La senadora boliviana Jeanine Anez hace un gesto mientras posa para una foto después de declararse presidenta interina de Bolivia, en el Palacio Presidencial, en La Paz, Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.Carlos Garcia Rawlins / Reuters

El reciente golpe de Estado en Bolivia, la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil y el posible triunfo electoral de la derecha en Uruguay tiene un punto común: la vinculación de los líderes políticos con organizaciones eclesiásticas.

 

Después de la llamada 'década ganada' de la izquierda en América Latina, en el último tiempo el avance de grupos conservadores en diferentes países ha dado como resultado la llegada al poder de figuras que, una vez más, han puesto a prueba la estabilidad democrática en Sudamérica. 

Entre ese ascenso hay un factor común: la vinculación de algunos de esos líderes políticos con agrupaciones religiosas. Lo sucedido recientemente en Bolivia, donde un golpe de Estado invocado en nombre de "Dios" terminó por derrocar a Evo Morales; la llegada al Gobierno brasileño de líderes evangélicos por intermedio de Jair Bolsonaro; y el posible triunfo de la derecha en Uruguay con referentes religiosos, podrían proveer a los sectores eclesiásticos un rol decisivo dentro de la conducción de sus países. 

 

Golpe de Estado 'con Dios y la Biblia'

 

El pasado 10 de noviembre se produjo en Bolivia la renuncia forzada del mandatario, Evo Morales, luego de un golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas y alentado por una oposición con una fuerte impronta religiosa.

Entre los referentes que impulsaron la salida por la fuerza de Morales están la exsenadora y actual presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, y el empresario y líder del partido cívico 'Comité pro Santa Cruz', Luis Fernando Camacho.

Dos días después de consumado el golpe, Áñez recibió la banda presidencial en el Palacio Quemado por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Al momento de su asunción ilegal como mandataria "interina" del país andino, la exsenadora de 52 años sostenía una enorme Biblia entre sus manos. "Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio, que él nos bendiga", sentenció.

En la misma línea, Fernando Camacho, un ferviente practicante católico e integrante de la élite política de Bolivia en el distrito de Santa Cruz, se convirtió en un referente crucial de la oposición local luego de la destitución del primer presidente indígena del país. Es que en los días previos al golpe, mientras aumentaba la presión interna y externa para derrocar a Morales, el fundamentalista religioso había esbozado una promesa: "Haré todo lo posible para que Dios vuelva a estar en el Palacio Quemado". 

Con la colaboración de los altos mandos militares y la incitación a la violencia en las calles, Camacho cumplió con su anhelo: fue la primera persona en ingresar al palacio oficial en La Paz con un libro sagrado en sus manos, tan solo un día después del golpe.

"No estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi esperanza; con una Biblia en la mano derecha y su carta de renuncia (por Morales) en mi mano izquierda", había anunciado momentos antes de entrar a la sede principal del Ejecutivo boliviano.

Para el politólogo boliviano Marcelo Arequipa, el ascenso de grupos religiosos en el país tuvo su punto de partida antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. "Lo más notorio fue la candidatura del Partido Demócrata Cristiano con el surcoreano nacionalizado, Chi Hyun Chung", detalla el especialista. El oriental, quien también es pastor evangélico, alcanzó el tercer lugar en los últimos comicios, con más de medio millón de votos.

"Estos grupos", retoma Arequipa, "se introdujeron hábilmente en algunas preocupaciones generales que tenía la población. Después, lo que hicieron fue cohesionar al electorado en torno a ellos". En ese sentido, el politólogo advierte que los religiosos supieron consolidar a un enemigo en común: Evo Morales. "Han ingresado en lo opinión pública al punto tal de influenciarla a su favor", puntualiza.

Pero quien terminó por aglutinar a 'la fuerza de Dios' fue el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho. "Es el que va a llevar el mensaje de 'esto no se trata de un golpe de estado sino de liberar a la nación de un tirano'. La bandera del nacionalismo católico predominó todo el tiempo", afirma el analista político. Y remarca: "Ese discurso de la derecha ha calado hondo porque ha dado como resultado la solidificación del anti-evismo".

Desde el año 2009, a través de la promulgación de una nueva Constitución por parte del mandatario dimitido, Bolivia se ha declarado como un Estado laico y plurinacional. Esa decisión supuso un quiebre con la iglesia local. "Hoy, los cuadros políticos de Camacho y Áñez han abandonado la idea del estado plurinacional", explica Arequipa. "La idea de un Gobierno tecnócrata, con ideales propios de la derecha, es el proyecto político que buscará consolidarse en adelante", finaliza el especialista.  

 

Bolsonaro, entre balas y cruces

 

Las polémicas declaraciones del mandatario de Brasil ya son conocidas en toda la región. Su homofobia extrema, junto a la abierta misoginia y discriminación a minorías sexuales, han dado como resultado la identificación del ultraderechista con los sectores más férreos de una religión predominante en distintas esferas del poder brasileño. Tal es su fanatismo, que este último jueves presentó su nuevo partido político ─Alianza por Brasil─ bajo el lema: "En defensa de Dios y repudio al comunismo".

Ariel Goldstein, politólogo argentino y autor del libro 'Bolsonaro: La democracia de Brasil en peligro', recalca que la alianza entre el político y los grupos evangélicos fue sustancial para su llegada a Planalto. "Edir Masedo, empresario religioso y dueño de TV Récord, la segunda cadena con mayor audiencia televisiva en el país, le dio apoyo durante toda su campaña. No es casual que el 70 % del electorado evangélico haya votada por él en 2017", explica el especialista.

Goldstein remarca que, en la medida que el mandatario decae en popularidad ciudadana, encuentra en los sectores eclesiásticos cada vez más apoyo: "Son las bases populares que, de otro modo, no podría obtener", refiere.

Asimismo, el politólogo destaca el crecimiento parlamentario que la fuerza religiosa tuvo en el Congreso Nacional. "En 2003, cuando se crea el Frente Evangélico, tenían unos 50 diputados y ocho senadores. Hoy llegan a los 200 legisladores en la Cámara Baja y 50 en la Alta", precisa.

El arribo de figuras evangélicas al Estado también es una particularidad de la actual administración. La pastora Damares Alves, por ejemplo, fue nombrada por Bolsonaro como ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. "Fue quien resaltó que las niñas debían vestirse de rosa y los niños de azul y no admitía una familia con otros componentes [al tradicional]. El gabinete del presidente presenta muchas figuras con la misma ideología", resume el analista político.

Pero hubo un hecho que el especialista considera como la consolidación de las relaciones entre el Estado brasileño actual y los grupos religiosos. "Bolsonaro fue el primer mandatario en asistir a la 'marcha para Jesús', el principal evento evangélico del país celebrado en junio", considera Goldstein.

Sin embargo, el politólogo ve con preocupación la expansión de componentes religiosos en la esfera pública. "Debería permanecer en el ámbito privado, de otra manera constituye un ataque al pluralismo", dice. Y agrega: "Con este escenario, se expande la visión religiosa de la política: quienes están del lado del bien y quienes del mal. Son narrativas que ponen en riesgo la democracia en la región", finaliza.

 

¿Fin del progresismo en Uruguay?

 

Por lado de Uruguay, el Partido Nacional, representando a diferentes grupos de la élite política que incluyen sectores eclesiásticos, se ha acercado a la presidencia en la votación del pasado domingo, tras un reñido balotaje contra el oficialismo. Aunque el resultado final se haya pospuesto por el escaso margen de diferencia, el candidato opositor, Luis Lacalle Pou, se muestra como favorito ante el progresista Daniel Martínez, líder del Frente Amplio.

Como coalición al Partido Nacional está la formación de 'Cabildo Abierto', agrupación política que se alió a Lacalle Pou con miras a derrotar al oficialismo en las urnas. Los integrantes de ese espacio, por su estrecha relación con la iglesia local, se oponen abiertamente a las leyes como el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la protección de las personas transexuales y la despenalización del aborto, derechos por los que Uruguay ha sido pionero en la región. 

"Dentro de poco nos van a imponer una ley para que la homosexualidad sea obligatoria", se había quejado Guillermo Domenech, candidato a vicepresidente por 'Cabildo Abierto' en la primera elección de octubre. El exmilitar Guido Manini Ríos, quien está al frente de la agrupación, también había expresado públicamente su rechazo a la "ideología de género", al considerar el concepto como un "libreto extranjero". 

Este viernes finamente se conocerán los resultados que señalarán al nuevo mandatario de Uruguay. Si bien el líder del Partido Nacional lleva una minúscula ventaja con respecto a Martínez, Lacalle Pou se muestra confiando en ser el posible sucesor de Tabaré Vázquez.

Aunque el líder conservador aún no confirmo quienes integrarán su eventual Gobierno, la expectativa por la participación de integrantes de 'Cabildo Abierto' en su gabinete genera una nueva incertidumbre en el país sudamericano, dada las polémicas figuras que podrían estar al frente de los diferentes ministerios.

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Luis Emiro Valencia Sánchez: Un hombre en dos siglos y dos siglos en un hombre

…esta vida sigue hasta la línea final pues el 25 de marzo ¡cumplí 91 años! La gran experiencia, atravesar dos siglos maravillosos y complejos,
¡qué mejor! Estoy muy lúcido y produciendo.

 

Hubo una época cultora de las grandes batallas, las familias, los heraldos –casi siempre negros– los reyes, los imperios, las conquistas. A tal exaltación se le antepuso una nueva forma de ver lo cotidiano, como una película fotográfica que, hasta entonces invisible revelaba en un cuarto oscuro –mediante líquidos y al calor de una luz roja– lo mundano, lo de a pie, las revueltas, los desposeídos, los marginales, los héroes que formaban la historia humana, de la otra humanidad, la misma. Luis Emiro Valencia se mantuvo activo en el ejercicio del pensar y de la militancia al lado de ‘los de ruana’. Gustaba citar a Ortega & Gasset para afirmar las acciones de vida, desde el ser y las circunstancias y así llevó la vida que vio, vivió e hizo.

La cita con la que inicia esta breve nota permite ver la fascinación que sentía por su vida: desde la pizarra y la tiza hasta el computador. Recuerdo lo maravillado que quedó al conocer el libro de Eric Hobsbawm, Cómo cambiar el mundo, pues entendía en aquél una forma de estar atento a la historia y al tiempo de haberla construido. Por otra obra del mismo autor, Extremes. the short twentieth century 1914-1991, tuvo la perpleja certeza de haber atravesado dos siglos.

Luís Emiro Valencia Sánchez, no nació un 25 de marzo de 1922. Nadie nace el día de su santo. A tal hecho le antecedió, le determinó la vida de su madre Carlina Sánchez y su padre Tulio H. Valencia, quienes soportaron la muerte de su primer hijo de dos años en el marco de un viaje a Panamá y Estados Unidos, entre 1920 y 1921. Hecho sobrecogedor, subsanado por el nacimiento del maestro Luis Emiro. De la quiebra económica del padre durante la crisis de 1929 devino el inicio de una vida austera para el maestro al lado de doña Carlina y también su primer contacto con la vida sindical ya que su madre, trabajadora de la Compañía Fosforera de Colombia, lideraba el sindicato con la asesoría del anarco-sindicalista Juan de Dios Romero. Ella llevaba a casa las cajillas de fósforos y la lija para pegar en el borde de la misma. El maestro colaboraba en esta tarea y su dedo índice quedaba pelado por repetir la operación. Cuando era el momento de entregar lo producido, debían cruzar la Sabana de Bogotá hasta la fábrica y allí podía relacionarse y ver a la gente humilde integrada a la caravana.

Es Carlina Sánchez, según comentaba el maestro, quien le inculca la pasión por el conocimiento que comenzó memorizando “El Credo”, previamente explicado y el poema, soneto del poeta cubano Elías Calixto Pompa que se llama “Estudia “ y que mantengo fresco en mi memoria. Este poeta tiene una trilogía de sonetos que sigue con “trabaja” y “descansa”…

Luego de efectuar estudios secundarios con los hermanos cristianos, la Escuela Industrial y la Escuela Nacional de Comercio, ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, graduándose en la primera generación de la Facultad de Economía fundada por Antonio García Nossa, su maestro desde 1940 ‘hasta siempre’, según me escribía. A este periodo él llamó su ‘época dorada’. Se aproxima a Jorge Eliécer Gaitán y a un grupo de jóvenes liberales con ideas socialistas sin adscripción a la nomenclatura soviética, en pleno auge, pues según su entender, el socialismo era un humanismo no un dogma. De este grupo se consideró el amanuense de las reuniones, esmerado en comprender para transformar.

Poco a poco fue encontrando cierta identificación y a la vez singularidad dentro de su historia. En cierta ocasión buscaba entre fotografías una en particular, una donde él se encuentra al lado de Antonio García y del abogado y políglota chocoano Diego Luis Córdoba. “El indio, el negro y el blanco”, me dijo el maestro Valencia, resaltando la fuerza pluricultural, pluriétnica de la imagen.

Consumado lector, devora la obra de Marx y Engels mediante grupos de estudio, dentro y fuera de la universidad. Lee a Weber, Hegel, David Ricardo, Adam Smith, Friedrich List, Stuart Mill, Saint Simon, los filósofos de la ilustración y la obra de Lenin. También gustaba de la literatura y la poesía, como un espejo de la vida y de lo íntimo.

En 1961 gana el premio de ensayo Hispanoamericano Casa de las Américas por su análisis económico de los dos primeros años de la Revolución Cubana. Esto le permite compartir con Fidel Castro durante dos días. Vivencia recogida en notas –que tuve el privilegio de transcribir– y que, pasadas unas décadas y con plena vigencia, publica en 2009 bajo el título 48 horas con Fidel.

Sus conocimientos y andanzas, además de esta breve proximidad al Comandante, así como a Ernesto Guevara, Salvador Allende y Jorge E. Gaitán, permite entenderlo como un hombre inmiscuido en asuntos de primer nivel de importancia para el país y para el continente.

En su prolongado accionar social y político, se mantuvo como pionero de la economía solidaria y la acción comunal en Colombia, buscando la formación de conciencia crítica desde abajo, para que confluyera con la acción política democrática, no representativa ni participativa sino ‘participante’, como gustaba resaltar. Una democracia popular en ejercicio permanente. Es por esto que fungió como vicepresidente de la Unión Patriótica –UP– al lado de Bernardo Jaramillo Ossa.

Y vivió el maestro Luis Emiro el asesinato de su copartidario Jorge E. Gaitán, el asesinato del revolucionario liberal llanero Guadalupe Salcedo –a quien llevó a ver en Bogotá una película sobre el líder mexicano Emiliano Zapata, asesinado por orden del presidente Venustiano Carranza–, vivió el entusiasmo nacionalista del cardenismo mexicano, conoció a Quintín Lame, líder indígena caucano. Vivió el fervor de la Revolución Cubana y sus efectos colaterales, como la crisis de los misiles y el boom del movimiento insurgente centroamericano y colombiano. Sobrevivió al genocidio de sus copartidarios de la UP y la debacle del llamado ‘socialismo real’, derivado de la caída de la Unión Soviética. Apoyó y reflexionó críticamente sobre las posibilidades ya en el siglo XXI y mediante vía democrática, del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, así como del pseudo-socialismo venezolano, pioneros del ciclo progresista latinoamericano, que hoy entre yerros, aciertos y la ofensiva de la derecha, promete reverdecer.

En sus últimos años asesoró en temas de economía solidaria a la Alcaldía de Bogotá y documentó desde su militancia autocrítica, la Vida, pasión y muerte de la Unión Patriótica, en espera de ser publicado. Con noventa y un años, me escribió al respecto: A Venezuela he ido varias veces en búsqueda de testimonios para el trabajo sobre la UP y otras metas. Terminé 30 testimonios que están para corrección de estilo y hacen parte del libro, pues mi intención es que encuentren los lectores otras visiones y vivencias, además del texto histórico-social propio. Es un testimonio y un legado que considero importante y será polémico.

Luis Emiro Valencia no murió un 14 de noviembre de 2018. Su vida continúa como afortunado acontecimiento para quienes le acompañamos y aprendimos de su amistad y su inteligencia. Este tributo es ínfimo ante las circunstancias parteras de su vida y que el maestro privilegiaba para explicar los dos siglos en que vivió y los dos siglos que vivieron en él.

Publicado enEdición Nº263
Lunes, 25 Noviembre 2019 06:36

El péndulo de Thatcher

El péndulo de Thatcher

La herencia política de Margaret Thatcher ha sido larga y relevante. Representa un modo de pensar y de gobernar que caló en la política y la sociedad británicas y se expandió más allá, junto con el proceso de la globalización de las tres últimas décadas.

Fue primera ministra entre 1979 y 1990, periodo en el que se fraguó una forma de concebir a la sociedad que, con distintas gradaciones, prevaleció desde entonces en gobiernos tories y laboristas.

Se manifestó como modelo político e ideológico anglosajón, que del otro lado del Atlántico tuvo como eje la figura de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. En ese último año de su administración se aglutinó la visión conservadora dominante en el llamado Consenso de Washington, avalado en su esencia por demócratas y republicanos.

De manera esquemática, el thatcherismo se asocia directamente con la preminencia del libre mercado y la exigencia de un Estado pequeño que interfiera lo menos posible en la vida de la gente, que según ella misma planteó, literalmente, debe elegir qué hacer, asumir sus responsabilidades y no esperar que los problemas sean resueltos por el gobierno.

Las políticas públicas privilegiaron la reducción de impuestos, la privatización de empresas públicas y la restricción de la actividad de los sindicatos.

Hay diversas influencias intelectuales asociadas con esa postura. Referencias usuales son la obra de Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, y la teoría monetarista de Milton Friedman. Se señala también el tipo de individualismo propuesto por Ayn Rand, por ejemplo, en la novela El manantial.

Thatcher tenía una concepción particular de lo que es la sociedad, que la llevó incluso a afirmar que no existe tal cosa como la sociedad (conviene leer la idea en el contexto en que fue expuesta https://blogs.spectator.co.uk/2013/04/ margaret-thatcher-in-quotes/ ).

Las repercusiones de las políticas de Thatcher y la coincidencia con el gobierno de Ronald Reagan derivaron en lo que hoy comúnmente llamamos neoliberalismo, cuestionado desde diversos frentes, pero aún vivo y coleando.

En Gran Bretaña el escenario político de los últimos tres años ha estado dominado por el Brexit. El proceso ha llevado ahora a nuevas elecciones parlamentarias y el espectro de Thatcher está presente, aunque sea tras bambalinas.

El regreso del péndulo puede advertirse en la propuesta electoral del Partido Laborista que se denomina Es tiempo para un cambio real y Corbyn, jefe del partido y candidato a primer ministro, lo contempla como un “manifiesto lleno de medidas populares que el establishment político ha bloqueado durante una generación”.

La base del programa es un gran incremento en la inversión pública financiado por medio de mayores impuestos. En ese terreno no hay mucho espacio para otra cosa.

Pero además de las medidas enfocadas a una redistribución del ingreso incluye un aspecto patrimonial asociado con la privatización de diversas actividades económicas, como el servicio postal y el transporte ferroviario.

De Thatcher a las propuestas de Corbyn hay un desplazamiento de regreso.

Ambos aspectos, el redistributivo y el patrimonial, parecen indicar los extremos en los que se mueve el capitalismo y son la referencia de muchas contradicciones que hoy sobresalen en materia económica. Este es un asunto que amerita una discusión seria en todas partes.

En todo caso, la situación plantea la creciente reacción que se extiende por muchas partes ante las precarias condiciones sociales prevalecientes. Estas reacciones se han precipitado de modo muy notorio en semanas recientes en América Latina.

La fachada del régimen político y económico de Chile, aún enmarcado en el legado de Pinochet, se resquebraja en las calles con las manifestaciones airadas y persistentes de miles de jóvenes que demandan un cambio. La izquierda de la Concertación, que gobernó dos décadas seguidas, no consiguió consolidar un nuevo modelo social que ahora, en el segundo gobierno de Piñera, está en una profunda crisis que no sabe cómo agarrar.

En Colombia, la gente está también en las calles. Demanda cambios sociales profundos, en una situación en la que se acumula un fuerte deterioro social. En ambos casos es llamativa la sorpresa que ha provocado en los gobiernos en turno de Piñera y Duque.

El Estado es imprescindible en el capitalismo. Puede serlo para alentar mecanismos que acrecientan la cohesión social y atemperar la inequidad económica.

Puede ser también para crear estructuras más rígidas de poder, como ocurrió con la gestión de la crisis financiera de 2008, que preservó las distorsiones que la provocaron y 10 años después exhibe sus contradicciones.

No hay ninguna panacea en la relación del Estado y los individuos, sino más bien una serie de mediaciones que delimitan la relación que hay entre ambos.

Esto entraña un dilema entre la insoslayable obligación que tenemos como individuos de mantener nuestra autonomía moral frente a la autoridad del Estado, lo que hace de su legitimidad moral una imposibilidad.

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 Sitio de perforación exploratoria de la controvertida práctica de extracción de gas de esquisto conocida como fracking en Barton Moss en Manchester, Inglaterra.Foto Ap

En forma sorprendente, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció la moratoria con carácter inmediato del fracking por temor a más terremotos, después de un sismo de magnitud 2.9 que se registró en agosto cerca de Blackpool, al noroeste de Inglaterra (https://bit.ly/2X9T1rt), en un sitio administrado por Cuadrilla (https://reut.rs/34PIaFO).

Justamente hace cinco años expuse la correlación de sismos con el fracking para extraer gas lutita ( shale gas ; https://bit.ly/36WYuWX).

La decisión no es menor, ya que mediante la extracción del gas lutita ( shale gas) por el fracking, Gran Bretaña pretendía disminuir su dependencia a las importaciones de gas natural para sustituir la vital calefacción del 80 por ciento de sus hogares.

Después de una moratoria de siete años, Gran Bretaña había reanudado el fracking (https://bit.ly/2X4gD0v) con la empresa Cuadrilla que opera con la funesta Schlumberger que tantos daños ambientales ha causado en el planeta y en el Golfo de México (https://bit.ly/34OrSwT).

Los "terremotos tecnogénicos" han provocado sismos en las zonas donde se extrae el gas lutita mediante el fracking en dos países de la anglósfera: EU y Canadá, en Fox Creek (Alberta).

Ya en 2016 geólogos canadienses habían demostrado que el fracking puede causar terremotos durante meses y "ocurren con mayor frecuencia" en algunos lugares (https://bit.ly/2CAAzia).

Eric Albert de Le Monde, expone el fariseísmo del gobierno británico que viene "en plena campaña electoral" cuando “desde 2010, sus autoridades habían siempre apoyado los proyectos del fracking, pese a la oposición muy (sic) mayoritaria de la población” y "las manifestaciones cotidianas (sic) durante años en el norte de Inglaterra".

En Escocia está prohibido el caníbal fracking, al unísono de los otros partidos políticos del espectro de Gran Bretaña –laboristas, liberales, demócratas, verdes-–, con la notable salvedad de los conservadores neoliberales (los tories globalistas) cuyos tres primeros ministros David Cameron, Theresa May y Boris Johnson lo apoyaron sin rubor (https://bit.ly/33F8m5F).

Después de 57 sismos en sólo dos meses, y las próximas elecciones del 12 de diciembre, en forma oportunista y desvergonzada Boris Johnson busca obtener los distritos electorales en el norte donde se aplica sin recato el fracking.

Ya en 2012 el excéntrico Boris Johnson, gran aliado de Trump, había escrito: “Ignoren a los mercaderes del Apocalipsis, Gran Bretaña debe adoptar el fracking” cuando condenó como "absurda" la oposición "demencial" del “ lobby verde” y los "eco-guerreros" quienes denuncian el fracking (https://bit.ly/2X3M1fL).

Semanas después a la pasmosa moratoria del fracking por el gobierno británico, The Wall Street Journal, propiedad de Dow Jones/Fox News, muy cercanos a Trump, expone una retirada relativa ( pullback) de las empresas del fracking al "operar lo impensable (sic): planifican bombear menos" (https://on.wsj.com/34Olvtq).

Según la empresa de análisis de datos Enverus, el número de plataformas activas de extracción en EU ha sufrido una reducción de 26 por ciento.

El auge del gas lutita mediante el fracking se debió a la duplicación de su producción, en particular en la Cuenca Pérmica, en la parte occidental de Texas y en Nuevo México.

WSJ comenta que "después de que las empresas de gas lutita llevaron la producción de gas natural y petróleo a niveles récord", ahora operan un “ pullback abrupto” entre los principales extractores como EQT –el mayor productor de gas natural, con sede en Pittsburg que vislumbra gastar 400 millones de dólares menos en 2020– y Chesapeake Energy –cuyas acciones se desplomaron 40 por ciento– debido a la ausencia de ganancias.

Tal pullback "causaría un aplanamiento (sic) del crecimiento de la producción petrolera en EU" para 2020 que empezó a disminuir este año (https://on.wsj.com/2X2ZILW).

Ya había explorado el atroz financierismo de las empresas de gas lutita subsidiadas por la banca de Wall Street por motivos de seguridad energética nacional (https://bit.ly/2QbK13B) que creó una vulgar "burbuja" especulativa (https://bit.ly/36QwTGZ).

El destino financierista y sus sismos alcanzaron al fracking.

www.alfredojalife.com

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La alianza progresista en España: Más difícil, pero imprescindible 

Tras las elecciones del pasado abril, el PSOE y Unidas Podemos sumaban 165 escaños, a once de la mayoría absoluta, y tenían garantizado el apoyo a un eventual acuerdo de gobierno por parte de grupos parlamentarios nacionalistas vascos y catalanes y de otras formaciones menores. Sin embargo, el pacto, después de varias semanas de negociaciones, no fue posible. Pedro Sánchez salió derrotado de las dos sesiones parlamentarias en las que se debatió su investidura como presidente del Gobierno y los españoles fueron convocados a las urnas por cuarta vez en cuatro años.

Después de las elecciones del domingo, los socialistas y Unidas Podemos suman 155 diputados y están lejos de tener garantizados los respaldos que les hacen falta. El conflicto político catalán se ha agravado y acaban de salir de una campaña electoral en la que la posibilidad de un acuerdo pareció remota. Sánchez llegó a decir que no dormiría tranquilo si tuviese a Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, 48 horas después de concluido el escrutinio, los dos líderes han anunciado por sorpresa un acuerdo de gobierno. No se sabe si Sánchez ha encontrado remedio para su insomnio, pero el secretario general de Podemos será su vicepresidente.

¿Por qué se ha alcanzado este acuerdo inesperado y aparentemente negociado en tiempo récord? Los protagonistas no han dado explicaciones. Presentaron el pacto en una comparecencia sin preguntas en la que se limitaron a anunciar un programa de gobierno de marcado acento progresista.

Las cifras que arrojaron las elecciones del domingo son peores que las de abril. La estrategia de Sánchez, que apostaba por presentarse como víctima de la intransigencia de Podemos, aglutinar todo el voto de la izquierda y tener las manos libres para pactar con Ciudadanos resultó un completo fracaso. Ni los votantes desencantados se volcaron con el PSOE -todo apunta a que se quedaron en casa- y la formación liberal se desplomó y perdió 47 de sus 57 diputados.

Los números son peores que hace seis meses, pero no se trata de matemáticas, sino de política. El retroceso que ambas formaciones sufrieron en los comicios, castigadas por dos millones de electores que habían votado en abril pero que decidieron abstenerse al ser convocados por la falta de acuerdo de la izquierda, y el más que preocupante ascenso de la extrema derecha, donde también se detecta un fuerte voto de castigo, supusieron un aviso imposible de ignorar. Volver a poner a prueba el hartazgo ciudadano era más que arriesgado.

El candidato socialista, ya sin aliados posibles a su derecha, no tuvo más remedio. Sus únicas alternativas eran pactar con Iglesias o ir a una nueva convocatoria electoral que hubiese resultado suicida. Ha optado por la supervivencia.

Ahora, para que la investidura salga adelante, tendrá que buscar el respaldo de Más País (la formación de Iñigo Errejón), el Partido Nacionalista Vasco, y de formaciones regionalistas de Cantabria, Galicia y Teruel. Aún así, dependerá de que los catalanes de Esquerra Republicana y los vascos de Bildu (ambos independentistas de izquierda) al menos se abstengan. Es más que difícil, pero Sánchez es un sobreviviente


Elecciones 10N


Las claves del preacuerdo: garantizar la convivencia en Catalunya, políticas feministas, acabar con los privilegios fiscales y apoyo a la “España vaciada”

Texto íntegro del principio de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición “progresista”, sin vetos y que pueda fructificar para conseguir una mayoría parlamentaria que evitaría unas terceras elecciones.

Redacción El Salto

PSOE y Unidas Podemos han firmado un preacuerdo para conformar “un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas”, según el texto conjunto enviado por ambos partidos.

Ambas formaciones aseguran compartir la importancia de “asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea”.

Aunque los detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días, los partidos liderados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han anunciado que se encuentran “avanzando conjuntamente” en una negociación encaminada a completar la estructura y funcionamiento del nuevo gobierno, que “se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones”.

Según el texto del preacuerdo, los ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se centrarán en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto:

1, Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.

2, Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación —incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años—, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.

3. Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

4. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.

5. Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.

6. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

7. Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.

8. Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.

9. Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.

10. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales.


publicado

2019-11-12 14:55

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Domingo, 10 Noviembre 2019 06:09

"Vamos a hacer mucha lucha, todos los días"

"Vamos a hacer mucha lucha, todos los días"

Lula habló ante una multitud que lo esperaba en San Pablo

Se definió como "un joven de treinta" con la experiencia de uno de setenta, presentó a su novia, denunció a Bolsonaro como "un paramilitar" y prometió un "pronunciamiento".

Lula volvió. Con el vozarrón de toda la vida, más canoso, reencontró a sus compañeros del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC en el cordón industrial de San Pablo donde recomendó seguir el ejemplo de Alberto Fernández, defendió a Evo Morales y deploró el intervencionismo de Donald Trump.

Una multitud lo aguardó desde la mañana -algunos militantes llegaron a la madrugada- en San Bernardo do Campo entonada por los temas propalados desde grandes parlantes, como el antiguo jingle "Lulalalá. brilla una estrella (...) sin miedo de ser feliz ", el de su primera campaña en 1989 y el mismo con el cual descendió la rampa del Planato el 1 de enero de 2010, al concluir su segundo mandato con el 80 por ciento de aprobación.

"Ustedes vieron que en Argentina el compañero Alberto Fernandez y Cristina (Fernández) le dieron una paliza a Macri", subrayó desde lo alto de uno camión similar a los utilizados en los desfiles carnavalescos donde fue montado el palco. Allí estaban Fernando Haddad, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en 2018, y sus compañeros Gleisi Hoffmann y Paulo Pimenta. Estaban dirigentes de la Central Unica de los Trabajadores, del Partido Socialismo y Libertad, y el Partido Comunista de Brasil, representantes de fuerzas que pueden ser el embrión de una coalición opositora al régimen de Jair Bolsonaro. Flameaban banderas rojas del PT y del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y se vieron varios gremialistas con las remeras color naranja de la Federación Unica de trabajadores Petroleros.

La victoria del Frente de Todos en Argentina concentra la atención de Lula, que hace cuatro meses recibió la visita de Fernández en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Desde esa misma celda en el reclusorio policial saludó el triunfo peronista el 27 de octubre. Y el viernes, pocas horas después de recuperar la libertad autorizada por la Corte, envió un mensaje al mandatario electo que ayer se reunió con Dilma Rousseff en el marco de la cumbre del Grupo de Puebla. Gestos para recrear una integración regional demolida por los gobiernos conservadores. Lula dialogó con políticos y sindicalistas por cerca de una hora en el segundo piso del Sindicato, antes de bajar para hablar ante el público. Un fuerte esquema de seguridad fue montado en torno al predio. Esto porque el PT determinó un nuevo dispositivo debido a las fundadas sospechas de eventuales actos de violencia incentivados o consentidos desde el bolsonarismo.

Dos fuentes que estuvieron en el segundo piso del gremio metalúrigo, aunque no participaron en la reunión reservada con Lula, dijeron a este diario que hay "bastante interés" en viajar a Buenos Aires para la toma de posesión del 10 de diciembre. Pero temen alguna maniobra por parte de funcionarios ligados al ministro de justicia Sergio Moro, el ex juez de Lava Jato, para impedir ese viaje.

De saco y remera negros, Lula se mostraba de buen talante luego de 580 días encerrado en una "solitaria" del cuarto piso la Superintendencia en Curitiba. Dijo sentirse como un "león" para luchar "cada día" contra Bolsonaro y el programa del ministro de Economía Paulo Guedes, un "Chicago boy" que trabajó con la dictadura de Pinochet cuyo sistema de previdencia privada pretende aplicar en Brasil. En realidad es Bolsonaro quien comenzó a aplicar un modelo neoliberal extremo en harmonía con un estado policial-militar en el que se elimina casi por completo la legislación laboral y se agrava la represión política.

Al promediar su interención Lula presentó a su novia, la socióloga Rosangela Silva, de anteojos y sonrisa clara. con la que espera casarse luego de encontrar un lugar donde vivir en San Pablo. La gente aprobó el romance y futuro casamiento pidiendo a coro "que se besen" los novios.

El sindicato de los metalúrgicos, donde Lula construyó su carrera gremial, fue donde el político se entregó a la policía el 7 de abril de año pasado antes de ser trasladado a Curitiba en un operativo que incluyó helicópteros y aviones para agregar más espectularidad a la cobertura en tiempo real de los medios. "Espero que ahora la Globo filme y saque fotos" del acto desde el helicóptero que sobrevuela el acto, provocó ayer Lula, mirando hacia lo alto y recibiendo la aprobación de sus seguidores. A diferencia de abril de 2018, cuando se vivió una clima de angustia ante el arresto, ayer se observaba un espírituo festivo y la determinación de presentarle batalla a Bolsonaro. Y según observadores confiables, este 9 de noviembre hubo más gente que aquel sábado frío de abril del año pasado.

El fundador y jefe del PT trazó un paralelo entre el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y la crisis actual en Bolivia. "Evo Morales ganó las elecciones, él hizo el mejor gobierno desde que Bolivia fue creada, pero la derecha, al igual que sucedió acá con Ddilma, no quiere aceptar el resultado, tenemos que ser solidarios con Bolivia, con el pueblo de Argentina, con el pueblo uruguayo para que Daniel Martínez (Frente Amplio) gane las elecciones (en segunda vuelta)". "Estamos viendo lo que ocurre en Chile, ése es el modelo que Paulo Guedes quiere construir acá, es por eso que el pueblo está en la calle (...) tenemos que ser solidarios con el pueblo de Venezuela, es normal tener críticas sobre cualquier gobierno del mundo pero los problemas de cada país es su propio pueblo el que los debe resolver". 

Luego de repasar brevemente la situación en Caracas, empalmó una crítica a la injerencia norteamericana contra el gobierno de Nicolás Maduro (a quien no citó explíticamente)."Que Trump resuelva el problema de los norteamericanos y no hinche las bolas (sic) de los latinoamericanos, él no fue elegido para ser el sherif del mundo". "Ellos están construyendo un muro para no dejar que los pobres entren a Estados Unidos, nosotros no podemos ni debemos aceptar esto".El discurso de ayer fue más medular que el del viernes en las puertas del presidio cuando agradeció la lealtad de los militantes del MST y el PT que durante más de un año y medio hicieron una "vigilia" por su liberación.

Este sábado ofreció algunas pistas de lo que será su programa de acción del cual hablará con más detalle en un "pronunciamiento" que puede dar a conocer en las próximas semanas.Por lo pronto no quedaron dudas de que asumirá la vanguardia de la pelea contra el gobierno. Hizo mención a que el actual ocupante del Palacio del Planalto venció el balotaje del 28 de octubre de 2018 porque el entonces juez Sergio Moro lo sentenció con el fin de impedirle ser candidato. En uno de los tramos más firmes del discurso vinculó sin rodeos a Bolsonaro con las "milicias" paramilitares y no descartó alguna complicidad del capitán retirado con el asesinato de la activista Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018 en el centro de Rio de Janeiro. "No hay que tenerle miedo a los milicianos (...) vamos a hacer mucha lucha, todos los días (...) este joven de energía de treinta y experiencia de setenta estará en la calle con ustedes". Lula demostró esar dispuesto a dar batalla en un escenario de guerra política al decir: "tenemos que seguir el ejemplo del pueblo de Chile, tenemos que resistir, tenemos que atacar y no solo defendernos".

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Tribunal Supremo anula prisión en segunda instancia y Lula podría ser liberado

Por 6 votos contra 5, la Corte brasileña siguió el principio constitucional que garantiza presunción de inocencia

Por mayoría, el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó este jueves (7) la ejecución de pena después de condena en segunda instancia. Iniciado el 23 de octubre, el juzgamiento se cerró con un marcador de 6 a 5 a favor de la posición, expresa en la Constitución brasileña, de que la prisión de un acusado sólo puede ser autorizada después de agotar todas las instancias.

Considerada la decisión más importante de este año, podrá resultar en la liberación de casi 5 mil personas encarceladas sin condena en firme, entre ellas el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril del año pasado.

El Tribunal Federal Supremo deberá aún debatir como tal decisión será puesta en práctica. Hay divergencias, por ejemplo, sobre si la libertad debe ser decretada automáticamente por la propia Corte Suprema o evaluada por los jueces de ejecución penal caso por caso, pudiendo convertir el cumplimiento de pena en prisión preventiva.

Los votos

En la sesión de este jueves –la tercera de la Corte dedicada a analizar el tema–, iniciada con un marcador parcial de 4 a 3 a favor de la prisión después de segunda instancia, votaron Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello y el presidente de la Corte, Dias Toffoli.

Carmen Lúcia reiteró su posicionamiento tradicional con relación al tema, votando a favor de la prisión después de condena en segunda instancia.

Gilmar Mendes presentó un voto en que explicó la evolución de su posición, ya que, en el pasado, votó a favor de la prisión en segunda instancia y, este jueves, consolidó sus críticas más recientes a la medida.

Siendo el único además de Toffoli en citar el “caso Lula”, Mendes, que se mostró simpático a la idea de prisión en tercera instancia, afirmó que la actuación del Superior Tribunal de Justicia en el proceso del petista también influenció en su cambio de posición.

“El caso Lula contaminó la discusión. Eso no contribuyó para el debate racional. Puedo ser sospechoso de todo, menos de ser petista. El caso Lula muestra como el sistema funciona mal. Y aún no estoy hablando deThe Intercept. El combate a la corrupción se debe hacer dentro de los marcos del debido proceso legal”, dijo.

Celso de Mello, que votó después de Mendes, también fue contrario a la prisión después de segunda instancia. El afirmó que, a pesar de la gravedad de la corrupción en el país, las directrices establecidas por la Constitución deben ser plenamente observadas, contrariando también algunos argumentos de defensores de la medida.

Dias Toffoli, último en votar por ser presidente de la Corte, inició su posicionamiento afirmando que la cuestión técnica en los presentes procesos es la adecuación de las reglas del Código de Proceso Penal a la Constitución.

En ese sentido, afirmó que la "voluntad de los representantes del pueblo" estaba de acuerdo con el texto constitucional al establecer el agotar todas las instancias como marco. Indicó, por otro lado, que no vería problema en caso de que el Congreso desee, a futuro, modificar ese momento procesal.

Lula

En una nota divulgada enseguida de terminada la sesión, la defensa del ex presidente informó que, con base en la decisión del STF, ingresará este viernes (8) un pedido de liberación inmediata de Lula. La decisión de ingresar el pedido habría sido tomada después de conversar con el ex presidente.

Por ley, Lula ya podría estar en régimen semiabierto, pero se había negado a pedir la conmutación de pena por entender que eso heriría su dignidad. "Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos ni mi libertad”, afirmó Lula en esa ocasión.

"Necesitamos recuperar el espíritu rebelde del pueblo", dijo Lula a BdF; lea la entrevista completa

Este jueves, los abogados del petista, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, también afirmaron que van a reiterar la solicitud para que el Tribunal Supremo juzgue los habeas corpus que piden la nulidad del proceso alegando la "improbidad del ex juez Sergio Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato, entre otras innumerables ilegalidades".

Primer día de votación

El relator del caso, Marco Aurélio Mello, votó contra la prisión después de condena en segunda instancia. En la ocasión, él afirmó que la armonia entre el Código de Proceso Penal y la Constitución es "completa", así, la prisión sólo es posible después de agotar todas las instancias, o sea, después del fin de todos los recursos.

Alexandre de Moraes presentó un posicionamiento divergente. El apuntó que la posición a favor de la prisión en segunda instancia prevaleció por veinticuatro años y comenzó con la promulgación de la Constitución de 88.

Edson Fachin y Luís Roberto Barroso siguieron la posición de Moraes y el primer día de votación cerró con marcador de 3 a 1.

Segundo día

En el segundo día de votación, 24 de octubre, la expectativa era en torno al posicionamiento de Rosa Weber. Eso porque, en el juzgamiento del habeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ella cuestionó el tema.

“El STF es el guardián de la Constitución, no su autor. Cuando el juez es más rígido que la ley, es injusto. No fuimos investidos de autoridad para declarar inconstitucional a la propia Constitución”, dijo Weber al posicionarse hoy por agotar las instancias.

En la misma fecha, Luiz Fux votó por la prisión después de condena en segunda instancia, mientras que Ricardo Levandowski se alineó con Rosa Weber, conformando 4 votos a 3 contra la interpretación literal de la Constitución.

Prisión después de segunda instancia

La mayoría de los magistrados del Supremo decidió, en 2016, que la Justicia podría pedir la prisión de acusados cuya condena fuera confirmada en segunda instancia. El inciso 57 del artículo 5º de la Constitución afirma, mientras tanto que, “nadie será considerado culpable hasta agotar todas las instancias de sentencia penal condenatoria”.

En comunicación con Brasil de Fato, juristas calificaron la prisión después de la condena en segunda instancia como “violación expresa, clara y frontal” de la Constitución y del Código de Proceso Penal y hasta incluso como una interpretación que “viola la lógica” fruto de un “debate vulgar”.

Por Rafael Tatemoto

Brasil de Fato

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Encuestas electorales, espectáculo político y distorsiones de la democracia

Las encuestas electorales son guías determinantes en un contexto caracterizado por el exceso de información. Pero distorsionan el proceso democrático, porque restringen el debate y la formación ciudadana, y le imprimen una tendencia conservadora que dificulta el tratamiento de problemas sociales fundamentales.

 

Las encuestas no siempre acompañaron los procesos electorales. De hecho, la normalidad con que hoy se realizan y publican sorprendería a los fundadores de los regímenes representativos. Por ejemplo, el jacobinismo revolucionario, en su afán por salvaguardar la concepción monista de la soberanía, que en su perspectiva residía en el pueblo soberano o la nación, mostró especial preocupación por prevenir cualquier información de un grupo particular que pudiera revelar, reivindicar para sí o manipular la voluntad general. El auge de las encuestas electorales se retrotrae a los años setenta del siglo XX, en un contexto en que convergen dos grandes procesos.

Primero, el crecimiento de la industria del mercadeo, en la transición del fordismo –que privilegiaba la oferta y concebía el salario como anticipación para la realización de las mercancías– hacia el postfordismo –volcado a garantizar la demanda y, por lo tanto, en busca de mecanismos que permitieran un intercambio más fluido entre la fábrica y el mercado.

Segundo, la crisis de los dispositivos que durante la mayor parte de su historia permitieron a los regímenes democráticos hacer efectiva la representación política: partidos políticos y sindicatos, principalmente. Con anterioridad, los partidos tendían a corresponder con los clivajes (de clase, regionales, ideológicos) de una sociedad. La crisis de representación radica en cierto modo en la desaparición de esa correspondencia y el ascenso de fenómenos como la personalización de la política, en los que las encuestas juegan un papel clave. En este contexto, los políticos profesionales alcanzan el poder ante todo gracias a sus capacidades mediáticas, no por ser de extracción social similar a la del electorado o por representar una ideología determinada.

Además, la política actual se caracteriza por un fenómeno de opacidad por exceso de luz que pone a las encuestas en primer plano. Durante mucho tiempo la democracia estuvo asociada a la idea de publicidad, como aquello que es transparente y está a la vista de todos formando un espacio de referencias comunes. Hoy en día existe un exceso de transparencia que no redunda en mayor publicidad, puesto que aunque se ha ampliado el rango de dominios de la vida social e individual a la vista de todos, no necesariamente coadyuvan a la formación de ese mundo en común. Frecuentemente, como resultado del predominio de información socialmente irrelevante pero políticamente determinante, como pueden ser ciertos datos sobre la vida íntima de los personajes públicos, se hace casi imposible el avistamiento de aquello que la reivindicación de transparencia trataba de hacer visible: todo lo atinente a los negocios públicos y la vida en común materia del gobierno y el Estado.

En otras palabras, así como la total ausencia de luz impide ver, demasiada luz también imposibilita el funcionamiento del ojo. Los ciudadanos son constantemente bombardeados por todo tipo de informaciones, cuya cantidad, velocidad y vida efímera hacen casi imposible su procesamiento, con lo cual incluso los criterios de ordenamiento de los datos, la relevancia o la urgencia, por ejemplo, entran en crisis. Por esa razón, las encuestas electorales se han convertido en un insumo determinante para la orientación política. Investidas con la legitimidad que provee el conocimiento científico especializado, son un factor nodal para dotar de sentido la realidad individual y colectiva.

Quizás el principal argumento a su favor es que confieren a una elección mayor legitimidad, puesto que funcionan como un tamiz que permite agregar los intereses mayoritarios en un número reducido de alternativas en contienda. Sin embargo, desde que se originó el gobierno representativo hubo mecanismos de “perfeccionamiento” del procedimiento electoral, como la segunda vuelta, que no presentan las desventajas de las encuestas. Aún suponiendo que siempre se realizan con rigor estadístico y sin la mediación de intereses partidarios, económicos y de otro orden, lo que ya es mucho suponer, las encuestas distorsionan el proceso electoral, restringiendo el debate y convirtiéndolo en un espectáculo de masas más que en un espacio para la construcción de ciudadanía.
La supresión del debate

Las encuestas son la máxima expresión del modelo de democracia como mercado electoral, construido sobre las ruinas de la figura del ágora griega que, incluso con la mediación representativa, estuvo en la base de los razonamientos fundantes de los regímenes republicanos modernos.

Al igual que el mercadeo de cualquier producto, las encuestas electorales tienen por objeto no solamente revelar sino fundamentalmente formar las preferencias de los “consumidores”, en este caso ciudadanos electores, y orientar lo que se percibe como una “competencia” entre quienes ofrecen sus mercancías. La representación del electorado que proveen tiene una eficacia performativa, puesto que influyen decisivamente sobre la acción de todos los actores comprometidos, electores y potenciales elegidos. De esa manera, las encuestas trastornan por completo el sentido del mecanismo electoral.

En primer lugar, los sondeos no están orientados a la elección de lo mejor, de esa aristocracia del conocimiento por la que apostaban los federalistas norteamericanos a fines del siglo XVIII, sino de quien mejor comportamiento exhibe durante la campaña, representado en porcentajes de opinión favorable o potenciales votantes. Por lo tanto, la representación ideal de las campañas, vistas como debates públicos sobre problemas socialmente relevantes y sus soluciones, ha cedido ante la metáfora de una carrera, que tiene a las encuestas como el principal indicador de éxito.

En efecto, gracias a los sondeos, durante el proceso se van “eliminando” propuestas y candidatos, no de acuerdo a la solidez de sus argumentos o la factibilidad de sus propuestas, sino a su registro en las encuestas, que cada cierto tiempo permiten saber “quién va ganando”. Como consecuencia, la elección final, por el efecto que las mismas encuestas tienen en el proceso, no es entre las mejores opciones sino a lo sumo entre las más populares.

En segundo lugar, las encuestas restringen el debate electoral, no solo porque “eliminan” opciones de elección con arreglo a criterios ajenos a la ponderación y crítica pública de sus argumentos y propuestas, sino también porque no aportan información relevante sobre los problemas sociales, puesto que solo informan a la ciudadanía sobre la favorabilidad de los candidatos o de sus propuestas.

Esto las distingue de las adhesiones, uno de sus antecedentes históricos consistente en la publicación de listados de firmas de notables a favor de un candidato y las razones de su respaldo. Las adhesiones hacen parte del posicionamiento en medio de un debate político, mientras las encuestas pretenden medir la favorabilidad de las opciones en competencia sin que necesariamente se aporten insumos para ese debate.

 

El espectáculo de masas

 

Debido a las restricciones que implanta sobre el debate público, la preponderancia de los sondeos ha restado a los procesos electorales la posibilidad de constituirse en foros para la educación y cualificación política de la ciudadanía. Esto implica una renuncia al ideal ilustrado del progreso y la perfectibilidad humana cimentado en la educación y, por consiguiente, la mejora de los seres humanos mediante la práctica de la democracia.

Lo determinante en la “competencia” no son los argumentos ni las propuestas sino el posicionamiento en las encuestas y, más que proyectos políticos, lo que se elige son personas. En consecuencia, el proceso electoral tiende a convertirse en un espectáculo en donde todo vale y en el cual los insumos para descalificar un participante comprenden cualquier información que pueda escandalizar y lo anule como adversario legítimo. Lo que debería ser un debate sobre problemas socialmente relevantes, termina convertido en un corrillo sobre toda clase de aspectos de la vida de los candidatos que los puedan proyectar en términos de favorabilidad o, al contrario, que los confine en el espacio de la incorrección política.

Por eso, las campañas se desenvuelven en medio de señalamientos personales, falacias ad hominem, y acusaciones sobre conductas marginales o socialmente consideradas como inadmisibles. El formato de reality show, usado con mucha frecuencia para parodiar el proceso electoral, parece ahora una ajustada representación del mismo. La eficacia de una campaña se define en proporción al éxito que consiga en la inducción de comportamientos de masa en los ciudadanos electores, más que por el convencimiento a partir de procesos dialécticos o pedagógicos.

De acuerdo con la clásica concepción de Gustave Le Bon, en la masa los individuos tienden a despojarse de su capacidad de raciocinio y ceder ante la manipulación, la sugestión e incluso el “contagio”. En efecto, la posición política que orienta la elección, mediada por el indicador de la encuesta, no proviene fundamentalmente de un razonamiento individual sobre propuestas y argumentos, como se esperaría según el ideal ilustrado de ciudadanía, sino de la toma de partido por alguna de las opciones que encabezan la “competencia”. Las preferencias iniciales, quizás fundadas en dicho razonamiento, ceden al final ante los insumos recibidos durante la campaña pero principalmente a los resultados de las encuestas. De ahí la predominancia en las fases finales del llamado “voto útil”, a favor o en contra, la más grande perversión del proceso electoral.

 

Una distorsión funcional

 

Las encuestas electorales presentan más aspectos disfuncionales para el funcionamiento de la democracia y refuerzan la tendencia conservadora del modelo mercantil, incluso obviando la economía política del problema en escenarios concretos, es decir, las relaciones de poder y los intereses que medran tras su realización y sus resultados, y asumiendo que siempre se siguen procedimientos estadísticos rigurosos.

Quienes realizan las encuestas son empresas privadas, presumiblemente con un conocimiento técnico idóneo. Los costos de su realización introducen una desigualdad de partida entre los competidores, en el caso de sondeos por encargo de candidatos determinados o partidos. Sus resultados, como cualquier otro dato, tienen interpretaciones pero, en este caso, hay unos intérpretes calificados que generalmente son los mismos técnicos que las diseñan. Tanto las firmas encuestadoras como los intérpretes, sin embargo, no tienen una responsabilidad política respecto de la ciudadanía. Puesto que pertenecen al sector privado y ofrecen una mercancía, los criterios éticos en los que se desenvuelven corresponden al de una industria, no al de actores que intervienen activa y determinantemente en la orientación de las preferencias electorales. En fin, la disposición de esta información, por transparente y neutral que sea, puede incluso ser útil para legitimar el fraude a distintos niveles. Por ejemplo, en contextos de alta corrupción es usada como un indicador esencial para determinar los capitales a invertir y la cantidad de votos a comprar y vender.

Por otro lado, las encuestas y la forma como perfilan el proceso electoral imprimen a la democracia una tendencia conservadora. En la lógica de las encuestas, el objetivo es formar una mayoría antes del escrutinio final, lo que no necesariamente implica persuadir o convencer una mayoría, pues aparecer a la cabeza del sondeo es en sí mismo un dato fundamental para obtener votos. Por lo tanto, crea incentivos a los candidatos en contienda para dejar de lado las propuestas de transformación social radical, las que van a las “raíces” de los problemas socialmente relevantes, porque este tipo de propuestas necesariamente afectan determinados sectores de la sociedad. En su lugar, se prefieren propuestas indeterminadas, indefinidas o nebulosas que no afecten de modo sustancial a ningún sector, o al menos a ningún sector con el poder suficiente para oponerse.

Ese modelo del votante medio tiene su correlato en el hecho de que el proceso electoral así definido termina por privilegiar el corto plazo. En aras de la eficacia de las campañas para ascender en las encuestas, no solamente se excluyen las propuestas de cambio social sustancial, sino que se privilegian problemas de relevancia inmediata, de urgencia, porque son los que más fácilmente pueden impactar en las encuestas. El objetivo de las campañas, más que proponer, será capturar la tendencia ganadora, esto es, la que se refleje mejor en, o sintonice mejor con, los resultados de los sondeos.

Una consecuencia adicional de este mismo problema es la ampliación de la brecha entre representante y representado, que es inmanente a la democracia. La representación política se basa en un mandato libre, de tal manera que los electores no pueden confinar la voluntad de sus representantes, pero siempre hubo unos mecanismos para premiar o castigar su responsabilidad, por ejemplo se podría castigar al partido por el desempeño de sus miembros individuales en determinados cargos. Ahora bien, en un contexto en donde no se eligen proyectos de largo plazo sino personas, con propuestas no referidas a problemas socialmente relevantes, etéreas e imprecisas para no afectar un sector en concreto o enfocadas en tendencias de opinión efímeras, esa responsabilidad tiende a difuminarse.

 

Un mal innecesario

 

Como se ha visto, los aportes de las encuestas electorales al proceso de elección y a la democracia en general son bastante pobres. Su existencia se justifica por los intereses, económicos y políticos creados a su alrededor. Las regulaciones legales actuales muy rara vez tienen en cuenta los efectos aquí discutidos y se limitan a determinar formas y tiempos en los que se pueden realizar y publicar los sondeos, sin reparar en lo determinantes que son para el proceso en su totalidad. No obstante, la pregunta sobre el qué hacer con las encuestas electorales debería enmarcarse en una discusión más profunda sobre la reforma de las instituciones políticas en su conjunto.

En efecto, las instituciones políticas dominantes son anacrónicas respecto a las lógicas, el funcionamiento y los tiempos que caracterizan el mundo contemporáneo. Fueron diseñadas en correspondencia con las sociedades occidentales de finales del siglo XVIII, ajenas a las experiencias de aceleración temporal y compresión espacial que comportan tecnologías como los ferrocarriles y, aún más, las actuales tecnologías de transporte y comunicación.

Esta asincronía entre instituciones políticas y mundo social produce tensiones que afectan los principios éticos y políticos que aquellas se propusieron operacionalizar. Las encuestas, en particular, deben ser evaluadas en función del ideal de debate público en una democracia, el tipo de ser humano y de ciudadano que se quiere formar y, sobre todo, la capacidad de las instituciones democráticas para responder a problemas neurales del mundo contemporáneo cuyos tiempos son perentorios como, por mencionar el ejemplo más dramático, la crisis ambiental global.

Publicado enEdición Nº262
Lunes, 21 Octubre 2019 16:39

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

Lunes, 21 Octubre 2019 16:12

Washington contra Pekín

Adriana Gómez, Éste o éste, de la serie “Preguntas”, técnica mixta/lienzo, 30 x 30 cm, 2008  http://www.adrianagomez.net/site/

Parece que Estados Unidos considera ya que no puede hacerles frente a China y a Rusia al mismo tiempo. En las próximas décadas, su principal rival geopolítico será Pekín. En este punto, existe un consenso incluso entre la administración republicana de Donald Trump y los demócratas, fuerzas enfrentadas, sin embargo, en las elecciones presidenciales del próximo año. De este modo, en su condición de principal adversario de Washington, China es la sucesora del “Imperio del mal” y del “terrorismo islámico”. Pero, a diferencia de la Unión Soviética, China posee una economía dinámica, con la que Estados Unidos registra un enorme déficit comercial. Y un poder mucho más impresionante que el de las decenas de miles de combatientes fundamentalistas que deambulan entre los desiertos de la antigua Mesopotamia y las montañas de Afganistán.


Barack Obama ya había emprendido un “giro” de la diplomacia estadounidense hacia Asia y el Pacífico. Como es habitual, su sucesor formula esta nueva estrategia con menos elegancia y sutileza (Golub, página 18). Dado que, en su modo de pensar, la cooperación es siempre una trampa, un juego de suma cero, el auge económico del rival asiático amenaza automáticamente el desarrollo de Estados Unidos. Y viceversa: “Estamos ganándole a China –presumió Trump en agosto pasado–. Acaban de pasar su peor año en medio siglo, y es por mi culpa. No estoy orgulloso de eso”.


Eso de “no estar orgulloso” no parece propio de él… Hace poco más de un año, había autorizado la transmisión en directo de una reunión de gabinete. Y allí pasó de todo: uno de sus secretarios celebró la desaceleración del crecimiento en China; otro atribuyó la epidemia de opioides en Estados Unidos a las exportaciones chinas de fentanilo; un tercero afirmó que las dificultades de los agricultores estadounidenses eran consecuencia de las medidas de represalia comercial de China. Sólo faltaba que Trump relacionara la terquedad nuclear norcoreana con la indulgencia que Pekín mostraba hacia su aliado. Para Washington, vender un poco más de maíz o de electrónica a China no será suficiente. Tiene que apartar al rival, cuyo PIB se multiplicó por nueve en diecisiete años, debilitarlo, impedirle extender su influencia y, sobre todo, convertirse en el equivalente estratégico de Estados Unidos. No se le perdonará ningún golpe a este país cuya prosperidad deslumbrante no culminó en americanización, ni mostró docilidad alguna.


El 4 de octubre de 2018, el vicepresidente estadounidense Mike Pence ya denunciaba en un discurso de una extrema violencia un “sistema orwelliano”, “autoridades que destruyen crucifijos, queman biblias y encarcelan a los creyentes”, y la “coerción de empresas, estudios de cine, universidades, think tanks, investigadores, periodistas estadounidenses”. Incluso detectaba “intentos de influir en las elecciones presidenciales de 2020”. Después del “Rusiagate”, ¿habrá acaso un “Chinagate” que, esta vez, tendría como objetivo la derrota de Trump? Estados Unidos es sin duda un país muy frágil…

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Magalí del Hoyo