Miércoles, 27 Diciembre 2017 07:21

No van al médico por miedo a la deportación

Familia de origen guatemalteco deportada el día de Navidad, en el aeropuerto de Salt Lake City, en Utah. Las disposiciones desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos han creado un clima de temor en la comunidad inmigrante que, entre otras afectaciones, inhibe a las personas de buscar ayuda médica

 

Inmigrantes, obligados a elegir entre tratamiento para salvar sus vidas o enfrentar a los agentes de la Patrulla Fronteriza

 

Nueva York.

A casi un año de iniciada la presidencia de Donald Trump, las nuevas disposiciones y políticas sobre inmigración están creando una atmósfera de temor en las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos, la cual, según expertos y críticos, inhibe a las personas de buscar la ayuda y tratamiento médico que necesitan para salvar su vida.

Entre las comunidades de indocumentados en las poblaciones fronterizas más pobres, donde no siempre se dispone de tratamientos médicos avanzados, las familias se han visto forzadas a decidir entre el tratamiento de una enfermedad grave o el riesgo de pasar por puestos de revisión de la Patrulla Fronteriza, donde los agentes ejercen una discreción menos profesional, en el gobierno de Trump, en cuanto a quién detienen.

Y una secuela problemática es que los elementos federales siguen a las personas a los hospitales, los cuales tradicionalmente se han considerado lugares delicados que los agentes de la ley deben evitar si no hay circunstancias de peligro. Los arrestos están llevando a las personas a intentar no salir para nada a lugares públicos, declaró el representante Joaquín Castro, demócrata texano cuyo distrito se encuentra cerca de San Antonio.

La gente se esconde en los lugares más recónditos y evita ir a cualquier institución. Las víctimas de violencia doméstica rehúyen acudir a la policía o a los tribunales. Personas que tienen serios problemas de salud no van a hospitales o a consultas médicas. Esto tiene un efecto increíblemente dañino en las comunidades, agregó el legislador.

En meses pasados, este tema fue puesto de relieve cuando Rosa María Hernández, una niña de 10 años que tiene parálisis cerebral, fue seguida por la Patrulla Fronteriza desde un retén mientras se trasladaba en ambulancia desde Laredo, Texas, hasta Corpus Christi para una operación de emergencia en la vesícula, que los médicos de Laredo no tenían la capacidad de realizar.

Una vez en el hospital, los agentes insistieron en tener siempre a la vista a la niña, pues afirmaron que podría huir. Al final la pusieron en custodia federal en San Antonio, donde la confundida menor preguntaba una y otra vez por su madre, quien se había visto impedida de viajar con ella por temor a la deportación.

Los puestos de revisión tácticos interiores de la patrulla están ubicados de 40 a 55 kilómetros de la frontera, y son una barrera de defensa que según el Departamento de Seguridad Interior ayuda a combatir el terrorismo, el tráfico de drogas y la inmigración indocumentada. Si bien han sido criticados por violar la Cuarta Enmienda, que prohíbe las detenciones y revisiones sin orden judicial, la Suprema Corte sostuvo su constitucionalidad en la década de 1970, afirmando que no sería práctico que la Patrulla Fronteriza cumpliera su función si necesitara órdenes individuales para cada vehículo en un retén.

Durante el primer año del gobierno de Trump se ha observado un fuerte incremento (40 por ciento) en los arrestos de inmigrantes en el interior, en comparación con la administración de Obama, pese a que las deportaciones en general han disminuido un tanto (alrededor de 6 por ciento). Para alcanzar esas cifras, las autoridades se han enfocado en indocumentados sin antecedentes penales, grupo que con Obama se consideraba que no debería ser prioritario. En el primer año, el número de inmigrantes arrestados por infracciones civiles se ha elevado 30 por ciento, y el de inmigrantes sin antecedentes penales detenidos se ha más que duplicado, según un informe del Centro de Inmigración y Aduanas.

 

Cacería de individuos sin antecedentes penales

 

Esta cacería de individuos sin antecedentes penales obliga a las personas a evitar el uso de servicios públicos. Además, los relatos de personas que son apresadas cuando solicitan atención a problemas críticos de salud tampoco ayudan a la causa. El problema es precisamente cuando vemos que la Patrulla Fronteriza puede aplicar el criterio; podría hacerlo, pero no lo hace, comenta Astrid Domínguez, experto en estrategia política de la Unión de Libertades Civiles en Texas. La Patrulla Fronteriza necesita cambiar sus políticas con respecto a personas que cruzan los puestos de revisión en busca de atención médica.

Con ese relajamiento de prioridades y aparente falta de criterio, muchas familias e individuos (como ocurrió con Rosa María) tienen que tomar decisiones difíciles cuando se trata de buscar tratamiento. Esto es reforzado por entrevistas a inmigrantes indocumentados y a personas familiarizadas con sus casos, junto con situaciones de las que ya se ha informado.

Por ejemplo, Sergio Puente señala que él se enfrentó a este problema en marzo pasado, cuando en una visita al hospital local de Laredo con su madre se enteró de que ella padecía una forma avanzada de cáncer cerebral, la cual requería un tratamiento que sólo podía conseguirse en San Antonio. Esa tarde la Patrulla Fronteriza dejó pasar la ambulancia en la que se trasladaba, pero la siguió hasta su destino, y cuando la madre fue trasladada a una parte distinta del hospital los patrulleros se negaron a informarle sobre su condición, tras lo cual estuvo tres días sin saber si ella estaba viva.

Ahora, de nuevo a salvo en Laredo, Puente comenta que no puede llevarla a ver a los médicos en San Antonio por temor de que los agentes vuelvan a recogerla y a la larga deportarla a su tierra de origen en México, la cual es presa de la violencia.

Otra inmigrante indocumentada, Evelyn Garza, afirma que la Patrulla Fronteriza impide que ella y su hijo, quien sufre síndrome de rubéola, busquen en Houston tratamiento y un entrenamiento que le permitiría comunicarse con él y atenderlo. Afirma que ningún médico en su área tiene preparación especializada para tratar esa enfermedad, por la cual su hijo, de 23 años, ha quedado sordo y ciego.

La señora Garza señala que a causa de los retenes está varada en la población fronteriza donde vive, y no puede llevar a su hijo a una población más grande. En su ciudad no hay un médico que pueda prescribir los medicamentos que él necesita, los cuales son un factor primordial en su conducta y aprendizaje.

Esos casos, junto con muchos otros que han sido reportados a activistas, pintan un panorama de miedo incrementado e incertidumbre que ha empeorado en el año anterior. Rosa María fue después entregada en custodia a un familiar y aún espera que su caso proceda.

Sergio Puente comenta que están haciendo lo más que puede con lo que tienen a la mano en su población fronteriza porque arriesgarse a la deportación para buscar tratamientos que potencialmente salven la vida a su madre no justificaría que fuese deportada a México, donde su poblado nativo parece una zona de guerra. Y Evelyn Garza, quien desde 2013 mantiene a su hijo con sus propios recursos, luego de dejar una relación abusiva, comenta que le gustaría llevarlo a recibir un tratamiento que le permitiese conectar con él, pero vive con un temor constante. Tengo miedo. No quiero que me agarre la inmigración si lo llevo, porque si eso ocurre él se quedaría solo.

 

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

 

Publicado enInternacional
Domingo, 26 Noviembre 2017 07:40

Río tiene a tres ex gobernadores presos

Garotinho y su esposa Rosinha, arrestados el miércoles por una causa de corrupción.

 

Crisis económica, narcoviolencia y corrupción en el estado vidriera de Brasil

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad.

 

Río de Janeiro, la vidriera global de Brasil, se desangra por la crisis económica, el aumento de la violencia y también por una degradación de su clase política, reflejada en la detención por corrupción de los últimos tres ex gobernadores, apenas un año después de haber albergado los Juegos Olímpicos. Para completar el cuadro de este carnaval decadente, el ex presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Río 2016, Carlos Nuzman, fue detenido acusado de haber pagado votos de países africanos en 2009 para la elección de la ciudad como sede olímpica con dinero desviado de contratos del gobierno estadual.

Este combo, al que se le agrega el récord de policías asesinados y de violencia criminal en las favelas y en los barrios tradicionales, está teñido del color verde oliva de las tropas del Ejército que ocupan la ciudad para colaborar con la seguridad pública, que generó conflictos legales porque la justicia común no tiene competencia para juzgar posibles abusos de los militares. La policía, los maestros y otros empleados públicos del estado sufren atrasos en el pago. El gobierno estadual el año pasado se declaró en bancarrota por una serie de factores, como la baja de la recaudación petrolera, en medio de la Operación Lava Jato, que detuvo grandes proyectos de la industria de hidrocarburos y refinerías sospechados de corrupción.

“Muchos gobernantes se relajaron esperando el milagro fiscal del ingreso por regalías del petróleo. Esto se convirtió en una desventaja, empujada por malas gestiones porque la estructura estatal de Río es muy pesada. El petróleo, el turismo y algo de industria mantienen al estado”, dijo el economista Fernando Pinho, de la Universidad Mackenzie.

La Operación Lava Jato se posó sobre el estado de Río de Janeiro de la mano del juez Marcelo Bretas, llamado “el Sérgio Moro carioca” por implementar la prisión preventiva y organizar operativos espectaculares contra políticos y empresarios. El primer caído fue el diputado Eduardo Cunha, mano derecha de Temer en el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que motorizó como presidente de la cámara baja el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff.

El PMDB, que tiene en Río uno de sus principales bastiones de poder, quedó arrasado, pero aún mantiene las riendas mediante el gobernador Luiz Fernando Pezao, acusado de recibir sobornos. Su jefe, el ex gobernador Sergio Cabral (2006-2014) está detenido condenado a 45 años de prisión por cobrar sobornos millonarios de empresas contratistas que hasta le compraban joyas a su esposa, Adriana Anselmo, en una sentencia polémica dictada por el mediático juez Bretas.

En los últimos diez días fueron detenidos los ex gobernadores Anthony Garotinho (candidato presidencial en 2002) y su esposa Rosinha Matheus por comprar votos en la elección municipal de 2016 en el municipio y polo petrolero de Campos dos Goytacazes, bastión de la dupla del Partido de la República. El día anterior, el martes, tres diputados del PMDB de Temer, caciques de la política tradicional de Río, fueron eje e un papelón institucional: un tribunal de segunda instancia envió a prisión a Jorge Picciani –presidente de la Asamblea Legislativa de Río y padre del ministro de Deportes, Leandro Picciani–, y de sus antecesores Edson Albertassi y Paulo Melo.

Fueron liberados por la Asamblea Legislativa, pero se entregaron nuevamente porque el tribunal consideró que la libertad de estos políticos “atenta contra la paz social de la comunidad”, ya que durante tres décadas instalaron una red de sobornos, dice la acusación, alimentada por la llamada “mafia del transporte”. Picciani se entregó en la sede de la policía federal a bordo de un Porsche. “Río se transformó en una tierra sin ley”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer, al mediar entre la disputa entre poderes, tal cual se da a nivel nacional.

Los contratos fraudulentos con el Estado de Río alcanzaron también a empresas constructoras y proveedores e incluso rozaron al conductor televisivo Luciano Huck, sondeado como candidato presidencial, un aliado del senador Aecio Neves. El socio de Huck en la red de gimnasios más grande de Brasil, Claudio Accioly, fue llevado a declarar por la fuerza para que explique por qué el gobierno de Cabral lo benefició con la baja de impuestos.

Para el columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, “muchos cariocas festejan las detenciones de políticos como el inicio de la salvación, pero estas simbolizan una tragedia. Hace poco más de un año que Río se enorgullecía por ser sede olímpica. Hoy la policía sufre la violencia fuera de control y el cierre de restaurantes populares y bibliotecas”. Declarado en bancarrota a mediados de 2016, dos meses antes de los Juegos, parte de los empleados públicos no cobraron el aguinaldo de ese año. El estado aceptó un pacto fiscal de auxilio del gobierno de Temer que lo obliga a privatizar empresas públicas, como ocurrió con la de saneamiento urbano CEDAE, donde hubo manifestaciones y represión, y el ministro de Economía, Henrique Meirelles, recomendó privatizar la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ).

El aumento de la violencia del delito, los tiroteos entre los grupos narcos de las favelas, el asesinato récord de policías y la intervención de las Fuerzas Armadas en las ciudades se suman a la crisis de identidad del segundo estado más rico del país, que fue capital del Imperio y de la República hasta 1960 y que ahora baila al ritmo de la canción compuesta por Baden Powell, “Samba Triste”. Según una encuesta de Datafolha, 7 de 10 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro dejarían de vivir en la ciudad maravillosa por causa de la violencia. En el último año, incluso, la degradación económica se vio reflejada con la aparición en situación de calle de ex gerentes y universitarios que perdieron todo, arrastrados al ritmo de este samba triste.

 

 

Publicado enInternacional
Las calles de las principales ciudades catalanas fueron abarrotadas por cientos de miles de personas para expresar su rechazo a la presencia de las fuerzas policiacas españolas.

 

Los manifestantes reiteran su llamado para que Europa intervenga y no vea para otro lado

Miles exigen en las calles el retiro de los uniformados enviados por el gobierno español

 

Cataluña vivió este martes una huelga general en la que además de la paralización casi total de la actividad económica y social, también marcharon decenas de miles de personas que repudiaron la represión del pasado domingo. La protesta asumió como propia la exigencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de exigir la salida de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la región.

Empresas, escuelas, hospitales, transporte público, servicios sociales y hasta el comercio mediano y pequeño de Cataluña respaldaron una huelga general que se convocó a raíz de la violencia de los agentes antidisturbios españoles el pasado domingo, cuando provocaron alrededor de 900 heridos en el operativo para evitar el referendo de independencia.

El paro de labores fue a iniciativa de la plataforma Taula por la Democracia, integrada por partidos políticos independentistas y de izquierda, así como sindicatos y agrupaciones civiles, pero dado el nivel de indignación fue apoyado toda la sociedad.

Las principales carreteras de Cataluña estuvieron cerradas, la actividad comercial prácticamente se paralizó en toda la región, ninguna escuela pública abrió sus puertas, numerosos comerciantes decidieron no abrir sus locales, incluso grandes corporaciones, como el FC Barcelona, no tuvieron actividades. La mayoría de las empresas que respaldaron la huelga enviaron mensajes en los que expresaron las razones del paro y su repudio a la violencia de la policía española.

El gobierno catalán realizó un seguimiento masivo de la huelga, que superó 75 por ciento en los sectores de salud y educación, y en la administración pública, donde pararon cerca de cien por ciento de los empleados de servicios centrales de los departamentos de la Generalitat. Se sumó 54 por ciento de las pequeñas y medianas empresas; en los grandes corporativos el paro tuvo menor incidencia, así como en el sector financiero. El sector turístico prácticamente funcionó con normalidad.

Decenas de miles de personas salieron de nuevo a las calles en las principales ciudades para expresar su rechazo a la presencia de los policías españoles. En Barcelona, la principal concentración se registró en la Plaza de Cataluña. También se realizaron protestas en Girona, Lleida, Tarragona y otras localidades que enarbolaron la bandera de la independencia y gritaron de nuevo: ¡Vergüenza! Afuera de las sedes de Ciudadanos y del Partido Popular, que han respaldado el operativo policial, se reportaron protestas.

En Barcelona se leyó un manifiesto: hoy hemos paralizado el país porque la ciudadanía rechaza la violencia ejercida por los agentes españoles y para denunciar la vulneración de las libertades democráticas. La represión ejercida es inadmisible y una violación flagrante de los derechos civiles. Por todo ello, el conjunto de la sociedad catalana, en su pluralidad y diversidad, sale hoy a defender un marco democrático que tenga como principal herramienta el principio del diálogo y no de la fuerza, la política y no el autoritarismo, el respeto y no la intolerancia.

Desde las calles abarrotadas de ciudadanos indignados en toda la región, insistieron en hacer un llamado a Europa para que no mire hacia otro lado e intervenga en una situación en la que ya se presentan duros enfrentamientos verbales entre vecinos y policías españoles que permanecen en la región.

Un numeroso grupo de jóvenes protestó a las puertas de la jefatura superior de policía, en Barcelona.

 

 

Publicado enInternacional
Miércoles, 04 Octubre 2017 07:20

Cataluña: cuando la democracia es ilegal

El Rey Felipe VI dirige un mensaje a los españoles

 

Europa es testigo de la movilización popular y del ejercicio de disciplina civil más importantes en su historia contemporánea. Es la enseñanza que ha dado Cataluña, lección que tiene múltiples perfiles. Entre otras cosas, Cataluña ha vuelto a mostrar que la democracia no es compatible con la injusticia, y mucho menos con la represión.

Pero hay otro corolario que se desprende de los hechos del primero de octubre. La fractura del reino de España es absoluta y no tiene compostura. En sus obsoletas ideas de Estado ha demostrado por la vía de los hechos que la democracia es ilegal, peligrosa y que no será tolerada. Las declaraciones del rey de España y los actos de gobierno del señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno, no dejan lugar a dudas: la esencia del franquismo no es ajena a la política de clase que impera en el reino de España. La unidad de España antes que nada, incluso antes del diálogo político y antes que la razón de la justicia.

Aunque la corrupción contamina la clase política que hoy condena el referendo del primero de octubre, sus miembros no han titubeado en apoyar el peor acto de represión en gran escala que se ha presentado en los últimos cuatro decenios en España. Olvidan que la represión puede frenar momentáneamente un proceso político, pero no lo puede desaparecer. Las imágenes de las cargas de la policía nacional y la guardia civil en contra de manifestantes, votantes, funcionarios electorales marcarán por siempre la bancarrota política del gobierno español. Pero aun con el lujo de la fuerza, el gobierno en Madrid no ha podido desarticular el referendo. Rajoy ha olvidado el sabio consejo de Talleyrand a Napoleón, Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas.

El tema de la legalidad rodea los debates sobre el referendo catalán. Pero con frecuencia se olvida la delicada conexión que debe existir entre ese concepto, la legitimidad y la justicia. Hablar de legalidad como si fuera una entelequia que existe en el vacío no tiene sentido. Hay que recordar que en la Alemania nazi también se hablaba de la necesidad de hacer respetar la legalidad por encima de todo. También había reglamentos y un orden en Auschwitz.

La represión que desencadenó el gobierno en Madrid en contra del pueblo de Cataluña no deja lugar a dudas sobre el verdadero sentido de la legalidad que el gobierno español quiere imponer y hacer respetar. La suya es la de una clase que sólo habla el lenguaje burdo de la dominación.

Es la misma noción de legalidad que subyace la aprobación de las reformas al artículo 135 de la constitución española en 2011. Ese precepto hoy cristaliza con gran claridad los principios a los que debe someterse todo el pueblo de España, y no sólo el catalán. En su parte medular, ese precepto impone la absurda máxima de la estabilidad presupuestaria, prohibiendo al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit que supere los márgenes fijados por la Unión Europea. Pero lo más grave es su párrafo tercero que estipula que el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta. Es decir, por encima de cualquier inversión en salud, educación, vivienda e infraestructura, están los derechos de los acreedores, aunque los créditos estén manchados de corrupción y envenenados por la especulación.

Pero ese artículo 135 contiene otro pasaje revelador: La actual situación económica y financiera no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución. Es claro que esta pseudo-justificación se refiere a uno de los momentos más álgidos de la crisis financiera. Pero esa oración, que parece escapó de los considerandos de la iniciativa de reforma, no tiene sentido como parte de un texto constitucional.

Así, la constitución que hoy es enarbolada como eje vertebral y casi eterno de la España unida es evidenciada en el artículo 135 como algo que se puede acomodar a las circunstancias si los señores del dinero así lo disponen. ¿La coyuntura de una crisis financiera elevada a rango constitucional? Todo se vale con tal de consolidar el dominio de los acreedores sobre el pueblo español. En cambio nada importa cuando se trata de un referendo y el derecho a la libre determinación de una nación.

El mensaje del rey de España, Felipe VI, es la evidencia de esa rigidez que caracteriza a los estados oligárquicos. Lejos de elevar el nivel del diálogo y de la deliberación política seria, la alocución del rey envía una señal unilateral de dureza y de respaldo absoluto a Rajoy. Censura a los catalanes, pero ni una palabra sobre la represión que el gobierno desencadenó para impedir el referendo. Ni siquiera una señal de apertura para retomar un diálogo, incluso dentro de los estrechos límites del actual Estado español. Queda claro que Felipe VI no es un estadista. El mensaje final es duro y contundente: no habrá solución negociada y sólo queda la fuerza como medio de comunicación. En este paisaje, la lucha del pueblo catalán es otro capítulo de la contienda por los valores de la democracia y la república.

 

Twitter:@anadaloficial

 

 

Publicado enInternacional
Independentistas catalanes marchan este lunes en el centro de Barcelona, tras el referendo de ayer domingo

Puigdemont demanda a Madrid disculpa por los 900 heridos

 

Barcelona. El presidente de la Generalitat de Catalunya y líder del movimiento independentista, Carles Puigdemont, exigió hoy la salida inmediata de los más de diez mil agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil españolas movilizados desde hace dos semanas para impedir la realización del referendo de independencia que se celebró ayer y que estuvo marcado por la violenta represión que dejo cerca de 900 heridos.

El mandatario catalán insistió en que mantienen la hoja de ruta trazada hace dos años y que presentarán ante el Parlamento regional el resultado de la consulta ciudadana, para que en el seno de la soberanía popular se decida el siguiente paso, que sería la declaración unilateral de independencia.

Ayer, en uno de los días más tristes en Cataluña, cambiaron muchas cosas. La indignación por el operativo policial contra ciudadanos indefensos que querían votar y la falta de proporcionalidad en algunas actuaciones de los agentes antidisturbios fueron determinantes, según el presidente catalán, para que las fuerzas que respaldan a su gobierno -Junts del sí y CUP-, además de otros formaciones como Podemos, hayan decidido reclamar de forma conjunta la salida de todas las “fuerzas de ocupación” de española del territorio catalán y además una disculpa pública por la severidad con la que se emplearon en las votaciones de ayer.

“Tiene que haber un compromiso de retirada de la violencia policial, no puede ser que las cuentas de la Generalitat sigan intervenidas y tiene que haber un compromiso para poner fin a esta situación y crear clima de distensión para que esta mediación sea leal y sincera. Debe haber un compromiso de restablecimiento de la normalidad institucional”, señaló Puigdemont, quien además solicitó a la Unión Europea (UE) una intermediación con el gobierno español para encauzar el conflicto político que viven desde hace un lustro y que ayer, con la brutal represión que indignó a toda la opinión pública europea, entró en su peor fase.

“Tenemos que hablar de esto, de la relación Catalunya-España, que es lo que se me ha dicho que no reiteradamente”. En cuanto al futuro inmediato, Puigdemont insistió en que mantienen la hoja de ruta: presentar el informe del resultad de la votación ante el Parlamento catalán y una vez analizado sea el propio pleno, a través de una votación en la que los independentistas tienen mayoría, se decida si finalmente se hace la declaración unilateral de independencia, que es lo que reclama cada vez con más ímpetu un amplísimo sector del separatismo, encabezado por las CUP, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium.

Puigdemont también informó que se han presentado 73 denuncias de ciudadanos agredidos por la policía y que espera que se depuren responsabilidades lo antes posible.

 

Publicado enInternacional
Martes, 03 Octubre 2017 06:53

La democrática España

Vacúnese contra la agresión

Mostrando al mundo cómo se ejerce la democracia

 

Han bastado unos actos de expresión ciudadana, independientemente de que la convocatoria de referéndum haya seguido o no cauces reglamentarios y haya contado o no con el consenso de la población, para ver cómo es la democracia española.

Desde fuera, el panorama que se vislumbra es desolador en lo político y crítico en lo social. Las preguntas se suceden, ¿cuál es el tema con Cataluña?, ¿por qué quieren votar y por qué no les dejan?, ¿qué hace la policía comportándose así?

Lo ocurrido en Cataluña el primero de octubre es para echarse a llorar. A sollozar de pena y de vergüenza. Lástima por la gente que es apaleada por un grupo de funcionarios uniformados que deberían estar para defender al pueblo, promoviendo la convivencia y la paz en lugar de para golpear a discreción. Y turbación por lo que supone de cara a sentirse y ser vista como una sociedad madura y democrática.

Ni recurriendo a una explicación histórica, y a una constitución que reconoce la particularidad de los territorios que conforman el Estado español, se alcanza a entender el problema.

Las actuaciones policiales han sido desproporcionadas y más propias de estados totalitarios que de un país supuestamente desarrollado y democrático. ¿Seguirán el presidente del gobierno español y sus numerosos adláteres mirando para Venezuela y viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio?

El señor Rajoy ha conseguido con su cerrazón y su pertinaz tozudez lo que parecía imposible: poner a muchas y muchos catalanes y españoles contrarios a la independencia a favor de ella, y a españoles y catalanes anti Cataluña a sacar las viejas herramientas y eslóganes a favor de la unidad de un país que no entienden que sea heterogéneo.

Los pueblos de ese país llamado España deberían estar unidos por sus gentes y no enfrentados por partidismos interesados. El derecho a decidir es legítimo y opinar y manifestarse sobre cuestiones políticas es una necesidad y una capacidad de todo sujeto político. De lo que se debería estar hablando es de establecer un proceso de práctica democrática a partir del diálogo, reconduciendo la discusión por cauces naturales y formalmente establecidos.

Los medios masivos de difusión de noticias tampoco ayudan. Profesionales de los mismos demandan mayor objetividad y que se evite la polarización y la tendenciosidad a la hora de cubrir y dar las noticias. No hacerlo supone agravar la situación. Periódicos, radios y televisiones, salvo honrosas excepciones, abogan más por sus intereses particulares, obedientes de quiénes les patrocinan, que por cumplir con la labor IN-formativa que se les supone.

Porque como rezaba aquella pintada anónima “Allí donde falta la comunicación, anida la intolerancia”. ¿Qué ganan los medios con ello? Nada, salvo dificultar la convivencia y crear un clima de intolerancia y exacerbación de prejuicios. ¿Qué perdemos? Todo, o mucho. Entre otras cosas la posibilidad de construir una sociedad más democrática y reconocedora y respetuosa de las diferencias y de crecer y avanzar hacia un federalismo republicano. Claro, esta palabra, como todo lo que suene a “rojo” según las concepciones de una derecha trasnochada, levanta ampollas porque el aguilucho, con su eslogan “una, grande y libre”, sigue enganchando a patrioteros y vendepatrias. Recuerden que encabezaba la portada de la Constitución de 1978.

Pero hay que dejar claro que a palos no se soluciona nada. Actuar violentamente contra la población pacífica, independientemente de sus ideologías y afinidades políticas, es a todas luces excesivo e ilegítimo.

Los países tienen que desarrollarse con autonomía y fijando sus propias miras. Soltarse de lo que no les guste del pasado para construirlo nuevamente a su manera. No es que lo viejo sea malo y lo nuevo bueno, es que, si no terminamos de crecer, si seguimos sin arrancarnos los fantasmas del pasado, que de vez en cuando nos asaltan y hacen temblar, no llegaremos a buen puerto. Por ejemplo, un país que no ha recuperado su memoria histórica tiene un grave problema para edificar su presente y proponerse un futuro. Como diría Bertolt Brecht, “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”. Cuando seguimos anclados “entre una España que muere y otra España que bosteza.”

No nos dejan. No nos dejan ver los matices, los muchos grises que pintan la vida entre el negro y el blanco. Catalanistas, españolistas y todos los “istas” que anden rondando romper las vidas otras para mantener las propias, solamente hay una raza, la raza humana. “¡Qué tiempos los que vivimos, que hay que defender lo obvio!”

Ya lo dijo Charles Dickens hace más de ciento cincuenta años en su Historia en dos ciudades:

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto.”

Son muchas las españas que hay en el país, pero gobernantes cerriles, de cualquier bandera o color, se empeñan en que sean dos y enemigas. ¿Nos volverán a helar el corazón?

 

 

Publicado enInternacional
Bastonazos y balas de goma: la Policía Nacional y la Guardia Civil tenían orden de impedir que se celebrara el referéndum.

 

Se celebró el referéndum soberanista en medio de la violencia policial

Más de dos millones de personas se expresaron en las urnas sobre la independencia de Cataluña. El 90% dijo que sí a la separación del resto de España, a pesar de la represión policial enviada por Rajoy, que dejó un saldo de 844 heridos.

 

Ya desde el mediodía las versiones, las visiones, de lo ocurrido en Cataluña eran dos: la del Govern y la población catalana destacando que, a pesar de las cargas policiales indiscriminadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, miles de personas continuaban haciendo colas de hasta 5 horas en los colegios para votar; y la del gobierno central asegurando que el referéndum no se produjo y que la actuación de las fuerzas de seguridad era una respuesta proporcionada y justa al “desafío” independentista.

Interpretaciones aparte, los datos anunciados a la madrugada del lunes por el Govern catalán hablan por sí solos: la participación en el referéndum del 1 de octubre fue de 2.262.424 millones de personas y el 90% de ellas votó a favor del ‘sí’. El conceller portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, destacó que esa cifra de participación se cuenta sobre un censo de 5,3 millones de personas de las que 770.000, según sus datos, no pudo votar por la incautación de material electoral. El dato de participación obtenido por el 1-O quedaría entonces unos 43.000 votos por debajo de los que consiguió el proceso participativo del 9-N de 2014, cuando votaron 2.305.806. En comparación con aquella fecha, sin embargo, los votantes independentistas habrían aumentado, ya que este domingo 2.020.144 personas han votado favorablemente, mientras que, en 2014, 1.861.753 personas optaron por el Sí-Sí. Hay que recordar, tal y como ha explicado Turull, que en el 9-N el censo era mucho mayor, ya que votaban personas de hasta 16 años o sin nacionalidad.

En la tensa e intensa jornada que se vivió en Cataluña este domingo, Jordi Turull compareció por primera vez poco después de las 14 horas (hora española) para dar una triste noticia: los servicios de emergencia cifraban en 337 las personas heridas o contusionadas hasta ese momento durante las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para requisar urnas y papeletas. Luego, el número ascendió a 844. “En una situación de democracia esto es inaudito”, señalaba el conseller, quien denunciaba también que la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, se encontraba también entre las personas agredidas. “La actuación de la Policía y la Guardia Civil no responde a ningún criterio de proporcionalidad, solo responde al ‘a por ellos’”, indicó Turull, haciendo referencia al cántico que entonaron las personas que, hace una semana, despedían con vítores a los agentes de la Guardia Civil que viajaban desde distintas ciudades españolas hacia Cataluña para impedir que se celebrara el referéndum. “Si hubieran permitido el voto, aunque no hubieran querido negociar nada, esto podría haberse evitado”, culminaba el portavoz de la Generalitat.

Desde Madrid, sin embargo, las cosas se veían de un color completamente diferente. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostraba contundente al responsabilizar del caos y la violencia de este domingo al president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, por “su empeño inconstitucional, antidemocrático y contrario a nuestras normas de convivencia de seguir adelante con un referéndum ilegal”.

Para la número dos de Mariano Rajoy, ayer directamente “no hubo referéndum ni apariencia de tal” e insistió que “lo que nunca fue legal es ya claramente irrealizable”. Sáenz de Santamaría, al igual que muchos miembros de su equipo lo hicieron a través de Twitter a lo largo de la jornada, defendió la actuación de la Policía y la Guardia Civil, cuyo objeto “nunca han sido las personas, sino el material electoral”. El propio Ministerio del Interior desde primera hora de la mañana publicaba mensajes a través de la etiqueta creada expresamente el sábado #EstamosporTI en los que destacaba que la Policía Nacional y la Guardia Civil “sí cumplen” con las órdenes de la juez de retirar el material electoral del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, remarcaba que “La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal”, en contraste con la desobediencia de la policía catalana ante su orden interna de precintar los colegios y retirar las urnas a las seis de la mañana de este domingo.

El Ejecutivo de Rajoy “se ha visto obligado a hacer lo que no quería hacer”, expresó el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, en rueda de prensa tras el despliegue policial que, finalmente, se saldó con 844 heridos, según los últimos datos proporcionados por el Departamento de Salud de la Generalitat. Millo se escudó, como el resto de miembros del gobierno español, en que “los Mossos tenían la orden policial de impedir la celebración del referéndum ilegal” pero “lamentablemente no había sido así en la mayoría de casos”, por tanto, le correspondía a las fuerzas de seguridad nacionales “velar por la seguridad de los catalanes, garantizar sus derechos y salvaguardar el marco jurídico y constitucional”. Para “velar por la seguridad de los catalanes”, la policía enviada por el gobierno de Rajoy disparó balas de goma para acabar con las protestas en algunos de los centros de votación intervenidos en Barcelona, un material antidistubios ilegalizado en Cataluña desde 2014 cuando la Generalitat prohibió expresamente a los Mossosd’Esquadra su uso tras meses de controversia por el caso de una mujer que perdió un ojo durante una huelga general.

“La vergüenza perseguirá por siempre al Estado español por haber utilizado violencia, bastones, balas de goma y agresiones indiscriminadas contra la gente que quería urnas y papeletas”, aseguró el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, desde el colegio de SantJulià de Ramis, donde tenía previsto votar a las 9.30 de la mañana pero un amplio dispositivo de la Guardia Civil lo impidió con una de las operaciones de desalojo más violentas de la jornada. Finalmente Puigdemont pudo depositar su papeleta en otro centro educativo, a 15 km del anterior, así como también lo hicieron los demás miembros del gobierno catalán, la mayoría de ellos en escuelas diferentes a las que les correspondían por haber sido intervenidas estas o por problemas informáticos, frecuentes a lo largo de la votación de este domingo.

El Govern cifra en 319 el número de colegios cerrados por mandato judicial en toda Cataluña. Esto significa que, pese a la brutalidad con la que actuaron la Policía Nacional y la Guardia Civil, solo se cerró el 14 % de los 2.315 colegios electorales dispuestos para el referéndum del 1-O. Las colas que daban la vuelta a la manzana en la mayoría de los centros habilitados para la votación se sucedieron hasta las 20 horas, cuando finalizaba la jornada plebiscitaria, y cuando la movilización ciudadana cambiaba de escenario para dirigirse a las plazas. En Plaza Cataluña de Barcelona, Plaza del Sol de Madrid y las plazas centrales de Palma de Mallorca, Valencia y diferentes ciudades andaluzas la gente se autoconvocó a través de internet para protestar por la represión policial sufrida por centenares de personas que ayer hicieron todo lo posible por pronunciarse sobre la independencia de Cataluña.

 

na18fo01 0

La participación electoral fue de 2.262.424 personas. (Imagen: AFP)

 

 

 

Publicado enInternacional
Secuestran un helicóptero y atacan sedes del Tribunal Supremo y Ministerio del Interior en Venezuela

Un helicóptero atacó este martes las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz en Venezuela, realizó varios disparos y arrojó un par de granadas. El hecho, calificado por el presidente Nicolás Maduro como “atentado terrorista”, no provocó muertos ni heridos, aunque creó el caos en esa zona de Caracas.
“No será un grupo de terroristas el que se imponga”, dijo el mandatario durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, donde se efectúaba la entrega del Premio Nacional de Periodismo.


El Jefe de Estado acusó a los líderes de la oposición de protagonizar una escalada de violencia que busca como objetivo final una confrontación civil.
“Ustedes, señores de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, alianza de oposición), han iniciado una escalada hacia una guerra civil, y la vamos a aguantar, no se lo vamos a permitir”, agregó el mandatario luego del ataque aéreo de la derecha venezolana.


El helicóptero sobrevoló la ciudad de Caracas tras ser secuestrado por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que lanzó granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y disparó contra el edificio del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.


El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), antes conocido como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) y en sus orígenes como Policía Técnica Judicial (PTJ), es el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. Se encarga del esclarecimiento científico de los delitos con miras a la posterior aplicación de la justicia por los órganos competentes.


Inmediatamente, precisó Maduro, se activó el plan de detención y defensa aérea sobre la ciudad: “Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando. He activado todas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para defender el derecho a la tranquilidad“, indicó tras condenar el ataque y pedirle a la oposición que lo rechace en la misma medida.


Adelantó que uno de los pilotos de la aeronave era el mismo del ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, acusado esta semana de colaborar con la Agencia de Inteligencia de los EE.UU.


El mandatario venezolano advirtió que está dispuesto a ampliar los planes especiales de seguridad para prevenir acciones similares, al tiempo que indicó que ese tipo de hechos intimidatorios no podrán frenar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).


“Venezuela, el lunes 31 de julio, va a tener su Asamblea Nacional Constituyente para imponer la paz con la ley, con altura, con justicia”, puntualizó Maduro. Según redes sociales, el piloto se llama Óscar Pérez y aterrizó en La Trinidad, una privilegiada urbanización del este de la capital.


En el momento en que ocurrió el ataque armado, en la terraza del TSJ se realizaba la celebración del Día del Periodista, que se conmemora en Venezuela el 27 de junio: “este acto desesperado de violencia dice que estos grupos (de oposición) están en una etapa de escalada”, advirtió el Jefe de Estado.


Hasta ahora no se han reportado víctimas. No obstante, Maduro indicó que en caso de que los grupos violentos intentaran usurpar el poder, “ese día deben activarse todos los planes populares y políticos, que se inicie otra etapa de la Revolución”.


Antes de perpetrar el ataque, el piloto grabó un vídeo para instar a la rebelión civil: “te exigimos que de manera inmediata, presidente Nicolás Maduro Moros, renuncies en conjunto con tu tren ministerial”

Publicado enInternacional
Sábado, 13 Mayo 2017 07:10

Contra la represión policial

Policías reprimen ayer en Caracas una “marcha de los abuelos”.

 

Al mismo tiempo, el jefe de Estado calificó las protestas opositoras como una “emboscada fascista”, aludió a la existencia de francotiradores y reiteró que la derecha intenta “un golpe de Estado”.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió castigar los abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que participan en las protestas contra su gobierno que comenzaron hace más de un mes. Al mismo tiempo, reiteró que la derecha está propiciando “un golpe de Estado”.

“Se hicieron denuncias sobre supuestos abusos de algunos funcionarios. He ordenado castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza, a cualquiera, como que se castigue a los llamados al golpe de Estado, a quienes incendian”, sentenció Maduro el jueves por la noche en un acto de graduación de un programa de educación secundaria.

Asimismo, el jefe de Estado calificó las protestas como una “emboscada fascista” y aludió a la existencia de francotiradores. “Tenemos cinco semanas de esta emboscada fascista, hay víctimas. Ayer murió un trabajador baleado por un francotirador en Mérida. Son francotiradores que han colocado en algunos lugares para asesinar al pueblo”, indicó. También consideró a las protestas como una guerra que le declaró al pueblo venezolano la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). “Las manifestaciones son una nueva embocada, más violenta, más venenosa que la que enfrentó el gobierno en las protestas de entre febrero y mayo del 2014, que dejaron 43 muertos”, añadió.

“Más temprano que tarde lograremos neutralizar y derrotar esta nueva emboscada y este golpe de Estado. Así lo decreto, con la Asamblea Constituyente tendremos una victoria gigante frente a los violentos”, señaló Maduro sobre su proyecto para reformar la Constitución que activó la semana pasada. Asimismo, condenó los ataques con excrementos contra la policía venezolana en las protestas opositoras contra el gobierno. “El pueblo venezolano apoya a su Guardia Nacional (policía militarizada) y a su Policía Nacional. Les han echado excremento que han sacado de su cerebro. Nos atacan con este tipo de armas, atacan a las familias de los militares y no hay condena de organismos a estos actos de barbarie”, criticó. Las bombas de excremento, llamadas popularmente “puputov”, fueron lanzadas en envases de vidrio desde las manifestaciones a la primera fila del cordón policial, que se protege con escudos.

A su vez, el director de la Policía Nacional Bolivariana venezolana (PNB), general Carlos Pérez Ampueda, reconoció la presencia de grupos de civiles armados que actuaron contra una de las marchas opositoras en Caracas y aseguró que serán capturados. “Esos son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar”, dijo a los periodistas el militar que dirige al cuerpo policial responsable del control de manifestaciones, al ser consultado sobre la presencia de un grupo de personas, algunos de ellos con armas, que robó y efectuó disparos ante los manifestantes y los cuerpos de seguridad sin ser detenidos.

Un grupo de hombres en motocicletas y con pasamontañas disparó el miércoles luego de robar a un miembro del equipo de prensa de un medio local durante una de las concentraciones opositoras, en el sector La Candelaria, que intentó marchar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Justo enfrente del grupo armado se encontraba un piquete de la PNB. “Estamos garantizando el orden de ustedes, aquí ninguno de nosotros está armado”, explicó Pérez Ampueda para responder por qué los cuerpos de seguridad no actuaron contra el grupo armado.

El militar indicó que los efectivos de la PNB no pueden actuar contra personas armadas porque cuando están en el control de manifestaciones tienen prohibido usar armas de fuego letales. “¿Cómo vamos a hacer algo cuando ellos están disparando y nosotros sin armas?”, se preguntó. “Cuando llegaron esos vagabundos, nosotros fuimos los primeros que nos colocamos delante, garantizando a ustedes la vida, sin contar con los medios para combatirlos”, apuntó.

Dirigentes opositores denunciaron en ocasiones la presencia de grupos armados para intimidar las manifestaciones opositoras y aseguraron que estos actúan con el consentimiento de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada). Estos señalamientos fueron negados por las autoridades que, por su parte, acusan a los opositores de ser los responsables de la violencia y de organizar a su vez grupos armados contra sus propios manifestantes.

Por otro lado, Maduro, en desacuerdo con la difusión de numerosas muertes neonatales y otras estadísticas de fuerte crecimiento de enfermedades epidemiológicas, dispuso la destitución de la ministra de Salud, Antonieta Caporale.

 

 

Publicado enInternacional
Guerra y caos social en la Ciudad Maravillosa

El pasado mes de febrero, el estado de Río de Janeiro, con 16 millones de habitantes, registró 18 muertos por día, 502 en todo el mes. Es el mayor índice de homicidios en ocho años, con un crecimiento del 25% respecto a 2016. El año pasado se produjeron 4.212 enfrentamiento armados entre la policía militar y los narcotraficantes.


Pero los elevadísimos niveles de violencia sólo saltan a los medios cuando suceden hechos graves, como la muerte el 30 de marzo de una niña de 13 años que estaba tomando clases de educación física, o cuando se difunden imágenes —grabadas por vecinos o transeúntes— de policías matando personas indefensas.


Las imágenes de dos policías rematando a sospechosos heridos caídos en el suelo recibieron el apoyo de más de 100.000 firmas en la plataforma change.org, lo que revela el estado de ánimo de la población carioca. Casi el 80% de las muertes a manos de la policía se producen bajo la figura 'auto de resistencia' (supuestas muertes en enfrentamiento armado), con la que tanto la justicia como la policía validan la muerte de civiles, sin necesidad de testigos ni juicios.


Pero los policías también mueren. Se calcula que cada dos días es abatido un uniformado de la Policía Militar, que tiene pésima reputación entre los habitantes de las 'favelas', en general negros pobres, ya que suelen ingresar disparando, matando más inocentes que delincuentes. Lo cierto es que en los tres primeros meses de 2017 cayeron 50 policías y, según el testimonio de la reportera de la edición brasileña de El País, "cuatro de ellos fueron torturados y carbonizados por traficantes de drogas".


La ciudad cuenta con 47.000 policías que perciben salarios bajos y que no cobran puntualmente por la crisis económica, ya que el estado de Río de Janeiro declaró meses atrás la cesación de pagos, una situación que se resume en "pago atrasado de salarios, hospitales parcialmente paralizados, dependencias estatales sin recursos, cárceles desbordadas y al borde de la rebelión".


El fantasma del caos social ronda la ciudad. El Gobierno del estado negocia una ayuda urgente de 20.000 millones de reales —casi 6.300 millones de dólares—, que podrían llegar a 50.000 en 2019 —15.700 millones de dólares—. En febrero pasado la situación fue más que caótica. Los familiares bloquearon la salida de 30 batallones de la Policía Militar para exigir que se les paguen los salarios e impedir que sus esposos prestaran servicio. El Gobierno federal envió 9.000 soldados para garantizar el orden, algo menos de los movilizados durante los Juegos Olímpicos de agosto pasado.


Una comisión de la Policía Militar elaboró un estudio sobre las causas de las numerosas muertes de efectivos, concluyendo que se deben a tres razones: escaso entrenamiento, armas obsoletas y vehículos sin blindaje, además, por supuesto, de los bajos salarios, lo que fomenta la corrupción en el cuerpo. Muchos policías militares tienen relaciones con los narcos, que poseen armamento más sofisticado y recursos muy superiores.
En cinco años, los enfrentamientos armados crecieron un 300% en la ciudad, la muerte de policías escaló un 275% y las víctimas civiles un 66%. Sin embargo, por cada policía caído son muertos 23 'marginales', como denominan a los civiles sospechosos de pertenecer al narco o estar involucrados con la delincuencia.


La situación es grave no sólo por los altos niveles de violencia, sino por la sensación de desborde. "Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre Asesinatos de Jóvenes publicado en 2016, cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Cada año, mueren 23.100 jóvenes negros de 15 a 29 años. La tasa de homicidios de jóvenes negros es cuatro veces mayor que la de los blancos", escribe el periodista Marcelo Aguiar.


Por el lado de los policías, las cosas son simétricas. "Cuando un soldado ingresa en la policía ya es un muerto vivo, porque acaba siendo victima y rehén de los preconceptos de una política pública equivocada. Hay toda una construcción para hacerles creer que son héroes, que deben morir por el deber", dice Jaqueline Muniz, profesora en seguridad pública de la Universidad Federal Fluminense.


"Ellos necesitan creer que van a morir en nuestro nombre, para poder aceptar la cultura de guerra contra el crimen, una especie de cortina de humo para encubrir las relaciones entre el Estado y las facciones criminales de Río", concluye Muniz. Muchos policías viven atemorizados e intentan esconder su profesión a sus vecinos: algunos secan el uniforme detrás de la nevera o en el horno y esconden la placa de identidad en la rueda de repuesto del maletero, como ilustra la periodista María Martín.


La ONG Justicia Global envió el pasado 31 de marzo un informe a las Naciones Unidas en el que asegura que la política de seguridad pública de Río tiene una lógica de "exterminio y represión", focalizada en la población negra, joven y 'favelada' de la ciudad.


El documento destaca que se está avanzando en "una política de militarización y de encarcelamiento en masa como supuestas soluciones a los problemas de seguridad pública". La ONG denuncia a su vez la persistencia de un racismo estructural que se comprueba con simples números: mientras los homicidios de negros crecieron un 10% entre 2003 y 2014, los de blancos cayeron el 27% en el mismo periodo. El sistema de justicia es cómplice de esta situación que criminaliza a la población negra.


Ese es el caso de Rafael Braga, recolector de residuos, el único manifestante que permanece preso después de las revueltas de junio de 2013. De los 20 millones de personas que salieron a las calles ese mes, protestando por el aumento de las tarifas del transporte y la represión policial, el único que permanece en prisión es Rafael, joven, negro y pobre, una combinación letal en una sociedad cada vez más racista y violenta, que coloca todos los males en las 'favelas', a las que considera —con absoluto desprecio e ignorancia— como espacios 'liberados' del narco.

Publicado enInternacional