Walter Tello, detalle (Cortesía del autor)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

Dicen que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. Parodiando este refrán, es posible aseverar que “no hay peor ignorante que aquel que no quiere aprender”. Uno y otro resumen de manera meridiana la manera como el poder realmente existente en Colombia encaró –y continúa encarando– la extradición de connacionales hacia los Estados Unidos desde hace cerca de cuatro décadas.


En la memoria nacional todavía anida, no sin estupor, la ofensiva de los narcos con secuestros selectivos para afectar y presionar de manera puntual a factores del poder tradicional: bombas que, más allá de sus destinatarios específicos, produjeron decenas de víctimas de simples transeúntes o trabajadores de ciertas empresas, que nada tenían que ver con el propósito de las mismas; atentados contra políticos, jueces, agentes de inteligencia y otros, así como la lapidaria frase: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.


Era aquella una ofensiva prolongada por varios años y que resumía la respuesta de los ‘emergentes’ ante la autorización de la extradición, en 1985, por parte del gobierno de Belisario Betancur. Una luz verde encendida por el poder tradicional vigente en nuestro país, que desde entonces no cesa de decir que esa es la mejor manera de enfrentar el narcotráfico. Un poder entremezclado desde sus primeros asomos con quienes en forma rápida amasan una inmensa fortuna que deben legalizar –lavar–, para lo cual numerosos bancos disponen sus conductos, así como el propio establecimiento a través de la llamada “ventanilla siniestra”, abierta en el Banco de la República, con el favor de industriales que les importan las materias primas necesarias para transformar la coca en cocaína, o simplemente al realizar lucrativos negocios con quienes querían alardear de su inesperada riqueza, compra-ventas concretadas en la transacción de infinidad de muebles e inmuebles –como cuadros y obras de arte en general–, así como aceptando su dinero para aceitar las campañas electorales.


Se establecía así una relación poder-narcos por conveniencia, como lo recuerda, además, el nacimiento de “Muerte a Secuestradores” (MAS), aparato armado que estructuran sicarios al servicio de un amplio número de mafiosos, reunidos para enfrentar a quienes atentaban contra sus intereses, teniendo como referente inicial el secuestro por parte del M-19 de Marta Nieves, integrante de la familia Ochoa, parte relevante del Cartel de Medellín. El aparato armado se utiliza desde ese momento por el ejército colombiano, como lo testifican algunos integrantes de la otrora guerrilla nacionalista que fueron secuestrados por el MAS para aparecer posteriormente torturados en Bogotá en las caballerizas de Usaquén. Es la dupla de la mafia –poder en cierne– y el poder tradicional, entrelazados por un mismo enemigo y objetivo.


Aquel aparato armado es, a la luz del tiempo, una especie de antesala y base de lo que luego sería conocido como paramilitarismo: ejército financiado por la mafia y puesto al servicio del poder dominante en Colombia para llevar a cabo todas las operaciones –inicialmente clandestinas– que la fuerza oficial no debía ejecutar de manera abierta y permanente.


Como lo testifican infinidad de sucesos, la mafia y sus efectivos militares –transformados en fuerza rural de combate, por la decisión estratégica de factores del poder tradicional, como el generalato colombiano, los terratenientes, políticos de primer nivel, gobernantes de diferentes instancias, obispos y otros– terminan como brazo armado, no ya para la protección y la defensa de sus familias e intereses sino para la defensa del poder tradicional, el mismo que, finalmente, una vez aquellos cumplen con su trabajo sucio –asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar, robar, atemorizar, concentrar aún más la propiedad de la tierra–, los niega y desprecia, actuando en este caso tal como ha procedido siempre con todos sus sirvientes.


Desde aquellos años, la ecuación extradición–cultivos de coca y su transformación en cocaína, así como su exportación a otros países, de manera relevante a los Estados Unidos, no muestra efecto alguno: ni los cultivos de coca dejan de crecer en cantidad de hectáreas utilizadas para ello ni las toneladas de coca se comprimen ni los millones de dólares dejan de ingresar al país.


Así, por ejemplo, en 1991 el país registra 37.500 hectáreas dedicadas a tal siembra, 10 años después ya eran 144.800, para el 2011 decaen a 83.000, estirándose tras otros seis años –último reporte en línea– a 209.000, pasando de un potencial de producción de toneladas métricas de cocaína de 320 en 2008 a 921 en 2017.


De manera contradictoria, durante estos mismos años los gobernantes de turno autorizaron la extradición de no menos de 2.423 connacionales, la mayoría de ellos durante los gobiernos de Álvaro Uribe –1.149– y Juan Manuel Santos –1.200–, quien no dudó en hacer ostentación de ello: “(hemos extraditado) ¡más que ningún otro gobierno!” (1).


A la luz de estos resultados –sin considerar los miles de muertos, violentados, presos, desaparecidos, desplazados– y de la confiscación de embarques, por acción de la llamada “guerra contra las drogas”, es necesario preguntar: ¿Dónde está la efectividad de la extradición? ¿Por qué no decae el negocio que dice combatir? ¿Por qué el establecimiento continúa aferrado a una estrategia totalmente inocua?


Esa estrategia que está en contravía de la lógica del capital, aquella que indica que donde existe demanda hay oferta; demanda que, como en todo mercado, hace fluctuar los precios, en este caso también por calidad y/o pureza, oportunidad, incluyendo un factor que finalmente inclina la balanza: el riesgo –ligado a su prohibición–, lo que le abre campo a la especulación en el extremo de la cadena, cuando ya está el producto al por menor ante el consumidor.


Estrategia de criminalización, que, además, no repara en el factor natural que motiva a quienes, como campesinos, ven en la siembra de la coca una oportunidad para mejorar sus menguados ingresos, en un ejercicio agropecuario en el cual no están obligados a desplazarse cientos de kilómetros con su producto en procura de un posible comprador, que tal vez no esté dispuesto a adquirir el producto o que tal vez le quiebre el precio de su cosecha ante la abundancia de la misma.


Choca esta estrategia estatal de poder y violencia, nacional y extranacional, contra la realidad del mercado, como acaba de suceder en México, donde los campesinos cultivadores de amapola ven cómo el negocio desaparece como producto del mercado gringo inundado por fentanyl, sustancia química “[…] que produce los mismos efectos que la heroína natural, pero 10 veces más poderosa, cuesta la tercera parte y su saldo es fatal. En Estados Unidos, por el uso de fentanyl, mueren al año entre 35 mil y 45 mil personas” (2). Inundado por esta droga, el mercado “[…] trajo consigo la debacle de las cosechas de amapola a lo largo de todo el territorio mexicano. La razón es estrictamente económica: la caída del precio del kilogramo de la goma de mil 350 a 300 dólares (aproximadamente). La cantidad no alcanza ni para cubrir los gastos de la siembra”.


Resultado final de aquellas circunstancias: la erradicación de la amapola, imposible para el ejército, el gobierno mexicano y la DEA, lo consiguió en pocos meses el mercado. Lo mismo ha resultado con la marihuana, ahora en competencia con la producción local de Estados Unidos y su legalización en varios estados de la Unión, así como en diversidad de países que ven en tal mecanismo la mejor estrategia para desinflar un negocio que da pie al fortalecimiento de las mafias, así como al debilitamiento del establecimiento, producto de la violencia creciente que propicia y de la corrupción que alimenta.


Así, en contra de la realidad del mercado, de la naturaleza y de la vida misma, vuelve una y otra vez el interrogante ¿Por qué persisten con la extradición?


Años 80 del siglo XX


No está de más recordar que, cuando Richard Nixon acuña la expresión “Guerra contra las drogas”, lo hace en contravía de las conclusiones de la Comisión Shafer –que había sido conformada para evaluar las relaciones de la drogadicción con las diversas formas de criminalidad en los Estados Unidos–, que no vio relación directa alguna entre consumo de psicotrópicos y delito. Un acto bélico convertido posteriormente en “Guerra contra el terrorismo” sería el sucedáneo que llenaba el vacío de un “enemigo de la civilización” derrotable.


Para nuestra desgracia, ‘emprendedores’ colombianos, finalizando los 70, vieron que el comercio ilegal de psicotrópicos en Estados Unidos era un gran negocio, y que tanto la marihuana –especialmente la sembrada en La Guajira– como la hoja de coca contaban con ecosistemas favorables para su siembra, conformando un vector sinérgico para la generación de enormes ganancias que los llevaron a posicionarse rápidamente como líderes de ese comercio.


Cuando el narcotráfico mostró inicial y desenfrenadamente su poderío en Colombia, corrían los primeros años de la década del 80 del siglo XX, tiempo para el cual nuestra sociedad acumulaba en sus entrañas la lava de un volcán social. Así lo reflejaba la aparición de paros, sobre todo cívicos, que se multiplicaban a lo largo y ancho de su territorio; el descontento social propiciaba el crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales, que, tras una quimera socialista y/o nacionalista insuflaba la imaginación y la multiplicación de las energías de miles de jóvenes y no tanto; la coordinación de variados movimientos sociales proyectaba la imagen de una capacidad de acción y de confrontación del poder tradicional por parte de los negados de siempre: la constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), así como de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al tiempo de la inicial coordinación de movimientos por el derecho a la ciudad. La superación de la dispersa acción insurgente, como Coordinadora Guerrillera de Colombia, no estaba por fuera de esa dinámica.


La confianza de que una Colombia de nuevo tipo estaba por tomar forma también encontraba aire, por un lado en la incapacidad del régimen político para desmontar el descontento social y, por otra, en el por entonces reciente triunfo sandinista contra la dictadura somocista, pero también en los avances de la guerrilla salvadoreña. Una América insurgente ganaba espacio y audiencia tras una movilización por ideales de justicia e igualdad.


En tales circunstancias, la emergencia del narcotráfico como opción efectiva para resolver aquí y ahora, no en un tiempo impreciso –en este caso de manera individual y no colectiva–, las necesidades familiares, sobre todo de casa, así como el goce diario del dinero que no falta, aparece como el camino por seguir, tras el cual se desfoga en un principio un considerable porcentaje de jóvenes, en particular de Medellín y Cali. La escalada violenta que coparía varias de las principales ciudades del país, primero con acciones de las bandas mafiosas contra representantes del poder tradicional, luego contra las fuerzas de policía, y después entre los propios carteles –en particular el de Medellín y el de Cali–, termina por desestructurar tejidos sociales construidos en décadas de resistencia social por un país de nuevo tipo.


Tras aquello, en particular la guerra vivida en comunas y barrios populares de Medellín, entre milicias guerrilleras y bandas al servicio del narcotráfico, potenciadas con el apoyo del aparato armado oficial, termina por hacerse evidente –para el poder tradicional, criollo e internacional– la capacidad de control político y destructiva del tejido social desprendido del narcotráfico, en toda la extensión de su palabra y proceder.


Pasados los años, una vez derrotadas las milicias de corte insurgente en Medellín, e impuesto el reino paramilitar, y con éste el imperio de las “fronteras invisibles”, queda sellada la destrucción de la organización comunitaria. La extensión de tal fenómeno por barriadas populares de Cali, Bogotá y otras de nuestras principales ciudades, a la par de multiplicar el negocio del menudeo de estupefacientes, conlleva, con conciencia o sin ella, iguales resultados. Cárceles hacinadas por jóvenes, muchos de ellos asesinados en su interior, adictos en su gran mayoría a algún psicoactivo, así como al alcohol, terminan por darle forma al círculo “vive pronto y muere”, imaginario cultural que es propiciado por un modelo de control social que potencia el individualismo, afinca la vida en el presente, y rompe con el futuro por construir y vivir.


El narcotráfico al servicio del poder, que por extensas regiones rurales de la patria dejó una estela de terror, despojo y desplazados, transforma por muchos años el mapa del poder territorial, también como producto de la destrucción del tejido social hilado a lo largo de décadas de lucha campesina por el derecho a la tierra y una vida digna.


Se hace evidente entonces la capacidad destructiva del narcotráfico, a la vez que de control político, leída e interpretada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no sólo utilizaron a los narcotraficantes colombianos para reunir los dineros necesarios para llevar a cabo sus operaciones secretas –caso Irangate– (3) sino que además inundaron las barriadas populares de ciudades como Los Ángeles, con la clara conciencia de drogar y volver adicta a la población negra allí residente, que también terminó por perder el foco de la organización colectiva para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, así como el referente de la necesaria destrucción del sistema que los niega y oprime, para un porcentaje importante de ellos pasar a inundar el sistema carcelario de su país, como lo testimonió en sus reportajes sobre este tema, y el posterior libro Alianza oscura, el laureado y ‘suicidado’ Gary Webb (4).


Son estas mismas agencias de espionaje de Estados Unidos, en especial la DEA, las que en todo momento buscan infiltrar y controlar el mercado de narcóticos, conservando bajo su manga la amenaza de la extradición de sindicados por comerciar con narcóticos con destino a aquel país, en una estrategia que terminó por convertirse en mecanismo para negociar con los capturados el precio de su libertad, que se hace efectiva tras el pago de pocos años de encierro y la confiscación de bienes, entrega de rutas y delación de conocidos incursos en el negocio. La verdad sobre la guerra y sus víctimas –por ejemplo, para el caso de paramilitares extraditados– poco les interesa o la acumulan para cuando requieran apretarles el cuello a ciertos personajes del país, garantizando así la sumisión en las esferas del alto gobierno, como en las Fuerzas Armadas y otros factores del poder realmente existente y dominante.


Esa sumisión asume rasgos grotescos, como en el caso del actual procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien en defensa de su apelación a la decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich, en forma vehemente y sin timideces dice defender los intereses judiciales de los Estados Unidos: “No es, y perdónenme la analogía, el papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”, como una muestra más de que, en los procesos de extradición –como en muchos otros de diferente índole–, los agentes del Estado colombiano no son más que dóciles ejecutores de los dictados extranjeros.


La pregunta no tarda en aparecer: ¿Si han capturado una cantidad creciente de narcos, con los cuales concretan tal estrategia de negociación, cómo es que la DEA no controla todas las rutas e intersticios del negocio que dice combatir, acabando de una vez y para siempre con el mismo? ¿Acaso estamos ante el juego del gato y el ratón, en el cual el felino no destruye su presa para que el juego no llegue pronto a su fin?


Estamos ante una estrategia que, luego de procesada en todas sus variables, es trasladada y copiada para realidades similares a las de Colombia, como México, donde el poder de los carteles del narcotráfico, con iguales y peores prácticas que las copiadas a sus pares suramericanos, arrolla como un tsunami, llevándose a su paso el tejido social, extendiendo el miedo por doquier, desuniendo, hastiando a su población sometida a una violencia sin límite, fijándoles frontera a los poderes insurgentes venidos de abajo, debilitando su gobierno nacional, quebrando la moralidad y la ética ante el atractivo del billete del vecino del norte.


Poco a poco, la estrategia muestra raíces en Argentina y otros países de la región, todo con una clara pretensión: arruinar el tejido social y solidario para desvirtuar con ello la esperanza en un cambio del sistema sociopolítico. La experiencia adquirida con la extradición de colombianos lleva ahora, cuando ven que el imperio afronta revalidad global, a fortalecer la idea del derecho del sistema judicial estadounidense a la extraterritorialidad, que en el caso del fifagate y ahora con Julian Assange y Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, señala su proyección como una forma de intimidación y, por tanto, de control del comportamiento de cualquier persona por fuera de sus fronteras.


La estrategia de dominio político y control social, de destrucción de referentes colectivos, de proyección de temor y desconfianza en la vida diaria, en que cada uno debe resolver lo suyo sin pensar en los demás, pasa a ser utilizada en la lucha contra la propia insurgencia, ahora como un recurso de “lucha contra el terrorismo”, extendido para el caso de los Acuerdos de Paz firmados en Colombia como un recurso para explosionarlos.


Son entonces, narcotráfico y extradición, una realidad social y económica, utilizada además como estrategia en la geopolítica del poder global, en la que nuestro país actúa, como en otros muchos sucesos, como simple peón.


1. Palabras del presidente Juan Manuel Santos en el balance del sector de infraestructura y vivienda. 14 de marzo de 2017.
2. Semo, Ilán, “Lo que el opio se llevó”, La Jornada, México,mayo 18 de 2019.
3. Estalla el Irangate, https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161125/412132963656/irangate-oliver-north-venta-armas.html
4. En agosto de 1996, Webb, con una serie de reportajes sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, reveló cómo la CIA vendió toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizó ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense, que trataba entonces de derrumbar al gobierno sandinista en Nicaragua. Webb hizo esos trabajos con abundantes entrevistas a narcotraficantes hoy detenidos en Estados Unidos (entre ellos, uno a quien llaman Ricky Ross, uno de los más grandes narcos de la costa oeste) y con agentes de la DEA. Webb recibió en 1990, con el diario San José Mercury News, el Premio Pulitzer (máximo galardón anual para los periodistas de Estados Unidos).

 


Extradición en Colombia

 

¿Herramienta de justicia?




por Enrique Santos Molano



El Tratado vigente de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en Washington el 14 de septiembre de 1979 por el embajador Virgilio Barco Vargas y el secretario de Estado, Cyrus Vance. En él se contempla la extradición a Estados Unidos de colombianos solicitados por la justicia de aquel país en razón de que estuvieran sindicados de delitos de narcotráfico, lavado de dinero o cualesquiera otros que se hubieran cometido dentro de la Unión Americana, o que de alguna manera afectaran sus intereses económicos y sociales.


El Congreso colombiano aprobó en 1980 la Ley 27, que incorpora el Tratado de 1979 a la legislación nacional, pero el presidente Belisario Betancur, al asumir en 1982, declaró que por motivos filosóficos no aplicaría la extradición de colombianos. En efecto, negó varias solicitudes de extradición formuladas por los Estados Unidos. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (abril de 1984), por orden del cartel de Medellín (contra el que Lara había emprendido una persecución en regla), hizo que Betancur cambiara de filosofía y ordenara aplicar “con todo rigor” el Tratado de 1979. En 1985 fueron extraditados a Estados Unidos los primeros cinco colombianos, entre ellos el presidente del Club Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, a quien Lara había señalado de utilizar el Club para lavado de dinero.


Los capos del Cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar Gaviria, se agruparon en una sociedad criminal de tipo ideológico (“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”), denominada “Los Extraditables”. Tal sociedad tenía por objeto procurar la derogación de la Ley 27 y echar abajo el Tratado de Extradición. Al fallar una demanda contra la citada ley, la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible en 1986 por vicios de forma y violaciones de fondo a la Constitución, que ese año celebraba su centenario en medio de una crisis política, social y económica, derivada de la guerra de Los Extraditables contra el Estado colombiano, conflicto que había dejado un número de víctimas aterrador, aunque no todas atribuibles a Los Extraditables, pues la mayoría de los líderes políticos y defensores de Derechos Humanos que cayeron en esa época (1984-1986) fueron asesinados por motivos puramente políticos, distintos de la extradición, y por elementos paramilitares formados para hacer que fracasaran las conversaciones de paz iniciadas en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.


Al asumir en 1986 la presidencia, Virgilio Barco, quien como embajador de Colombia firmara en Washington el Tratado de Extradición de 1979, declaró que la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 no le ataría las manos, y que utilizaría las normas del Estado de Sitio para aplicar la extradición por vía administrativa. Tal decisión mereció el aplauso del gobierno estadounidense pero reactivó la guerra de Los Extraditables, que, mezclada con la guerra paralela de los paramilitares contra la guerrilla y los movimientos de izquierda política, originó una nueva temporada de crimen, terrorismo, secuestros, crisis y confusión. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1991 elevó a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos. Eso sí, puso fin a la guerra de los narcos, y también fue el punto de partida de nuevas crisis políticas, económicas y sociales. Las presiones del gobierno de Estados Unidos consiguieron que una ley del Congreso restituyera la extradición en 1997 aunque con carácter no retroactivo, lo que no satisfizo por completo las aspiraciones del entonces embajador en Colombia, Miles Frechette, quien consideraba indispensable el carácter retroactivo de la misma.


Muchos colombianos han sido extraditados desde 1985 hasta hoy, al socaire del tratado de 1979. Muchos de ellos todavía purgan sus penas en cárceles de los Estados Unidos, generando dolor, miseria y muerte. La pregunta es si ha servido efectivamente como herramienta de apoyo eficaz a la justicia y al Estado colombiano en la guerra contra el narcotráfico y otros delitos, o es un instrumento más que refuerza la intromisión de una potencia extranjera en la política y los asuntos internos de Colombia. Si observamos bien, en el curso de las últimas tres décadas las actividades del narcotráfico no han disminuido y, además, en la práctica se han adueñado del país, y se extienden a otras naciones de Latinoamérica, como México y Argentina.


Asimismo, si vemos que la mayoría de los crímenes (un 90 por ciento) de diversa índole que se cometen en Colombia quedan en la impunidad, tristemente la respuesta es negativa en el primer interrogante y positiva en el segundo. Así nos lo demuestra la reciente crisis generada por la extradición, como en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, desmovilizado por los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y la hoy extinta guerrilla de las Farc, que ha enfrentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Gobierno, la Fiscalía y la embajada de Estados Unidos, cuyo fondo oculto parece ser el de acabar con la JEP y con los Acuerdos de Paz, e imposibilitar el posconflicto.

Publicado enColombia
Viernes, 27 Diciembre 2019 06:00

Matar, negar…y objetar

Matar, negar…y objetar
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

“No tenemos ojos, ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. De botas, armas, viudas y huérfanos llenaron esta tierra, que muy rápido cambió de dueños. No nos conmovieron los muertos, tampoco los mutilados ni las lágrimas que inundan los caminos del destierro y el despojo de miles de familias del campo. Crecieron las ciudades, también las injusticias, y las manos manchadas de sangre”.

Jesús Abad Colorado (retratista de la guerra)

Tan sólo dos semanas después que Iván Duque anunciara la objeción de seis artículos de la Justicia Especial para la paz (JEP) –en otro intento de desestructuración de los acuerdos suscritos para poner fin al conflicto armado con las Farc–, la Cruz Roja publicó el balance del 2018 sobre derechos humanos titulado Retos humanitarios 2019, en el que afirma que “La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto: actualmente, no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país (cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados, a saber, el ELN, el EPL, las AGC y las estructuras de las FARC-EP del antiguo Bloque Oriental que no se acogieron al proceso de paz, y el quinto, que enfrenta al ELN con el EPL). Estos conflictos armados, sumados a la violencia ejercida por grupos de distinta naturaleza en el campo y en las ciudades, siguen marcando el día a día de millones de colombianos”. Denuncia en su informe esta entidad, asimismo, que en el último año el número de desplazados pasó de 14.594 a 27.780, así como que cada cuatro días es registrado un nuevo caso de desaparición forzada.

El anuncio presidencial, en contraste con el de la organización internacional, es muestra, una vez más, de la marcada bipolaridad que padece el país entre una realidad innegable de inusitada violencia, por un lado, y la negación de su existencia o el sabotaje a los intentos de su superación, del otro, y que ha determinado la simultaneidad y, seguramente, la complementariedad, entre una formalidad de aparente estabilidad política y un amplio espectro de cruentas y sistemáticas prácticas que incluye masacres, desplazamientos, asesinatos fuera de combate y desapariciones forzadas. En el mundo imaginario de la “normalidad” viven políticos, académicos y los sectores de la población con mejores ingresos, pues escapan a los rigores directos del conflicto; en el de la realidad del atropello, los grupos subordinados que son quienes los sufren.

“Colombia asesina”

En noviembre 20 de 1986, el conocido historiador británico Eric J. Hobsbawm publicó, en New York Review of Books, un artículo titulado ‘Colombia asesina’. El escrito fue escrito al cumplirse un año de la tragedia de Armero, en la que la negligencia oficial –algunas versiones sostienen que no fue negligencia sino un hecho criminal consciente para evitar el problema social que representaba evacuar sus 25.000 habitantes– tuvo como resultado la muerte de más de 23.000 personas, y también al año de la toma del Palacio de Justicia, que tuvo un saldo cercano a los cien muertos, incluida la plana mayor de la Corte Suprema de Justicia. En ese artículo, más allá de los reparos que puedan hacérsele a muchas de sus observaciones, Hobsbawm señala que: “La cohesión de la oligarquía y su auténtica adhesión a una constitución electoral, ha garantizado que el país no haya sido víctima, prácticamente nunca, de las usuales dictaduras o juntas militares latinoamericanas; pero el precio ha sido baños de sangre endémicos y, a veces, epidémicos”; argumentando llamativamente la existencia de una relación causal entre ‘democracia formal’ y ‘baños de sangre’, que por ser tan acentuada exige, por lo menos, un esbozo de exploración.

En ese sentido, y según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre la década de los ochenta del siglo pasado –período de la publicación del artículo de Hobsbaum– y el 2012, la “normalidad” institucional fue acompañada de 1.962 masacres, 23.161 víctimas en asesinatos selectivos, 25.007 desapariciones forzadas (número que supera el de las dictaduras del Conos Sur), 6.433.115 desplazados, y más de 8 millones de hectáreas despojadas. De los episodios de violencia, en 588 eventos fueron contadas 1.530 personas víctimas de objeto de sevicia, sufriendo torturas tales como degollamiento, descuartizamiento, decapitación, evisceración, incineración, castración, violación, empalamiento o quemaduras, entre otras prácticas, perpetradas con el explícito propósito de aterrorizar la población. Estas cifras, aún para nuestros estándares de crueldad y de violencia endémica, son alucinantes, pese a lo cual, buena parte de la academia y los columnistas oficiosos de los periódicos las minimizan, cuando no es que recurren a la negación absoluta.

“Acá no pasa nada”

A raíz de la publicación del libro Paz en la república –editado por Margarita Garrido, Carlos Camacho y Daniel Gutiérrez–, en el que son contados catorce años de guerra en el país durante el período que va de 1932 a 1946, algunos académicos, incluidos los editores, buscan afirmar que es un mito decir que hemos vivido sumidos en un conflicto. Como eco de las reseñas hechas al libro, por ejemplo, el columnista Eduardo Posada Carbó (El Tiempo, 21-03-2019), inicialmente, y luego Santiago Montenegro (El Espectador, 25-03-2019), lamentan que nuestra historiografía haya hecho un lugar común de la idea que Colombia es un país violento. Se trataría tan sólo de un mito, según ellos, del que debemos desprendernos pues nuestro transcurrir, en ese sentido, es comparable con el resto de países hispanoamericanos.

Sin embargo, la comparación con las naciones de nuestro entorno luce demasiado forzada si miramos los argumentos del columnista Posada Carbó, quien escribe “José Gil Fortoul contó once revoluciones armadas en Venezuela tan solo entre 1830 y 1856. Apenas en un año, 1868, Argentina habría sufrido 117 revoluciones”, pues, 117 revoluciones armadas en un año (conflictos cuya duración promedio sería, entonces, de 3,1 días) no son, ni mucho menos, guerras, como es el caso de Colombia en el que, independientemente del tamaño de los ejércitos y la duración de los conflictos, a los enfrentamientos nadie ha dudado en calificarlos de eso, de guerras. Los golpes de Estado, que sirven para que la academia colombiana quiera decir que no somos ninguna excepción en el continente, no son confrontaciones entre ejércitos, con contadas excepciones y, por tanto, usarlas para negar nuestra particular situación no es otra cosa que negacionismo en el sentido más estricto de la palabra.

El hecho mismo que durante el 14 por ciento de un siglo haya habido enfrentamientos debería inquietarnos, pero el mensaje de los académicos es el de que debemos minimizar tal hecho. Sin embargo, las cifras sobre el siglo XIX dicen más, pues desde 1839, año en que estalló la primera guerra civil en la Colombia republicana hasta 1902, año de culminación de la última confrontación armada comenzada en dicho siglo, es decir, en el lapso de 63 años, los catorce contabilizados por esos mismos autores, representan casi un cuarto del período, ¿es esa una cifra para mirar con menosprecio? Ahora bien, cortar el estudio en 1946 le ahorra a los académicos toda una serie de problemas, pues ¿cómo caracterizar los 70 años posteriores? Si asumimos la acepción de “guerra civil no declarada” para el período que sigue al asesinato de Gaitán, de los 180 años que median entre 1839, inicio de la Guerra de los Supremos y 2019, tendríamos un total de 87 años de guerra, poco más del 48 por ciento del período, que no es algo equiparable con ningún país de nuestro entorno. Las únicas salidas para la academia negacionista son, entonces, obviar la última etapa de nuestro discurrir histórico o seguir los argumentos de los seguidores del llamado Centro Democrático y negar el conflicto.

De otro lado, impugnar las causas sociales de la guerra en Colombia, es también un ejercicio que busca imponerse. El mencionado columnista Montenegro escribe al respecto “Ya en los años 90, Fernando Gaitán Daza había planteado que Colombia no había sido un país tan violento como muchos decían y, además, había argumentado también que la violencia no tenía relación con la pobreza o con la distribución del ingreso”, es decir, que nuestras guerras son hechos sociales sin explicación social, en una paradoja sin sentido. Pretender negar el conflicto o su importancia con argumentos como el de que países con desmedidos niveles de pobreza y concentraciones elevadas del ingreso como el nuestro no han tenido guerras, o que cuando fueron fundadas las Farc y el Eln había también jóvenes que escuchaban rock o creaban el movimiento nadaísta, es una muestra abrumadora de la simpleza del negacionismo. Éste, en la academia, no es otra cosa que el correlato de la impunidad en los tribunales.

Enemigo interno, bandidos e identidad nacional

El sociólogo greco-francés Nicos Poulantzas, en su obra clásica Estado, poder y socialismo afirma que las fronteras y el territorio del Estado no son previos a su constitución, sino que uno y otro van conformándose en un proceso de retroalimentación y consolidación. Pues bien, que el territorio colombiano haya ido encogiéndose con el tiempo va más allá de la simple metáfora sobre la involución continuada en que ha ido convirtiéndose nuestro devenir histórico. En efecto, la delimitación fronteriza de los países latinoamericanos tuvo como base el llamado Utis Possidetis Juris, fundado en la demarcación territorial del imperio español durante la Colonia, que establecía para la Nueva Granada dos millones de kilómetros cuadrados, que con los sucesivos tratados fronterizos entreguistas fue reducido a los actuales poco más de millón cien mil, en una muestra que a diferencia del común de los Estados-Nación, Colombia no ha tenido en sus relaciones con los “otros transfronterizos”, el principio de su afirmación, no ha tenido en realidad fronteras, y por tanto ha carecido de cuerpo e identidad. De tal suerte que las ocho guerras civiles del siglo XIX y la guerra civil no declarada que comenzó a mediados del siglo XX –y que ahora pretenden ser negadas o minimizadas–, son un fuerte indicio que la constitución del Estado colombiano ha tenido lugar a través de la construcción del enemigo interno.

Giorgio Agamben, en su conocido Homo Sacer, recuerda cómo en el primitivo derecho germánico, contrariamente al derecho romano, el concepto de paz (fried) estaba construido sobre la exclusión del malhechor, el bandido (Friedlos), el sin paz, al que podía darse muerte sin cometer homicidio. Pues bien, el carácter sacrificial asumido por la violencia en Colombia da pistas que a los intereses económicos –en lo esencial sobre la propiedad de la tierra–, debemos sumarle un sentido simbólico en el que la eliminación del Otro adquiere un sentido fundante de la afirmación de lo propio. La paz de unos no puede existir, para ese marco ideológico y cultural, sin la existencia de los “sin paz”, los “bandidos”, cuya exclusión los convierte en sacrificables. En el capítulo noveno del libro de Fals Borda, Guzman Campos y Umaña Luna, La violencia en Colombia –titulado Tanatomía–, los autores enumeran prácticas como el descuartizamiento, la emasculación, los “cortes” entre los que enumeran el de ‘franela’, ‘corbata”, de ‘mica’, ‘francés’, que tenían en común la profanación del cadáver. Igualmente señalan como en el lenguaje de la violencia fueron expresiones comunes ‘Picar para tamal’, ‘bocachiquiar’ o ‘no dejar ni semilla’, esto último, testimonio de que el asesinato de infantes ha sido un hecho sistemático del terrorismo represivo sobre la población. Prácticas que no sólo fueron replicadas en la guerra iniciada en la década de los sesenta sino que fueron ampliadas por los paramilitares desde los años noventa del siglo XX con la conversión, por ejemplo, de las cabezas de los decapitados en pelotas de juego. ¿Lugar común? ¿Mito? No. Realidad documentada.

Otro aspecto señalado por los negacionistas en su supuesta “desmitificación de la violencia”, es el de afirmar que no existe ninguna línea de continuidad entre las guerras del siglo XIX, la etapa de la guerra civil inter-partidaria (liberal-conservadora) y la aparición de las guerrillas con ideología clasista. Pero, ¿es que acaso esos diferentes conflictos no han estado atravesados por los intereses sobre la propiedad de la tierra, de un lado, y del otro la tensión entre los poderes centrales y los poderes regionales? ¿no ha sido un lugar común que cómo agente de la violencia el latifundismo armado haya estado siempre presente? La acumulación de tierras como refugio seguro y valorizable de los excedentes ociosos de la acumulación y prueba inequívoca de la incapacidad de los sectores dominantes de generar inversiones productivas ha estado en la raíz de los despojos a bala de las tierras campesinas.

Entre enero de 2016 y marzo de 2019 fueron asesinados 500 líderes locales, testimoniando que los contradictores del patrimonio improductivo son los voceros de las comunidades que reclaman contra el despojo y luchan por su vida en los campos colombianos. Negar que en todos los conflictos enfrentados durante la vida republicana sí existe un hilo conductor que los une y que está representado por el latifundismo armado es la peor forma del negacionismo, pues al ocultar las raíces de los intereses que alimentan la violencia, bloquean los principios de su solución.

Los intentos de excluir a los militares de la JEP y las discusiones alrededor de los requisitos para aceptar los terceros civiles, muestran las complicaciones existentes en el país para alcanzar un esbozo de verdad sobre lo acontecido, pero también son indicio de cómo la llamada normalidad democrática no es más que la contracara del conflicto. Empresarios, Iglesia y academia buscan excluirse de cualquier responsabilidad, y recurren a la argucia de autonombrarse víctimas o agentes neutrales. En el reciente libro del escritor francés, Frédéric Martel, Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano, son reeditados señalamientos contra el fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, en los que a las acusaciones de pedofilia, son sumadas las de señalar a curas simpatizantes de la llamada Teología de la Liberación, para su persecución y ejecución. Estas acusaciones no son asunto nuevo, pues en 1996 el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro La guerra secreta del cardenal López Trujillo, las reseñaba, así como tampoco son de reciente data ni aclaradas las afirmaciones de “Don Berna” sobre que el obispo Isaías Duarte Cancino fue uno de los ideólogos del paramilitarismo. Pero, el papel de la Iglesia en la violencia no es algo nuevo, y ha sido también común en la historia de los conflictos, para lo cual basta revisar el trabajo reciente de la Pacific School of Religion de Berkeley, Casos de implicación de la iglesia en la violencia en Colombia, donde puede revisarse una lista de intolerantes y de las razones de la intolerancia de esa comunidad religiosa. Ahora bien, dado que el director de la Comisión de la Verdad es un sacerdote jesuita ¿no parece aún más necesario que ante la JEP den confesión de verdad clérigos de esa religión?

Los saboteadores del proceso con las Farc han logrado que el acuerdo de paz entre contendientes haya sido, de hecho, convertido en texto de rendición, y buscan desesperadamente que sea rebajado aún más a “sometimiento a la justicia”, lo que coincide con el comportamiento felón del Estado colombiano, qué en los pactos con las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, actuó de la misma forma. En Colombia, mantener la paz de unos pocos (fried), implica crear muchos sin paz (Friedlos), y quien mejor que el senador Alvaro Uribe para expresarlo tan claramente: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Trino de abril 7 de 2019): Masacre de civiles “terroristas” (los indígenas de la Minga en este caso), de un lado, y del otro “autoridad firme y serena” (la represión violenta del Estado). ¿Queda duda del por qué de nuestra guerra habitual? Hobsbawm no estaba desenfocado, para nuestra desgracia tiene razón, por lo que pasar de la “normalidad” formal a una sociedad verdaderamente incluyente se constituye en la urgente tarea de los “sin paz”.

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Jueves, 26 Diciembre 2019 06:43

Amarillo, azul y rojo, el tejido nacional

Adriana Gómez, Laboratorio de la serie “Tapia pisada”, 40 x 17 x 17 cm., cerámica/madera, 2013 (Cortesía de la autora)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

¿Cómo ha podido llegar nuestro país al punto donde se encuentra? ¿Cómo es posible que en medio de la prolongada barbarie registrada acá durante los últimos 70 años, por lo menos, el dominio de quienes siempre lo han controlado se mantenga y se prolongue? ¿Cómo es posible que en un país de tan inocultables desigualdades haya gente que las justifique como el lógico resultado de la naturaleza humana, es decir, aquello de que “siempre hay y habrá pobres y ricos”?


Estos y otros interrogantes posibles, que pueden llenar cuatillas, resisten diversas respuestas, entre ellas el consabido imperio de la fuerza, así como los efectos de su despliegue, es decir, los miedos, tal vez por comodidad –“Es mejor no meterse en cosas ‘que no son conmigo’”. Son estas las actitudes derivadas en parte del efecto colateral de una violencia prolongada con sus vientos asesinos hasta todo aquel o aquella que “mete la nariz donde no le han llamado”.


Por fuera no queda la posibilidad de conformismo, producto derivado de una sociedad presionada a romper sus lazos más profundos de solidaridad natural, hasta llevarla a la fragmentación y/o atomización, todo ello como resultado de los últimos 50 años de guerra abierta contra la sociedad, tanto en lo militar como en lo económico social.


Las respuestas, como es posible inferir, también pueden llenar una o más cuartillas. Así puede ser. ¿Pero esta realidad no tendrá que ver, sin dejar de lado las opciones relacionadas, con el hacer y el dejar hacer de los medios de comunicación hegemónicos en Colombia?


Como es sabido, el dominio social es más fácil de concretar si el dominado carece de conciencia sobre ello –alienación–, pero también si el dominado lo acepta con toda conciencia –identidad y sumisión–. La fuerza impone pero también cosecha repulsa, lo que no sucede con el dominio social, que hace ver como normales la pasividad, el conformismo, el miedo, la tolerancia, el individualismo, la atomización.


Y así ha ocurrido entre nosotros a través de un relato, tejido poco a poco, a lo largo de décadas; zurciendo ideas, conceptos, imágenes, razones, como hilos de una sola prenda, amarillo, azul, rojo, que al final son la camisa, el gorro o la bata conocida como historia nacional, de la cual se desprende el simplificado decir de que “Así somos los colombianos”.


Ese relato pasa de generación en generación, en una primera época mediante la evangelización, para ser reforzada luego por el sistema educativo, fortalecido en una tercera etapa por la acción ideológica de multitud de iglesias, ahora no sólo la católica, que pierde el control hegemónico de las almas, con un reforzamiento en el día a día, en tercera y cuarta épocas, por los medios de comunicación, baluartes en una primera fase de los dos únicos partidos políticos que han gobernado el país, y ahora expresión del poder financiero-empresarial que reina entre nosotros.


Amarillo


Los medios de comunicación, con sus modalidades de cubrir la cotidianidad nuestra como nación, ocultan los factores de poder que determinan, con su forma de gobernar, la Colombia realmente existente, esa que registra un Gini de 0,886 en la concentración de la tierra, y en que el 10 por ciento más rico de la población acapara el 70,2 por ciento de la riqueza nacional. En Colombia, la brecha que algún presidente prometió cerrar, sin cumplir con su cometido, 48 años después de su promesa “8.500 propietarios son dueños del 77 por ciento de los CDT depositados en el sistema bancario, y 9.200 son dueños del 65 por ciento de los depósitos de ahorros”, como consecuencia de lo cual “[…] el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un asombroso 0,92 para los CDT, 0,94 para los depósitos de ahorro y 0,97 para las cuentas corrientes” (1)


Es función del periodismo genuino interrogar, cuestionar, dudar, ahondar, llamar la atención… Pero los medios criollos soslayan los reiterados informes internacionales que indican que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. ¿O en alguna ocasión han cuestionado que la concentración de riqueza alcance una continuidad nunca rota, a pesar de todos los planes de los gobernantes de turno, con lo cual cumplen con la norma constitucional pero no mucho más? ¿Cuándo les brindan suficiente espacio y eco a las voces críticas que llaman la atención sobre esta realidad y proponen medidas de cambio para romperla?


En Colombia, la labor periodística de los medios oficiosos, con sus focos puestos donde no corresponde, contribuye a ocultar razones y realidades, tanto como a prolongar y profundizar la sombra de la desigualdad social que reina entre nosotros. Es una labor seudoinformativa que engendra analfabetismo político –y, como consecuencia de ello, apatía por la cosa pública–, que domina entre amplias capas sociales. Tal analfabetismo les otorga asidero a razonamientos populares para explicarse la realidad de miseria que los agobia como reflejo de su “mala suerte”, de su “incapacidad de trabajo”, o porque “así lo quiere Dios”.


Por tanto, no asombra que, al conocerse cada año los balances de las sociedades financieras y corporativas en general, haya ausencia de un necesario cuestionamiento de los altos rendimientos del sector financiero, por ejemplo, que para 2018 suman 24 billones, 9,2 billones en el caso exclusivo de los bancos. Ello, mientras millones de connacionales viven en la angustia de no saber cómo harán para sacar adelante el día que viene.


Estamos entonces ante un silencio cómplice frente a la persistencia de esta injusta estructura social, y un modelo económico que hace décadas mostró sus límites y su fracaso social. Ese silencio no es censura sino simple reflejo de identidad ideológica y política entre un periodismo dominante y sectores igualmente dominantes, connivencia entre patronal y empleados, en este caso entre los dueños de los medios de comunicación –en su mayoría grupos económicos, multilatinos algunos de ellos, con intereses en el sector financiero– y quienes dirigen estos medios de comunicación (2). Son expresiones de identidad ideológica y desinformación, como se puede constatar cuando un periodista –creador de opinión– se refiere con alegría a la evolución ascendente del precio de petróleo, pues “es lo que el país necesita”, cuando precisamente esa realidad del petróleo, y el giro del país a depender en su economía de la evolución de su precio, es parte de la explicación de la fragilidad económica que lo hace proclive a todo tipo de variables geopolíticas, abriéndolo aún más al sometimiento y el neocoloniaje.


Azul


Está registrado por la memoria de nuestro país: la clase enquistada y alimentada por el patrimonio común, que es de todos los colombianos, no tiene ética de lo público ni respeto por los derechos humanos ni dignidad ni autoestima, por todo lo cual el sueño de soberanía no integra su ideario, si es que tiene alguno diferente de ensanchar sus bolsillos con billetes verdes.


Esa realidad se traduce en ausencia de sentimiento nacional y soberano, resplandeciente en infinidad de sucesos, como en la inexistente voluntad para impedir el zarpazo sobre Panamá; la postración ante la United Fruit Company, con impunidad ante los cientos de asesinados en 1928 en Ciénaga y sus alrededores, como lo recordó Gaitán cuando les dijo que “[…] el gobierno tiene la metralla para los hijos de la patria y la temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. Es una realidad oprobiosa que persiste a pesar del paso del tiempo, según la reciente acción de mando del embajador de los Estados Unidos al exigirle a una delegación de parlamentarios ciertas decisiones ante el tema de la JEP. Tal injerencia en asuntos internos del país encontró un total silencio de la Cancillería. La ausencia de sentimiento nacional también resalta en la conducción de las Fuerzas Armadas bajo la doctrina gringa, la selección de su mando y la creación del paramilitarismo como producto de la guía de combate de aquel país; el estímulo y el uso del narcotráfico como mecanismo de división y control social; la renuncia del modelo de desarrollo propio para acoger el “sueño americano” y con él la pérdida de soberanía alimentaria, así como la multiplicación de la deuda pública. En los días que corren, el gobierno colombiano actúa bajo su ala para instigar un golpe de Estado o una guerra civil en Venezuela.


Sobre estos y otros sucesos que aún viven en la memoria nacional, así no cejen en la pretensión de reescribirla, el silencio y la complicidad es lo que han garantizado los existentes medios oficiosos, primero los escritos, partidistas todos ellos en las primeras décadas del siglo XX y luego corporativos, ya no sólo escritos sino también radiales, televisivos y digitales.


De esta clase dominante no puede nacer un auténtico proyecto de integración y complemento regional, ni de los medios hegemónicos el reclamo para hacer realidad el proyecto bajo el cual se movilizaron las fuerzas independentistas en la segunda y la tercera décadas del siglo XIX, proyecto sin el cual nuestro país, y nuestros hermanos de siempre, nada podremos aportar que valga la pena a otros pueblos, en procura de justicia e igualdad global.


De este cuadro analizado surge la ausencia de sentido nacional y amor por lo propio, con sentido internacionalista, que hoy reclama un proyecto cultural, educativo, y de ciencia y tecnología propios, bajo el cual, en el mediano plazo, nos desliguemos de los controles de todo tipo que trae la dependencia en computación y desarrollo digital en general. Tras una labor de este tipo pudiera resultar posible un papel para desplegar un sistema de comunicación e información nacional, metas que no son de poca monta, toda vez que nos debieran llamar la atención en todo momento las implicaciones que tiene el software privativo, así como los efectos y las posibilidades, como retos que nos deparan las revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, que estamos viviendo.


Rojo


Ausencia de amor por lo propio, y de proyecto nacional, continental y global, reiterado y fortalecido por el silencio mediático –complacencia con lo que estaba en curso–, cuando, al acoger el gobierno de César Gaviria (1990-94) el ideario neoliberal y todo el recetario del Consenso de Washington, empezó la piñata para feriar lo público bajo el prurito de la eficiencia del sector privado, sofisma impresentable e insostenible a la luz de la realidad pretérita y actual.


Esa piñata se llevó a cabo en el curso de la última década del siglo XX, a pesar de la resistencia de sectores sociales como los trabajadores de Telecom y sus vanguardias sindicales, cuya dirigencia fue a dar a la cárcel, sin cuestionamiento ni reclamo por lo sucedido de parte de los medios radiales, escritos o visuales.


Dos décadas y media antes de tal proceder, en mayo de 1964, el poder enquistado desde el siglo XIX en nuestro país desplegó una operación aérea y terrestre para arrasar con un pequeño grupo de campesinos que con sus armas se oponían a ser despojados de sus tierras, enseres y pocos semovientes con que contaban. Tratados por fuera del contexto en que habían surgido como resistencia campesina, y con plena complacencia de los terratenientes y el poder capitalino –de espaldas a la Colombia real–, la operación contó con eco mediático desinformante. Desde ese mismo momento, y mucho antes, como ocurrió con las guerrillas liberales, el origen, la trayectoria y la realidad profunda del conflicto agrario en nuestro país, proyectados años después en conflicto urbano, y ampliados al cuestionamiento del monopolio del poder, nunca fue cubierto con un análisis profundo de sus causas y medidas alternativas para ser resuelto mediante una solución conveniente para todo el país.


Dos décadas después de esta acometida militar, tras el gobierno de Julio César Turbay (1978-82), en el cual la norma fue la tortura para todas las disidencias, con cárceles repletas de presos políticos ‘juzgados’ por militares, sin la oposición de los medios al irrespeto de los derechos humanos, llega el tiempo del despliegue paramilitar abierto, apertura de este ciclo –que aún no se cierra– que tiene como acción visible el paso de una avioneta sobre Medellín lanzando volantes que anunciaban la conformación del MAS (Muerte a Secuestradores), alianza de narcotraficantes protegida y utilizada por las Fuerzas Armadas para enfrentar a la insurgencia de la época. Tales narcotraficantes crecieron y se fortalecieron a la sombra del sistema bancario y de los poderes políticos y económicos siempre vigentes en varias regiones del país.


Luego, tras la división del MAS, ven la luz los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), unidad de matones del Cartel de Cali que, en alianza con la DEA y las Fuerzas Armadas nacionales, les darían potencia y fuerza a los paramilitares en diversas regiones del país, hasta centralizar su accionar en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo el mando de Carlos Castaño, hecho que recibe amplia resonancia en los medios dominantes, además de protección oficial.
Lo que vendría luego, con cientos de masacres, está fresco en la memoria nacional, y muchas de sus víctimas sobrevivientes hoy luchan por recuperar lo que aquellas bandas les arrebataron, además de poder narrar los sucesos que cambiaron sus vidas y las de los suyos.


Recuerda la memoria popular que en esta época las masacres ganaron multiplicación por todo el territorio nacional, y que, sumadas éstas con las acaecidas en otras décadas, fácilmente redondean las 5.000 (3), es decir, alrededor de 300 mil connacionales asesinados a sangre fría, bajo el silencio y la complacencia oficiales, y sin el debido cubrimiento esclarecedor por los medios de comunicación existentes. Más de siete millones de desplazados y de 82 mil desaparecidos son la otra parte de la historia nacional, la cual recuerda que el poder no repara en métodos ni recursos para protegerse y prolongarse en sus dominios.


¿Tiene nuestro conflicto armado, con los poderes que lo atizaron año tras año, soporte estructural o es simple expresión de grupos por el control regional para el sembrado de coca, y el aseguramiento de rutas para el envío de narcóticos allende nuestras fronteras? ¿Surge este conflicto, y tiene prolongación, por la acción de un Estado y de la clase que lo controla, aliada con una red corporativa acorazada en una potencia supranacional que nos asume como parte de sus dominios o responde a un simple complot internacional?


Estos interrogantes son parte de la disputa que hoy atiza la lucha por la memoria nacional, con expresión en archivos, museos, centros de memoria y similares. En todo ello, en la distorsión de la realidad del conflicto armado que por décadas hemos padecido, en su ocultamiento y su negación, mucho tienen que ver los medios de comunicación oficiosos –escritos, radiales, televisivos. ¿Cumplirán un papel diferente esos medios en el debate por la memoria nacional a que dan lugar los Acuerdos firmados en La Habana, y luego refrendados en Cartagena y el Teatro Colón de Bogotá?


La respuesta que nos brinden los años que vienen permitirán, o bien entrelazar de manera más fina los hilos del amarillo, azul y rojo, parte de nuestra identidad y memoria, o bien tensionarlos hasta hacer que se rompan. Uno u otro camino abonarán a la continuidad de la guerra o, por el contrario, a su resolución definitiva, una paz inédita que nos debe brindar espacio y luces para habitar la tierra de manera creadora.

 

1. Varios autores, La desigualdad en Colombia, Editorial Oveja Negra, pp. 57-60, 2018.
2. Principales medios de comunicación y sus propietarios: Caracol televisión, incluye el diario El Espectador y otros medios (Valorem S.A.), El Tiempo y otros medios (Grupo Sarmiento Angulo), Caracol Radio, W Radio y otros medios, (Grupo Prisa), RCN, radio y televisión (conglomerado de Carlos Ardila Lulle), revista Semana (grupo Gilinski y Felipe López Caballero), Canal 1 (Daniel Coronell, Yamit Amat, César Gaviria y otros). El Colombiano, La República, Vanguardia Liberal, El Heraldo, La Tarde y otros medios con importante influencia local/regional, aún están en manos de sociedades familiares.
3. La Convención internacional indica que se designa como masacre el asesinato en un mismo lugar y que implica a cuatro o más víctimas.

Publicado enColombia
Jueves, 26 Diciembre 2019 05:29

El camino al infierno…

Víctor Hugo Ruiz, sin título (Cortesía del autor)
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

Un sueño hecho realidad. Con “La política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” (1) del gobierno Duque, entregada al país el pasado 6 de febrero, estamos ante el anhelo institucional de una política de defensa y seguridad que implica y cubre al conjunto social en todas sus variables. Como pretensión de todo gobierno que se dice democrático, dista de tal propósito (2). No es posible la democracia directa, radical y no sólo participativa, donde el Estado, con fines de seguridad, lo cubre todo. La sospecha y el control se extienden por doquier, de lo cual únicamente puede surgir un Estado policivo, en nuestro caso, además, producto de la historia pasada y reciente, una sociedad sometida al miedo.


Esto es así a pesar de la máxima proclamada por esta Política de que “la seguridad no es una cuestión ideológica, ni de derecha ni de izquierda; es un presupuesto de la convivencia pacífica y del ejercicio de los derechos ciudadanos”. Tal presupuesto parece más propaganda que realidad, pues, si bien la seguridad es un bien común, cualquier persona reconoce que el Estado no garantiza tal derecho de manera igualitaria, de lo cual da cuenta el saber popular desde tiempos inmemoriales con el dicho “La ley es para los de ruana”, realidad de Perogrullo que también se expresa en decires como que “no se persigue a los delincuentes de cuello blanco”, ratificada esta realidad cuando las cárceles mantienen lugares especiales –cómodos, saludables y con otras prebendas– precisamente para los pocos delincuentes de cuello blanco que terminan en ellas. En la calle, como la padecemos por estos días, la “seguridad” es para aplicarles el tristemente famoso Código de Policía precisamente a los de “ruana” (Ver, “Un espíritu fétido”, p. 3).


De acuerdo al criterio oficial, a pesar de que el Estado y la sociedad colombiana desarticularon en la primera década del siglo XXI las principales amenazas armadas que enfrentaba el país –las Auc y las Farc–, subsisten graves amenazas para la seguridad nacional, más aún al registrarse la pérdida de la iniciativa estratégica del Estado en la lucha contra los fenómenos criminales, la misma que debe recuperarse. De ahí la necesidad de una nueva visión de seguridad, sustentada en el documento de marras y cuyo eje central se puede sintetizar con el siguiente aparte: “Es indispensable superar la tradicional estrategia de control militar del territorio basada, con pocas excepciones, en el despliegue de unidades militares y de policía, sin el acompañamiento estratégico de las entidades públicas y privadas, y las organizaciones de la sociedad civil”. Es este un “enfoque multidimensional de la seguridad [que] requiere una aproximación multisectorial e interagencial […]”. Además, “esta nueva visión parte de reconocer que la Defensa, la Seguridad y la Legalidad van de la mano y son interdependientes” […]. “En este orden, la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pilares del gobierno nacional, tienen como base la defensa y la seguridad, concebidas más allá del despliegue operacional de Fuerzas Militares y de Policía”.


La visión allí desbrozada le anuncia al país una política de paz que no lo es, pues levanta como precondición para todo posible diálogo “[…] que conduzca a la disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley […] la concentración de individuos en armas en espacios geográficos delimitados, con observación internacional y garantizando el fin de toda actividad criminal”. El traspié de la negociación en curso meses atrás con el Eln –organización guerrillera que ahora desconocen en su carácter y pasan a denominar “Grupo Armado Organizado” (GAO)– encuentra acá el soporte de la maniobra duquista. Seguramente el llamado Clan del Golfo, que también es enlistado en tal categoría, al recibir ese mandato desistió en su pretensión de desarme tantas veces anunciado durante el gobierno Santos.


Es aquella una “política de paz” que mira las fronteras con total sospecha, explicando, entre líneas, de igual manera la estrategia seguida ante Venezuela, la prioridad dada a la Otan, la alianza cada vez más estrecha –sometida– con los Estados Unidos –tanto en relación al ataque contra Venezuela como en la llamada “guerra contra las drogas”–, así como posibles conflictos con Nicaragua y la tensión latente con Cuba. Para proceder de tal modo, enuncia que “a nivel internacional las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia. Entre ellas están […] los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y [la] tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región, y la pretensión de despojar al país del territorio […]”. Pero también enumera lo que denomina “nuevas amenazas”, algunas de ellas relacionadas con el cambio climático, otras con el ciberespacio –sobre lo cual no cuestiona la dependencia en ciencia y tecnología que padece el país, lo que impide que en algún momento se pueda contar con un programa confiable y de punta en este terreno– y, por último, una que parte de valorar las cualidades que tiene Colombia, como “potencia mundial en biodiversidad y agua, además de ser uno de los países privilegiados que comparte la selva Orinoco-Amazónica. Tales riquezas constituyen un activo estratégico de la nación y deben ser objeto de protección especial y protección activa”.


Es aquella una valoración de las bondades naturales con que cuenta el país y que enfatiza en la visión predominante en el mundo actual, donde agua, bosques, minerales y demás sujetos y cuerpos que componen o integran la madre tierra son una mercancía más, y de ahí que aludan a la biodiversidad y el agua como activos. Es de suponer, por tanto, que la preocupación esencial del establecimiento, al brindar esa “protección especial y activa”, no es para preservarla y así garantizar los derechos de todas las especies que allí habitan o lo hacen en su entorno –como favorecer con ello a la humanidad entera al mantener vivos importantes pulmones que con su acción menguan en algo o retrasan el incesante incremento del cambio climático– sino para mercantilizarla en las mejores condiciones posibles al mejor postor, uno que no sea ‘ilegal’ o ‘informal’ sino que provenga de alguna multinacional.


Este es el panorama de una realidad biodiversa y que, si de verdad se pretendiera proteger, debiera llevar al establecimiento, además, a preguntarse por el modelo de desarrollo dominante, examinando todas sus falencias y consecuencias, para sacar conclusiones lógicas que impacten de manera positiva todo aquello que en letra se postula como propósito loable. Pregunta por el modelo de desarrollo que entre los muchos aspectos que implica debiera enfatizar, de igual manera, en el tema de la tierra en nuestro país, y la necesaria y siempre negada reforma agraria, vía idónea para impedir que la frontera agrícola prosiga su incesante avance, creando con ello las condiciones óptimas para proteger parte de la ahora reivindicada biodiversidad y las fuentes hídricas del país, las cuales tienen en los llamados parques nacionales naturales, territorios desde hace mucho en el ojo de la motosierra y las palas mecánicas, los epicentros de su existencia.


No es exagerado pensar que un manejo comunitario de la naturaleza que habitamos y somos –posible desde el acceso a la tierra por quienes carecen de ella– ofrezca mejores condiciones para evitar o neutralizar la acción depredadora de mineros, mercaderes de madera y fauna de todo tipo, narcotraficantes y otros, que abordarlo simplemente como parte de una estrategia de seguridad y defensa, así la misma esté pensando en incluir en su concreción a toda la sociedad. ¿Qué sentido de pertenencia e interés en ser incluido en acciones de control puede tener quien siempre ha sido negado de todo, y sólo es visto como subversivo, raspachín, vago o, en otras palabras, delincuente? ¿Qué resultado positivo puede tener una acción de control cuando lo militar mantiene un peso sustancial en ello, acción que, a la luz de la llamada “guerra contra las drogas”, muestra sin contemplación alguna sus límites y sus imposibilidades?


Todo esto constituye un límite y una realidad ya considerados, incluso por los diseñadores de esta política de seguridad y defensa, para quienes la equidad es un propósito por lograr. Pretensión loable, más aún en una sociedad de honda desigualdad social como la nuestra, donde tierra, empresas y capital en general están concentrados en una minoría, a tal punto que el país no alcanza a salir de los vergonzosos primeros sitios reportados por todo tipo de estudios que sobre el particular se llevan a cabo. La desigualdad y la concentración de riqueza impide la movilidad social a tal punto que, para una familia pobre, su ascenso a clase media –estable, no simplemente como efecto de una política de subsidios que se quiebra ante el más leve devenir de la coyuntura económica global– exige que sus integrantes vivan doce generaciones, es decir, ¡300 años! Es esta una realidad imposible de romper por el simple control de la ilegalidad, como se dice en el documento (“La ilegalidad es la principal enemiga de la equidad”), pues, si bien ello contribuye a esta realidad, allí no reposa lo fundamental. El principal enemigo de la equidad es la concentración de la riqueza, propiciada por un modelo económico y político excluyente, violento e injusto, y al servicio de unos pocos.


Dicen que no hay peor ciego que quien no quiere ver, y así lo reafirman los agentes del establecimiento cuando, al seguir observando el tema de la equidad, concluyen que se accede a la misma “[…] si se logran las condiciones para que la economía de mercado funcione […]“. Paradoja, precisamente entre nosotros y desde siempre la economía de mercado ha sido la reina, posicionándose en ésta –como dice el catecismo neoliberal– el “más inteligente”, el “más astuto”. Tal vez es necesario recordar que precisamente en la economía de mercado la redistribución equitativa y voluntaria no existe, en virtud de la dinámica misma de la estructura económica.


Sin equidad posible en nuestra actual sociedad, se rompe el “círculo virtuoso de la seguridad” que se propone esta política y que además incluye emprendimiento, legalidad y seguridad. La transformación estratégica, propósito de tal círculo, por tanto, no podrá alcanzarse. Imposible, más allá de los buenos deseos y a pesar de los 861.808 activos ciudadanos integrados en la “Red de participación cívica” por la seguridad, según el anuncio de febrero pasado del ministro de defensa Guillermo Botero (3), red proyectada para incorporar hasta dos millones de integrantes, para unir a la alianza alcanzada con los más de doscientos mil integrantes de las empresas de vigilancia privada. Con estas redes y alianzas se avanza en la concreción de la pretendida acción multisectorial y multidimensional de la política de seguridad y defensa, pero que no garantizan el desarrollo del “círculo virtuoso de la seguridad”, el mismo que va más allá del emprendimiento, es decir, de la iniciativa individual, que sirve para crear falsas ilusiones –el “yo puedo” neoliberal– pero no para romper la lógica dominante en la economía de mercado.


Precisamente, una condición fundamental para quebrar la inseguridad prevaleciente en amplios sectores del país radica en la solidaridad, producto de la acción común, de la redistribución equitativa y justa de la riqueza social, y contraria al reclamado ‘emprendimiento’, que, por excelencia, es individual –además de imposible si no se cuenta con capital de trabajo–. Es decir, no es viable propiciar una vía de desarrollo basada en la agresión a la naturaleza y el irrespeto de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, y llamar a esas mismas mayorías a que actúen, en unión con el Estado, en pos de la seguridad. O tal vez la gente lo hace si por ello recibe algún reconocimiento económico.


En estas circunstancias, por tanto, lo que vendrá como producto de esta política de seguridad y defensa es una mayor militarización del país, producto lógico de la propia acción multisectorial e interagencial que reclaman para el éxito de la misma, queriendo evitar así que, en la lucha contra todo tipo de actores armados y delincuencia a lo largo y ancho del país, todo descanse en el aparato amado, que en nuestro caso implica a la Policía, ya que, como se sabe, ésta funciona con lógica militar, además de estar militarizada.


Este propósito parece nuevo pero no lo es. Siempre se ha pretendido, como lo recuerda la llamada “acción cívico-militar” de los años 60, 70 y más, activada para neutralizar a la insurgencia, hasta los planes de contrainsurgencia desplegados en territorios en disputa con aquella, en que el mando militar termina suplantando la autoridad civil y relegándola a las necesidades del aparato armado, y a la lógica del secreto militar, como lo ha vivido el país en territorios en guerra a lo largo de este siglo. Tal vez falte decir que en esta acción integrada no se reconoce la presencia de todo aquello que es reconocido con el prefijo “para”, encargado en unos casos de recoger inteligencia de combate, en otras de intimidar, y en no pocas ocasiones de desplazar y masacrar. De acuerdo a la historia nacional, en todos estos casos quien termina afectada es la población civil, lo que la inhibe para actuar de la mano con el actor armado.


Estamos, entonces, ante unos propósitos inscritos en una lógica ya conocida, preñados de “buenas intenciones” pero condenados al fracaso, en todo o en parte, lo cual implicará que la sociedad, sobre todo la conformada por los eternamente negados, sienta el peso de un aparato cada vez más cohesionado y mejor dotado en todos los niveles, que le caerá como yunque pretendiendo garantizar la reiterada por este gobierno prevalencia de la “legalidad” y la “seguridad”, en todo caso no como resultado de vida digna y justicia sino como imposición del poder en defensa de la sociedad realmente existente, la excluyente e inequitativa, que no es posible superar como efecto de simple deseo.


Lo que sin duda logrará esta política es que las Fuerzas Armadas y de Policía mejoren la venta de su experiencia por doquier, aprovechando cada vez más el reconocimiento internacional de su alta experiencia en combate de jungla y similares, función en la cual ya reemplaza a la pésimamente recordada “Escuela de las Américas”. Y de su mano, la “diplomacia para la Defensa […]”, que llevará a nuestro país a comprometerse en la geopolítica de lo que llaman “[…] potencias aliadas con las cuales existen intereses comunes, en el marco de un modelo de seguridad cooperativo que preserve los intereses nacionales”.


Buenos deseos, sí, soportados sobre una base errónea, sí, con lo cual su resultado general, en el mejor de los casos, será limitado. Pero proseguirá la guerra, ahora también con aire internacional.

1. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190206-Palabras-Presidente-Ivan-Duque-presentacion-Politica-Defensa-Seguridad-para-Legalidad-Emprendimiento-Equidad.aspx.
2. Esta política, distribuida en seis capítulos, parte de las debilidades actuales del Estado colombiano en este campo, como antesala de las Amenazas, para adentrarse en lo que pudiéramos llamar su “soporte o base” –Legalidad, Emprendimiento, Equidad–, y desbrozar a continuación los Ejes de transformación estratégica, los Principios de la Política, los Propósitos de la Política, para cerrar con los Objetivos estratégicos y Líneas de Política.
3. https://www.rcnradio.com/judicial/red-de-participacion-civica-ya-cuenta-con-mas-de-800000-personas.

Publicado enColombia
El antifeminismo de Mujica y los silencios de las izquierdas

El semanario Voces publicó el 19 de diciembre una larga entrevista al ex presidente José Mujica, en la que vierte críticas despectivas hacia las mujeres y las sexualidades disidentes. En su opinión, el feminismo es “inútil” y la agenda de derechos “es una expresión de la estupidez humana”, frase que encabeza la portada del semanario.

Siguiendo el hilo de la entrevista, Mujica repasa muchos aspectos de la realidad mundial y regional, pero cuando se le pregunta por los migrantes negros, responde: “No somos racistas pero mejor que estén lejos”. Luego menciona la agenda de derechos para detenerse en su crítica al feminismo.

“Es bastante inútil el feminismo, porque creo que el machismo es un hecho y que la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa. Excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está ahí. Ahí te salen los Maninis y los otros”, señala en referencia al líder de Cabildo Abierto que cosechó el 11% de los votos y movió el tablero de la política uruguaya al posicionarse en la ultraderecha.

Mujica agrega dos conceptos más. “Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases”, es la primera. La segunda dice: “La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés dónde tenés la camisa”.

Se sabe desde siempre que Mujica profesa ideas conservadoras, no sólo en la cuestión de género y de los colectivos LGBTT, sino también en materia económica y ambiental (“hay que hacerle un monumento a la soja”, dijo cuando era presidente). Debe reconocerse que tiene el valor de decir lo que piensa de las feministas y cabe destacar que no vetó leyes sobre derechos como hizo Tabaré Vázquez con la ley de aborto en su primer gobierno.

Sin embargo, la forma como expresó sus diferencias y cómo valora el papel de las mujeres en la sociedad, merecen la censura por apuntalar la discriminación y la violencia. En particular, cuando se refiere a la senadora Constanza Moreira como “burra”. El grupo Mujeres al Frente consideró que sus expresiones se enmarcan en “violencia política” y señaló que el partido “no puede mirar para el costado cuando se suscitan estas violencias, vengan de quien vengan”.

Una de las afirmaciones más censurables de Mujica, consiste en culpar a las mujeres del ascenso de la ultraderecha. Dice que sus demandas excitan lo que ha de reaccionario en nuestras sociedades. De ese modo, sintoniza con una idea consistente en no protestar, no elevar demandas, como forma de evitar que la nueva derecha crezca. Por ese camino, nunca se hubiera conseguido nada para los trabajadores.

Pero si siguiéramos la lógica de Mujica, que deduce que el crecimiento de la ultraderecha se debe a la “estridencia” del feminismo (como si ese crecimiento no tuviera relación con el avance del extractivismo), podríamos decir que de forma indirecta sus declaraciones favorecen o encubren los feminicidios; cosa que por cierto no pienso.

Pero creo, como él mismo lo dice, que sus argumentos tienen un punto de anclaje que es necesario desnudar: la lucha por el poder estatal. Le molestan el feminismo y la agenda de derechos, porque provocan un ascenso de la derecha, sin reflexionar sobre la justicia de tales demandas o las razones de fondo de la mentada “estridencia” de las mujeres.

La segunda cuestión irritante es su visión simplista que dice: o lucha de clases o lucha feminista, estableciendo una jerarquía que siempre perjudica a las y los oprimidos, sean mujeres, gays, lesbianas, indígenas o negros. Establecer jerarquías entre las diversas opresiones es tanto como remachar la subordinación de los más débiles, las personas y sectores sociales que no ocupan el centro de la escena política.

La tercera es el lugar de madre que otorga a la mujer. Pensaba que este tipo de razonamiento había sido desplazado del mundo de las izquierdas, luego de más de medio siglo de feminismo. Sin embargo, Mujica conecta con las ideas y actitudes más retrogradas en nuestras sociedades, las que enarbola la derecha conservadora, a la que le ofrece argumentos desde una supuesta izquierda.

La cuarta cuestión es probablemente la más importante. Hubiera esperado reacciones fuertes de la izquierda, entre ellas las de quienes criticaron con extrema dureza a la feminista y antropóloga argentina Rita Segato, por sus opiniones críticas hacia Evo Morales. Sin embargo, pasan los días y se registraron sólo reacciones puntuales dentro de Uruguay, lo que configura un panorama que contrasta vivamente con los ataques sufridos por Segato.

Encuentro dos razones para explicar los silencios de hoy, como la batahola de ayer. Una es el “mandato de masculinidad” que Segato denuncia desde hace ya mucho tiempo. Los varones estamos ante un desafío mayor: desmontar el papel asignado por el sistema, que obliga al hombre a exhibir su potencia masculina para que lo consideren merecedor de ese lugar. En suma, “ser hombre=ser macho”.

Es evidente que la mayor parte de la izquierda, sobre todo la más “radical” (en Uruguay la corriente tupamara), no ha avanzado en una dirección emancipatoria. Prueba de ello es que sólo Jorge Zabalza, entre los principales referentes de esa corriente, ha declarado explícitamente su apoyo a las feministas. Los dirigentes del partido de Mujica (el MPP) están haciendo honor al “mandato de masculinidad” al mantener riguroso silencio sobre sus declaraciones.

Pero hay otro elemento que me parece más grave aún. El pragmatismo está haciendo estragos ya que inhibe el debate franco y abierto, como ya sucedió respecto a Evo Morales, cuando le gritería sustituyó los intercambios de ideas. Lo que predomina es una cultura política de apoyo incondicional a caudillos o, por el contrario, la crítica feroz a esos mismos caudillos. Pero en ambos casos sin debatir sobre qué tipo de sociedad queremos, ni sobre qué tipo de activistas necesitamos.

Por Raúl Zibechi

23 diciembre 2019 0

Publicado enSociedad
Walter Tello, detalle (Cortesía del autor)

Dicen que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. Parodiando este refrán, es posible aseverar que “no hay peor ignorante que aquel que no quiere aprender”. Uno y otro resumen de manera meridiana la manera como el poder realmente existente en Colombia encaró –y continúa encarando– la extradición de connacionales hacia los Estados Unidos desde hace cerca de cuatro décadas.


En la memoria nacional todavía anida, no sin estupor, la ofensiva de los narcos con secuestros selectivos para afectar y presionar de manera puntual a factores del poder tradicional: bombas que, más allá de sus destinatarios específicos, produjeron decenas de víctimas de simples transeúntes o trabajadores de ciertas empresas, que nada tenían que ver con el propósito de las mismas; atentados contra políticos, jueces, agentes de inteligencia y otros, así como la lapidaria frase: “Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”.


Era aquella una ofensiva prolongada por varios años y que resumía la respuesta de los ‘emergentes’ ante la autorización de la extradición, en 1985, por parte del gobierno de Belisario Betancur. Una luz verde encendida por el poder tradicional vigente en nuestro país, que desde entonces no cesa de decir que esa es la mejor manera de enfrentar el narcotráfico. Un poder entremezclado desde sus primeros asomos con quienes en forma rápida amasan una inmensa fortuna que deben legalizar –lavar–, para lo cual numerosos bancos disponen sus conductos, así como el propio establecimiento a través de la llamada “ventanilla siniestra”, abierta en el Banco de la República, con el favor de industriales que les importan las materias primas necesarias para transformar la coca en cocaína, o simplemente al realizar lucrativos negocios con quienes querían alardear de su inesperada riqueza, compra-ventas concretadas en la transacción de infinidad de muebles e inmuebles –como cuadros y obras de arte en general–, así como aceptando su dinero para aceitar las campañas electorales.


Se establecía así una relación poder-narcos por conveniencia, como lo recuerda, además, el nacimiento de “Muerte a Secuestradores” (MAS), aparato armado que estructuran sicarios al servicio de un amplio número de mafiosos, reunidos para enfrentar a quienes atentaban contra sus intereses, teniendo como referente inicial el secuestro por parte del M-19 de Marta Nieves, integrante de la familia Ochoa, parte relevante del Cartel de Medellín. El aparato armado se utiliza desde ese momento por el ejército colombiano, como lo testifican algunos integrantes de la otrora guerrilla nacionalista que fueron secuestrados por el MAS para aparecer posteriormente torturados en Bogotá en las caballerizas de Usaquén. Es la dupla de la mafia –poder en cierne– y el poder tradicional, entrelazados por un mismo enemigo y objetivo.


Aquel aparato armado es, a la luz del tiempo, una especie de antesala y base de lo que luego sería conocido como paramilitarismo: ejército financiado por la mafia y puesto al servicio del poder dominante en Colombia para llevar a cabo todas las operaciones –inicialmente clandestinas– que la fuerza oficial no debía ejecutar de manera abierta y permanente.


Como lo testifican infinidad de sucesos, la mafia y sus efectivos militares –transformados en fuerza rural de combate, por la decisión estratégica de factores del poder tradicional, como el generalato colombiano, los terratenientes, políticos de primer nivel, gobernantes de diferentes instancias, obispos y otros– terminan como brazo armado, no ya para la protección y la defensa de sus familias e intereses sino para la defensa del poder tradicional, el mismo que, finalmente, una vez aquellos cumplen con su trabajo sucio –asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar, robar, atemorizar, concentrar aún más la propiedad de la tierra–, los niega y desprecia, actuando en este caso tal como ha procedido siempre con todos sus sirvientes.


Desde aquellos años, la ecuación extradición–cultivos de coca y su transformación en cocaína, así como su exportación a otros países, de manera relevante a los Estados Unidos, no muestra efecto alguno: ni los cultivos de coca dejan de crecer en cantidad de hectáreas utilizadas para ello ni las toneladas de coca se comprimen ni los millones de dólares dejan de ingresar al país.


Así, por ejemplo, en 1991 el país registra 37.500 hectáreas dedicadas a tal siembra, 10 años después ya eran 144.800, para el 2011 decaen a 83.000, estirándose tras otros seis años –último reporte en línea– a 209.000, pasando de un potencial de producción de toneladas métricas de cocaína de 320 en 2008 a 921 en 2017.


De manera contradictoria, durante estos mismos años los gobernantes de turno autorizaron la extradición de no menos de 2.423 connacionales, la mayoría de ellos durante los gobiernos de Álvaro Uribe –1.149– y Juan Manuel Santos –1.200–, quien no dudó en hacer ostentación de ello: “(hemos extraditado) ¡más que ningún otro gobierno!” (1).


A la luz de estos resultados –sin considerar los miles de muertos, violentados, presos, desaparecidos, desplazados– y de la confiscación de embarques, por acción de la llamada “guerra contra las drogas”, es necesario preguntar: ¿Dónde está la efectividad de la extradición? ¿Por qué no decae el negocio que dice combatir? ¿Por qué el establecimiento continúa aferrado a una estrategia totalmente inocua?


Esa estrategia que está en contravía de la lógica del capital, aquella que indica que donde existe demanda hay oferta; demanda que, como en todo mercado, hace fluctuar los precios, en este caso también por calidad y/o pureza, oportunidad, incluyendo un factor que finalmente inclina la balanza: el riesgo –ligado a su prohibición–, lo que le abre campo a la especulación en el extremo de la cadena, cuando ya está el producto al por menor ante el consumidor.


Estrategia de criminalización, que, además, no repara en el factor natural que motiva a quienes, como campesinos, ven en la siembra de la coca una oportunidad para mejorar sus menguados ingresos, en un ejercicio agropecuario en el cual no están obligados a desplazarse cientos de kilómetros con su producto en procura de un posible comprador, que tal vez no esté dispuesto a adquirir el producto o que tal vez le quiebre el precio de su cosecha ante la abundancia de la misma.


Choca esta estrategia estatal de poder y violencia, nacional y extranacional, contra la realidad del mercado, como acaba de suceder en México, donde los campesinos cultivadores de amapola ven cómo el negocio desaparece como producto del mercado gringo inundado por fentanyl, sustancia química “[…] que produce los mismos efectos que la heroína natural, pero 10 veces más poderosa, cuesta la tercera parte y su saldo es fatal. En Estados Unidos, por el uso de fentanyl, mueren al año entre 35 mil y 45 mil personas” (2). Inundado por esta droga, el mercado “[…] trajo consigo la debacle de las cosechas de amapola a lo largo de todo el territorio mexicano. La razón es estrictamente económica: la caída del precio del kilogramo de la goma de mil 350 a 300 dólares (aproximadamente). La cantidad no alcanza ni para cubrir los gastos de la siembra”.


Resultado final de aquellas circunstancias: la erradicación de la amapola, imposible para el ejército, el gobierno mexicano y la DEA, lo consiguió en pocos meses el mercado. Lo mismo ha resultado con la marihuana, ahora en competencia con la producción local de Estados Unidos y su legalización en varios estados de la Unión, así como en diversidad de países que ven en tal mecanismo la mejor estrategia para desinflar un negocio que da pie al fortalecimiento de las mafias, así como al debilitamiento del establecimiento, producto de la violencia creciente que propicia y de la corrupción que alimenta.


Así, en contra de la realidad del mercado, de la naturaleza y de la vida misma, vuelve una y otra vez el interrogante ¿Por qué persisten con la extradición?


Años 80 del siglo XX


No está de más recordar que, cuando Richard Nixon acuña la expresión “Guerra contra las drogas”, lo hace en contravía de las conclusiones de la Comisión Shafer –que había sido conformada para evaluar las relaciones de la drogadicción con las diversas formas de criminalidad en los Estados Unidos–, que no vio relación directa alguna entre consumo de psicotrópicos y delito. Un acto bélico convertido posteriormente en “Guerra contra el terrorismo” sería el sucedáneo que llenaba el vacío de un “enemigo de la civilización” derrotable.


Para nuestra desgracia, ‘emprendedores’ colombianos, finalizando los 70, vieron que el comercio ilegal de psicotrópicos en Estados Unidos era un gran negocio, y que tanto la marihuana –especialmente la sembrada en La Guajira– como la hoja de coca contaban con ecosistemas favorables para su siembra, conformando un vector sinérgico para la generación de enormes ganancias que los llevaron a posicionarse rápidamente como líderes de ese comercio.


Cuando el narcotráfico mostró inicial y desenfrenadamente su poderío en Colombia, corrían los primeros años de la década del 80 del siglo XX, tiempo para el cual nuestra sociedad acumulaba en sus entrañas la lava de un volcán social. Así lo reflejaba la aparición de paros, sobre todo cívicos, que se multiplicaban a lo largo y ancho de su territorio; el descontento social propiciaba el crecimiento de las guerrillas urbanas y rurales, que, tras una quimera socialista y/o nacionalista insuflaba la imaginación y la multiplicación de las energías de miles de jóvenes y no tanto; la coordinación de variados movimientos sociales proyectaba la imagen de una capacidad de acción y de confrontación del poder tradicional por parte de los negados de siempre: la constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), así como de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al tiempo de la inicial coordinación de movimientos por el derecho a la ciudad. La superación de la dispersa acción insurgente, como Coordinadora Guerrillera de Colombia, no estaba por fuera de esa dinámica.


La confianza de que una Colombia de nuevo tipo estaba por tomar forma también encontraba aire, por un lado en la incapacidad del régimen político para desmontar el descontento social y, por otra, en el por entonces reciente triunfo sandinista contra la dictadura somocista, pero también en los avances de la guerrilla salvadoreña. Una América insurgente ganaba espacio y audiencia tras una movilización por ideales de justicia e igualdad.


En tales circunstancias, la emergencia del narcotráfico como opción efectiva para resolver aquí y ahora, no en un tiempo impreciso –en este caso de manera individual y no colectiva–, las necesidades familiares, sobre todo de casa, así como el goce diario del dinero que no falta, aparece como el camino por seguir, tras el cual se desfoga en un principio un considerable porcentaje de jóvenes, en particular de Medellín y Cali. La escalada violenta que coparía varias de las principales ciudades del país, primero con acciones de las bandas mafiosas contra representantes del poder tradicional, luego contra las fuerzas de policía, y después entre los propios carteles –en particular el de Medellín y el de Cali–, termina por desestructurar tejidos sociales construidos en décadas de resistencia social por un país de nuevo tipo.


Tras aquello, en particular la guerra vivida en comunas y barrios populares de Medellín, entre milicias guerrilleras y bandas al servicio del narcotráfico, potenciadas con el apoyo del aparato armado oficial, termina por hacerse evidente –para el poder tradicional, criollo e internacional– la capacidad de control político y destructiva del tejido social desprendido del narcotráfico, en toda la extensión de su palabra y proceder.


Pasados los años, una vez derrotadas las milicias de corte insurgente en Medellín, e impuesto el reino paramilitar, y con éste el imperio de las “fronteras invisibles”, queda sellada la destrucción de la organización comunitaria. La extensión de tal fenómeno por barriadas populares de Cali, Bogotá y otras de nuestras principales ciudades, a la par de multiplicar el negocio del menudeo de estupefacientes, conlleva, con conciencia o sin ella, iguales resultados. Cárceles hacinadas por jóvenes, muchos de ellos asesinados en su interior, adictos en su gran mayoría a algún psicoactivo, así como al alcohol, terminan por darle forma al círculo “vive pronto y muere”, imaginario cultural que es propiciado por un modelo de control social que potencia el individualismo, afinca la vida en el presente, y rompe con el futuro por construir y vivir.


El narcotráfico al servicio del poder, que por extensas regiones rurales de la patria dejó una estela de terror, despojo y desplazados, transforma por muchos años el mapa del poder territorial, también como producto de la destrucción del tejido social hilado a lo largo de décadas de lucha campesina por el derecho a la tierra y una vida digna.


Se hace evidente entonces la capacidad destructiva del narcotráfico, a la vez que de control político, leída e interpretada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que no sólo utilizaron a los narcotraficantes colombianos para reunir los dineros necesarios para llevar a cabo sus operaciones secretas –caso Irangate– (3) sino que además inundaron las barriadas populares de ciudades como Los Ángeles, con la clara conciencia de drogar y volver adicta a la población negra allí residente, que también terminó por perder el foco de la organización colectiva para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida, así como el referente de la necesaria destrucción del sistema que los niega y oprime, para un porcentaje importante de ellos pasar a inundar el sistema carcelario de su país, como lo testimonió en sus reportajes sobre este tema, y el posterior libro Alianza oscura, el laureado y ‘suicidado’ Gary Webb (4).


Son estas mismas agencias de espionaje de Estados Unidos, en especial la DEA, las que en todo momento buscan infiltrar y controlar el mercado de narcóticos, conservando bajo su manga la amenaza de la extradición de sindicados por comerciar con narcóticos con destino a aquel país, en una estrategia que terminó por convertirse en mecanismo para negociar con los capturados el precio de su libertad, que se hace efectiva tras el pago de pocos años de encierro y la confiscación de bienes, entrega de rutas y delación de conocidos incursos en el negocio. La verdad sobre la guerra y sus víctimas –por ejemplo, para el caso de paramilitares extraditados– poco les interesa o la acumulan para cuando requieran apretarles el cuello a ciertos personajes del país, garantizando así la sumisión en las esferas del alto gobierno, como en las Fuerzas Armadas y otros factores del poder realmente existente y dominante.


Esa sumisión asume rasgos grotescos, como en el caso del actual procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien en defensa de su apelación a la decisión de la JEP de negar la extradición de Jesús Santrich, en forma vehemente y sin timideces dice defender los intereses judiciales de los Estados Unidos: “No es, y perdónenme la analogía, el papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”, como una muestra más de que, en los procesos de extradición –como en muchos otros de diferente índole–, los agentes del Estado colombiano no son más que dóciles ejecutores de los dictados extranjeros.


La pregunta no tarda en aparecer: ¿Si han capturado una cantidad creciente de narcos, con los cuales concretan tal estrategia de negociación, cómo es que la DEA no controla todas las rutas e intersticios del negocio que dice combatir, acabando de una vez y para siempre con el mismo? ¿Acaso estamos ante el juego del gato y el ratón, en el cual el felino no destruye su presa para que el juego no llegue pronto a su fin?


Estamos ante una estrategia que, luego de procesada en todas sus variables, es trasladada y copiada para realidades similares a las de Colombia, como México, donde el poder de los carteles del narcotráfico, con iguales y peores prácticas que las copiadas a sus pares suramericanos, arrolla como un tsunami, llevándose a su paso el tejido social, extendiendo el miedo por doquier, desuniendo, hastiando a su población sometida a una violencia sin límite, fijándoles frontera a los poderes insurgentes venidos de abajo, debilitando su gobierno nacional, quebrando la moralidad y la ética ante el atractivo del billete del vecino del norte.


Poco a poco, la estrategia muestra raíces en Argentina y otros países de la región, todo con una clara pretensión: arruinar el tejido social y solidario para desvirtuar con ello la esperanza en un cambio del sistema sociopolítico. La experiencia adquirida con la extradición de colombianos lleva ahora, cuando ven que el imperio afronta revalidad global, a fortalecer la idea del derecho del sistema judicial estadounidense a la extraterritorialidad, que en el caso del fifagate y ahora con Julian Assange y Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, señala su proyección como una forma de intimidación y, por tanto, de control del comportamiento de cualquier persona por fuera de sus fronteras.


La estrategia de dominio político y control social, de destrucción de referentes colectivos, de proyección de temor y desconfianza en la vida diaria, en que cada uno debe resolver lo suyo sin pensar en los demás, pasa a ser utilizada en la lucha contra la propia insurgencia, ahora como un recurso de “lucha contra el terrorismo”, extendido para el caso de los Acuerdos de Paz firmados en Colombia como un recurso para explosionarlos.


Son entonces, narcotráfico y extradición, una realidad social y económica, utilizada además como estrategia en la geopolítica del poder global, en la que nuestro país actúa, como en otros muchos sucesos, como simple peón.


1. Palabras del presidente Juan Manuel Santos en el balance del sector de infraestructura y vivienda. 14 de marzo de 2017.
2. Semo, Ilán, “Lo que el opio se llevó”, La Jornada, México,mayo 18 de 2019.
3. Estalla el Irangate, https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20161125/412132963656/irangate-oliver-north-venta-armas.html
4. En agosto de 1996, Webb, con una serie de reportajes sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, reveló cómo la CIA vendió toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizó ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense, que trataba entonces de derrumbar al gobierno sandinista en Nicaragua. Webb hizo esos trabajos con abundantes entrevistas a narcotraficantes hoy detenidos en Estados Unidos (entre ellos, uno a quien llaman Ricky Ross, uno de los más grandes narcos de la costa oeste) y con agentes de la DEA. Webb recibió en 1990, con el diario San José Mercury News, el Premio Pulitzer (máximo galardón anual para los periodistas de Estados Unidos).

 


Extradición en Colombia

 

¿Herramienta de justicia?




por Enrique Santos Molano



El Tratado vigente de Extradición entre Colombia y Estados Unidos se firmó en Washington el 14 de septiembre de 1979 por el embajador Virgilio Barco Vargas y el secretario de Estado, Cyrus Vance. En él se contempla la extradición a Estados Unidos de colombianos solicitados por la justicia de aquel país en razón de que estuvieran sindicados de delitos de narcotráfico, lavado de dinero o cualesquiera otros que se hubieran cometido dentro de la Unión Americana, o que de alguna manera afectaran sus intereses económicos y sociales.


El Congreso colombiano aprobó en 1980 la Ley 27, que incorpora el Tratado de 1979 a la legislación nacional, pero el presidente Belisario Betancur, al asumir en 1982, declaró que por motivos filosóficos no aplicaría la extradición de colombianos. En efecto, negó varias solicitudes de extradición formuladas por los Estados Unidos. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (abril de 1984), por orden del cartel de Medellín (contra el que Lara había emprendido una persecución en regla), hizo que Betancur cambiara de filosofía y ordenara aplicar “con todo rigor” el Tratado de 1979. En 1985 fueron extraditados a Estados Unidos los primeros cinco colombianos, entre ellos el presidente del Club Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno, a quien Lara había señalado de utilizar el Club para lavado de dinero.


Los capos del Cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar Gaviria, se agruparon en una sociedad criminal de tipo ideológico (“Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”), denominada “Los Extraditables”. Tal sociedad tenía por objeto procurar la derogación de la Ley 27 y echar abajo el Tratado de Extradición. Al fallar una demanda contra la citada ley, la Corte Suprema de Justicia la declaró inexequible en 1986 por vicios de forma y violaciones de fondo a la Constitución, que ese año celebraba su centenario en medio de una crisis política, social y económica, derivada de la guerra de Los Extraditables contra el Estado colombiano, conflicto que había dejado un número de víctimas aterrador, aunque no todas atribuibles a Los Extraditables, pues la mayoría de los líderes políticos y defensores de Derechos Humanos que cayeron en esa época (1984-1986) fueron asesinados por motivos puramente políticos, distintos de la extradición, y por elementos paramilitares formados para hacer que fracasaran las conversaciones de paz iniciadas en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.


Al asumir en 1986 la presidencia, Virgilio Barco, quien como embajador de Colombia firmara en Washington el Tratado de Extradición de 1979, declaró que la inexequibilidad de la Ley 27 de 1980 no le ataría las manos, y que utilizaría las normas del Estado de Sitio para aplicar la extradición por vía administrativa. Tal decisión mereció el aplauso del gobierno estadounidense pero reactivó la guerra de Los Extraditables, que, mezclada con la guerra paralela de los paramilitares contra la guerrilla y los movimientos de izquierda política, originó una nueva temporada de crimen, terrorismo, secuestros, crisis y confusión. Finalmente, la Asamblea Constituyente de 1991 elevó a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos. Eso sí, puso fin a la guerra de los narcos, y también fue el punto de partida de nuevas crisis políticas, económicas y sociales. Las presiones del gobierno de Estados Unidos consiguieron que una ley del Congreso restituyera la extradición en 1997 aunque con carácter no retroactivo, lo que no satisfizo por completo las aspiraciones del entonces embajador en Colombia, Miles Frechette, quien consideraba indispensable el carácter retroactivo de la misma.


Muchos colombianos han sido extraditados desde 1985 hasta hoy, al socaire del tratado de 1979. Muchos de ellos todavía purgan sus penas en cárceles de los Estados Unidos, generando dolor, miseria y muerte. La pregunta es si ha servido efectivamente como herramienta de apoyo eficaz a la justicia y al Estado colombiano en la guerra contra el narcotráfico y otros delitos, o es un instrumento más que refuerza la intromisión de una potencia extranjera en la política y los asuntos internos de Colombia. Si observamos bien, en el curso de las últimas tres décadas las actividades del narcotráfico no han disminuido y, además, en la práctica se han adueñado del país, y se extienden a otras naciones de Latinoamérica, como México y Argentina.


Asimismo, si vemos que la mayoría de los crímenes (un 90 por ciento) de diversa índole que se cometen en Colombia quedan en la impunidad, tristemente la respuesta es negativa en el primer interrogante y positiva en el segundo. Así nos lo demuestra la reciente crisis generada por la extradición, como en el caso del exjefe guerrillero Jesús Santrich, desmovilizado por los Acuerdos de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y la hoy extinta guerrilla de las Farc, que ha enfrentado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Gobierno, la Fiscalía y la embajada de Estados Unidos, cuyo fondo oculto parece ser el de acabar con la JEP y con los Acuerdos de Paz, e imposibilitar el posconflicto.

Sábado, 21 Diciembre 2019 06:40

2019: cambio de época

2019: cambio de época

“Te husmean la boca/no sea que hayas dicho: te amo. Te husmean el corazón”, escribió el gran poeta persa del siglo XX, Ahmad Shamlú, en su poema En este callejón sin salida de 1977.

Shamlú evidenció en estos versos la atmósfera del régimen del Shá de Irán, anticipó la naciente República islámica, y, especialmente, criticó el totalitarismo en cualquier época y forma.

Una década después, comenzó la imposición del proyecto neoliberal como sistema global hegemónico. Conservadores y progresistas, incluso aquellos que, como en Irán, tienen retórica antiestadunidense, fueron permitidos en el concierto civilizatorio, siempre y cuando sean capitalistas. Hoy no hay gobierno que no sea arrastrado por alguna atadura al extractivismo y el dependentismo.

Pero la promesa de la paz y el orden neoliberal nunca fue cumplida. Ni el fin de la historia ni el choque de civilizaciones ocurrieron, y más bien conformaron el disfraz retórico que ocultaba el afán expansivo neoliberal. Las cíclicas crisis (desde los 80 hasta 2008) fueron la rueda con la que caminó el nuevo sistema global. Las afectaciones más palpables golpearon a las clases populares de todo el mundo.

Desde la contracumbre y protesta de Seattle, acaecida en noviembre-diciembre, justo hace 20 años, hasta las protestas de este 2019 en diversas latitudes, desde Ecuador y Chile en América Latina hasta Irán, Irak, Líbano en Medio Oriente, y más allá: Argelia, Sudán, Hong Kong, India, muestran que desde el principio el neoliberalismo fue cuestionado.

La globalización no fue el triunfo de la libertad. Fue y es la etapa actual de la tiranía y la esclavitud escribieron los zapatistas ante el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos en 2017. Los rebeldes mayas del sureste caracterizaban así el agotamiento del modelo neoliberal para la transformación en algo peor: una rancia fórmula chovinista como nuevo garante del sistema.

Este agotamiento del modelo, y las insurrecciones que lo evidencian, alcanza a países muy disimiles. Irán por ejemplo, vive manifestaciones extendidas a 200 ciudades. Es la mayor rebelión desde el inicio de la República Islámica. El aumento de 200 por ciento del precio de los combustibles por el moderado detonó la salida a las calles de las mayorías del país golpeadas por las sanciones económicas estadunidenses en 2015. En la pasada década, después del llamado Movimiento Verde, el gobierno de Irán combinó su fundamentalismo religioso con el fundamentalismo de mercado, y siguió los dictados de políticas de shock contra las clases populares.

El poeta iraní murió después del fracaso del movimiento estudiantil de su país en 1999. Hasta entonces no dejó de escribir críticamente y preguntar: ¿cuánto falta para un nuevo nacimiento de la esperanza? Hoy parece llegar ese momento.

En el otro extremo, pero con iguales consecuencias, se encuentra su vecino Irak. A 17 años de la invasión encabezada por Estados Unidos, y tras una guerra civil que ha causado más de 200 mil muertos, la nueva democracia exportada por los estadunidenses sólo ha traído miseria. Así, la población joven tuvo que levantarse en este octubre en protestas por razones parecidas: las terribles condiciones de los servicios públicos (incluida la insalubridad del agua) y la rampante corrupción.

Todos estos países vivieron a lo largo de la época neoliberal un proceso gradual de precarización de la vida mediante políticas de shock y recortes de políticas que beneficiaban a los más desfavorecidos.

Así, en este cambio epocal, los Estados responden con violencia: 800 muertos en Irán, 400 en Irak, y las cifras de asesinados que ya conocemos en Chile y Bolivia, además de desapariciones, uso de milicias contra manifestantes, cancelación del servicio de Internet para evitar la difusión de la protesta y la denuncia.

Diez años después de las llamadas primaveras árabes –y de otros movimientos en Grecia y hasta México, y la imposición de regímenes terribles– las poblaciones insurrectas de este 2019 tienen un reto mayor: pensar su horizonte en otra clave, a la vez dentro y a la vez fuera de las grandes fechas y las demandas frente a los gobiernos. El cambio de enfoque está en su existencia misma. En ellas como fundación de comunidad y formas de vida diversas; formas que comienzan con un gesto, un freno, un levantamiento contra el viejo régimen hace pocas décadas presentado como nuevo.

En Irán, por ejemplo, la quema de bancos y de símbolos de la república fundamentalista, y que continúan con espacios liberados y reconstituidos desde abajo, como la Plaza Tahrir de Irak. El periodista del Washington Post Mustafa Salim lo define así: La plaza Tahrir se ha convertido en un templete del tipo de sociedad en el que los manifestantes dicen que quieren vivir. En Tahrir cientos de personas proveen de comida gratis, decenas de voluntarios médicos dan atención. Se barre por las mañanas, prenden velas por sus muertos y anotan sus nombres con caligrafía en las paredes. La población tomó edificios vacíos alrededor de la plaza, generaron su electricidad y formaron bibliotecas en él.

El reto frente al chovinismo global, la nueva actualización del capital, no es menor. Y aunque pareciera que las insurgencias no tienen un plan: ellas son el plan, dice el politólogo Benjamin Arditi. Así, la renuncia de los primeros ministros de Líbano e Irak son poca cosa comparado con la bella paradoja del mundo distinto que es el quehacer del otro mundo posible, generado diariamente, presente en todo el mundo: los cabildos chilenos, los cantones del Kurdistán sirio, y la semilla de la primera rebelión contra el neoliberalismo que son los pueblos zapatistas, los cuales multiplicaron sus caracoles autónomos a mediados de este año, con la certeza que canta la poeta palestina Fadwa Tuqan, saben que: más allá de las fronteras de la noche/el sol nos sigue esperando, y la luna.

* Cronista

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Martes, 17 Diciembre 2019 08:24

Colombia y el horizonte 2020-2021

Colombia y el horizonte 2020-2021

Con una alegre y diversa protesta social, y con una esperanza de acción y cambio pocas veces vista en Colombia, cierra 2019. Culmina un año pero también una década (2010-2019), diez años a lo largo de los cuales diversas protestas sociales de significativo realce tomaron forma y concitaron simpatías nacionales.

Paro nacional estudiantil –conocido como Mane–, irrupción de las dignidades agropecuarias, mingas indígenas de diversa potencia, otros movimientos estudiantiles de menor alcance, paros cívicos como los del Chocó y Buenaventura.

En ese mismo período de tiempo se vivió en Bogotá la experiencia de la alcaldía de la Colombia Humana, que alcanzó a perfilar aspectos puntuales de otro modelo de ciudad posible, experiencia que desnudó la voracidad del capital para el cual es inaceptable cualquier cambio, por mínimo que sea, como el de darle un vuelco a la naturaleza jurídica de la propiedad en un asunto como el de la basura. Aunque en menor escala, la experiencia liderada por el alcalde Jorge Iván Ospina en Cali también había revelado una eficiencia superior de una propuesta alterna, con vocación de liderazgo social, en el manejo de lo público y de los recursos económicos que son del conjunto social.

Unos y otros fueron sucesos que marcaron amplios grupos sociales y conglomerados, algunos de los cuales también estuvieron comprometidos con la agenda en pro de una negociación de paz con las Farc y el Eln. Es decir, termina una década en la que un grupo significativo de connacionales, hombres y mujeres, vivieron un proceso de politización, un proceso lleno de deseos de cambios profundos para el país. En fin, una paz esquiva en medio de una agenda guerrerista por la parte oficial.

En un período mucho más amplio, que comienza en 1990, el país todo comienza a padecer las consecuencias de un capitalismo reforzado, que se siente triunfante y sin competencia en el mundo entero: el capitalismo neoliberal. Fueron suficientes tres décadas de dominio y exabruptos para que la clase media, sobre todo, sintiera el peso de las medidas económicas, sociales y de administración pública que impone tal modelo y que se traducen en una tasa impositiva mayor para quienes devengan a partir de cuatro salarios mínimos, para quienes han invertido sus ahorros en una vivienda, para quienes poseen un carro por necesidad o status, en fin, para quienes no son ricos, y para quienes el hecho de arañarles cada vez más sus ingresos empieza a apretarles las condiciones de vida diaria, que muchas veces, para soportarlas o mantenerlas dentro de la demanda de lo que significa ser clase media –esa pequeña burguesía que cree ser y poseer lo que no es ni tiene–, les obliga a un perenne endeudamiento.

Bien, unas y otras realidades, uno y otro logro, pequeños pero presentes en la memoria de quienes los vivieron, y con eco sobre otros sectores sociales, son lo que ahora se suma, no de manera mecánica ni por efecto de un toque mágico de extraños personajes con superpoderes o como producto de una agrupación política que así lo haya propiciado, sino por efecto dinámico de esa conjunción entre opresiones y negaciones, entre sueños y luchas, entre violencias y rabias, entre exclusiones y amenazas, entre mensajes y discursos que van horadando el callo conservador de este país controlado por poderes y miedos de distinta estirpe. Un efecto mariposa va aleteando sobre conciencias y voluntades, rompiendo esquemas y sorprendiendo a viejos liderazgos que aun procesan lo que por estos está ocurriendo.

Esta es un aspecto de la realidad. Pero también hace parte de ella el efecto de las transformaciones sociales generadas por la tercera y la cuarta revoluciones científicas, en particular por la incontenible irrupción de la internet y la desestructuración del modelo comunicativo hasta ahora conocido. A la par, el eco lejano y cercano de irrupciones sociales en pro de una democracia ‘otra’, diferente de la imperante: la Primavera Árabe (la de antes y la que ahora está tomando cuerpo), el 11-M español, la destitución de presidentes en Ecuador, el progresismo en América Latina, el zapatismo con todo su ejemplo aleccionador, los Chalecos amarillos de Francia, las revueltas en Haití, las demandas de soberanía y democracia en Hong Kong, y los muy cercanos levantamientos en Chile y Ecuador contra lo que parece ser la ofensiva del capital tras una nueva etapa del neoliberalismo.

En ese interregno, en esa conjunción de pequeños, medianos y grandes sucesos, va quedando desnuda la democracia formal que sufrimos como sociedades oprimidas, y un nuevo referente de vida digna proyecta destellos de esperanza: sí es posible otra democracia, una que no sea simplemente formal, que se abra al protagonismo social –directa–, que afecte la redistribución de la riqueza que unos pocos concentran y que retome lo público como camino necesario para reconstruir soberanías –radical–, y que obligue a consultarles a las mayorías cuando el Estado central, en cabeza del Ejecutivo, pretenda enajenar lo que pertenece a todos, o lo que implica afectaciones para todos, cuando el asunto en cuestión, en el caso colombiano, no haya sido aireado en la campaña electoral para llegar a la Casa de Nariño.

Es precisamente ese referente democrático, que deberá reencauzar los acelerados flujos financieros, expresión de un capitalismo financiarizado que especula y destruye el aparato productivo de gran cantidad de naciones; referente de otro modelo social que ya está tomando forma a través de la socialización de procesos creativos, productivos y comerciales, aunque no a través de la socialización de lo producido por todos; proceso de otra democracia que puede encabezar otras formas de gobierno, cada vez más colectivas y dialógicas, lo que ahora se pone a la orden del día en nuestro país, situándose como referente necesario por disputar en las jornadas de lucha que, como prolongación de lo acaecido desde el 21N, caracterizarán al país a lo largo de 2020-2021.

Es esta un disputa de gobierno y poder que deberá ganar asiento territorial y protagonismo de base, con asambleas de todo tipo y tamaño a lo largo y ancho del país, acción de reencuentro y tensión de fuerzas que –como método– puede asumir un recorrido colectivo y múltiple del país, una especie de Vuelta a Colombia de movimientos sociales, una Vuelta para dejar de ser lo que somos y empezar a ser lo que soñamos, de la cual, en todas sus etapas, deberá dejar, entre otros productos, una plataforma de lucha, especie de programa de gobierno por concretar en cada uno de los territorios, sin esperar cambio de administración alguno, aunque sin oponerse a tal posibilidad.

Es otra democracia, que sí es posible, para ser gobierno, en lo pequeño y cotidiano, como en lo más grande y/o estructural.

Aprovechemos los cambios, en proceso y ante nosotros, para también transformamos con ellos.

 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 09:04

El malestar estudiantil

Fabio Manosalva, detalle “Turista Maluco”, marzo 2019, collage 33 x 27cm, http://fabio-manosalva.blogspot.com/ (Cortesía del autor)

Nadie podía envidiar la suerte de Nathalie Dompnier, rectora de la Universidad Lumière-Lyon 2, cuando le tocó comentar la inmolación por fuego, el 8 de noviembre pasado, de uno de sus estudiantes. Con su gesto, Anas X, de 22 años, pretendía protestar contra la miseria y el callejón sin salida de su condición social. Tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo; había desaprobado los exámenes; su beca acababa de ser cancelada. Entonces se decidió, según las palabras de un tunecino que también se había inmolado en diciembre de 2018, a “hacer una revolución por sí solo”.


Los jóvenes de entre 18 y 24 años conforman el grupo cuya tasa de pobreza fue la que más avanzó en estos últimos años. Ahora bien, recordó Dompnier, la precariedad “no permite estudiar en condiciones serenas”. Cinco meses antes de la tentativa de suicidio en Lyon, un estudio del Consejo Económico, Social y Medioambiental advertía que el trabajo asalariado de los estudiantes, cuando sobrepasa cierta duración, “lo que ocurre a menudo con aquellos que no disponen de becas suficientes o de ayudas familiares, les hace correr un riesgo mayor de fracasar en sus estudios” (1).


Actualmente, muchos de ellos tienen también hambre, duermen a la intemperie, no se cuidan. Con los medios ínfimos con los que dispone su universidad, Dompnier alega que “no podrá hacer todo” por ellos. Y propone “una unidad de psicología”, “un número verde”, “una asistente social”, “una tienda de comestibles solidaria” (Le Monde, 16 de noviembre de 2019). La ministra de Enseñanza Superior e Investigación, Frédérique Vidal, se jacta de haber “aumentado el monto de las becas” (en un 1,3%, en realidad, es decir el nivel oficial de inflación). Sin embargo, va a “repensar todo esto”; pero “evidentemente lleva su tiempo” (France Culture, 19 de noviembre de 2019). Promete que ya, este invierno, se va a dejar de expulsar a los estudiantes faltos de recursos de las ciudades universitarias…


“Una masacre”


Lo mismo que pasa con la universidad pasa con los hospitales, la agricultura, los bomberos, la escuela, el estado de los puentes. En Francia y en todas partes. Treinta y cinco años de privatizaciones, de retroceso de la gratuidad, de bajas de los subsidios, de controles quisquillosos en todos los campos –gracias Internet– y, al final, una sociedad bajo presión, aturdida, arruinada, que quema sus últimas reservas. Una sociedad en la que sectores enteros están cediendo. A intervalos regulares, muestra su agotamiento, expresa su cólera (2). Paso a paso, resiste a las violencias que los partidos de gobierno se obstinan en infligirle a pesar de todas las alternancias políticas. En el programa de las últimas “reformas”, o de las próximas: la baja de las ayudas para las viviendas, un nuevo aplazamiento de la edad de jubilación, la liberalización del trabajo nocturno, la restricción de la ayuda médica estatal, el endurecimiento de las ayudas al desempleo; “una masacre”, en palabras de un responsable sindical que sin embargo está en buenos términos con el Elíseo, Laurent Berger.


Un joven que sacrifica su vida como sucede en los regímenes autoritarios, manifestantes que pierden un ojo, una mano, durante una carga de policía, panfletarios de derecha que anuncian la guerra civil… Varios movimientos de huelga se preparan para las próximas semanas. Si fracasan, ¿dónde estaremos el año que viene?

1. Marie-Hélène Boidin Dubrule y Stéphane Junique, “Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030”, CESE, París, 26-6-2019, www.lecese.fr. Véase también Vanessa Pinto, “Deux jeunesses face à la ‘loi travail’”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2016.
2. Véase Bernard Cassen, “Quand la société dit ‘non’” (así como también el dossier que integra), Le Monde diplomatique, enero de 1996.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Aldo Giacometti

 

 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 08:25

La crisis de Colombia con P mayúscula

Verona, sin título, escultura (Cortesía del autor)

¿Estamos viviendo en América Latina un momento histórico trascendental, el inicio de la segunda Independencia, como el que se vivió hace dos siglos? La respuesta puede ser afirmativa, si miramos el panorama. En México se consolida un gobierno progresista; en Argentina ha ganado las elecciones, por mayoría aplastante, un candidato progresista que se dispone a asumir el gobierno en pocos días; en Chile un paro nacional completa cuarenta y cinco días para imponer el cambio de una constitución heredada de la dictadura sangrienta de Pinochet por una constitución progresista; en Bolivia un golpe de Estado depone el gobierno progresista de Evo Morales, pero la resistencia contra los golpistas crece, y una parte del ejército se ha puesto del lado del presidente legítimo. En Ecuador, el paquetazo tributario de Lenin Moreno, ordenado por el FMI, se quemó en la puerta del horno por la rebelión indígena que copó la capital y que obligó a Moreno a huir a Guayaquil y a plegarse a las demandas populares; en Colombia, un paro nacional, que estalló el 21 de noviembre, contra el gobierno de Iván Duque y sus proyectos de reformas neoliberales (tributaria, laboral y pensional) completa una semana.


A lo anterior debe agregarse la conformación del Grupo de Puebla, liderado por México y por el gobierno electo de Argentina, e integrado por cerca de cuarenta personalidades progresistas de América Latina con el fin de promover un frente común continental contra el neoliberalismo y las políticas económicas regresivas del FMI.


En tales circunstancias, el Paro Nacional de Colombia contra el gobierno de Iván Duque Márquez, cobra una importancia especial. A diferencia de paros anteriores, como el de septiembre de 1977, el actual movimiento reúne íntegras las corrientes ciudadanas que luchan por un cambio profundo en la vida colombiana: trabajadores de todos los oficios, estudiantes, intelectuales, artistas, educadores, hombres y mujeres, que llevan una semana en las calles, marchando pacíficamente, enfrentando con alegría, música, y sin miedo, la represión de las fuerzas de policía (grupo Esmad) y la acción de los vándalos organizados por la extrema derecha para infiltrarse en las marchas y provocar disturbios que desacrediten el movimiento social y propicien la intervención represiva de la policía, no contra los vándalos, sino contra los ciudadanos que protestan pacíficamente.


Un factor similar, como en 1810, identifica a los pueblos latinoamericanos en 2019: la pérdida del miedo. Los manifestantes están demostrando que ya no le tienen miedo ni a las fuerzas represivas del gobierno, ni a los dictados del FMI, ni a los militares, ni al imperio. ¿Qué saldrá de ello? Posiblemente la segunda independencia, o quizá también nuevas dictaduras militares, como en los tiempos infelices de la Guerra Fría, que serán el último coletazo del régimen opresor agonizante. Sí, puede asegurarse, que la marcha que han iniciado los pueblos latinoamericanos, no tiene reversa, como no la tuvo la que iniciaron en 1810.


La acción de los manifestantes colombianos que protestan en la totalidad del territorio nacional, contra un gobierno, contra un régimen clasista, exclusivista y mediocre, presidido por un mandatario incapaz, nos muestra el surgimiento de un nuevo poder invencible: el Poder Ciudadano.


El presidente errático, Iván Duque, no ha entendido, ni podrá entender, que él no manda, sino que debe obedecer, como corresponde a un servidor público, cualquiera que sea su rango, y con mayor razón si ha sido elegido por los ciudadanos, para servirles en el cargo de presidente de la República. Él presidente no tiene que hacer propuestas. Su obligación es escuchar las propuestas de los ciudadanos y proceder a darles curso. Lo contrario es absolutismo. Viola por completo los principios de la democracia.


En uno de sus tantos dislates, en su intervención durante la “conversación” con los mandatarios regionales electos, dijo Iván Duque que “debemos trabajar por una Colombia con P mayúscula”. Pues, bien. Por ahora tenemos una gran crisis en Colombia y un Paro con P mayúscula. Un Paro mayúsculo.

 

 

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