Sometimiento y silencio:  Crónica sobre el código de policía

Es un día cualquiera, policivo como todos, ya tan común. Un día en el cual un ser humano termina pisoteado, avergonzado, denigrado, humillado, mortificado, vilipendiado y además golpeado por un proceder de la “autoridad” que viola sus derechos. Por un momento su vida no le fue propia. Uno de tantos casos en donde quienes deben garantizar el cumplimiento de “la ley y de la convivencia”, paradójicamente son los agresores de quién se les antoja y por la razón que mejor les convenga, amparados para ello en lo que entienden como súper poderes.

6:15 pm. El ambiente es el mismo de todos los días: igual de lleno en el sistema Transmilenio, un mar de gente tratando de embutirse a un bus que lo lleve hacia su destino. –“Manos arriba de la cabeza”, se escucha. Quien recibe la orden policiva no ha hecho nada, simplemente su cabello largo y enredado lo convierte en el sospechoso habitual entre el mar de gente que abarrota la estación. Un grupo de policías prácticamente como hienas buscan a quien violentar. La orden la recibe al momento de cruzar el torniquete, momento en el cual los “agentes del orden” buscan completar sus comparendos diarios y se lanzan sobre su víctima.

 

Sus voces de “autoridad” caen en cascada y no cesan: –“Deje las manos arriba...”. –“Voltéese y abra su maleta...”. –“Apúrese...”. –“Abra las piernas”. Luego de la esculcada y la manoseada, al terminar la requisa, le quitan una pipa. “Ya me tocó comprar otra” pensó, como la mayoría de consumidores en tal situación. Sin embargo, en su maleta por omisión cargaba una trilladora (para triturar cogollos), lo recordó en el momento exacto en el cual uno de los patrulleros decide requisar la maleta por segunda vez.

6:20 pm. El requerido, sometido a sospecha pública, para sorpresa de los policías tiene conocimiento del procedimiento legal que debe seguirse según el Código de Policía, en aplicación del artículo 13 de la Constitución Política. Sabe, por tanto, que lo que porta es un objeto que no debería incautarse pues no está establecido en el decreto 1801, por lo cual pide de manera respetuosa que desistan de incautarla. 6:22 pm. –”No me la quite, este objeto me ha costado dinero, no tiene ganja, revisen y la votan si no me creen, soy estudiante no un ladrón y usted no puede hacer esto”, dice el joven. Envalentonado y con actitud retadora el “agente del orden” responde: –“Usted podrá estar estudiando, yo también y le puedo hacer lo que yo quiera, váyase mejor”. Sin atender a esa voz de mando, el inculpado les da la razón y decide reclamar una orden de incautación, ante lo cual el policía al mando actúa con lo que entiende como el superpoder (el comparendo) y le pone una multa tipo 2 –equivalente a $213.700.

6:25 pm. Lo arrinconan en la entrada por donde personas en silla de ruedas y padres con sus coches ingresan a la estación. Ya estaba entre arrepentido y molesto, más bien frustrado, era objeto de una multa que pasaba sobre su derecho a la libre expresión, además de estar arrinconado como un delincuente pisoteaban sus argumentos. Quienes ejercen la “autoridad” no responden, solo intimidan, amenazan y violentan.

El ciudadano sigue allí tratando de rescatar sus cosas y la policía, para no escuchar, al tiempo que para demostrar quien tiene el poder, retoma la requisa del inculpado. De nuevo lo requisan de cabeza a piernas, y ahora encuentran unos tres gramos de ganja, que quien realizó la primera revisión por alguna extraña razón no había encontrado. Allí, de nuevo, es necesario para los agentes del “orden”, entre ellos una patrullera, revisar la maleta a fondo y mientras el joven discute con uno por el motivo del comparendo, otro misteriosamente encuentra una nueva bolsa hermética, también con ganja. El joven, sin creerlo, mientras recoge sus cosas tiradas al piso por uno de los uniformados sin ningún cuidado, es abordado una vez más por los seis patrulleros y requerido para entregar la cédula; bajo presión, entrega la licencia de conducir, un documento que es válido para identificarse, pero para los uniformados está negándose a identificarse debidamente y ahora lo amenazan con un nuevo comparendo.

6:30 pm. La única patrullera de los seis que lo intimidan, golpea al joven porque se sintió “irrespetada”. Segundos antes el joven les dio a entender que eran unos delincuentes uniformados (ladrones). 6:35 pm. El procedimiento de control y violencia toma nuevo rumbo; –“¿por qué me pega?” dice el agredido. –“¿Quién le pegó?, ¿dónde está la sangre?” responde la patrullera. Varios de los que se encontraban en el vagón de Transmilenio gritan ante los abusos de la policía, sin embargo no pasan de los reclamamos, pues aun teniendo la razón ninguno se arriesga a meterse ya que saben que podrían ser las futuras víctimas de abuso de autoridad.

6:40 pm. El estudiante, molesto con su agresora, cuestiona su labor y el resto de uniformados se van sobre él porque debía respetar a la dama que estaba con ellos, sin embargo, él no la había golpeado, simplemente reclama por haberle golpeado. Ordenan su traslado a una estación de policía en el Portal de la 80 donde se encuentra con un barrista detenido por el mismo “delito”: portar marihuana. Al final dejan ir al estudiante, no sin antes ponerle un nuevo comparendo por irrespeto a la autoridad.

 

Cada día trae sus sorpresas

 

9:30 am. Con tan sólo un día hábil para apelar el comparendo y dirigiéndose a la estación de policía de la localidad de Engativá, donde el policía le indicó debía dirigirse, el joven llega corriendo al punto indicado para exponer el caso. La voz del policía de turno es poco amistosa: –“déjeme ver los comparendos, no los han subido a la página y es que se equivocó de dependencia, esta es de Transmilenio, no es con nosotros”. El día apremia, no hay más tiempo que perder, la única opción que queda es acercarse a una “Casa de justicia” para hacer un curso “pedagógico” que le derogue la multa.

 

El curso


6:00 am. Se alista para salir y llegar a tiempo al primer curso, que había leído era a las 8:50 am. –“Buen día, quisiera saber…” no alcanza terminar de hablar cuando escucha –“Présteme la copia del comparendo”. El policía anota un número y le dice –“esté atento al llamado o le toca pedir un nuevo turno”.

Han transcurrido 4 días y máximo son 5 los días hábiles para hacer el curso, de lo contrario tendrá que pagar la multa en su totalidad. –“¡Turno 31!”, escucha. Se acerca al cuarto que servia de recepción, tienda y sala de espera al mismo tiempo. A su lado esperan aproximadamente 15 personas de pie, entre ellos una mujer con un bebe en brazos junto con su esposo notablemente cansado, dos venezolanos que tampoco se salvaron de recibir comparendos.

9:54 am. Empieza el curso. –“Buenos días. Los que vengan al curso pedagógico hagan una fila. Por favor bolsos abiertos”. Todas las personas entran al salón que tiene por nombre “mediación y conciliación”. Un promedio de 30 personas escuchan las instrucciones. Inicia el vídeo “Claves para ser un buen ciudadano”. Al fondo se empiezan a escuchar murmullos y algunas risas por lo que se ve en el vídeo. La escena de un joven atropellado por un Transmilenio hace que cesen las risas y en coro se escucha ‘ushhh’. El vídeo induce a la obediencia, incluso cuando se tiene la razón puesto que “hay procedimientos legales para interponer quejas y demandas”.

10:28 am. Al terminar el video entra una persona y pregunta –“¿Qué les dejó el vídeo?” y recomienda no hacer críticas, pues solo quiere escuchar lo “aprendido”. Un hombre levanta la mano y dice apresurado: –“debemos conocer la ley, es importante”. Otro dice: –“los policías también infringen la ley” y al mismo tiempo una mujer lo interrumpe para decir: –“yo no quiero llevar la contraria, así como no quería pelear con el policía, pero luego de que me dice que soy una negra y que por eso soy ladrona o venezolana, pues yo me tengo que ir contra él, me ofendió, y los cuatrocientos mil que debo pagar es por la educación que ese policía no recibió”. El instructor dice con premura, que legalmente ya sabe que hacer para tratar de buscar justicia sin morir en el intento.

10:35 am El instructor sigue con su cátedra y sostiene: –“contrario a lo que dicen muchos este código no es para reprimir, el código a nadie reprime. En todo lado hay reglas, y para la ciudad está este librito. Algunos que no han entendido el mensaje, esto (señala el libro) le evita malos comportamientos, y aunque creamos como individuos que algún comportamiento está bien ante la sociedad, la cultura y la ley, pues no lo está, no podemos pasar sobre el otro. De pronto muchos se sienten atropellados por los policías, pero pues aquí no vamos a solucionar eso, le explicamos solamente el por qué. Tenemos en nuestra cabeza la idea de que el policía es malo, pero a ¿quién no le gustaría tener al lado uno cuando nos están robando? Yo no soy policía pa’ que guarden las piedras, pero debo ser objetivo con mi tema y los policías deben hacer cumplir la ley, además si usted desafía a la policía ¿quién tiene las de ganar?”.

Tras cinco días de ires y venires, con rabias contenidas y silencios que ahogan, el curso fue superado y ahorrado un dinero con el cual el joven no cuenta. Meditabundo, camina hacia su casa, cargado de interrogantes que le deja este episodio.


Obedecer y no cuestionar

 

“Código nacional de policía y convivencia para vivir en paz”, es el título de la norma de normas que pretende el disciplinamiento de la sociedad a punta de multas y el otorgamiento de exceso de poder a los “agentes del orden” que desean una ciudadanía que obedezca y no cuestione nada. Ante esto cabe preguntarnos: ¿Qué tipo de ciudadano es el que sólo obedece? ¿Qué tipo de Estado es aquel que pretende regir sobre una población dócil, sometida, conforme con todo, impasible? ¿Será posible lograr la anhelada paz a partir de una norma que se coloca por sobre la realidad? ¿Cómo vivir en paz cuando quienes aplican la norma la interpretan como medio para darse poderes que no deberían tener? ¿Para dónde se enruta nuestro país, cuya dirigencia está convencida que la gente aprende a fuete? ¿Acaso este proceder no es lo conocido como autoritarismo?

Finalmente, para la policía la clave para ser un buen ciudadano es: obedecer y no cuestionar.

 

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“Sendero de las Mariposas”: ecocidio en los Cerros Orientales

La imagen de “atractivo turístico” en los cerros orientales es la premisa con la que se enmascara uno de los proyectos más ambiciosos y codiciados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, quien esconde un negocio multimillonario en la idea de reconocimiento, acercamiento y pedagogía profunda a los cerros con el Sendero de las Mariposas.

Una puñalada a la yugular para el ecosistema bogotano. El denominado Sendero de las Mariposas, es un proyecto que se viene trabajando desde el 2005 en la zona panorámica de los cerros orientales. Una obra que se expande por 6 localidades, atravesando de norte a sur la parte periférica de la ciudad. El proyecto inicia en Lagos de Torca, en la localidad de Suba, pasando por el alto de patios en la localidad de Usaquén, seguido de Chapinero, Santa fe, la Candelaria y San Cristóbal.

El proyecto consiste en realizar una zanja peatonal de aproximadamente 165 kilómetros por los estribos de los cerros, estructura que se diseña a modo de cortafuegos para que en caso de incendios o siniestros en inmediaciones del sendero, se logre tener la asistencia oportuna de las entidades primarias en extinguir el fuego.

Una obra que en un primer momento se estimó por un capital aproximado a los 266 mil millones de pesos, sin embargo, los recursos destinados no son solamente para la estructura del sendero, sino también para los hoteles y los cimientos de las zonas comerciales que también se quieren realizar en este territorio natural, elevando así el costo por cerca de 1 billón de pesos.

Aunque las instituciones interesadas en la realización del sendero son la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Quienes realmente se beneficiarían de este proyecto son los sectores políticos afines a Peñalosa y las empresas privadas que responden a los intereses del capital nacional e internacional, empezando por los integrantes de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Departamento de Ordenamiento Territorial ha desconocido por completo la importancia del ecosistema y han puesto por encima los intereses de las empresas inmobiliarias atraídas por generar planes de vivienda, comercio y urbanización en este territorio.

Ahora bien, es de gran importancia determinar y recalcar la trascendencia que tiene el ecosistema de los cerros en el perímetro inmediato de Bogotá, pues allí es donde nacen las aguas en las cuencas altas, los ríos menores y los páramos más representativos, que surten de agua potable a casi el 80 por ciento de la población bogotana. Así mismo, los cerros orientales se encuentran situados en una parte estratégica de la geografía nacional, pues conectan el páramo de Chingaza y Sumapaz con los llanos, la Cordillera Oriental de los Andes y el trapecio amazónico.
Con la realización del sendero, se verían afectados drásticamente los afluentes, las cuencas y la biomasa natural, afectando así a más de 2 millones de árboles localizados en la zona, al mismo tiempo que a las comunidades campesinas que aún residen en las proximidades de los cerros, perjudicando la superficie montañosa de la que dependen.

Es así, como se evidencia una institucionalidad que esta al servicio del beneficio de los grupos de poder económicos nacionales e internacionales, que se afincan en medio del poder estatal para apalancar los grandes negocios de una minoría en contra de los derechos de las grandes mayorías, la ciudadanía.

*Periodista Voces en Movimiento

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El reto es unirnos y formarnos en la lucha mundial

En el marco del Foro: “Declaración de la ONU sobre derechos del campesinado: propuestas y desafíos en Colombia”, realizado en la Universidad Nacional del 2 al 4 de abril, participó la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo por medio de su delegado Diego Montón, activo del Movimiento Nacional Indígena de Argentina y del colectivo internacional de derechos campesinos de la Vía Campesina. Hablamos con Diego sobre el alcance que tiene la Declaración de los derechos del campesinado en las luchas campesinas.

Coordinador nacional agrario (Cna): ¿Cuál es la importancia de participar en el Foro de los Derechos del campesinado de la ONU?
Diego Montón (DM). Seguir apropiándonos de la acordado por la ONU, al tiempo que compartiendo tal logro con otros sectores sociales de manera que su concreción sea efectiva. Es importante resaltar que a partir de lo decidido por la Asamblea General de la ONU entramos en una etapa de como nos apropiamos en todos los territorios de esta herramienta para dinamizar y potenciar las luchas y también para establecer los puentes de dialogo de construcción de políticas publicas para la agricultura campesina.

Cna. ¿De qué manera podrían aprovechar los pueblos campesinos la Declaración de la ONU para potenciar sus luchas por su reconocimiento?
DM. Tenemos varias vías para ello. Por un lado, es una herramienta que nos permite dinamizar el trabajo de los territorios de base, concientizando que la ONU reconoce los derechos de los campesinos e incluso que instrumentaliza la reforma agraria como una política necesaria para que los estados la apliquen. Por otro lado, esta declaración contiene un compendio de obligaciones de los Estados para garantizar esos derechos, lo que implica que estas obligaciones deben transformarse en una orientación hacia donde tiene que ir la política pública y las políticas de los Estados. Por lo tanto, nos permite también dialogar con los Estados desde la lucha pero a su vez desde estos instrumentos internacionales.

Cna. ¿Qué hace falta para que esta Declaración pueda ser vinculante por parte de los países comprometidos?
DM. En principio, ya es una herramienta y puede y debe ser tomada en cuenta por los Estados. Pero más allá de ello, creo que hay dos elementos, el político que tiene que ver con la fuerza y la unidad social en torno a esto para traducirlo en fuerza política; el otro elemento es la jurisprudencia internacional, y que es la construcción de una convención internacional de los derechos campesinos lo que convertirá a esta herramienta en jurídicamente vinculante, es decir que podremos denunciar a los Estados por su incumplimiento. Pero creemos que para llegar a tal Convención todavía hace falta un largo recorrido donde le demos mucha vida y vigencia a la Declaración en cada municipio, en cada provincia, en cada país, tratando de articular resoluciones, legislaciones, políticas en torno a la misma y trabajando con aliados –como sindicatos urbanos, estudiantes– que vayan comprendiendo la importancia de esta declaración, no solo para los campesinos, sino para los pueblos en su conjunto, porque de ellos, de los campesinos, viene su alimentación.

Cna. ¿Políticamente hablando está completa la declaración o le hicieron falta algunos temas de la Vía Campesina?
DM. No, creo que para ser una declaración de la ONU, está completa, es de avanzada, incorpora muchos elementos pluriculturales que hace que el derecho internacional tenga una visión pluricultural. Oxigena el sistema de derechos humanos. Claro, a la hora de mirar las banderas, luchas y propuestas de Vía Campesina, es una herramienta diferente, porque no contiene todas las luchas de Vía Campesina. Pero para este momento histórico es una declaración que está completa.

Cna: Desde Nuestra América ¿qué se está impulsando para seguir posicionando la Declaración y para que los países la incluyan en sus políticas públicas?
DM: Bueno, estamos incorporando la Declaración a todos nuestros ejes de lucha. Este 17 de abril, día internacional de la lucha campesina, la Declaración y los derechos campesinos van a hacer parte sustantiva de las movilizaciones en todo el mundo, asociado también a retomar la campaña mundial por la reforma agraria. Estamos también retomando todo el proceso de formación política, incluyendo la Declaración como una herramienta más para el desarrollo y formación política de nuestros dirigentes.

Estamos en este tipo de foros y seminarios, hay uno más a fin de mes en Honduras. Estamos promoviendo que en todo el mundo se de esta interacción de universidad-academia-movimiento campesino-funcionarios para discutir sobre la Declaración, para que podamos ponerla en vigencia.

Cna: ¿Cuáles han sido los aportes de la academia con respecto a esta declaración?
DM: Bueno, han sido muchos los intelectuales que se han sumado y que acompañan, documentando también con métodos científicos las violaciones que íbamos denunciando, las caracterizaciones y las incidencias de la economía campesina en la economía global y abastecimiento de alimentos. Hay grupos independientes, yo destacaría la academia de Ginebra que estuvo acompañando muy firme el proceso con personas que se destacaban como expertos, y que le dieron esa complementariedad a la lucha campesina desde el mundo académico y científico y que nadie pudo rebatir en el seno del Consejo de Derechos Humanos.

Cna: ¿Considera que la lucha campesina en Nuestra América puede ser un aporte para la academia?
DM: Bueno, creo que cualquier científico o académico que se considere como tal, pretende que la teoría sirva para transformar la realidad hacia un mejor vivir de la humanidad. De eso se trata el movimiento social, es la fuerza que le da insumo a la teoría y después permite que la teoría se vuelva praxis para la transformación.

Cna: ¿Cuáles son los retos que le quedan al movimiento campesino mundial para consolidar su reconocimiento como sujeto político de derechos?
DM: Tenemos un grave reto en un contexto de grave descomposición del capitalismo financiero, con una gran crisis que se ha agudizado en todos los frentes y con una gran contraofensiva del capital en todo el mundo y en nuestro continente con más evidencia. Uno de los principales desafíos que tenemos es la construcción de la unidad en torno a una contraofensiva popular que nos permita recuperar escenarios en el continente, que nos rearticule en luchas a nivel regional. No olvidemos que la Celac como la Unasur han sido totalmente desguazadas en este contexto, eran elementos importantes con muchos déficits, pero que permitían revivir un horizonte de unidad e integración. Así que es fundamental profundizar las luchas, profundizar la formación política y las alianzas y la unidad entorno al socialismo en todo el mundo.

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La salud en el Plan Nacional de Desarrollo: de mal a peor**

Para revisar, analizar y proyectarnos en relación al tema de salud en el PND Duque, debemos partir del pacto por la equidad, donde plantea “la necesidad de alcanzar un consenso sobre una visión de largo plazo del sistema de salud, centrada en la atención de calidad al paciente, con cobertura universal sostenible financieramente y acciones de salud pública consistentes con el cambio social, demográfico y epidemiológico que enfrenta Colombia”.

 

Ni calidad, ni equidad financiera, ni preservación de lo público en salud

 

Para así proceder, proyecta un conjunto de medidas en el articulado de la propuesta del PND relacionadas con temas de competencias en salud por parte de la nación y de los departamentos; destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud; distribución de los recursos de aseguramiento en salud y de los recursos del componente de salud pública y subsidios a la oferta; pago de servicios y tecnologías de usuarios no afiliados; sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales; giro directo; eficiencia del gasto asociado a la prestación del servicio y tecnologías no financiados con cargo a los recursos de la UPC; incentivos a la calidad y los resultados en salud; solidaridad en el sistema de salud; integrantes del SGSSS; cotización de trabajadores independientes y exoneración de aportes.

En relación con la institucionalidad pública para la atención de la salud de la población, la propuesta del PND es totalmente débil y sigue privilegiando la red privada por encima de la red pública en salud (la que involucra los centros de salud, los hospitales de primer nivel, regionales y universitarios, que son los que atienden a los sectores más marginales, pobres y dispersos de la población en el país).

 

En los artículos

 

El artículo 56 impone a los Hospitales Públicos su sometimiento a planes de saneamiento fiscal y financiero a cargo del Ministerio de Hacienda so pena de ser liquidados; el artículo 129 destinan recursos para subsidio a la oferta de los hospitales públicos (que debe ser el tipo de oferta dominante en el sistema de salud, que quiere decir que el Estado le pasa un presupuesto anual a las instituciones para su funcionamiento, de manera directa sin ninguna intermediación), pero solo el 2 por ciento de los recursos del sistema general de participación, que es un monto totalmente insuficiente, y el artículo 135 que deja opcional la medida del giro directo, que tenía un carácter obligatorio para el régimen subsidiado y para las EPS que tiene  medidas de vigilancia especial por parte de la Supersalud, con lo que se afecta la llegada de recursos de los hospitales aumentando su inviabilidad1.

 

Más de lo mismo

 

Es evidente que vuelve este gobierno, como los anteriores, a enfatizar en la sostenibilidad financiera del sistema, un tema recurrente en el abordaje del sistema de salud colombiano, lo que realza una comprensión absolutamente limitada de la salud, plegada a la atención a la enfermedad y no comprendida en su

complejidad ligada a las condiciones en que se vive y se trabaja, lo que demanda políticas de bienestar más allá de colocar toda la carne en el asador del sistema de salud, en donde ya muchas investigaciones demuestran que solo aporta en un 11 por ciento a la construcción social de la salud.

Esta visión reducida se observa claramente en el artículo 128 sobre la destinación y distribución de los recursos del sistema general de participaciones para salud, que plantea que el 90 por ciento de estos recursos vaya al componente de aseguramiento en salud de los afiliados al Régimen Subsidiado y el 10 restante para el componente de salud pública y subsidios a la oferta.

Acá se asume que lo importante es que la gente esté asegurada, a pesar de saber que no es garantía de atención, aunque se esté afiliado. Se equipara aseguramiento a equidad, que no tiene sustento, en tanto por la vía del aseguramiento no se recibe lo que se requiere en salud de acuerdo a las necesidades individuales y a los contextos territoriales, sino de acuerdo a la capacidad de pago, que establece el paquete de servicios que se recibe. Quien paga más, recibe más, quien paga menos, recibe menos. No se recibe de acuerdo con lo que se requiere. Esto claramente no es una vía para alcanzar la equidad en salud.

Adicional a esto, colocan todo el esfuerzo financiero en la atención a la enfermedad. ¿Por qué no invertir esta fórmula?, ¿por qué no colocar el 90 por ciento de los recursos de salud de la nación a mejorar lo sanitario, lo ambiental, lo alimentario de la población?, que de así proceder, seguro, alcanzaríamos una condición mejor de salud para la población, como lo demuestran las experiencias en los países que así lo hacen.

Pero claro, hay que entender que el negocio está en el aseguramiento, el negocio está en la atención a la enfermedad; producir salud mejorando el bienestar y la vida de la gente no renta para los actores de mercado metidos en el negocio de la salud.

En relación a la propuesta de saneamiento financiero del sistema, que es una de las mayores preocupaciones, las fórmulas no son distintas a las planteadas por gobiernos anteriores: control de pagos al PBS (Plan de Beneficios de Salud) estableciendo un listado exhaustivo y topes para el pago; pago directo a las EPS, IPS y a los proveedores de tecnologías y medicamentos; inyección de recursos públicos al sistema para sanear las deudas, que fue lo que denomino Duque en su campaña como “Acuerdo de Punto Final”; y mecanismos para que sean el menor número de personas posibles las que reciban subsidios completos.

El artículo 133 correspondientes al acuerdo de punto final, pretende cargar las deudas del sistema de salud (cercanas a 10 billones de pesos), al conjunto de la población, en tanto los recursos de donde derivaran los pagos provendran del Presupuesto General de la Nación, obtenido en gran parte de los impuestos que paga la ciudadanía. Así, de nuevo vuelve y juega la fórmula ya instalada en estos contextos: salvar a las entidades privadas con los recursos públicos.

Asimismo, vuelve y aparece la propuesta de incentivos a la calidad y los resultados en salud (Art. 137), planteándose que habrá unos incentivos monetarios, de reconocimiento social y empresarial para los distintos actores del sistema de salud que demuestren calidad y resultados. Esto no opera en un sistema de salud con lógica de mercado, donde lo sustancial es la relación costo-beneficio de sus actividades, que subordina la calidad, la calidez y la garantía real del derecho a la salud.

Aparecen varias perlas en el articulado, dos para destacar: una es lo que eufemísticamente denominan solidaridad en el sistema de salud, que consiste en que los afiliados al Régimen Subsidiado, que de acuerdo con el Sisbén sean clasificados como no pobres o no vulnerables, deberán contribuir solidariamente al sistema de acuerdo con su capacidad de pago parcial, definida según el mismo Sisbén (Art. 138). La otra, es que los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente efectuarán su cotización sobre una base mínima de cotización del 55 por ciento del valor de los ingresos (Art. 140), por ahora lo hacen sobre el 40.

Como se observa, la propuesta del PND en salud es más de lo mismo: no hay cambio de orientación, no hay cambios estructurales, el foco sigue siendo lo financiero y no la salud de la gente, a pesar de que retóricamente hablen de calidad y de equidad. Acá la gente está para financiar el negocio, bien pagando donde no tiene que pagar, bien recibiendo menos sueldo, bien pagando más impuestos, bien subsanando los detrimentos y la corrupción de los entes privados con dineros públicos. Los que van a seguir felices son los actores de mercado que no son tocados y seguirán lucrándose a expensas de la salud y la vida de la gente.

 

Construir un real pacto social por la salud

 

Esta propuesta de PND sigue el mismo camino ya recorrido por los gobiernos anteriores, basado en diagnósticos parciales, con análisis acomodados y generando terapias incorrectas, pero útiles a los mercaderes de los asuntos de la gente que ven como negocio: los recursos naturales, la salud, la alimentación, la educación, el saneamiento.

Con lo proyectado por este PND no es posible alcanzar los objetivos trazados en materia de salud, en tanto no logra una visión consensuada y de largo plazo del sistema, ni atención centrada en calidad hacia el paciente, ni equidad financiera, ni un énfasis en la salud pública con una aproximación diferencial al territorio, tal como lo considera el mismo DNP. Una real desconexión entre el propósito y las formas de logarlo.

La propuesta del PND de realizar un gran pacto de todos por la sostenibilidad de la salud, es un planteamiento de antaño de los sectores sociales, de académicos y políticos, pero no precisamente en clave de sostenibilidad financiera del sistema de salud, sino en clave de configurar un conjunto de políticas públicas y un sistema de salud que con certeza afecten y transformen positivamente las determinaciones sociales de la salud, relacionadas como se ha dicho ya con las condiciones de vida y trabajo.

¿Será que el gobierno nacional, las EPS, la industria, los proveedores de insumos y medicamentos, los médicos, los hospitales y clínicas, si estarían dispuesto a liderar un proceso de pacto en conjunto con la academia, las organizaciones sociales, los gremios de trabajadores de la salud y el conjunto de la ciudadanía, no para como dice el Ministro de Salud “cuidar y usar adecuadamente, entre todos, el sistema de salud”, sino para configurar políticas y un sistema de salud que produzca salud y no exclusivamente atención a la enfermedad, es decir un pacto social que aborde a la salud como un derecho humano fundamental, en toda la complejidad de su contenido, y no como mercaduría?

La experiencia en todos estos años nos ha demostrado que esto es improbable y el camino trazado por la propuesta del PND, por desfortuna, lo ratifica. Una vía realmente participativa solo será posible con una amplia y fuerte movilización del conjunto de la sociedad, que reconozca que 25 años con este sistema de salud, implantado por la Ley 100, son suficientes y que requerimos una nueva forma de comprender, diagnosticar y abordar la salud en el país, una forma que enfrente las injusticias en salud y que tome en cuenta realmente las dinámicas regionales y poblacionales.

 

** Una versión previa de este articulo apareció en el Semanario Virtual Caja de Herramientas, Edición 623, 15 de febrero de 2019.
1 Corcho, Carolina (2019). La salud pública en riesgo en el Plan Nacional de Desarrollo. Revista Sur. https://www.sur.org.co/la-salud-publica-en-riesgo-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/
** Médico Salubrista, Profesor Universidad Nacional de Colombia

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Martes, 30 Abril 2019 10:43

¿Vientos de Paro Nacional?

¿Vientos de Paro Nacional?

Abril redondea un tiempo intenso de movilizaciones en Colombia, donde comunidades indígenas, campesinas y negritudes, junto con diversas organizaciones sociales y sindicales, han salido a las calles para expresar su malestar contra el gobierno de Iván Duque. Aunque son manifiestas las coincidencias entre estas organizaciones y luchas, una agenda en perspectiva del anunciado Paro Nacional (PN) del próximo 25 de abril se ve desarticulada. ¿Qué pasara con este paro? ¿Logrará los objetivos de articular todas las inconformidades del país?

 

La movida agenda social de marzo, con encuentros regionales y nacionales en distintos lugares del país, y los brotes de protestas y manifestaciones liderados por la Minga indígena en el departamento del Cauca –ante la avalancha de desaciertos del presidente Duque y el incumplimiento continuo a viejos acuerdos con las comunidades–, lanzan la alerta sobre las posibilidades y alcances del PN, sugerido desde las multitudinarias marchas de los estudiantes a finales del año anterior, y convocado –aunque sin unanimidad– en el encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas celebrado en Bogotá en febrero del presente año.


Ánimos de paro nacional en medio de dificultad de coordinación

 

Las motivaciones y las causas de la inconformidad popular son facilitadas por un gobierno que ha sido errático, descarado y torpe. El fracasado show montado en la frontera con Venezuela lo único que hizo fue visibilizar y desnudar ante los distraídos, la doble moral de un gobierno que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga de la pobreza, las tragedias ambientales provocadas y las muertes de líderes sociales en su propia casa.

La muy diversa condición de las organizaciones sociales, étnicas, sindicales y de partidos políticos alternativos con sus muy distintas motivaciones, intereses y visiones, permiten pensar que la tarea de articular agendas de movilización y acción conjunta no es fácil. Está claro que los sectores alternativos hasta ahora no han logrado consenso pleno en torno a la hora cero del PN, y esto queda evidente con la temprana salida de indígenas y campesinos a la vía Panamericana desde finales de febrero y luego la Minga en marzo que se prolongó hasta principios de abril. Pese a esto resalta que el gobierno de Duque, y su arremetida contra el pueblo plasmada en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, ha despertado de manera inusitada la desconfianza popular y de sus liderazgos cívicos, que por primera vez en muchos años piensan en juntarse para alinear sus protestas buscando mayor impacto en su confrontación al gobierno.

 

Situación del Pacífico colombiano

 

Desde el Foro Regional, realizado en Buenaventura el primero de marzo con participación de voceros de los cuatro departamentos del suroccidente que conforman el Pacífico colombiano (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), salió a relucir con inequívoca claridad el incumplimiento del gobierno con los compromisos de los paros cívicos, recientes y antiguos, y, por tanto, con las comunidades mayoritariamente negras que conforman el litoral Pacífico.

Como es memoria, en 2017 se movilizaron masivamente Tumaco, Quibdó y Buenaventura, haciendo coincidir por varios días las movilizaciones del Chocó y Buenaventura. Pero ya en 2016 había ocurrido un paro en el Chocó, y desde 2014 se había dado la gran marcha en Buenaventura que obligó al gobierno Santos a anunciar 400 millones de dólares para obras que todavía no despegan, y según Gerardo Bazán Orobio, líder social de Guapi, en su municipio, rico en fuentes hídricas, esperan todavía el acueducto prometido en el 2005, cuando hicieron su último paro.

En el citado foro de marzo, denominado “Cómo van los acuerdos del Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo”, los distintos voceros regionales de las comunidades se quejaron, con cifras contundentes, ante Santiago Arroyo, experto del Departamento Nacional de Planeación que viajó a mostrar los avances en cumplimiento de los acuerdos con las regiones, y a defender las bondades del Plan Nacional de Desarrollo que propone Duque.

Las cifras muestran que en el Plan Nacional de Desarrollo, gobierno y comunidades están en orillas distintas, lo que genera un evidente conflicto en torno a lo que ambas partes entienden por estratégico.

 

¿Están dadas las condiciones para que el Pacífico colombiano se articule en un esfuerzo a nivel nacional?

 

Pese a que el foro de la región Pacífico había sido instalado con la participación del propio obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya invocando la urgencia de trabajar y orientar todos los esfuerzos por el bien común, en su intervención el también líder religioso de la iglesia católica y líder del Paro Cívico de Buenaventura, el padre Jhon Reina, lamentó con insistencia el incumplimiento de los acuerdos y ratificó la posibilidad de que el pueblo reactivara el paro cívico ante el incumplimiento gubernamental.

Esta preocupación de los voceros del paro cívico de Buenaventura, les ha demandado gran esfuerzo y tiempo en el propósito de lograr que el gobierno de Duque cumpla sus compromisos, y con ello el movimiento que aparece como nuevo referente para otras organizaciones en el ámbito nacional, y que podría resultar clave a la hora de pensar en la articulación de esfuerzos con otros sectores, se ve absorbido en su propio empeño, dejando pasar así la oportunidad de entrar en el circuito de una agenda amplia de alcance nacional. De hecho, todavía la región Pacífico, con todos los elementos en común y las sobradas razones que le da el gobierno, está lejos de construir una visión de conjunto para abordar sus propias reclamaciones, y por la misma razón carece de posibilidades para integrarse con otros sectores y regiones del país en una agenda de inclusión nacional.

 

La Minga indígena y la construcción de un llamado para el país

 

La novedad que se presenta en el actual escenario de las protestas en el Cauca y en algunas regiones del país con protagonismo también de Bogotá, radica en que por primera vez en muchos años los movimientos indígenas, representados en la Onic y en el Cric, habían accedido en los meses previos a discutir conjuntamente con otras organizaciones y diversos movimientos sociales, con miras a construir una agenda amplia de unidad política nacional y sobre las formas de reclamación y acciones comunes para enfrentar al gobierno. Del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas en que se anunció la fecha del 25 de abril para el PN, surge una declaración que contempló un conjunto amplio de temas de interés nacional y que coincide en buena medida con las aspiraciones de la Minga: la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la autonomía de los pueblos ancestrales, el cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana, el rechazo al modelo económico y minero energético que destruye territorios y contamina con megaproyectos que excluyen y despojan a los pueblos.

Aunque a la Minga se han sumado pueblos indígenas de distintas regiones del país, continùa percibiéndose para el común de los colombianos una clara frontera entre el horizonte de exigencias que plantea la Minga indígena y el resto de movimientos sociales, que no logran conectarse en una visión común ni con las negritudes del Pacífico, que siguen aisladas, ni con las centrales sindicales, ni con los estudiantes universitarios –que no aparecen–, y menos con Fecode cuya marcha de marzo no logró convocar ni generar la expectativa que permita anunciar una respuesta masiva del pueblo al llamado de parar el 25 de abril.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, estuvo en Buenaventura el 7 de marzo en uno de los tantos eventos programados en varias ciudades del país para hacerle análisis crítico al Plan Nacional de Desarrollo, y en la misma ciudad se dieron luego reuniones intersindicales entre los días 8 y 9 del mismo mes buscando la concertación de una agenda nacional de las organizaciones sociales, capaz de alinear también las acciones de protesta. Sin embargo, el proceso preparatorio y las reuniones posteriores no han logrado la convocatoria de sectores amplios de cara a los desafíos que plantea un paro nacional.

En ese sentido, aunque los indígenas de la Minga en el Cauca se movilizaron durante casi un mes y recibieron la visita y el acompañamiento de líderes de varios sindicatos y movimientos sociales, lo mismo que el respaldo tímido de algunas comunidades negras, y la visibilización nacional tras el apoyo abierto de un representativo número de congresistas, no logró posicionar en el ámbito nacional los enunciados que proclaman, y que contienen, una visión que incluye a la nación junto con los movimientos populares de todo el país.

 

En reto para los movimientos sociales del país

 

En el encuentro nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se avanzó en la formulación de una declaración amplia que pretende contener a los más diversos sectores, sin embargo hasta ahora no se ha logrado la fórmula para llegar a las bases con esa propuesta común y articulada en torno a grandes problemas nacionales y capaz de concitar las voluntades de la gente del común, incluyendo a los millones de colombianos que no se sienten vinculados ni a los sindicatos ni a las organizaciones sociales, porque hacen parte de la amplia franja de desempleados o empobrecidos que sobreviven desde la economía informal y el subempleo por cuenta propia.

Son entonces las organizaciones diversas las que junto con la Minga o a partir de ella, reconocen ya la necesidad de iniciar un proceso de largo aliento en la búsqueda de la unidad nacional y la confrontación al gobierno y su modelo de desarrollo. Lo que ocurre es que una cosa es la formulación y otra la concreción de tan desafiante empresa.

Por otro lado, es necesario advertir que las protestas escalonadas que iniciaron desde marzo, aunque surgen de un nivel de discusión preliminar y de un cierto consenso en torno a la necesidad de unidad nacional en la que participan indígenas y movimientos sociales amplios, también tienen poderosos enemigos. Uno de ellos se encuentra en la postura firme del gobierno y el ala más radical del Centro Democrático, cercano a un sector de los empresarios que poco interés tienen en que se consolide un proceso de unidad nacional alternativo, y por lo tanto han reportado la protesta por los medios dominantes como la movilización de esfuerzos y liderazgos sectorizados y desconectados, que en lugar de enfatizar en las reclamaciones y exigencias bien justificadas de la Minga, inducen la atención en las pérdidas millonarias y en lo que ellos presentan como los daños a la economía para el país.

A esto se suma el hecho de que el acuerdo preliminar de la Minga con el gobierno, y la visita de Duque al Cauca, puede bajar notablemente la presión de cara a lo que podrían representar las comunidades indígenas en un paro nacional. Además, otros sectores que podrían ser en esta coyuntura decisivos, como campesinos, camioneros y gremios del transporte urbano –también golpeados por el gobierno–, e incluso los mismos estudiantes universitarios, muestran indiferencia y se mantienen al margen de este propósito. En este escenario, el paro anunciado para el 25 de abril podrá ser una jornada más de movilización, pero no nos ofrece un panorama a corto plazo en el que se visione la concreción de esas acciones articuladas en la agenda común y de unidad para la Colombia diversa y marginada en la que millones siguen excluidos tanto de los derechos, como de los escenarios mismos de lucha.

Al ser así, quedan varias incógnitas por dilucidar, de gestarse un espacio de paro nacional, entre ellas quién llevará la vocería social en un posible diálgo con la contraparte gobernante, en un escenario en el que se prolonga el viejo afán de protagonismo individual. Aun así, resulta en todo caso significativo pensar que se dan ya, a pesar de todos los obstáculos, los primeros pasos en la formulación de una agenda común desde abajo.

Publicado enEdición Nº256
Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

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Viernes, 26 Abril 2019 06:17

La ideología sin ideología (II)

La ideología sin ideología (II)

Poco después de la caída del muro de Berlín, tuvimos que soportar una avalancha de discursos, políticas neoliberales y muletillas como El fin de la historia (un verdadero poema épico) y El choque de las civilizaciones (nueva poesía llamando a nuevas hazañas). No era muy difícil ver que lo que tendríamos sería más bien un choque de intereses y que mientras haya algo por construir y por destruir habría historia, que es como decir mientras haya que respirar para seguir viviendo. 

Por entonces, a pesar de los múltiples ejemplos de recientes dictaduras capitalistas en América Latina, el dogma triunfante era la eucaristía entre el capitalismo y las democracias liberales a un punto que se confundía una con otra de la misma forma que se confundía socialismo con dictadura. Ambas confusiones que cualquiera puede detectar hoy en día en cierta clase de estadounidenses (o desesperados candidatos a serlo) anestesiados en los medios cada día, en los bares los sábados de noche y en las iglesias donde van a lavar los trapos sucios los domingos por la mañana.


Los heraldos de ese orden neoliberal y de pensamiento único nunca se imaginaron que unas décadas después estaríamos viviendo en un nuevo casamiento promiscuo entre la última forma de capitalismo y las nuevas variaciones de democracias antiliberales y, en casos, entre capitalismo y comunismo, como es el caso de China. El capitalismo ha sido un habilidoso promiscuo, capaz de mantener relaciones carnales con sus más impensados antagónicos, como lo fueron el cristianismo, las democracias liberales y el comunismo. No es casualidad ni es un fenómeno extraño. Si por algo se caracterizan los fanáticos de cualquier religión es por contradecir sus propias raíces para servir a sus propios intereses. Hoy en día, por ejemplo, son los cristianos conservadores quienes más obsesionados están en demonizar a los de abajo. Todos los grupos sociales siempre temen más a los de abajo que a los de arriba que los gobiernan y explotan. Pero en el cristianismo capitalista llega a la patología de demonizar a los más débiles de una sociedad (los pobres, los inmigrantes) y a arrodillarse indulgentes ante los más ricos y poderosos que hacen y deshacen el gobierno y el país a su antojo. Una paradoja vergonzosa para los seguidores de un rebelde que vivió rodeado de todo tipo de marginales y finalmente fue ejecutado por el poder imperial del momento. Todo lo cual no sólo es una contradicción sino una cobardía radical de quienes se asumen, como suelen repetir en el himno nacional, individuos “en la tierra de los libres y en la casa de los valientes”.


Tampoco esto es casualidad. Toda “narratura” es una máscara de una realidad que conviene invisibilizar o travestir. Uno de los pilares básicos de la narrativa neoliberal consistía en confirmar la “muerte de las ideologías”, como si la suya fuese una expresión de las ciencias o de la naturaleza y no una ideología en sí misma, una de primer grado. Claro que una de las fortalezas del neoliberalismo y de su padre, el capitalismo, consiste en la simpleza casi primitiva de sus fundamentos: creer que la libertad es una lluvia que cae sobre todos por igual o adoptar mitos como el que afirma que si ayudamos a los ricos a ser más ricos, algo de toda esa riqueza se derramará algún día a los de abajo. Basta con un simple acto de fe y cierto entrenamiento pornográfico para adoptar semejante fantasía.


Los otros pilares son también contradictorios: el nacionalismo apela a un sentido de la neutralidad ideológica. Esa bandera, que representa a España o a Brasil o a EE.UU., es la misma siempre y, al representar a todos los ciudadanos, debe ser neutral. Por supuesto, su uso y abuso narrativo no lo es.


Estas supersticiones no difieren de aquella que afirma que las iglesias son políticamente neutrales, que su objetivo y acción es la salvación de las almas y no de los cuerpos. No hay nada más político que la pretensión de neutralidad política. Si hubo un hombre político, en el sentido profundo de la palabra, ese fue Jesús, razón por la cual fue ejecutado.
El dogma, la ideología (neo)neoliberal a partir de los 70s, se podría resumir en los siguientes mandamientos:


• Privatiza. Los privados siempre lo hacen mejor que el gobierno.


• Reduce el maldito gobierno. Un momento. Reduce solo aquellos programas que beneficien a las mayorías sociales, como salud, educación, retiros, seguros de desempleo, canastas de alimentación, etc.


• Austeridad ante todo (¿Han observado que quiénes más recomiendan austeridad son los superricos?)


• Militariza. No todo el gobierno es malo. Aumenta el poder del ejército y la policía, que deben quedar en manos del gobierno porque le asegura a los más ricos (especialmente desde el siglo XIX en América Latina hasta hoy) estabilidad social ante las crisis que crean las políticas de libertad desigual. (Desde los tiempos de la colonia, todos los alzamientos sociales fueron provocados por las diferencias sociales del continente más desigual del mundo).


• Desregula, el trabajo de los de abajo y los límites de inversión y desinversión de los de arriba. Los trabajadores serán libres de irse sin sus trabajos y los inversores serán libres de irse con su dinero.


• Deja hacer. Elimina toda interferencia del gobierno en la economía, excepto cuando éste debe acudir al salvataje de sus sabios operadores del mercado. Los grandes inversores deben arriesgar seguro: cuando aciertan, se llevan las ganancias por mérito propio; cuando se equivocan, los gobiernos los salvan por vergüenza ajena.


• Libera el mercado. Cuando las democracias neoliberales no puedan contener el descontento popular, se debe garantizar esta libertad por todos los medios, incluso con dictaduras militares. En realidad no es libertad de mercado sino libertad de los capitales. Pero no lo digas así.


• Sacraliza y demoniza. Lloverás narraciones dogmáticas que incluyan la demonización de toda alternativa y la prevención de cualquier ejemplo alternativo. A los desastres sociales y económicos, como en el Chile de Pinochet, llámalos Milagro.


• Predica con el ejemplo. Las potencias occidentales se encargarán de invadir y aplastar “malos ejemplos” que pudiesen desafiar el dogma neoliberal, mientras los ejércitos vernáculos, como los de Medio Oriente, África y América Latina se especializarán en reprimir a sus propios pueblos, ya que prácticamente desconocen la guerra con otros ejércitos nacionales. Para eso están los ejércitos centrales de Europa, Estados Unidos y, pronto, China.


Todos estos preceptos son altamente ideológicos por lo cual la pastilla no está completa sin su cápsula, sin sus elementos ideoléxicos que consisten siempre en sustituir una realidad por su símbolo opuesto.


Por ejemplo, como anotamos al principio, para vaciar de elementos progresistas o independentistas de bloques como el Mercosur se recurre (Macri, Bolsonaro, etc.) al discurso de la desideologización, de la despolitización y la neutralidad de los mercados. Nada de eso se aplica cuando se bloquean económicamente países menores o más débiles como Cuba, Venezuela, Irán y cualquier país que no se alinea a los intereses y a la ideología del interesado. Nada de este rol de policía del mundo es cuestionado ni se sospecha de tener algo que ver con alguna ideología o con alguna dictadura capitalista como China o Arabia Saudí.


Más en Las narraturas del capitalismo (2019) y The Autumn of the West (2019)


Primera parte: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255128

Jorge Majfud
Rebelión

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En Milán, cientos de personas participaron de la celebración del 74 aniversario de la liberación del fascismo. Imagen: EFE

En el gobierno hay quienes se niegan a recordar el fin de la dominación nazi-fascista

Este 25 de abril, en el llamado “Día de la Liberación”, Salvini y otros representantes de la Liga no participaron de la conmemoración.

El 25 de abril es una de las fiestas nacionales más sentidas por el pueblo italiano porque el llamado “Día de la Liberación” recuerda el fin de la dominación nazi-fascista de Italia ocurrida en 1945. Si bien la dominación nazi-fascista no terminó ese día, se recuerda esa fecha porque empezaron a retirarse nazis y fascistas del norte de Italia, particularmente de la llamada República de Saló o República Social Italiana, fundada en 1943 por inspiración de Benito Mussolini.


Pero este año, cuando se celebraba el 74 aniversario de esa retirada, ocurrió un hecho inédito. Un exponente del gobierno italiano, el actual vice primer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini de la derechista Liga, decidió no asistir a ninguna de estas celebraciones que se hicieron en el país, argumentando que tenía otras cosas que hacer. Y esa otra cosa era la inauguración de una nueva jefatura de policía en Corleone, un pueblito de Sicilia tristemente célebre por el poder que en algún momento tuvo allí la mafia siciliana o Cosa Nostra. La actitud de Salvini, calificada como un desaire y un ataque a la historia de Italia y para los sobrevivientes de campos de concentración y todos los que murieron allí y en la guerra, fue justificada por el ministro diciendo que “fascismo y comunismo no volverán nunca más” mientras “hoy los peligros reales son la mafia y el terrorismo”. Por eso fue a inaugurar la nueva comisaría.


Salvini, que se la pasa hablando de los peligros que significan para Italia la llegada de inmigrantes, esta vez puso su dedo acusador contra las mafias, cosa que evidentemente le pareció más conveniente en este momento para ofuscar la derrota del fascismo. Pero él raramente menciona en sus discursos a las tres mafias principales de Italia –Cosa Nostra de Sicilia, ‘Ndrangheta de Calabria y la Camorra de Nápoles– que son realmente peligrosas y significan un poder económico y de influencias muy difundido gracias al tráfico de drogas –especialmente cocaína de América latina– , a las coimas, a la corrupción en general, a las inversiones que hacen para blanquear sus capitales ilegales, entre otras cosas. Estas mafias –algunas de las cuales existen desde fines de 1800– han sobrevivido a todos los gobiernos y son un peligro real para el país, no los inmigrantes, como Salvini en cambio le hace creer a la gente ingenua cada día. El ministro del Interior Salvini, por lo demás, no ha tomado medidas importantes contra estas mafias hasta ahora.


En cuanto al 25 de abril, no fue sólo Salvini el que no participó de la conmemoración. Tampoco se vieron en las decenas de actos a lo largo y ancho del país, los demás ministros de la Liga que forman parte del actual gobierno. Y todo esto llevó a una lectura muy clara de parte de los analistas, que atribuyeron a Salvini la “magia” de haber hecho revivir en muchos la añoranza del fascismo y el deseo de no reconocer el 25 de abril como un triunfo.


De hecho, grupos de neofascistas hicieron una breve manifestación el 24 de abril en Milán, a dos pasos de Piazzale Loreto -un lugar simbólico de la Segunda Guerra porque en 1944 fueron fusilados allí por los fascistas, 15 miembros de la Resistencia, y en 1945, fueron expuestos en el mismos lugar los cuerpos asesinados de Mussolini y otros 18 dirigentes de su gobierno- desplegando un cartelón de varios metros que decía “Honor a Benito Mussolini” y cantando consignas fascistas. El hecho duró pocos minutos pero fue lo suficientemente impresionante como para ser publicado por todos los medios. Otras manifestaciones similares, aunque de menor envergadura, produjeron los neofascistas en otras ciudades.


Ante estos hechos, el discurso que el presidente de la República Sergio Mattarella hizo en el acto conmemorativo en Vittorio Veneto (norte de Italia) fue claro y significativo. “Festejar la 25 de abril significa celebrar el retorno de Italia a la libertad y la democracia después de 20 años de dictadura, de privación de las libertades fundamentales, de opresión y persecuciones. Significa recordar el fin de una guerra injusta, trágicamente combatida al lado de Hitler. Una guerra desencadenada para afirmar la tiranía, la voluntad de dominio, la superioridad de la raza, el exterminio sistemático”, dijo. La Resistencia y la liberación del nazifascismo representa para Italia “un nuevo renacimiento” en el cual la nación “ha re-encontrado su propia dignidad”, agregó.


Las ceremonias de conmemoración el 25 de abril empezaron temprano este jueves y la primera de ellas fue la colocación de una corona de laureles por parte del presidente Mattarella en la tumba al soldado desconocido en el Altar de la Patria, ubicado en el centro de Roma. El presidente luego viajó a Vittorio Veneto. “La Resistencia es un fecundo depósito de valores morales y civiles. Nos enseña que hoy como entonces, hay necesidad de mujeres y hombres libres y orgullosos que no bajen la cabeza frente a quien con la violencia, con el terrorismo, con el fanatismo religioso, quisiera volver a épocas oscuras imponiéndonos un destino de terror y odio”, añadió Mattarella en el acto de Vittorio Veneto. “El 25 de abril vio la luz una Italia que repudia la guerra y se compromete activamente por la paz”, concluyó. Una Italia que pone sus cimientos en la dignidad humana, el respeto de los derechos políticos y sociales, el repudio del racismo y de las discriminaciones. No fue así en las dos décadas fascistas”.


Junto al presidente en el Altar de la Patria estuvo presente la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi (M5S) el primer ministro Giuseppe Conte, quien después se dirigió a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde fueron fusilados por los nazis 335 personas inocentes el 24 de marzo de 1944, como venganza por la muerte de 33 soldados alemanes el día antes en un atentado en las calles de Roma. De esta matanza de inocentes participó el agente de la Gestapo Erich Priebke, que vivió varias décadas en Bariloche, escapando de la persecución, pero que en 1994 fue descubierto y poco después extraditado de Argentina a Italia, donde fue procesado y condenado a la cárcel de por vida. Murió en 2013.


A diferencia de Salvini y los suyos, el otro viceprimer ministro y exponente del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, decidió ponerse del lado de la Resistencia, es decir de los que resistieron a la dominación nazi-fascista. Di Maio, que es también ministro de Trabajo, participó de las celebraciones organizadas por la Comunidad Judía en la sinagoga de Roma, un inmenso templo ubicado frente al río Tíber, junto al Ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, también él del M5S. “El coraje no tiene un color político –dijo Di Maio–. Por lo cual hoy damos el justo, merecido y sentido agradecimiento a quien ha tenido el coraje de oponerse, sacrificando la propia vida, a algo terriblemente equivocado como el nazi-fascismo”.

Pese al amenazador acto del miércoles de los neofascistas en Milán –muchos de ellos pertenecientes a furiosos grupos de hinchas de fútbol–, marchas de militantes y simples ciudadanos antifascistas se llevaron a cabo en todo el país, levantando carteles con leyendas como “Hoy como ayer, antifascistas”, “La Resistencia no ha terminado. Levanta tu cabeza y lucha por la vida”, “Combate el miedo. Destruye el fascismo”. Más de 70.000 participaron en la marcha organizada en Milán por el ANPI (Asociación Nacional de Partisanos de Italia) mientras en Bolonia, se repartió pan mientras se marchaba, en solidaridad con los pobres e inmigrantes, mientras un coro de niños cantaba canciones de la Resistencia.

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