Oficiales de la Policía patrullas las calles de Cali, Colombia, el 22 de marzo de 2020.Luis Robayo / AFP

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera declaró que el joven se encontraba observando la escena desde la ventana de una vivienda, cuando una bala le impactó el rostro.

 

Un joven colombiano que soñaba con ser futbolista murió la madrugada del martes durante un polémico operativo policial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, lo que ha provocado una nueva ola de indignación por los excesos de las fuerzas de seguridad.

La familia de Carlos Esteban Brown Mosquera denunció que el joven murió a manos de la Policía con un disparo que impactó en su cabeza, mientras el joven veía desde la ventana de su hogar el desarrollo de un operativo policial en el barrio Laureano Gómez, al oriente de Cali.

"Fue un tiro certero.Mi hijo medía más de 1.80 y el tiro fue directo a la cara", dijo Diana Sugey Castillo, madre de la víctima, según información de El Tiempo. "No quiero que el crimen quede impune y sigan matando jóvenes inocentes", agregó.

Postura oficial

La versión de la familia del joven difiere de la postura oficial. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Manuel Vázquez Prada, los uniformados llegaron a atender un caso de riña entre dos mujeres, cuando se presentó una "asonada" contra los oficiales que terminó en los disparos que impactaron en Brown Mosquera.

"Se presentan disparos, y como consecuencia, una persona resulta lesionada, quien posteriormente fallece en centro hospitalario", dijo Vázquez Prada en un reporte a medios. 

La familia trasladó a Brown Mosquera al Hospital Carlos Holmes Trujillo de Cali, y posteriormente, el joven fue remitido al Centro Médico Imbanaco, en donde falleció.  

Indignación

Los vecinos y conocidos de la víctima protestaron el martes 13 de octubre en la estación de Policía El Vallado, para exigir el esclarecimiento del caso. 

"No era un vándalo, y no son manzanas podridas, son una banda criminal armada y pagada por nosotros", criticó una usuaria de Twitter sobre la actuación policial en la muerte de Brown Mosquera.

En medio de la polémica por los recientes casos de abuso policial en Colombia —que motivaron fuertes protestas contra el Gobierno de Duque—, el general de la Policía de Cali informó que se investigará internamente el caso, a la par de la pesquisa que desarrolle el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

"De tal forma que sean los jueces judiciales y administrativos los que se pronuncien de cara al esclarecimiento de este lamentable hecho", dijo Vázquez Prada. 

El violento actuar de las fuerzas de seguridad colombianas ha sido objeto de fuertes críticas en el país, principalmente tras el reciente homicidio del abogado Javier Ordóñez, a quien la Policía le aplicó descargas eléctricas en el suelo antes de llevarlo detenido a un Comando de Atención Inmediata (CAI), en donde la víctima falleció por politraumatismos.

El homicidio de Ordóñez a manos de la Policía provocó multitudinarias protestas en las principales ciudades colombianas, que dejaron un saldo de 13 fallecidos y más de 500 heridos, reavivando el debate sobre el abuso de la fuerzas de seguridad durante las manifestaciones sociales. 

El pasado 7 de octubre, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) durante las protestas, después de que el Tribunal Superior de Bogotá dictara un ultimátum para que el funcionario se pronunciase sobre el tema

Publicado: 14 oct 2020 21:10 GMT

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Araya yace en el lecho del Mapocho, luego de haber sido arrojado al río.  ________________________________________ Imagen: Twitter

Indignación contra el accionar de los Carabineros

 

Anthony Araya estuvo inconsciente, además sufrió fracturas en el cráneo y las muñecas. A pesar de los videos que incriminan a los agentes, el teniente coronel Rodrigo Soto insiste con negar su responsabilidad.  “Carabineros hace su trabajo, Carabineros está restableciendo el orden público”, alegó. La Comisión Interamericana de Derechos reclamó que se investigue el caso. 

Las protestas en Chile dejaron este viernes una imagen estremecedora: un joven de 16 años fue arrojado al Río Mapocho por efectivos de Carabineros, que pese a la existencia de videos que captan el momento, negaron la responsabilidad en lo sucedido. No obstante, más tarde la Fiscalía Centro Norte chilena anunció la detención del agente que provocó la caída del adolescente bajo la imputación de "homicidio frustrado".

El hecho sucedió en medio de una refriega entre policías y manifestantes, cuando en Chile falta menos de un mes para el plebiscito del 25 de octubre que determinará si habrá o no una nueva Constitución que reemplace a la de Augusto Pinochet. Los videos muestran cómo un efectivo de la Policía Nacional chilena tiró al menor de edad al río Mapocho.

El joven, identificado como Anthony Araya, estaba inconsciente cuando los rescatistas bajaron a buscarlo y recibió reanimación. Quedó internado y, de acuerdo a lo informado, su estado es grave pero estable, con fracturas en el cráneo y las muñecas. “Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”, aseguró el teniente coronel Rodrigo Soto, comisario de Providencia, pese a la evidencia en contra de sus palabras. “Carabineros hace su trabajo, Carabineros está restableciendo el orden público, Carabineros lo único que desea es que estemos tranquilos”, agregó Soto. 

Más tarde, Soto volvió a hablar. “Lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies o que haya sido botado al río por un carro lanzaaguas como inventaron testigos en redes sociales”. Y añadió: Afortunadamente existe un video que muestra que este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes”, al tiempo que aseguró que “el carabinero que aparece en el video está totalmente identificado”.

Carabineros está en la mira por su acción represiva como nunca antes desde la dictadura pinochetista. Se acumulan decenas y decenas de denuncias por la violencia desde que hace casi un año comenzó la revuelta popular. Una de las marcas de la represión han sido los perdigonazos a los rostros de que manifestantes, muchos de los cuales han perdido la visión de uno o ambos ojos. Según se denunció, ayer hubo no menos de diez carros hidrantes y gases. 

Tras lo ocurrido ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "firme condena" y llamó al gobierno de Sebastián Piñera a "realizar investigaciones con debida diligencia" así como a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, "particularmente en el contexto de las películas". 

La oposición reclama la renuncia de Mario Rozas, titular de Carabineros, que ha sostenido el accionar de la fuerzas en los últimos meses. Mientras, esta mañana se registraron incidentes en la puerta de la clínica donde esta internado el adolescente: un grupo de carabineros fue a reprimir a quienes se congregaron en la entrada del centro de salud para saber la evolución del agredido.

La detención del carabinero

La Fiscalía chilena anunció a las pocas horas que el policía acusado por el hecho fue detenido por presunto "homicidio frustrado". Según explicó, la solicitud se presentó “tras múltiples diligencias que permitieron establecer que hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos”.

El carabinero será trasladado el domingo a la Fiscalía de Alta Complejidad, a cargo de  Ximena Chong, quien habló de su responsabilidad en el hecho. Según Chong, el uniformado, “en el contexto de una arremetida realizada por personal de la Unidad de Control de Orden Público, habría impulsado al joven de 16 años, lo que habría provocado su caída, a una altura aproximada de siete metros”.

Siguiendo esta línea, la fiscal a cargo del caso determinó que la “evidencia audiovisual y testimonial dan cuenta de la existencia de una conducta, que a nuestro juicio, es de carácter dolosa”.

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Venezuela: La violación de los derechos humanos se acentúa en medio de la pandemia

La violación a los derechos humanos fundamentales es algo que se ha profundizado en Venezuela durante el período de gobierno de Nicolás Maduro. A partir de la cuarentena decretada debido a la pandemia del Covid19, estas violaciones se vienen acentuando pese a la disminución general de la actividad social, pública y privada, en todo el país.

Dos hechos recientes ejemplifican esta grave situación: la agresión cometida por miembros de la Guardia Nacional contra ciudadanos que hacían cola de gasolina en Aragua de Barcelona (Anzoátegui), que resultó en un muerto y varios heridos, y el desalojo decretado por el gobierno de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas, bajo el argumento de que van a ser utilizadas para alojar pacientes contagiados con el coronavirus.

El sábado 25 de julio varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon contra ciudadanos que reclamaban irregularidades en la cola para surtir gasolina en una estación de Aragua de Barcelona, resultando un fallecido y un herido de bala[1]. Ante esa agresión la fiscalía designó dos fiscales para investigar los hechos y posteriormente fueron detenidos cuatro miembros de la GNB[2] .

Este asesinato se suma a la reciente muerte de otro ciudadano durante una protesta popular por irregularidades en el suministro de gasolina en Isla de Toas (Zulia) el pasado 15 de julio, en donde la GNB aparentemente causó la muerte de un pescador que reclamaba dichas irregularidades[3]. Este asesinato, hasta donde sabemos, no ha sido investigado por la fiscalía y nadie ha sido detenido.

Toda Venezuela conoce y sufre las graves irregularidades que se están presentando desde hace meses en las estaciones de gasolina al momento de surtir combustible a la ciudadanía. Colas enormes que duran hasta varios días para poder echar gasolina, y una constante acción ilegal de los funcionarios militares en concierto con los trabajadores de dichas estaciones de servicio, los cuales ingresan muchos vehículos que no han hecho cola pero que sí han pagado la respectiva “coima”, muchas veces en dólares. Las protestas son diarias a lo largo y ancho del país de los ciudadanos molestos y hartos de tanta burla en sus propias narices, y los casos de agresión física dentro de las estaciones de gasolina se presentan con mucha frecuencia. El rebaso de esta grave situación permitida y protagonizada por los mismos funcionarios militares que custodian las referidas estaciones, han sido estos dos casos de ciudadanos asesinados a balazos al momento de protestar estas enojosas irregularidades.

El desalojo de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas con el argumento gubernamental de que van a ser utilizadas para alojar pacientes del covid19 también significó una violación abierta de los derechos de los estudiantes afectados, al hacer un allanamiento a media noche, aplicando pruebas PCR cuya veracidad fue puesta en duda por los mismos estudiantes (como se observa su denuncia en numerosos videos)[4]. Los estudiantes finalmente fueron desalojados por la fuerza, y algunos de ellos detenidos por corto tiempo[5]. No se tomó en cuenta que muchos estudiantes que provienen del interior del país trabajan a la vez que estudian (obligados por la grave crisis económica que afecta también a sus familias), que en Caracas tienen mejor acceso a internet que en sus lugares de origen, y que regresarlos a su casa puede significar simplemente el abandono definitivo de sus estudios. Resalta en este caso que los estudiantes desalojados son afines al PSUV y al gobierno de Maduro, y que pese al pronunciamiento de conocidos activistas del oficialismo, se continuó y culminó con el proceso de desalojo.

La violación reiterada de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, ha continuado también durante la pandemia. Nos referimos a las constantes muertes de ciudadanos en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. El pasado 11 de junio en la carretera vieja Caracas-La Guaira, fueron asesinados cinco ciudadanos por el FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana-PNB), destacando que uno de los muertos era escolta de una ministra. Ante el pronunciamiento público de la ministra denunciando ese asesinato[6], en lo que calificó de “actuación aberrante de esos funcionarios”, la fiscalía ordenó la detención de cinco integrantes del FAES, por “el exceso y uso desproporcionado de la fuerza”[7].

La muerte de ciudadanos que supuestamente hacen “resistencia a la autoridad” se han multiplicado exponencialmente en la última década. Connotados investigadores universitarios[8] han resaltado que, según las propias cifras aportadas por las autoridades, entre los años 2010 y 2018 “han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas”. Sólo en el año 2018 los datos oficiales reflejan 5.287 muertes a manos de las policías[9]. Provocando que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes aumentara de 2,3 % en 2010, hasta 16,6 % en 2018, un aumento del 622%. En comparación con países vecinos como Brasil, esa misma tasa de homicidios es de 7%, a pesar de que este país tiene décadas presentando una problemática delincuencial aparentemente incontrolada y sus cuerpos policiales han sido muchas veces denunciados por violación a los derechos humanos.

Este aumento exponencial de las muertes en supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales, ha llevado a que el porcentaje de muertes en acciones policiales en comparación con el total de homicidios en Venezuela, que en 2010 era apenas del 4%, haga llegado en 2018 al 33%, lo que implica que uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. De manera general son cifras más propias de un país en guerra civil, y no de un país en paz social, como se supone que estamos.

Las FAES, creadas por el gobierno de Maduro en julio de 2017, han terminado de consolidar una visión que concibe la actuación policial como una cuestión militar y de seguridad nacional. El resultado de esta visión son los miles de ciudadanos asesinados en la última década, cifra que hoy se acerca a las 30 mil personas.

En los hechos, el gobierno de Maduro ha implementado la pena de muerte mediante ejecuciones sumarias de supuestos delincuentes, una violación gravísima de nuestra Constitución Bolivariana, que viene generando un clima de terror en los barrios más humildes de todas las ciudades del país, en los cuales casi diariamente se asiste al asesinato selectivo de ciudadanos que se supone son delincuentes y hacen “resistencia a la autoridad”, negando, mediante esta práctica criminal del propio Estado, los derechos jurídicos al debido proceso, a la defensa, y lo más sagrado, el propio derecho a la vida.

Esta violación de los más elementales derechos humanos ha sido denunciada incluso por diputados oficialistas de la Asamblea Nacional Constituyente[10].

El gobierno mantiene una constante persecución y represión hacia las organizaciones e individualidades que le hacen oposición política, o que simplemente ejercen sus derechos ciudadanos al denunciar irregularidades en la administración pública y exigir que las instituciones hagan su trabajo. Esta represión ha llegado hasta el asesinato de dirigentes opositores como el concejal Fernando Albán en octubre de 2018, que fue lanzado por una ventana del 10º piso del edificio del SEBIN[11] en Caracas, luego de ser torturado mientras estaba detenido, como denunciaron sus abogados en base a evidencias observadas en el cadáver[12]. Otro caso de asesinato de un detenido político es el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mediante torturas en junio de 2019[13], quien falleció luego de desmayarse en la audiencia del tribunal militar[14].

La represión política, las detenciones y torturas a los detenidos se extienden a dirigentes obreros y periodistas que ejercen sus derechos constitucionales en sus respectivas áreas laborales[15]. Como es el caso de Rubén González, sometido a tribunales militares a pesar de su condición civil y de dirigente sindical en la empresa Ferrominera[16]. Rodney Alvarez, también trabajador de Ferrominera. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, ingenieros de PDVSA que denunciaban internamente casos de corrupción y fueron detenidos y torturados por el DGCIM[17], acusados de traidores a la patria y de ser “informantes de la CIA”. Javier Vivas Santana, columnista de la página web aporrea.org quien fue detenido en marzo de 2020 por sus escritos críticos hacia el gobierno[18]. El dirigente político y comunicador Nicmer Evans, detenido en julio de 2020, acusado de “instigación al odio”[19].

La llamada “Ley contra el odio” aprobada por la inconstitucional “Asamblea Nacional Constituyente” en noviembre de 2017[20], ha permitido al gobierno perseguir y silenciar a espacios comunicacionales y dirigentes sociales que cuestionan de alguna forma las irregularidades en la acción gubernamental. Es una ley que se aplica únicamente contra los que de alguna forma hacen oposición política o social al gobierno. El mismo presidente Maduro y muchos de sus ministros y principales exponentes del PSUV permanentemente hacen pública apología al odio hacia sus opositores, sin que hasta el presente se haya levantado ninguna investigación contra ellos. Es una ley “ad hoc” utilizada como arma de control social y represión política de acuerdo a su conveniencia.

La persecución al periodismo crítico también se expresa en el bloqueo de páginas web que publican denuncias y opiniones sobre la política nacional, como ha sucedido por años con el bloqueo a la web aporrea.org y otras. Esta política contra todos los espacios de crítica y denuncia se manifiesta también en la campaña que el propio presidente Maduro[21] y Diosdado Cabello han generado contra la organización Provea[22], de relevante trayectoria por 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

La política ultraneoliberal de salarios de hambre (Salario Cero) que ejecuta desde hace años el gobierno de Maduro es otro escenario de violación de derechos humanos fundamentales y de la propia constitución nacional[23]. La remuneración del trabajo ha desaparecido en la Venezuela supuestamente “socialista” de Maduro, pues hoy el salario mínimo más el bono de alimentación apenas superan los tres (3) dólares mensuales, contrastando esa dura realidad que vivimos todos los trabajadores en este país con los salarios mínimos del resto de países latinoamericanos[24] que no se reivindican como “socialistas” ni “obreristas”: Uruguay, 462 dólares mensuales; Chile, 431; Ecuador 394; Paraguay, 355; Argentina 298; Perú, 275; Brasil, 257; Colombia, 254; México, 156; y Haití, 59. La supervivencia de los trabajadores y sus familias en Venezuela está en grave riesgo debido a la imposibilidad de alimentarse y mucho menos de cubrir otros gastos básicos con un salario de tres dólares al mes.

La violación de los derechos humanos se extiende a múltiples expresiones de los derechos sociales consagrados en la Constitución, como lo son:

  • El derecho a la salud. Señalando el déficit en médicos y enfermeras debido a la enorme migración debido a los bajos salarios; unido a las carencias de equipos, insumos médicos y medicinas para atender pacientes en los hospitales públicos y ambulatorios. La disminución de campañas preventivas de vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas desde hace décadas (como la malaria y la tuberculosis)[25].
  • El derecho a la seguridad social, en donde resalta la casi desaparición del valor real de las pensiones, cuyo monto hoy apenas supera un (1) dólar mensual. Los ciudadanos pensionados, por razones obvias de su edad y en muchos casos sus condiciones de salud, no están en posibilidad de buscar otras fuentes de ingresos distintas a la pensión. Lo que ha colocado a centenares de miles de ancianos al borde de la inanición por la incapacidad de alimentarse ni siquiera un día con el ingreso que perciben del estado.
  • El derecho a la educación, al reducir al mínimo y casi desaparecer los presupuestos destinados al sistema educativo en todos sus niveles. Resaltando la desaparición absoluta del financiamiento a la investigación científica en las universidades y de todas las actividades relacionadas (adquisición de equipos y materiales, compra de libros y otras publicaciones, asistencia a eventos nacionales e internacionales). Hoy en día Venezuela es un país en el cual ha desaparecido la investigación científica como tal, salvo contadas excepciones sustentadas en financiamientos privados y en el esfuerzo personal de los propios investigadores de las universidades públicas.
  • Los derechos de los pueblos indígenas, en donde resalta todo un conjunto de violaciones ubicadas en la explotación del Arco Minero del Orinoco[26] y en las recientes resoluciones del CNE eliminando el voto directo de los pueblos indígenas para elegir la Asamblea Nacional[27].
  • La violación de prácticamente todos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), resaltando el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018[28], que desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
  • La violación de derechos humanos también se viene presentando en el trato que el gobierno viene dando a los venezolanos que regresan de otros países debido a la pandemia. Al calificar como “bioterroristas” a los connacionales que regresan a través de pasos fronterizos ilegales[29] (trochas), se genera una instigación al odio y se abre la puerta a la represión policial-militar, se expone al desprecio público y se somete de hecho a malos tratos, a todos los ciudadanos que están regresando al país porque perdieron sus trabajos en los respectivos países adonde habían emigrado. Más aún cuando se constata que el ingreso “legal” al país por los pasos fronterizos está sumamente restringido y en algunos casos inexistente. El llamado “plan vuelta a la patria” de Maduro ha terminado en su contrario: “no regresen, que aquí no los queremos”.

En resumen, la violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra constitución y las leyes de la República ha sido una constante durante el gobierno de Nicolás Maduro, y se ha mantenido y en algunos casos acentuado durante los meses de cuarentena decretados con motivo de la pandemia del coronavirus. De facto, el gobierno mantiene un estado de excepción permanente, suspendiendo garantías constitucionales que no pueden ser obviadas en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el debido proceso, el derecho a la información y demás derechos intangibles (artículo 337 de la Constitución).

Más allá de denunciar esta grave situación que está convirtiendo a Venezuela en un territorio donde no existe el imperio de las leyes, y el abuso contra los ciudadanos es una política de estado, consideramos que hoy más que nunca se plantea la necesidad de una solución urgente a la profunda crisis que en todos los órdenes atraviesa el país. Una solución que, como hemos propuesto reiteradamente en el último año, debe buscarse por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, a partir de acuerdos consensuados entre todos los sectores políticos y sociales del país.

República Bolivariana de Venezuela, 05 de agosto de 2020.

Santiago Arconada, Juan García, Edgardo Lander, Roberto López Sánchez, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos, Esteban Emilio Mosonyi, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio.

 

[1] GNB presuntamente asesinó a un hombre e hirió a otro por reclamar abusos en estación de gasolina.

https://www.aporrea.org/ddhh/n357398.html

[2] Detenidos 4 gnb que iban con el capitán investigado por muerte en 'bomba' de Anzoátegui.

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Detenidos-4-gnb-que-iban-con-el-capitan-investigado-por-muerte-en-bomba-de-Anzoategui-20200726-0043.html

[3] Mataron a un pescador en isla de Toas en protesta por gasolina. https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-un-pescador-en-isla-de-Toas-en-protesta-por-gasolina-20200716-0076.html

[4]https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1286900373031202816

[5]https://efectococuyo.com/la-humanidad/livia-gouverneur-del-icono-de-lucha-al-desalojo-de-estudiantes/

[6]https://www.elnacional.com/venezuela/iris-varela-tras-asesinato-de-su-escolta-la-actuacion-aberrante-de-esos-funcionarios-no-quedara-impune/

[7]https://twitter.com/irisvarela/status/1271897496927834113/photo/4

[8] Homicidios en Venezuela: vamos de nuevo con las cifras.  Keymer Ávila | Sábado, 28/03/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a288589.html

[9] ¿Cómo se organiza la violencia desde el Estado en Venezuela? Por: Keymer Ávila | Lunes, 22/06/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a291996.html

[10] Diputado Chavista De La ANC Vivió En Carne Propia Atropello De La FAES.  julio 18, 2020. https://monitordolarvzla.com/diputado-chavista-de-la-anc-vivio-en-carne-propia-atropello-de-la-faes/

[11] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

[12]https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/30/los-abogados-del-concejal-fernando-alban-difundieron-evidencias-de-las-torturas-que-sufrio-antes-de-morir-bajo-custodia-del-sebin/.

[13]https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/28/a-un-ano-del-asesinato-de-rafael-acosta-arevalo-la-esposa-del-capitan-detallo-la-brutal-tortura-que-sufrio-el-militar-por-parte-de-la-dictadura-chavista/

[14] Qué se sabe de Rafael Acosta Arévalo, el militar que murió bajo custodia en Venezuela. BBC News Mundo.

1 julio 2019.   https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48824174

[15] Existen hoy en Venezuela varios centenares de presos políticos, incluyendo un centenar de militares.

[16]https://eldiario.com/2020/07/31/ruben-gonzalez-simbolo-para-los-trabajadores-detenido-por-el-regimen/.

[17] Dirección general de contrainteligencia militar.

[18]https://talcualdigital.com/dgcim-detiene-a-periodista-javier-vivas-santana-aun-se-desconocen-los-motivos/

[19]https://www.cinco8.com/periodismo/detenido-el-politologo-nicmer-evans/

[20]https://cpj.org/es/2017/11/nueva-ley-contra-el-odio-de-venezuela-se-propone-s/.

[21]https://www.elnacional.com/venezuela/nicolas-maduro-acuso-a-la-ong-provea-de-ser-financiada-por-la-cia/

[22] Programa Venezolano de educación-acción en derechos humanos.

[23] Venezuela: ¿Por qué tenemos el salario más bajo del mundo?. Manuel Sutherland. 03/05/2020. https://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-por-que-tenemos-el-salario-mas-bajo-del-mundo

[24]https://es.statista.com/estadisticas/1077860/america-latina-salario-minimo-mensual-por-pais/.

[25]https://www.voanoticias.com/archivo/oms-sistema-de-salud-de-venezuela-sigue-en-ca%C3%ADda-libre#:~:text=GINEBRA%20%2D%20%2D%20La%20ONU%20y%20las,alguna%20vez%20se%20consideraron%20vencidas.

[26] Informe: Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia. 17/07/2020. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/17/informe-situacion-de-la-amazonia-venezolana-en-tiempos-de-pandemia/

[27]https://oevenezolano.org/2020/08/el-cne-continua-violando-la-constitucion/

[28] Memorando-circular nº 2792. Lineamientos a ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. 11/10/2018. Publicado en: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-marcharon-en-Caracas-contra-el-plan-de-ajuste-de-Maduro-y-los-empresarios

[29]Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos” afirmó el padre Numa Molina, muy vinculado políticamente al gobierno de Maduro. https://twitter.com/numamolina/status/1283375042081030146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283375042081030146%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aporrea.org%2Fmedios%2Fa293118.html Declaraciones similares las ha dado el mismo presidente Maduro y otros altos funcionarios como Freddy Bernal.

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Jueves, 25 Junio 2020 10:50

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

 

 

 

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Publicado enEdición Nº269
Miércoles, 24 Junio 2020 18:01

Las lecciones del patrullero Zúñiga

https://www.flickr.com/photos/policiacolombia/5885648462/

La negativa a cumplir una orden por parte de un patrullero permite aproximarse a las concepciones sobre el ejercicio de la fuerza policial en nuestra sociedad. El hecho se constituye en una ventana de oportunidad para cuestionar los significados hegemónicos de heroísmo, profesionalismo y cumplimiento del deber, propios de una concepción militarista de la policía, pero también revela las limitaciones que tal cuestionamiento enfrenta.

 

El pasado martes 9 de junio un patrullero de la Policía Nacional con diez años de antigüedad en la institución, Ángel Zúñiga Valencia, se negó a cumplir una orden de desalojo contra una comunidad asentada en la ribera del río Pance, en uno de los sectores rurales de Cali.

El hecho se conoció por un video difundido masivamente en las redes sociales virtuales. De fondo se puede apreciar una máquina retroexcavadora preparándose para tumbar las viviendas y cultivos de la comunidad, mientras distintas voces felicitan y aplauden al policía, a quien se ve entregando su arma de dotación y su radioteléfono, ofreciendo retirarse el uniforme y esgrimiendo las razones para negarse a cumplir la orden:

“[…] yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos […] es algo injusto lo que están haciendo en este momento: no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”.

El caso no parece ser aislado, si se tiene en cuenta que en días anteriores también rotaron por las redes sociales virtuales videos de otros agentes de policía explicando por qué se negaban a desalojar vendedores ambulantes, pese a las restricciones impuestas por el confinamiento, pero permite observar las representaciones colectivas que se han construido sobre la Policía y avizorar posibilidades de transformación.

Deconstruyendo el heroísmo

De inmediato se produjo una ola de apoyo virtual al patrullero Zúñiga, de “tendencias” en las redes sociales y, por consiguiente, una disputa por el significado del hecho. Al menos temporalmente se operó un movimiento de resistencia respecto del discurso hegemónico sobre las Fuerzas Armadas instituido desde los tiempos del primer gobierno Uribe (2002-2006), que hasta cierto punto muestra sus fisuras.

En efecto, hubo una deconstrucción y resignificación de la categoría de “héroe”. Desde arriba, el marketing oficial basado en la atribución de esa dignidad a soldados y policías -“los héroes en Colombia sí existen”- los presenta defendiendo a la población de enemigos externos al orden social, como la delincuencia y la insurgencia armada.

En contraste, desde abajo, ahora se le confería dicho reconocimiento a un agente por defender a una comunidad desamparada frente a los atropellos e injusticias del propio establecimiento. Frente a las noticias de abuso de autoridad, corrupción y extralimitación en el uso de la fuerza, que ocupan cotidianamente tanto los medios masivos de comunicación como las mismas redes sociales, el ideal de heroísmo pareció coincidir con su expresión fáctica.
En este registro se ubicaron los mismos pobladores objeto del desalojo, que llamaron al policía “un ejemplo”, “un buen ser humano”, “un verdadero héroe”, así como los miles de ciudadanos que aplaudieron su actitud en las redes y los 40 congresistas de la bancada alternativa, quienes propusieron conferirle una condecoración al Patrullero y solicitaron que no fuera sancionado.

Así, el enmarcado de la situación dejó poco margen de maniobra a los custodios de la “institucionalidad” puesto que el hecho al mismo tiempo era positivo, un policía se convertía en héroe en un contexto en que otro miembro de la Institución es acusado de asesinar a un ciudadano afrocolombiano y en que se han presentado innumerables abusos en la implementación de las medidas de confinamiento por la pandemia, y negativo, pues se negaba a cumplir una orden.

La corrección política
se oficializa

Paradójicamente, una acción juzgada por la opinión pública como “buena” no podía ser capitalizada como propaganda, al nivel de los policías cantando y bailando para amenizar la cuarentena en algún vecindario o repartiendo bolsas con pan. Por esa razón, en la disputa por el significado del evento el contradiscurso fue necesariamente ambiguo y políticamente correcto. Quien mejor lo sintetizó fue el brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali:

“Los policías de Colombia en el cumplimiento del deber nunca perdemos nuestra condición humana; sin embargo, frente a orden legítima expedida por la autoridad judicial o administrativa correspondiente no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber”.

En uno de los lados de la balanza imaginaria se ubicó la “humanidad” o “condición humana” del Patrullero y en el otro, mucho más pesado por supuesto, el cumplimiento del “deber” y la ley. Este concepto fue repetido, casi con las mismas palabras por el presidente Iván Duque, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y numerosos “formadores de opinión”.

La cuestión del “deber”, y con él del profesionalismo, se redujo de esa manera a un problema legal. El exdirector de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert sancionó al respecto: “El policía está para cumplir órdenes. Se obliga a cumplir la ley y hacer cumplir la ley”.

Al patrullero Zúñiga se le abrió un proceso disciplinario que en rigor no podrá avanzar, pues estaba obedeciendo la Constitución y por tanto cumpliendo su deber, máxime en el momento de emergencia debido a la pandemia, e igualmente hacía objeción de conciencia, que al ser individual no tendría por qué afectar el operativo.

La ley y la ideología

Pero las minucias legales que en contra del patrullero se esgrimen lo que envuelven, en últimas, es una concepción ideológica sobre el deber y el profesionalismo en la Policía. De esa manera, el discurso oficial sobre el suceso reproduce las limitaciones tanto del concepto del deber como de profesionalismo en que se asienta hoy la labor represiva de esta institución. Se trata de dos concepciones totalmente anacrónicas, sobre todo si se piensa en que formal y oficialmente la sociedad colombiana se encuentra en un período de “postconflicto” y en medio de un proceso de construcción de paz.

En efecto, el deber y el profesionalismo esgrimidos para argumentar que las órdenes solo se pueden cumplir, perviven en la Policía únicamente porque los intentos de reformar la estructura militar hoy prácticamente caduca, que le confirió el gobierno de Rojas Pinilla (1953) a fin de despolitizarla, han sido infructuosos. La reforma realizada en esta materia en 1993 (Ley 62) fue prácticamente cosmética.

Por un lado, redujo el concepto de “profesionalismo” a la exigencia de un grado mínimo de preparación académica formal, el bachillerato, para ingresar a la carrera policial. La mística y la vocación de servicio insertas en el concepto de “deber”, reducida a un artilugio jurídico entre los críticos del patrullero Zúñiga, se reemplazó desde el principio por un requisito burocrático, que ni siquiera es suficiente para garantizarlas.

Por otro lado, mantuvo la estructura jerárquica calcada del ejército y, por consiguiente, unas relaciones de mando-obediencia totalmente verticales. La reforma no unificó la estructura de la Policía, de tal manera que permitiera el ascenso de todos los efectivos en los mismos rangos en función de su antigüedad, desempeño o preparación, sino que se limitó a reemplazar el antiguo rango de “suboficiales” por un “nivel ejecutivo”, manteniendo como un rango aparte y superior a los oficiales.

En esta estructura, mientras la oficialidad una vez culmina su proceso de formación accede a un título profesional, análogo al de las profesiones liberales, el nivel ejecutivo no. En el fondo, se reproduce una concepción en donde los rangos inferiores de este último nivel se conciben como operarios o instrumentales, casi como herramientas, antes que como agentes capaces de enfrentar decisiones complejas, reflexionar y decidir. Estas son tareas que, al menos teóricamente, se mantienen en el rango de oficiales.

Otra noción del deber
y del profesionalismo

De ahí que se asuma que el cumplimiento de las órdenes es irreflexivo, y más si de un agente del “nivel ejecutivo” se trata. Este supuesto es totalmente contrario a una noción más amplia de profesionalismo, que tenga en cuenta las particularidades de la función de un efectivo de la policía y sus enormes diferencias con las tareas que un soldado está llamado a desempeñar.

La interacción permanente con la ciudadanía y la comunidad le imponen al policía la necesidad de deliberar, ponderar, reflexionar, e incluso negociar, antes de tomar decisiones y actuar, y por supuesto mucho antes de emplear la fuerza, que debe ser siempre recurso de última instancia. Es ese conjunto de tareas las que le permiten al policía entender el entramado de los problemas que está llamado a resolver. Pero además le proporcionan un acercamiento a la gente, que no solo dota de legitimidad su acción sino que fundamentalmente posibilita el reconocimiento de sus interlocutores como ciudadanos, sin ningún tipo de distinción.

Por consiguiente, el cumplimiento ciego de una orden no solo puede afectar negativamente el profesionalismo sino que también puede ser contrario al deber, incluso reducido a la subordinación de la acción del policía a la Constitución y la ley. De hecho, una consecuencia de esa concepción es el creciente distanciamiento entre los policías y los ciudadanos. En particular en tareas de choque, como la contención de la protesta, las personas que en ella participan tienden a ser vistos como “enemigos”, más que como ciudadanos ejerciendo derechos, en lo que constituye un legado nocivo de las doctrinas contrainsurgentes.

Desde esta perspectiva, el patrullero Zúñiga, lejos de faltar al deber y al profesionalismo, nos permite apreciar una concepción alternativa y contrahegemónica de los mismos, pues se tomó el trabajo de reflexionar, ponderar y reconocer a las personas objeto del desalojo.

Explícitamente ponderó la orden judicial en relación con sus deberes en el marco de la Constitución y el respeto de los derechos humanos, pero también teniendo en cuenta el contexto particular de emergencia por la pandemia y la prohibición de los desalojos. Así declaró en una entrevista: “[…] Yo soy policía, pero si yo veo que las cosas están mal, cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión: si camino ciego o abro los ojos [...] Las cosas que yo hice las hice como me manda la Constitución política”.

En ningún momento puso en riesgo la seguridad personal de sus compañeros policías, ni de los funcionarios o la comunidad, puesto que lo primero que hizo fue despojarse de su arma de dotación. Pero sobre todo, fue capaz de reconocer en la comunidad objeto del desalojo, quienes han infringido la ley, ciudadanos en toda la extensión del concepto, es decir, personas con las cuales también tiene la obligación de resguardarles sus derechos. En la entrevista con la revista Semana dice: “defendí los derechos de unos ciudadanos que no tenían a nadie que los apoyara, absolutamente, doctora, no tenían a nadie que los apoyara. Estaban desamparados, totalmente desamparados”.

¿Más policías como el patrullero Zúñiga o menos policía?

El caso de este patrullero ha significado una oportunidad para cuestionar ciertas prácticas y discursos dominantes sobre la Policía, como el heroísmo y los conceptos de deber y profesionalismo. Sin embargo, los cuestionamientos concretos han sido bastante limitados. Se han concentrado en la persona del Patrullero, resaltando su valor al oponerse a cumplir una orden injusta, pero no se ha transitado al cuestionamiento de la orden misma, esto es, de la función ultra-represiva que ha terminado por adoptar la Policía, ni a la injustica que implica el desalojo.

La discusión no fue más allá de reivindicar “más policías como el patrullero Zúñiga”, ubicando así los problemas que el suceso desnudó, la injusticia del desalojo y las funciones represivas de la institución policial, en el plano de las personas, de la ética y de la moral, más que en el terreno de las estructuras, las instituciones y la política. Por ejemplo, no se planteó la necesidad de menos policía y menos represión o de otro tipo de policía, de procedimientos policiales.

En suma, si por un lado el caso evidencia un hartazgo con una sociedad altamente represiva y una policía militarizada encargada de ejercer esa represión, por otro lado permite observar las dificultades que se tienen a la hora de cuestionar radicalmente el estado de cosas.

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En repudio al racismo, miles de personas marcharon ayer en el centro de Atlanta convocadas por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.Foto Ap

Cae el orgullo de ser estadunidense, según sondeo // Forense determina que el caso de Brooks fue homicidio

 

Nueva York. Comienza la cuarta semana de protestas por la violencia racista oficial en Estados Unidos nutrida por más casos de abusos de fuerza policiaca, lo que ha profundizado el debate sobre reformas y ha creado una emergente crisis dentro de las filas de seguridad pública, mientras –entre la pandemia del Covid-19 y la pandemia del racismo– los estadunidenses ya no están tan orgullosos de su país.

La jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields –una reformadora–, entregó su renuncia horas después de que uno de sus policías asesinó a Rayshard Brooks, otro afroestadunidense, el viernes pasado. El servicio forense del condado donde se ubica esa ciudad determinó la noche del domingo que la muerte de Brooks fue homicidio causado por dos balazos que policías blancos le dieron por la espalda. El lunes, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció una serie de reformas inmediatas sobre el uso de fuerza por policías.

Mientras, la Casa Blanca dejó saber que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva, posiblemente hoy, sobre el tema de abuso policiaco, pero reiterando su apoyo a "la ley y el orden", aunque obviamente procediendo bajo presión de la opinión pública que de manera mayoritaria apoya el grito masivo en las calles.

Por su parte, legisladores demócratas se preparan para aprobar en la Cámara de Representantes –donde tienen mayoría– un proyecto de ley que incluye una serie de reformas a la conducta policiaca, entre ellas mayor rendimiento de cuentas, pero es improbable que prospere en el Senado, bajo control republicano, y menos que sea promulgado en ley por el presidente.

El casi abanderado demócrata para la presidencia, Joe Biden, se encuentra bajo presión para anunciar propuestas más ambiciosas que su sugerencia de incrementar –justo contrario a una de las demandas de los manifestantes– el gasto federal para la policía por 300 millones de dólares para impulsar mayores controles.

En Nueva York, el comisionado de policía, Dermot Shea, anunció de manera sorpresiva que la unidad anticrimen violento compuesta por unos 600 agentes de policía y responsable de la mayoría de casos de uso de fuerza letal, será desmantelada.

Estas son sólo algunas de las promesas de reforma en respuesta a la ola de protestas que siguen sacudiendo al país, pero líderes de derechos civiles, historiadores y diversos protagonistas de este movimiento critican que este debate sobre reformas no es nuevo ni suficiente.

Como para ilustrar eso, en las últimas semanas y meses, jefes de varios departamentos de policía han sido despedidos o han renunciado, entre ellos, hace hace unos días, el de Louisville, Kentucky; y, en los últimos meses, en Chicago y Baltimore, entre otros, adonde llegaron para reformar esos departamentos después de severos abusos de fuerza e impunidad.

A su vez, algunos policías señalan que a veces ellos son los chivos expiatorios de los políticos que giran las órdenes que ellos cumplen, sólo para después ser acusados de abusos. “No nos traten como animales… Los legisladores nos han abandonado”, chilló Pat Lynch, jefe del gremio de policías en Nueva York hace unos días.

Ante esto, está creciendo el coro entre manifestantes con la nueva consigna de "desfinanciar a la policía" o hasta abolir los departamentos de policía para sustituirlos con otro tipo de protección de seguridad pública.

El concejo municipal de Minneapolis ya aprobó la medida de disolver su departamento de policía y en otras ciudades, incluidas Nueva York y Los Ángeles, se está contemplando reducir los presupuestos de la policía y trasladar esos fondos a programas sociales.

Críticos han señalado que esos presupuestos se han multiplicado en años recientes, junto con el sistema penal que encarcela a más gente que cualquier otro país del mundo, que se ha militarizado la policía con la compra de equipo de guerra y estrategias de "ocupación" de comunidades, mucho de ello justificado en las últimas dos décadas como parte de la lucha antiterrorista, y antes de eso como parte de la "guerra" contra las drogas.

El presupuesto del departamento de policía de Nueva York es de 6 mil millones de dólares, lo cual lo colocaría como el número 33 de los gastadores militares en el planeta, calculó Public Citizen.

A la vez, algunos están subrayando que la violencia policiaca es sólo una expresión del racismo sistémico en Estados Unidos, y que una solución tiene que abordar la violencia de las injusticias económicas y sociales contra minorías que prevalecen en el país.

“Nunca hemos sido testigos de manifestaciones sostenidas de estas dimensiones y tan diversas… eso es lo que le está dando mucha esperanza a la gente. Antes, muchos, en respuesta a la consigna ‘las vidas negras valen’, preguntaban ‘¿no deberíamos decir que todas las vidas valen?’ Pero finalmente están entendiendo que mientras la gente afroestadunidense es tratada de esta manera, mientras continúe la violencia del racismo tal como está, entonces nadie está seguro”, comentó la veterana luchadora de liberación afroestadunidense y derechos civiles Angela Davis en entrevista con The Guardian.

Quizá por todo esto, el "orgullo nacional" de los estadunidenses se desplomó a su nivel más bajo. Según la encuesta de Gallup, el nivel de orgullo de ser estadunidense sufrió un declive de 7 puntos a sólo un 63 por ciento comparado con el año pasado, para llegar a su nivel más bajo desde que la encuestadora empezó a registrar esta opinión en 2001.

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Manifestantes organizaron ayer un funeral simbólico de George Floyd, en Los Ángeles. El afroestadunidense murió al ser arrestado por un policía blanco en Minnesota. Foto Afp

Demócratas presentan ambicioso proyecto para transformar el sistema de seguridad pública

 

Nueva York. La ola de protestas a escala nacional cumple dos semanas de acciones en cientos de ciudades y su incesante presión ya ha provocado cambios políticos y sociales, desde una nueva ronda de propuestas de reforma de las fuerzas policiacas a nivel local y federal, obligando al sector empresarial a reconocer el nuevo movimiento de derechos civiles y hasta haciendo hincar a jefes de policía, alcaldes, legisladores locales y federales en solidaridad con la demanda central de frenar la violencia oficial racista.

Durante las dos semanas desde que el asesinato del afroestadunidense George Floyd por policías en Minneapolis detonó las grandes movilizaciones –primero en respuesta a la brutalidad policiaca y que ahora abarca la justicia racial–, esta expresión sin precedente en décadas sigue sacudiendo y sorprendiendo al país y su cúpula política.

El impacto casi inmediato de esta inesperada ola se registra con intentos de políticos en responder a algunas de sus demandas, después de arrestar a más de 10 mil manifestantes, imponer toques de queda y más incidentes de violencia policiaca.

Ayer, el liderazgo demócrata en ambos cámaras del Congreso presentó un ambicioso proyecto de ley de reforma de seguridad pública en Estados Unidos, que incluye prohibir ciertas tácticas de fuerza para someter a sospechosos o ingresar a sus hogares y crear un proceso independiente para investigar abusos en el uso de fuerza, entre otras medidas.

Pelosi y otros legisladores también se arrodillan

Esto, después de que en el Capitolio la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores, se hincaron –como lo han hecho repetidamente alcaldes y jefes de policía– para expresar su solidaridad con la demanda del movimiento de poner fin a la violencia racista de la autoridad.

La nueva exigencia de los manifestantes de costa a costa es recortar o anular el financiamiento de la policía y emplear esos fondos públicos para programas sociales. Tal vez la respuesta más dramática a esta demanda se dio en Minneapolis, escenario del crimen que detonó estas protestas, donde el concejo municipal votó por disolver el departamento de policía y crear un sistema de seguridad público alternativo; sería el primer caso de una ciudad importante en hacerlo.

Varios alcaldes, incluidos los de las ciudades más grandes del país, han sido obligados a comprometerse a reformas en sus departamentos de policía y reconocer sus fracasos para hacerlo hasta ahora. En Nueva York, la ciudad más grande del país, el alcalde Bill De Blasio prometió reformas, entre ellas una reducción en el presupuesto de la policía para emplear esos fondos en servicios sociales y promover mayor transparencia sobre la disciplina de esas fuerzas; algo parecido anunció su contraparte Eric Garcetti en Los Ángeles.

En California, el gobernador Gavin Newsom llamó a poner fin a una serie de tácticas de sometimiento empleadas por fuerzas policiacas, mientras en Seattle y otras ciudades, alcaldes y jueces han ordenado el cese del uso de gas lacrimógeno y otras herramientas químicas para contener disturbios.

Las protestas también han obligado a múltiples empresas nacionales, desde Amazon hasta Viacom, y tiendas departamentales a expresar apoyo explícito a uno de los lemas del movimiento: Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), en su publicidad.

A la vez, las movilizaciones han sacudido a los medios: el jefe de opinión del New York Times se vio obligado a renunciar después de publicar un artículo que apoyaba el envío de tropas para sofocar las protestas, el editor ejecutivo del Philadelphia Inquirer renunció el sábado pasado tras publicar un reportaje con el título: Los edificios también importan, y en Pittsburgh el periódico Post Gazette provocó ira dentro y fuera de su redacción luego de prohibir que dos de sus reporteros afroestadunidenses cubrieran las protestas porque habían mostrado "prejuicio".

Todo, mientras Donald Trump repite una y otra vez: "Yo quiero LEY y ORDEN".

Su aparente contrincante demócrata Joe Biden visitó a la familia de Floyd en Houston ayer, algo que el presidente no se ha atrevido a hacer.

Mientras, 80 por ciento de los votantes opina que "las cosas están generalmente fuera de control" en Estados Unidos, según una encuesta de NBC News/Wall Street Journal.

Por David Brooks

Corresponsal

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Manifestantes ayer sobre la avenida Pennsylvania, en Washington, en repudio a la muerte del afroestadunidense George Floyd en un caso de brutalidad policiaca. Foto Afp

Nueva York. En el noveno día de protestas de decenas de miles de personas en todo el país, la amenaza de represión militar del comandante en jefe fue repudiada por el secretario de Defensa y condenada por el ex titular del ramo y dos ex jefes del estado mayor, mientras se presentaron cargos criminales contra todos los policías involucrados en el muerte de George Floyd en Minneapolis, incidente que detonó las mayores movilizaciones sobre derechos civiles en más de medio siglo.

Una vez más, decenas de miles de personas salieron a las calles en manifestaciones generalmente pacíficas desde la capital Washington, hasta Denver, Minneapolis, Nueva York y Los Ángeles, en una expresión incesante de indignación por la violencia racista oficial, y en desafío a las medidas de control que incluyen toques de queda, el despliegue de Guardia Nacional en la mitad de los estados del país, y un presidente que proclama que impondrá "la ley y el orden".

La amenaza de Trump de militarizar la represión en las manifestaciones continúa generando expresiones de desacuerdo y hasta condena, entre las cuales la que más sorprendió ayer es la del secretario de Defensa, Mark Esper, quien expresó que se oponía a la propuesta de su jefe de usar la Ley de Insurrección de 1807, ya que ésta debe ser empleada sólo en “las situaciones más urgentes y severas… No estamos en una de esas situaciones ahora”.

Fuentes dentro de la Casa Blanca filtraron a medios que Trump estaba "molesto" con los comentarios de su secretario de Defensa. Poco después, la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, respondió ominosamente a la pregunta sobre si Esper aún contaba con la confianza de su jefe: “por ahora, el secretario Esper es todavía ‘el secretario Esper’”.

Luego, el ex titular de Defensa de Trump, general James Mattis, sacudió la capital al romper el silencio por primera vez desde que dejó ese gobierno y condenó al comandante en jefe, a quien acusó de dividir al país recordando que “la consigna de los nazis en la Segunda Guerra Mundial para destruirnos era ‘dividir y conquistar’, mientras la respuesta estadunidense es ‘en la unión está la fuerza’”.

Mattis escribió en un comunicado: “He observado los eventos de esta semana enojado y aterrado… Las protestas son definidas por decenas de miles de personas de conciencia que insisten en que cumplamos con nuestros valores…. Necesitamos rechazar y hacer que rindan cuentas aquellos que desde sus puestos se burlan de nuestra Constitución.”

“Estamos viendo las consecuencias de este esfuerzo deliberado… y sin liderazgo maduro”, e invita a “unirnos sin él (Trump), sobre las fuerzas inherentes en nuestra sociedad civil… se lo debemos a nuestros conciudadanos, a generaciones del pasado que sangraron para defender nuestra promesa, y a nuestros hijos”. Concluyó que juró defender la Constitución al sumarse a las filas militares hace 50 años y "nunca soñé que a tropas que han tomado ese mismo juramento les sería ordenado, bajo ninguna circunstancia, violar los derechos constitucionales de sus conciudadanos".

Los conciudadanos no son el enemigo: almirante Mullen

Otro ex jefe del estado mayor (el general Martin Dempsey fue el primero) condenó al comandante en jefe. El almirante retirado Mike Mullen escribió: "no puedo permanecer en silencio", y acusó que se ha demostrado "el desdén de Trump hacia el derecho a la protesta pacífica en este país, el dar alivio a los líderes de otros países que se confortan con nuestros conflictos domésticos y el riesgo de politizar a hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas". Subrayó que las ciudades y los pueblos del país “no son espacios de batalla para ser dominados, y nunca deben serlo… nuestros conciudadanos no son el enemigo, y nunca deben serlo”.

En los últimos días, todos los ex comandantes en jefe vivos –Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama– se han pronunciado en torno al asesinato de Floyd, el problema de la fuerza excesiva empleada por policías y el racismo en Estados Unidos, en apoyo a las protestas pacíficas, y de manera explícita o implícita, criticado a Trump.

Pero el jefe de la Casa Blanca continuó defendiendo sus posiciones y despotricando contra sus críticos y los medios en otra tormenta de tuits ayer por la mañana, en los cuales afirmó que ha hecho más por los afroestadunidenses "que cualquier otro presidente, con la posible excepción" de Abraham Lincoln. Ayer proclamó una vez más: "lo que necesita este país es la ley y el orden".

Ahora el número de tropas de la Guardia Nacional activas en Estados Unidos es equivalente al total de las fuerzas estadunidenses desplegadas en Irak, Siria y Afganistán. Más de 17 mil integrantes de la Guardia Nacional, la cual opera por ahora al mando de cada gobernador, están desplegados en 23 estados y la capital. Mientras, mantienen unidades militares en diversos puntos de la capital.

En tanto, el procurador general de Minnesotta, Keith Ellison, anunció ayer un cargo más severo de homicidio contra el policía Derek Chauvin, quien colocó su rodilla sobre el cuello de George Floyd, afroestadunidense de 46 años, durante casi nueve minutos provocando su muerte por asfixia, y agregó cargos de complicidad criminal a los otros tres oficiales que participaron en el incidente.

La familia de Floyd declaró que era bienvenido "un paso significativo hacia a la justicia". Pero aunque ese caso detonó la ola de protestas en más de 140 ciudades en casi todo el país, el movimiento expresa un hartazgo acumulado ante la larga lista de casos parecidos, todos con ecos históricos en la violencia racista oficial de Estados Unidos. Por lo tanto, justicia en el caso de Floyd es una demanda inmediata dentro de una exigencia más amplia para abordar el racismo sistémico en el país.

"Fue un linchamiento a plena luz del día", escribió este miércoles el reverendo Jesse Jackson, veterano líder de derechos civiles. "Por mucho tiempo, muy frecuentemente, los afroestadunidenses han sido brutalizados sin consecuencias", añadió en un artículo publicado en el Chicago Sun Times. "Los que declaran la ley y el orden no ofrecen ni uno ni otro a los afroestadunidenses". Concluyó que “en medio de una pandemia, algunos marchan con la esperanza de que Estados Unidos escuchará, algunos marchan sin esperanza, pero porque el silencio ya no es aceptable… Nos uniremos, o quedaremos deshechos”.

Mientras, por alguna coincidencia que muestra que existe un sentido de humor en el universo, el gobierno de Trump declaró que "honra a aquellos chinos valientes que se manifestaron en oposición a las políticas del gobierno en la Plaza Tiananmen", marcando el aniversario de lo ocurrido en 1989, cuando el gobierno "puso un fin violento" a ese movimiento con "tanques y armas".

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Incidentes en París en una marcha contra la violencia policial

La protesta fue reprimida con gases y balas de goma

Los manifestantes marcharon para pedir justicia por Adama Traoré, un joven negro de 24 años que fue asesinado en 2016 en una comisaría, dos horas después de ser detenido.

 

Una movilización en París contra la violencia policial y el racismo derivó en la noche del martes en incidentes entre los manifestantes y la policía, que reprimió la protesta con gases lacrimógenos y balas de goma. Alrededor de 20 mil franceses coparon las calles de la capital para pedir justicia por Adama Traoré, un joven negro de 24 años as esinado en 2016 en una comisaría, dos horas después de ser detenido. La prefectura había prohibido la manifestación debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, que no permite las concentraciones de más de diez personas, y también por el riesgo de "altercados". El llamado a la manifestación en París coincidió con la ola de protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, el joven de 46 años asfixiado por un policía en Minneapolis. A diferencia de lo que pasó en Francia, en ciudades como

La manifestación, que empezó al final de la tarde en la explanada delante del tribunal del nordeste de París, se vio perturbada por el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía. Los manifestantes se dispersaron por las calles aledañas y en el bulevar que rodea a la capital francesa, donde cientos de ellos bloquearon parcialmente el paso de vehículos. En ese sector se produjeron varios enfrentamientos, en los que la policía recurrió a disparos de balas de goma mientras los manifestantes intentaban defenderse lanzando proyectiles. En las calles se levantaron barricadas y algunas bicicletas fueron incendiadas. 

Al comienzo de la protesta, Assa Traeoré, hermana mayor de Adama, expresó: "Hoy no se trata solo del combate de la familia Traoré, se trata del combate de todos ustedes. Hoy, cuando peleamos por George Floyd, peleamos por Adama Traoré". Frente a la joven, vocera del Colectivo Adama, los manifestantes gritaban "Revolución" o "Justicia para Adama".

En otro tramo de su discurso improvisado, Assa manifestó: "Mi hermano murió en su cumpleaños. Se puso su camisa, tomó su bicicleta y salió a dar un paseo. Pero en Francia, un hombre negro no puede salir a dar un paseo en bicicleta", antes de acusar a la Justicia francesa de "encubrir a los agentes que mataron a mi hermano". 

El caso de Adama Traoré se convirtió en un símbolo de la violencia policial en Francia. El 19 de julio de 2016, el joven de 24 años falleció en una comisaría de las afueras de París, dos horas después de haber sido arrestado. El arresto se produjo tras una persecución por parte de gendarmes que fueron exonerados la semana pasada por la justicia francesa. Los agentes que lo atraparon lo redujeron en el suelo con una técnica policial que, según la familia, le causó la muerte horas después, al contrario de lo que afirman los peritajes realizados por la justicia. 

Esta tarde, los abogados de la familia Traoré presentaron las conclusiones de un nuevo informe médico, que fue realizado al margen del procedimiento judicial. Yassine Bouzrou, uno de los letrados, aseguró en declaraciones al canal BFMTV que "los gendarmes que lo detuvieron lo mataron" y que el juez de instrucción "hace todo lo posible para proteger a los gendarmes". 

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Doble discurso de Trump: alienta protestas en Hong Kong y reprime en casa

Las sonrisas cambiaron de bando. Ahora son los jerarcas chinos los que apuntan con el dedo al Gobierno de Donald Trump, que días atrás defendía a los manifestantes en Hong Kong como héroes, y ahora defiende en su país el toque de queda, el estado de sitio y la represión contra las protestas anti-racistas.

 

Las protestas anti-racistas tras el asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco alcanzaron 40 grandes ciudades de los Estados Unidos, conformando una oleada impresionante como no se había visto en mucho tiempo. Una de las reacciones de Trump consistió en anunciar, a través de sus redes sociales, su intención de designar al movimiento Antifa (antifascista) como organización terrorista.

La acusa de actos vandálicos, yendo mucho más lejos que las autoridades chinas frente a las protestas en Hong Kong. Una de sus frases podría haber sido pronunciada por la gobernadora de la ciudad o por algún miembro de la dirección del Partido Comunista Chino.

"Apoyamos el derecho de los manifestantes pacíficos y escuchamos sus súplicas, pero lo que estamos viendo en las calles de nuestras ciudades no tiene nada que ver con la justicia o la paz", dijo Trump en Florida, al asistir al lanzamiento de un cohete tripulado hacia la Estación Espacial Internacional.

Los medios chinos no dejaron de enfatizar en las contradicciones de Washington en el tratamiento de las manifestaciones en Hong Kong y las que suceden en EEUU ahora. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín dijo: "¿Por qué los Estados Unidos glorificaron a las llamadas fuerzas independentistas en Hong Kong como héroes, pero critican a los manifestantes estadounidenses decepcionados con el racismo?".

"¿Por qué Estados Unidos criticó a la auto-contenida policía de Hong Kong pero disparó a sus manifestantes y movilizó las tropas de la Guardia Nacional?", se explayó el ministro.

El editorial del oficialista Global Times del domingo 31 de mayo, recuerda que el gobernador de Minnesota, la ciudad donde se cometió el crimen de Floyd, dijo públicamente: "Al observar que esto se expande por todo Estados Unidos, uno comienza a ver si esto es terrorismo interno, extremistas ideológicos para radicalizar o si se trata de una desestabilización internacional de nuestro país".

La denuncia china del doble rasero de EEUU la lleva a recordar cómo las potencias occidentales apoyaron la violencia en las manifestaciones en Hong Kong: "El Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, así como el Reino Unido, simplemente echaron una mano a las manifestaciones violentas que no tenían nada que ver con sus objetivos iniciales y las elogiaron como un hermoso paisaje".

Destaca que si las autoridades chinas actuaran de forma simétrica a las de EEUU y el Reino Unido, ahora estarían apoyando la "revuelta del pueblo estadounidense", y además "exhortarían al Gobierno de los Estados Unidos a entablar un diálogo serio y negociaciones con los manifestantes y a ejercer moderación al tratar de restablecer el orden".

Por el contrario, el gobierno chino dice que Washington debería agradecerle que no se haya inmiscuido en sus asuntos internos. Así y todo, el editorial de Global Times lleva un título cargado de sorna: "El hermoso paisaje se extiende de Hong Kong a EEUU".

La frase hace referencia, según Diario del Pueblo, las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien en junio de 2019 calificó las protestas en Hong Kong como "una imagen hermosa para la vista". Miles de internautas chinos la recordaron con sarcasmo al comentar los disturbios en Estados Unidos.

"No esperábamos que los políticos estadounidenses pudieran disfrutar de este tipo de 'imágenes hermosas' en su propio país tan pronto", fue uno de los comentarios más repetidos. El diario del Gobierno chino asegura que los hashtags "disturbios de EEUU" y "los disturbios de EE.UU se extienden a 22 estados", recibieron más de 1.740 millones de visitas en la plataforma de medios sociales Sina Weibo.

La situación merece algunas reflexiones. La primera es que debería llegarse a un acuerdo en cuanto a la no intromisión de los Estados y los gobiernos en los asuntos internos de otros países, un principio que siempre había guiado las relaciones internacionales entre naciones. Es cierto que la no intromisión no implica neutralidad ante violaciones fragantes de los gobiernos hacia sus propios ciudadanos, pero deben ser éstos los que pongan límites a los gobernantes.

Este principio de no injerencia fue modificado unilateralmente por Occidente y por EEUU al adoptar la doctrina de los derechos humanos durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), como parte de su ofensiva contra la Unión Soviética.

El debate debería haberse actualizado durante la globalización, en la cual las relaciones entre naciones fueron más estrechas que en el período de la guerra fría, pero las principales potencias occidentales utilizaron los derechos humanos como arma arrojadiza contra sus enemigos geopolíticos, pasando por alto las flagrantes violaciones que cometían sus aliados o en sus propios países como sucede con el racismo en EEUU.

A mi modo de ver, la comunidad internacional no debería dar por buena cualquier actuación de los gobiernos ante sus poblaciones. Pero eso no debe ser excusa para promover bloqueos o aislar naciones, para emprender el derribo de gobiernos a través de invasiones o desestabilizaciones.

​Estados Unidos no abre la boca ante las evidentes y flagrantes violaciones que comete Arabia Saudí en Yemen, o la propia monarquía saudí contra su población (país donde las mujeres sufren enormes restricciones, incluso para conducir coches), pero pone en la lupa a los gobiernos de Venezuela y de Cuba, por ejemplo.

Por eso lo más sensato debería ser abstenerse de entrometerse en los asuntos internos de los demás países y, a la vez, difundir los valores que cada quien considere adecuados, sin esperar que los demás los adopten pero alentando un debate sereno.

En este sentido, China se ha mostrado más prudente que Washington. "La próxima vez, cuando Pelosi y otros políticos estadounidenses hagan comentarios sobre Hong Kong, deberían pensarlo dos veces", dijo Lyu Xiang, de la la Academia China de Ciencias Sociales en Beijing a Diario del Pueblo.

Lyu dijo además que con el impacto de la epidemia de COVID-19 y los disturbios, los movimientos hostiles de la Administración Trump contra China disminuirán. "Trump hablará más, pero hará menos al desafiar a China", dijo.

19:20 GMT 01.06.2020

Por Raúl Zibechi

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