CAMPESINOS Y SECTORES POPULARES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE CARA AL PAÍS, COMO LO ORDENA EL MANDATO DEL CONGRESO INDÍGENA Y POPULAR. En cuanto al resultado de la consulta del pasado 6 de marzo, se le recordó que este es un MANDATO del pueblo, por lo tanto ES UNA DECISIÓN DEMOCRÁTICA FINAL NO NEGOCIABLE. Le exigimos al Gobierno nacional que convoque, como le corresponde, una CONSULTA NACIONAL POPULAR FRENTE AL TLC, COMO LA QUE ACABA DE REALIZAR EL PUEBLO EN EL ORIENTE CAUCANO. MANDATO INDÍGENA Y POPULAR, marzo 09 de 2005, Departamento del Cauca

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De la excepcional jornada del domingo 6 de marzo, convocada por las organizaciones populares que conforman el Congreso Itinerante de los Pueblos en el Oriente Caucano debe resaltase: 1. Votaron 51,330 personas en los municipios de Inzá, Páez, Silvia, Caldono, Jambaló y Toribío. Sobre la base de una población electoral máxima registrada de 68,448 personas en los 6 municipios, se esperaba, en los cálculos más optimistas, que votaran unas 40,000, lo cual habría estado por encima de la participación electoral histórica en estos municipios. La votación en las elecciones para los actuales alcaldes municipales fue de 39,900 personas después de costosas y largas campañas. 2. El 89,51% de quienes votaron eran mayores de 18 años, para un total de 45,943 votos. 5,387 jóvenes entre 14 y 17 años votaron en urnas separadas, es decir un 10,49% de participación. 3. A nivel de cada municipio, este rotundo NO AL TLC quedó discriminado así: PAEZ: Población Total: 29385, Población Electoral: 14000, Votos NO: 8871, Votos SI: 146. TOTAL: 9194. INZÁ: Población Total: 22000, Población Electoral: 10000 , Votos NO: 7399, Votos SI: 213. TOTAL: 7705 CALDONO Población Total: 32500, Población Electoral: 11000 , Votos NO: 7555, Votos SI: 46. TOTAL: 7667 SILVIA Población Total: 41236, Población Electoral:15281, Votos NO: 8809, Votos SI:79. TOTAL:8907 JAMBALO Población Total:14148, Población Electoral: 7000, Votos NO:6028, Votos SI: 66. TOTAL: 6121 TORIBIO Población Total: 32673, Población Electoral: 11167, Votos NO: 11721, Votos SI: 141, TOTAL: 11913 CONSOLIDADO: Población Total: 171942, Población Electoral: 68448, Votos NO: 50305, Votos SI: 691. Total: 51330. 4. La transparencia y legitimidad de este proceso de consulta diseñado por las organizaciones campesinas e indígenas fue verificada por veedores y veedoras nacionales e internacionales de los más diversos sectores incluyendo representantes de la iglesia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones de mujeres y ambientalistas, sindicatos, académicos e investigadores, periodistas, senadores y representantes a la cámara. Además de verificar todo el proceso de votación y escrutinio, los veedores y veedoras firmaron las actas finales certificando la veracidad y transparencia de los resultados. Los hechos han hablado y el pueblo del oriente caucano ha decidido que no quiere las negociaciones y firma del Tratado del Libre Comercio para Colombia, como se vienen realizando con los estados unidos. Queda planteada desde esta palabra de los pueblos del cauca la convocatoria de consulta al resto del pueblo colombiano para que decida si está de acuerdo o no con la negociación y firma del TLC.

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Lunes, 31 Enero 2005 19:00

Una larga impunidad

Dice el senador Carlos Moreno de Caro para exculpar a los paramilitares de sus crímenes horrendos y de sus mezquinos latrocinios, y proponer que lo cobije una ley de perdón y olvido, y premio: -Es que medio país es de ellos. Sí: medio país es de ellos. Físicamente y políticamente. Por varias razones, que tal vez valga la pena enumerar antes de entregarles el otro medio país que todavía no es de ellos, como proponen personas en apariencia tan distintas y en fin de cuentas tan parecidas como Moreno de Caro y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Medio país es de ellos porque se han apoderado por la fuerza de las tierras de dos o tres millones de personas que hoy piden limosna en los semáforos de todas las ciudades del país en donde todavía los políticos locales no se han robado los semáforos. Son los llamados 'desplazados'. Colombia es, después del Sudán, el país que en proporción a su población más desplazados tiene en todo el mundo. Medio país es de ellos porque esas tierras robadas las han dedicado al lucrativo negocio de la siembra de drogas prohibidas. Además de paramilitares, son narcotraficantes. Medio país es de ellos porque están aliados con las Fuerzas Militares. Así se acaba de demostrar, frente a los políticos y los periodistas y los embajadores que llevan años negándolo, en el juicio que se le sigue al general Uscátegui por la matanza paramilitar de Mapiripán, hace seis años. Dijo el general, llorando, que no se atrevía a dar el nombre de su socio paramilitar del momento porque tenía miedo de que lo mandara matar. El militar está retirado. El paramilitar no. Medio país es de ellos porque, además de los recursos que sacan del tráfico de drogas y del robo de tierras a los pequeños propietarios, reciben auxilios de los latifundistas grandes, de los transportadores, de los comerciantes. Una vez le oí decir a un gran industrial que es a la vez latifundista que a los 'paras' les pagaba vacuna como a la guerrilla, pero "con cariño". Medio país es de ellos porque han comprado las conciencias y financiado las campañas electorales de infinidad de políticos, desde el nivel veredal hasta el nacional. Uno de los más notorios jefes paramilitares se jactaba hace un año de que dos tercios de los congresistas habían salido elegidos gracias a sus presiones y amenazas, o con su dinero. Medio país es de ellos porque el Estado mismo, representado por el presidente Álvaro Uribe, que los llama "mal llamados paramilitares", y por su ministro del Interior y de Justicia (¡qué vergüenza!) Sabas Pretelt, que les agradece en público la "donación" de unas tierras robadas para construir en ellas un club campestre en el que puedan retirarse a descansar, los reconoce como interlocutores válidos y legítimos. Interlocutores políticos: esa condición que les niega a las guerrillas. Medio país es de ellos, les pertenece, los apoya, porque, como decía el difunto doctor Darío Echandía, inútil "conciencia jurídica de la República", como lo llamaban en sus tiempos, "nada hay más respetable en Colombia que una larga impunidad". Esa larga impunidad de los paramilitares, que son impunes porque están armados, y están armados porque son ricos, y son ricos porque han robado, es la que quiere consolidar en términos jurídicos y políticos el doctor Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz.Sinceramente, yo no entiendo por qué le dicen 'alto' si se la pasa de rodillas.

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Viernes, 04 Febrero 2005 19:00

Declaración de Cartagena

“Los días 3 y 4 de febrero de 2005, se llevó a cabo en Cartagena de Indias la segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, con el fin de continuar el diálogo político y de cooperación iniciado en Londres el 10 de julio de 2003. La reunión fue instalada por el Presidente de la República de Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez, y contó con la presencia de altos representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y del Gobierno Colombiano. Por Colombia participaron en la reunión el Presidente y el Vicepresidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Consejero Presidencial para la Acción Social, quienes presentaron los avances de las políticas del Gobierno, así como en los procesos de paz, en derechos humanos y en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.

Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24, reafirmando la Declaración de Londres subrayaron la importancia de los procesos que allí se iniciaron. Adicionalmente, reconocieron los esfuerzos realizados, los mecanismos establecidos, como la Comisión de Seguimiento, y los logros obtenidos por el Gobierno de Colombia en relación con dicha Declaración. Los participantes acogieron favorablemente los puntos de vista de la sociedad civil como contribución importante a la construcción de un diálogo conducente a la paz.

Los representantes gubernamentales presentes reafirmaron su respaldo al Gobierno Colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, así como en la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas. Reconocieron los progresos que se vienen dando en un contexto democrático, mejorando la gobernabilidad, promoviendo la presencia institucional y de los organismos de control para asegurar el respeto a la ley y a los derechos humanos en todo el territorio nacional y, cuando tenga aplicación, al Derecho Internacional Humanitario.

Apoyaron los esfuerzos y reconocieron los avances en la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales, destacando la labor adelantada por el Secretario General de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Iglesia Católica, el Gobierno de México y otros países.

Exigieron a los grupos armados ilegales que se comprometan con un cese de hostilidades y un proceso de paz serio, respeten el Derecho Internacional Humanitario y todos los derechos de los colombianos, cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores y la extorsión, pongan fin a la producción y al tráfico de drogas ilícitas y liberen de manera inmediata a todos los secuestrados. En este contexto, subrayaron los beneficios que podría traer un acuerdo humanitario que se desarrolle teniendo en cuenta el Estado de Derecho y el Derecho Internacional Humanitario.

8. Resaltaron la importancia y relevancia de los procesos de desarme, desmovilización y reinserción que se han venido dando. Subrayaron la necesidad de complementar el marco jurídico vigente con legislación que permita la realización de los principios de verdad, justicia y reparación; esto permitiría además un mayor apoyo a estos procesos.

9. Resaltaron los avances y la disposición del Gobierno y de las Instituciones del Estado para trabajar en la aplicación de las Recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y les alentaron a continuar los esfuerzos a fin de obtener resultados a la mayor brevedad posible. En este sentido subrayaron la importancia de la iniciativa del Gobierno de desarrollar un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y su intención de concertarlo con amplios sectores de la sociedad colombiana, para que contribuya a la construcción de un entorno que favorezca la convivencia armónica, la justicia y la reconstrucción del tejido social. Tomaron nota de los recientes cambios en el sistema judicial, orientados al fortalecimiento de la justicia y de la lucha contra la impunidad.

10. Reconociendo los logros alcanzados, incentivaron al Gobierno a continuar con el fortalecimiento de su presencia en el territorio nacional, destacando la necesidad de reforzar las medidas existentes de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida. Hicieron un enérgico llamamiento a los grupos armados ilegales a respetar esos derechos.

11. Reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales para que cumplan las Recomendaciones correspondientes de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

12. Felicitaron al Gobierno colombiano por la reciente destrucción de las minas almacenadas por las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. Reconocieron tal medida como una expresión más del compromiso de Colombia con la consolidación del Derecho Internacional Humanitario. Exigieron a los grupos armados ilegales que cesen inmediatamente la fabricación y el uso de minas antipersonal.

13. Reconocieron los esfuerzos del Gobierno y lo alentaron a continuarlos, para mejorar las graves condiciones de la población vulnerable, en particular los desplazados, las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Manifestaron la necesidad de fortalecer la atención a esta todavía preocupante situación humanitaria. En este sentido respaldaron los esfuerzos que buscan soluciones duraderas, como el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y el Plan de Acción Humanitaria cuya concertación está por concluir.

14. Destacaron la importancia del proceso de discusión para la construcción de la Estrategia de Cooperación Internacional, en la que participaron activamente las entidades públicas nacionales, la comunidad internacional y la sociedad civil. Al mismo tiempo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar espacios de participación democrática y lo animaron a que continúe trabajando en esta vía.

15. Se comprometieron a continuar apoyando, de manera decidida y concreta, la Estrategia de Cooperación Internacional, de acuerdo con las prioridades establecidas en los seis Bloques Temáticos: "Bosques; Reincorporación a la Civilidad; Desarrollo Productivo y Alternativo; Fortalecimiento del Estado Social de Derecho y Derechos Humanos; Programas Regionales de Desarrollo y Paz; Desplazamiento Forzoso y Asistencia Humanitaria". En este contexto reconocieron el compromiso de los gobiernos con las Metas del Milenio. 16. Destacaron el apoyo brindado por la comunidad internacional y la importancia del diálogo y cooperación entre el Gobierno de Colombia y la sociedad civil en toda su diversidad, incluyendo el sector privado. Reafirmaron su compromiso con el Gobierno para seguir trabajando de forma coordinada, con la participación de la sociedad civil y los organismos internacionales pertinentes, dentro del marco del Proceso de Londres.

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