Sábado, 08 Junio 2019 08:45

El nuevo Führer del siglo XXI

El nuevo Führer del siglo XXI
Varias parecen ser por ahora las similitudes entre el señor Donald Trump y Adolf Hitler, el lamentablemente célebre Führer de la Alemania nazi, que a mediados del siglo XX llevó al mundo a la mayor tragedia de la historia. En días pasados nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió a este personaje una carta fuerte, a la vez que respetuosa, haciéndole ver con claridad la posición de nuestro país ante sus injustificables amenazas de castigar las ventas de productos mexicanos, supuestamente para crear más empleos en su nación, y consecuentemente reducirlos en el nuestro, sin comprender que ello significaría, de facto, el incremento de la migración hacia Estados Unidos. ¿Se trata de un mero teatro demagógico orientado a lograr su relección o en verdad considera que este tipo de estrategias son necesarias para continuar explotando a los países latinoamericanos, considerándolos sus cotos de caza?
 

En este sentido, la carta de López Obrador toma muy en serio las amenazas y provocaciones del mandatario yanqui contestándole con un lenguaje respetuoso, directo y firme, en el que le da como ejemplo a dos mandatarios de Estados Unidos a quienes el país vecino debe mucho de su grandeza y poderío económico. Cuando leí la carta pensé que más que un mensaje para el mandatario incapaz de comprenderlo, lo era para los círculos políticos estadunidenses, al mostrarles que su presidente desconoce la historia de su propio país y los riesgos a los que lo está llevando, con sus odios generalizados contra las naciones que en su opinión no merecen existir. Me siento desconcertado al percatarme de que esos círculos vean las amenazas directas de su presidente, como simples estrategias electorales para asegurar los votos que le permitan mantener el poder otros cuatro años, recordándome una actitud parecida a la que diversos políticos europeos manifestaban ante las declaraciones y acciones de aquel personaje siniestro, creyéndolo incapaz de cumplir sus amenazas.

Pero las semejanzas no se reducen a este altercado por la conducta de nuestro gobierno al rehusarse a obedecer sus órdenes, los juicios y actitudes del presidente gringo, reflejan de manera clara sus prejuicios y actitudes racistas contra la población no solo mexicana, sino de origen iberoamericano en general, y de otras regiones de la Tierra, mientras que sus mensajes homofóbicos incitan a la violencia a una parte de la población estadunidense en contra de otros grupos étnicos, tal como lo hizo Hitler hace 75 años ¿Cuánto tiempo habrá de pasar para que los supremacistas blancos de Estados Unidos comiencen a atacar a los mexicanos y centroamericanos residentes en Estados Unidos, de manera parecida a los actos cometidos contra los judíos por la población alemana y lossimpatizantes de los nazis en otros países de la Europa de aquellos tiempos. Me parece grave que un porcentaje importante de la población estadunidense educada y consiente, no se percate de la gravedad del peligro que amenaza a su propio país, y de paso a muchas otras naciones ante las posibilidades reales de un conflicto armado, conociendo la capacidad de destrucción de las armas actuales. Cuando los alemanes con mayor preparación de aquellos tiempos se percataron de la magnitud del desastre que amenazaba a Europa y al mundo, era ya demasiado tarde, el costo en vidas y daños materiales fue el resultado directo de aquellas omisiones. Ello no debiera repetirse.

Considero que vale la pena examinar el origen del problema que ha dado lugar a las migraciones centroamericanas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras como resultado de la pobreza y la falta de empleo y de oportunidades en esas naciones, encontrándonos que tal situación se originó hace más de 70 años como resultado de las actividades de algunas empresas estadunidenses como United Fruit, dedicadas a la especulación y a la explotación de la población campesina dedicada a la producción de bananas y a desestabilizar a los gobiernos de esos países para ponerlos a su servicio. Si realmente Mr. Trump quisiera resolver el problema, la solución estaría a su alcance sólo con financiar a esos países para que estén en condiciones de generar los empleos que hoy les hacen falta.

Al igual que Hitler en su tiempo, Trump amenaza ahora y hace responsables de sus propios problemas, a naciones y gobiernos que considera más pobres y atrasados, como es el caso de Centroamérica y del nuestro, ignorando que ha sido Estados Unidos que, aprovechándose de su poderío, ha generado los problemas que tienen los países centroamericanos y del Caribe, al igual que nosotros. Por otra parte, es difícil ignorar los intentos, afortunadamente fallidos hasta ahora, de apoderarse de Venezuela para explotar sus inmensas riquezas petroleras, utilizando traidores a su patria con un mensaje hipócrita según el cual su motivación es liberarlos de su mal gobierno, tal como en su tiempo hiciera Hitler con Checoslovaquia y Hungría, con la pretensión de crear un nuevo gobierno afín a sus intereses. Igualmente, sus deseos de intervenir en Cuba, replicando las acciones de anteriores gobiernos de Estados Unidos, no se diferencia mucho de las prácticas y movimientos realizados por los nazis con algunos de los países de su entorno. ¿Qué debemos hacer hoy los mexicanos y nuestro gobierno para proteger nuestra soberanía y desarrollo económico? Para responder a estas preguntas, es necesario conocer lo que le sucedió a los vecinos de Alemania, incluyendo a Polonia, Finlandia, Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda y los países bálticos durante la época de florecimiento del nazismo.

La diversificación de nuestro comercio con naciones de Asia y Europa, así como la conformación de una comunidad estrecha con los países de la región, que nos permita fortalecer nuestras actividades de colaboración en materia educativa, de salud y bienestar, debieran ser objetivos de nuestra política exterior.

*Director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa

Publicado enInternacional
Viernes, 07 Junio 2019 09:13

Álvaro Uribe. El psicópata ejemplar

Álvaro Uribe. El psicópata ejemplar

Treinta años ininterrumpidos de uribismo han terminado por configurar en Colombia un proyecto de Estado autoritario, que llevó a la práctica una contrarrevolución, en donde no había tomado forma una revolución. Apoyado en todo tipo de violencia, hoy prolonga una ofensiva antisocial, la que además de generar terror entre amplios grupos sociales –obligándolos al destierro y el exilio–, amplia su base cultural e ideológica para arrasar con todo lo que pueda entenderse como pluralismo, derechos humanos y democracia formal.

Desde hace varias décadas no hay día en que un personaje que se impuso a sangre y fuego en el panorama nacional no sea noticia, de manera directa o indirecta. Su poder es tal que, como todo “jefe supremo”, dictador, “mesías”, etcétera, levanta odios y amores. Es por ello, en perspectiva de acercarnos al fenómeno que padecemos, que requerimos preguntar/nos: ¿Qué es el uribismo y a quién representa?

Para cuya respuesta no existen dudas: el uribismo es Uribe en persona e ideología, quien a su vez es jefe, una especie de adorado Zar, y un comandante en jefe de sus seguidores materiales y espirituales. Pero hoy, de la persona se ha pasado a una ideología, la cual ha permeado a toda la sociedad colombiana, y quiere quedarse para siempre a través de terceros o interpuestas personas, consolidando sus políticas autoritarias.

Pero no solo esto. El uribismo también es un proyecto histórico de corte agrícola/ganadero feudal, apoyado por el capital industrial, minero extractivo y financiero, a los cuales atrae con beneficios económicos tributarios, al tiempo que se apoya en los grandes medios de comunicación de propiedad de los anteriores, y se refuerza con el poder ideológico dominante de las seudo iglesias cristianas o mercaderes de la fe, así como de la tradicional concepción católica del país conservador.

Tras la comprensión de este personaje, Gustavo Petro cataloga al uribismo como “una fuerza reaccionaria […]. Dentro de la cual Uribe significa algo: los terratenientes improductivos de Colombia que crecieron sus propiedades originarias del feudalismo español con el narcotráfico, (y) quienes terminan convirtiéndose en megaterratenientes. Es una fuerza arcaica, premoderna. Hoy cada megaterrateniente tiene su ejército privado, le llaman paramilitares, y quieren dominar la sociedad en función de sus intereses. Comprometidos con una violencia salvaje, la Justicia Especial para la Paz –JEP– no les sirve y la única manera para que una fuerza tan retardataria siga gobernando es con la violencia, no con la razón, eso es Uribe, eso es el uribismo”.

 

Psicópata y sociópata

 

El origen del uribismo descansa en el personalismo encarnado en el líder carismático de la persona resentida, megalómana, desequilibrada emocionalmente y con amplios rasgos que combinan al psicópata y al sociópata de Álvaro Uribe, quien en su momento convirtió a Antioquia en el centro territorial para el experimento de violencia, combinando entre sus aliados paramilitares de los hermanos Castaño, los combos del tenebroso “Don Berna”, los reductos lúmpenes de exguerrilleros maoístas del Epl y, por supuesto, las fuerzas militares y de policía, todos estos, convertidos en ejército de choque contra la supuesta avanzada guerrillera de las Farc y el Eln, a las que había que detener, así hubiera que demoler lo poco que había de democracia y derechos humanos en nuestro país, como en efecto sucedió. Pero esta trama antiguerrillera no fue sino un sofisma, en el fondo estaba el aniquilamiento del precario movimiento popular existente para entonces, y que a pesar de todo sigue aguantando los embates aniquiladores de un sistema político que asesina gota a gota a los líderes sociales. Que quede claro, Colombia no es un país democrático, y nunca lo ha sido.

¿Por qué decimos que los rasgos sicológicos y psiquiátricos de Álvaro Uribe son los de un psicópata con visos sociópatas? Por la sencilla razón que su característica central es su controvertida personalidad, alimentada por el constante deseo de hacer el mal a todos sus contradictores, y en este caso a la sociedad colombiana en general, sin que exista en su interior la más mínima acción de remordimiento por sus malignas ejecutorias. Su personalidad, de acuerdo a tal carácter, es violenta por naturaleza y convicción. Ese es este personaje y con él, el uribismo como filosofía de vida y proyecto histórico.


Como complemento, el sociópata padece de trastornos de personalidad antisocial, con tendencia a mentir constantemente, quebrantar las leyes y comportarse de forma impulsiva; asimismo, quienes comportan tal carácter, no se preocupan por su propia seguridad ni por la de los demás. Los síntomas pueden disminuir con la edad, pero en este caso en particular sucede lo contrario. Para su proceder se apoya con gran influencia en los medios de comunicación que le retrasmiten sus constantes mentiras, meditadas, bien planeadas, haciendo uso de gran habilidad, al estilo del jefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, para quien una mentira repetida varias veces, debía convertirse en verdad.

La Antioquia paramilitar y uribista

La Antioquia uribista fue la viva expresión de las más grandes violaciones de los derechos humanos, con la muerte de miles de líderes sociales –por ejemplo, Jesús María Valle–, sindicalistas, estudiantes, docentes, periodistas, campesinos, jóvenes de barrios populares, vendedores ambulantes, niños y niñas.

Ni que decir de cientos de masacres que azotaron el Urabá antioqueño, donde hasta cabezas rodaron bajo la egida del ejecutor –hoy con signos de “remordimiento”–, el nefasto “Pacificador de Urabá”, Rito Alejo del Río. Además, bandas asesinas, como la denominada “Doce Apóstoles”, en las cuales acusan de militancia a Santiago Uribe, hermano del “psicópata ejemplar”, estuvieron a la orden del día, con el garabato encima, en tiempo del gobierno departamental y nacional del personaje en cuestión. Masacres incluso en plena ciudad, como la ejecutada en la Comuna 13, llamada “Operación Orión”, por la que cientos de madres aún esperan recoger los cadáveres de sus hijos, asesinados y tirados como perros en “La Escombrera” por la política uribista de tierra arrasada, bajo el comando del general Mario Montoya.

De lo regional a lo nacional

Si en Antioquia pudieron exterminar a todo el que no estuviera con Uribe, entonces ¿por qué no agrandar el experimento ante una Colombia que parecía rendida a una guerrilla equivocada que nunca atacó al bloque de poder, sino que asesinaba a su propio pueblo, entre ellos campesinos inermes y desposeídos de todo bien material? De esta manera, con un proceso de paz muerto, producto de la soberbia y la irracionalidad de las Farc, la Colombia equivocada, la analfabeta educativa y políticamente, con medios de comunicación incendiarios y propensos a una política de muerte como RCN, y un capitalismo salvaje que necesitaba de la fuerza para contener cualquier protesta social, mientras se aplicaban políticas de beneficios tributarios para grandes empresarios y comerciantes, banqueros, terratenientes, ganaderos y multinacionales mineras, gasíferas y petroleras, en contraposición de la cascada de impuestos para los sectores populares y medios, al tiempo que se reducía casi a cero lo poco que quedaba de beneficiosos sociales (como fue el desmote de las horas extras laborales, para solo citar un ejemplo). En medio de la aplicación de este proyecto a favor del capital nacional e internacional, es cuando surge y se consolida el caudillo mesiánico, y es a partir de ese momento cuando el uribismo se afianza como política de Estado, y hoy, casi consolidada como proyecto histórico, quiere ir más lejos. No importa cómo, ya que a decir del uribismo, Colombia está con Uribe.


Tras tal proyecto se toman todo el Estado, en principio a favor de intereses personales y familiares, y luego, para responder al apoyo de los grupos económicos Ardila Lule, Santodomingo, Sindicato Antioqueño, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, y gremios como Fedegan, Fenalco, Sociedad de Agricultores de Colombia y, por supuesto, a diversas multinacionales, entre ellas las mineras, a todos los cuales les conceden amplias garantías y beneficios de todo tipo. En todo este enriquecimiento personal y del tradicional capital, se aplica y refuerza una dura política represiva contra todo aquel que pretendió oponerse a tal ofensiva, sin pudor alguno ante los valores sociales y los derechos humanos cada día violentados, teniendo todos los aparatos del Estado: justicia, Congreso, órganos de control, y por supuesto, las Fuerzas Amadas, al servicio de su proyecto. El Congreso no queda exento, al cual lo compran, como siempre ha sucedido, para eso están los puestos burocráticos de contratos a término fijo –la nueva forma de explotación del siglo XXI–, y uno que otro contrato de obras. Todos los congresistas de estirpe liberal/conservador solo piensa en lo inmediato, en ellos y sus familias. El país no les importa. Nunca les ha importado.

Un dominio reafirmado una y otra vez en lo electoral, en cuya última experiencia presidencial (2006) Álvaro Uribe reunió 8 millones, apoyado en los cuales ahondó la persecución, a sangre y fuego, en contra de la oposición, para lo cual potenció los servicios secretos como el DAS, colocados al servicio de la represión, el chantaje y asesinato de líderes sociales y políticos. No escaparon a esta persecución opositores como Gustavo Petro, Iván Cepeda, Piedad Córdoba y el Colectivo de Abogados José Alvear entre otros, quienes casi en solitario se fajaron contra viento y marea a denunciar la alianza paramilitar/Uribe. Por cierto, nadie en su momento los apoyó con firmeza, salvo un sector de la izquierda. Pero al final, la luz brilló a favor de las denuncias de Petro y demás, hasta el punto que hoy es información en algunos textos escolares.

El proyecto de Estado del uribismo

Uribe en su gobierno, y con ello su filosofía de vida política, fue la respuesta fascista a lo poco que hemos tenido de democracia, ya que en Colombia nunca ha existido la misma de manera plena, la cual, por cierto, nos la quieren disfrazar aún más mediante elecciones compradas en las cuales prima el llamado voto de Registraduría. Esa política fascista fue patentizada en la persecución contra periodistas, magistrados, jueces, sindicalistas, estudiantes, docentes, intelectuales en general, y todo aquel sector que se opusiera al proyecto uribista. Pero, más que las cientos de masacres perpetradas por paramilitares con apoyo de las Fuerzas Militares y de toda la seguridad del Estado, el uribismo encarna la muerte en cientos de asesinatos de jóvenes inermes, y a veces hasta con discapacidad mental, como fueron los mal llamados “falsos positivos”, con los cuales el país se llenó de sangre; y a la par de ello 8 millones de compatriotas fueron sacados a la fuerza de sus casas en las zonas rurales, obligados a refugiarse en ciudades, sin arraigo cultural, social y familiar, padeciendo, en símil, lo sufrido por los judíos bajo el dominio dictatorial de Hitler, llevados a la muerte en hornos crematorios. Eso fueron los 8 años de gobierno del sociópata y psicópata Álvaro Uribe Vélez.

Mientras esto sucedía, el uribismo se afianzaba en lo personal, como quien dice, yo vine a llevar a cabo un trabajo sucio, y tengo que cobrar por ello. Colocó la legislación a su favor, no solo para reelegirse y por ende perpetuarse en el poder al mejor estilo de un dictador bananero, sino que enriqueció a su familia como ya anotamos, como fue el sonado caso de la Zona Franca de Occidente en Mosquera-Cundinamarca, para solo citar un referente de los varios que existen. Proceder con el cual también se enriquecieron sus amigos.

De esta manera este personaje se convirtió en el artífice de lo hoy conocido como los grandes robos al Estado, casos Odebrecht, Saludcoop, Reficar, Hidroituango, antiguo y extinto Seguro Social, crisis hospitalaria, quiebra del sistema de salud con la Ley 100, y cientos de robos más, entre estos la mermelada repartida a montón en el Congreso para tenerlo de su lado, expresión de lo cual es la famosa frase que alguna vez soltó: “no me importa que los vayan a meter presos (a los congresistas paramilitares), sino que voten por mis proyectos mientras estén libres”. La repartición de notarías para su elección y la compra descarada por unos puestos entregados a desconocidos politiqueros de entonces, como Yidis Medina y el difunto Teolidondo Avendaño, demuestra que el Estado es de poco valor para el uribismo.

Hoy se ha demostrado que con el uribismo se llevaron a cabo grandes transacciones económicas con multinacionales de la minería y el petróleo a favor de éstas y en detrimento del país y su medio ambiente, en las que primaron las coimas, dinero que seguramente, quienes las alimentaron intelectualmente y quienes las concretaron en directo, lo enviaron a paraísos fiscales. El bloque en el poder desde siempre se enriqueció a través de esquilmar lo público, y así también sucedió con lo creado por y alrededor de este personaje.

Pero el uribismo va por más. Ya el Estado casi les pertenece, quiere el dominio ideológico y una Colombia joven educada en sus valores fascistas. Quiere el Estado definitivo a sus pies. La guerra y con ello la muerte es su filosofía de vida, por eso desprecia y patea el proceso de paz, y no en vano quienes ayer apoyaron a Santos por la paz, descaradamente capitalistas sin corazón y nombre, feudales ganaderos y terratenientes agrícolas, medios de comunicación, todos a merced de la pauta oficial, iglesias que son mercaderes de la fe, burócratas de pacotilla, políticos de bolsillo como conservadores y liberales, y lamentablemente masas incultas como porteros, taxistas, vendedores ambulantes, profesionales de bajo rasero, amas de casa rezanderas, curas de pueblos, obispos y cardenales, gacetilleros y locutores, futbolistas y ciclistas, narcotraficantes y comerciantes de lo que queda del ocaso de San Andresito, tenderos de bajo mundo, bebedores de cervezas, cantantes paisas, prostitutas de mala muerte, pueblo en general, le aplaude a la muerte, con Uribe a la cabeza.

Un pueblo equivocado

La mirada del pueblo sobre la realidad que vive es inmediatista, pese a soportar todo tipo de injusticias, pese a que lo poco que le quedaba le ha sido arrebatado. Y es que la miserableza de un pueblo que vive del rebusque, donde el Código de Policía los patea, lamentablemente vota y son uribistas. Ese es la idiosincrasia popular, la que es sometida en lo político y militar, y ahora en lo cultural y educativo. Para el uribismo pensar de manera diferente y contradecir al Supremo, es subversivo, por eso tanto a los colegios y las universidades públicas las quieren cerrar en medio de la asfixia presupuestal, pretenden vigilar la libre cátedra y el libre pensamiento, y no en vano están proponiendo que los estudiantes graben a todos los profesores que supuestamente los estén ideologizando. Incluso, se avecinan tiempos para la quema de libros y la confiscación de computadores, o la vigilancia a través de la empresa Claro –de propiedad del magnate mexicano Slim–. Todo está por llegar.

Uribe y con ello el uribismo, lograron consolidar un proyecto político ideológico, propósito para el cual la complacencia de los medios de comunicación oficiosos, escritos, visuales y orales fue y es fundamental, no solo por lo que informan o dejan de informar, sino por toda su contribución a la despolitización de nuestra sociedad.

Precisamente, el uribismo se refunda y afianza en la pobreza espiritual de una inmensa masa de colombianos que siguen a más de 5.000 seudo iglesias cristianas de corte pentecostal existentes por todo el país, las que han terminado como grandes negocios, incluso, sindicadas algunas por evasión de impuestos o la par de servir para acumular inmensas fortunas, tal como lo demuestra el enriquecimiento de la familia Castellanos y su famoso Grupo G12, y el escándalo de la familia Piraquive, donde la mentora María Luisa Piraquive y sus hijos poseen todo tipo de propiedades en los Estados Unidos. A esto se agrega una iglesia católica que esconde la pedofilia debajo de sus sotanas en una supuesta defensa de los valores familiares, y que ha resultado aliada del uribismo con el sofisma de defender a la familia conservadora y rezandera en medio de la hipocresía, una Iglesia en donde afloran todas las aberraciones sexuales de altos ejecutivos del sistema, escondidos en sus closet.

Ofensiva en ascenso

El uribismo es estratégico, porque permanece unido en relación a un solo caudillo, mientras el pensamiento progresista colombiano es y permanece disperso –todos quieren ser jefes–, mientras tanto, el uribismo se impone a sangre, fuego y dominio ideológico. Está ganando.

El uribismo, en Uribe, concentran el poder del Estado –mafioso–, todas las Ramas del poder les pertenecen, y las que no, las amedrantan con acusaciones falsas. Avanzan, ahora con el exterminio de líderes sociales, a fin de copar el campo, para luego pasar al aniquilamiento de líderes como @petrogustavo y finalizar con el absoluto dominio ideológico de la sociedad. Casi 100 líderes sociales asesinados en menos de un año de gobierno del llamado subpresidente Duque, reafirma que no somos democracia. Ningún país del mundo que se denomine democrático asesina a la oposición, y menos a líderes comunitarios que lo único que hacen es exigir derechos básicos, para salir de la marginalidad y vivir en dignidad, como es el caso de los indígenas.

El uribismo, primero, nos definió el Estado que quería: paramilitar/capitalista. Después nos explicó su forma: poder mafioso caso @FiscaliaCol. Después nos dijeron que la familia y la religión, y ahora nos quieren coartar el poder de pensar libremente, y si es el caso, vigilarnos en nuestros propios hogares. Realidad que abre un reto inmenso para quienes no hacemos parte de ese nefasto proyecto de sociedad: solo una gran fuerza social, incluso en unidad con políticos y capitalistas pisoteados por Uribe, podrá liderar un proceso social que lleve a librarnos de una lacra psicótica y sociópata como es el personaje acá tratado.

Publicado enColombia
Viernes, 07 Junio 2019 09:14

El paro, del dicho al trecho…

El paro, del dicho al trecho…

El 25 de abril fue el día decidido por decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas para convocar a la sociedad colombiana a parar y protestar contra la política gubernamental en marcha. Las razones económicas, políticas, en derechos humanos, y otras, todas justas, no hay duda de ello, darían para una potente protesta pero, ¿por qué el llamado de las organizaciones convocantes no encuentra el eco requerido dentro del conjunto social?

 

Parece un fantasma que recorre los pasillos y auditorios donde se congregan para sus reuniones las organizaciones sindicales, sociales y políticas alternativas. Siempre está allí su sombra, su recuerdo, la misma que se extiende y gana más presencia cuando los concurrentes a estas citas valoran que es necesario confrontar con mayor fuerza al mandatario de turno. En sus análisis determina la razón objetiva –la crisis económica, el desempleo, los incumplimientos con compromisos firmados por el gobierno producto de jornadas de protesta en otros paros, la violación de los derechos humanos, etcétera– y por fuera quedan otras variables de la realidad, como el potencial de fuerza efectivo con que se cuenta para sacar avante un paro nacional, cívico por demás, la capacidad organizativa para darle forma en pocas semanas a un reto de esta magnitud, los imaginarios sociales y políticos hoy vigentes, las nuevas gramáticas que ganan espacio en el mundo que vivimos, etcétera.

El fantasma extiende su sombra desde 1977, cuando un paro cívico nacional paralizó al país, en algunas ciudades no solo por uno sino hasta por dos y tres días. La rabia cundió por todas partes y rompió los poros de los más pobres, y a piedra limpia y tachuelas como alfombras que cubrían las principales avenidas de muchas de las ciudades, le marcó el límite a la policía y a las fuerzas militares, que con sus métodos de siempre quisieron impedir el desborde social.

Un paro nacido de las contradicciones interburguesas, donde la fracción conservadora del ospino-pastranismo, Fenalco y Andi, y con ellos la Unión de Trabajadores de Colombia –UTC, de filiación conservadora– vieron en el paro una oportunidad para mejorar su tajada en la torta del poder. Fracción que encontró el apoyo de un sector del liberalismo, pese a contar con la dirección del gobierno.

Un paro alimentado por una pobreza por ingresos que cubría al 59 por ciento de los 24 millones que habitaban el país por entonces, golpeados por una inflación que rondaba el 28,3 por ciento y un desempleo que ascendía al 9,3 por ciento, con una economía que atravesaba un buen momento producto de la bonanza cafetera, que solo beneficiaba a los de siempre.

Sociedad sometida al Estado de sitio, que negaba todo tipo de libertades políticas. Es esa sociedad, en tránsito acelerado del campo a la ciudad, la que respondió al llamado de la alianza conservadora, liberal, izquierda, coordinados a lo largo de un año, conformando comités de paro por todo el territorio nacional, para finalmente hacer realidad aquel 14 de septiembre que sigue vivo en la memoria de dirigentes sindicales y otros, que quisieran revivir tal potencial humano por todas las calles del país.

Simple deseo. Han transcurrido 40 años desde que un cuerpo se trasformó en fantasma, lo que debería llevar a unos y otros, a quienes vivieron aquella jornadas, como a quienes la conocen por anécdotas o por lecturas, a preguntarse por las condiciones mínimas por garantizar para que la consigna deje de ser simple letra muerta –buen deseo– y encarne en las fibras de miles, de millones de personas.

 

¿Qué se entiende hoy por paro?

 

Para 1977 no existía duda entre el activismo social: el sujeto de la revolución era la clase obrera, y alrededor de ella realizan su esfuerzo fundamental de organización y lucha. Las precaria industria que el establecimiento había tratado de construir a lo largo de 40 años estaba en pie, y cada una de las principales empresas aglutinaba cientos de trabajadores. El factor fundamental de la producción era la economía real, y el sector financiero aún era pequeño.

La participación política legal brillaba por su contracción, expresión de lo cual era la centralización de poderes locales y departamentales en manos del Ejecutivo central; la extensión efectiva del Frente Nacional (monopolio del poder), la militarización de ciudades y campo, y el control policivo de territorios hacía mucho más difícil cualquier nivel de organización independiente de la población. Contracción de la participación legal y control social que propiciaron el surgimiento y multiplicación en pocos años de los movimientos cívicos, los cuales realizaban año tras año decenas de paros cívicos locales a lo largo de la geografía nacional.

La ilegalización de sindicatos, la persecución de la crítica, la tortura como una práctica recurrente y la multiplicación de los presos políticos, no podían ocultarse aunque el régimen no aceptara su concreción cotidiana.

En esas condiciones el paro cívico era la efectiva parálisis de la vida cotidiana en un municipio dado, un espacio para el desfogue de la rabia acumulada por jóvenes sin oportunidades de ninguna especie y proletarios mal pagos, poblando la periferia de muchas ciudades, arrinconados en tugurios o habitaciones construidas con latas, madera o con paroy. Un factor a paralizar para la efectiva concreción del paro era el bloqueo del transporte urbano, en manos de decenas de propietarios privados, incluso con mucho propietario que solo tenía uno o dos buses. Por su parte, la huelga era la paralización de la producción en una fábrica o empresa en particular, la cual encontraba algún eco de solidaridad más allá de los activistas, para muchos de los cuales las mismas semejaban el embrión de la revolución, sobre la cual no caía sombra o duda alguna.

Transcurridas estas cuatro décadas, todo es distinto: el modelo de industrialización ya no existe, el sector fundamental de la economía es el financiero con su baja incorporación de personal, automatización en muchos de sus procesos y teletrabajo en auge; la clase obrera dejó de ser el referente de la acción social y la revolución –en su concepto clásico– ya no es el norte que alumbra todas las luchas. El Ejecutivo, a pesar de la pervivencia del presidencialismo, liberó una parte del poder, abriendo vía a la elección popular de gobernadores, alcaldes y representantes barriales –ediles– descentralizando presupuestos y abriendo vías para la participación legal de la población, lo cual desfoga rabias. Las cárceles ya no están inundadas de presos políticos, aunque sí de prisioneros de guerra. La desocupación del campo y el crecimiento de las ciudades, multiplicó la informalidad laboral, obligando a que cada uno busque lo suyo, individualizando luchas, realidad multiplicada por acción del neoliberalismo, el que culturalmente adentró a la sociedad en un prolongado escepticismo.

Al mismo tiempo, las ciudades avanzaron en su estabilidad interna, regularizando barrios e incluyendo a toda su población en la política impositiva y tributaria, la misma que arrincona a cada familia obligándola a cumplir con pagos si no quiere perder su propiedad o ser desplazado a la periferia urbana o más allá de la misma. Familias que, por demás, endeudadas con el capital financiero para poder adquirir su “propiedad”. El afán por reunir el dinero para la cuota mensual y la amortización de intereses marca la vida de miles de miles. Con un cambio sustancial en la geografía interna de los barrios: en muchos la gente dejó de vivir en casas para pasar a la habitación de apartamentos, lo cual no es un detalle menor pues en los primeros había vida de barrio y en los segundos es evidente la debilidad de la misma. Con todo ello, el reclamo por servicios públicos también dejó de ser una prioridad, y ahora el afán no es lograrlos sino reunir el dinero necesario para cancelar la cuota mensual que implica el acceso a tales “derechos”.

En estas circunstancias, aunque el déficit de vivienda es inmenso, el techo no es el eje de la lucha de miles. Aunque parezca extraño, hoy no existe un movimiento cívico de la magnitud del conocido a finales de los años 70 y a lo largo de los años 80 del anterior siglo; los paros cívicos suenan a cosa extraña para quienes tienen que salir cada día a rebuscarse por cuenta propia, y las huelgas –que los trabajadores denominan paro– no ocurren sino de manera ocasional en alguna dependencia estatal y con mucha rareza en una empresa privada.

Resalta en estas circunstancias, entonces, algo que no hay que pasar de menos: cuando en los tiempos que vivimos los liderazgos sociales y sindicales llaman a un paro puede que estén pensando en lo que se entendía por pueblo en 1977, pero es evidente que ese no es el mismo de hoy, pues el establecimiento logró meterlo en una dinámica que rompió solidaridades traídas del campo, pasando a primer instancia lo de cada uno. Puede que los niveles de pobreza no sean muy diferentes a los de hace varias décadas, (en realidad el porcentaje de pobreza por ingresos hoy cayó al 27,9 por ciento) pero las subjetividades individuales y colectivas cambiaron, también los lenguajes, de manera que concitar hoy a la lucha demanda experimentar nuevas rutas, de lo cual está lejos el sindicalismo y el activismo social, tan sometido a las lógicas y dinámicas del establecimiento, como a los afanes de cada organización, algunas de ellas aún simples instrumentos de organizaciones partidarias que en sus prácticas y decisiones, pese a identificar en ello un error, continúan dándole prioridad a sus objetivos particulares –crecimiento y protagonismo– e instrumentalizando al actor social.

En estas circunstancias, para mayor complejidad, los paros cívicos, en tanto desnudan la poca presencia territorial construida por los sectores alternativos, y la precariedad de lo sindical, quedan reducidos a una marcha por las principales avenidas de una ciudad u otra. La consecuencia de ello no es de poca monta, mucho más cuando se insiste en realizar paros que en verdad son jornadas de protesta, uso inadecuado del lenguaje que desvirtúa la posibilidad y el efecto que puede tener un paro cívico, el cual debería obligar al establecimiento a negociar una agenda específica, concreta y viable, estructurada por los sectores convocantes a través de una agenda labrada en infinidad de asambleas territoriales, que los conecten con la base de la sociedad y con sus deseos e imaginarios.

Mientras no se logre algo parecido a esto, con dificultad se recuperará el real significado de estas palabras, lo cual demanda, en primera instancia, retomar con humildad la acción territorial en miles de barrios, a la par de darle más tiempo a la cimentación que demanda la realización de cualquier jornada de lucha, atravesada, cuando es nacional, por la pregunta por la coordinación –por no aludir a la imposible unidad en frío– de los distintos sectores del activismo comprometidos en una acción de cambio social, no de revolución, palabra mayor que implica otras acciones y otros procederes, y la cual no puede estar reducida a jornadas puntuales que muchos quieren usar como plataforma para avanzar hacia la misma.

El factor cultural, aquí, es uno de los fundamentales por abordar, pensar, investigar, comprender y, producto de todo ello, reorganizar la acción política cotidiana con proyección de largo plazo. Sin comprender los nuevos imaginarios sociales, y los cambios de estructura sufridos por nuestra sociedad –como parte del conjunto mundial– no es posible obtener resultados diferentes a los alcanzados el pasado 25 de abril, dejando a un lado, por demás, el voluntarismo y el diseño de acciones sociales y políticas estimulados por fantasmas que no parten a su definitivo descanso, o por las necesidades de una organización u otra –en su diseño estratégico o táctico–.

Un factor cultural que implica y afecta la variable de los sujetos del proceso social, en el cual al sujeto proletario ya no es único ni hegemónico, sino que comparte su rol con otros que lo complementan o superan, algunos de relevancia también mundial, entre ellos el feminismo (que además de lucha contra el patriarcado y machismo en general, implica igualdad y justicia en el trabajo, la familia por reivindicar, la autonomía a la hora de decidir sobre su cuerpo y la reproducción de la especie, entre otros aspectos), el ambientalismo (que además del importantísimo factor del cambio climático, implica el debate y decisión sobre lo que se entiende por desarrollo y crecimiento, el asentamiento en y el manejo del territorio, extractivismo en sus diversas variables, relación y/o unidad con la naturaleza, consumo y salud, vida-muerte, entre otras variables), el mismo factor cultural (que incorpora factores como identidad, comunidad individuo, nación/mundo/fronteras/libertad, usos y consumos, nuevas formas de comunicación e interrelacionamiento) y con él la juventud.

Y otros factores que no son menores a la hora de intentar comprender el por qué hoy reviste mayor dificultad lograr sintonía con el conjunto social: 1) no existe referente global para las luchas sociales, lo que hace décadas descansaba en el socialismo, bien en la experiencia rusa, china, cubana, albanesa; 2) hace 40 años no había tomado forma el paramilitarismo, y el genocidio que rompió amplias capas del tejido social aún estaba por concretarse, dejando una estela de cadáveres, desaparecidos, desplazados y aterrorizados por todo el país; 3) acudir al Estado no era la prioridad para procurar protección ni cuidado, el cual lo garantizaban, tal vez sin mucha eficacia, las mismas organizaciones populares y las armadas. El Estado era el referente por conquistar pero no la brújula para garantizar la propia existencia; 4) como aspecto poco procesado, el narcotráfico aún no lograba su maléfico efecto de desarticulación y destrucción social, antecedente individualista del neoliberalismo y potenciador del mismo, que cooptó toda una generación de jóvenes que identificaron en tal posibilidad una vía expedita para resolver los problemas económicos propios y de sus familias, militarizando aún más la cotidianidad de las barriadas y comunidad en general.

Son todos estos –y seguro otros– factores, junto con el escaso reconocimiento por parte del activismo social y político de estar atravesando el desierto de la derrota política, la cual demanda la reconstrucción teórica para una sociedad por construir, lo que dificulta que los paros cívicos hoy alcancen los resultados que unos y otros esperan de ellos. Un reconocimiento y una conjunción de factores que desterrarán el o los fantasmas que acompañan el pensar y el hacer de los sectores alternativos; un conjuro a las sombras de lo que se añora y una conjunción de nuevos quehaceres para renacer, luego de atravesar el desierto de la derrota.

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Viernes, 07 Junio 2019 06:02

Se abre el telón en El Salvador

Se abre el telón en El Salvador

El pasado sábado 1º de junio fue la toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se estrenó con un discurso cortito, lleno de guiños personales, pero frágil, ingrávido, y que no deja de causar un poco de miedo. Sí, miedo, porque los problemas que este país tiene son horribles y una gestión política, que arranca con la mesa limpia, debe agarrar el toro por las astas.

Que el discurso haya sido escueto no es el problema, de hecho ahí está el maravilloso cuento "El dinosaurio" de Tito Monterroso para disipar dudas, puesto que todo sigue allí. Lo preocupante es que estos asuntos públicos urgentes –en el país del poeta Roque Dalton inmolado en 1975– exigen exposiciones de motivos inobjetables, porque de otra manera, como de algún modo lo insinuó el mismo Bukele en su comparecencia, quizás un desencanto más ya no lo aguante la paciente ciudadanía salvadoreña.


Moverse en el filo de la navaja, tal y como lo viene haciendo El Salvador desde hace muchos años –y no hay exageración en esto porque es casi literal– ha causado graves estragos para la convivencia ciudadana.


La Policía Nacional Civil, uno de los resultados más notables y esperanzadores de la negociación estratégica que puso fin a la guerra civil en 1992, es ahora un estropajo ensangrentado. Ha sido corroída por la corrupción, infiltrada por el crimen organizado y de ribete ha sido lanzada al combate frontal contra las pandillas, casi como el último recurso para contener este fenómeno social de cobertura nacional, guadaña macabra que todos los días descuaja vidas de compatriotas.


Dirigentes políticos tradicionales, diputados, personeros de organismos internacionales y funcionarios de los gobiernos anteriores al parecer no han logrado comprender que no se trata de un problema de inseguridad, categoría que da poca cuenta de la compleja realidad de este país. El problema es de convivencia social. Por asumir la premisa de la inseguridad el país se ha inundado del negocio de las agencias de seguridad privada (para proteger bienes estatales, empresas privadas y hasta desarrollos urbanísticos), y del negocio de la video vigilancia que se promociona como panacea.


El giro estratégico habría que hacerlo a partir de la noción de reconstitución del tejido social. Empero, esto será apenas propósito vano si se cree que la intervención en los territorios, ahora bajo control, asedio y presión de las redes pandilleriles, será efectiva si el aparato gubernamental se vuelca allí. Es un paso importante, pero un diseño de ese tipo deja por fuera a otros actores clave, tal vez con menos recursos, pero de mayor impronta en el imaginario colectivo. Hay que pasar de reparar cositas a reconstituir escenarios económicos, sociales, culturales y hasta político-organizativos.


En este punto, el flamante gobierno encabezado por Nayib Bukele se juega su destino. Se ha ensayado ya bastante, y mal, porque se ha creído que hay un buen camino y un mal camino, y que el éxito está en atraer al buen camino a los jóvenes extraviados en el mal camino. Si las cosas del mundo fueran así, las soluciones estarían a la vuelta de la esquina.


A la par de esto, el nuevo gobierno deberá ingeniárselas para desatar, fomentar y facilitar dinámicas de actividad económica que impacten sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Otra perspectiva será de poca ayuda. Sin embargo, esas nuevas dinámicas gestoras de otro rumbo económico chocan desde el arranque mismo con los seculares desequilibrios estructurales salvadoreños, que, de no atenderse al menos los que tienen que ver con el modelo productivo (no el modo de producción, que son palabras mayores), el déficit de la balanza comercial seguirá delatando con nitidez: 5904.5 millones de dólares (exportaciones) frente a 11.725.8 millones de dólares (importaciones). Si en esto no hay cambios apreciables, equivaldrá a seguir hablando de nada y el futuro de El Salvador seguirá sombrío.


Los dos grandes asuntos anteriores –convivencia y economía– deberán despegar con cierto éxito o al menos con algún ímpetu que permita atisbar algo distinto, para que temas como el de la prioridad nacional de la primera infancia, que traería la paz social a El Salvador, puedan realizarse.
Y paremos de contar. Por ahora.

Jaime Barba, de REGION Centro de Investigaciones de El Salvador.

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La verdadera historia de los errores futuros

La verdad de un sistema equivocado es el error. Para ser políticamente eficaz, este error ha de repetirse de manera incesante, difundirse ampliamente y ser aceptado por la población como la única verdad posible o creíble. No se trata de una repetición cualquiera. Es necesario que cada vez que el error se ponga en práctica lo sea como un acto inaugural —la verdad finalmente encontrada para resolver los problemas de la sociedad. No se trata de una difusión cualquiera. Es necesario que lo que se difunde se perciba como algo con lo que naturalmente tenemos que estar de acuerdo. No se trata, finalmente, de cualquier aceptación. Es necesario que lo que se acepta sea aceptado para el bien de todos y que, si implica algún sacrificio, sea el precio a pagar por un bien mayor en el futuro.

El avance de las fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha alrededor del mundo se basa en estos presupuestos. Es difícil imaginar la supervivencia de la democracia en una sociedad en la que estos presupuestos se concreten plenamente, pero las señales de que tal concreción puede estar más cerca de lo que se piensa son muchas y merecen una reflexión antes de que sea demasiado tarde. Abordaré las siguientes señales: la reiteración del error y la crisis permanente; la orgía de la opinión y la fabricación masiva de ignorancia; y el paso de la sociedad internética a la sociedad métrica.


La reiteración del error es hoy patente. Desde hace décadas, los países capitalistas centrales, más desarrollados, han asumido la obligación política de dedicar una parte de su presupuesto a la "ayuda al desarrollo". El objetivo es, como su nombre indica, ayudar a los países periféricos, subdesarrollados, a seguir el rastro de los más desarrollados e, idealmente, a converger con estos en niveles de bienestar en un futuro más o menos próximo. Es evidente que la brecha que separa a los países centrales de los países periféricos es cada vez mayor. La llamada "crisis de los refugiados" y el alarmante aumento del movimiento de poblaciones migrantes indeseadas son los signos más evidentes de que las condiciones de vida en los países periféricos son cada vez más intolerables. Lo mismo cabe decir de las políticas de reducción de la pobreza llevadas a cabo por el Banco Mundial desde hace décadas. El balance es negativo si por reducción de la pobreza entendemos la disminución de la brecha entre ricos y pobres dentro de cada país y entre países. La brecha no ha cesado de aumentar. Del mismo modo, las políticas de austeridad o de ajuste estructural que han sido impuestas a los países en dificultades financieras, de las que Portugal y Grecia son ejemplos cercanos, no han logrado sus objetivos, y el propio FMI ha reconocido esto de manera más o menos velada ("exceso de austeridad", "deficiente calibración", etc.). A pesar de ello, las mismas políticas se imponen una y otra vez como si en aquel momento aquella fuera la mejor o incluso la única solución. Lo mismo puede decirse de la privatización de la seguridad social y, por tanto, del sistema público de pensiones. El objetivo más reciente es la seguridad social en Brasil. Según los estudios disponibles, en cerca del 70% de los casos en los que la privatización se realizó el sistema falló y el Estado tuvo que rescatar el sistema para evitar una profunda crisis social. No obstante, la receta sigue siendo impuesta y vendida como la salvación del país.


¿Por qué se insiste en el error de imponer medidas cuyo fracaso es de antemano reconocido? Son muchas las razones, pero todas convergen en la que considero más importante: el objetivo de crear una situación de crisis permanente que fuerce las decisiones políticas a concentrarse en medidas de emergencia y de corto plazo. Estas medidas, a pesar de implicar siempre la transferencia de riqueza de los más pobres a los más ricos e imponer sacrificios a los que menos pueden soportarlos, son aceptadas como necesarias e inviabilizan cualquier discusión sobre el futuro y alternativas a corto y medio plazo.


La orgía de la opinión. El error reiterado y su amplia aceptación no serían posibles sin un cambio tectónico en la opinión pública. Los últimos cien años fueron el siglo de la expansión del derecho a tener opinión. Lo que era antes un privilegio de las clases burguesas se transformó en un derecho que fue efectivamente ejercido por amplias capas de la población, sobre todo en los países más desarrollados. Esta expansión fue muy desigual, pero permitió enriquecer el debate democrático con la discusión de alternativas políticas significativamente divergentes. El concepto de razón comunicativa, propuesto por Jürgen Habermas, se basaba en la idea de que la libre formulación y la discusión de argumentos a favor y en contra en cualquier área de deliberación política, transformaba la democracia en el régimen político más legítimo porque garantizaba la participación efectiva de todos.


Ocurre que en los últimos treinta años la sociedad mediática, primero, y la sociedad internética, después, produjeron una escisión insidiosa entre tener opinión y ser propietario de la opinión que se tiene. Hemos sido expropiados de la propiedad de nuestra opinión y pasamos a ser arrendatarios o inquilinos de ella. Como no nos dimos cuenta de esta transformación, pudimos seguir pensando que teníamos opinión e imaginamos que era nuestra. Empresarios de opinión de todo tipo entraron en escena para simultáneamente reducir el abanico de opiniones posibles e intensificar la divulgación de las opiniones promovidas. Los principales agentes de esta transformación fueron los partidos políticos del arco de gobierno, los medios de comunicación oligopólicos y los sistemas de publicidad, inicialmente orientados al consumo masivo de mercancías, los cuales fueron gradualmente dirigidos hacia el consumo de masas del mercado de las ideas políticas. Así surgió la sociedad mediática y la política-espectáculo, donde las diferencias sustantivas entre las posiciones divergentes son mínimas, pero se presentan como si fueran máximas. Fue el primer paso.


El segundo paso se produjo cuando pasamos de la sociedad mediática a la sociedad internética. En este paso, el derecho a tener opinión se expandió sin precedentes y la expropiación de la opinión, de la que somos usuarios (más que titulares), alcanzó nuevos niveles. Surgieron los empresarios, tanto legales como ilegales, de la manipulación de la opinión pública, cuyo ejemplo paradigmático son las redes y las páginas de Facebook y de WhatsApp que producen “tácticas de desinformación” particularmente activas en períodos electorales, como sucedió recientemente en las elecciones para el Parlamento Europeo. La conocida organización Avaaz identificó 500 páginas sospechosas, seguidas por 32 millones de personas, que generaron 67 millones de interacciones (comentarios, likes, comparticiones). La empresa Facebook cerró 77 de esas páginas que eran responsables por el 20% de flujo de informaciones en las redes identificadas


Esta extraordinaria manipulación de la opinión tuvo tres consecuencias que, aunque pasaron desapercibidas, constituyeron un cambio de paradigma en la comunicación social. La primera fue que esta vigilancia policial de las redes se legitimó a pesar de haber controlado apenas la punta del iceberg. El recurso cada vez más intenso a los big data y a los algoritmos para llegar a cada individuo en sus gustos y preferencias, y hacerlo simultáneamente para millones de personas, hizo posible mostrar que los verdaderos propietarios de nuestra opinión son Bill Gates y Mark Zuckerberg. Como todo es hecho para no darnos cuenta de eso, nos consideramos deudores gratos de El Dorado de información que nos proporcionan y no como acreedores de un desastre democrático de consecuencias imprevisibles por las cuales ellos debían ser personalmente responsabilizados.


La segunda consecuencia es que la información que comenzamos a usar, pese a ser tan superficial, no puede ser contestada con argumentos. O es aceptada o es rechazada, y los criterios para decidir son criterios de autoridad y no de verdad. Si sirve a los intereses del líder político de turno, el pueblo es exaltado como teniendo finalmente opinión propia, capaz de contradecir a la opinión de las élites tradicionales. Si no sirve, el pueblo es fácilmente considerado como “ignorante e incapaz de ser gobernado democráticamente”. En la medida en que el pueblo sigue la opinión del líder, es el líder quien sigue la opinión del pueblo. En la medida en que el pueblo diverge de la opinión del líder, debe, como pueblo ignorante, confiar en la opinión de líder. Según le convenga, el líder populista puede aparecer ora como seguidor del pueblo, ora como su tutor. Aquí reside la razón última de la reemergencia del populismo. Este capital de confianza se crea fácilmente en la medida en que todo sucede en la intimidad del individuo y de su familia. Mientras la sociedad mediática transformó la política en un espectáculo, la sociedad internética la convierte en un show íntimo, un auténtico peep-show en el que toda la interacción afectiva ocurre entre el líder y el ciudadano, sin argumentos ni mediaciones.


La tercera consecuencia de la sociedad internética es que las redes sociales crean dos o más flujos de opiniones unánimes que corren en paralelo y, por tanto, nunca se encuentran. Es decir, en ningún caso pueden ser contradichos o ser objeto de contraargumentación en un debate democrático. Así, la política errada puede ser aceptada ampliamente si cabalga sobre uno de los flujos de unanimidad. Este es el caldo comunicacional de la radicalización política, el ambiente ideal para el clima de polarización, de odio y de demonización del enemigo político, sin que sea necesario usar argumentos discutibles y únicamente recurriendo a frases apocalípticas.


De la sociedad internética a la sociedad métrica. Vivimos otra orgía, la orgía de la cuantificación de la vida individual y colectiva. Nunca nuestras vidas colectivas estuvieron tan dependientes del número de seguidores en Facebook, de los likes en las interacciones en las redes, de los scores en los concursos, de los rankings en las universidades, en la cuantificación de la producción científica. Sabemos que la lógica de la cuantificación es extremadamente selectiva y muy sesgada por los criterios que usa y por los campos que selecciona para cuantificar. Deja fuera todo lo que es más esencial a la existencia individual y colectiva. Deja fuera sectores sociales que, por su inserción social, no pueden ser adecuadamente contados. Las personas sin hogar son contadas por ser sin hogar, y no por lo que hacen durante el día; la agricultura familiar, informal, pese a que en la mayoría de los países continúa alimentando hoy a una gran parte de la población, así como el trabajo no pagado de la economía del cuidado en casa, no cuentan para el PIB. Lo que está predominantemente a cargo de las mujeres no entra en las estadísticas del trabajo, a pesar de ser crucial para reproducir la fuerza de trabajo. Si no estuviera avalada cuantitativamente, la calidad de la producción científica no contaría para la carrera de los investigadores. Y el gran problema de nuestro tiempo es que lo que no es contado, no cuenta.


Estas son algunas de las dinámicas subterráneas que van minando la democracia y creando una cultura pública y privada indefensa ante errores de los que la derecha y la extrema derecha se van alimentando.

 

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Martes, 04 Junio 2019 09:18

Desventuras de un país extraditado

Desventuras de un país extraditado

No hay por qué sorprenderse de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos ni de las actividades de su embajada en Colombia. Los últimos acontecimientos –el retiro de las visas a congresistas y magistrados– no son más que expresiones de la imposición de sus intereses imperiales. Y en este momento, lo que más les interesa del Estado colombiano es su contribución a la llamada “guerra contra las drogas”. No es este país, pese a la retórica, que repiten políticos y periodistas nativos, acerca del “mejor aliado”, un actor importante para ellos; ni en lo diplomático, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico. Más bien debería sorprendernos la ausencia de respuesta de parte de los colombianos, incluida la mayoría de los propios afectados.

Esta es la hora en que el Presidente continúa guardando un elocuente silencio. Las Cortes, en sus cuidadosas declaraciones, solamente se atrevieron a dejar en claro su compromiso con la independencia judicial, más para dar tranquilidad a sus conciudadanos que para expresar una verdadera protesta. Poco se podía esperar. En la JEP, por ejemplo, ya dos magistradas se habían anticipado a salvar el voto en la decisión de solicitar pruebas al tribunal de los Estados Unidos en el caso Santrich, lo cual simplemente buscaba verificar la fecha de ocurrencia del presunto delito, con el argumento de que sería una “invasión de la autonomía judicial de los Estados Unidos” y pondría en peligro la cooperación. Entre los políticos, e intelectuales varios, hemos escuchado apenas refunfuñar. Y entre los medios periodísticos, solamente las reseñas noticiosas y una que otra columna de opinión sobre el tema, siendo las más contundentes, por cierto, aquellas dedicadas a justificar las medidas como un simple requisito de inmigración al que no valía la pena buscarle significados ocultos. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Es apenas un episodio más de una larga historia de imposiciones y humillaciones.

El significado de las medidas es bastante sencillo y ya había sido exteriorizado, sin ninguna cortesía, por el embajador Whitaker en su labor de presión en favor de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, labor cuya denuncia fue precisamente la motivación inmediata del retiro de la visa del representante Cárdenas. No se necesita, en efecto, mucha astucia para entender que esta medida es utilizada sistemáticamente para sancionar, ejercer presión o infundir miedo. Recordemos, para no ir más lejos, que le fue aplicada, en su momento, al presidente Samper. A él no le afectó mucho, pero sí produjo cambios significativos en el interior del país político. A la medida le debemos, además de la obsecuencia de este patricio liberal, la elección subsiguiente de Pastrana, obediente como el que más, y la imposición del famoso Plan Colombia. En la presente coyuntura, es evidente que está en juego el buen funcionamiento del mecanismo de extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. No se trata principalmente de Santrich, que parece interesar más a la derecha uribista colombiana, como lo fue en el caso de Simón Trinidad, sino del mecanismo en sí. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que en la legislación, incluso en la que se puede derivar de los acuerdos de La Habana, se preserve, sin ambigüedad alguna, el procedimiento de extradición, tal como lo interpretan hasta ahora, una de cuyas características es la mínima justificación o sea que basta la solicitud de una instancia judicial en los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Mayor subordinación judicial no puede concebirse.

Es cierto que la extradición está convertida en una de las armas favoritas para la ejecución de la venganza uribista en contra de los principales dirigentes de la Farc, pero coincide en un todo con la actual política de Trump. Y qué mejor que el servilismo largamente comprobado de las elites colombianas. Es en ese sentido que Duque y su vicepresidenta insisten así mismo en retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, sin importar la certeza hace tiempo existente acerca de los efectos perjudiciales de este químico sobre los ecosistemas y la salud de los seres humanos y los animales.

Pero a un mandatario como Trump, que niega incluso el cambio climático, le tienen sin cuidado tales minucias científicas y, bien es sabido, órdenes son órdenes. Órdenes cuyo carácter perentorio, dicho sea de paso, no es directamente proporcional a lo auténtico de su compromiso contra el narcotráfico sino a la magnitud de su arrogancia. Cuestión de estilo, que ya lo ha hecho famoso, y tan temido como aquel Roosevelt del gran garrote. El imperialismo en su agonía busca parecerse al recién nacido. Pues bien, en el colmo del envilecimiento, Duque no hace otra cosa que doblarse ante el amo quien no contento con someterlo y sacarle provecho se complace en humillarlo. Es esto lo más grave, la actitud de quien dice representar a Colombia. Ya lo hemos visto desde que asumió la presidencia, en primera línea de combate verbal y diplomático en contra del gobierno de Venezuela.

En estos tiempos de bicentenarios, del diez o del diecinueve que para el efecto es lo mismo, bueno es hacer conciencia que la verdadera independencia no es sencillamente aquella que se logró dentro y contra el imperio español, sino la que hubiera podido construirse frente a las sucesivas potencias mundiales del capitalismo. Pero vanos han sido los esfuerzos, y la explicación es muy simple: la preservación de este orden nacional edificado sobre la segregación racial, la expoliación de la economía campesina, el saqueo de los recursos y la explotación del trabajo, sólo ha sido posible con el apoyo de la política y las armas extranjeras. Nuestras oligarquías tradicionales y nuestras burguesías modernas han sido siempre tan serviles hacia el exterior como inescrupulosas y despiadadas en la opresión doméstica. Bien se dice que el único placer que han tenido estos pueblos de Latinoamérica es el de cambiar de amo y es casi automático mencionar, después de España, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Y si algún atraso tiene Colombia es el de permanecer todavía en la órbita del planeta yanqui cuando el resto de países ya miran hacia el Pacífico.

Una ilustración, nada más que eso, es el asunto de la extradición que, como dijimos, es lo que parece estar en juego, en esta deshonrosa coyuntura. Su definición es de por sí estigma del sometimiento. Equivale a una confesión: los propios colombianos descreen de la justicia doméstica. Es tan cobarde, tan poco transparente y tan deshonesta, que para enfrentar a los grandes criminales es preciso pedir ayuda a otra justicia, la extranjera, que sí posee las virtudes y los méritos de los que acá se carece. En tales circunstancias, ¡cómo podemos esperar una actitud digna del poder judicial! Nada de extraño tendría que, después de gritar a los cuatro vientos su independencia, y una vez devueltas las visas a los agraviados, decidieran, supuestamente “superados los riesgos de indebida presión”, extraditar a Santrich y dar curso a las objeciones presidenciales. Pero nadie, ni siquiera en la izquierda, se atreve a hablar mal de la extradición, ante el temor de ser acusado de amigo de los narcotraficantes. Y pensar que es en la derecha en donde abundan.

Poca autoridad moral tienen, pues, estos políticos de traspatio para andar celebrando bicentenarios. Quizá por ello, en un arranque de bufonería, y para cortejar al amo, a Iván Duque se le ocurrió agradecer nuestra independencia de España a los “padres fundadores” de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer si es el propio guardián quien les abre las puertas de la casa a los asaltantes? Cambiar de guardián, por supuesto. La única independencia genuina sería pues aquella que surgiera de una radical transformación interna. Por lo pronto, frente a tanta ruindad, donde la bajeza se cruza con la imbecilidad, lo único que podemos hacer, y nos referimos a la parte sana de la nación, es enrojecer de vergüenza.

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¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enColombia
Lunes, 03 Junio 2019 11:04

Manifiesto del Partido Comunista

Manifiesto del Partido Comunista

Tras más de un siglo y medio de su primera edición, el Manifiesto del Partido Comunista no pierde vitalidad ni actualidad al recordarnos que la lucha de clases es empujada, necesariamente, por la contradicción existente entre la naturaleza humana (esencia) y su situación existencial (facticidad) en el sistema mundo capitalista. También, necesariamente, por la dialéctica interna que debe librar todo ser humano entre su propia ignorancia y alienación y la conciencia de la necesidad ontológica de la dignidad y los derechos fundamentales que acompaña en todos los tiempos y lugares a cada individuo de la especie en su singularidad-universalidad, requerimiento para su florecimiento humano integral.

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enEdición Nº257
Lunes, 03 Junio 2019 10:04

Desventuras de un país extraditado

Desventuras de un país extraditado

No hay por qué sorprenderse de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos ni de las actividades de su embajada en Colombia. Los últimos acontecimientos –el retiro de las visas a congresistas y magistrados– no son más que expresiones de la imposición de sus intereses imperiales. Y en este momento, lo que más les interesa del Estado colombiano es su contribución a la llamada “guerra contra las drogas”. No es este país, pese a la retórica, que repiten políticos y periodistas nativos, acerca del “mejor aliado”, un actor importante para ellos; ni en lo diplomático, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico. Más bien debería sorprendernos la ausencia de respuesta de parte de los colombianos, incluida la mayoría de los propios afectados.

Esta es la hora en que el Presidente continúa guardando un elocuente silencio. Las Cortes, en sus cuidadosas declaraciones, solamente se atrevieron a dejar en claro su compromiso con la independencia judicial, más para dar tranquilidad a sus conciudadanos que para expresar una verdadera protesta. Poco se podía esperar. En la JEP, por ejemplo, ya dos magistradas se habían anticipado a salvar el voto en la decisión de solicitar pruebas al tribunal de los Estados Unidos en el caso Santrich, lo cual simplemente buscaba verificar la fecha de ocurrencia del presunto delito, con el argumento de que sería una “invasión de la autonomía judicial de los Estados Unidos” y pondría en peligro la cooperación. Entre los políticos, e intelectuales varios, hemos escuchado apenas refunfuñar. Y entre los medios periodísticos, solamente las reseñas noticiosas y una que otra columna de opinión sobre el tema, siendo las más contundentes, por cierto, aquellas dedicadas a justificar las medidas como un simple requisito de inmigración al que no valía la pena buscarle significados ocultos. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Es apenas un episodio más de una larga historia de imposiciones y humillaciones.

El significado de las medidas es bastante sencillo y ya había sido exteriorizado, sin ninguna cortesía, por el embajador Whitaker en su labor de presión en favor de las objeciones de Duque a la Ley estatutaria de la JEP, labor cuya denuncia fue precisamente la motivación inmediata del retiro de la visa del representante Cárdenas. No se necesita, en efecto, mucha astucia para entender que esta medida es utilizada sistemáticamente para sancionar, ejercer presión o infundir miedo. Recordemos, para no ir más lejos, que le fue aplicada, en su momento, al presidente Samper. A él no le afectó mucho, pero sí produjo cambios significativos en el interior del país político. A la medida le debemos, además de la obsecuencia de este patricio liberal, la elección subsiguiente de Pastrana, obediente como el que más, y la imposición del famoso Plan Colombia. En la presente coyuntura, es evidente que está en juego el buen funcionamiento del mecanismo de extradición de nacionales colombianos a los Estados Unidos. No se trata principalmente de Santrich, que parece interesar más a la derecha uribista colombiana, como lo fue en el caso de Simón Trinidad, sino del mecanismo en sí. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que en la legislación, incluso en la que se puede derivar de los acuerdos de La Habana, se preserve, sin ambigüedad alguna, el procedimiento de extradición, tal como lo interpretan hasta ahora, una de cuyas características es la mínima justificación o sea que basta la solicitud de una instancia judicial en los Estados Unidos para llevar a cabo el procedimiento. Mayor subordinación judicial no puede concebirse.

Es cierto que la extradición está convertida en una de las armas favoritas para la ejecución de la venganza uribista en contra de los principales dirigentes de la Farc, pero coincide en un todo con la actual política de Trump. Y qué mejor que el servilismo largamente comprobado de las elites colombianas. Es en ese sentido que Duque y su vicepresidenta insisten así mismo en retomar la fumigación aérea con glifosato sobre los cultivos de coca, sin importar la certeza hace tiempo existente acerca de los efectos perjudiciales de este químico sobre los ecosistemas y la salud de los seres humanos y los animales.

Pero a un mandatario como Trump, que niega incluso el cambio climático, le tienen sin cuidado tales minucias científicas y, bien es sabido, órdenes son órdenes. Órdenes cuyo carácter perentorio, dicho sea de paso, no es directamente proporcional a lo auténtico de su compromiso contra el narcotráfico sino a la magnitud de su arrogancia. Cuestión de estilo, que ya lo ha hecho famoso, y tan temido como aquel Roosevelt del gran garrote. El imperialismo en su agonía busca parecerse al recién nacido. Pues bien, en el colmo del envilecimiento, Duque no hace otra cosa que doblarse ante el amo quien no contento con someterlo y sacarle provecho se complace en humillarlo. Es esto lo más grave, la actitud de quien dice representar a Colombia. Ya lo hemos visto desde que asumió la presidencia, en primera línea de combate verbal y diplomático en contra del gobierno de Venezuela.

En estos tiempos de bicentenarios, del diez o del diecinueve que para el efecto es lo mismo, bueno es hacer conciencia que la verdadera independencia no es sencillamente aquella que se logró dentro y contra el imperio español, sino la que hubiera podido construirse frente a las sucesivas potencias mundiales del capitalismo. Pero vanos han sido los esfuerzos, y la explicación es muy simple: la preservación de este orden nacional edificado sobre la segregación racial, la expoliación de la economía campesina, el saqueo de los recursos y la explotación del trabajo, sólo ha sido posible con el apoyo de la política y las armas extranjeras. Nuestras oligarquías tradicionales y nuestras burguesías modernas han sido siempre tan serviles hacia el exterior como inescrupulosas y despiadadas en la opresión doméstica. Bien se dice que el único placer que han tenido estos pueblos de Latinoamérica es el de cambiar de amo y es casi automático mencionar, después de España, a Gran Bretaña y Estados Unidos. Y si algún atraso tiene Colombia es el de permanecer todavía en la órbita del planeta yanqui cuando el resto de países ya miran hacia el Pacífico.

Una ilustración, nada más que eso, es el asunto de la extradición que, como dijimos, es lo que parece estar en juego, en esta deshonrosa coyuntura. Su definición es de por sí estigma del sometimiento. Equivale a una confesión: los propios colombianos descreen de la justicia doméstica. Es tan cobarde, tan poco transparente y tan deshonesta, que para enfrentar a los grandes criminales es preciso pedir ayuda a otra justicia, la extranjera, que sí posee las virtudes y los méritos de los que acá se carece. En tales circunstancias, ¡cómo podemos esperar una actitud digna del poder judicial! Nada de extraño tendría que, después de gritar a los cuatro vientos su independencia, y una vez devueltas las visas a los agraviados, decidieran, supuestamente “superados los riesgos de indebida presión”, extraditar a Santrich y dar curso a las objeciones presidenciales. Pero nadie, ni siquiera en la izquierda, se atreve a hablar mal de la extradición, ante el temor de ser acusado de amigo de los narcotraficantes. Y pensar que es en la derecha en donde abundan.

Poca autoridad moral tienen, pues, estos políticos de traspatio para andar celebrando bicentenarios. Quizá por ello, en un arranque de bufonería, y para cortejar al amo, a Iván Duque se le ocurrió agradecer nuestra independencia de España a los “padres fundadores” de los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer si es el propio guardián quien les abre las puertas de la casa a los asaltantes? Cambiar de guardián, por supuesto. La única independencia genuina sería pues aquella que surgiera de una radical transformación interna. Por lo pronto, frente a tanta ruindad, donde la bajeza se cruza con la imbecilidad, lo único que podemos hacer, y nos referimos a la parte sana de la nación, es enrojecer de vergüenza.

Publicado enEdición Nº257